REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Sexta de Revisi�n-

 

SENTENCIA T-234 de 2026

 

Referencia: expediente T-11.923.494

 

Asunto: acci�n de tutela interpuesta por Irene, como agente oficiosa de sus nietas menores de edad Juliette e In�s, en contra de Porvenir S.A.

 

Temas: Derecho fundamental a la seguridad social y prevalencia de los derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes en el acceso efectivo a la pensi�n de sobrevivientes reconocida a su favor, cuando el ejercicio material de la custodia y cuidado corresponde a una persona distinta de quien ostenta la patria potestad y la representaci�n legal

 

Magistrado ponente: Vladimir Fern�ndez Andrade

 

Bogot� D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

Aclaraci�n preliminar: reserva de la identidad de la agente oficiosa y sus agenciadas.

 

En este caso se har� referencia a informaci�n familiar y socioecon�mica de dos ni�as y su agente oficiosa. Por tal raz�n, de conformidad con el art�culo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional y la Circular 10 de 2022, se considera necesario suprimir, de esta providencia y de toda futura publicaci�n, sus nombres, as� como cualquier otro dato o informaci�n que permita individualizarlas. Por ello, se expedir�n dos providencias: una en la que se sustituyan los nombres reales por nombres ficticios y otra que contendr� los nombres reales de las partes.

 

S�ntesis de la sentencia: la Corte Constitucional estudi� una acci�n de tutela promovida por la abuela materna de dos ni�as contra una administradora de fondos de pensiones, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al m�nimo vital, a la vida digna, al debido proceso y al inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes. La controversia surgi� porque la entidad se neg� a permitir que quien ejerc�a provisionalmente la custodia y el cuidado personal de las ni�as administrara y percibiera directamente los recursos correspondientes a la pensi�n de sobrevivientes reconocida a su favor, bajo el argumento de que el padre conservaba la patria potestad y la representaci�n legal. La accionante tambi�n solicit� la suspensi�n transitoria de la patria potestad del progenitor y su designaci�n como guardadora de los bienes de las ni�as.

 

La Corte concluy� que la acci�n de tutela era parcialmente procedente. En particular, estim� satisfechos los requisitos de legitimaci�n, inmediatez y subsidiariedad respecto de la controversia relacionada con el acceso efectivo y la administraci�n de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes, al advertir que las ni�as son sujetos de especial protecci�n constitucional, que el derecho pensional ya hab�a sido reconocido y que los mecanismos ordinarios no resultaban id�neos ni eficaces para garantizar oportunamente que la prestaci�n cumpliera su finalidad constitucional. En contraste, confirm� la improcedencia de la tutela frente a las pretensiones dirigidas a suspender la patria potestad del padre y designar a la agente oficiosa como guardadora, por tratarse de asuntos atribuidos a la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad de familia, respecto de los cuales existen procesos judiciales en curso y mecanismos espec�ficos para su resoluci�n.

 

En el an�lisis de fondo, la Sala reiter� que el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes constituye el criterio rector de toda decisi�n relacionada con prestaciones econ�micas reconocidas en su favor; que la pensi�n de sobrevivientes es una manifestaci�n del derecho fundamental a la seguridad social y un instrumento destinado a garantizar su m�nimo vital y su subsistencia digna; que la patria potestad, la representaci�n legal, la custodia y el cuidado personal son instituciones con finalidades y efectos jur�dicos diferenciados; que las autoridades administrativas, judiciales y las entidades que integran el sistema de seguridad social deben actuar de manera articulada, conforme a los principios de integralidad, unidad y colaboraci�n arm�nica, para asegurar el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescentes a las prestaciones que les han sido reconocidas; y que las decisiones adoptadas en este �mbito deben incorporar un enfoque de g�nero que visibilice y valore las labores de cuidado asumidas materialmente por las mujeres, evitando que interpretaciones exclusivamente formales reproduzcan escenarios de desigualdad estructural.

 

Al aplicar esas reglas al caso concreto, la Corte encontr� acreditado que la pensi�n de sobrevivientes ya hab�a sido reconocida en favor de las ni�as; que la abuela materna ejerc�a, por decisi�n de las autoridades de familia, su custodia provisional y cuidado cotidiano; que asum�a de manera efectiva su manutenci�n y atenci�n integral; y que la negativa de la administradora de fondos de pensiones obedeci� principalmente a una interpretaci�n formal de las reglas sobre patria potestad y representaci�n legal, sin valorar las medidas de protecci�n vigentes, la realidad material del cuidado ni la finalidad constitucional de la prestaci�n. La Sala concluy� que esa actuaci�n desconoci� el inter�s superior de las ni�as, convirti� la aplicaci�n descontextualizada de las reglas propias del derecho de familia en una barrera para el acceso efectivo a una prestaci�n ya reconocida y frustr� la finalidad protectora de la pensi�n de sobrevivientes.

 

Por lo anterior, la Corte confirm� parcialmente las decisiones de instancia, exclusivamente en cuanto declar� improcedente la acci�n de tutela respecto de las pretensiones encaminadas a la suspensi�n de la patria potestad y a la designaci�n de guardadora. Revoc�, en lo dem�s, dichas decisiones y ampar� los derechos fundamentales de Juliette e In�s. En consecuencia, orden� a la administradora de fondos de pensiones efectuar la entrega directa de las mesadas de la pensi�n de sobrevivientes y de las sumas que se causen en el futuro a la abuela materna, en su condici�n de persona que ejerce materialmente su cuidado, sin exigir requisitos adicionales relacionados con la representaci�n legal o la administraci�n de bienes distintos de los previstos en la sentencia. Asimismo, precis� que esta medida de protecci�n no modifica la patria potestad ni sustituye las competencias de la jurisdicci�n de familia y previno a la entidad para que, en adelante, resuelva este tipo de solicitudes conforme a los par�metros constitucionales desarrollados en la providencia, privilegiando el inter�s superior de los ni�os, las ni�as y los adolescentes y la finalidad constitucional de las prestaciones pensionales reconocidas en su favor.

 

Tabla de contenido

 

I.�������� ANTECEDENTES. 4

1.�������������� Hechos. 4

2.�������������� Presentaci�n y admisi�n de la acci�n de tutela. 5

3.�������������� Informes recibidos 6

4.�������������� Sentencia de tutela de primera instancia. 11

5.�������������� Impugnaci�n de la sentencia. 12

6.�������������� Sentencia de tutela de segunda instancia. 12

7.�������������� Actuaciones de esta Corte en sede de selecci�n y revisi�n. 13

7.1.����������� Auto de pruebas. 13

7.2.����������� Auto de vinculaci�n y requerimiento. 22

7.3.����������� Traslado de la informaci�n obtenida. 27

II.������ CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 27

1.�������������� Competencia. 27

2.�������������� Procedencia de la acci�n de tutela. 27

3.�������������� Presentaci�n del caso y formulaci�n del problema jur�dico. 45

4.�������������� Ejes tem�ticos. 47

4.1.����������� El inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes y la prevalencia de sus derechos en el acceso efectivo a prestaciones pensionales reconocidas en su favor 47

4.2.����������� La pensi�n de sobrevivientes como manifestaci�n del derecho fundamental a la seguridad social de los ni�os, ni�as y adolescentes y mecanismo para garantizar su m�nimo vital y subsistencia digna. 50

4.3.����������� La potestad parental, la custodia y el cuidado personal de los ni�os, ni�as y adolescentes y su incidencia en la administraci�n de prestaciones pensionales reconocidas en su favor������������� 53

4.4.����������� El deber de las autoridades judiciales y administrativas y entidades del sistema de seguridad social de actuar de manera articulada, bajo los principios de integralidad, unidad y colaboraci�n arm�nica, para garantizar el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescentes a prestaciones pensionales reconocidas en su favor 56

4.5.����������� El deber de incorporar un enfoque de g�nero en las decisiones relacionadas con el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescentes a prestaciones econ�micas reconocidas en su favor, particularmente en contextos de feminizaci�n de las labores de cuidado. 59

5.�������������� Caso concreto. 61

5.1.����������� Hechos relevantes demostrados. 61

5.2.����������� Soluci�n al problema jur�dico. 68

5.3.����������� Breve s�ntesis de las conclusiones probatorias. 80

6.�������������� Remedios constitucionales. 81

III.���� DECISI�N.. 84

 

 

La Sala Sexta de Revisi�n de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Jorge Enrique Ib��ez Najar y Vladimir Fern�ndez Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente sentencia.

 

I.    ANTECEDENTES

 

1.            Hechos[1]

 

1.                 Irene, actuando en representaci�n de sus nietas menores de edad, Juliette e In�s, relat� que las ni�as quedaron bajo su cuidado tras el fallecimiento de la madre de estas, Lorena, ocurrido el 17 de julio de 2021. Indic� que, desde entonces, ha asumido de manera exclusiva su manutenci�n y cuidado personal. Asimismo, que cuenta �nicamente con ingresos equivalentes a un salario m�nimo mensual.

 

2.                 Se�al� que Juliette naci� el 24 de julio de 2013 e In�s el 21 de octubre de 2019. Explic� que, en diligencia adelantada el 12 de marzo de 2023, la Comisar�a 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe le otorg� provisionalmente la custodia y cuidado personal de Juliette como medida de protecci�n por violencia intrafamiliar. Posteriormente, en diligencia del 31 de agosto de 2023, la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno mantuvo dicha medida y fij� a cargo del padre, Alberto, una cuota alimentaria mensual de $380.000 a favor de la ni�a.

 

3.                 Manifest� que, en diligencia adelantada el 12 de marzo de 2024, la Comisar�a 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe le otorg� provisionalmente la custodia y cuidado personal de In�s como medida de protecci�n por violencia intrafamiliar. A�adi� que, posteriormente, en diligencia de fijaci�n de alimentos 00098 del 30 de octubre de 2024, esa misma autoridad fij� a cargo del progenitor una cuota alimentaria mensual de $355.000 a favor de In�s. Expuso adem�s que, en diligencia del 15 de enero de 2025, la referida comisar�a adopt� medidas urgentes y prevalentes de protecci�n especial en favor de In�s y compuls� copias a la Polic�a Nacional, a la Fiscal�a General de la Naci�n y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar �ICBF�, con ocasi�n de hechos de violencia intrafamiliar atribuidos al padre.

 

4.                 Manifest� que Alberto incumpli� las obligaciones alimentarias impuestas, pues, seg�n afirm�, desde el a�o 2023 no ha realizado pago alguno respecto de la cuota alimentaria fijada para Juliette y �nicamente efectu� un pago correspondiente a la cuota alimentaria establecida en favor de In�s. Aclar� que, aunque el progenitor conserva formalmente la patria potestad y representaci�n legal de las ni�as, no ejerce adecuadamente sus deberes parentales ni ha adelantado actuaciones dirigidas a garantizarles el acceso a la pensi�n de sobrevivientes causada por la muerte de la madre.

 

5.                 Explic� que el 2 de agosto de 2021 y nuevamente el 25 de abril de 2024 solicit� a Porvenir S.A. autorizaci�n para reclamar las cuotas partes de la pensi�n de sobrevivientes correspondiente a sus nietas. Indic� que, mediante comunicaci�n del 11 de octubre de 2023, la administradora neg� la solicitud relacionada con Juliette, al considerar que la representaci�n legal de la ni�a continuaba en cabeza del padre y que �nicamente un juez de familia pod�a disponer la curadur�a o administraci�n de sus bienes. Al respecto, la agente oficiosa a�adi� que dicha exigencia le resulta desproporcionada, pues carece de recursos econ�micos suficientes para promover procesos judiciales encaminados a obtener la suspensi�n de la patria potestad o la designaci�n de guardador judicial.

 

6.                 Finalmente, sostuvo que actualmente sus nietas dependen exclusivamente de ella para su sostenimiento. Expuso que reside junto a las ni�as en una vivienda familiar de estrato tres y que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir adecuadamente los gastos de alimentaci�n, transporte, servicios p�blicos, atenci�n m�dica y educaci�n, poniendo de relieve que una de las ni�as cursa sexto grado y la otra se encuentra en jard�n infantil.

 

2.            Presentaci�n y admisi�n de la acci�n de tutela

 

7.                 El 23 de octubre de 2025 Irene, como agente oficiosa de sus nietas menores de edad Juliette e In�s, promovi� acci�n de tutela contra Porvenir S.A., con el prop�sito de proteger los derechos fundamentales de las ni�as a la vida, a una vida digna, al m�nimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la afiliaci�n y aportes al sistema de seguridad social integral, a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad y los derechos prevalentes de los ni�os. La vulneraci�n de tales derechos deriv� de la respuesta negativa de la administradora a la solicitud de la agente oficiosa de permitir que los recursos correspondientes a la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as Juliette e In�s fueran percibidos o administrados por quien ejerce materialmente su cuidado y custodia.

 

8.                 Como medida de amparo, la agente oficiosa formul� dos pretensiones principales: (i) que se ordenara a Porvenir S.A. permitir el acceso y pago efectivo de las sumas correspondientes a la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as, junto con los intereses moratorios que estim� causados; y (ii) que, como medida transitoria, se suspendiera la patria potestad ejercida por Alberto respecto de sus agenciadas y que, en su lugar, ella fuera designada como guardadora mientras la autoridad competente adoptaba una decisi�n definitiva.

 

9.                 La solicitud de tutela correspondi� en primera instancia al Juzgado 129 Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Bogot�. Ese despacho, mediante Auto del 24 de octubre de 2025^[2], admiti� la solicitud de amparo en contra de Porvenir S.A. y orden� oficiar a Alberto, a la Comisar�a 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, a la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno, a la Defensor�a del Pueblo Regional Bogot�, al Juzgado 002 de Familia de Bogot�, a la Secretar�a de Integraci�n Social del Distrito de Bogot� y a la Secretar�a de Planeaci�n del Distrito de Bogot� para que remitieran informaci�n, as� como los expedientes bajo su conocimiento.

 

3.            Informes recibidos

 

10.            Ante el juzgado de conocimiento se presentaron los siguientes informes:

 

Tabla 1. Informes recibidos en el tr�mite de instancia.

 

4.            Sentencia de tutela de primera instancia

 

11.            Mediante Sentencia del 7 de noviembre de 2025[12], el Juzgado 129 Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Bogot� declar� improcedente la acci�n de tutela, al concluir que no se superaba el requisito de subsidiariedad.

