SU- de 2021

En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente los actores alegaron que distintas autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vulneraron sus derechos fundamentales, como consecuencia de la falta de respuesta a las solicitudes elevadas para el acceso a algunos beneficios o tratamientos penales especiales, así como de sometimiento voluntario a dicha jurisdicción.

Se reiteran las subreglas jurisprudenciales establecidas en la Sentencia SU.333/20, relacionadas con la mora judicial en la resolución de las peticiones de acceso a tratamientos penales especiales y el sometimiento voluntario a la JEP.

La Corte concluyó que: 1º.

Dado que las peticiones mencionadas tenían un carácter estrictamente jurisdiccional y no administrativo, no era posible aplicar las reglas comunes del derecho de petición, sino que debían ser analizadas a la luz de las reglas procesales incorporadas, principalmente, en las leyes 1820 de 2016, 1922 de 2018 y 1957 de 2019. 2º.

En ninguno de los casos las autoridades cuestionadas trasgredieron las demás garantías invocadas por los peticionarios.

Frente al particular precisó que, a pesar de que algunas de estas instancias incurrieron en escenarios de mora judicial, éstos se encontraban constitucionalmente justificados, no sólo por la compleja situación de congestión judicial que, para el momento en que se elevaron las solicitudes, presentaban distintos órganos de la JEP, sino porque, en cada caso concreto, las autoridades accionadas no actuaron de manera negligente, caprichosa o arbitraria.

En todos los casos se NEGÓ el amparo invocado.

Se exhortó a las Salas de Definición de Situaciones Jurídicas, y de Amnistía e Indulto de la JEP, para que, en caso de no haber definido el fondo de las peticiones que dieron lugar al ejercicio de las acciones de tutela de la referencia, lo hagan en el término dispuesto en las leyes 1922 de 2018 y 1957 de 2019, y de acuerdo con lo establecido en el fallo de unificación precitado.

Se advierte a la JEP que, los jueces y demás servidores públicos deben atender de manera eficaz e inmediata los requerimientos que la Corte Constitucional les solicite, de manera que, en adelante, se abstenga de incumplirlos, so pena de incurrir en responsabilidad o mala conducta, tal como lo establecen el artículo 50 del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.