Sentencia T-263/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisi�n

 

SENTENCIA T-263 DE 2026

 

Referencia: expediente T-11.850.036

 

Asunto: acci�n de tutela instaurada por Ramiro contra el Fondo de Pensiones y Cesant�as Protecci�n S.A.

 

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

 

Bogot� D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Segunda de Revisi�n de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados H�ctor Alfonso Carvajal Londo�o, Juan Carlos Cort�s Gonz�lez y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en cumplimiento de sus competencias legales y constitucionales, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Aclaraci�n previa

 

En el presente asunto se har� referencia a la historia cl�nica del accionante. En consecuencia, se emitir�n dos copias de esta providencia: una con los nombres reales, que la Secretar�a General de la Corte remitir� a las partes y, otra, en el que los nombres de los involucrados se reemplazar�n por unos ficticios para reservar su identidad[1].

 

S�ntesis de la decisi�n

 

La Sala Segunda de Revisi�n estudi� las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal y el Juzgado Civil-Laboral del Circuito, dentro de la acci�n constitucional promovida por el se�or Ramiro contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant�as Protecci�n S.A. (en adelante Protecci�n).

 

El accionante sostuvo que fue diagnosticado m�ltiples enfermedades cr�nicas, degenerativas y progresivas, entre ellas un adenocarcinoma g�strico en estadio IV, y que, pese a su grave estado de salud, continu� desarrollando labores agr�colas y de recolecci�n de caf� para garantizar su subsistencia. Indic� que Protecci�n neg� el reconocimiento de la pensi�n bajo el argumento de no acreditar 50 semanas de cotizaci�n dentro de los tres a�os anteriores a la fecha de estructuraci�n de la p�rdida de capacidad laboral y que, adem�s, excluy� de su historia laboral diversas cotizaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha.

 

En primer lugar, la Sala examin� los requisitos de procedencia de la acci�n de tutela y concluy� que se encontraban satisfechos. En particular, determin� que, aunque exist�a un mecanismo judicial ordinario ante la jurisdicci�n laboral para controvertir la negativa de la prestaci�n pensional, dicho medio no resultaba eficaz en las circunstancias concretas del caso, debido a la avanzada edad del accionante, la gravedad de sus enfermedades, la p�rdida de capacidad laboral del 72,9% y la situaci�n de vulnerabilidad econ�mica en la que se encontraba.

 

En segundo lugar, la Corte analiz� las circunstancias sobrevinientes ocurridas durante el tr�mite de revisi�n y constat� que el accionante falleci� el 16 de marzo de 2026 como consecuencia de las complicaciones derivadas de su enfermedad. La Sala concluy� que dicha circunstancia configur� una carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente, dado que la pretensi�n principal estaba encaminada al reconocimiento de una pensi�n de invalidez, prestaci�n de car�cter personal�simo cuya finalidad es proteger el m�nimo vital de la persona que ha perdido su capacidad laboral.

 

En consecuencia, la Sala revoc� las sentencias de instancia y, en su lugar, declar� la carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente, al considerar que el fallecimiento del accionante torn� inocua cualquier orden encaminada al reconocimiento de la pensi�n solicitada.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 30 de octubre de 2025, el se�or Ramiro, mediante apoderado, interpuso acci�n de tutela en contra de Protecci�n. Consider� vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, al m�nimo vital, al debido proceso y a la dignidad humana. Lo anterior, debido a que la administradora le neg� el reconocimiento y pago de la pensi�n de invalidez, pese a que, en su criterio, cumpl�a con los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a dicha prestaci�n. Para fundamentar la solicitud de amparo narr� los siguientes:

 

1.     Hechos[2]

 

2. El se�or Ramiro ten�a 62 a�os[3] al momento de presentar la acci�n de tutela y se encontraba afiliado con Protecci�n S.A. Indic� que fue diagnosticado con m�ltiples patolog�as de car�cter cr�nico, degenerativo y progresivo, entre ellas �adenocarcinoma g�strico estadio IV, hipertensi�n, dolor cr�nico, hemorragias digestivas, s�ndrome antropil�rico, s�ndrome an�mico severo y desnutrici�n proteicocal�rica moderada� [4].