 

12.            En relaci�n con la pretensi�n encaminada al reconocimiento y pago retroactivo de las cuotas partes de la pensi�n de sobrevivientes, el juzgado concluy� que exist�an mecanismos ordinarios id�neos y eficaces, tales como el tr�mite administrativo ante la administradora pensional y la correspondiente acci�n ordinaria laboral, escenarios en los cuales pod�a adelantarse el debate probatorio necesario para definir los beneficiarios legitimados, la causaci�n del retroactivo y la exigibilidad de la prestaci�n. A�adi� que no se acredit� la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la intervenci�n excepcional del juez constitucional, particularmente porque Juliette e In�s ya percib�an la mesada pensional corriente.

 

13.            Respecto de la pretensi�n orientada al pago de intereses moratorios previstos en el art�culo 141 de la Ley 100 de 1993, el despacho se�al� que se trataba de una controversia de naturaleza estrictamente patrimonial, cuya definici�n correspond�a a la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad laboral o a la de lo contencioso administrativo, seg�n el caso. Precis� que la determinaci�n de la mora, su duraci�n y la cuantificaci�n de los intereses exig�a un debate probatorio amplio incompatible con el tr�mite sumario de la acci�n de tutela. Agreg� que la eventual falta de pago de intereses no compromet�a de manera directa el m�nimo vital de las agenciadas, raz�n por la cual tampoco se configuraba un perjuicio irremediable.

 

14.            En cuanto a la solicitud de privaci�n de la patria potestad de Alberto y la consecuente designaci�n de Irene como guardadora de los bienes de las agenciadas, el juzgado sostuvo que son materias reservadas a la competencia exclusiva del juez de familia, las cuales deb�an resolverse mediante los procedimientos ordinarios previstos en el C�digo General del Proceso y en el r�gimen de infancia y adolescencia. Indic� que tales actuaciones exigen un debate probatorio especializado, la garant�a del contradictorio y la intervenci�n del Ministerio P�blico, aspectos incompatibles con la naturaleza residual y expedita de la acci�n de tutela. Adem�s, destac� que ya exist�an medidas de protecci�n vigentes y procesos judiciales en curso ante autoridades de familia, lo que descartaba la necesidad de intervenci�n transitoria del juez constitucional.

 

5.            Impugnaci�n de la sentencia

 

15.            La agente oficiosa impugn� la anterior decisi�n[13]. Sostuvo que la decisi�n desconoci� la existencia de un perjuicio irremediable y omiti� valorar adecuadamente la condici�n de sujetos de especial protecci�n constitucional de las ni�as, as� como la afectaci�n de sus derechos al m�nimo vital, seguridad social y derechos prevalentes de los ni�os.

 

16.            Indic� que tiene 62 a�os, carece de pensi�n, se encuentra afiliada al r�gimen subsidiado de salud y obtiene ingresos �nicamente mediante labores dom�sticas, raz�n por la cual no cuenta con capacidad econ�mica suficiente para asumir por s� sola el sostenimiento integral de sus nietas. A�adi� que Alberto no cumple con las cuotas alimentarias ni destina a favor de las ni�as los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes que percibe tras el fallecimiento de la madre de ellas, Lorena, circunstancia que, seg�n afirm�, afecta directamente el m�nimo vital de sus nietas menores de edad. Asimismo, se�al� que actualmente cursa un proceso relacionado con presuntos maltratos sufridos por las ni�as mientras han estado bajo el cuidado de su padre.

 

17.            Insisti� en que se ordene a Porvenir S.A. reconocer y pagar las cuotas partes de la pensi�n de sobrevivientes e intereses moratorios correspondientes a favor de sus nietas, as� como disponer la privaci�n de la patria potestad de Alberto para, en su lugar, ser designada como guardadora de los bienes de sus nietas menores de edad. Finalmente, solicit� adoptar medidas provisionales orientadas a suspender o redireccionar la mesada pensional para garantizar el sostenimiento de las ni�as, mientras se resuelve de fondo la controversia.

 

6.            Sentencia de tutela de segunda instancia

 

18.            El conocimiento de la impugnaci�n correspondi� al Juzgado 044 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot�, el cual, en Sentencia del 19 de diciembre de 2025[14], confirm� la decisi�n recurrida.

 

19.            El despacho concluy� que no se cumpl�an los requisitos excepcionales fijados por la jurisprudencia constitucional para habilitar la procedencia de la tutela en asuntos relacionados con prestaciones pensionales. Se�al� que no se acredit� una afectaci�n grave y actual del m�nimo vital, ni se demostr� la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervenci�n inmediata del juez constitucional. Asimismo, resalt� que la agente oficiosa no agot� los mecanismos ordinarios de defensa judicial y que no se evidenciaba una actuaci�n arbitraria atribuible a Porvenir S.A. que habilitara la procedencia excepcional del amparo. Destac� que la pensi�n de sobrevivientes ya hab�a sido reconocida a favor de las ni�as agenciadas y que Porvenir S.A. inform� que el pago correspond�a a quien ostentara la representaci�n legal de las ni�as o a quien fuese designado judicialmente como curador o guardador.

 

20.            Precis� que las controversias relacionadas con la patria potestad y designaci�n de guardador deb�an ser resueltas por la jurisdicci�n ordinaria competente, particularmente por el juez de familia, mediante los procedimientos judiciales previstos para tal efecto.

 

21.            Resalt� que ante el Juzgado 002 de Familia de Bogot� cursaba una demanda ejecutiva de alimentos promovida por la agente oficiosa Irene contra Alberto, circunstancia que evidenciaba la existencia de mecanismos judiciales id�neos para debatir las controversias planteadas.

 

22.            En consecuencia, concluy� que la acci�n de tutela no pod�a utilizarse para definir derechos de naturaleza prestacional, patrimonial y familiar, respecto de los cuales exist�an medios judiciales ordinarios eficaces y adecuados, raz�n por la cual confirm� la improcedencia del amparo y dej� a salvo la posibilidad de acudir a las v�as judiciales correspondientes.

 

7.            Actuaciones de esta Corte en sede de selecci�n y revisi�n

 

23.            A trav�s del Auto del 30 de abril de 2026, la Sala de Selecci�n de Tutelas n�mero Cuatro de la Corte Constitucional, seleccion� para revisi�n el expediente T-11.923.494, tras advertir que cumpl�a los siguientes criterios de selecci�n: (i) criterio objetivo por posible violaci�n o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y (ii) criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental. Luego, el 15 de mayo de 2026, el expediente fue repartido a la Sala Sexta de Revisi�n, presidida por el magistrado ponente.

 

7.1.          Auto de pruebas

 

24.            Mediante Auto del 25 de mayo de 2026[15] el magistrado sustanciador decret� pruebas con la intenci�n de complementar los elementos de juicio obrantes. Ello permiti� la obtenci�n de las siguientes respuestas:

 

Tabla 2. Informes en sede de revisi�n � Auto del 25 de mayo de 2026

 

25.            En esta oportunidad, Alberto, Porvenir S.A. y el Juzgado 129 Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Bogot�, guardaron silencio.

 

7.2.          Auto de vinculaci�n y requerimiento

 

Mediante Auto del 12 de junio de 2026[32], el magistrado sustanciador vincul� formalmente a Alberto en calidad de tercero con inter�s, en atenci�n a su condici�n de padre, representante legal y administrador de los recursos pensionales reconocidos a favor de sus hijas, Juliette e In�s. Lo anterior, porque una vez se obtuvo acceso integral al expediente de tutela de primera instancia, se constat� que, si bien el Juzgado 129 Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Bogot� le hab�a requerido para que suministrara informaci�n relacionada con los hechos objeto de la acci�n de tutela, no lo vincul� formalmente al tr�mite en dicha calidad. Tal vinculaci�n resultaba necesaria, dado que cualquier decisi�n que se adoptara respecto de la administraci�n, entrega, percepci�n o destinaci�n de los recursos pensionales reconocidos a sus hijas pod�a incidir directamente en su esfera jur�dica, particularmente en su condici�n de administrador de tales recursos.

 

26.            En esa misma oportunidad, el magistrado sustanciador orden� requerir a Alberto, a Porvenir S.A., al Juzgado 129 Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Bogot�, a la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno y a la Comisar�a 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe para que dieran cumplimiento a las �rdenes probatorias emitidas mediante el Auto del 25 de mayo de 2026, dado que, para entonces, algunas se manten�an sin ser acatadas.

 

27.            Esta �ltima providencia permiti� la obtenci�n de las siguientes respuestas:

 

Tabla 3. Informes en sede de revisi�n � Auto del 12 de junio de 2026

 

7.3.          Traslado de la informaci�n obtenida

 

28.            De los informes rendidos en cumplimiento de las �rdenes dadas mediante los Autos del 25 de mayo y 12 de junio de 2026 se corri� traslado[39] a las partes y vinculado por el t�rmino de dos d�as en cumplimiento de lo ordenado en el art�culo 63 del Reglamento interno de la Corte Constitucional y lo dispuesto en las citadas providencias, oportunidad en la que los sujetos procesales guardaron silencio.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

29.            Con miras a resolver el presente asunto, la Sala seguir� el siguiente esquema: (i) se establecer� la competencia de la Corte para analizar el caso en concreto, (ii) se abordar� el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela y, en caso de que se supere esta etapa, (iv) se proceder� con el planteamiento del problema jur�dico de fondo y (v) se precisar�n los ejes tem�ticos con base en los cuales se resolver�, finalmente, (vi) el caso concreto.

 

1.            Competencia

 

30.            Esta Sala de Revisi�n de la Corte es competente para revisar la decisi�n proferida dentro de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los art�culos 86 y 241.9 de la Constituci�n y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 30 de abril de 2026, la Sala de Selecci�n de Tutelas n�mero Cuatro de la Corte Constitucional.

 

2.            Procedencia de la acci�n de tutela

 

31.            Seg�n la Constituci�n y el Decreto Ley 2591 de 1991, para el ejercicio de la acci�n de tutela se deben acreditar unos requisitos procesales que permitan establecer su procedencia, a fin de que sea v�lido resolver de fondo el problema jur�dico puesto en conocimiento del juez constitucional. Tales requisitos son: (i) la legitimaci�n en la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y, por �ltimo, (iii) la subsidiariedad. Por tanto, la Sala Sexta de Revisi�n de la Corte proceder� a examinar su demostraci�n en el presente asunto.

 

Tabla 5. Verificaci�n de los presupuestos generales de procedencia

 

32.            En conclusi�n, la Sala constata que los requisitos generales de procedibilidad de la acci�n de tutela se encuentran satisfechos de manera parcial, atendida la diferente naturaleza de cada una de las controversias planteadas.

 

33.            En primer lugar, la controversia relacionada con el acceso, administraci�n y disposici�n efectiva de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as Juliette e In�s supera las exigencias de procedencia de la acci�n constitucional, dadas las particulares circunstancias de vulnerabilidad acreditadas en el expediente, la condici�n de sujetos de especial protecci�n constitucional de las agenciadas y la necesidad de garantizar una protecci�n efectiva de sus derechos fundamentales.

 

34.            No obstante, sobre la legitimaci�n por pasiva conviene hacer tres precisiones. La primera, que la legitimaci�n en la causa por pasiva se encuentra acreditada en el caso de Porvenir S.A., entidad a la que se atribuyen las actuaciones presuntamente vulneradoras de los derechos fundamentales invocados. La segunda, que Alberto se encuentra legitimado como tercero con inter�s en el resultado del proceso, dado que actualmente conserva la patria potestad y la representaci�n legal de las ni�as y es quien, por tanto, recibe o administra los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a su favor. Y la tercera, que las dem�s autoridades y entidades requeridas carecen de legitimaci�n por pasiva, en tanto su participaci�n dentro del tr�mite se limit� al suministro de informaci�n requerida por el juez constitucional.

 

35.            En segundo lugar, respecto de las pretensiones orientadas a obtener la suspensi�n o privaci�n transitoria de la patria potestad de Alberto y la designaci�n de la agente oficiosa como guardadora de las ni�as no se cumple el requisito de subsidiariedad. Sobre el particular, la Sala coincide con el criterio de los jueces de instancia, pues se trata de asuntos que corresponden a la �rbita competencial de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad de familia, dentro de la cual actualmente cursan actuaciones encaminadas a definir de manera definitiva aspectos relacionados con la custodia, el cuidado personal y las relaciones paternofiliales. Adem�s, las pruebas obrantes en el expediente no evidencian que las ni�as se encuentren actualmente en una situaci�n de amenaza a su integridad f�sica o psicol�gica que exija la intervenci�n inmediata del juez constitucional, pues cuentan con medidas de protecci�n vigentes, permanecen bajo el cuidado de su abuela materna y las autoridades competentes han verificado condiciones adecuadas para la garant�a de sus derechos. En esas circunstancias, y atendiendo a su inter�s superior, los mecanismos judiciales y administrativos interdisciplinarios en curso resultan id�neos y eficaces para resolver lo relativo a su representaci�n legal, las responsabilidades parentales, la eventual suspensi�n o limitaci�n de la patria potestad y las medidas permanentes de guarda o protecci�n.

 

36.            En consecuencia, la Sala revocar� parcialmente las decisiones de instancia en cuanto declararon improcedente la acci�n de tutela en toda su extensi�n, por no advertir que la controversia relativa a la administraci�n y acceso efectivo a los recursos de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as agenciadas s� satisface los requisitos de procedencia del amparo constitucional, aunque con algunas precisiones en torno a la legitimaci�n por pasiva. En ese sentido, confirmar� la improcedencia respecto de las pretensiones encaminadas a definir la titularidad de la patria potestad, suspender su ejercicio o designar guardador de las ni�as por no superarse el requisito de subsidiariedad.

 

37.            Bajo ese entendido, el examen de fondo que a continuaci�n se emprende se circunscribir� exclusivamente a la controversia relacionada con el acceso, administraci�n y disposici�n efectiva de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as Juliette e In�s; por tanto, la Sala no abordar� los asuntos relativos a la suspensi�n, privaci�n o modificaci�n de la patria potestad, la designaci�n de guardador ni las dem�s controversias propias de la jurisdicci�n de familia.

