Sentencia T-285/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Cuarta de Revisi�n

 

Sentencia T-285 DE 2026

 

Referencia: expediente T- 11.957.715

 

Asunto: acci�n de tutela instaurada por Juli�n, como agente oficioso de Javier, en contra de la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas

 

Tema: derechos fundamentales de las personas en situaci�n[1] de discapacidad; institucionalizaci�n involuntaria de persona mayor de edad en situaci�n de discapacidad cognitiva

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cort�s Gonz�lez

 

Bogot�, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Cuarta de Revisi�n de la Corte Constitucional[2], integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Mart�nez y los magistrados Vladimir Fern�ndez Andrade y Juan Carlos Cort�s Gonz�lez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la presente

 

SENTENCIA

 

En el tr�mite de revisi�n del fallo proferido en instancia el 5 de diciembre de 2025 por el Juzgado 002 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Villavicencio, mediante el cual declar� improcedente la acci�n de tutela presentada por Juli�n, como agente oficioso de Javier, en contra de la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas.

 

ACLARACI�N PREVIA

 

De conformidad con el art�culo 62[3] del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 02 de 2015) y la Circular Interna N.� 10 de 2022, la Sala dispondr� la anonimizaci�n de los nombres y datos personales de algunos sujetos procesales[4] en el expediente T-11.957.715, para salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad. Esta decisi�n se adopta porque el asunto involucra la historia cl�nica y el estado de salud de una de las partes. En consecuencia, se registrar�n dos versiones de la providencia: una con los datos reales y otra con nombres ficticios en cursiva que garanticen la reserva de los datos personales para su difusi�n en los canales dispuestos por la Corte Constitucional. Las entidades de la parte pasiva no ser�n anonimizadas, pues su menci�n no compromete los derechos de estas y tampoco implica la identificaci�n de los sujetos cuyo derecho a la intimidad se resguarda. Por el contrario, mantener su reconocimiento garantiza que las �rdenes efectuadas se cumplan, especialmente cuando ellas implican la implementaci�n de medidas que superan el margen de alcance del caso en concreto.

 

I.                  S�NTESIS DE LA DECISI�N

 

 

II.     ANTECEDENTES

 

1. Acci�n de tutela[5]

 

1. Juli�n present� acci�n de tutela en calidad de agente oficioso de Javier, en contra de la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas. El agente oficioso manifest� que el agenciado es padre de Santiago, de 25 a�os[6], quien presentar�a discapacidad auditiva y se encuentra internado en la sede de la corporaci�n accionada, ubicada en Villavicencio, Meta.

 

2. En el escrito, manifest� que Santiago fue internado en contra de su voluntad por decisi�n de su madre, Andrea, aproximadamente seis meses antes de la interposici�n de la acci�n de tutela, afirmando que su hijo era �consumidor de alucin�genos�. Sin embargo, de acuerdo con el relato del agente oficioso, contrario a lo dicho por ella, Santiago no es consumidor de sustancias alucin�genas, sino que sufre una �discapacidad auditiva permanente�, raz�n por la cual no deber�a estar internado en una cl�nica que trata a personas �consumidoras de alucin�genos�.

 

3. El agente tambi�n indic� que Santiago le inform� a su padre que quer�a volver a su hogar y que estaba siendo v�ctima de maltrato y afectaciones psicol�gicas por parte de los miembros de la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas y que, aun cuando Javier hab�a solicitado el retiro de su hijo por considerarse un padre ejemplar, con la ilusi�n de integrarlo a su n�cleo familiar, la accionada respondi� de forma negativa bajo el argumento de que la madre del joven fue quien lo intern� en dicho centro de atenci�n, por lo que ella era la �nica autorizada para proceder con el retiro, sumado a que exist�an obligaciones contractuales que deb�an respetarse.

 

4. Junto con el escrito de tutela, el agente oficioso alleg� una serie de documentos, cuya menci�n resulta relevante para los antecedentes; en concreto, anex�:

 

i)                   Documento del 19 de noviembre de 2025 designado �autorizaci�n� seg�n el cual, Javier autoriz� a Juli�n para la presentaci�n de la acci�n de tutela motivo de estudio. Aquel aparece con la firma y huella de los mencionados[7].

 

ii)                Copia de la b�squeda en la base de datos del Sisb�n de Santiago, en la que se le ubica en el grupo B2 - pobreza moderada[8].

 

iii)             Copia de una solicitud del 18 de octubre de 2024 firmada por Javier, dirigida a Eliana Vaca, directora de la Secretar�a de Gesti�n Social y Participaci�n Ciudadana de Villavicencio, en la que requiere la designaci�n de un centro de atenci�n especial para Santiago, �[q]uien tiene una discapacidad COGNITIVO MODERADO Y ESQUISOFRENIA [sic]�[9].

 

iv)              Certificado de discapacidad expedido el 9 de diciembre de 2024 por parte del Ministerio de Salud y Protecci�n Social[10], en el que consta que Santiago se encuentra dentro de las categor�as de discapacidad intelectual y psicosocial. Adem�s, se�ala los puntajes de desempe�o, as�:

 

Fuente: Imagen tomada del expediente digital, archivo �01DEMANDA.pdf�, p. 9.�

 

v)                Copia de la historia cl�nica de Santiago atendido por consulta externa el 21 de agosto de 2024, la cual se�ala un diagn�stico de �F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE� y �[DISCAPACIDAD] MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO (�)�, con plan �OLANZAPINA TABLETAS� 5 MG UNA EN LA NOCHE�[11].

 

vi)              Otros documentos para demostrar la identidad del agente, el agenciado y Santiago, as� como la relaci�n filial de los dos �ltimos[12].

 

5. Con fundamento en lo anterior, el agente solicit� el amparo de los derechos fundamentales de Santiago, sin precisar cu�les considera vulnerados. En consecuencia, pidi� ordenar su retiro inmediato de la fundaci�n accionada, al estimar que permanece all� en contra de su voluntad y con el fin de que pueda integrarse al n�cleo familiar de su padre.

 

2. Tr�mite de la acci�n de tutela

 

6. Inadmisi�n de la acci�n de tutela y escrito de subsanaci�n. El 25 de noviembre de 2025 el Juzgado 002 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Villavicencio inadmiti� la acci�n de tutela en contra de la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas. En el auto orden� al agente informar, entre otros aspectos: i) �los motivos que dan lugar a que el se�or Javier acuda a la acci�n de tutela por conducto de agente oficioso e indique si �l est� imposibilitado para hacerlo en causa propia�; y ii) cu�les son los derechos fundamentales que presuntamente le est�n siendo vulnerados al agenciado[13].

 

7. En respuesta a ello, Juli�n alleg� un oficio en el que se�al� que act�a en calidad de agente oficioso de Javier, con ocasi�n de una autorizaci�n que este �ltimo le otorg� y que lo hace porque el padre del joven desconoce los procedimientos necesarios para iniciar los tr�mites correspondientes. Adem�s, manifest� que, seg�n la informaci�n suministrada por el padre, la progenitora del agenciado se encuentra fuera del pa�s, presuntamente en Polonia[14].

 

8. Admisi�n de la acci�n de tutela y respuesta de las entidades demandadas. El 28 de noviembre de 2025, el Juzgado 002 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Villavicencio admiti� la acci�n de tutela contra la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas y orden� vincular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar � ICBF, a la Personer�a municipal de Villavicencio y a Andrea, para que se pronunciaran en torno a los hechos y pretensiones de la acci�n[15]. Sobre lo anterior, solo los siguientes vinculados se pronunciaron en los t�rminos que se exponen a continuaci�n[16]:

 

Tabla 1. Respuestas de las accionadas y vinculadas

Fuente. Elaboraci�n propia

 

2. Decisiones objeto de revisi�n

 

9. Fallo de tutela de �nica instancia[26]. El 5 de diciembre de 2025, el Juzgado 002 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Villavicencio declar� la improcedencia de la acci�n de amparo por no cumplir los requisitos de legitimaci�n por activa y subsidiariedad. Frente al incumplimiento del primero, ese despacho judicial determin� que, pese a que se aleg� la agencia oficiosa, no se pudo demostrar en el proceso que el agenciado se encontrara en imposibilidad de acudir a la acci�n por causa propia. Frente a la subsidiariedad concluy� que el agenciado cuenta con herramientas administrativas y judiciales para obtener el reconocimiento de los derechos que considera vulnerados, �los cuales no se han agotado�.

 

10. �La decisi�n de la jueza se fundament� en el art�culo 10 del Decreto 2591 de 1991 y en la Sentencia T-328 de 2021 de la Corte Constitucional sobre condiciones de habilitaci�n de los agentes oficiosos. Tras el recuento al respecto, el despacho concluy� que no hab�a ninguna condici�n particular que le impidiera a Javier acudir directamente a la justicia, pues el alegato seg�n el cual este �ltimo no conoce los procedimientos, no resulta suficiente cuando se evidencia que Javier present� solicitudes ante instituciones como la Secretar�a de Gesti�n Social de Villavicencio. A ello, sum� el hecho de que Santiago es una persona mayor de edad con capacidad por lo que, si llegara a considerar transgredidos sus derechos, podr�a acudir por s� mismo a la acci�n de tutela. �

 

11. En cuanto a la subsidiariedad, estim� que el agenciado dispon�a de mecanismos judiciales y administrativos para obtener el reconocimiento de los derechos que estima vulnerados, sin que demostrara haberlos agotado. �En ese sentido, agreg� que no agot� la v�a administrativa, por lo que result� inviable estudiar de fondo la solicitud. Finalmente, expuso que el accionante no explic� con certeza la acci�n u omisi�n en la que incurri� la Corporaci�n y se limit� a manifestar que Santiago estaba recluido de forma injusta, por no ser consumidor de sustancias. Hecho que, en su consideraci�n, fue contrariado por los formatos de evoluci�n aportados, en los que consta que Santiago estaba �siendo sometido a un tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas y una serie de problem�ticas que se han presentado en la relaci�n paterno filial, en virtud de un contrato suscrito de manera formal, lo que no puede ser desconocido por una juez de tutela�.

 

3. Tr�mite en sede de revisi�n ante la Corte Constitucional

�

12. Selecci�n y reparto[27]. Mediante Auto del 30 de abril de 2026, la Sala de Selecci�n de Tutelas N�mero Cuatro de 2026 decidi� escoger para revisi�n, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 33 del Decreto 2591 de 1991, la decisi�n judicial correspondiente al expediente T-11.957.715 con fundamento en el criterio objetivo de exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y en el criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental. El 15 de mayo de 2026, por conducto de la Secretar�a General de la Corte Constitucional se inform� al despacho ponente y se le remitieron las actuaciones correspondientes[28].

 

13. Auto de integraci�n del contradictorio y orden de pruebas. Mediante Auto del 26 de junio de 2026[29], el magistrado sustanciador orden� vincular a Javier y a Santiago, para que en el t�rmino de cinco (5) d�as contados a partir de la notificaci�n se pronunciaran de forma general sobre los hechos y pretensiones de la tutela y ejercieran sus derechos de defensa y contradicci�n, en desarrollo del debido proceso. Adem�s, orden� la pr�ctica de pruebas[30].

 

14. Pruebas recibidas en sede de revisi�n. Dentro del t�rmino concedido en el Auto del 26 de junio de 2026, se recibieron las declaraciones rendidas por las partes y vinculados, la contestaci�n de algunas de las entidades oficiadas y las intervenciones de algunas entidades invitadas, tal y como se relacionan a continuaci�n:

 

Tabla 2. Resumen de las pruebas recaudadas en sede de revisi�n

Fuente: elaboraci�n propia

 

III.           CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

15. La Sala Cuarta de Revisi�n de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo proferido dentro del tr�mite de la referencia, conforme los art�culos 86 y 241.9 de la Constituci�n y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2. Cuesti�n previa: an�lisis sobre la carencia actual de objeto

 

16. La carencia actual de objeto y el deber de pronunciamiento. De acuerdo con el art�culo 86 de la Constituci�n, la acci�n de tutela tiene como finalidad �la protecci�n inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad�. En esta medida, la intervenci�n del juez constitucional �se justifica, �nicamente, para hacer cesar dicha situaci�n�^[49] y, consecuentemente, �garantizar la protecci�n cierta y efectiva de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados�^[50]. Su previsi�n como un mecanismo preferente y sumario busca responder de manera oportuna a vulneraciones que requieren atenci�n prioritaria y urgente.

 

17. Sin embargo, hay casos en los que, por diversos factores, los hechos que dieron lugar a la solicitud de tutela se alteran o desaparecen y pierde raz�n de ser la necesidad de proteger los derechos invocados. Las realidades f�cticas de cada asunto resultan tan variables que, en ocasiones, para el momento del pronunciamiento, la situaci�n objeto de debate ya ha sido resuelta o la violaci�n ha acaecido, por lo que una decisi�n de fondo no tendr�a forma de materializarse.�

 

18. Esta particular circunstancia ha sido denominada por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto. La Corte Constitucional ha desarrollado una l�nea amplia y reiterada sobre sus presupuestos, modalidades y sobre los deberes que corresponden al juez de tutela cuando advierte su configuraci�n. En t�rminos generales, esta figura se presenta cuando, por distintas razones, desaparece el objeto jur�dico sobre el cual recaer�a la orden de amparo, bien porque la situaci�n que dio origen a la solicitud ces�, porque sobrevino un hecho que modific� sustancialmente el escenario constitucional o porque el da�o alegado ya se consum� de manera irreversible[51].

 

19. A partir de estas diferencias, la Corte Constitucional ha identificado tres categor�as principales de carencia actual de objeto: hecho superado[52], situaci�n sobreviniente[53] y da�o consumado[54]. Cada una responde a una forma distinta en la que puede desaparecer o transformarse el objeto de la acci�n de tutela y, por ello, proyecta consecuencias diferentes sobre el alcance del pronunciamiento judicial. Sin embargo, la configuraci�n de cualquiera de estas hip�tesis no implica, de manera autom�tica, que el juez constitucional deba abstenerse de realizar un an�lisis de fondo. Por el contrario, la misma jurisprudencia[55] impuso en cabeza de los jueces de tutela el deber de pronunciamiento cuando, verificadas circunstancias particulares en cada categor�a de carencia actual de objeto, encuentran que es necesario profundizar o llamar la atenci�n en algunos aspectos, para que situaciones similares no ocurran de nuevo.

 

20. En concreto, en casos de hecho superado o situaci�n sobreviniente el juez constitucional, en principio, no necesita pronunciarse de fondo. Sin embargo, la Corte Constitucional en sede de revisi�n puede hacerlo para:

 

�a) se�alar la falta de conformidad constitucional de la situaci�n que origin� la tutela y tomar medidas para evitar que se repitan los hechos; b) advertir sobre la inconveniencia de que la situaci�n se repita, bajo riesgo de sanciones; c) corregir decisiones judiciales previas; o d) profundizar en la comprensi�n de un derecho fundamental�[56]

 

21. Respecto del da�o consumado, por el contrario, el juez constitucional s� debe pronunciarse de fondo sobre la existencia o no de la vulneraci�n. Adem�s, podr� tomar medidas adicionales como:

 

�a) advertir a la autoridad o particular responsable para que no vuelva a cometer las acciones u omisiones que llevaron a conceder la tutela; b) informar al accionante o a sus familiares sobre las acciones legales a las que pueden recurrir para reparar el da�o; c) enviar copias del expediente a las autoridades competentes; o d) proteger los derechos fundamentales afectados y tomar medidas para evitar que los hechos se repitan.�.

