T-430 de 2022

La actora considera que las accionadas vulneraron derechos fundamentales de su hija menor de edad, al negarle la autorización para que pudiera practicarse la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Se indicó que cuando la niña se enteró de su estado de embarazo presentó daños psicológicos que la llevaron, incluso, a pretender suicidarse.

La peticionaria adujo, además, que como la niña tenía menos de catorce años, debía catalogarse la situación como abuso sexual.

La EPS I a la que se encuentra afiliada la menor indicó que antes de autorizar el procedimiento, requería la aprobación de las autoridades del resguardo indígena al que ella se encontraba censada.

El gobernador de dicha colectividad desvirtuó el supuesto abuso sexual y negó la autorización del procedimiento y, consecuentemente, la EPS negó su práctica.

En sede de revisión la peticionaria informó a la Sala que su hija, voluntariamente, había resuelto continuar el embarazo y desistir de la pretensión de la tutela.

En consecuencia, se declaró la carencia actual de objeto por SITUACIÓN SOBREVINIENTE.

No obstante, la Corte consideró que debía hacer un pronunciamiento adicional, no para resolver el objeto de la tutela, el cual desapareció por sustracción de materia, sino por razones orientadas hacia la necesidad de avanzar en la comprensión, promoción y protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva, bajo una óptica respetuosa tanto de la autonomía de las comunidades indígenas como de las mujeres, los niños y las niñas indígenas que las conforman.

Así mismo, para emitir un pronunciamiento judicial más allá del caso concreto, como medida para prevenir la violencia sexual y otras vulneraciones futuras a estos derechos.

En esta misma línea, la Sala reiteró la jurisprudencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo IVE, en tanto uno de los componentes del derecho a la salud sexual y reproductiva.

Se exhortó a las autoridades indígenas del Resguardo Emberá Chamí Escopetera y Pirza a continuar adelantando espacios de diálogo interno e intercultural con participación de las comuneras, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente aquellos necesarios para: (i) armonizar los procedimientos propios con los estándares mínimos de derechos contemplados en las sentencias C-355/06 y C-055/22, garantizando decisiones motivadas que tengan en cuenta las particularidades de cada caso, y cerciorándose de que, cuando se exploren alternativas a la IVE dirigidas a garantizar la protección de la vida en gestación, no se afecten intensamente el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las comuneras y; (ii) para culminar y poner en marcha la ruta de acompañamiento a los procesos de las niñas y niños mayores de 12 años en materia de planificación, prevención de embarazos no deseados y asistencia en salud sexual y reproductiva.