 

3.            Presentaci�n del caso y formulaci�n del problema jur�dico

 

38.            Superado el an�lisis de procedibilidad de la acci�n de tutela, y una vez precisado que el examen constitucional se circunscribir� a la controversia relacionada con el acceso, administraci�n y disposici�n de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as Juliette e In�s, la Sala procede, dentro de ese marco, a exponer las circunstancias que dieron lugar a la presente controversia y a formular, conforme a ellas, el problema jur�dico que corresponde resolver.

 

39.            En el presente asunto, Irene, actuando como agente oficiosa de sus nietas Juliette e In�s, promovi� acci�n de tutela contra Porvenir S.A., al considerar vulnerados los derechos fundamentales de las ni�as al m�nimo vital, a la seguridad social, a la vida digna, al debido proceso y al inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes. Lo anterior, por cuanto la administradora de fondos de pensiones se ha negado a permitir que los recursos correspondientes a la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as sean entregados o administrados por quien actualmente ejerce de manera efectiva su cuidado y custodia personal, pese a las medidas de protecci�n adoptadas por las autoridades de familia y a las particulares circunstancias de vulnerabilidad acreditadas en el expediente.

 

40.            La agente oficiosa expuso que, desde el fallecimiento de la madre de las ni�as en julio de 2021, ella ha asumido de manera permanente y exclusiva su cuidado cotidiano, manutenci�n y acompa�amiento. Asimismo, se�al� que distintas autoridades de familia han adoptado medidas provisionales de protecci�n mediante las cuales le fue asignada la custodia y el cuidado personal de las agenciadas, mientras se resuelven de manera definitiva los procesos judiciales actualmente en curso. Tambi�n indic� que el padre de las ni�as, Alberto, conserva formalmente la patria potestad y la representaci�n legal de las ni�as, circunstancia que ha impedido que Porvenir S.A. le permita a ella administrar o disponer de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de aquellas.

 

41.            Seg�n la accionante, esta situaci�n afecta directamente los derechos fundamentales de las ni�as, pues los recursos pensionales fueron reconocidos para contribuir a su sostenimiento y garantizar la satisfacci�n de sus necesidades b�sicas. A su juicio, la exigencia de una decisi�n judicial definitiva que modifique la patria potestad o la representaci�n legal desconoce las medidas de protecci�n vigentes y la realidad material acreditada en el expediente, consistente en que las agenciadas actualmente se encuentran bajo su cuidado efectivo y dependen de ella para su manutenci�n diaria.

 

42.            Porvenir S.A., por su parte, precis� que la pensi�n de sobrevivientes fue reconocida oportunamente a favor de las ni�as y que la controversia planteada no se relaciona con la existencia del derecho pensional ni con el reconocimiento de la prestaci�n. Bajo ese entendido, indic� que las decisiones administrativas y judiciales allegadas al expediente �nicamente atribuyen a la accionante la custodia y el cuidado personal de las ni�as, sin modificar la patria potestad ni la representaci�n legal que contin�a ejerciendo el padre. Por ello, consider� que cualquier decisi�n relacionada con la administraci�n de los recursos pensionales debe sujetarse a las determinaciones que adopten las autoridades judiciales competentes en materia de familia.

 

43.            Durante el tr�mite constitucional y en sede de revisi�n se constat�, adem�s, la existencia de diversas actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con la situaci�n de las ni�as. En particular, se acredit� la vigencia de medidas de protecci�n adoptadas por autoridades de familia, as� como la existencia de procesos judiciales encaminados a definir de manera definitiva aspectos relacionados con la custodia, el cuidado personal, el r�gimen de visitas y otras materias propias de la responsabilidad parental. Tambi�n se evidenci� que persiste una controversia concreta respecto de la administraci�n y disposici�n de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as mientras dichas actuaciones se encuentran en curso.

 

44.            Pues bien, la Sala comienza por reiterar que el debate constitucional no versa sobre el reconocimiento del derecho a la pensi�n de sobrevivientes, pues este ya fue reconocido por la administradora de fondos de pensiones. Tampoco corresponde a esta Corporaci�n pronunciarse sobre la titularidad de la patria potestad, la representaci�n legal definitiva de las ni�as o la eventual designaci�n de guardador, asuntos que, se insiste, contin�an siendo objeto de conocimiento por las autoridades competentes y respecto de los cuales, como se indic� al analizar la procedibilidad de la acci�n, el amparo resulta improcedente.

 

45.            En consecuencia, el examen de fondo se limitar� a establecer si las actuaciones desplegadas por Porvenir S.A. en punto de la administraci�n y disposici�n de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as son compatibles con los derechos fundamentales invocados en la acci�n de tutela, particularmente en el contexto de las medidas de protecci�n actualmente vigentes y de las circunstancias espec�ficas de vulnerabilidad acreditadas en el expediente.

 

46.            En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si Porvenir S.A. vulner� los derechos fundamentales al m�nimo vital, a la seguridad social, a la vida digna, al debido proceso y al inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes de Juliette e In�s al negarse a permitir que la persona a quien las autoridades de familia han confiado provisionalmente su custodia y cuidado personal administre o disponga de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a su favor, con fundamento en que dicha persona no ostenta la patria potestad ni la representaci�n legal de las ni�as, pese a las medidas de protecci�n vigentes y a las circunstancias de vulnerabilidad acreditadas en el expediente.

 

4.            Ejes tem�ticos

 

47.            Para abordar el problema jur�dico planteado, la Sala se ocupar� de los siguientes ejes tem�ticos: (i) el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes y la prevalencia de sus derechos en el acceso efectivo a prestaciones pensionales reconocidas en su favor; (ii) la pensi�n de sobrevivientes como parte del derecho fundamental a la seguridad social de los ni�os, ni�as y adolescentes y como mecanismo para garantizar su m�nimo vital y subsistencia digna; (iii) la potestad parental, la custodia y el cuidado personal de los ni�os, ni�as y adolescentes y su incidencia en la administraci�n de prestaciones pensionales reconocidas en su favor; (iv) el deber de las autoridades judiciales y administrativas, y entidades del sistema de seguridad social de actuar de manera articulada, bajo los principios de integralidad, unidad y colaboraci�n arm�nica, para garantizar el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescentes a prestaciones pensionales reconocidas en su favor y; (v) el deber de incorporar un enfoque de g�nero en las decisiones relacionadas con el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescentes a prestaciones econ�micas reconocidas en su favor, particularmente en contextos de feminizaci�n de las labores de cuidado. Con base en ello, se solucionar� el caso concreto.

 

4.1.          El inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes y la prevalencia de sus derechos en el acceso efectivo a prestaciones pensionales reconocidas en su favor

 

48.            Los ni�os, ni�as y adolescentes son sujetos de especial protecci�n constitucional. En atenci�n a su condici�n de vulnerabilidad y al proceso de desarrollo f�sico, emocional y social en el que se encuentran, la Constituci�n Pol�tica les reconoce un cat�logo reforzado de garant�as y dispone que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los dem�s[42]. De esta manera, el ordenamiento jur�dico impone a la familia, a la sociedad y al Estado el deber de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protecci�n integral y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.

 

49.            Esta protecci�n reforzada encuentra sustento no solo en la Constituci�n Pol�tica, sino tambi�n en diversos instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. En efecto, la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o establece que �(�) en todas las medidas concernientes a los ni�os que tomen las instituciones p�blicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los �rganos legislativos, una consideraci�n primordial a que se atender� ser� el inter�s superior del ni�o�[43]. Asimismo, dispone que los Estados parte deben asegurar a los ni�os la protecci�n y el cuidado necesarios para su bienestar y adoptar las medidas legislativas y administrativas adecuadas para garantizar dicha finalidad[44].

 

50.            En el mismo sentido, el art�culo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos[45] reconoce que todo ni�o, ni�a y adolescente tiene derecho a las medidas de protecci�n que su condici�n de menor de edad requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Por su parte, el art�culo 19 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de los ni�os a recibir medidas especiales de protecci�n derivadas de su condici�n particular. A partir de estos mandatos internacionales y de los art�culos 13 y 44 de la Constituci�n Pol�tica, la Corte ha sostenido que los ni�os, ni�as y adolescentes son titulares de una protecci�n constitucional reforzada y que sus derechos gozan de car�cter prevalente frente a los derechos de los dem�s[46].

 

51.            En desarrollo de estos mandatos superiores, el C�digo de la Infancia y la Adolescencia defini� el inter�s superior de los menores de edad como un imperativo dirigido a garantizar la satisfacci�n integral y simult�nea de todos los derechos humanos de los ni�os, ni�as y adolescentes, los cuales son universales, prevalentes e interdependientes[47]. De igual forma, dispuso que, en todo acto, decisi�n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci�n con una persona menor de edad prevalecer�n los derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes, particularmente cuando exista conflicto entre sus derechos fundamentales y los de cualquier otra persona[48].

 

52.            La jurisprudencia constitucional ha precisado que el principio del inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes constituye un criterio jur�dico vinculante y no una directriz meramente program�tica. En consecuencia, las autoridades administrativas y judiciales deben valorar las circunstancias particulares de cada caso para identificar la alternativa que mejor garantice la satisfacci�n integral de los derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes[49]. En esa direcci�n, la Corte ha se�alado que dicho principio exige una evaluaci�n relacional y contextual de los intereses en conflicto, de manera que las decisiones adoptadas respondan efectivamente a las necesidades concretas del ni�o, ni�a o adolescente involucrado y no a consideraciones puramente formales o abstractas[50].

 

53.            Esta exigencia adquiere especial relevancia cuando se encuentran comprometidos recursos destinados a garantizar la subsistencia de menores de edad. En tales eventos, la Corte ha sostenido que las autoridades no pueden limitarse a una aplicaci�n estrictamente formal de las reglas relativas a la representaci�n legal, la administraci�n de bienes o la acreditaci�n de determinadas calidades jur�dicas, sino que deben examinar el impacto real que sus decisiones producen sobre los derechos fundamentales de los ni�os involucrados[51].

 

54.            Particularmente, en el �mbito de la pensi�n de sobrevivientes, esta Corporaci�n ha advertido que las entidades administradoras del sistema pensional se encuentran obligadas a interpretar y aplicar las disposiciones que regulan el reconocimiento, pago y administraci�n de dicha prestaci�n de manera compatible con el principio del inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes. Por ello, aun cuando puedan exigir determinados requisitos encaminados a verificar la representaci�n de los beneficiarios o la adecuada administraci�n de los recursos pensionales, tales exigencias no pueden transformarse en barreras irrazonables o desproporcionadas que terminen impidiendo el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescente a recursos destinados precisamente a garantizar su sostenimiento y desarrollo integral[52].

 

55.            En esa l�nea, la Sentencia T-344 de 2023 reiter� que, aunque las administradoras de fondos de pensiones pueden exigir documentos adicionales a los expresamente previstos en la ley cuando resulte necesario verificar aspectos relacionados con la representaci�n de los beneficiarios o la administraci�n de sus bienes, dichas exigencias deben analizarse a la luz de las circunstancias particulares de cada caso y no pueden constituir �una actuaci�n excesiva e irrazonable por parte de las administradoras de los fondos de pensi�n cuando se evidencie que los menores de edad tienen la necesidad y la urgencia de recibir el pago que por derecho les corresponde�[53]. En t�rminos semejantes, la Corte ha indicado que la protecci�n reforzada que ampara a los menores de edad impide que controversias relacionadas con la representaci�n legal o con la administraci�n de sus bienes se conviertan en obst�culos indefinidos para el acceso a prestaciones pensionales destinadas a asegurar su subsistencia[54].

 

56.            De esta manera, cuando una autoridad administrativa o judicial deba adoptar decisiones relacionadas con prestaciones econ�micas reconocidas a favor de ni�os, ni�as y adolescentes, se encuentra obligada a verificar que las exigencias formales impuestas persigan una finalidad constitucional leg�tima, resulten necesarias para la protecci�n de sus intereses y no terminen produciendo efectos contrarios a aquellos que buscan proteger. En otras palabras, el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes exige que la actuaci�n estatal est� orientada a garantizar que los recursos destinados a su sostenimiento cumplan efectivamente la finalidad constitucional para la cual fueron concebidos[55].

 

57.            En suma, el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes constituye el criterio hermen�utico y decisorio que debe orientar toda actuaci�n relacionada con el reconocimiento, pago y administraci�n de prestaciones pensionales en su favor. En consecuencia, cualquier medida adoptada por las autoridades o por las entidades que integran el sistema de seguridad social deber� examinarse a la luz de su impacto real sobre los derechos fundamentales de los ni�os, ni�as y adolescentes involucrados, privilegiando siempre aquella alternativa que garantice de mejor manera su protecci�n integral, su subsistencia digna y el ejercicio efectivo de sus derechos[56].

 

4.2.          La pensi�n de sobrevivientes como manifestaci�n del derecho fundamental a la seguridad social de los ni�os, ni�as y adolescentes y mecanismo para garantizar su m�nimo vital y subsistencia digna

 

58.            Como se explic� previamente, el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes exige que toda decisi�n relacionada con prestaciones reconocidas en favor de estos se oriente a garantizar de manera efectiva la protecci�n de sus derechos fundamentales. Bajo esa premisa, esta Corporaci�n de manera reiterada ha reconocido que el derecho a la seguridad social adquiere una especial relevancia constitucional cuando sus titulares son ni�os, ni�as y adolescentes. En ese contexto, las prestaciones del sistema general de pensiones, y en particular la pensi�n de sobrevivientes, cumplen un papel esencial en la garant�a de sus derechos fundamentales, en tanto su desconocimiento compromete directamente su derecho a la seguridad social, al m�nimo vital y a la vida digna.

 

59.            En lo concerniente a la finalidad de dicha prestaci�n, en la Sentencia SU-149 de 2021 esta Corte precis� que consiste en evitar que, con ocasi�n del fallecimiento del afiliado o pensionado, sus beneficiarios queden desprovistos de los recursos necesarios para su subsistencia. Bajo este entendido, tiene un car�cter sustitutivo de los ingresos del causante y est� dirigida a preservar las condiciones materiales de existencia del grupo familiar; de este modo, su reconocimiento busca impedir la desprotecci�n econ�mica y garantizar la continuidad de condiciones de vida digna para quienes depend�an del ingreso del afiliado fallecido.