 

3. El 5 de noviembre de 2024, Suramericana S.A[5] emiti� un dictamen de p�rdida de capacidad laboral en el que determin� que el accionante ten�a una p�rdida del 72.92% y fij� como fecha de estructuraci�n el 17 de enero de 2024[6].

 

4. El accionante refiri� que pese a sus condiciones m�dicas continu� trabajando y realiz� cotizaciones al Sistema General de Pensiones en ejercicio de la capacidad laboral residual. Se�al� que contaba con 151 semanas cotizadas, de las cuales �77 corresponden a aportes realizados dentro de los tres a�os anteriores a la fecha de emisi�n del dictamen de p�rdida de capacidad laboral�[7].

 

5. Relat� que su situaci�n econ�mica era precaria y que, pese a su estado de salud, tuvo que desempe�arse como recolector de caf� para procurarse su sostenimiento. Agreg� que depend�a parcialmente de la ayuda econ�mica de uno de sus hijos, quien asum�a el pago de los aportes a seguridad social para garantizar la continuidad de sus tratamientos m�dicos.

 

6. El ciudadano solicit� el reconocimiento y pago de la pensi�n de invalidez. El 23 de mayo de 2025, la accionada neg� la prestaci�n solicitada, bajo el argumento de que �nicamente acreditaba 16.14 semanas cotizadas dentro de los tres a�os anteriores a la fecha de estructuraci�n de la p�rdida de capacidad laboral. En consecuencia, la entidad le reconoci� �nicamente la devoluci�n de saldos[8].

 

7. El 4 de junio de 2025, present� recurso de reposici�n y argument� que la entidad desconoci� las condiciones especiales derivadas de sus enfermedades degenerativas, progresivas y cr�nicas, as� como las cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de estructuraci�n de la p�rdida de capacidad laboral. El 26 de junio de 2025, Protecci�n confirm� la negativa del reconocimiento pensional solicitado.

 

8. Seg�n el accionante, la entidad elimin� de su historia laboral aproximadamente 60 semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuraci�n, al calificarlas como aportes �extempor�neos�, pese a que correspond�an a cotizaciones efectivamente realizadas. Agreg� que solicit� la correcci�n y actualizaci�n de su historia laboral, pero mediante comunicaci�n del 8 de septiembre de 2025 la administradora reiter� que dichos aportes correspond�an a devoluci�n de aportes [9].

 

9. Finalmente, solicit� que se ordene a Protecci�n reconocer y pagar la pensi�n de invalidez, actualizar su historia laboral e incorporar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuraci�n [10].

 

2.     Tr�mite procesal

 

10. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el Juzgado Promiscuo� Municipal avoc� conocimiento de la acci�n de tutela, corri� traslado a la entidad accionada y vincul� al Ministerio de Salud y Protecci�n Social y a Suramericana IPS[11].

 

3.     Respuesta de la accionada y vinculadas

 

11. Protecci�n[12]. Sostuvo que el accionante no cumpl�a con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres a�os anteriores a la fecha de estructuraci�n de la invalidez, pues �nicamente acreditaba 16.14 semanas. Asimismo, indic� que las cotizaciones posteriores fueron realizadas como aportante voluntario y no en ejercicio de una capacidad laboral residual acreditada. Lo anterior porque ten�a la finalidad de buscar el reconocimiento pensional. Afirm� que el actor pod�a acudir a la devoluci�n de aportes. Por lo anterior, solicit� que se declare la improcedencia de la acci�n[13].

 

12. Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protecci�n Social[14] y Suramericana IPS afirmaron que no contaban con legitimaci�n en la causa y solicitaron su desvinculaci�n[15].

