Articulado completo

º. El Banco de la República podrá disminuir transitoriamente su encaje de oro y divisas hasta el treinta por ciento (30%) del total de billetes en circulación, sin que haya sanción alguna, contra él por este motivo, cuando el margen libre de emisión del mismo establecimiento descienda a menos de $ 5.000.000.00 a virtud de las anormales necesidades creadas, al comercio, a la agricultura y a la industria del país por la presente emergencia, mundial.

º. El impuesto establecido por el artículo 6º del Decreto extraordinario número 2078 de 1940, se cobrará en la forma señalada por dicho artículo, tomando como precio básico para el tipo Manizales, el de US$ 12.28 para cada saco de setenta kilos netos o su equivalente, FOB puerto de embarque, y para los restantes tipos, el que corresponda, según la relación de precios comerciales que ha existido entre dicha calidad y las restantes calidades de café colombiano.

El Presidente de la República queda investido de facultades extraordinarias para poner en vigencia en cualquier momento las variaciones a que haya lugar en los precios básicos hoy existentes, según el inciso anterior, y de estas facultades podrá hacer uso hasta el 19 de julio de 1942.

º. Para poder obtener la licencia de exportación de café, todo exportador deberá entregar a la Oficina de Control de Cambios, el comprobante de haber vendido a los almacenes de la Federación Nacional de Cafeteros, en cualquiera de las plazas del país, una cantidad de café, de las calidades inferiores, equivalente al 6% de la que pretende exportar, cantidad que le será comprada por cuenta del Fondo Nacional del Café, al precio de ocho pesos ($ 8. 00) el saco de café trillado de sesenta y dos y medio (62 1/2) kilos netos.

Al hacer este pago la Federación retendrá la suma de dos pesos ($ 2.00) por cada saco, los cuales aplicará a la campaña de sanidad rural, de acuerdo con la producción.

º. Con el objeto de facilitar al comercio y a la industria del país la adquisición normal de los elementos sujetos a restricción de exportaciones en los mercados extranjeros, el Gobierno queda facultado para efectuar importaciones de dichos elementos, directamente o por conducto de los establecimientos de crédito, quedando igualmente facultados éstos y el Gobierno para efectuar las operaciones financieras a que haya lugar.

Si se presentare en los mercados extranjeros cualquier limitación legal o de hecho acerca de la cantidad de los citados materiales que pueda ser despachada a Colombia, el Gobierno podrá establecer directamente o por conducto de la Oficina de Control de Cambios y Exportaciones, cupos individuales para cada importador, y reservar un cupo para las adquisiciones que el Estado haya de efectuar en cumplimiento de lo previsto en el inciso primero de este artículo.

Los reglamentos concernientes al ejercicio de las autorizaciones de que trata este artículo y a los sistemas de venta de los elementos que importe el Gobierno, requerirán concepto previo favorable de una Junta de siete miembros, integrada con representación de los distintos partidos políticos y de las distintas regiones del país, en la siguiente forma:

Un industrial y un comerciante elegidos por las Cámaras de Comercio, mediante el mismo procedimiento prescrito para la elección del representante de estas entidades en la Junta Directiva del Banco de la República.

Un representante de las Sociedades de Agricultores, elegido en la misma forma.

Un representante de los bancos del país y un industrial elegidos conjuntamente por las Juntas Directivas del Banco de la República y del Instituto de Fomento Industrial.

Dos miembros designados por el Presidente de la República.

Los miembros de esta junta tendrán derecho a percibir emolumentos por cada, sesión a que concurran, en la cuantía que determine el Gobierno.

º. Toda reexportación de artículos cobijados por limitaciones o licencias de exportación en los mercados extranjeros necesita de ser autorizada, previo concepto del Ministerio de la Economía, por la Oficina de Control de Cambios y Exportaciones, entidad que no la permitirá si en su concepto perjudicare los intereses de la economía nacional. Igual autorización será necesaria, para la exportación de artículos de producción nacional, cuya exportación se encuentre sujeta a restricciones en otros mercados.

La exportación de platino también queda sujeta a lo dispuesto en el inciso anterior; además, desde que el Banco de la República se comprometa a comprar directamente la totalidad del platino de producción nacional que se le ofrezca en venta, por el justo precio que se le fije en la forma que el reglamento determine, no podrá efectuarse aquella exportación sino por conducto del mencionado Banco.

º. Mientras dure la actual emergencia, y con el objeto de evitar indebidas especulaciones, podrá el Gobierno señalar precios máximos para la venta de materiales y mercancías que se encuentren en el caso previsto en el artículo 4º y para la venta de drogas y organizar el registro de las existencias de tales artículos en el país, determinando las sanciones en que incurran los infractores de los respectivos reglamentos.

º. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero queda autorizada para establecer, con la asesoría y apoyo del Instituto de Fomento Industrial almacenes de compra de residuos utilizables industrialmente, en las distintas plazas del país.

º. El Gobierno procederá a modificar la organización del Departamento de Comercio e Industrias del Ministerio de la Economía Nacional, a fin de capacitarlo para ejercer debidamente las funciones que hayan de corresponderle de conformidad con esta ley, modificando en caso necesario las asignaciones y el personal, pero sin que tales modificaciones puedan implicar un aumento en el costo total de las asignaciones civiles nacionales.

º. La organización y funcionamiento de las oficinas seccionales de catastro, de que habla el artículo 4º de la Ley 65 de 1939 , estarán a cargo del Tesoro Nacional y funcionarán bajo la dependencia del Organo Ejecutivo, quien actuará por conducto del Instituto Geográfico Militar y Catastral. Corresponde al Gobierno señalar para cada Departamento, Intendencia o Comisaría el momento en que la respectiva oficina pase a ser una dependencia del Instituto y entre, en consecuencia, a ser pagada con los fondos nacionales.

Con el objeto de poder atender a los gastos que demande el funcionamiento de las oficinas seccionales y el levantamiento catastral y de la Carta Militar, Catastral y Agrícola, establécese un gravamen equivalente al 10 por 100 de lo que los particulares deban pagar por concepto de impuesto predial y de impuesto de registro y anotación Dicho gravamen será cobrado por los funcionarios Municipales y. departamentales al tiempo con el impuesto predial y con el de registro y anotación, y su producto será consignado inmediatamente en las respectivas Administraciones o Recaudaciones de Hacienda Nacional con destino exclusivo a los gastos a que se refiere este artículo.

Para los efectos del articulo anterior, se entiende por impuesto predial el que con es, nombre cobren los Municipios o Departamentos, o el que - bajo el nombre de impuesto de caminos - recauden otros Municipios sobre el valor de los bienes raíces de su respectivo territorio.

El gravamen a que se refiere el artículo anterior comenzará a cobrarse en cada Departamento, Intendencia o Comisarías, tan pronto como se organicen allí las oficinas seccionales de catastro, y se dé comienzo al levantamiento catastral, y durará vigente mientras se efectúa dicho levantamiento en el mismo Departamento, Intendencia o Comisaría, y el Presidente de la República queda facultado para ponerlo en vigencia en la forma que determina este artículo, pudiendo usar de esa facultad hasta el 19 de julio de 1942.

A partir del 1º de enero de 1942, los aportes municipales establecidos en algunos Departamentos a cargo de los Municipios, como contribución de éstos a los gastos de levantamiento y conservación del catastro, tendrán un carácter general. En consecuencia, todos los Municipios y Departamentos tendrán obligación de destinar un 10 por 100 del producto bruto del Impuesto predial para los gastos a que se refiere este artículo.

Este aporte será deducido directamente por los Tesoreros del monto de los recaudos, y consignado por ellos en las respectivas Administraciones o Recaudaciones de Hacienda Nacional.

Autorizase al Banco Agrícola Hipotecario para que otorgue a los Departamentos accionistas de dicha Institución, préstamos hasta por una cantidad igual al monto de sus acciones, con destino al fomento de los Institutos de Crédito Ganadero, fundados o que se funden en los respectivos Departamentos.

El Banco de la República queda autorizado para redescontar las obligaciones de los Institutos de Crédito Ganadero.

El Gobierno queda autorizado para suspender o rebajar cualquier gravamen que afecte a la industria minera, a la importación de sus maquinarias y materias primas, o a la exportación de sus productos, de acuerdo con las necesidades de la industria y con los intereses de la economía nacional.

Igualmente el Gobierno queda autorizado para rebajar el canon de las participaciones en las concesiones que se contraten en el futuro sobre aluviones de bajo tenor.

Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias hasta el 20 de Julio de 1942, para tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores de la Nación.

Asimismo, revístese al Presidente de facultades extraordinarias y hasta la misma fecha, para adoptar todas las medidas económicas y fiscales que sean precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio fiscal, allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funcionamiento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional.

Igualmente usará de las mismas facultades y en el mismo tiempo, para organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intereses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda eficacia, cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarrollo de la política internacional de Colombia.

Es entendido que en ejercicio de las facultades de que trata este artículo, no podrá el Presidente de la República autorizar al Gobierno para efectuar, con posterioridad al 20 de julio de 1942, actos o contratos no comprendidos dentro de la órbita constitucional ordinaria de las atribuciones del Organo Ejecutivo.

Esta ley regirá desde su sanción.