 

60.            En efecto, en la Sentencia T-344 de 2023 esta Corporaci�n destac� que la pensi�n de sobrevivientes es un mecanismo dise�ado para materializar el derecho a la seguridad social, en tanto permite asegurar condiciones de subsistencia digna a los ni�os, ni�as y adolescentes que depend�an econ�micamente del causante. Asimismo, reiter� que esta prestaci�n tiene una finalidad sustitutiva de los ingresos que percib�a el causante y busca evitar la desprotecci�n econ�mica de quienes depend�an de �l para satisfacer sus necesidades b�sicas.

 

61.            En ese sentido, la pensi�n de sobrevivientes no puede ser concebida como una mera prestaci�n econ�mica de origen legal, sino como un instrumento constitucional orientado a garantizar la satisfacci�n de necesidades b�sicas de quienes depend�an econ�micamente del causante, especialmente cuando se trata de personas menores de edad, pues constituye una expresi�n concreta del derecho a la seguridad social, cuyo contenido no se agota en su reconocimiento formal, sino que se proyecta en su acceso real y efectivo.

 

62.            De manera que, cuando los beneficiarios de esta pensi�n son ni�os, ni�as y adolescentes, su finalidad adquiere una dimensi�n reforzada, en atenci�n a que estos dependen, por regla general, del sustento econ�mico de sus progenitores para garantizar su desarrollo integral. En esa l�nea, esta Corporaci�n sostuvo en la Sentencia T-108 de 2022 que la pensi�n de sobrevivientes est� orientada a amparar la situaci�n de vulnerabilidad en la que se encuentran los ni�os, ni�as y adolescentes que depend�an econ�micamente del causante, y que su reconocimiento y pago guarda una relaci�n directa con la garant�a de derechos fundamentales como el m�nimo vital y la vida en condiciones dignas y justas.

 

63.            En ese orden de ideas, la pensi�n de sobrevivientes constituye, en muchos casos, una fuente esencial de ingresos para los ni�os, ni�as y adolescentes beneficiarios, raz�n por la cual su goce efectivo se encuentra estrechamente vinculado con el derecho fundamental al m�nimo vital; en consecuencia, la falta de pago, la dilaci�n injustificada en su reconocimiento o la imposici�n de obst�culos que impidan su acceso efectivo pueden traducirse en una afectaci�n directa de las condiciones materiales de existencia de los ni�os.

 

64.            En desarrollo de lo expuesto, esta Corporaci�n[57] ha se�alado que el car�cter fundamental de la pensi�n de sobrevivientes se activa cuando su desconocimiento o limitaci�n tiene la potencialidad de afectar la subsistencia del beneficiario; as�, ha indicado que el reconocimiento y pago de esta prestaci�n adquiere relevancia constitucional cuando est� comprometida la garant�a del m�nimo vital del grupo familiar, especialmente en aquellos casos en los que no existen otras fuentes de ingresos suficientes.

 

65.            En esa misma l�nea, la Corte ha enfatizado que, trat�ndose de menores de edad, el an�lisis del acceso a la pensi�n de sobrevivientes debe orientarse por el principio del inter�s superior del ni�o, lo cual impone a las autoridades administrativas y judiciales el deber de adoptar decisiones que privilegien la garant�a efectiva de sus derechos fundamentales sobre consideraciones estrictamente formales. En particular, ha se�alado que dicho principio se desconoce cu�ndo las entidades del sistema de seguridad social imponen exigencias adicionales, desproporcionadas o irrazonables que dificultan o impiden el acceso a la prestaci�n, pues ello desnaturaliza su finalidad protectora[58].

 

66.            As� las cosas, el acceso a la pensi�n de sobrevivientes no puede supeditarse a la satisfacci�n de exigencias formales que resulten desproporcionadas o que no est�n previstas en la ley, especialmente cuando tales exigencias tienen como efecto impedir que los recursos lleguen efectivamente a quienes est�n llamados a beneficiarse de ellos. En esos eventos, la imposici�n de tales requisitos puede constituir una vulneraci�n directa de sus derechos fundamentales al m�nimo vital, a la seguridad social y a la vida digna. En efecto, esta Corporaci�n ha advertido que existe afectaci�n cuando las entidades encargadas del reconocimiento o pago de la prestaci�n imponen exigencias adicionales a las legalmente establecidas.

 

67.            En este contexto, existe una distinci�n entre el reconocimiento jur�dico de la pensi�n de sobrevivientes y su acceso material, en la medida en que la garant�a constitucional no se satisface con la sola existencia formal del derecho, sino que exige que los beneficiarios puedan disponer efectivamente de los recursos destinados a su subsistencia. Desde esta perspectiva, las controversias relacionadas con la representaci�n legal de los ni�os, ni�as y adolescentes, la administraci�n de sus bienes o la definici�n de la patria potestad no pueden convertirse en barreras que impidan el goce efectivo de la prestaci�n, cuando ello compromete la garant�a de sus derechos fundamentales.

 

68.            En efecto, en decisiones recientes este Tribunal ha se�alado que la pensi�n de sobrevivientes constituye un derecho en cabeza de los ni�os, ni�as y adolescentes beneficiarios, cuyo acceso efectivo no puede verse afectado por cargas o exigencias que resulten atribuibles a quienes ejercen su representaci�n o cuidado. En ese sentido, ha advertido que negar o dilatar el pago de la prestaci�n con fundamento en falencias asociadas a la representaci�n legal desconoce los derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida digna de los ni�os[59].

 

69.            As� las cosas, cuando est� en riesgo la garant�a del m�nimo vital de los ni�os, ni�as y adolescentes, las entidades del sistema pueden, y en ciertos casos deben, adoptar medidas orientadas a asegurar que los recursos pensionales lleguen efectivamente a quienes se encuentran a cargo de su cuidado, sin que la aplicaci�n descontextualizada de las exigencias formales propias del derecho de familia se convierta en una barrera desproporcionada para la protecci�n de sus derechos fundamentales. Ello no supone alterar la patria potestad ni sustituir las competencias del juez de familia, sino garantizar que la prestaci�n pensional ya reconocida cumpla efectivamente su finalidad protectora mientras las autoridades competentes adoptan las decisiones definitivas.

 

70.            En suma, la jurisprudencia constitucional ha consolidado una regla clara seg�n la cual la pensi�n de sobrevivientes, cuando tiene como beneficiarios a ni�os, ni�as y adolescentes, constituye una expresi�n del derecho fundamental a la seguridad social y un instrumento esencial para garantizar su m�nimo vital y su subsistencia digna; en consecuencia, las autoridades administrativas, judiciales y las entidades del sistema de seguridad social est�n obligadas a asegurar su acceso efectivo, evitando la imposici�n de barreras formales o exigencias desproporcionadas que impidan el goce real de la prestaci�n y frustren la finalidad protectora que le es propia. En esa medida, no basta con el reconocimiento formal de la prestaci�n, sino que resulta necesario que las entidades garanticen que los recursos pensionales sean efectivamente percibidos por los ni�os, ni�as y adolescentes beneficiarios, de modo que cumplan su finalidad de asegurar sus condiciones materiales de subsistencia.

 

4.3.          La potestad parental, la custodia y el cuidado personal de los ni�os, ni�as y adolescentes y su incidencia en la administraci�n de prestaciones pensionales reconocidas en su favor

 

71.            Como se explic� en precedencia, el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes exige que toda decisi�n relacionada con prestaciones reconocidas en favor de ni�os, ni�as y adolescentes se oriente a garantizar de manera efectiva la protecci�n de sus derechos fundamentales. Bajo esa premisa, resulta necesario precisar el alcance de las figuras de la potestad parental, la representaci�n legal, la custodia y el cuidado personal, as� como su incidencia en la administraci�n de los recursos pensionales reconocidos en favor de las personas menores de edad.

 

72.            De conformidad con el art�culo 288 del C�digo Civil, la patria potestad �denominada por la jurisprudencia constitucional como potestad parental� constituye �(�) el conjunto de derechos y deberes que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone�[60]. Por su parte, el art�culo 14 de la Ley 1098 de 2006 establece que la responsabilidad parental comprende las obligaciones inherentes a la orientaci�n, cuidado, acompa�amiento y crianza de los ni�os, ni�as y adolescentes y proscribe cualquier actuaci�n que impida el ejercicio de sus derechos.

 

73.            Al respecto, esta Corporaci�n ha se�alado que la potestad parental tiene una funci�n eminentemente protectora, pues su finalidad consiste en garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres respecto de sus hijos, tanto en relaci�n con su persona como con sus bienes. En particular, ha precisado que �(�) el ejercicio de la potestad parental tiene como finalidad el bienestar emocional y material de los menores no emancipados�[61] y que su incumplimiento puede dar lugar a su suspensi�n o p�rdida.

 

74.            De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha definido la potestad parental como �(�) una instituci�n de orden p�blico, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible e indisponible, porque es deber de los padres ejercerla en inter�s del menor�[62]. De all� se sigue que esta instituci�n jur�dica no fue concebida en beneficio de los progenitores, sino en funci�n de la protecci�n integral de los hijos menores de edad y de la satisfacci�n de sus necesidades materiales y emocionales.

 

75.            Entre las facultades que integran la potestad parental se encuentra la representaci�n legal de los hijos no emancipados y la administraci�n de sus bienes. Por ello, cuando un ni�o, ni�a o adolescente es beneficiario de una pensi�n de sobrevivientes, en principio corresponde al progenitor que ejerce la patria potestad recibir y administrar los recursos derivados de dicha prestaci�n, precisamente porque la ley presume que actuar� en beneficio de los ni�os, ni�as y adolescentes y en cumplimiento de los deberes inherentes a su condici�n de padre o madre[63].

 

76.            No obstante, la custodia y el cuidado personal constituyen instituciones jur�dicas distintas de la potestad parental. El art�culo 23 de la Ley 1098 de 2006 y el art�culo 253 del C�digo Civil disponen que el cuidado personal de los hijos comprende las obligaciones de crianza, educaci�n y acompa�amiento cotidiano. A su vez, la jurisprudencia constitucional ha se�alado que la custodia tiene como finalidad �asegurar el desarrollo arm�nico, integral, normal y sano de los ni�os�[64] desde las dimensiones f�sica, psicol�gica, afectiva, intelectual y �tica.

 

77.            De ello se desprende que la atribuci�n de la custodia y del cuidado personal a una persona distinta de quien ejerce la patria potestad no implica, por s� misma, la p�rdida, suspensi�n o transferencia de esta �ltima. La Corte ha sido enf�tica en se�alar que la custodia y el cuidado personal son instituciones diferenciadas de la potestad parental y que las decisiones relacionadas con la primera no alteran autom�ticamente la titularidad de la segunda[65].

 

78.            Asimismo, esta Corporaci�n ha indicado que la atribuci�n de la custodia a un familiar o a un tercero tampoco exonera a los progenitores del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que mantienen respecto de sus hijos, ni los releva de las obligaciones de protecci�n, cuidado y sostenimiento que se derivan de la responsabilidad parental[66].

 

79.            Ahora bien, la distinci�n entre estas instituciones adquiere especial relevancia cuando se trata de la administraci�n de prestaciones econ�micas reconocidas en favor de los menores de edad. En efecto, aunque la representaci�n legal y la administraci�n de bienes corresponden, en principio, a quien ejerce la potestad parental, la Corte ha advertido que el acceso efectivo a la pensi�n de sobrevivientes no puede frustrarse por la sola existencia de controversias relacionadas con la representaci�n de los ni�os, ni�as y adolescentes o por la ausencia de definiciones judiciales definitivas sobre la patria potestad, especialmente cuando ello compromete la garant�a de los derechos fundamentales de los beneficiarios[67].

 

80.            En esa medida, la existencia de medidas de protecci�n que atribuyen provisionalmente la custodia y el cuidado personal de un ni�o, ni�a o adolescente a una persona distinta de quien ejerce la patria potestad constituye un elemento jur�dicamente relevante que no puede ser ignorado por las entidades encargadas de administrar prestaciones reconocidas en su favor.

 

81.            Esta comprensi�n fue recientemente reiterada en la Sentencia T-177 de 2026, en la que la Corte, al examinar un supuesto en el que una medida de restablecimiento de derechos hab�a atribuido a la abuela el cuidado de un ni�o cuya progenitora conservaba la potestad parental, destac� que las controversias relacionadas con esta �ltima no pueden conducir a imponer barreras desproporcionadas para el acceso efectivo a la pensi�n de sobrevivientes y consider� jur�dicamente relevante la existencia de una medida adoptada por la autoridad competente que acreditaba la situaci�n de cuidado. Esta consideraci�n no supone que la sola manifestaci�n de quien afirma ejercer materialmente el cuidado del ni�o, ni�a o adolescente sea suficiente para desplazar las consecuencias que se derivan de la representaci�n legal o de la administraci�n de sus bienes. Para que dicha circunstancia pueda ser considerada en la administraci�n o el pago de una prestaci�n pensional, deber� encontrarse respaldada por una medida administrativa o judicial adoptada por una autoridad competente que atribuya la custodia o el cuidado personal, incluso de manera provisional. En estos eventos, corresponde a la administradora valorar dicha medida y sus efectos sobre el acceso efectivo a la prestaci�n, sin que ello la habilite para determinar aut�nomamente qui�n ejerce la custodia o el cuidado personal, modificar la titularidad de la patria potestad o resolver controversias propias del derecho de familia.

 

82.            En suma, la potestad parental, la custodia y el cuidado personal son instituciones jur�dicas aut�nomas, con finalidades y efectos diferenciados. Si bien la administraci�n de los bienes de los ni�os, ni�as y adolescentes corresponde, por regla general, a quien ejerce la patria potestad, dicha regla no puede interpretarse de manera aislada o puramente formal cuando se encuentran comprometidos los derechos fundamentales de ni�os, ni�as y adolescentes y el acceso efectivo a prestaciones pensionales reconocidas en su favor. Por el contrario, toda decisi�n relacionada con la administraci�n de tales recursos debe interpretarse a la luz del inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes, de la finalidad protectora de la pensi�n de sobrevivientes y de las medidas de protecci�n existentes en cada caso concreto.