 

22. En el presente caso se configura de forma concomitante la carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente y da�o consumado. Como se expondr� en detalle en el an�lisis de legitimaci�n por activa, de una mirada integral de los antecedentes es dable concluir que las pretensiones de la acci�n de tutela est�n ligadas a salvaguardar los derechos de Santiago, quien, de las pruebas, se evidencia que estuvo enfrentando una situaci�n de institucionalizaci�n forzosa, por lo que la acci�n de tutela, a trav�s de agente oficioso, fue el medio que encontr� su pap�, Javier, para lograr el ejercicio de su autonom�a y libre locomoci�n. Sin embargo, tambi�n es cierto que se pudo demostrar que, durante el tr�mite de la acci�n, Santiago, sali� de las instalaciones de la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas[57].

 

23. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso concurren dos dimensiones distintas de la carencia actual de objeto:

 

23.1.     De una parte, aquella relacionada con el cese de la institucionalizaci�n de Santiago, que configura una situaci�n sobreviniente respecto de la pretensi�n encaminada a obtener su egreso de la instituci�n. En efecto, dado que la conducta exigida a la entidad accionada se realiz� antes de la emisi�n de esta providencia, una orden dirigida a disponer su salida resultar�a actualmente inocua.

 

23.2.     De otra parte, aquella relacionada con la materializaci�n de la institucionalizaci�n forzada y las razones por las cuales la cesaci�n no borra ni neutraliza los efectos constitucionales de la permanencia involuntaria que ya tuvo lugar, lo cual configura un da�o consumado. La Sala no puede desconocer que Santiago estuvo internado durante siete meses en contra de su voluntad, situaci�n que pudo comprometer de manera grave sus derechos fundamentales a la libertad, la dignidad humana, la autonom�a, la capacidad jur�dica, la salud, el consentimiento informado y la vida independiente. En esa medida, la salida posterior no repara por s� sola la eventual afectaci�n producida durante el periodo de internamiento.

 

24. As�, aunque la pretensi�n de egreso perdi� actualidad por situaci�n sobreviniente, la restricci�n involuntaria de la autonom�a y libertad durante siete meses implica una afectaci�n ya materializada e irreversible. Por ello, la Sala mantiene el deber de pronunciarse de fondo sobre el asunto, no con el prop�sito de impartir una orden de libertad, ya innecesaria, sino para establecer si la institucionalizaci�n fue constitucionalmente admisible, determinar el alcance de la vulneraci�n alegada, profundizar en la comprensi�n de los derechos fundamentales comprometidos, advertir a la accionada y en general a las instituciones prestadoras de servicios de salud sobre la imposibilidad de efectuar institucionalizaciones forzadas y adoptar, si corresponde, medidas de reparaci�n, prevenci�n y no repetici�n.

 

25. En este punto es importante aclarar que en sentencias como la T-082 de 2024 y T-471 de 2024 esta Corporaci�n ha entendido como v�lida la posibilidad de que concurran diversas modalidades de carencia actual de objeto sobre distintas facetas de una vulneraci�n alegada, lo que significa que las mismas no son necesariamente excluyentes y permiten al juez responder de formas distintas a su deber de pronunciamiento. En concreto, la Sentencia T-471 de 2024, al analizar pretensiones relacionadas con el derecho al trabajo, encontr� que frente a algunas operaba la carencia actual de objeto por hecho superado y frente a otras, la relacionada con el da�o consumado. Por su parte, en la Sentencia T-082 de 2024, la Corte Constitucional estudi� el caso de una ni�a v�ctima de acoso sexual y escolar; entonces declar� la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto la instituci�n activ� los protocolos correspondientes y, en todo caso, la ni�a fue cambiada de colegio, por lo que las pretensiones se agotaron. Sin embargo, esta Corporaci�n tambi�n declar� el da�o consumado respecto de la �desatenci�n inicial de la Instituci�n Educativa� y en ese sentido, profiri� una decisi�n de fondo declarando la vulneraci�n de los derechos y exhortando a la instituci�n accionada y a la Fiscal�a General de la Naci�n para evitar la ocurrencia de situaciones similares.�

 

26. En el evento que ahora se analiza, esta Sala concluye que frente a la pretensi�n de solicitud de egreso de la instituci�n se configur� una situaci�n sobreviniente porque �un tercero �distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensi�n de la tutela se satisfaga en lo fundamental�[58] por lo que �el actor simplemente pierde inter�s en el objeto original de la litis�[59]. En concreto, el retiro de Santiago no obedece a un actuar voluntario, diligente o espont�neo de la Casa de Restauraci�n, sino que, como se indic� en las declaraciones rendidas en sede de revisi�n por el representante legal de la accionada, fue producto de la persistencia del padre del joven frente a su negativa reiterada por no tener la autorizaci�n expresa de su madre. En ese orden de ideas, producto de la salida del joven de la corporaci�n accionada, se perdi� el inter�s frente al objeto original de la acci�n de tutela.

 

27. Sin embargo, respecto de la restricci�n de la libertad sufrida durante los meses anteriores, en l�nea con la pretensi�n de justicia que, conforme a las declaraciones recibidas a�n reclaman Javier y Santiago, el asunto responde a la definici�n de da�o consumado por corresponder a una situaci�n en la que se afectaron de manera definitiva los derechos "es decir, ocurr[i�] el da�o que se pretend�a evitar con la acci�n de tutela (...) [y] la afectaci�n denunciada, ya no es posible conjurarla.�[60].

 

28. En ese sentido, la Sala Cuarta de Revisi�n revocar� la sentencia proferida en �nica instancia que declar� la improcedencia de la acci�n constitucional interpuesta. En su lugar, declarar� la concurrencia de la carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente y da�o consumado. Al respecto, aun cuando no es posible dictar la orden de protecci�n solicitada, esta Sala considera necesario emitir un pronunciamiento de fondo con �nfasis en el modelo social de la discapacidad para hacer un llamado de atenci�n sobre la falta de conformidad constitucional de la situaci�n que origin� la tutela a la luz del precedente constitucional, referirse a la vulneraci�n de los derechos a la vida digna, igualdad y no discriminaci�n, libertad personal, vida en comunidad, capacidad jur�dica, salud y consentimiento libre, informado, consciente y voluntario y, de considerarlo necesario, proferir �rdenes o advertencias a las autoridades o particulares responsables, con el fin de evitar la ocurrencia de situaciones similares.�

 

3. An�lisis sobre la procedencia formal de la acci�n de tutela

 

29. La Sala Cuarta de Revisi�n advierte que la acci�n de tutela cumple los requisitos para su procedencia, conforme lo establecido en la Constituci�n Pol�tica, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, como se explica a continuaci�n:

 

30. Legitimaci�n en la causa por activa. En relaci�n con el requisito de legitimaci�n en la causa por activa, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que este se satisface cuando la acci�n de tutela es interpuesta por el titular del derecho fundamental presuntamente vulnerado o amenazado, o por quien act�e en su nombre (art�culo 86 C.P.). En l�nea con ello, el Decreto 2591 de 1991 previ� la posibilidad de �agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est� en condiciones de promover su propia defensa�[61]; a aquella habilitaci�n se le denomina agencia oficiosa.

 

31. Por su parte, la Sentencia T-531 de 2002 precis� los elementos normativos de la agencia oficiosa, as�:

�

�(�) (i) La manifestaci�n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est� en condiciones f�sicas o mentales para promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci�n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos. (iv) La ratificaci�n oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de acci�n de tutela por el agente�.

 

32. Sobre la imposibilidad del agenciado de acudir directamente a la acci�n de tutela se ha concluido que aquella puede ser f�sica o mental, o derivarse de especiales circunstancias socioecon�micas o situaciones de especial marginaci�n o indefensi�n en que se encuentre el afectado. Para verificar dicha imposibilidad, el juez debe efectuar un estudio material sobre la situaci�n haciendo uso incluso de sus facultades probatorias de oficio[62] o de elementos como la ratificaci�n, el principio de informalidad y la protecci�n a la autonom�a de la voluntad[63] �de una persona mayor de 18 a�os, quien es titular de la capacidad legal o de ejercicio, por virtud de la cual se le reconoce su plena aptitud para acudir ante los jueces, en defensa de sus derechos, cuando considere que estos est�n siendo amenazados o vulnerados�[64].

 

33. La ratificaci�n, por su parte, ha sido entendida como el mecanismo excepcional para �[�] convalida[r] la gesti�n adelantada por el agente�[65], lo que en consecuencia le otorga legitimaci�n en la causa por activa.� Por su parte, los principios de informalidad y protecci�n a la autonom�a de la voluntad del agenciado permiten que intervengan como agente oficioso en el tr�mite de tutela �sujetos que demuestran un inter�s real en la protecci�n de derechos fundamentales en cabeza de otros y otras�[66]. Estos �ltimos principios implican que el juez de tutela analice la procedencia de la agencia oficiosa de manera flexible y a partir del principio pro homine[67].

 

34. Por otra parte, en casos de personas en situaci�n de discapacidad, la jurisprudencia constitucional ha sido un�nime en considerar que, dada su condici�n de sujetos de especial protecci�n constitucional, el examen de la legitimaci�n por activa a trav�s de la agencia oficiosa debe realizarse bajo criterios de flexibilidad y prevalencia del derecho sustancial, sin que resulte admisible una interpretaci�n meramente formal que impida el acceso efectivo de esta poblaci�n a la administraci�n de justicia[68]. En todo caso, el examen de legitimaci�n por activa de las personas en situaci�n de discapacidad debe partir de una interpretaci�n que potencie su autonom�a y su derecho a la capacidad jur�dica.

 

35. A partir de ello, y bajo el modelo social de la discapacidad, la Sala debe �(i) verificar si se han dispuesto ajustes razonables para que la persona pueda participar directamente en el proceso; (ii) evaluar si existen barreras comunicativas, cognitivas, emocionales o sociales que limiten, de manera insalvable, su capacidad de ejercer la tutela por s� misma; (iii) establecer si la intervenci�n de un tercero se fundamenta efectivamente en la protecci�n de la persona y no en la sustituci�n injustificada de su voluntad; y (iv) garantizar que, incluso actuando mediante agente oficioso, se procure conocer la voluntad y las preferencias del titular del derecho, recurriendo a apoyos t�cnicos, familiares, comunitarios o profesionales�[69].

 

36. Ahora, entrando al an�lisis particular del asunto, es claro que el estudio de la legitimaci�n por activa presenta una circunstancia especial. Ello porque, aunque los derechos que se reclaman y la situaci�n f�ctica que los justifica giran en torno a la institucionalizaci�n forzada que atraves� Santiago, lo cierto es que la acci�n de tutela no la interpuso su padre, Javier, como agente oficioso, sino que este, ante su desconocimiento manifiesto y expreso de las formas jur�dicas, acudi� a un conocido para que fuera aquel, quien interpusiera la tutela.

 

37. Si bien este contexto, bajo una estricta revisi�n de los requisitos para la configuraci�n de la agencia oficiosa, podr�a resultar en una improcedencia, como lo concluy� el Juzgado 002 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Villavicencio, al analizar el asunto, lo cierto es que del recuento jurisprudencial expuesto y de los antecedentes relacionados, es dable concluir que la Sala est� en la obligaci�n de flexibilizar el an�lisis de la legitimaci�n por activa a trav�s de la agencia oficiosa, aplicando los principios de informalidad, eficacia de los derechos fundamentales y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, en raz�n a la situaci�n de discapacidad cognitiva en la que se encuentra Santiago. En ese sentido, se concluye que el requisito de legitimaci�n por activa est� cumplido por las siguientes razones: �

 

38. En primer lugar, se cumple el requisito seg�n el cual el escrito de la acci�n de tutela debe incluir la manifestaci�n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. En este punto vale aclarar que si bien el desconocimiento jur�dico del agente y el agenciado implic� la confusi�n respecto de a favor de qui�n se propon�an las pretensiones y en cabeza de quien radicaba la titularidad de los derechos vulnerados, la revisi�n integral del expediente permite concluir que la tutela, si bien la interpuso Juli�n, como agente oficioso de Javier, sustancialmente pretend�a lograr la protecci�n de los derechos fundamentales de Santiago, v�ctima de institucionalizaci�n forzada y quien solo ten�a comunicaci�n con su padre, quien era ignorante de los remedios judiciales a su disposici�n, para lograr la defensa de sus intereses.

 

39. En segundo lugar, para la Sala es claro el cumplimiento del requisito de imposibilidad del agenciado de interponer directamente la acci�n de tutela. En concreto, la imposibilidad de Javier se entiende cumplida en la medida en la que, como se abstrae de las pruebas practicadas y los documentos allegados, Javier, trabajador informal de la construcci�n, quien solo termin� su bachillerato^[70], afirm� que no conoce c�mo funciona la justicia en estos casos, cu�les son los procesos y tr�mites, y por eso acudi� a Juli�n para que lo ayudara ante la dif�cil situaci�n que se estaba presentando con su hijo. En este contexto, no puede la Sala desconocer las especiales circunstancias sociales del agenciado y cuestionar con rigor jur�dico inflexible el actuar desesperado de un padre de familia, que solo buscaba recuperar a su hijo y encontr� en un tercero la �nica soluci�n para procurar soluci�n a su caso.

 

40. En lo que respecta a Santiago, se encuentra acreditada su imposibilidad de acudir directamente ante el juez de tutela y de forma concurrente se cumplieron los requisitos de la agencia oficiosa bajo el modelo de discapacidad por las razones que se exponen a continuaci�n.

 

41. Sobre los requisitos de la agencia oficiosa en materia de discapacidad, es claro que el despacho sustanciador dispuso los ajustes razonables que consider� necesarios para garantizar la participaci�n directa de Santiago en el proceso; en ese sentido, solicit� la implementaci�n de int�rpretes y el acompa�amiento de la personer�a municipal de Villavicencio. Sin embargo, los mismos no fueron necesarios toda vez que Santiago se present� de forma aut�noma y, pese a sus dificultades cognitivas, expuso expresamente y por s� mismo ante el juzgado que recibi� su declaraci�n, como tambi�n lo hizo previamente ante los psic�logos de la entidad demandada, que su voluntad jam�s fue estar internado.

 

42. Por otro lado, de la historia cl�nica, el certificado de discapacidad y las declaraciones de las partes, se identific� que su diagn�stico de �esquizofrenia paranoide� y �[discapacidad] mental leve� implica una discapacidad cognitiva tal que le impide, leer y escribir y en ocasiones, hacerse entender, lo que, en principio, imposibilita, o al menos dificulta, su posibilidad de acudir directamente ante el juez constitucional[71]. Sumado a ello, la situaci�n particular de institucionalizaci�n le imped�a acudir directamente ante la justicia, pues era evidente su poca comunicaci�n con el exterior. Como sustento de ello, y seg�n las declaraciones recaudadas, Santiago no pudo comunicarse con su padre durante 3 meses y, en alguna ocasi�n, le prohibieron las llamadas con Javier. Ello permite concluir que su comunicaci�n exterior era controlada y no pod�a ejercer con plena libertad sus derechos, incluidos el de acceder a la administraci�n de justicia.

