C-138 de 2025

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 41 (parcial) de la Ley 1955 de 2019, que modificó el parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.

El demandante adujo que las disposiciones acusadas vulneraban el principio de separación de poderes y la autonomía de las Ramas Legislativa y Judicial, así como de los órganos de control y de las entidades territoriales.

Igualmente, sostuvo que desconocía la libertad de empresa y la libre competencia, al tratarse de una regulación que se había expedido mediante una ley ordinaria, pese a que, en su criterio, requería una ley orgánica.

Sustentó sus cuestionamientos en el hecho de que la norma censurada establece de manera general y prevalente el uso de los acuerdos marco de precios para la contratación de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, bajo las condiciones definidas por la entidad que señale el Gobierno Nacional.

Igualmente, por condicionar la posibilidad de que estas entidades diseñen sus propios acuerdos marco de precios a la ausencia de uno nacional.

Concluyó la Corte que la disposición acusada, en principio, no vulnera la autonomía funcional ni administrativa de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Además de lo anterior, la Sala consideró que la medida legislativa analizada persigue fines constitucionalmente importantes como la eficiencia, la transparencia y la moralidad administrativa y resulta idónea, conducente y no manifiestamente irrazonable para alcanzarlos.

No obstante, declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de las expresiones “todas” y “organismos autónomos”, en el entendido que: (i) la obligatoriedad de los acuerdos marco de precios únicamente se aplica a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y (ii) en el caso de las entidades destinatarias incluidas en la norma, el reglamento que module dicha obligatoriedad deberá respetar los límites que impone su autonomía constitucional, en particular sus funciones esenciales y competencias propias.