 

4.     Sentencias objeto de revisi�n

 

13. Primera instancia. En sentencia del 12 de noviembre de 2025, el Juzgado �Promiscuo Municipal declar� improcedente la acci�n de tutela[16]. Indic� que el actor contaba con otros medios judiciales id�neos y eficaces para reclamar sus derechos, espec�ficamente ante la jurisdicci�n ordinaria laboral. Adem�s, se�al� que la solicitud relacionada con el reconocimiento de la pensi�n de invalidez resultaba improcedente como mecanismo principal, dado que no se acredit� la existencia de un perjuicio irremediable, pues el se�or Ramiro �dispone de medios m�nimos de subsistencia, no paga arriendo y cuenta con el apoyo econ�mico de sus hijos, quienes sufragan su seguridad social. Por �ltimo, el despacho le �advirti� al accionante que pod�a acudir a la justicia laboral dentro de los cuatro meses siguientes[17].

 

14. Impugnaci�n. El 19 de noviembre de 2025, el apoderado argument� que la decisi�n debi� flexibilizar el requisito de la subsidiariedad[18]. Manifest� que se desconocieron las condiciones particulares de salud y vulnerabilidad del accionante, as� como las reglas jurisprudenciales aplicables a personas que padecen enfermedades progresivas, degenerativas, cr�nicas y catastr�ficas. Argument� que el proceso ordinario laboral no resultaba id�neo ni eficaz frente a la urgencia de proteger los derechos fundamentales del actor, quien padec�a c�ncer de est�mago en estado avanzado y depend�a de labores ocasionales de recolecci�n de caf� para subsistir.

 

15. Segunda instancia. En sentencia del 2 de diciembre de 2025, el Juzgado Civil - Laboral del Circuito confirm� el fallo impugnado[19]. Argument� que la acci�n de tutela no era el mecanismo id�neo para controvertir la negativa del reconocimiento y pago de la pensi�n de invalidez por parte de Protecci�n. Indic� que dicha controversia deb�a ser tramitada ante la jurisdicci�n ordinaria laboral.

 

5.     Pruebas que obran en el expediente

 

i)                   Copia del documento de identidad del accionante[20].

ii)                Poder especial otorgado al apoderado[21].

iii)             Dictamen de la calificaci�n emitido por Suramericana[22].

iv)              Historia laboral emitida por Protecci�n en noviembre del a�o 2024[23].

v)                Historia laboral emitida por la entidad accionada en julio del a�o 2025[24].

vi)              Resoluci�n que neg� la pensi�n de invalidez[25].

vii)           Copia del tr�mite administrativo[26].

viii)         Copia del recurso de reposici�n[27].

ix)              Respuesta de la entidad accionada frente a la correcci�n de la historia laboral[28].

x)                Copia del registro civil de defunci�n con indicativo serial No. 2126100423[29].

 

6.     Actuaciones en sede de revisi�n

 

16. La Sala de Selecci�n de Tutelas N�mero Tres[30] de la Corte Constitucional mediante auto del 27 de marzo de 2026 seleccion� este expediente para revisi�n. Por sorteo, el asunto fue repartido a la Sala Segunda de Revisi�n presidida por el magistrado Carlos Camargo Assis.

 

17. Mediante auto del 20 de mayo de 2026, el magistrado ponente consider� necesario decretar pruebas para disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisi�n definitiva. Adicionalmente, vincul� a la empresa Gestionamos A Y J S.A.S toda vez que fue la entidad empleadora del accionante.

 

18. En concreto, el despacho solicit� informaci�n sobre: (i) las circunstancias actuales del contexto socioecon�mico del accionante; (ii) la valoraci�n de su estado de salud actual, y (iii) el tr�mite adelantado para resolver la solicitud de reconocimiento de la pensi�n de invalidez, particularmente en relaci�n con el an�lisis de la capacidad laboral residual del accionante y las cotizaciones efectuadas antes y despu�s a la fecha de estructuraci�n.

 

7.     Respuestas recibidas en sede de revisi�n

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

19. La Sala Segunda de Revisi�n de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acci�n de tutela de la referencia, de acuerdo con lo establecido en los art�culos 86 y 241.9 de la Constituci�n y los art�culos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2.     Delimitaci�n del problema jur�dico y metodolog�a de la decisi�n

 

20. Con base en los antecedentes descritos y la informaci�n allegada, le corresponde a la Sala Segunda de Revisi�n examinar la procedencia de la presente acci�n de tutela.