 

43. Con este contexto, es claro para la Sala que la intervenci�n del agente oficioso se fundament� en la evidente necesidad de protecci�n de Santiago y no en la sustituci�n de su voluntad que, en todo caso, fue conocida y reconocida durante el tr�mite de la presente acci�n, al vincularlo al proceso. No obstante, es importante precisar que esta conclusi�n no desconoce la presunci�n de capacidad jur�dica que la Ley 1996 de 2019 reconoce a todas las personas, incluidas aquellas en situaci�n de discapacidad, y que fue reafirmada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-183 de 2025. La agencia oficiosa no opera porque se presuma que Santiago carece de capacidad jur�dica, sino porque el expediente acredita de manera concreta que, en las circunstancias de este proceso, le resultaba materialmente imposible promover directamente su defensa, lo que satisface el presupuesto previsto en el art�culo 10 del Decreto 2591 de 1991. Adem�s, la voluntad de aquel de salvaguardar sus derechos y obtener su libertad no fue sustituida sino reconocida y garantizada a trav�s del presente tr�mite.

 

44. Finalmente, en cuanto al requisito de la ratificaci�n, es importante precisar que este tambi�n se encuentra acreditado frente a Javier, en la medida en la que �l, en su correspondiente declaraci�n de parte, ratific� la tutela. Respecto de Santiago, ocurre una circunstancia particular. Cuando la juez comisionada le pregunt� sobre la ratificaci�n de la tutela, lo cierto es que la pregunta no fue comprendida y, en principio, podr�a pensarse que por ello la respuesta no certifica la ratificaci�n[72]. Sin embargo, aunque el accionante no haya comprendido qu� significa en t�rminos t�cnicos la ratificaci�n, su relato s� coincide con las pretensiones y quejas del escrito de tutela. Restarle peso a su dicho es incurrir en los mismos errores que cometieron quienes asumieron que lo mejor para su bienestar era la institucionalizaci�n, sin tener en cuenta su voluntad.

 

45. En este asunto, exigir una ratificaci�n literal o expresa en t�rminos r�gidos, ser�a contrario al modelo social de la discapacidad y podr�a desconocer las condiciones particulares en las que se encontraba Santiago al momento de la interposici�n de la tutela, as� como vaciar de contenido el deber de flexibilizaci�n que la jurisprudencia constitucional ha reconocido respecto de las personas en situaci�n de discapacidad. Valga adem�s aclarar que, en todo caso, la ratificaci�n no constituye un requisito aut�nomo de procedencia de la agencia oficiosa, sino un mecanismo excepcional que el juez constitucional puede emplear cuando no se encuentra suficientemente acreditada la imposibilidad del agenciado para promover directamente la acci�n[73].

 

46. En ese sentido, se puede concluir que la legitimaci�n por activa respecto de Santiago tambi�n se encuentra acreditada en aplicaci�n de la realidad material sobre la forma en la que se present� la acci�n de tutela, que implica la interpretaci�n integral del escrito de tutela, la valoraci�n de las circunstancias excepcionales del caso y el reconocimiento de que la intervenci�n del tercero fue meramente instrumental para hacer efectivo el acceso a la justicia de una persona en situaci�n de discapacidad y de su padre, quien carec�a de los conocimientos y herramientas para acudir directamente a la jurisdicci�n constitucional. Por tanto, la agencia oficiosa result� necesaria, id�nea, proporcional y ajustada a los est�ndares constitucionales e internacionales que rigen la protecci�n de los derechos de las personas en situaci�n de discapacidad.

�

47. Legitimaci�n en la causa por pasiva. Cumple. De conformidad con lo establecido en el art�culo 86 de la C.P y lo dispuesto en los art�culos 1, 5 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acci�n de tutela procede contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades, que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de los derechos fundamentales o contra particulares cuando aquellos �(i) est�n encargados de la prestaci�n de un servicio p�blico; (ii) su conducta afecta grave y directamente el inter�s colectivo; o (iii) el accionante se encuentra en una situaci�n o estado de indefensi�n respecto de este�^[74].

 

48. En el caso concreto, la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas se encuentra legitimada en la causa por pasiva en tanto fue la entidad que mantuvo institucionalizado a Santiago, lo que implica una subordinaci�n de este hacia aquella y un v�nculo directo entre la accionada y la afectaci�n alegada, pues fueron sus decisiones las que obstaculizaron su egreso y permitieron la materializaci�n de la institucionalizaci�n forzada.

 

49. Ahora, respecto a la posibilidad de considerar a la corporaci�n accionada como entidad prestadora de servicios de salud, es importante aclarar que, conforme lo afirm� la Secretar�a de Salud de Villavicencio[75] aquella no se encuentra inscrita en el REPS y por tanto, aunque preste servicios de salud conforme a la definici�n prevista en el Decreto 780 de 2016, la Resoluci�n 3100 de 2019 y el Manual de Prestadores y de Habilitaci�n de Servicios de Salud expedidos por el Ministerio de Salud y Protecci�n Social[76], no est� habilitada y, por ello, no se puede reconocer como tal.

 

50. Lo anterior porque, como bien lo expuso el Ministerio de Salud y Protecci�n Social en su intervenci�n[77], respecto de los centros que prestan atenci�n, tratamiento o rehabilitaci�n a personas con consumo de SPA, trastornos mentales o personas en situaci�n de discapacidad, cuando realicen atenciones en salud, tienen la condici�n de prestadores de servicios de salud y, en consecuencia, est�n sujetos al Sistema Obligatorio de Garant�a de Calidad de la Atenci�n en Salud y al Sistema �nico de Habilitaci�n, lo que implica la inscripci�n en el REPS. Por dem�s, todas las entidades, incluidas las fundaciones o instituciones de utilidad com�n y las asociaciones o corporaciones sin �nimo de lucro, o las dependencias de �stas, que presten servicios de salud, deben estar habilitadas e inscritas en el REPS, de conformidad con lo previsto en las normas mencionadas en el p�rrafo anterior y en el Decreto 1088 de 1991.  

 

51. As�, aunque seg�n el certificado de existencia y representaci�n legal[78] de la referida corporaci�n se exponga que aquella es una entidad sin �nimo de lucro que tiene dentro de su objeto social �la realizaci�n de procesos de rehabilitaci�n, reeducaci�n, resocializaci�n, reinserci�n familiar, laboral y social, atenci�n integral al farmacodependiente� y en ese sentido, realiza actividades como �B. Servicios de psicolog�a y terapia ocupacional� y �J. Prestar asesor�a psicol�gica a usuarios y sus familias, detectar necesidades en asuntos de salud mental, valorar riesgos psicosociales, hacer remisi�n de pacientes a los servicios de salud que requieran activando mtas [sic] de atenci�n establecidas por las autoridades nacionales�, estos servicios no son prestados ni est�n habilitados conforme a la normativa vigente y, en consecuencia, no es correcto considerar que la corporaci�n act�a como una entidad prestadora de servicios de salud en forma v�lida, pues se reitera, carece de registro. �

 

52. Por otra parte, en el tr�mite de instancia de la acci�n se orden� la vinculaci�n del ICBF, la Personer�a Municipal de Villavicencio y de Andrea. Respecto del ICBF y la personer�a, la Sala no encuentra que hayan incurrido en acciones u omisiones que guarden relaci�n con los hechos que sustentan la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales de Santiago. Como bien lo manifest� el ICBF, en su competencia no radican asuntos relacionados con personas mayores de edad, salvo que est�n en situaci�n de adoptabilidad, que no es el caso de Santiago. Por su parte la personer�a expuso en la contestaci�n que a su entidad no han llegado solicitudes relacionadas con los hechos de la tutela. En ese sentido, la Sala desvincular� al ICBF y a la personer�a del presente tr�mite.

 

53. En relaci�n con Andrea, la Sala considera que se encuentra legitimada por pasiva. La Corte Constitucional ha explicado que la acci�n de tutela de un particular contra otro particular es procedente, entre otros, en casos de indefensi�n para evitar desequilibrios en la relaci�n de poder que existe entre ellos, lo que se puede traducir en una violaci�n de derechos fundamentales con base en decisiones discriminatorias, arbitrarias o por abuso de poder[79]. As�, en controversias de hijos mayores de edad contra sus padres se ha fundamentado este requisito con base en el numeral 4 del art�culo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991 ante la indefensi�n de unos respecto de otros[80].

 

54. En el presente asunto, Andrea fue quien intern� a Santiago en la entidad accionada y, posteriormente, neg� su autorizaci�n, m�s all� de que esta fuera o no necesaria, para lograr el egreso voluntario. En ese sentido, existe una relaci�n de indefensi�n de Santiago respecto de su madre, as� como una relaci�n directa entre los hechos objeto de debate y la presunta vulneraci�n que se analizar� adelante. ����

 

55. Finalmente, en el tr�mite de revisi�n se ofici� a la IPS Cl�nica Vive Ltda., a la IPS Tecnolog�a Especializada en Salud del Meta S.A.S., a la EPS Cajacopi, a la Secretar�a de Salud del Departamento del Meta, a la Secretar�a de Salud de Villavicencio y al Ministerio de Salud y Protecci�n Social con ocasi�n de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, para que se refirieran al asunto objeto de la acci�n de tutela.

 

56. Inmediatez[81]. Cumple. La acci�n de tutela se interpuso en un tiempo razonable considerando que (i) Santiago fue internado en contra de su voluntad el 16 de junio de 2025 y (ii) el 25 de diciembre de 2025, mientras Santiago a�n se encontraba internado, el agente oficioso de Javier interpuso la presente acci�n. Si bien el periodo de tiempo entre el inicio de la vulneraci�n y la interposici�n de la acci�n parece ser significativo (m�s de 6 meses), es importante recordar que, para esta Corporaci�n[82], en casos como el presente en el que la vulneraci�n es permanente en el tiempo y, en consecuencia, es continua y actual (la institucionalizaci�n de Santiago, permaneci� en el tiempo, incluso despu�s de interpuesta la acci�n) es posible flexibilizar el an�lisis del requisito de inmediatez y en consecuencia, considerarlo cumplido.

 

57. Subsidiariedad[83]. Cumple. La Sala estima que, aunque en el ordenamiento existe un mecanismo jur�dico ordinario para solventar algunas de las pretensiones de la acci�n de tutela, este no es id�neo ni eficaz para la protecci�n de todos los derechos vulnerados, por las razones que pasan a explicarse. �

 

58. Conforme a la Convenci�n Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley 1996 de 2019, las personas en situaci�n de discapacidad poseen capacidad legal plena y el derecho inalienable a decidir sobre su propia vida, tratamientos m�dicos y salud mental. En ese sentido, nunca debe ordenarse ni ejecutarse la reclusi�n de una persona con diversidad funcional en un centro psiqui�trico o an�logos en contra de su voluntad. Convertir el internamiento en un mecanismo arbitrario de control familiar o social vulnera gravemente los derechos fundamentales, pudiendo configurarse, seg�n el caso y el sujeto responsable, conductas punibles tales como la privaci�n ilegal de la libertad (art. 174 C�digo Penal -CP), el secuestro (art. 168 CP), el maltrato por restricci�n de la libertad f�sica (art. 230 CP) o actos de discriminaci�n (art. 134A CP). La configuraci�n de alguno de estos punibles permite a las v�ctimas acudir ante las autoridades de polic�a y/o ante la Fiscal�a General de la Naci�n para denunciar.

 

59. Sin embargo, este mecanismo ordinario carece de la celeridad necesaria para evitar la prolongaci�n de la restricci�n a la libertad. En concreto, la denuncia ante las autoridades respetivas no obliga a la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas a actuar con prontitud y permitir el retiro voluntario de las personas que se encuentran bajo su programa de desintoxicaci�n, por lo que la acci�n de tutela es el mecanismo judicial apropiado para solicitar dicho amparo porque adem�s ofrece la protecci�n integral de varios derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonom�a personal, el libre desarrollo de la personalidad, el consentimiento informado y la salud, respecto de los cuales la denuncia no ofrece el mismo grado ni alcance de garant�a. 

 

60. En relaci�n con el derecho a la libertad es importante aclarar que, si bien en el ordenamiento jur�dico existen figuras como el habeas corpus, entendido en su doble concepci�n de derecho y acci�n para tutelar la libertad personal, este solo se activa ante decisiones de autoridades que resultan ilegales, conforme al art�culo 30 de la Constituci�n, la Ley 1095 de 2006 y la jurisprudencia constitucional[84]. En ese sentido, no procede frente a decisiones ileg�timas de particulares cuya ejecuci�n deriva en la configuraci�n de conductas como las se�aladas anteriormente.

 

61. Finalmente, en torno a la subsidiariedad, vale la pena aclarar que la Sala no comparte el argumento del Juzgado 002 de Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Villavicencio seg�n el cual la acci�n de tutela incumpl�a el requisito de subsidiariedad porque Javier no demostr� haber solicitado, previamente, ante la entidad accionada, el retiro de Santiago y porque exist�a un contrato de por medio que un juez de tutela no puede desconocer. Esta tesis desconoce por dos razones la jurisprudencia constitucional en la materia.

 

62. En primer lugar, porque olvida que la subsidiariedad se analiza frente a la existencia de mecanismos judiciales ordinarios id�neos y eficaces, no frente al agotamiento de tr�mites administrativos o particulares previos. Adem�s, en un escenario de vulneraci�n actual o continua de derechos fundamentales, exigir al accionante acudir primero ante la entidad presuntamente responsable puede constituir una carga desproporcionada y retardar injustificadamente la protecci�n constitucional. En consecuencia, la ausencia de una solicitud administrativa previa no era raz�n suficiente para declarar improcedente el amparo.

 

63. En segundo lugar, no tiene en cuenta que si bien en el ordenamiento jur�dico colombiano, al igual que en muchos otros, la autonom�a de la voluntad se mantiene como regla general, esta encuentra restricciones o excepciones por causa del inter�s social o p�blico y �el respeto de los derechos fundamentales derivados de la dignidad humana�[85]. En ese sentido, esta Corte ha se�alado que, por ejemplo, la celebraci�n de contratos con objeto o causa il�cita son nulos de pleno derecho[86] por lo que, en casos como el presente, corresponde al juez de tutela promover la protecci�n efectiva, urgente y prioritaria de los derechos en juego, so pena de que, bajo la excusa de la voluntad particular, se violen garant�as constitucionales superiores. As�, cualquier acci�n civil contractual o extracontractual, tampoco cumple con los requisitos de idoneidad y eficacia requeridos para salvaguardar los derechos invocados.

 

64. Por �ltimo, es importante tener presente que Santiago se encontraba en una situaci�n de extrema vulnerabilidad que justificaba la intervenci�n inmediata y definitiva del juez constitucional y que implica que el examen de subsidiariedad deba realizarse con especial flexibilidad. Esta conclusi�n se sustenta en la confluencia de factores como la discapacidad cognitiva y la institucionalizaci�n forzada, que lo convierten en sujeto de especial protecci�n constitucional sobre el cual el Estado tiene una carga reforzada para garantizar sus derechos.

 

65. Con estas precisiones, la Sala Cuarta de Revisi�n encuentra que se cumplen todos los requisitos de procedibilidad y, por lo tanto, la tutela supera el an�lisis de procedencia.