 

4.4.          El deber de las autoridades judiciales y administrativas y entidades del sistema de seguridad social de actuar de manera articulada, bajo los principios de integralidad, unidad y colaboraci�n arm�nica, para garantizar el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescentes a prestaciones pensionales reconocidas en su favor

 

83.            Como se explic� previamente, el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes constituye un criterio vinculante que debe orientar toda decisi�n administrativa y judicial relacionada con la garant�a de los derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes. En consecuencia, la protecci�n reforzada que el ordenamiento jur�dico les reconoce no solo impone deberes sustanciales relacionados con la satisfacci�n efectiva de sus derechos fundamentales, sino tambi�n obligaciones institucionales encaminadas a asegurar que las distintas autoridades competentes act�en de manera coordinada para evitar que la fragmentaci�n administrativa o los conflictos de competencias terminen traslad�ndose a los menores de edad como obst�culos para el ejercicio de sus derechos[68].

 

84.            Esta exigencia encuentra fundamento en los principios de unidad e integralidad que orientan el Sistema de Seguridad Social Integral y en el principio de colaboraci�n arm�nica previsto en el art�culo 113 de la Constituci�n Pol�tica. Al examinar el alcance de los primeros, esta Corporaci�n ha se�alado que el sistema de seguridad social debe operar como un conjunto articulado de instituciones, procedimientos y prestaciones encaminados a garantizar una protecci�n efectiva frente a las contingencias que afectan las condiciones de vida de las personas, evitando respuestas fragmentadas o inconexas que comprometan la realizaci�n material de los derechos protegidos[69].

 

85.            Por su parte, el principio de colaboraci�n arm�nica impone a las distintas autoridades p�blicas el deber de ejercer sus competencias de manera coordinada y complementaria, de modo que el cumplimiento de los fines esenciales del Estado no resulte afectado por actuaciones institucionales desarticuladas o contradictorias[70]. En el caso de los ni�os, ni�as y adolescentes, este deber adquiere una intensidad reforzada, pues la obligaci�n constitucional de garantizar la prevalencia de sus derechos exige que todas las autoridades involucradas orienten sus actuaciones hacia una finalidad com�n: la protecci�n efectiva de sus intereses y la satisfacci�n integral de sus derechos fundamentales[71].

 

86.            Esta Corporaci�n ha se�alado de manera reiterada que el principio del inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes exige que todas las medidas administrativas, judiciales y legislativas que los involucren tengan como consideraci�n primordial la protecci�n de sus derechos y su bienestar[72]. Tales mandatos no solo proyectan efectos sobre el contenido de las decisiones que se adopten, sino tambi�n sobre la forma en que las distintas instituciones estatales deben relacionarse entre s� para garantizar la efectividad de los derechos de los menores de edad[73].

 

87.            En el �mbito espec�fico de la seguridad social, estas exigencias adquieren una relevancia particular cuando se encuentran comprometidas prestaciones econ�micas reconocidas en favor de ni�os, ni�as y adolescentes. En tales eventos, las entidades administradoras, las autoridades judiciales y las autoridades administrativas de protecci�n de familia no pueden abordar aisladamente los asuntos sometidos a su conocimiento, prescindiendo de las actuaciones adelantadas por las dem�s instituciones competentes. Por el contrario, deben desarrollar sus funciones a partir de una comprensi�n integral de la situaci�n del ni�o, ni�a o adolescente involucrado y de la finalidad constitucional de la prestaci�n cuya garant�a se encuentra comprometida.

 

88.            Esta obligaci�n de actuaci�n coordinada resulta especialmente relevante en aquellos casos en los que concurren decisiones adoptadas por distintas autoridades respecto de un mismo ni�o, ni�a o adolescente. As� ocurre, por ejemplo, cuando autoridades administrativas de familia han adoptado medidas de protecci�n relacionadas con la custodia, el cuidado personal o la protecci�n integral de los ni�os, ni�as y adolescentes, mientras que entidades del sistema de seguridad social deben adoptar decisiones relacionadas con el reconocimiento, pago, administraci�n o disposici�n de prestaciones econ�micas reconocidas en su favor.

 

89.            En tales circunstancias, las autoridades p�blicas, en virtud del principio de colaboraci�n arm�nica, y las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social, en aplicaci�n de los principios de unidad e integralidad, deben valorar integralmente la informaci�n disponible y desarrollar sus competencias de manera compatible con las decisiones adoptadas por las dem�s autoridades competentes. Lo contrario supondr�a desconocer la finalidad protectora que inspira la intervenci�n estatal y trasladar a los menores de edad las consecuencias derivadas de la falta de articulaci�n institucional, resultado incompatible con el car�cter prevalente de sus derechos[74].

 

90.            Lo anterior no implica que las entidades que integran el sistema de seguridad social puedan adoptar decisiones que est�n reservadas a las autoridades judiciales o administrativas, o que les corresponda resolver controversias relativas a la patria potestad, la custodia o la representaci�n legal de los ni�os, ni�as y adolescentes. Sin embargo, s� exige que el ejercicio de sus competencias se desarrolle con pleno conocimiento de las medidas de protecci�n existentes y con consideraci�n de las circunstancias particulares que rodean al ni�o, ni�a o adolescente beneficiario de la prestaci�n, de manera que la definici�n de asuntos propios del derecho de familia no termine convirti�ndose en un obst�culo para la garant�a efectiva de los derechos fundamentales cuya protecci�n les corresponde asegurar en el �mbito de sus competencias.

 

91.            Desde esta perspectiva, cuando una prestaci�n pensional ha sido reconocida en favor de un menor de edad, las entidades responsables de su administraci�n deben actuar con un est�ndar reforzado de diligencia institucional, orientado a garantizar que la prestaci�n cumpla efectivamente la finalidad de protecci�n que justifica su existencia. Ello supone adelantar las actuaciones necesarias para comprender adecuadamente el contexto en el que se encuentra el ni�o, ni�a o adolescente beneficiario, coordinar sus actuaciones con las dem�s autoridades competentes y evitar que interpretaciones estrictamente formales de sus competencias terminen comprometiendo la efectividad de los derechos fundamentales cuya protecci�n persigue el sistema de seguridad social[75], as� como abstenerse de trasladar a los ni�os, ni�as y adolescentes o a las personas que act�an en su nombre cargas excesivas o desproporcionadas encaminadas a obtener la satisfacci�n de derechos ya reconocidos, especialmente cuando tales exigencias tienen como efecto diferir indefinidamente el acceso a las prestaciones o remitir a los interesados a la promoci�n de tr�mites adicionales que no resultan estrictamente necesarios para garantizar la protecci�n de los derechos comprometidos.

 

92.            En suma, los principios de unidad, integralidad y colaboraci�n arm�nica, interpretados a la luz del inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes y de la prevalencia de sus derechos, imponen a las autoridades judiciales y administrativas, as� como a las entidades que integran el sistema de seguridad social, el deber de desarrollar actuaciones coordinadas y compatibles con la protecci�n integral de los menores de edad. En consecuencia, cuando se encuentran comprometidas prestaciones pensionales reconocidas en favor de ni�os, ni�as y adolescentes, las decisiones adoptadas por cada una de estas instituciones deben orientarse a garantizar que tales prestaciones puedan cumplir efectivamente la finalidad constitucional de contribuir a su subsistencia, bienestar y desarrollo integral.

 

4.5.          El deber de incorporar un enfoque de g�nero en las decisiones relacionadas con el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescentes a prestaciones econ�micas reconocidas en su favor, particularmente en contextos de feminizaci�n de las labores de cuidado

 

93.            La Corte Constitucional ha se�alado que el Estado colombiano tiene obligaciones ineludibles en materia de eliminaci�n de toda forma de discriminaci�n contra las mujeres y de garant�a de la igualdad material entre hombres y mujeres[76]. En desarrollo de estos mandatos, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales y administrativas tienen el deber de incorporar un enfoque de g�nero en la resoluci�n de las controversias sometidas a su conocimiento, particularmente cuando estas involucran situaciones de desigualdad estructural o la posible reproducci�n de patrones discriminatorios contra las mujeres[77].

 

94.            La Corte tambi�n ha reconocido que la discriminaci�n contra las mujeres se manifiesta en m�ltiples �mbitos de la vida social y familiar y que, en muchos casos, obedece a la persistencia de estereotipos de g�nero que asignan a las mujeres la responsabilidad principal de las labores de cuidado y sostenimiento cotidiano de las personas dependientes. Por ello, esta Corporaci�n ha advertido que los operadores jur�dicos deben analizar los hechos, las pruebas y las normas �con base en interpretaciones sistem�ticas de la realidad�[78], reconociendo que las mujeres constituyen un grupo hist�ricamente discriminado y que, por tal raz�n, en determinadas circunstancias se justifica la adopci�n de un tratamiento diferenciado orientado a garantizar la igualdad material.

 

95.            En particular, la jurisprudencia constitucional ha destacado que uno de los escenarios en los que las mujeres han experimentado una situaci�n hist�rica de discriminaci�n corresponde a la distribuci�n social de las labores de cuidado. Al respecto, la Corte ha se�alado que, por el solo hecho de ser mujeres, la sociedad les ha atribuido tradicionalmente la responsabilidad del cuidado de personas dependientes, circunstancia que las conduce a asumir tareas de acompa�amiento, sostenimiento emocional y atenci�n permanente de las necesidades de terceros, muchas veces en detrimento de sus propios proyectos de vida y sin que dicho trabajo reciba reconocimiento jur�dico, econ�mico o social[79].

 

96.            Esta realidad adquiere una particular relevancia en el �mbito de la protecci�n de los ni�os, ni�as y adolescentes. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que las labores de cuidado de personas dependientes han sido atribuidas hist�ricamente y de manera desproporcionada a las mujeres, quienes frecuentemente deben compatibilizar dichas responsabilidades con otras dimensiones de su vida personal y laboral. En particular, la Corte ha advertido que estas labores comprenden el cuidado de hijos, hijas, nietos y nietas y que su falta de reconocimiento contribuye a perpetuar situaciones de desigualdad y desvalorizaci�n de las mujeres. Asimismo, ha aplicado estas consideraciones en asuntos en los que una mujer perteneciente a la familia extensa ha asumido materialmente el cuidado de ni�os o ni�as ante la ausencia o incumplimiento de sus progenitores[80].

 

97.            En consecuencia, el enfoque de g�nero exige que las autoridades judiciales y administrativas, as� como las entidades encargadas de la prestaci�n del servicio p�blico de seguridad social, se abstengan de adoptar decisiones fundadas en una comprensi�n exclusivamente formal de las relaciones familiares que termine invisibilizando las labores de cuidado efectivamente desempe�adas por las mujeres. Por el contrario, deben valorar las condiciones materiales en las que se desarrolla el cuidado de los ni�os, ni�as y adolescentes y evitar que la aplicaci�n r�gida de determinadas instituciones jur�dicas reproduzca escenarios de desigualdad o desconozca las cargas de cuidado que hist�ricamente han reca�do de manera desproporcionada sobre las mujeres[81].

 

98.            Asimismo, la incorporaci�n de un enfoque de g�nero impone a las autoridades el deber de evitar la reproducci�n de estereotipos y de analizar las relaciones de poder que puedan afectar la autonom�a, la dignidad y las posibilidades reales de acceso a la justicia de las mujeres. Del mismo modo, exige evaluar los recursos efectivamente disponibles para la protecci�n de sus derechos y abstenerse de trasladarles cargas excesivas o desproporcionadas para obtener la satisfacci�n de derechos fundamentales de los ni�os, ni�as y adolescentes cuyo cuidado han asumido materialmente[82].

 

99.            Desde esta perspectiva, las controversias relacionadas con el acceso efectivo de ni�os, ni�as y adolescentes a prestaciones econ�micas reconocidas en su favor deben examinarse teniendo en cuenta que las din�micas de cuidado pueden involucrar situaciones de vulnerabilidad diferenciada para las mujeres que asumen dichas tareas. Como lo reconoci� esta Corporaci�n en la Sentencia T-351 de 2018, esta circunstancia adquiere relevancia constitucional cuando una mujer asume materialmente el cuidado de ni�os, ni�as o adolescentes y las cargas asociadas a esa labor inciden en sus condiciones personales, familiares y econ�micas, lo que exige incorporar el enfoque de g�nero al valorar la situaci�n concreta. En consecuencia, las autoridades competentes deben incorporar un an�lisis contextual que permita identificar las realidades de cuidado existentes y adoptar decisiones compatibles con la igualdad material, el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes y la protecci�n reforzada que el ordenamiento jur�dico reconoce tanto a los ni�os, ni�as y adolescentes como a las mujeres que, en la pr�ctica, han asumido su cuidado y sostenimiento.

 

100.       En suma, la obligaci�n de administrar justicia y de adoptar decisiones administrativas con perspectiva de g�nero exige reconocer que las labores de cuidado han reca�do hist�ricamente de manera desproporcionada sobre las mujeres y que dicha realidad puede incidir en el ejercicio efectivo de los derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes. Por ello, las autoridades judiciales y administrativas, as� como las entidades que participan en la prestaci�n del servicio p�blico de seguridad social, tienen el deber de valorar las condiciones materiales de cuidado, evitar la reproducci�n de estereotipos de g�nero y adoptar decisiones que contribuyan a remover los obst�culos que impiden la protecci�n efectiva de los derechos de las personas menores de edad y de quienes, en la pr�ctica, asumen su cuidado.

 

5.            Caso concreto

 

101.       Previo a la soluci�n del problema jur�dico planteado, la Sala considera necesario precisar, con base en la informaci�n extra�da del expediente, los aspectos que esta Corte va a establecer como probados. Se recuerda que, hasta el momento, se ha hecho una presentaci�n de los hechos del caso apelando a lo descrito por la accionante. Por esta raz�n, seguidamente, se har� un recuento de los hechos jur�dicamente relevantes, reconstruyendo, como ejercicio probatorio, lo acontecido.

 

5.1.          Hechos relevantes demostrados

 

102.       �Irene es madre de Lorena, quien falleci� el 17 de julio de 2021. Esta �ltima era madre de las ni�as Juliette e In�s, quienes tambi�n son hijas de Alberto[83].

 

103.       El 27 de julio de 2021 Irene acudi� al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Suba, con el fin de adelantar tr�mite extraprocesal sobre custodia, alimentos y visitas respecto de las ni�as agenciadas. Este tr�mite culmin� el 8 de septiembre de 2021 con cierre por imposibilidad de conciliaci�n al advertirse que el asunto ya estaba siendo conocido por otras instancias y que, seg�n la revisi�n institucional, no se evidenciaban factores de riesgo que ameritaran intervenci�n administrativa de restablecimiento de derechos[84].

