A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado y El Resguardo.

La causa de la controversia radica en una investigación penal contra un ciudadano, miembro de comunidad indígena, por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar agravada, hacia su pareja sentimental y hacia sus hijos, a uno de los cuales al parecer agredió físicamente.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos o factores establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia.

Se encuentra probada la condición de indígena del indiciado por lo que se satisface el elemento personal.

En estricto sentido el elemento territorial no se cumple, porque los hechos habrían sucedido en la zona urbana del municipio de Coyaima, mientras que el resguardo indígena no está dentro de los límites geográficos de la comunidad, pero, en su perspectiva amplia o expansiva si se acredita por cuanto el sitio de los hechos está dentro de la zona de convergencia étnica sobre la cual la comunidad ejerce su hegemonía ancestral, despliega ampliamente su cultura y tiene presencia la etnia.

Ahora, la conducta imputada trata de un comportamiento que atenta contra un bien jurídico de especial trascendencia constitucional y que es considerada nociva para la cultura mayoritaria porque trae como consecuencia la afectación de la unidad y armonía familiar, rompe los vínculos en que se fundamenta esta estructura esencial de la sociedad y materializan la discriminación histórica a la que ha sido sometida la mujer en todas las dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas y de familia, con la relevancia de la obligación del Estado de erradicar cualquier forma de violencia basada en el género.

En la comunidad indígena dicha conducta es un asunto delicado que es reprochado por la comunidad y que genera un desequilibrio y desarmonización dentro de las estructuras legítimas de la etnia, así que el elemento objetivo no es determinante para asignar la competencia.

En cuanto al elemento institucional, se acreditó que El Resguardo cuenta con instituciones para la resolución de conflictos propios conforme a sus usos y costumbres, el reglamento contempla la pena de prisión ante conductas que afecten la armonía de la comunidad y, existe un centro de reculturización y armonización, resguardado por la Guardia Indígena y se contempla que la víctima es parte del proceso y tiene voz y voto en el marco del procedimiento de justicia propia.

Pese a la existencia de esta institucionalidad, la Corte no pudo constatar cuáles son los mecanismos en concreto con los que cuenta la comunidad para garantizar la no repetición, especialmente teniendo en cuenta que según el relato de la víctima no es la primera vez que el procesado dirige acciones violentas contra ella y sus hijos y tampoco quedó clara la existencia de medidas tendientes a satisfacer la reparación de la víctima.

La Corte decide asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal y resuelve remitir el expediente al Juzgado para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia a los interesados.