 

4. Asunto objeto de an�lisis, problema jur�dico y metodolog�a de decisi�n�

 

66. Delimitaci�n del asunto. La Sala Cuarta de Revisi�n analiza el caso de un hombre de 25 a�os[87] de edad en situaci�n de discapacidad cognitiva que fue internado en una entidad sin �nimo de lucro bajo un programa de �desintoxicaci�n�. La institucionalizaci�n se efectu� por solicitud de su madre, en contra de la voluntad de aquel, argumentado que sufr�a problemas de adicci�n a sustancias psicoactivas y que se encontraba en situaci�n de habitabilidad de calle. El agente oficioso que interpuso la acci�n de tutela solicit� autorizar el retiro voluntario de la instituci�n, aunque no identific� los derechos cuya vulneraci�n alega. Por su parte, el juzgado de instancia declar� la improcedencia de la acci�n por no encontrar configurados los requisitos de legitimaci�n por activa y subsidiaridad, raz�n por la cual la institucionalizaci�n contin�o.

 

67. Respecto de la falta de claridad del escrito de tutela en torno a los derechos vulnerados, esta Sala debe recordar que prima el derecho sustancial^[88] y la necesidad imperiosa de restablecer la eficacia material de la Constituci�n m�s all� de que el contenido del escrito de tutela sea determinante. En esa medida, el orden jur�dico dota al juez de tutela con facultades por fuera y m�s all� de lo pedido^[89], que lo habilitan a pronunciarse y a ampliar el alcance de la protecci�n m�s all� de lo expresamente pretendido^[90]. De tal suerte, la Corte Constitucional �una vez seleccionado el caso, [�] tiene plena competencia para definir qu� asuntos abordar� o qu� problemas jur�dicos resolver�^[91], como lo har� en este caso.

 

68. Ahora bien, aunque durante el tr�mite de revisi�n la entidad accionada permiti� el retiro voluntario de Santiago, ello no torna innecesario el pronunciamiento de fondo. Como ya se expuso al analizar la carencia actual de objeto, la institucionalizaci�n forzada durante siete meses configur� un da�o consumado que obliga a esta Corporaci�n a proferir una decisi�n de fondo para evitar que en el futuro se configuren situaciones similares que desemboquen en la vulneraci�n de derechos fundamentales.

 

69. En este contexto, corresponde a la Corte Constitucional evaluar cu�les fueron los derechos vulnerados, precisar el alcance de la institucionalizaci�n e indagar si la actuaci�n de la accionada se encuentra ajustada al ordenamiento jur�dico o si deben tomarse medidas adicionales en torno a la responsabilidad del Estado, de la accionada y de la sociedad frente a este grupo de especial protecci�n constitucional.

 

70. Problema jur�dico. De acuerdo con el contexto expresado, corresponde a la Sala Cuarta de Revisi�n resolver el siguiente interrogante:

 

�La Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas, entidad sin �nimo de lucro que presta servicios de rehabilitaci�n y desintoxicaci�n a personas consumidoras de SPA, vulner� los derechos a la vida digna, igualdad y no discriminaci�n, libertad personal, vida en comunidad, capacidad jur�dica, salud y consentimiento libre, informado, consciente y voluntario de una persona en situaci�n de discapacidad al (i) institucionalizarlo en contra de su voluntad y (ii) negar su salida voluntaria durante siete meses?

 

71. Metodolog�a de la decisi�n. Para resolver el problema jur�dico planteado la Sala Cuarta de Revisi�n desarrollar� como ejes tem�ticos a la luz de la actual l�nea jurisprudencial: (i) el goce y ejercicio de los derechos y la capacidad jur�dica de las personas en condiciones de discapacidad bajo el modelo social; (ii) el consentimiento informado de las personas en situaci�n de discapacidad mental; (iii) la desinstitucionalizaci�n de las personas en situaci�n de discapacidad mental y las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia frente al derecho al cuidado, la protecci�n y asistencia social integral; (iv) el ejercicio de las funciones de inspecci�n, vigilancia y control sobre entidades sin �nimo de lucro que prestan servicios de atenci�n, tratamiento y rehabilitaci�n integral a personas en situaci�n de discapacidad mental y/o con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas; y, por �ltimo, (v) se proceder� a realizar el an�lisis del caso concreto, cap�tulo en el que se expondr� la respuesta al problema jur�dico planteado.

 

5. Goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas en situaci�n de discapacidad y su capacidad jur�dica en aplicaci�n del modelo social de la discapacidad

 

72. La Constituci�n Pol�tica reconoce a las personas en situaci�n de discapacidad como sujetos de especial protecci�n constitucional, en virtud de los mandatos de dignidad humana, igualdad material, no discriminaci�n y protecci�n reforzada. Esta protecci�n debe interpretarse de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados al ordenamiento interno, especialmente la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, cuyo prop�sito es �promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales� de las personas en situaci�n de discapacidad, as� como promover el respeto de su dignidad inherente.

 

73. La Convenci�n introdujo un cambio de paradigma en la comprensi�n jur�dica de la discapacidad. En efecto, conforme a su pre�mbulo y a su art�culo 1.�, la discapacidad no se agota en �deficiencias f�sicas, mentales, intelectuales o sensoriales� de la persona, sino que resulta de la interacci�n entre aquellas y las barreras del entorno que impiden su participaci�n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las dem�s[92]. En esa medida, el centro del an�lisis constitucional no debe recaer exclusivamente sobre la condici�n individual de la persona, sino sobre las barreras f�sicas, sociales, comunicativas, actitudinales, institucionales y jur�dicas que restringen el ejercicio efectivo de sus derechos.

 

74. La Corte Constitucional ha acogido esta comprensi�n bajo el denominado modelo social de discapacidad. En la Sentencia T-573 de 2016, esta Corte precis� que la perspectiva de dicho modelo, irradiada por la Convenci�n, vincula la discapacidad con los obst�culos que impiden que este grupo interact�e con su entorno en las mismas condiciones que los dem�s individuos. En esa providencia se destac� que las personas es situaci�n de discapacidad tienen derecho a decidir, en igualdad de condiciones, sobre todos los aspectos de su vida, y que las obligaciones estatales derivadas de la Convenci�n deben entenderse como deberes dirigidos a crear condiciones reales para el ejercicio de los derechos humanos.

 

75. Bajo este enfoque, el Estado debe asegurar condiciones materiales para su ejercicio. Por ello, los principios de accesibilidad, ajustes razonables, apoyos, igualdad de oportunidades, participaci�n efectiva y no discriminaci�n son componentes indispensables del goce real de los derechos. Por su parte, los ajustes razonables implican aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando sean requeridas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones[93].

 

76. En materia de capacidad jur�dica, la jurisprudencia constitucional ha precisado que las personas en situaci�n de discapacidad son titulares del derecho al reconocimiento de su personalidad jur�dica y de la capacidad legal en igualdad de condiciones con las dem�s[94]. Por ello, bajo el modelo social, la respuesta constitucional no consiste en presumir incapacidad, sino en identificar las barreras que dificultan la expresi�n de la voluntad y adoptar los apoyos necesarios para que la persona pueda comprender la informaci�n, valorar alternativas, comunicar sus decisiones y ejercer sus derechos conforme a sus propias preferencias.

 

77. En l�nea con ello, a trav�s de la Sentencia C-025 de 2021 la Corte reiter� que el modelo social de discapacidad se sustenta en varios ejes esenciales: �(i) la dignidad humana, (ii) la autonom�a e independencia individual, (iii) libertad de tomar las propias decisiones, (iv) la no discriminaci�n, (v) la participaci�n plena y efectiva en la sociedad, (v) la accesibilidad y (vi) la igualdad de oportunidades.�. Seg�n la jurisprudencia de este Tribunal, tales elementos son esenciales para comprender el reconocimiento de la capacidad jur�dica de las personas en situaci�n de discapacidad.

 

78. En esa misma providencia, la Corte explic� que el modelo social exige superar las instituciones jur�dicas que anulan o sustituyen la voluntad de las personas en situaci�n de discapacidad intelectual o mental para, en su lugar, acudir a un modelo de apoyos orientado a que puedan ejercer directamente su capacidad jur�dica, con garant�a de autonom�a, independencia y dignidad humana, raz�n por la cual, en Colombia, por ejemplo, se eliminaron los modelos de interdicci�n y se acogieron los acuerdos de apoyo a trav�s de la Ley 1996 de 2019. En todo caso, conforme al art�culo 6 de la ley en cita, los apoyos no pueden sustituir la voluntad de la persona ni forzarla a adoptar decisiones; su finalidad consiste en ayudar a formular, exteriorizar o interpretar la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur�dico o del derecho que se pretende hacer efectivo. Por ello, la designaci�n de apoyos mantiene la presunci�n de capacidad jur�dica plena de las personas, pues la existencia de una discapacidad no es motivo para considerarla anulada.

 

79. Esta regla tiene especial relevancia constitucional porque impide que la discapacidad sea utilizada como fundamento para restringir, anular o reemplazar la voluntad de la persona. Para ser m�s espec�fica, la Corte Constitucional ha se�alado que la capacidad jur�dica no debe confundirse con la capacidad mental, y que incluso en casos en los que una persona requiera apoyos intensos para comunicar su voluntad, el Estado y los particulares deben garantizar los medios necesarios para conocer, interpretar y respetar sus preferencias. As�, el modelo social desplaza las respuestas basadas en sustituci�n, interdicci�n o paternalismo, y exige respuestas fundadas en apoyos, salvaguardas, accesibilidad y respeto por la autonom�a[95].

 

80. Por ello, desde el modelo social, el acceso a los derechos exige que los servicios, procedimientos, comunicaciones, decisiones y entornos sean comprensibles, utilizables y adecuados para las personas en situaci�n de discapacidad. La ausencia de int�rpretes, apoyos comunicativos, informaci�n accesible, ajustes razonables o rutas institucionales diferenciadas puede traducirse en una negaci�n material de derechos, aunque el servicio exista formalmente. En ese sentido, esta Corporaci�n ha resaltado que la inclusi�n de las personas en situaci�n de discapacidad exige transformar pr�cticas institucionales. Las personas en situaci�n de discapacidad deben ser tratadas como sujetos plenos de derechos, titulares de autonom�a, dignidad y capacidad para participar en la vida social. Por ello, las autoridades deben evitar enfoques asistencialistas, estigmatizantes o meramente m�dicos que desconozcan la diversidad funcional y reproduzcan imaginarios de incapacidad, dependencia o inferioridad.

 

81. De este modo, la l�nea jurisprudencial constitucional permite concluir que el modelo social de discapacidad impone obligaciones positivas y negativas. Entre las primeras se encuentran remover barreras, garantizar apoyos, realizar ajustes razonables, asegurar accesibilidad, adoptar enfoque diferencial y dise�ar medidas de inclusi�n. Entre las segundas se encuentran abstenerse de sustituir la voluntad, imponer barreras injustificadas, negar ajustes razonables, reproducir estereotipos o acudir a medidas de institucionalizaci�n, exclusi�n o restricci�n que desconozcan la dignidad y autonom�a de la persona.

 

82. En suma, el modelo social de discapacidad exige que toda actuaci�n estatal, judicial, administrativa o privada se oriente a garantizar que las personas en situaci�n de discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad real y sin discriminaci�n. Ello implica reconocerlas como sujetos plenos de derechos, titulares de voluntad, preferencias, autonom�a y proyecto de vida propio, y no como objetos de protecci�n paternalista. Por tanto, ante cualquier medida que las afecte, la autoridad debe preguntarse si existen barreras que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos y si se han adoptado los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias necesarias para removerlas.

 

6. El derecho a la salud de las personas en situaci�n de discapacidad y su ejercicio a trav�s del consentimiento libre e informado. Reiteraci�n de jurisprudencia

 

83. En materia de salud las personas en situaci�n de discapacidad tienen derecho a gozar del m�ximo nivel posible sin discriminaci�n, por lo que los Estados tienen el deber de adoptar medidas que aseguren un acceso real y respetoso de su capacidad jur�dica[96]. Ello implica per se el derecho a la atenci�n en salud sobre la base del consentimiento libre e informado, el cual debe ser:

 

�(i) libre, es decir, debe ser voluntario y sin que medie ninguna interferencia indebida o coacci�n, (ii) informado, en el sentido de que la informaci�n provista debe ser suficiente, esto es �oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa- y en algunos casos, (iii) cualificado, criterio bajo el cual el grado de informaci�n que debe suministrarse al paciente para tomar su decisi�n se encuentra directamente relacionado con la complejidad del procedimiento y por lo tanto se exige un mayor grado de capacidad para ejercer el consentimiento, casos en los cuales tambi�n pueden exigirse formalidades para que dicho consentimiento sea v�lido, como que se d� por escrito. Adem�s, requiere que el individuo pueda comprender de manera aut�noma y suficiente las implicaciones de la intervenci�n m�dica sobre su cuerpo. En su defecto, excepcionalmente terceras personas pueden otorgar dicho consentimiento (�)�[97].

 

84. El consentimiento informado constituye entonces un mecanismo que garantiza la dignidad humana, la autonom�a personal, la libertad personal, la integridad f�sica y ps�quica, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho fundamental a la salud. Su exigencia cobra especial relevancia cuando se trata de personas en situaci�n de discapacidad, pues el modelo social impide presumir que la existencia de una discapacidad reduce o elimina la capacidad de la persona para decidir sobre su cuerpo, su salud, su tratamiento, su institucionalizaci�n o cualquier otra medida que incida directamente en su proyecto de vida.

 

85. Conforme al modelo social de discapacidad, la respuesta constitucional frente a una persona que requiere apoyos para comprender o expresar una decisi�n no consiste en sustituir su voluntad, sino en remover las barreras que impiden su manifestaci�n libre e informada. Como se expuso en el apartado anterior, la Corte Constitucional ha se�alado que las personas en situaci�n de discapacidad son sujetos plenos de derechos y que la discapacidad debe abordarse desde una perspectiva que tenga en cuenta �no s�lo la deficiencia funcional, sino su interacci�n con el entorno�[98]. En esa medida, el consentimiento informado debe entenderse como un proceso accesible de comunicaci�n y decisi�n, y no como una simple formalidad documental.

 

86. En esa direcci�n, esta Corte ha precisado que la capacidad jur�dica de las personas con discapacidad debe reconocerse en igualdad de condiciones con las dem�s personas y que el Estado debe asegurar el acceso a los apoyos requeridos para su ejercicio. Igualmente, ha advertido que la capacidad jur�dica no debe confundirse con la capacidad mental, pues esta �ltima puede variar seg�n m�ltiples factores, incluidos los ambientales y sociales. Por ello, la existencia de una discapacidad intelectual, mental, psicosocial, f�sica, sensorial o comunicativa no autoriza por s� sola a desconocer la voluntad de la persona ni a sustituir su consentimiento[99].

 

87. Desde esta perspectiva, antes de acudir a cualquier forma de consentimiento sustituto, las autoridades, instituciones de salud, familiares, cuidadores o terceros intervinientes deben garantizar que la persona cuente con informaci�n suficiente, clara, comprensible y accesible. Seg�n la jurisprudencia constitucional, esa informaci�n debe referirse, como m�nimo, a la naturaleza de la intervenci�n, tratamiento, procedimiento o internaci�n, sus riesgos, beneficios, alternativas, consecuencias, duraci�n, condiciones de ejecuci�n, y posibilidad de aceptar, rechazar o retirar el consentimiento^[100].

 

88. En todo caso, esta Corporaci�n ha sido enf�tica en se�alar que el consentimiento sustituto es excepcional. En la Sentencia C-182 de 2016, al analizar la esterilizaci�n quir�rgica de personas en situaci�n de discapacidad mental, sostuvo que el consentimiento sustituto s�lo procede en aquellos eventos en los que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada, una vez se hayan prestado todos los apoyos necesarios para ello. Esta regla resulta especialmente importante porque impide que la discapacidad sea utilizada como una raz�n autom�tica para desplazar la voluntad de la persona y trasladar la decisi�n a familiares, representantes o autoridades.