 

21. En caso acreditar la procedencia, la Corte Constitucional determinar� si se configur� el fen�meno de carencia actual de objeto en el caso concreto. Esto porque, como fue expuesto previamente, tanto la Registradur�a Nacional del Estado Civil como el apoderado judicial del accionante informaron que el se�or Ramiro falleci� el 16 de marzo de 2026. En consecuencia, la Corte deber� determinar si dicho fallecimiento configura una carencia actual de objeto.

 

22. Problemas jur�dicos. A fin de resolver la controversia planteada, la Sala Plena deber� responder el siguiente problema jur�dico:

 

(i)          �Se configur� una carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente, con ocasi�n al fallecimiento del se�or Ramiro?

 

23. Con el fin de resolver la cuesti�n formulada, la Corte se referir� a: (i) el fen�meno de la carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente y finalmente (ii) abordar� el caso concreto.

 

3.     La carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente. Reiteraci�n jurisprudencial[39].

 

24. La carencia actual de objeto es una figura procesal que surge cuando la acci�n de tutela pierde su finalidad debido a que desaparecen o se modifican las circunstancias que dieron lugar a la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales[40]. En estos eventos, cualquier orden que profiera el juez constitucional carecer�a de utilidad pr�ctica[41].

 

25. Sobre este punto, la Corte ha precisado que el juez de tutela no puede actuar como �un �rgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jur�dico, sobre escenarios hipot�ticos, consumados o ya superados�[42].

 

26. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha identificado tres modalidades en las que puede configurarse la carencia actual de objeto: el hecho superado, el da�o consumado y situaci�n sobreviniente. Cada una de estas categor�as responde a circunstancias particulares que la Sala ha desarrollado y precisado en su jurisprudencia[43].

 

27. La situaci�n sobreviniente se refiere a aquellos eventos que no se enmarcan en las otras dos categor�as y cobija cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado no surta ning�n efecto y por lo tanto caiga en el vac�o[45]. Este se configura cuando: (i) el accionante asume una carga que no le correspond�a para lograr la pretensi�n planteada; (ii) un tercero �distinto a las partes de la tutela� es quien logra que se supere la situaci�n vulneradora; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad o persona accionada, o (iv) el solicitante ha perdido inter�s en el objeto de la petici�n de amparo[46].

 

28. Aunque la muerte del accionante no siempre deriva en una carencia actual de objeto[47] la modalidad en que esta se configura �o la posibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo� depende de la naturaleza de los derechos fundamentales invocados y de la relaci�n existente entre el fallecimiento y la conducta atribuida a la entidad accionada. As�, cuando el amparo persigue la protecci�n de derechos fundamentales de car�cter personal�simo, cuyo goce es inescindible de su titular, el deceso de este determina que ninguna orden pueda restablecer su ejercicio.

 

29. Esto porque, en primer lugar, tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia de esta Corporaci�n en la Sentencia T-036 de 2021, la pensi�n de invalidez cuenta con la precisa finalidad de proteger a quien, por su condici�n f�sica o mental, no cuenta con la posibilidad de acceder a un trabajo que le permita proveerse de ingresos econ�micos por sus propios medios. Esta prestaci�n, habr� de reconocerse en favor de quien, prima facie, cumpla los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia. As�, los �nicos titulares de ese derecho ser�n aquellos ciudadanos que tengan una p�rdida de capacidad laboral superior al 50%. En segundo lugar, porque si bien esa prestaci�n es transmisible por v�a de la sustituci�n, esa ser� una pretensi�n distinta que tendr� que exponerse ante las autoridades competentes por parte de quienes consideren ser beneficiarios de los fallecidos en los t�rminos del art�culo 47 de la Ley 100 de 1993[48].