 

104.       El 28 de julio de 2021 Alberto present� ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una manifestaci�n radicada bajo el n�mero 146118532, para denunciar conflictos familiares con otros parientes en torno a su hija Juliette. Frente a esa gesti�n, la autoridad administrativa brind� orientaci�n institucional y canales de atenci�n, sin apertura de proceso de restablecimiento de derechos[85].

 

105.       En ese mismo per�odo de 2021 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelant� valoraciones psicol�gicas y sociofamiliares, concluyendo que no se advert�an derechos vulnerados ni condiciones de riesgo que justificaran la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En esas actuaciones se dej� consignado que las ni�as contaban con factores de protecci�n, red familiar y satisfacci�n de necesidades b�sicas, en un contexto de conflicto principalmente entre adultos tras el fallecimiento de la madre[86]

 

106.       Paralelamente, en el �mbito pensional, mediante escrito del 2 de agosto de 2021 Irene solicit� a Porvenir S.A. el reconocimiento, a favor de sus nietas Juliette e In�s, de la pensi�n de sobrevivientes derivada del fallecimiento de Lorena, indicando que las ni�as se encontraban bajo su cuidado[87].

 

107.       Porvenir S.A., a trav�s de la comunicaci�n 4207412097277800, inform� a Irene que deb�a adelantar previamente un proceso de conformaci�n y validaci�n de la historia laboral de la afiliada fallecida, como paso necesario para definir el eventual derecho pensional. La entidad se�al�, adem�s, que la solicitud presentada no pod�a ser estudiada en ese estado y que la peticionaria deb�a adelantar el tr�mite formal correspondiente para el reconocimiento de la prestaci�n[88].

 

108.       El 22 de julio de 2022 Alberto present� ante Porvenir S.A. solicitud de reconocimiento de pensi�n de sobrevivientes en representaci�n de sus hijas menores de edad, Juliette e In�s. Para sustentar dicha solicitud, en el formulario pensional y en la declaraci�n extra juicio aportada, manifest� haber convivido con la causante desde el 10 de septiembre de 2011 hasta el 17 de julio de 2021 y, adem�s, no conocer otros beneficiarios con igual o mejor derecho[89].

 

109.       El 29 de julio de 2022 Porvenir S.A. remiti� el asunto a investigaci�n administrativa de convivencia, tramitada por la sociedad Cosinte Ltda., con el objeto de verificar la dependencia econ�mica de las ni�as, las condiciones del n�cleo familiar y, particularmente, la alegada convivencia entre Alberto y la causante[90].

 

110.       El resultado de esa investigaci�n se obtuvo el 3 de agosto de 2022. Se concluy� que s� se encontraba acreditada la dependencia econ�mica de las ni�as Juliette e In�s respecto de su madre fallecida, pero no se prob� la convivencia permanente e ininterrumpida entre Alberto y la causante durante el per�odo alegado. La investigaci�n consign�, adem�s, testimonios de familiares y de una vecina de la causante que indicaban una separaci�n previa de alrededor de dos a�os antes del fallecimiento, as� como contradicciones en las versiones suministradas por el solicitante[91].

 

111.       El 17 de agosto de 2022 Porvenir S.A. reconoci� la pensi�n de sobrevivientes a favor de las ni�as Juliette e In�s, asignando a cada una de ellas una cuota equivalente al 25% del beneficio econ�mico y dejando en reserva el 50% restante frente al eventual derecho de Alberto. A partir del mes de septiembre de 2022, las mesadas correspondientes comenzaron a pagarse por conducto de este �ltimo, quien figura como representante de las ni�as dentro del tr�mite pensional. Para la vigencia 2026, la cuota mensual reconocida a cada una es de $437.726, y el valor total pagado respecto de cada ni�a asciende a $19.528.791, sin que se evidencie interrupci�n en el pago de la prestaci�n[92].

 

112.       El 12 de abril de 2023 Alejandra, t�a materna de las ni�as agenciadas, se comunic� desde Francia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y promovi� un reporte de posible amenaza o vulneraci�n de derechos respecto de Juliette e In�s. En el marco de esa actuaci�n, el Centro Zonal Revivir adelant� verificaci�n de los hechos reportados y, el 21 de junio de 2023, dispuso el cierre de la petici�n, al no verificar la amenaza o vulneraci�n reportada.[93]

 

113.       El 3 de agosto de 2023 Alberto radic� ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una solicitud de restablecimiento de derechos de la ni�a Juliette. En desarrollo de esa actuaci�n, el equipo psicosocial de la entidad practic� visita domiciliaria en el lugar donde resid�a la ni�a, la entrevist� y valor� su entorno familiar, encontrando que esta contaba con afiliaci�n a salud, escolarizaci�n, red de apoyo familiar y condiciones habitacionales adecuadas para su cuidado. Igualmente, dej� constancia de que la ni�a resid�a con su abuela materna y otros integrantes de su familia extensa en un entorno que fue valorado como protector. Con fundamento en esos hallazgos, el 23 de octubre de 2023 se dispuso el cierre de la actuaci�n, al estimarse que no se cumpl�an los requisitos para la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En el curso de ese mismo tr�mite, Juliette manifest� no querer vivir con su padre y sentirse segura y tranquila bajo el cuidado de su abuela materna[94].

 

114.       En paralelo con esas actuaciones, el 10 de julio de 2023 Irene acudi� a la Comisar�a de Familia a denunciar presuntos hechos de violencia en el contexto familiar atribuidos a Alberto, en contra suya y de Juliette. El tr�mite fue conocido por la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno bajo la medida de protecci�n. El 2 de agosto de 2023 esa autoridad dict� medida de protecci�n definitiva a favor de Irene y de Juliette, orden� la verificaci�n de derechos de Juliette e In�s y cit� a audiencia de fijaci�n de alimentos, custodia y visitas[95]

 

115.       El 31 de agosto de 2023, dentro del tr�mite M.P. 1013-2023, RUG 1497-2023, la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno fij� provisionalmente la custodia y el cuidado personal de Juliette en cabeza de su abuela materna, Irene; regul� las visitas a favor del padre; fij� a cargo de Alberto una cuota alimentaria mensual de $380.000, pagadera dentro de los cinco primeros d�as de cada mes, as� como dos mudas de ropa al a�o por valor no inferior a $250.000 cada una; y orden� oficiar a Porvenir S.A. para que entregara a Irene el 25% de la mesada pensional correspondiente a la ni�a[96].

 

116.       �Mediante mensaje electr�nico del 15 de septiembre de 2023, la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno remiti� a Porvenir S.A. la documentaci�n relacionada con la medida de protecci�n, con el fin de lograr el cumplimiento de la orden de entrega del porcentaje pensional a la abuela materna[97].

 

117.       Seguidamente, Irene radic� ante Porvenir S.A. una solicitud para que las mesadas reconocidas en cabeza de Juliette fueran pagadas a su favor, apoy�ndose en las decisiones de custodia adoptadas por autoridades de familia[98].

 

118.       Mediante comunicaci�n del 11 de octubre de 2023, bajo �radicado de salida� n�mero 4207412152420100, Porvenir S.A. neg� la anterior solicitud argumentando que los documentos allegados acreditaban �nicamente custodia y cuidado personal, mas no la representaci�n legal ni la facultad para administrar bienes, y precisando que, mientras no existiera decisi�n judicial que limitara la patria potestad o designara curador, el pago deb�a seguir efectu�ndose por conducto de Alberto[99].

 

119.       Posteriormente, el 26 de octubre de 2023, Irene promovi� ante la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno incidente de incumplimiento dentro de la medida de protecci�n. Sostuvo que Alberto no estaba cumpliendo la cuota alimentaria fijada a favor de Juliette. En audiencia del 18 de marzo de 2024 el incidentado manifest� que no hab�a pagado dicha cuota porque hab�a apelado la decisi�n, aunque afirm� haber asumido gastos asociados a la ruta escolar de la ni�a. Mediante fallo del 22 de abril de 2024, la Comisar�a declar� probado el incumplimiento e impuso a Alberto multa equivalente a dos salarios m�nimos legales mensuales vigentes, convertible en arresto[100].

 

120.       En el tr�mite de apelaci�n de la medida de protecci�n, el Juzgado 024 de Familia de Bogot� orden� a la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno practicar entrevista psicol�gica a Juliette. En cumplimiento de esa orden, el 29 de abril de 2024 se realiz� la valoraci�n correspondiente. En el informe se dej� constancia de que la ni�a no refiri� haber sido maltratada directamente por su progenitor, pero manifest� sentirse segura y tranquila con su abuela materna y expres� su deseo de continuar viviendo con ella[101]

 

121.       �Respecto de la ni�a In�s, ante la Comisar�a 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe se adelant� el tr�mite de medida de protecci�n, iniciado mediante auto del 6 de marzo de 2024. Mediante decisi�n del 12 de marzo de 2024, esa autoridad impuso medida de protecci�n definitiva a favor de la ni�a y atribuy� provisionalmente su custodia y cuidado personal a Irene, en calidad de abuela materna. Dentro de ese asunto, adem�s, se dispuso la entrega de la ni�a a su medio familiar el 12 de abril de 2024, se regul� provisionalmente el r�gimen de visitas mediante Acta del 30 de octubre de 2024, y posteriormente el Juzgado 010 de Familia, mediante providencia del 18 de febrero de 2025, confirm� la decisi�n impugnada[102].

 

122.       En relaci�n con In�s, tambi�n se adelanta contra Alberto un tr�mite de registro de deudores alimentarios[103].

 

123.       Irene figura ante el Instituto de Colombia como acudiente y responsable econ�mica de Juliette e In�s y, seg�n los registros distritales de informaci�n social, integra con ellas el mismo hogar, en el cual asume gastos asociados a su alimentaci�n, educaci�n, transporte, salud, vestuario y servicios p�blicos[104]

 

124.       �Las ni�as Juliette e In�s se encuentran activas como estudiantes del Instituto de Colombia durante el a�o lectivo 2026, en los grados sexto y primero, respectivamente. Ante ese establecimiento educativo, Irene figura como acudiente y responsable econ�mica de ambas ni�as. Adem�s, en el contexto escolar se han adelantado actuaciones de seguimiento psicosocial, sin que se hayan identificado riesgos inminentes, particularmente respecto de Juliette[105].

 

125.       El 30 de abril de 2024 el Instituto de Colombia particip� en una reuni�n institucional en la cual dej� constancia del estado emocional previo de la ni�a In�s, de la existencia de medidas de custodia temporal a su favor y de lineamientos relativos al r�gimen de visitas, estableciendo adem�s que Irene actuar�a como acudiente principal ante la instituci�n educativa[106].

 

126.       El 13 de junio de 2025 Alberto present� ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una petici�n que fue tramitada como solicitud de informaci�n y orientaci�n. La entidad le requiri� acreditar su condici�n de progenitor y/o representante legal de las ni�as In�s y Juliette, as� como indicar el inter�s y la finalidad del documento deprecado. La actuaci�n fue cerrada el 27 de junio de 2025[107].

 

127.       El 19 de enero de 2026 Irene present� ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una petici�n tramitada como solicitud de informaci�n y orientaci�n. La entidad emiti� respuesta de fondo el 23 de enero de 2026 y dispuso el cierre de la actuaci�n, tras se�alar que no se inici� proceso de restablecimiento de derechos, por encontrarse garantizados los derechos de las ni�as en el medio familiar[108].

 

128.       En el Juzgado 018 de Familia en Oralidad de Bogot� cursa el proceso verbal sumario de custodia, cuidado personal y regulaci�n de visitas, promovido por Irene contra Alberto, a favor de las ni�as Juliette e In�s[109].

 

129.       En el Juzgado 002 de Familia de Bogot� se adelanta el proceso ejecutivo de alimentos promovido por Irene contra Alberto. Dentro de ese tr�mite, mediante providencia del 14 de mayo de 2026, el despacho dispuso seguir adelante la ejecuci�n[110].

 

130.       �Actualmente, las ni�as Juliette e In�s se encuentran bajo el cuidado de su abuela materna, Irene, con quien residen en el inmueble ubicado en el barrio Ciudad Jard�n Norte. De acuerdo con la visita domiciliaria practicada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la vivienda familiar corresponde a una casa de una planta dividida en dos apartamentos: en uno de ellos residen Irene, su hermana Luc�a y las ni�as Juliette e In�s; y en el otro, su hermana Martha y el hijo de esta, Andr�s Felipe Estupi��n Ram�rez. Adem�s, la agente oficiosa inform� que su n�cleo familiar de apoyo est� integrado por sus hermanas Martha y Luc�a, as� como por su hija Alejandra, quien contribuye al sostenimiento del hogar. Asimismo, el hogar cuenta con el apoyo de Rosa y Edgar Rodr�guez[111].

 

131.       El hogar conformado por Irene y sus nietas Juliette e In�s aparece con registro vigente en la encuesta SISB�N IV y se encuentra clasificado en el Grupo A, subgrupo A5. Asimismo, la Secretar�a Distrital de Integraci�n Social inform� que dicho hogar fue beneficiario de transferencias monetarias del componente de pobreza extrema del programa de ingreso m�nimo garantizado, por valor de $322.000 mensuales en los ciclos de enero a abril de 2026[112].

 

132.       �Alberto administra los recursos correspondientes a la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de Juliette e In�s, en su calidad de padre y representante legal. Sin embargo, del expediente no se desprende que dichos recursos sean entregados a Irene, quien ejerce materialmente el cuidado cotidiano de las ni�as, ni que est�n cubriendo de manera efectiva los gastos ordinarios que ella asume por concepto de alimentaci�n, educaci�n, transporte, salud, vestuario y dem�s necesidades asociadas a su cuidado. Si bien Alberto manifest� en sede de revisi�n que parte de esos recursos se destin� a planes de ahorro universitario a favor de sus hijas, aportes al Fondo Nacional del Ahorro y adecuaciones de la vivienda destinada a recibirlas durante las visitas, no aport� elementos que permitieran acreditar tales destinaciones ni establecer que las mesadas est�n siendo empleadas actualmente para atender las necesidades ordinarias de las ni�as. Adem�s, dentro del primer incidente de incumplimiento tramitado ante la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno se declar� probado que Alberto incumpli� la cuota alimentaria fijada a favor de Juliette[113].

