C-867 de 2010

Decreto-Ley 2535 de 1993, “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos” artículo 41 modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, el artículo 41 regula la suspensión de permisos para el porte de armas los apartes acusados son los siguientes “de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993” “solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general” “autoridades contempladas en el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993”, los demandantes consideran que vulnera los artículos 189 numeral 3 y 315 numeral 2 de la Constitución ya que al remitir a la lista de las autoridades con capacidad de suspender el permiso de porte y tenencia no incluye al Presidente de la República, lo cual conduce al imposible jurídico de que una autoridad militar subalterna limite su atribución constitucional de ser el jefe de gobierno.

La Corte pasa a estudiar como asunto previo el carácter, los sujetos y el contenido de las disposiciones acusadas, se recuerda la jurisprudencia de esta corporación sobre la norma acusada en su versión original, se estudia la falta de alusión expresa al Presidente de la República dentro de las autoridades con competencia para suspender de manera general o individual la vigencia de los permisos para porte o tenencia de armas, sobre la falta de mención expresa de los alcaldes dentro de las autoridades con competencia para suspender de manera general o individual la vigencia de los permisos para porte de tenencias o armas, se concluye que los apartes normativos demandados no violan la Constitución, porque en ellos se faculta a ciertas autoridades militares para suspender, de manera general o individual la vigencia de los permisos para tenencia o porte de armas y no se desautoriza a los órganos constitucionalmente facultados para ello a que lo hagan, tampoco les concede a las autoridades militares una competencia sin límites pues se trata de un poder que debe ser ejercido razonablemente, en la debida oportunidad y sólo con fundamento en motivos constitucionalmente aceptables, por lo tanto se declarar las expresiones acusadas EXEQUIBLES.