 

30. Ahora bien, la Corte tambi�n ha explicado que la causa de la muerte del titular de derechos incide en la modalidad de la carencia actual de objeto, de manera que, si el fallecimiento ocurre como consecuencia de una acci�n u omisi�n relacionada con las pretensiones de la acci�n de tutela, debe evaluarse la configuraci�n de un da�o consumado[49]. Por el contrario, si el deceso no se relaciona con la conducta de la entidad demandada o no es posible demostrarla, se trata de una situaci�n sobreviniente[50].

 

4.     Caso concreto

 

4.1     Breve presentaci�n del asunto

 

31. El se�or Ramiro, mediante apoderado judicial, instaur� una acci�n de tutela en contra de Protecci�n S.A. El accionante relat� que ten�a 62 a�os de edad y padec�a m�ltiples enfermedades de car�cter cr�nico, degenerativo y progresivo, entre ellas �adenocarcinoma g�strico estadio IV, hipertensi�n arterial, dolor cr�nico, hemorragias digestivas, s�ndrome antropil�rico, s�ndrome an�mico severo y desnutrici�n proteicocal�rica moderada�. Explic� que, mediante dictamen emitido el 5 de noviembre de 2024, se determin� una p�rdida de capacidad laboral del 72,92 % y se fij� como fecha de estructuraci�n de la invalidez el 17 de enero de 2024. No obstante, sostuvo que continu� trabajando y efectuando aportes al Sistema General de Pensiones en ejercicio de su capacidad laboral residual.

 

32. En esta medida, el accionante solicit� a Protecci�n S.A. el reconocimiento y pago de la pensi�n de invalidez. Mediante decisi�n del 23 de mayo de 2025, la administradora neg� la prestaci�n al considerar que �nicamente acreditaba 16,14 semanas cotizadas dentro de los tres a�os anteriores a la fecha de estructuraci�n de la invalidez. Posteriormente, el actor present� recurso de reposici�n y diversas solicitudes encaminadas a que se reconocieran las semanas cotizadas con posterioridad a dicha fecha; sin embargo, mediante decisi�n del 26 de junio de 2025 la entidad confirm� la negativa y mantuvo su posici�n frente a las cotizaciones posteriores.

 

33. En consecuencia, el accionante estim� que esta decisi�n vulner� sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, al m�nimo vital, al debido proceso y a la dignidad humana. Las sentencias de instancia declararon improcedente el amparo al considerar que no se cumpl�a el requisito de subsidiariedad, por cuanto el actor contaba con mecanismos ordinarios ante la jurisdicci�n laboral para controvertir la negativa del reconocimiento pensional y no evidenciarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

 

4.2     Requisitos formales de procedencia

 

34. Este Tribunal encuentra que la acci�n de tutela presentada satisface las exigencias de procedencia. En el siguiente cuadro se presentan las razones que fundamentan esta conclusi�n:

 

 

4.3   En el caso concreto se configur� una carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente

 

35. En criterio de esta Sala, en el asunto analizado se present� una carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente, como consecuencia del fallecimiento del se�or Ramiro. A continuaci�n, se exponen las razones que fundamentan esta conclusi�n.

 

36. En el presente caso, se evidenci� que durante el tr�mite de revisi�n se acredit� el fallecimiento del accionante. En efecto, la Registradur�a Nacional del Estado Civil inform� que la c�dula de ciudadan�a fue cancelada por muerte y que el registro civil de defunci�n fue inscrito el 16 de marzo de 2026 en la Notar�a Segunda de Pereira. De igual manera, el apoderado judicial del accionante indic� que el deceso ocurri� como consecuencia de las complicaciones derivadas del c�ncer g�strico metast�sico que padec�a. Estas circunstancias permiten concluir que la muerte del actor constituye un hecho cierto y debidamente acreditado dentro del expediente.

