C-384 de 2023

Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 1, 2 y 3 y el parágrafo 6 del artículo 11 de la Ley 2277 de 2022. por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones.

Los actores alegaron que las disposiciones acusadas violan los principios de legalidad y certeza tributaria que consagra el artículo 338 de la Constitución.

Ello, porque el Congreso de la República no fijó con claridad y precisión los parámetros o criterios para establecer los compromisos de exportación que permiten dar aplicación a la tarifa preferente del 20% en el impuesto de renta que deben pagar los usuarios industriales de zonas francas.

Además, indicaron que se delegó al Ejecutivo la regulación de los lineamientos para suscribir y aprobar el plan de internacionalización y anual de ventas con tales usuarios, lo que impide determinar a nivel legal y con plena certeza el ámbito de aplicación de la tarifa del tributo.

Así mismo, adujeron que vulnera los principios de buena fe y confianza legítima que contempla el artículo 83 Superior.

Lo anterior, por cuanto el legislador varió de forma súbita e imprevisible las características del trato diferencial para los usuarios industriales de zonas francas.

Frente al primer reparo concluyó la Corte que las normas censuradas no desconocen los principios alegados, por cuanto el legislador estableció un régimen mixto de tarifa y otorgó parámetros claros para el ámbito de aplicación de la tarifa diferencial.

Respecto al segundo cuestionamiento consideró la Sala Plena que es posible para el legislador establecer nuevas condiciones para acceder a los beneficios tributarios derivados de la condición de usuarios industriales de zonas francas, pero es necesario proteger la buena fe y la confianza legítima de aquellos contribuyentes que ya habían acomodado su actividad económica a las exigencias previamente definidas en la legislación.

Con base en lo anterior decidió declarar la (i) EXEQUIBILIDAD de los numerales 1, 2 y 3 y el parágrafo 6 del artículo 11 de la Ley 2277 de 2022, por el cargo relacionado con los principios de legalidad y certeza tributaria y la (ii) EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de las mismas normativas por el segundo cargo analizado, esto es, violación de los principios de buena fe y confianza legítima, en el entendido de que el régimen tarifario del artículo 101 de la Ley 1819 de 2016 continuará rigiendo para los contribuyentes que hubiesen cumplido las condiciones para acceder al mismo antes del 13 de diciembre de 2022, fecha de entrada en vigencia de la Ley 2277 de 2022.