 

5.2.          Soluci�n al problema jur�dico

 

132.       Para resolver el problema jur�dico planteado, la Sala considera necesario recordar el alcance del presente examen constitucional. Tal como se expuso al analizar la procedibilidad de la acci�n y al formular el problema jur�dico, la controversia sometida a revisi�n no versa sobre la titularidad de la patria potestad de Juliette e In�s, ni pretende definir de manera definitiva qui�n debe ejercer su representaci�n legal o administrar sus bienes. Tampoco corresponde a esta Corporaci�n pronunciarse sobre la procedencia de suspender o privar al progenitor del ejercicio de la potestad parental, modificar las medidas de custodia y cuidado personal actualmente vigentes, resolver el proceso verbal de custodia que cursa ante la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad de familia o sustituir las competencias atribuidas por el ordenamiento jur�dico a las autoridades judiciales y administrativas encargadas de tales materias. Estas cuestiones, como se precis� al estudiar la subsidiariedad, escapan al �mbito del presente examen constitucional.

 

133.       El problema constitucional que debe resolver la Sala es establecer si, en las circunstancias particulares acreditadas en el expediente, Porvenir S.A. actu� de manera compatible con los derechos fundamentales invocados al resolver las solicitudes elevadas por la agente oficiosa, o si, por el contrario, hizo prevalecer una comprensi�n exclusivamente formal y descontextualizada de las reglas civiles relativas a la patria potestad y a la representaci�n legal, prescindiendo de las medidas de protecci�n adoptadas por las autoridades de familia, de la realidad material de cuidado demostrada durante el tr�mite y de la finalidad constitucional que cumple la pensi�n de sobrevivientes cuando sus beneficiarios son ni�os, ni�as y adolescentes. En otras palabras, la Sala debe determinar si la administradora ejerci� sus competencias conforme al est�ndar reforzado de protecci�n derivado del inter�s superior de las ni�as o si redujo el an�lisis a la constataci�n de un �nico presupuesto formal, desconociendo el contexto constitucionalmente relevante en el que se desarrollaba la controversia.

 

134.       Para responder ese interrogante, la Sala se vale de los hechos demostrados durante el tr�mite constitucional y en sede de revisi�n. No existe controversia acerca de que Juliette e In�s son beneficiarias de la pensi�n de sobrevivientes causada con ocasi�n del fallecimiento de su madre, Lorena, prestaci�n que fue oportunamente reconocida por Porvenir S.A. y cuyo reconocimiento no constituye objeto de discusi�n dentro del presente proceso. De igual forma, est� acreditado que Alberto conserva formalmente la patria potestad respecto de sus hijas y que, con fundamento en esa circunstancia, la administradora ha efectuado el pago de las mesadas pensionales por conducto suyo, al estimar que �nicamente �l ostenta la habilitaci�n legal necesaria para administrar los recursos reconocidos en favor de las ni�as agenciadas. Tales circunstancias delimitan el contexto jur�dico dentro del cual la entidad adopt� las decisiones cuestionadas, pero, como pasa a explicarse, no son suficientes para superar el examen constitucional que le correspond�a realizar.

 

135.       Sea lo primero destacar que el acervo probatorio demuestra que las autoridades administrativas de protecci�n familiar adoptaron diversas medidas encaminadas a salvaguardar los derechos de Juliette e In�s. Particularmente, se encuentra acreditado que la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno atribuy� provisionalmente la custodia y el cuidado personal de Juliette a su abuela materna, regul� el r�gimen de visitas, fij� cuota alimentaria a cargo del progenitor y dispuso oficiar a Porvenir S.A. para que entregara directamente a Irene el porcentaje de la pensi�n de sobrevivientes correspondiente a la cuota alimentaria de la agenciada. Igualmente, respecto de In�s se adoptaron medidas administrativas de protecci�n que culminaron con su reintegro al medio familiar encabezado por su abuela materna, manteni�ndose posteriormente medidas provisionales relacionadas con su cuidado y r�gimen de visitas. Paralelamente, contin�an en curso procesos judiciales destinados a definir de manera definitiva la custodia, el cuidado personal, el r�gimen de visitas y las obligaciones alimentarias de las ni�as. Todo ello evidencia que la controversia sometida a conocimiento de la administradora pensional se desarrollaba en un escenario institucional excepcional, caracterizado por la coexistencia de diversas actuaciones judiciales y administrativas orientadas a garantizar la protecci�n integral de las beneficiarias. Se trataba, pues, de un contexto que no pod�a ser obviado.

 

136.       Del mismo modo, las pruebas recaudadas durante el tr�mite de tutela y ampliadas en sede de revisi�n permiten concluir que, desde el fallecimiento de la madre de las ni�as, Irene ha ejercido materialmente las labores de cuidado cotidiano de sus nietas. Las actuaciones adelantadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por las Comisar�as de Familia, por el Instituto de Colombia y por la Secretar�a Distrital de Integraci�n Social coinciden en se�alar que las agenciadas residen con su abuela materna y que es ella quien figura como acudiente principal ante la instituci�n educativa, asume su acompa�amiento permanente y atiende, con el apoyo de su red familiar, los gastos relacionados con su alimentaci�n, educaci�n, transporte, salud, vestuario y dem�s necesidades cotidianas. Asimismo, se acredit� que el n�cleo familiar se encuentra clasificado en el Grupo A de la encuesta SISB�N IV y ha sido beneficiario de programas de ingreso m�nimo garantizado. Todas estas circunstancias evidencian una situaci�n objetiva de vulnerabilidad econ�mica que intensifica la necesidad de asegurar que los recursos pensionales destinados a las ni�as cumplan efectivamente la finalidad constitucional para la cual fueron instituidos.

 

137.       Bajo este contexto f�ctico y jur�dico, la Sala advierte que la controversia planteada no pod�a ser resuelta por Porvenir S.A. mediante una aplicaci�n aislada del art�culo 288 del C�digo Civil. Si bien dicha disposici�n atribuye, por regla general, la representaci�n legal de los hijos no emancipados y la administraci�n de sus bienes a quien ejerce la patria potestad, esa previsi�n normativa deb�a interpretarse sistem�ticamente con los mandatos constitucionales desarrollados en los ejes tem�ticos de esta providencia, de tal manera que su aplicaci�n en el caso concreto no se tradujera en una amenaza para los derechos fundamentales de las ni�as. En efecto, cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales de ni�os, ni�as y adolescentes, la actuaci�n de las entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social no puede limitarse a verificar el cumplimiento de requisitos formales propios del derecho privado, sino que debe armonizar esas reglas con el principio del inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes, con la finalidad protectora de la pensi�n de sobrevivientes, con el deber de garantizar el acceso efectivo a la seguridad social y con los principios de integralidad, unidad y colaboraci�n arm�nica que gobiernan la actuaci�n de las autoridades p�blicas y de quienes participan en la prestaci�n de dicho servicio p�blico. Precisamente porque el asunto sometido a consideraci�n de la administradora pensional se desarrollaba en un contexto de protecci�n institucional reforzada y de especial vulnerabilidad de las beneficiarias, la entidad estaba obligada a desplegar un an�lisis considerablemente m�s amplio y contextualizado que el finalmente realizado.

 

138.       Desde esa perspectiva, la Sala observa que la premisa sobre la cual Porvenir S.A. edific� su decisi�n no era, en s� misma, contraria al ordenamiento jur�dico. En efecto, conforme al art�culo 288 del C�digo Civil, la representaci�n legal y la administraci�n de los bienes de los hijos no emancipados corresponde, por regla general, a quien ejerce la patria potestad. Del mismo modo, est� plenamente acreditado que, para el momento en que la administradora pensional resolvi� las solicitudes formuladas por la agente oficiosa, Alberto conservaba formalmente dicha potestad, pues no exist�a decisi�n judicial que la hubiera suspendido, restringido o extinguido. Bajo ese entendido, no se reprocha que la entidad reconociera esa realidad jur�dica como uno de los elementos relevantes para adoptar la decisi�n correspondiente.

 

139.       Sin embargo, esa sola circunstancia no autorizaba a la administradora a considerar agotado el an�lisis constitucional que le correspond�a realizar pues, tal y como se decant� con antelaci�n, la titularidad formal de la patria potestad constitu�a apenas uno de los presupuestos jur�dicos del caso, pero no el �nico ni, mucho menos, el determinante para resolver una controversia relacionada con el acceso efectivo de dos ni�as a una prestaci�n destinada a garantizar la eficacia de sus derechos fundamentales. Como se expuso, cuando confluyen circunstancias excepcionales que evidencian una situaci�n de especial vulnerabilidad y la existencia de medidas estatales de protecci�n, las entidades que administran prestaciones del Sistema General de Seguridad Social est�n obligadas a valorar integralmente el contexto f�ctico y jur�dico sometido a su conocimiento, evitando que la aplicaci�n estrictamente formal o descontextualizada de instituciones propias del derecho civil termine neutralizando la finalidad constitucional de las prestaciones cuya administraci�n tienen a su cargo.

 

140.       Precisamente eso fue lo que ocurri� en el presente asunto. Las solicitudes elevadas por Irene no se limitaron a poner de presente su desacuerdo con el ejercicio de la patria potestad por parte del progenitor ni pretend�an que Porvenir S.A. resolviera el conflicto familiar existente entre los adultos responsables del cuidado de las ni�as. Lo que la agente oficiosa expuso desde un comienzo fue una realidad considerablemente m�s compleja: inform� que, por disposici�n de distintas autoridades de familia, ejerc�a materialmente la custodia y el cuidado personal de sus nietas; explic� que era ella quien atend�a diariamente sus necesidades de alimentaci�n, educaci�n, salud y sostenimiento; alleg� las decisiones administrativas que daban cuenta de esas medidas de protecci�n y solicit� que dicha informaci�n fuera valorada para garantizar que los recursos pensionales reconocidos exclusivamente a favor de las ni�as cumplieran efectivamente la finalidad para la cual hab�an sido instituidos.

 

141.       En este punto la Sala encuentra particularmente relevante que esa informaci�n no proven�a �nicamente de las afirmaciones formuladas por la accionante. Por el contrario, obraban en el expediente administrativo m�ltiples actuaciones adelantadas por autoridades p�blicas que corroboraban la situaci�n descrita. Las Comisar�as de Familia hab�an adoptado medidas provisionales relacionadas con la custodia y el cuidado personal de las ni�as; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hab�a constatado que estas resid�an con su abuela materna en un entorno familiar protector; el Instituto de Colombia la identificaba como acudiente y responsable econ�mica de ambas ni�as; la Secretar�a Distrital de Integraci�n Social igualmente registraba que era ella quien se encontraba a cargo de su cuidado cotidiano; y, adicionalmente, se encontraba en curso un proceso judicial destinado a definir de manera definitiva la custodia y dem�s aspectos derivados de la responsabilidad parental. En consecuencia, la administradora pensional no se encontraba frente a simples manifestaciones unilaterales de la peticionaria, sino ante un conjunto consistente de actuaciones institucionales que evidenciaban una realidad material distinta de aquella que ordinariamente presupone la regla general prevista en el art�culo 288 del C�digo Civil.

 

142.       Particular importancia reviste, en ese contexto, la actuaci�n desplegada por la Comisar�a 011 de Familia de Suba Uno. Como qued� demostrado en el expediente, esa autoridad no solo atribuy� provisionalmente la custodia y el cuidado personal de Juliette a su abuela materna, sino que adem�s imparti� una orden expresa dirigida a Porvenir S.A. para que el porcentaje de la pensi�n de sobrevivientes correspondiente a la cuota alimentaria de la ni�a fuera entregado directamente a Irene. Si bien dicha determinaci�n no modificaba la patria potestad ni alteraba la representaci�n legal que continuaba radicada en cabeza del progenitor, s� constitu�a una decisi�n adoptada por la autoridad competente para la protecci�n inmediata de los derechos de la ni�a y, por esa misma raz�n, representaba un elemento jur�dico de innegable relevancia que la administradora pensional estaba obligada a incorporar dentro del an�lisis de la solicitud sometida a su consideraci�n. Una situaci�n an�loga se present� respecto de In�s, cuya custodia y cuidado personal fueron atribuidos provisionalmente a Irene por la Comisar�a 018 de Familia de Rafael Uribe Uribe mediante decisi�n del 12 de marzo de 2024, posteriormente confirmada por el Juzgado 010 de Familia de Bogot� el 18 de febrero de 2025. De este modo, respecto de ambas ni�as exist�an decisiones adoptadas por autoridades competentes que respaldaban institucionalmente la situaci�n de cuidado alegada por la agente oficiosa, sin que ello comportara una modificaci�n de la patria potestad o de la representaci�n legal que continuaba ejerciendo el progenitor, circunstancia que aproxima el presente asunto al supuesto examinado en la Sentencia T-177 de 2026, en el que la Corte atribuy� especial relevancia a la existencia de una medida de restablecimiento de derechos que hab�a ubicado al ni�o bajo el cuidado de su abuela, pese a que su progenitora conservaba la potestad parental.

 

143.       No obstante, la respuesta ofrecida por Porvenir S.A. prescindi� completamente de ese contexto institucional, limitando su examen al ejercicio meramente formal de verificar la titularidad de la representaci�n legal de las ni�as agenciadas, para concluir, a partir de esa �nica circunstancia, que la agente oficiosa carec�a de cualquier posibilidad jur�dica para lo pretendido en favor de aquellas. Con ello redujo la controversia a un problema exclusivamente relacionado con la representaci�n legal de las ni�as, cuando en realidad se encontraba frente a un asunto constitucionalmente mucho m�s amplio, referido a la garant�a efectiva de una prestaci�n pensional instituida para proteger el m�nimo vital, la seguridad social y el desarrollo integral de dos ni�as sujetas de especial protecci�n constitucional.

 

144.       El proceder de la entidad accionada resulta incompatible con las reglas constitucionales desarrolladas en esta providencia, pues, como qued� expuesto al estudiar el alcance del inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes, las autoridades administrativas y las entidades concernidas en la prestaci�n del servicio p�blico de seguridad social no pueden resolver los asuntos sometidos a su conocimiento mediante interpretaciones excesivamente formales que desconozcan la realidad material acreditada en cada caso. Por el contrario, est�n obligadas a valorar todas las circunstancias relevantes para identificar la alternativa que permita garantizar de mejor manera la satisfacci�n efectiva de los derechos fundamentales comprometidos. Ello adquiere una intensidad reforzada cuando la decisi�n incide sobre recursos destinados precisamente a asegurar la subsistencia y el desarrollo integral de personas menores de edad.