 

37. �La Sala encuentra que no se configura la figura del da�o consumado. Lo anterior, porque no existe evidencia que permita concluir que el fallecimiento del demandante hubiera sido consecuencia de la actuaci�n desplegada por Protecci�n o de la negativa en el reconocimiento de la pensi�n de invalidez. Por el contrario, de acuerdo con la informaci�n obrante en el expediente, el deceso ocurri� como resultado de las graves patolog�as que padec�a el actor, particularmente del c�ncer g�strico en estadio avanzado y las complicaciones asociadas a dicha enfermedad. En consecuencia, la muerte no guarda una relaci�n causal directa con la controversia planteada en la acci�n de tutela.

 

38. La pretensi�n principal formulada en la acci�n de tutela estaba encaminada al reconocimiento y pago de una pensi�n de invalidez, como instrumento para garantizar los derechos fundamentales del se�or Ramiro al m�nimo vital y al acceso a los servicios de la seguridad social. Dicha prestaci�n que como ha sido reconocido por la jurisprudencia tiene por finalidad proteger a la persona que, debido a una p�rdida significativa de su capacidad laboral, se encuentra imposibilitada para procurarse el m�nimo vital de sustento mediante el trabajo[64]. En tal sentido, se trata de un derecho de car�cter personal�simo cuyo titular era exclusivamente el se�or Ramiro.

 

39. En consecuencia, la Sala concluye que la muerte del accionante dio lugar a una carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente. Ello es as� porque la orden que eventualmente pudiera impartirse respecto del reconocimiento de la pensi�n de invalidez resultar�a inocua, dado que el titular de dicha prestaci�n falleci� durante el tr�mite de revisi�n. En estas condiciones, cualquier orden encaminada al reconocimiento de la prestaci�n reclamada caer�a en el vac�o.

 

40. En raz�n a lo anterior, la Sala se abstiene de efectuar un pronunciamiento[65] sobre el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensi�n de invalidez solicitada, en atenci�n a la declaratoria de carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente.

 

5.     �rdenes por impartir

41. Por las razones expuestas, la Corte revocar� la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2025 por el Juzgado Civil-Laboral del Circuito, que confirm� la decisi�n de primera instancia, y en su lugar declarar� la carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

 

42. No obstante, se exhortar� a los jueces de instancia para que, en lo sucesivo, al resolver acciones de tutela con caracter�sticas similares a la presente, respecto de personas que padecen enfermedades cong�nitas, cr�nicas o degenerativas, y que adem�s se encuentren en condiciones de especial vulnerabilidad, valoren integralmente dichas circunstancias particulares al momento de estudiar los requisitos de procedencia. Lo anterior en atenci�n a que descartaron la procedencia de la acci�n de tutela bajo el entendido de que el accionante pod�a acudir a la jurisdicci�n ordinaria laboral y que no se acreditaba la existencia de un perjuicio irremediable. Tales conclusiones no valoraron de manera suficiente la especial situaci�n de vulnerabilidad del actor, la gravedad de sus padecimientos ni el car�cter urgente de la protecci�n solicitada por esta raz�n se realizar� un llamado te atenci�n a dichas autoridades. De hecho, antes de que pudiera obtener una definici�n judicial sobre su situaci�n pensional, el actor falleci� como consecuencia de las complicaciones derivadas de su enfermedad.

 

III. DECISI�N

 

43. En m�rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2025 por el Juzgado Civil - Laboral del Circuito y, en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por situaci�n sobreviniente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

 

SEGUNDO. EXHORTAR al Juzgado Promiscuo Municipal y al Juzgado Civil-Laboral del Circuito, para que, en lo sucesivo, al resolver acciones de tutela con caracter�sticas similares a la presente, respecto de personas que padecen enfermedades cong�nitas, cr�nicas o degenerativas, y que adem�s se encuentren en condiciones de especial vulnerabilidad, valoren integralmente dichas circunstancias particulares al momento de estudiar los requisitos de procedencia.

 

TERCERO. DESVINCULAR por falta de legitimaci�n en la causa por pasiva a la empresa Gestionamos A. Y. J. S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva.

 

CUARTO. Por Secretar�a General, l�brese la comunicaci�n de que trata el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all� contemplados.

 

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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