 

89. Desde esa perspectiva, con base en el modelo social de discapacidad, el consentimiento sustituto procede luego de, secuencialmente, determinarse directamente la voluntad, formular ajustes razonables o apoyos, y, �nicamente cuando aquella no pueda ser conocida pese a esfuerzos suficientes, aplicar la mejor interpretaci�n de la voluntad y preferencias. Esa mejor interpretaci�n no equivale al mejor inter�s definido por la familia, los profesionales de la salud o el juez, ni constituye una autorizaci�n para sustituir la voluntad personal, pues lo que se busca con esta es reconstruir, hasta donde sea posible, lo que la persona quiere a partir de sus expresiones, historia, valores y preferencias.

 

90. En materia de salud mental, internaci�n o medidas restrictivas, el consentimiento informado adquiere una intensidad reforzada, pues este tipo de decisiones puede comprometer la libertad, la igualdad y no discriminaci�n, la integridad personal, la salud, la vida digna y el derecho a vivir de forma independiente. En la Sentencia T-178 de 2025, la Corte Constitucional encontr� vulnerado el derecho a la salud de un joven en su faceta de accesibilidad ante la falta de prueba sobre la existencia de consentimiento informado y la ausencia de informaci�n sobre las condiciones de institucionalizaci�n, su car�cter excepcional o de �ltimo recurso y la necesidad de la sujeci�n mec�nica aplicada.

 

91. De ello se desprende que el consentimiento informado no se satisface cuando la persona es sometida a tratamientos, internaciones, restricciones o procedimientos sin que exista certeza de que recibi� informaci�n accesible y comprensible. Tampoco se satisface cuando la informaci�n se entrega �nicamente a familiares o terceros, sin procurar la participaci�n directa de la persona concernida. La regla constitucional exige que la persona en situaci�n de discapacidad sea el centro del proceso decisorio, de modo que sus preferencias y voluntad sean tenidas en cuenta.

 

92. Es por ello por lo que, en materia de salud, la revocabilidad del consentimiento siempre es una opci�n para los usuarios, especialmente en situaciones de institucionalizaci�n. En efecto, como lo se�al� el Ministerio de Salud y Protecci�n Social en su concepto[101], la regla general de las condiciones de ingreso y retiro voluntario de los centros de rehabilitaci�n, es la voluntariedad y el consentimiento informado. Es por ello por lo que normas como la Ley 1566 de 2012, disponen que el tratamiento por consumo de SPA es voluntario y, en consecuencia, la persona puede solicitar su egreso, incluso cuando exista recomendaci�n m�dica de permanencia[102]. Por su parte, la Ley 1996 de 2019 presume la capacidad jur�dica plena de las personas en situaci�n de discapacidad, lo que incluye su derecho a adoptar decisiones en salud mediante los apoyos y ajustes razonables requeridos.

 

93. En suma, el consentimiento informado de las personas en situaci�n de discapacidad debe interpretarse a la luz del modelo social, la presunci�n de capacidad jur�dica y el deber de provisi�n de apoyos. Por ello, cualquier intervenci�n m�dica, terap�utica, institucional o restrictiva que afecte a una persona con discapacidad debe estar precedida de un proceso real de informaci�n, comprensi�n y decisi�n aut�noma. S�lo de manera excepcional, y despu�s de verificar que se agotaron todos los apoyos necesarios sin que sea posible conocer o interpretar la voluntad de la persona, podr�a acudirse a formas sustitutivas de decisi�n, siempre bajo salvaguardias estrictas de necesidad y proporcionalidad, orientadas a proteger sus derechos, dignidad y preferencias.

 

7. Institucionalizaci�n de las personas en situaci�n de discapacidad y los deberes del Estado la sociedad y la familia frente al cuidado, la protecci�n y la asistencia social integral. Reiteraci�n de jurisprudencia

 

94. La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-367 de 2025, recogi� una definici�n amplia de institucionalizaci�n al se�alar que esta comprende �toda forma de internamiento, confinamiento o vida segregada impuesta a una persona debido a, por ejemplo, situaci�n de discapacidad ya sea de manera exclusiva o combinada con otros motivos como la atenci�n, el tratamiento, la protecci�n o la asistencia social�.

 

95. Esta definici�n es especialmente relevante porque no limita la institucionalizaci�n a los hospitales psiqui�tricos o centros m�dicos. Tambi�n comprende formas de vida segregada, confinamiento, internamiento prolongado, permanencia forzada en instituciones de salud, centros de protecci�n, hogares de larga estancia u otros tipos de lugares que impliquen que la persona permanece all� no por una decisi�n libre e informada, sino por falta de apoyos, barreras institucionales o por imposici�n de terceros, derivada de su situaci�n de discapacidad o por condiciones personales.

 

96. Respecto de institucionalizaci�n de las personas en situaci�n de discapacidad, la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce expresamente el derecho de aquellas a vivir en comunidad, con opciones iguales a las de las dem�s, y exige que los Estados adopten medidas efectivas para garantizar su plena inclusi�n y participaci�n.

 

97. En concreto, la institucionalizaci�n de las personas en situaci�n de discapacidad debe ser analizada a la luz del modelo social de la discapacidad, del derecho a la capacidad jur�dica, de la igualdad y no discriminaci�n, de la autonom�a personal, de la libertad, del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, as� como de los derechos a la salud, al cuidado, a la vida digna y a la protecci�n social.� En particular el art�culo 19 de la Convenci�n en cita dispone que las personas en situaci�n de discapacidad deben tener la oportunidad de elegir su lugar de residencia y d�nde y con qui�n vivir, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida espec�fico; adem�s, contempla el acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros apoyos comunitarios para evitar su aislamiento o separaci�n de la comunidad.

 

98. En ese sentido, desde el modelo social de discapacidad, la institucionalizaci�n no puede entenderse como una respuesta ordinaria, autom�tica o preferente frente a la discapacidad, la pobreza, el abandono familiar, la ausencia de red de apoyo o la necesidad de cuidado. La institucionalizaci�n forzada, por tanto, debe entenderse como aquella situaci�n en la que la persona en situaci�n de discapacidad es internada, confinada, retenida o mantenida en una instituci�n sin que exista una justificaci�n constitucional estricta, sin consentimiento libre e informado, sin apoyos efectivos para expresar su voluntad o sin que se hayan agotado alternativas comunitarias, domiciliarias, familiares, sociales o territoriales menos restrictivas[103]. Al respecto, vale la pena aclarar que la institucionalizaci�n es una categor�a m�s amplia de segregaci�n o permanencia impuesta por raz�n de una situaci�n de discapacidad, mientras que la internaci�n puede ser una medida m�dica excepcional, transitoria y estrictamente justificada, que se vuelve problem�tica cuando es indefinida o sustituye irrazonablemente apoyos comunitarios.

 

99. Sobre institucionalizaci�n forzada, esta Corte ha conocido varios casos frente a los cuales ha planteado reglas y remedios constitucionales para salvaguardar los derechos de las personas en situaci�n de discapacidad. As�, por ejemplo, en la Sentencia T-339 de 2019, la Corte Constitucional estudi� el caso de una persona con discapacidad que ven�a siendo atendida en un programa terap�utico de �hospital d�a� y cuya atenci�n fue suspendida. La sentencia es relevante porque aborda la tensi�n entre la necesidad de apoyos terap�uticos institucionales y el deber de garantizar rehabilitaci�n, paliaci�n, independencia e inclusi�n social. Esta Corporaci�n sostuvo que el derecho a la salud de las personas con discapacidad, conforme a la dignidad, integralidad y continuidad, comprende todas las medidas y servicios necesarios para alcanzar el m�s alto nivel de salud, incluida una valoraci�n adecuada que fije la rehabilitaci�n o paliaci�n de necesidades persistentes, con el fin de lograr �la m�xima independencia, capacidad f�sica, social, mental y la inclusi�n y participaci�n plena en todas las �reas de la vida� y concluy� que la institucionalizaci�n forzada de personas con discapacidad mental vulnera sus derechos fundamentales.

 

100. �Por otro lado, en la Sentencia T-498 de 2024 este Tribunal estudi� el caso de una persona en situaci�n de discapacidad, cuadripl�jica, con necesidad de atenci�n m�dica especializada, cuidado permanente las 24 horas y acompa�amiento profesional por consumo de sustancias psicoactivas. La persona permanec�a en estancia hospitalaria prolongada pese a que ya se hab�an realizado los tratamientos m�dicos necesarios para su estabilizaci�n y se hab�a dispuesto su manejo fuera de la instituci�n. La permanencia se deb�a a que no se hab�a autorizado adecuadamente la atenci�n extrahospitalaria y a que la familia carec�a de condiciones materiales para asumir el cuidado permanente.

 

101. Esta decisi�n, abord� el abandono social y estatal de las personas en situaci�n de discapacidad y las labores de cuidado en torno a ellos, reiterando los deberes del Estado y la familia en torno a este grupo poblacional. Expuso que la vida digna de las personas en situaci�n de discapacidad exige evitar respuestas de institucionalizaci�n social que, en principio, no son compatibles con los derechos fundamentales. En ese sentido, calific� la institucionalizaci�n de personas en situaci�n de discapacidad como una pr�ctica discriminatoria que niega de facto la capacidad jur�dica y puede constituir privaci�n de libertad por causa de una condici�n personal. Como consecuencia de ello, reconoci� que, en algunas ocasiones, como la que analiz�, el abandono que enfrentan las personas en situaci�n de discapacidad no proviene de la familia o de la sociedad sino del mismo Estado, al cual orden� concurrir en la ayuda del afectado y reiter� el apoyo que debe a todas aquellas personas que demuestren condiciones de vulnerabilidad econ�mica y social, pues ante ellos, tiene deberes reforzados de protecci�n constitucional.

 

102. M�s adelante, la Corte expuso una problem�tica estructural en el Estado en torno al abandono institucional y la institucionalizaci�n, y profiri� la Sentencia SU-367 de 2025. En esa providencia, la Sala Plena acumul� acciones de tutela relacionadas con adultos mayores y personas en situaci�n de discapacidad psicosocial en contextos de abandono, incluidas personas que permanec�an hospitalizadas pese a haber sido dadas de alta, por ausencia de redes de apoyo familiar y alternativas sociales de atenci�n. Entonces sostuvo que la situaci�n de cinco agenciados configuraba una vulneraci�n m�ltiple de derechos fundamentales que requer�a respuestas estructurales y transitorias, con base en el modelo social de discapacidad, la corresponsabilidad y el deber reforzado del Estado.

 

103. En ese sentido, la decisi�n explic� el concepto de abandono entendido como  �un fen�meno de m�ltiples dimensiones, que exige respuestas integrales desde el derecho, la pol�tica p�blica y la �tica social� y en consecuencia, se�al� que la configuraci�n del abandono a trav�s de la institucionalizaci�n vulnera, al menos, dos derechos fundamentales cuya garant�a resulta ineludible �(i) el derecho a la protecci�n y asistencia social integral, que impone al Estado la obligaci�n de brindar respuestas articuladas frente a contextos de especial vulnerabilidad; y (ii) el derecho al cuidado, entendido como la provisi�n de apoyos y servicios adecuados para una vida digna, aut�noma y en comunidad�.

 

104. Posteriormente, distingui� entre abandono familiar por omisi�n y abandono estructural o institucional. Se�al� que el primero ocurre por omisi�n cuando las familias, pese a contar con condiciones econ�micas, f�sicas o emocionales para brindar cuidado, deciden no asumir esa responsabilidad, dejando a la persona sin apoyo material o afectivo; ello resulta especialmente grave cuando, por edad, discapacidad o salud, la persona no puede valerse por s� misma; en cambio, el segundo, se presenta cuando el Estado no garantiza una respuesta adecuada a las personas abandonadas o institucionalizadas, por inexistencia o ineficacia de pol�ticas p�blicas, desarticulaci�n entre niveles nacional y territorial o falta de mecanismos efectivos para redistribuir justamente las responsabilidades de cuidado.

 

105. La providencia en comento tambi�n advirti� que dentro de las responsabilidades del Estado en torno a la institucionalizaci�n, est� la de dise�ar planes que la eviten, los cuales deben (i) enfocarse en recuperar la autonom�a, capacidad de elecci�n y control de las personas frente a ellas, (ii) respetar sus decisiones y preferencias, (iii) promover arreglos de cuidado que incluyan participaci�n familiar que corrijan asimetr�as de g�nero, (iv) evitar� incurrir en segregaci�n o medicalizaci�n, (v) establecer apoyos comunitarios formales e informales, y (vi) proveer servicios necesarios y brindar apoyos adecuados cuando las familias no cuenten con medios suficientes para ejercer las labores de cuidado[104].

 

106. En torno al derecho al cuidado, record� que la Corte Constitucional ha identificado tres dimensiones: el derecho a recibir cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado[105]. Sin embargo, en materia de personas en situaci�n de discapacidad, el derecho al cuidado debe ser visto desde el modelo social y en ese sentido, partir del reconocimiento pleno de su capacidad, independencia y autonom�a �entendiendo la independencia no necesariamente como autosuficiencia, sino como la capacidad de tener control de su propia vida, en lugar de seguir las opiniones, instrucciones o decisiones de quienes atienden sus necesidades�[106].

 

107. En suma, conforme a la jurisprudencia constitucional, y bajo el modelo social de discapacidad, la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, implican la plena garant�a del derecho al cuidado. As�, la ausencia de familia, recursos econ�micos, vivienda adecuada, cupos institucionales o red de apoyo no autoriza al Estado ni a los particulares a mantener indefinidamente a una persona en un hospital, centro de protecci�n, instituci�n psiqui�trica o dispositivo residencial, segregada. La institucionalizaci�n de personas en situaci�n de discapacidad desconoce abiertamente la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y debe ser objeto de un escrutinio constitucional estricto.

 

108. El uso de esta figura, s�lo puede admitirse de forma excepcional, transitoria, necesaria, proporcional, fundada en valoraci�n m�dica estricta cuando se trate de salud, y siempre orientada a preservar la vida digna, la autonom�a, la capacidad jur�dica, la libertad y la inclusi�n comunitaria. En ese sentido, los centros en los que se desarrollan tratamientos que implican institucionalizaci�n, adem�s de obtener el consentimiento de sus usuarios, deben garantizar un trato digno, y, en ninguna circunstancia, tienen permitido acudir a m�todos denigrantes. La violencia f�sica y psicol�gica est� proscrita y es a�n m�s reprochable en escenarios de atenci�n en salud.

 

109. Por ello, �los Estados tienen la obligaci�n de erradicar toda forma de institucionalizaci�n, poniendo fin a internamientos y evitando la inversi�n en dichas pr�cticas. Adem�s, no existe justificaci�n para mantener ese sistema. En cambio, los Estados deben ofrecer oportunidades de abandonar las instituciones a las personas que est�n en ellas y no deben ampararse en la falta de servicios comunitarios, la pobreza o los estigmas sociales para justificar la perpetuaci�n de instituciones�[107].

