T-409 de 2022

En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente, los actores alegan que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, al expedir un acto administrativo mediante el cual se exige el carnet de vacunación contra el COVID-19 como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva como bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio.

Teniendo en cuenta que las pretensiones van dirigidas a dejar sin efectos un decreto, la Corte se refirió a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto.

Para el efecto, reiteró que en estos casos la solicitud de amparo procede solo excepcionalmente, ante la amenaza o violación clara y directa de derechos fundamentales de una persona determinada o determinable y, siempre que se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La Sala concluyó que el amparo solicitado no está llamado a prosperar, ni siquiera de manera transitoria, porque los actores no demostraron, por lo menos sumariamente, que sus garantías constitucionales estaban siendo afectadas, ni tampoco señalaron las razones por las cuales se podría configurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que se declararon IMPROCEDENTES las solicitudes de amparo deprecadas.

Además de lo anterior, se evidenció que la disposición cuestionada fue eliminada y derogada por los artículos 6 y 11 del Decreto 655 de 2022, con lo cual se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado dado que las pretensiones de los solicitantes fueron satisfechas, pues el Gobierno nacional emitió el decreto que derogó la obligación de exigir el carnet de vacunación contra el COVID-19 como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado.