T-964 de 2011

En el presente caso se tiene que el accionante es un Brigadier General retirado de la Policía Nacional que le solicitó en varias ocasiones a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía –CASUR-, el reajuste de su asignación de retiro conforme lo establece el artículo 14 de la ley 100 de 1993, esto es, de acuerdo con el IPC, peticiones que fueron negadas por la aludida entidad.

Debido a dicha negativa, el actor decidió instaurar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objetivo de que se le reconociera el reajuste precitado por ser más favorable que el sistema establecido en el Decreto 1212 de 1990.

Por no acceder a las pretensiones de la demanda y dado al cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado frente al tema de reajuste de dicha prestación, el actor instauró una acción de tutela que también fue adversa a sus pretensiones.

La precitada acción constitucional fue remitida a la Corte Constitucional y la misma no fue seleccionada, ni insistida con posterioridad, por lo cual las decisiones que en ella se tomaron hicieron tránsito a cosa juzgada.

La presente acción constitucional se instaura contra CASUR con la pretensión de conseguir el reajuste de la asignación de retiro conforme al IPC, asunto que ya fue debatido en sede de control concreto de constitucionalidad.

La Sala concluye que, en la presente demanda el actor no agrega nada nuevo y que la controversia gira en torno al reajuste de la asignación de retiro conforme lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual dispone aplicar el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es, el IPC a dichas prestaciones, por ser más favorable, lo cual revive un debate ya resuelto en acciones anteriores y por lo tanto, lo que se propone es una tutela contra tutela, que conforme a la jurisprudencia sobre la materia, resulta del todo IMPROCEDENTE.