 

8. El deber del Estado de ejercer inspecci�n, vigilancia y control sobre las entidades sin �nimo de lucro en general y sobre las entidades sin �nimo de lucro que prestan servicios de atenci�n, tratamiento y rehabilitaci�n integral a personas en situaci�n de discapacidad mental y/o con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas

 

a.     Generalidades sobre las funciones de inspecci�n, vigilancia y control

�

110. Los art�culos 1 y 2 de la Constituci�n disponen, entre otras cosas, que las autoridades del Estado est�n dispuestas para proteger los derechos superiores, asegurar el cumplimiento de los fines estatales y garantizar la efectividad de los principios constitucionales. En desarrollo de estos pilares, las funciones de inspecci�n, vigilancia y control se erigen como uno de los mecanismos mediante los cuales la administraci�n verifica que determinadas actividades, servicios, organizaciones y sujetos sometidos a supervisi�n act�en de manera coherente con la Constituci�n, la ley, los reglamentos y los diferentes instrumentos expedidos por las autoridades competentes, con el prop�sito de prevenir riesgos, proteger a los usuarios de distintos servicios e imponer medidas correctivas cuando resulte necesario.�

 

111. En ese sentido, el art�culo 113 superior encarga a las superintendencias de ejercer, por excelencia, las funciones de inspecci�n, vigilancia y control. Para la Corte Constitucional (i) la inspecci�n consiste en la verificaci�n de informaci�n de las entidades sometidas a control; (ii) la vigilancia implica el seguimiento y evaluaci�n de las actividades de las entidades sometidas a ella; y (iii) el control, en sentido estricto, se refiere a la posibilidad de ordenar correctivos y sanciones para encausar las actuaciones de los particulares, cuando existe una evidente afectaci�n del inter�s general en la actividad o sector vigilado[108].

 

112. Por su parte, el art�culo 189 de la C.P. tambi�n atribuye al presidente de la Rep�blica, como m�xima autoridad administrativa, algunas funciones de inspecci�n y vigilancia respecto de materias como: (i) ense�anza; (ii) servicios p�blicos; (iii) actividades financiera, burs�til, aseguradora y de las relacionadas con el manejo o inversi�n de recursos captados del p�blico; (iv) entidades cooperativas y de las sociedades mercantiles; (v) instituciones de utilidad com�n; (vi) entidades y actividades a las que la Constituci�n o la ley le asignan un r�gimen especial[109].

 

113. Con todo, tales atribuciones, en ejercicio de los principios de descentralizaci�n administrativa, delegaci�n y desconcentraci�n de funciones, pueden ser desempe�adas por organismos especializados de la Rama Ejecutiva, para materializar el desarrollo de la funci�n administrativa, la cual se encuentra definida en el art�culo 209 superior[110].

 

b.     Inspecci�n, vigilancia y control en materia de salud

 

114. En virtud de lo dispuesto por los art�culos 48, 49 y 365 de la Constituci�n, as� como de lo previsto en las leyes 100 de 1993 y 1751 de 2015 la salud, adem�s de concebirse como un derecho fundamental, constituye un servicio p�blico esencial obligatorio cuya direcci�n, supervisi�n, organizaci�n, regulaci�n y control est� a cargo del Estado[111] el cual, a su turno, tiene bajo su encargo ejercer una adecuada inspecci�n, vigilancia y control mediante las autoridades especializadas que se determinen para tal efecto[112].

 

115. Sobre esa l�nea, el Ministerio de Salud y Protecci�n Social es la entidad rectora del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y dentro de sus atribuciones tiene las de adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la pol�tica p�blica en materia de salud, salud p�blica y promoci�n social en salud[113]. En el marco de dichas competencias y en ejercicio del modelo de discapacidad que ya fue expuesto, esta entidad debe �garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y a la atenci�n integral, oportuna y de calidad, especialmente para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como [�] las personas en situaci�n de discapacidad intelectual o psicosocial�[114], por lo que esta autoridad juega un rol indispensable para la definici�n de lineamientos t�cnicos, la articulaci�n intersectorial y la adopci�n de medidas de pol�tica p�blica que permitan materializar las prerrogativas constitucionales de las personas en situaci�n de discapacidad psicosocial internadas, por ejemplo, en centros de salud mental.

 

116. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) de conformidad con el art�culo 189.22 de la Constituci�n Pol�tica y el Decreto 1080 de 2021, es la autoridad encargada de ejercer las funciones de inspecci�n, vigilancia y control sobre el sistema de salud. Adem�s, la Sala Plena de esta Corte ha explicado que a dicha entidad le corresponde garantizar, en el marco de sus competencias, que �las entidades responsables del aseguramiento, la prestaci�n y la financiaci�n de los servicios de salud cumplan con las normas que rigen el sistema, as� como ordenar los correctivos necesarios frente a situaciones cr�ticas o irregulares que afecten los derechos de los usuarios�[115].

 

117. Tales funciones de inspecci�n, vigilancia y control en materia de salud tambi�n se han extendido a las entidades territoriales, en aplicaci�n de la descentralizaci�n. En ese sentido, de conformidad con la Ley 715 de 2001[116], el Decreto 780 de 2016[117], las entidades municipales, distritales y departamentales son las responsables del funcionamiento del Sistema Obligatorio de Garant�a de Calidad de Atenci�n en Salud del SGSSS en sus respectivos territorios. A ellas les corresponde, entre otras funciones, realizar visitas de verificaci�n de habilitaci�n, acreditaci�n, funcionamiento y calidad de las instituciones que conforman el subsector privado de la salud en sus territorios e interponer las sanciones correspondientes. �

 

118. En ese orden, el Ministerio de Salud y Protecci�n Social, la Superintendencia Nacional de Salud y las secretar�as municipales, distritales y departamentales de salud tienen el deber de ejercer funciones de inspecci�n, vigilancia y control sobre las instituciones de salud, de manera que garanticen el cumplimiento de los est�ndares de calidad aplicables. Por lo tanto, cuando las mencionadas autoridades permanecen inertes ante situaciones que lesionan los derechos de las personas en situaci�n de discapacidad, su omisi�n puede constituir una vulneraci�n aut�noma de los derechos de los pacientes.

 

c.      Funciones de inspecci�n, vigilancia y control sobre entidades sin �nimo de lucro en general, y sobre entidades sin �nimo de lucro que prestan servicios de atenci�n, tratamiento y rehabilitaci�n integral a personas en situaci�n de discapacidad mental y/o con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas

 

119. En virtud de lo dispuesto por el numeral 19 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica, le corresponde al presidente de la Rep�blica ejercer la inspecci�n y vigilancia sobre las instituciones de utilidad com�n, entendidas como todas aquellas personas jur�dicas creadas por la iniciativa particular para atender, sin �nimo de lucro, servicios de inter�s social, conforme a la voluntad de los fundadores[118]. En l�nea con ello, el art�culo 1� del Decreto 1318 de 1988[119] deleg� en los gobernadores y en el alcalde Mayor de Bogot� la funci�n de ejercer la inspecci�n y vigilancia de las instituciones de utilidad com�n domiciliadas en el respectivo departamento o en la ciudad de Bogot�; la misma disposici�n condiciona la delegaci�n a la ausencia de competencia de otra entidad para ejercer tales funciones.

 

120. Por su parte, el Decreto 1088 de 1991[120] integra a las fundaciones o instituciones de utilidad com�n y a las asociaciones o corporaciones sin �nimo de lucro que prestan servicios de salud, al subsector privado de este sector a nivel local, seccional y nacional, cuya inspecci�n y vigilancia est� encomendada a los organismos de direcci�n local, seccional y al Ministerio de Salud y Protecci�n Social, respectivamente. A su vez, los art�culos 20 a 25 de la Ley 10 de 1990 consagran las condiciones bajo las cuales las personas jur�dicas sin �nimo de lucro dedicadas a prestar servicios de salud deben garantizar este servicio p�blico y , bajo ese entendimiento, aquellas instituciones sin �nimo de lucro que presten servicios asistenciales ser�n sujetas a inspecci�n, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud[121].

 

121. As� entonces, el factor para determinar la competencia de cara a las funciones de inspecci�n, vigilancia y control no ser� un criterio eminentemente org�nico sino funcional, en la medida en que la naturaleza de la actividad o del servicio prestado resulta el determinante para la identificaci�n de la autoridad competente en el ejercicio de las funciones de inspecci�n vigilancia y control. Luego, bajo ese entendimiento, las instituciones sin �nimo de lucro en general, est�n supeditadas a la inspecci�n, vigilancia y control de la gobernaci�n respectiva. Sin embargo, aquellas que en desarrollo de su objeto social adelanten actividades relacionadas con la prestaci�n de servicios de salud para la atenci�n, tratamiento y rehabilitaci�n integral de personas en situaci�n de discapacidad mental y/o con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas mental, estar�n bajo la supervisi�n de Superintendencia en referencia y deber�n estar adem�s inscritas en REPS[122].

 

IV.            CASO CONCRETO

 

122. Como se expuso en el apartado mediante el cual esta Sala concluy� que en el presente asunto se configur� una carencia actual de objeto por da�o consumado, en consonancia con lo establecido en la Sentencia SU-522 de 2019, corresponde a la Corte Constitucional, en el ejercicio de sus funciones como juez de tutela, realizar un an�lisis de fondo a fin de determinar la existencia de la vulneraci�n de alg�n derecho constitucional respecto de Santiago y, de considerarlo necesario, hacer una advertencia a las autoridades o particulares responsables para que en ning�n caso vuelvan a ocurrir las acciones u omisiones que dieron m�rito para conceder la tutela.

 

123. Hechos probados De las declaraciones de parte que rindieron Santiago, Javier e Israel Antonio Lozano Arenas, y de los documentos que obran en el expediente, esta Sala puede concluir que:

 

123.1.Santiago es una persona mayor de edad en situaci�n de discapacidad. Contrario a lo manifestado en el escrito de tutela seg�n el cual la discapacidad es auditiva, su verdadero diagn�stico corresponde a una esquizofrenia paranoide y a una discapacidad mental leve con deterioro del comportamiento, lo que implica per se una discapacidad cognitiva[123].

 

123.2.El 16 de junio de 2025 Santiago fue institucionalizado en contra de su voluntad y por decisi�n de su madre, Andrea, en las instalaciones de la entidad accionada. En concreto, se logr� establecer que ese d�a, Andrea, en compa��a de su hija, Ana, acudieron a la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas, para someter a Santiago a un proceso de �desintoxicaci�n� con una duraci�n de 18 meses[124].

 

123.3. Durante el tiempo que estuvo internado Santiago, tanto �l como su padre solicitaron el retiro voluntario de la instituci�n. Esta solicitud fue negada y condicionada a un contrato ilegal, adem�s, la instituci�n fundament� la permanencia en la autorizaci�n familiar y no en la voluntad del usuario. En ese tiempo, Santiago tambi�n fue v�ctima de aislamiento[125]. �

 

123.4.Luego de varias solicitudes de Javier, para lograr el retiro de su hijo, el 23 de enero de 2026 la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas permiti� el egreso de Santiago de sus instalaciones, tras siete meses y siete d�as de institucionalizaci�n[126]. ���

 

124. Expuesto lo anterior y de acuerdo con la sucesi�n de hechos y los elementos de prueba recabados en sede de revisi�n, esta Sala encuentra que la entidad accionada vulner� los derechos a la vida digna, igualdad y no discriminaci�n, libertad personal, vida en comunidad, capacidad jur�dica, salud y consentimiento libre, informado, consciente y voluntario de Santiago, como se explica a continuaci�n.

 

125. Casa Israel desconoci� la capacidad jur�dica de Santiago y vulner� sus derechos a la salud y consentimiento, en su faceta de libre. Como se expuso en las consideraciones de esta providencia, el derecho a la salud de las personas en situaci�n de discapacidad implica no solo su faceta de acceso, sino que comprende una protecci�n reforzada que permite hacer efectivos los derechos en condiciones de igualdad, autonom�a y dignidad. Respecto de la autonom�a, en l�nea con la capacidad jur�dica plena que reconoce el modelo social a las personas en situaci�n de discapacidad, la Corte Constitucional ha se�alado que las decisiones de este grupo en torno a sus tratamientos m�dicos, procedimientos, internaciones y dem�s, deben ir acompa�adas del respeto de su voluntad.

 

126. Como forma de garantizar dicha autonom�a los servicios m�dicos deben prestarse sobre la base del consentimiento libre e informado y para que este sea v�lido, debe ser �(i) libre, es decir, voluntario y sin que medien interferencias indebidas, coacciones o enga�os; e (ii) informado, de manera que los profesionales de la salud suministren al paciente informaci�n suficiente, comprensible, oportuna, completa, accesible y fidedigna sobre las principales alternativas de tratamiento para su enfermedad, incluyendo la ausencia de intervenciones terap�uticas.�[127]�

 

127. �En l�nea con lo anterior, la Ley 1751 de 2015, en su art�culo 10, reconoce como derecho de las personas, en torno a los servicios de salud �obtener una informaci�n clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna persona podr� ser obligada, contra su voluntad, a recibir tratamiento de salud�. �En este punto, es importante reiterar que, como se expuso en las consideraciones, los usuarios de cualquier servicio de salud tienen derecho a revocar su consentimiento. As�, lo prev�, por ejemplo, la Ley 1566 de 2012 en relaci�n con las personas que consumen sustancias que generan dependencia y se someten a alg�n tipo de tratamiento, lo que puede incluir procesos de institucionalizaci�n[128]. Lo mismo aplica para la atenci�n en salud mental, en virtud de la Ley 1616 de 2013[129] y para las personas en situaci�n de discapacidad, conforme a la Ley 1996 de 2019[130].

 

128. En el presente caso, los elementos probatorios aportados por Casa Israel, dieron cuenta de un �formato de consentimiento informado� del 16 de junio de 2025, el cual aparece firmado por Israel Antonio Lozano y Andrea. Seg�n este formato, Santiago expresaba su voluntad de aceptar someterse al programa de �tratamiento cognitivo conductual enfocado en el modelo Teo-terap�utico que [�] ha sido explicado suficientemente [�]�. En �l, adem�s, Santiago aceptaba realizar el tratamiento en la modalidad intramural por un t�rmino de 18 meses y delegaba la decisi�n de su �permanencia o retiro del programa a [su] tutor legal^[131].

 

129. Sin embargo, de las declaraciones obtenidas durante el t�rmino probatorio, as� como del formato de consulta y evoluci�n psicol�gica del 2 de diciembre de 2025 aportado por Casa Israel, se pudo verificar que, m�s all� de que el consentimiento existiera, este no respet� las reglas para su validez, en concreto, porque no fue obtenido de forma libre. La Sala llega a esta conclusi�n por dos razones.

 

129.1. La primera, por cuanto el documento no fue firmado por Santiago. M�s all� de que al inicio escribieron su nombre, al final del formato no se evidencia firma ni huella que permita concluir que �l se encontraba de acuerdo con el proceso terap�utico que estaba por iniciar. Al respecto, es importante aclarar que la situaci�n cognitiva de Santiago, en principio, nada tiene que ver con su capacidad para firmar documentos. La Sala llega a esta conclusi�n, no valorando la situaci�n de discapacidad que presenta Santiago, sino el material probatorio recaudado. En concreto porque Javier mencion� en su declaraci�n que Santiago sabe escribir su nombre y el documento de egreso s� aparece firmado por �l, m�s all� de la discusi�n de que compartiera o no su contenido.

 

129.2. La segunda raz�n que le permite concluir a la Sala que el consentimiento informado no respet� los requisitos de validez exigidos es el hecho de que Santiago manifest� durante su declaraci�n ante el Juzgado 002 Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Villavicencio, que nunca estuvo de acuerdo con ser internado. Situaci�n que tambi�n puso de presente ante una de las profesionales en psicolog�a que lo atendi� el 2 de diciembre de 2025 en Casa Israel, la cual expuso en el formato de evoluci�n que Santiago �presenta inconformidad por la decisi�n de la familia refiere que le preocupa quedarse mucho tiempo que no le gusta el encierro�.

 

130. Adicional a lo anterior, la cl�usula mediante la cual Santiago ced�a su voluntad a la tutora Andrea, tampoco es v�lida. Esto porque, como ya se expuso, Santiago jam�s acept� el sometimiento al tratamiento m�dico y a�n menos el contenido del documento formalmente denominado consentimiento informado, pero que materialmente result� nugatorio de su autonom�a. Esta cl�usula es por dem�s ilegal e inconstitucional, porque desconoce la dignidad y la libertad y va en contrav�a de la normativa que permite a los pacientes revocar su consentimiento en cualquier momento, si es su decisi�n. Ahora, este tipo de autorizaciones, mediante las cuales un paciente cede su derecho de retracto a un tratamiento m�dico, no pueden ser aceptadas simple y llanamente por el Estado. Es deber de esta Sala recordar que la figura de consentimiento sustituto es una figura excepcional.

 

131. Al respecto, esta Corporaci�n ha se�alado que del consentimiento informado solo se podr� prescindir cuando: �(i) se presenta una emergencia, en especial, si el paciente se encuentra inconsciente o particularmente alterado o se encuentra en grave riesgo de muerte; (ii) el rechazo de una intervenci�n m�dica puede tener efectos negativos no solo sobre el paciente sino tambi�n frente a terceros; y (iii) el paciente se encuentra en alguna situaci�n de discapacidad mental o padece una enfermedad psiqui�trica que descarta que tenga la autonom�a necesaria para consentir el tratamiento. En estos escenarios, la exigencia del consentimiento informado es �menos estricta�. Esto implica que, aunque en principio la voluntad del paciente debe prevalecer y las instituciones de salud deben realizar los �ajustes razonables� para que la voluntad pueda ser expresada, �sta puede ser sustituida por sus familiares o por el Estado seg�n las caracter�sticas particulares del caso�[132].

 

132. En este asunto no se evidencia que alguna de dichas circunstancias se presentara respecto de Santiago. No se pudo acreditar que su institucionalizaci�n se debiera a una emergencia, que el rechazo de dicho tratamiento pudiera afectarlo a �l o a terceros, o que su situaci�n de discapacidad descartara su autonom�a. La instituci�n tampoco demostr� haber realizado una valoraci�n individual de las capacidades del paciente y, ante las dudas, debi� acudir primeramente al establecimiento de apoyos o ajustes razonables que le permitieran a Santiago entender y decidir bajo su voluntad. Voluntad que, en todo caso, como ya se explic�, jam�s fue respetada.

 

133. En este punto, es importante mencionar que del debate probatorio tampoco se logr� concluir que Santiago fuera una persona consumidora de SPO. Las versiones y los documentos recaudados fueron contradictorios, por lo que no hubo una prueba determinante que permita a esta Sala concluir o limitar la institucionalizaci�n de Santiago a cuestiones de adicci�n a sustancias psicoactivas. Por esta raz�n, la discusi�n no se ha limitado ni se limitar� a una cuesti�n no probada. En todo caso, esta Sala reitera que aun cuando la institucionalizaci�n se debiera a razones de consumo de SPA, nadie puede ser internado sin su consentimiento, pues ello est� proscrito en el ordenamiento legal y constitucional, como se explic� en las consideraciones.

 

134. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que Casa Israel desconoci� el modelo social de la discapacidad que prev� la capacidad jur�dica plena de las personas en situaci�n de discapacidad y, en general, desconoci� las reglas en torno al consentimiento libre e informado de cualquier usuario de servicios de salud. En concreto, vulner� los derechos a la capacidad jur�dica, salud y consentimiento libre de Santiago al someterlo a un tratamiento intramural durante siete meses y siete d�as, desconociendo su autonom�a y voluntad respecto de las decisiones sobre su salud. �

 

135. Finalmente, la Sala debe recordar que ninguna instituci�n que preste materialmente servicios de salud puede fundar la permanencia de una persona adulta en la autorizaci�n otorgada por un familiar, cuando la propia persona manifiesta una voluntad distinta y no concurren circunstancias constitucionalmente excepcionales que justifiquen la sustituci�n de su consentimiento. Es un deber institucional reconocer la capacidad jur�dica de las personas en situaci�n de discapacidad durante toda la relaci�n asistencial y en ese sentido, reconocer que la voluntad de la persona conserva relevancia jur�dica en todo momento. As�, los prestadores de servicios de salud tienen una obligaci�n permanente de identificarla, facilitar su expresi�n mediante apoyos y respetarla, incluso cuando difiera de la opini�n de la familia o del equipo tratante. Desde esa perspectiva, la ilegalidad de la actuaci�n de la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas no radicar�a solo en haber obtenido un consentimiento defectuoso, sino en haber construido todo el proceso terap�utico sobre la premisa de que la decisi�n de la madre pod�a sustituir indefinidamente la voluntad de un adulto con discapacidad, circunstancia a todas luces incompatible con el modelo social y la Ley 1996 de 2019.

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136. La institucionalizaci�n forzada de la que fue v�ctima Santiago implic� la vulneraci�n de sus derechos a la vida digna, igualdad y no discriminaci�n, libertad personal y vida en comunidad. Como bien lo ha se�alado esta Corporaci�n, �[...] la institucionalizaci�n es una pr�ctica discriminatoria contra las personas en situaci�n de discapacidad, que atenta [�] el art�culo 5 de la Convenci�n por negar de facto su capacidad jur�dica y constituye una detenci�n y una privaci�n de la libertad a causa de una situaci�n de discapacidad. La institucionalizaci�n de personas en situaci�n de discapacidad es contraria al derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en comunidad -art�culo 19 de la Convenci�n-, raz�n por la que los Estados tienen la obligaci�n de erradicar toda forma de institucionalizaci�n, poniendo fin a internamientos y evitando la inversi�n en dichas pr�cticas.�[133]

 

137. �En materia de salud, cuando se trata de procesos de institucionalizaci�n, tratamientos de salud mental, adicci�n a sustancias, procesos de rehabilitaci�n, etc., la jurisprudencia constitucional exige un estricto escrutinio para evitar restricciones injustificadas a la libertad y autonom�a de las personas en situaci�n de discapacidad pues, como ya se ha expuesto a lo largo de esta providencia, ese tipo de decisiones deben respetar la capacidad jur�dica, voluntad y consentimiento de los usuarios que se someter�n a dichos tratamientos.

 

138. Precisamente, las normas internacionales sobre protecci�n de los derechos de las personas en situaci�n de discapacidad y la jurisprudencia constitucional han se�alado que la respuesta del Estado y la sociedad frente a ellos no puede implicar decisiones paternalistas y reduccionistas, que separen al individuo de su naturaleza como ser social, pues toda persona tiene derecho a decidir sobre su proyecto de vida y las formas en las que decida vivir.

 

139. La permanencia obligada en una instituci�n desconoce la dignidad misma pero, adem�s, restringe materialmente la libertad de locomoci�n y autodeterminaci�n. Asimismo, implica aislamiento social, perdida de espacios de participaci�n en comunidad, ruptura de v�nculos socioafectivos y caracterizaci�n de la persona �nicamente como sujeto de protecci�n, mas no de derechos. Es por ello por lo que se le exige a los Estados trabajar en procesos de desinstitucionalizaci�n para que, con apoyo de la sociedad y la familia, las personas cuenten con los instrumentos necesarios para ejercer sus derechos por fuera de los muros que los segregan y las decisiones de institucionalizaci�n respondan a situaciones excepcionales.

 

140. En este contexto, es innegable que la institucionalizaci�n forzada de la que fue v�ctima Santiago, vulner� a todas luces sus derechos a la vida digna, igualdad y no discriminaci�n, libertad personal y vida en comunidad. La decisi�n de un tercero, en concreto de su madre, de internarlo en Casa Israel, adem�s de que ignor� su voluntad, implic� el sometimiento a situaciones que ninguna persona debe soportar. M�s all� de las razones que llevaron a Andrea a internar a su hijo, no es posible recluir a una persona mayor de edad en contra de su voluntad, en un lugar para personas consumidoras de SPA, sin serlo, y menos ignorar sus llamados de auxilio. Ninguna situaci�n, discapacidad, adicci�n o enfermedad por s� sola faculta a un tercero para institucionalizar a una persona, pues estas decisiones deben estar sometidas a procesos que respeten la capacidad de decisi�n del paciente o a la aplicaci�n de apoyos previstos por la ley. La responsabilidad de quienes prestan tales servicios sobre el particular es por dem�s reforzada.

 

141. Del material probatorio recaudado tambi�n se pudo concluir que a Santiago le prohibieron la comunicaci�n con su padre en fiestas tradicionalmente importantes, como lo fue el 24 y el 31 de diciembre. Sobre este punto, es importante recalcar que no se prob� en el expediente que Javier fuera un padre irresponsable, como se expuso en los formatos de evoluci�n que aport� la entidad accionada. Por el contrario, de la declaraci�n de Santiago se aprecia que �l vive en condiciones adecuadas con su padre y su abuela. Por ello, no se tendr�n en cuenta dichas apreciaciones como una justificaci�n v�lida para prohibir las comunicaciones entre Santiago y su padre, quien fue finalmente la �nica persona en la que encontr� ayuda para salir de la instituci�n en la que estaba internado en contra de su voluntad.

 

142. Por el contrario, Santiago s� manifest� que fue v�ctima de malos tratos por parte de la entidad accionada, en concreto, su declaraci�n fue reiterativa en mencionar distintas situaciones de violencia f�sica a las que, al parecer, se vio sometido. Como expres�, fue retenido, esposado, golpeado y en ocasiones no le brindaron alimento. Estas declaraciones implican el deber de esta Sala de ordenar a la Fiscal�a General de la Naci�n que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, inicie las investigaciones necesarias sobre el funcionamiento de la accionada que permitan, si hay lugar a ello, proscribir y sancionar este tipo de actuaciones.

 

143. Al respecto, esta Sala recalca que nada justifica la retenci�n ilegal e involuntaria de Santiago, ni de ninguna persona, en instituciones que presten materialmente servicios de salud, cl�nicas psiqui�tricas, centros de rehabilitaci�n o lugares de institucionalizaci�n que en general aplican medidas intramurales de tratamiento o rehabilitaci�n. Aun menos, est� permitido el uso de medios violentos para tratar al paciente. La violencia f�sica dentro de estos establecimientos est� proscrita y constituye una grave vulneraci�n a los derechos humanos de aquel sobre el que recaen los tratos inhumanos y degradantes. Ninguna instituci�n puede convertir una finalidad terap�utica en una justificaci�n para restringir indefinidamente la libertad y la autonom�a de una persona adulta sin las garant�as constitucionales m�s estrictas. No se puede permitir que espacios que son pensados como formas seguras de tratar distintos padecimientos, se transformen en lugares de dominaci�n o sometimiento, circunstancia que se agrava cuando recaen en personas de especial protecci�n constitucional como Santiago, frente a las cuales el Estado y la sociedad tienen deberes reforzados de respeto, protecci�n y garant�a de derechos.

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144. La gobernaci�n del Meta, la Superintendencia Nacional de Salud y las Secretar�as de Salud del Meta y de Villavicencio deben ejercer plenamente sus funciones de inspecci�n, vigilancia y control frente a las entidades sin �nimo de lucro en general, y frente a las entidades sin �nimo de lucro que prestan servicios de salud, en particular, especialmente frente aquellas que no est�n autorizadas para hacerlo. Como se expuso en las consideraciones, las gobernaciones tienen la funci�n de ejercer la inspecci�n y vigilancia de las instituciones de utilidad com�n domiciliadas en el respectivo departamento. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud y las secretar�as departamentales y municipales respectivas, realizan estas labores frente a las entidades sin �nimo de lucro que prestan servicios de salud, las cuales, para poder operar, est�n sometidas a la inscripci�n y habilitaci�n a trav�s del REPS[134].

 

145. En el caso en concreto, la Sala advierte con especial preocupaci�n que la institucionalizaci�n de Santiago ocurri� en una entidad sin �nimo de lucro que ofrece servicios de tratamiento, rehabilitaci�n y desintoxicaci�n para personas consumidoras de sustancias psicoactivas, pese a que en el expediente no obra evidencia de que cuente con la habilitaci�n requerida para la prestaci�n de tales servicios de salud. En concreto, si bien su representante legal manifest� en la declaraci�n que cumpl�a con todas las habilitaciones para prestar dichos servicios y que la entidad estaba sujeta a la vigilancia de la alcald�a de Villavicencio, dichos documentos nunca fueron allegados, a pesar de que el Despacho del magistrado sustanciador los requiri�. Esta conclusi�n se refuerza en el hecho de que la Secretar�a de Salud del Meta y la Secretar�a de Salud de Villavicencio negaron en sus respectivas intervenciones que, en su �mbito territorial, se encontrara registradas en el REPS alguna entidad con el nombre �Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas�.

 

146. Para esta Corporaci�n es alarmante que existan entidades sin �nimo de lucro que presten servicios de salud para los cuales no est�n habilitadas y que el Estado no haya ejercido sobre ellas las facultades de supervisi�n correspondientes. Esta circunstancia, trasciende el caso individual y plantea un problema relacionado con el adecuado ejercicio de las funciones de inspecci�n, vigilancia y control por parte de las gobernaciones, la Superintendencia Nacional de Salud y las respectivas secretar�as departamentales y municipales.

 

147. En ese sentido, ante la posible configuraci�n de una falla en el sistema que puede que a�n no haya sido identificada, y como consecuencia de la declaraci�n de da�o consumado que permite a esta Corte no solo proferir un fallo de fondo, sino tomar medidas para evitar que vulneraciones de este tipo se repitan, es necesario extender los remedios jur�dicos de la providencia, no solo frente a la entidad accionada, sino en lo relativo a una verificaci�n general sobre establecimientos semejantes.

 

148. Es de recordar que la prestaci�n de servicios de salud constituye una actividad sometida a una estricta regulaci�n estatal y la inscripci�n en el REPS no es solo un tr�mite, sino el medio a trav�s del cual el Estado garantiza que la prestaci�n de los servicios de salud responda a los requisitos de calidad, tecnolog�a, personal e infraestructura, requisitos que garantizan, no solo una adecuada atenci�n, sino la protecci�n de los derechos de los usuarios.

 

149. Las gobernaciones y la Superintendencia Nacional de Salud deben, en el marco de sus correspondientes funciones, prevenir irregularidades, verificar que las entidades sujetas a su inspecci�n est�n cumpliendo con las normas fijadas para su objeto social y para cada servicio de salud que anuncien o presten, adoptar medidas correctivas e, incluso, imponer sanciones si ello resulta necesario. Adem�s, la Superintendencia Nacional de Salud tiene el deber de verificar que las entidades territoriales tambi�n cumplan con sus funciones de vigilancia. Por su parte, las secretar�as de salud departamentales, distritales y municipales, no solo pueden ejercer controles formales, es su deber adelantar actividades de seguimiento, verificaci�n y control respecto de las entidades que desarrollan actividades propias de la atenci�n en salud dentro de su respectiva jurisdicci�n, as� como adoptar las medidas necesarias cuando identifiquen la prestaci�n de servicios sin la autorizaci�n correspondiente.

 

150. El establecimiento de controles estatales no es un saludo a la bandera; tales controles permiten hacerle frente a situaciones de riesgo que ponen en zozobra los derechos b�sicos de las personas. La dignidad humana, la libertad personal, la integridad f�sica y psicol�gica, el consentimiento libre e informado y el derecho fundamental a la salud, particularmente cuando se trata de personas en condici�n de vulnerabilidad, como aquellas que presentan situaciones de discapacidad, trastornos mentales o problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, son derechos que el Estado debe respetar, garantizar y proteger.

 

151. Adem�s, estas obligaciones se vuelven especialmente importantes ante escenarios como el presente, en los cuales una entidad privada ejerce un control significativo sobre la libertad personal de individuos sometidos a programas de tratamiento o rehabilitaci�n en situaci�n de discapacidad. Cuando una organizaci�n decide admitir personas, establecer reglas de permanencia, limitar salidas, implementar programas terap�uticos o intervenir sobre la salud f�sica o mental de los usuarios, el Estado tiene el deber de verificar que dichas actividades se desarrollen dentro del marco jur�dico aplicable y con pleno respeto de los derechos fundamentales.

 

152. La omisi�n en el ejercicio de las funciones de inspecci�n, vigilancia y control contribuyen a la consolidaci�n de escenarios violatorios de derechos, como en el caso de la institucionalizaci�n forzada, la restricci�n indebida de la libertad personal, la sustituci�n de la voluntad de las personas en situaci�n de discapacidad y la ejecuci�n de pr�cticas que comprometan la integridad f�sica y psicol�gica de los usuarios, como ha ocurrido en el caso de Santiago. En consecuencia, las autoridades departamentales y sanitarias no pueden limitar su actuaci�n a una funci�n meramente formal o reactiva. La respuesta no puede ser simplemente si no est� inscrito en el REPS, no existe; debe verificarse, en el marco de las competencias de aquellas, el cumplimiento de su objeto social, las implicaciones de tal actuaci�n y los requisitos para prestar los servicios que correspondan. Las soluciones que requieren los ciudadanos y el actuar diligente de la administraci�n p�blica implican desplegar una vigilancia efectiva orientada a prevenir la materializaci�n de riesgos para la vida, la salud, la dignidad humana y la autonom�a de quienes ingresan a este tipo de establecimientos.

 

153. Por estas razones, la Sala considera necesario ordenar a la gobernaci�n del Meta, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las Secretar�as de Salud del Meta y de Villavicencio que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, verifiquen las condiciones en las que la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas est� prestando sus servicios y adem�s verifiquen la situaci�n en general de aquellas entidades sin �nimo de lucro que, autorizadas o no, ofrecen servicios de atenci�n, tratamiento, rehabilitaci�n o desintoxicaci�n a personas con problemas de salud mental, discapacidad o consumo de sustancias psicoactivas, en sus correspondientes territorios. En ese sentido, dentro de dichas competencias, deber�n adoptar las medidas de inspecci�n, vigilancia, control y, de ser procedente, sanci�n, que resulten necesarias para garantizar la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales de dicha poblaci�n y evitar que este tipo de situaciones se repitan.

 

154. En l�nea con ello, y para visibilizar la problem�tica que puede estar ocult�ndose tras los prestadores de servicios de salud que ofrecen servicios intramurales, la Sala ordenar� a la Defensor�a del Pueblo y a la Procuradur�a General la realizaci�n de un informe que d� cuenta de la problem�tica en torno a la institucionalizaci�n forzada de personas mayores de edad en instituciones prestadoras de salud, con o sin habilitaci�n, y entreguen estad�sticas y recomendaciones a las autoridades competentes para hacerle frente a esta alarmante situaci�n.

 

155. El Estado y la sociedad han desconocido sus deberes como corresponsables del derecho al cuidado de Santiago. En este punto, debe esta Sala reconocer que, en el presente caso, aunque no se configur� un abandono familiar respecto a la institucionalizaci�n forzada, porque Santiago cuenta con una red de apoyo materializada a trav�s de su pap�, s� se configur� un abandono institucional que ha vulnerado de forma sistem�tica su derecho al cuidado, toda vez que el Estado y la sociedad no han respondido de forma adecuada a las necesidades de Santiago, conforme el modelo social de discapacidad indica.

 

156. En concreto, han negado solicitudes en torno al acompa�amiento terap�utico, educacional y econ�mico que una persona en sus circunstancias necesita. Como lo expuso Javier, �l, en su condici�n de padre, ha tenido que solventar las cargas econ�micas y de cuidado de Santiago sin apoyo del Estado porque, pese a que ha solicitado ayudas, la respuesta ha sido nula. Hoy Santiago tiene 26 a�os y a�n reclama justicia, pero ese reclamo no se entiende solo frente a la institucionalizaci�n forzada de la que fue v�ctima; esa justicia implica el reclamo de solidaridad para aquellas personas v�ctimas de los obst�culos y las barreras que a�n enfrentan todos aquellos que se encuentran en situaci�n de discapacidad; implica el reclamo ante las situaciones de violencia a las que fue sometido, un reclamo al Estado que hoy, pese a que reconoce el modelo social de discapacidad, no responde de manera efectiva a todos quienes esperan el respeto, protecci�n y garant�a de sus derechos.

 

157. Por ello, la Sala ordenar�, bajo la voluntad de Santiago, la integraci�n de un equipo interdisciplinario que permita conocer su voluntad a futuro, para garantizar la expresi�n de su consentimiento informado en las decisiones que le conciernan respecto de las medidas necesarias en torno a sus necesidades m�dicas y socioecon�micas. El equipo no deber� reexaminar, validar ni reconstruir su voluntad sobre la institucionalizaci�n, ni acudir respecto de ella a la �mejor interpretaci�n de las preferencias�, pues ese asunto ya fue decantado y la voluntad de Santiago fue expresa, sin que haya lugar a equ�vocos. Este equipo se conformar� entonces para identificar barreras concretas y adoptar los apoyos que requiera y acepte, suministrarle informaci�n comprensible y facilitar que adopte directamente decisiones de manera libre e informada sobre su salud, cuidado, educaci�n, inclusi�n social y vida en comunidad. As�, a la luz del modelo social, el equipo debe apoyar sus decisiones, pero en ning�n caso adoptarlas en nombre de Santiago, quien es titular capaz y pleno de sus derechos. �

 

158. En ese sentido, tambi�n ordenar� la integraci�n de Santiago, si es su voluntad, a los programas sociales y econ�micos previstos para las personas en situaci�n de discapacidad. Para tal efecto, ordenar� a la alcald�a de Villavicencio y la gobernaci�n del Meta que, en un t�rmino de quince (15) d�as a la notificaci�n del fallo, integren a Santiago a los programas educativos, de rehabilitaci�n, culturales, de salud, transporte, alimentaci�n, cuidado, apoyo econ�mico o cualquier otro programa que sus entidades est�n ejecutando y que le permitan llevar una vida sin barreras y en comunidad.

 

159. Adem�s, ordenar� al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que en el t�rmino de dos (2) meses contados a partir de la notificaci�n de la presente decisi�n, incluya a Santiago como beneficiario de los programas dirigidos a las personas en situaci�n de discapacidad que se est�n ejecutando por esa entidad, si as� �l lo desea.

 

160. Finalmente, ordenar� a la Defensor�a del Pueblo y a la Procuradur�a General de la Naci�n el acompa�amiento a Santiago para garantizar el cumplimiento efectivo de �rdenes dadas en esta providencia, para que las mismas se puedan materializar sin obst�culo alguno y con prontitud.

 

V.               DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR, por las razones se�aladas en esta providencia, la sentencia del 5 de diciembre de 2025 proferida por el Juzgado 002 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Villavicencio, mediante la cual declar� improcedente la acci�n de tutela interpuesta. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por la configuraci�n simult�nea de una situaci�n sobreviniente y un da�o consumado.

 

SEGUNDO. AMPARAR los derechos a la vida digna, igualdad y no discriminaci�n, libertad personal, vida en comunidad, capacidad jur�dica, salud, cuidado y consentimiento libre, informado, consciente y voluntario de Santiago, en los t�rminos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

 

TERCERO. ORDENAR a la gobernaci�n del Meta, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Secretar�a de Salud Departamental del Meta y a la Secretar�a de Salud Municipal de Villavicencio que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificaci�n de esta providencia, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, verifiquen las condiciones en las que la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas est� prestando los servicios de salud ofrecidos e inicie las correspondientes actuaciones de inspecci�n, vigilancia, control y sanci�n a las que hubiera lugar. Adem�s, deber�n verificar si hay personas internadas en contra de su voluntad y, con el acompa�amiento de la Personer�a Municipal de Villavicencio y de la Defensor�a del Pueblo, adelantar las gestiones necesarias para garantizarles su egreso.��

 

CUARTO. ORDENAR a la gobernaci�n del Meta, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Secretar�a de Salud Departamental del Meta y la Secretar�a de Salud Municipal de Villavicencio que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificaci�n de esta providencia, y en el marco de sus competencias constitucionales y legales, verifiquen la situaci�n de aquellas entidades sin �nimo de lucro bajo su jurisdicci�n que ofrecen servicios de atenci�n, tratamiento, rehabilitaci�n o desintoxicaci�n a personas con problemas de salud mental, situaci�n de discapacidad o consumo de sustancias psicoactivas, y adopten las medidas de inspecci�n, vigilancia, control y sanci�n, que resulten necesarias para garantizar la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales de dicha poblaci�n y evitar la configuraci�n de institucionalizaciones forzadas. Asimismo, deber�n adoptar las medidas que en derecho correspondan cuando identifiquen la prestaci�n de servicios sin la autorizaci�n correspondiente o la ausencia de inscripci�n en el REPS.

 

QUINTO. �ORDENAR a la alcald�a Municipal de Villavicencio, a trav�s de su Secretar�a de Salud, que lidere, en coordinaci�n con la Personer�a Municipal de Villavicencio, en el t�rmino m�ximo de treinta (30) d�as calendario contados a partir de la notificaci�n de esta providencia, la conformaci�n de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales en medicina, psiquiatr�a, psicolog�a, trabajo social, derecho y disciplinas afines que se coloque a disposici�n de Santiago, para que conforme a su voluntad se adelanten las siguientes acciones:

 

a)     Identificar las barreras concretas y adoptar los ajustes razonables que acepte y que permitan consultar, en adelante, la voluntad de Santiago y garantizar la expresi�n de su consentimiento informado en las decisiones que se deriven de este tr�mite y de las necesidades que se evidencien para la garant�a de sus derechos.

 

b)    Realizar, si lo aprueba, una valoraci�n m�dica y socioecon�mica integral para determinar los cuidados, tratamientos y servicios que requiera. La valoraci�n m�dica integral deber� hacerla la Secretar�a de Salud del Municipio de Villavicencio, en el t�rmino de cinco (5) d�as h�biles siguientes a la notificaci�n de esta sentencia.

 

c)     Suministrarle informaci�n comprensible y facilitar que adopte directamente decisiones de manera libre e informada sobre salud, cuidado, educaci�n, inclusi�n social y vida en comunidad. As�, a la luz del modelo social, el equipo debe apoyar sus decisiones, pero en ning�n caso adoptarlas en nombre de Santiago, quien es titular capaz y pleno de sus derechos.

 

SEXTO. ORDENAR a la alcald�a de Villavicencio y a la gobernaci�n del Meta que en un lapso no superior a quince (15) d�as contados desde la notificaci�n de esta decisi�n, informen a Santiago sobre los programas de asistencia social a personas en situaci�n de discapacidad que ofrezcan en sus respectivos territorios y lo vinculen, si �l lo desea. Ello incluye, la incorporaci�n a programas de transferencias monetarias que le permitan paliar las dificultades sociales y econ�micas por las que pueda atravesar debido a su situaci�n.

 

S�PTIMO. REQUERIR al Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social para que en el t�rmino de dos (2) meses contados a partir de la notificaci�n de la presente providencia vincule a Santiago, si as� �l lo desea, a los planes y programas nacionales que ofrece a las personas en situaci�n de discapacidad. Esto como ejecuci�n del modelo social de discapacidad aplicable en el pa�s, que exige al Estado reducir y eliminar las barreras estructurales a las que se ve sometida esta poblaci�n.

 

OCTAVO. OFICIAR a la Defensor�a del Pueblo para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, brinde acompa�amiento institucional a la parte accionante para el efectivo cumplimiento de esta providencia.

 

NOVENO. COMPULSAR COPIAS a la Fiscal�a General de la Naci�n para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, y si hay lugar a ello, inicie las investigaciones correspondientes por los presuntos delitos de los que fue v�ctima Santiago en la Corporaci�n Casa de Restauraci�n Israel Cambiando Vidas, de conformidad con los hechos y las pruebas recaudadas en la presente decisi�n.

 

D�CIMO. ORDENAR a la Defensor�a del Pueblo y a la Procuradur�a General de la Naci�n para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de vigilancia, control y promoci�n de los derechos fundamentales, elaboren y presenten ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Salud y Protecci�n Social un informe conjunto que contenga un diagn�stico detallado sobre los fen�menos abordados en esta providencia, en particular: (i) la institucionalizaci�n forzada de personas mayores de edad en centros que, con o sin autorizaci�n, prestan servicios de atenci�n, tratamiento y rehabilitaci�n o en general servicios de salud y (ii) las deficiencias en la articulaci�n institucional para su inspecci�n, vigilancia, control y sanci�n. Este informe deber� incluir, al menos: (a) un estimado del n�mero de personas internadas en contra de su voluntad en instituciones de salud, religiosas, espirituales, psiqui�tricas, centros de larga estancia u otras instituciones similares; (b) un estimado del n�mero instituciones de salud, religiosas, espirituales, psiqui�tricas, centros de larga estancia u otras instituciones similares que prestan servicios de salud sin estar legalmente autorizadas para ello; (c) un estimado del n�mero de personas v�ctimas de violencia f�sica, psicol�gica o verbal en dichas instituciones. Esta informaci�n debe desagregar si se trata de personas en situaci�n de discapacidad y que tipo de discapacidad, si se trata de personas con problemas psiqui�tricos o con problemas de adicci�n a SPA; y (d) la entrega de recomendaciones concretas y viables dirigidas a las autoridades competentes para superar las pr�cticas de institucionalizaci�n forzada y garantizar los derechos a vida digna, libertad, salud, igualdad y no discriminaci�n, consentimiento libre, informado y voluntario y vida en comunidad de las personas sometidas a institucionalizaci�n forzada.

 

Estas medidas deber�n desarrollarse en un plazo m�ximo de seis (6) meses siguientes a la notificaci�n de esta providencia. Un informe sobre las acciones adelantadas en cumplimiento de la presente orden deber� ser rendido a la Corte Constitucional.

 

D�CIMO PRIMERO. OFICIAR a la Procuradur�a General de la Naci�n para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de vigilancia preventiva, seguimiento y control disciplinario, realice el seguimiento al cumplimiento de las �rdenes impartidas en esta providencia.

 

D�CIMO SEGUNDO. Por conducto de la Secretar�a General de la Corte Constitucional, L�BRENSE las comunicaciones previstas por el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all� establecidos.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase,

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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