A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 7 Penal Especializado de Bogotá y el Juzgado 1703 Penal Militar y Policial de Control de Garantías.

La controversia que se plantea entre los despachos surge por un proceso penal iniciado en contra de un ciudadano, miembro de la Fuerza Pública, Policía Nacional, por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena considera que en este caso no se satisface el elemento funcional de competencia de la Jurisdicción Penal Militar, toda vez que el agente no estaba desarrollando una función en relación con el mismo servicio al momento de su captura, según los términos del artículo 221 de la Constitución.

Se concluye, de los testimonios allegados, que al momento de su detención, no estaba cumpliendo ninguna orden ni función constitucional o legal alguna en relación con el servicio militar; el investigado se evadió de las instalaciones, no tenía permiso, y se encontraba disponible en los turnos de la guardia de la seguridad del Cantón Norte.

La Sala evidencia que, en principio, el porte de municiones en una estación de Transmilenio, de forma no ordenada, autorizada o informada, supone una conducta desarticulada del servicio militar.

Resuelve en reiteración de la regla de decisión según la cual, la justicia penal militar y policial conocerá de los asuntos en que la presunta acción u omisión: (i) sea cometida por un miembro de la Fuerza Pública cuando este estaba en servicio activo y (ii) tenga relación directa, próxima y evidente con las facultades que la Constitución y la ley asignan a las fuerzas militares o policiales, esto es, que mantenga un vínculo directo con la función propia o la misión de la institución.

Por ello, cuando los miembros de la fuerza pública sean investigados por la presunta comisión de conductas ilícitas, y se advierta que tales conductas habrían sido realizadas en desarrollo de actividades totalmente desarticuladas de sus funciones y tareas misionales e institucionales, el proceso penal será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

En estos casos, “al no existir una relación próxima y directa entre el hecho punible y el servicio, no se configura el elemento funcional y, con ello, no hay lugar a que opere el fuero penal militar”.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado 7 Penal Especializado de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 1703 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, y a los sujetos procesales e intervinientes dentro del proceso.