A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Oralidad de Medellín y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín.

La causa que origina la controversia consiste en una demanda verbal presentada por un ciudadano, en contra del Sindicato Unión de Trabajadores de EDATEL y de las Empresas de Comunicaciones de Colombia, con el propósito de que se declare la nulidad de las decisiones tomadas y plasmadas en el acta la Asamblea General de Afiliados del 16 de marzo de 2024 de esa organización sindical, por considerar que en dicha reunión se crearon inhabilidades que no existían para el ejercicio del cargo que desempeñaba y por ello fue separado de sus funciones como directivo del sindicato.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena recuerda que las organizaciones sindicales son la materialización del derecho de asociación entre trabajadores, previsto desde el artículo 39 de la Constitución y desarrollado a partir del artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); que la constitución del sindicato, sus reformas estatuarias, ni los nombramientos de cargos directivos a través del acta pueden confundirse con las actuaciones administrativas que realice el Ministerio del Trabajo en desarrollo su función de llevar el registro sindical que exigen los artículos 365 a 372 del CST.

Es claro para la Sala Plena que las organizaciones sindicales son personas jurídicas regidas por el derecho privado y que, en consecuencia, las decisiones que tomen con relación con sus estatutos y nombramientos de órganos directivos constituyen típicos negocios jurídicos originados en la autonomía de la voluntad privada.

Considera la Sala que la controversia no está relacionada con un contrato sindical, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en numeral 8 del artículo 20 del CGP, así que emite la regla según la cual, de conformidad con los artículos 20.8 y 382 del Código General del Proceso, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer de las impugnaciones contra actos de los órganos directivos y de administración de una organización sindical, por tratarse de un acto sujeto al derecho privado emitido por una entidad con esa misma naturaleza.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín para que proceda con lo de su competencia.