 

145.       En efecto, cuando los beneficiarios de una pensi�n de sobrevivientes son ni�os, ni�as y adolescentes, esta prestaci�n adquiere una dimensi�n constitucional reforzada por cuanto constituye una manifestaci�n concreta del derecho fundamental a la seguridad social y un instrumento destinado a garantizar el m�nimo vital, la vida digna y la continuidad de las condiciones materiales de existencia que el afiliado fallecido proporcionaba a su n�cleo familiar. En consecuencia, toda decisi�n relacionada con su administraci�n debe orientarse, ante todo, a verificar que esos recursos cumplan efectivamente la finalidad protectora que justifica su existencia.

 

146.       Bajo esa comprensi�n, la Sala estima que la actuaci�n desplegada por Porvenir S.A. termin� privilegiando una aplicaci�n descontextualizada del ordenamiento jur�dico al aplicar una regla propia del derecho civil, pero omitiendo su efectiva integraci�n con los mandatos constitucionales que gobiernan la protecci�n reforzada de los ni�os, ni�as y adolescentes y con los principios que orientan el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social. De ese modo, una instituci�n concebida para facilitar el cumplimiento de los deberes derivados de la patria potestad termin� operando, en las circunstancias particulares del presente asunto, como un obst�culo para que la prestaci�n reconocida exclusivamente a favor de las ni�as cumpliera efectivamente la finalidad constitucional para la cual fue reconocida.

 

147.       La insuficiencia del an�lisis efectuado por Porvenir S.A. se hizo a�n m�s evidente durante el tr�mite de revisi�n ante esta Corporaci�n. En la respuesta allegada, la administradora reiter� que la negativa a acceder a las solicitudes formuladas por la agente oficiosa obedec�a exclusivamente a que esta no acredit� la representaci�n legal de las ni�as ni aport� una decisi�n judicial que la autorizara para administrar sus bienes. A�adi� que Alberto continuaba ejerciendo la patria potestad y que, por consiguiente, cualquier decisi�n distinta habr�a supuesto desconocer el art�culo 288 del C�digo Civil y asumir competencias reservadas a la jurisdicci�n de familia. Con ello, la entidad confirm� que su decisi�n estuvo edificada exclusivamente sobre una interpretaci�n formal y aislada de las reglas civiles relativas a la representaci�n legal, sin efectuar valoraci�n alguna acerca de las circunstancias excepcionales que rodeaban la situaci�n de las beneficiarias.

 

148.       Al respecto, la Sala comparte que Porvenir S.A. no estaba llamada a sustituir a las autoridades de familia ni pod�a, por iniciativa propia, suspender la patria potestad, designar un guardador o resolver definitivamente las controversias familiares existentes entre la agente oficiosa y el progenitor. Tampoco desconoce que las administradoras de pensiones deben ejercer sus competencias dentro del marco legal que regula la administraci�n de prestaciones econ�micas del Sistema General de Seguridad Social. Sin embargo, precisamente porque carec�a de competencia para resolver el conflicto familiar, la entidad deb�a desarrollar las atribuciones que s� le correspond�an de manera compatible con las decisiones previamente adoptadas por las autoridades competentes y con la finalidad constitucional de la prestaci�n cuya administraci�n le compete. Una cosa era abstenerse de resolver el conflicto sobre la patria potestad y otra, completamente distinta, desentenderse de la realidad institucional y f�ctica acreditada en el expediente.

 

149.       En este punto resulta necesario recordar que, el principio de colaboraci�n arm�nica previsto en el art�culo 113 de la Constituci�n Pol�tica, as� como los principios de unidad e integralidad que gobiernan el Sistema General de Seguridad Social, imponen a las distintas autoridades p�blicas y a las entidades que participan en la prestaci�n del servicio de seguridad social el deber de ejercer sus competencias de manera articulada. Esa obligaci�n adquiere especial intensidad cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales de ni�os, ni�as y adolescentes, pues la fragmentaci�n institucional no puede convertirse en una fuente adicional de desprotecci�n para quienes precisamente son titulares de una protecci�n constitucional reforzada. En consecuencia, la administradora pensional no pod�a actuar como si las decisiones adoptadas por las Comisar�as de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las dem�s autoridades involucradas carecieran de cualquier incidencia en el ejercicio de sus propias competencias como administradora.

 

150.       Desde esta perspectiva, la actuaci�n desplegada por Porvenir S.A. revela una comprensi�n fragmentada de las obligaciones constitucionales que recaen sobre quienes administran prestaciones econ�micas destinadas a garantizar derechos fundamentales, al asumir que, mientras no existiera una decisi�n definitiva sobre la patria potestad, toda la informaci�n relativa al ejercicio material del cuidado de las ni�as, a las medidas administrativas de protecci�n y a las actuaciones adelantadas por otras autoridades resultaba jur�dicamente irrelevante. Sin embargo, esa conclusi�n desconoce precisamente el est�ndar constitucional desarrollado por esta Corporaci�n, conforme al cual el inter�s superior del ni�o exige que las autoridades administrativas valoren las circunstancias concretas de cada asunto y adopten decisiones orientadas a asegurar la efectividad real de los derechos fundamentales comprometidos. Esa comprensi�n restrictiva de sus deberes constitucionales fue defendida por la administradora pensional, adem�s, con fundamento en una determinada interpretaci�n de la Sentencia T-484 de 2023, raz�n por la cual corresponde a la Sala establecer si dicho pronunciamiento respalda efectivamente la postura asumida por la entidad accionada.

 

151.       Como qued� resumido en los antecedentes de esta providencia, durante el tr�mite de revisi�n Porvenir S.A. sostuvo que la Sentencia T-484 de 2023 delimit� los supuestos excepcionales en los cuales las administradoras de pensiones pueden flexibilizar las reglas ordinarias sobre representaci�n legal para efectos del reconocimiento y pago de la pensi�n de sobrevivientes a favor de ni�os, ni�as y adolescentes. Seg�n explic�, como en esa providencia la Corte condicion� dicha flexibilizaci�n a que quien ejerc�a la potestad parental hubiera fallecido o se encontrara imposibilitado para ejercerla, la titularidad de la patria potestad en cabeza de Alberto exclu�a cualquier posibilidad jur�dica de acceder a la solicitud formulada por la accionante.

 

152.       Al respecto, la Sala considera que el entendimiento propuesto por Porvenir S.A. le atribuye a la citada providencia un alcance que no tiene. En la Sentencia T-484 de 2023 esta Corte conoci� la acci�n de tutela promovida en favor de un ni�o cuyos dos progenitores hab�an fallecido, de modo que no exist�a persona alguna que pudiera ejercer la patria potestad y administrar sus bienes. Aunque una t�a y la abuela paterna ejerc�an su cuidado y contaban con un acta de conciliaci�n que formalizaba esa situaci�n, Porvenir S.A. se neg� a recibir y tramitar la solicitud de reconocimiento de la pensi�n de sobrevivientes mientras no se aportara una sentencia judicial que designara guardadora leg�tima a la solicitante. Durante el tr�mite de revisi�n dicha designaci�n fue obtenida y la prestaci�n reconocida, por lo que la Corte declar� la carencia actual de objeto por situaci�n sobreviniente. Sin embargo, con fines de pedagog�a constitucional, concluy� que exigir una sentencia de guarda para recibir, tramitar y decidir la solicitud constitu�a una barrera desproporcionada para el acceso del ni�o a la pensi�n de sobrevivientes y sostuvo que, en ese escenario, las administradoras deb�an aplicar la excepci�n de inconstitucionalidad para proteger el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes. En ese contexto, identific� como circunstancias concurrentes la muerte o imposibilidad de quien ejerc�a la potestad parental, el cuidado efectivo por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, la acreditaci�n sumaria de esa situaci�n y el riesgo para los derechos fundamentales del ni�o.

 

153.       La anterior reconstrucci�n evidencia que el argumento de defensa planteado por Porvenir S.A. no se desprende de la ratio decidendi de la Sentencia T-484 de 2023, como quiera que las circunstancias identificadas por la Corte en esa oportunidad �entre ellas, la muerte o imposibilidad de quien ejerc�a la potestad parental� no fueron formuladas como un cat�logo taxativo de los eventos en los cuales las administradoras de pensiones pueden flexibilizar la aplicaci�n de las reglas ordinarias sobre representaci�n legal. La regla de decisi�n que surge de esa providencia es distinta y posee un alcance m�s amplio: las administradoras de pensiones no pueden aplicar de forma descontextualizada las exigencias derivadas de la legislaci�n civil pues eventualmente ello puedo traducirse en barreras que impiden el acceso efectivo de los ni�os, ni�as y adolescentes a prestaciones instituidas para garantizar sus derechos fundamentales; antes bien, deben valorar integralmente las circunstancias jur�dicas y f�cticas concurrentes, de manera que la aplicaci�n de esas disposiciones resulte compatible con el principio del inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes. En consecuencia, la titularidad formal de la patria potestad en cabeza de uno de los progenitores no exonera, por s� sola, a la administradora del deber de realizar ese examen constitucional ni autoriza a prescindir de las medidas de protecci�n adoptadas por las autoridades competentes y de las circunstancias particulares que rodean el caso concreto.

 

154.       Ahora bien, la Sala considera necesario precisar por qu� la soluci�n del presente asunto, a diferencia de la adoptada en la Sentencia T-484 de 2023, no impone acudir a la excepci�n de inconstitucionalidad respecto del art�culo 288 del C�digo Civil. En aquella oportunidad, quienes ejerc�an la potestad parental hab�an fallecido, por lo que la exigencia de acreditar judicialmente la calidad de guardador imped�a el acceso del ni�o a la pensi�n de sobrevivientes y conduc�a a un resultado contrario a la Constituci�n que justificaba la inaplicaci�n de las disposiciones que sustentaban esa barrera. Un supuesto semejante fue examinado en la Sentencia T-378 de 2025, en la que tambi�n hab�an fallecido ambos progenitores del adolescente beneficiario. En esa providencia, la Corte reiter� que, ante la ausencia de los padres, las administradoras de pensiones est�n facultadas para aplicar la excepci�n de inconstitucionalidad cuando los requisitos exigidos para acreditar la calidad de guardador resulten claramente incompatibles con mandatos constitucionales como el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes.

 

155.       El supuesto aqu� examinado es diferente. Alberto conserva la patria potestad y la representaci�n legal de sus hijas y, por tanto, la Sala no advierte que el art�culo 288 del C�digo Civil deba ser inaplicado para proteger sus derechos fundamentales. La controversia exige, en cambio, que esa disposici�n sea interpretada sistem�ticamente a la luz del inter�s superior de las ni�as, de la finalidad constitucional de la pensi�n de sobrevivientes, de las medidas de protecci�n vigentes y de los principios de unidad, integralidad y colaboraci�n arm�nica. En consecuencia, la medida de protecci�n que se adoptar� no desconoce ni modifica la patria potestad o la representaci�n legal, sino que tendr� car�cter temporal mientras las autoridades competentes definen las controversias familiares actualmente en curso. De esta manera, el remedio constitucional encuentra fundamento en la competencia del juez de tutela para fijar la interpretaci�n procedente para restablecer los derechos fundamentales vulnerados, sin que resulte necesario exceptuar la aplicaci�n del art�culo 288 del C�digo Civil.

 

156.       Establecido lo anterior, las circunstancias particulares del caso deben ser examinadas tambi�n desde el enfoque de g�nero desarrollado en esta providencia. Como qued� explicado, en nuestra realidad las labores de cuidado contin�an siendo asumidas, de manera desproporcionada, por mujeres que frecuentemente enfrentan condiciones de vulnerabilidad econ�mica y social derivadas precisamente del ejercicio de esas responsabilidades. En el presente asunto, el expediente demuestra que Irene ha asumido de manera permanente el cuidado cotidiano de sus nietas desde el fallecimiento de la madre de estas; que esa circunstancia incidi� en sus condiciones econ�micas y laborales; que su n�cleo familiar pertenece al Grupo A del SISB�N; y que incluso ha debido acudir reiteradamente ante diversas autoridades administrativas y judiciales para procurar la protecci�n de los derechos de las ni�as.

 

157.       Desde luego, la incorporaci�n de una perspectiva de g�nero no conduce a privilegiar autom�ticamente la posici�n jur�dica de la agente oficiosa ni permite sustituir las reglas que gobiernan la patria potestad o la representaci�n legal. Su finalidad consiste, m�s bien, en impedir que interpretaciones aparentemente neutras reproduzcan desigualdades estructurales y terminen desconociendo las cargas efectivamente asumidas por quienes desarrollan materialmente las labores de cuidado. Por ello, las entidades encargadas de adoptar decisiones relacionadas con prestaciones reconocidas en favor de ni�os, ni�as y adolescentes deben valorar las condiciones reales en las que dichas funciones son ejercidas y evitar que exigencias exclusivamente formales perpet�en escenarios de desprotecci�n tanto para quienes reciben el cuidado como para quienes lo proporcionan.

 

158.       En el presente asunto, lejos de incorporar esa perspectiva contextual, Porvenir S.A. resolvi� la controversia como si el cuidado efectivo de las ni�as careciera de toda relevancia constitucional al prescindir valorar que las medidas adoptadas por las autoridades de familia respond�an precisamente al reconocimiento institucional de que la abuela materna era quien satisfac�a cotidianamente las necesidades de las menores de edad y que la finalidad de la pensi�n de sobrevivientes consist�a en contribuir a la atenci�n de esas mismas necesidades. De esta manera, termin� privilegiando una comprensi�n exclusivamente formal de la representaci�n legal, desconociendo tanto la dimensi�n constitucional reforzada de la prestaci�n pensional como las circunstancias concretas acreditadas durante el tr�mite administrativo y judicial.

 

159.       Todo lo expuesto conduce a una conclusi�n inequ�voca. La vulneraci�n de los derechos fundamentales de Juliette e In�s no deriva del hecho de que Porvenir S.A. hubiera reconocido la vigencia de la patria potestad en cabeza del progenitor ni de que hubiera considerado que la situaci�n de las ni�as deb�a analizarse a la luz de las disposiciones civiles que regulan la representaci�n legal de los hijos menores de edad. El desconocimiento constitucional se produjo porque convirti� esas reglas en el �nico par�metro de decisi�n y deliberadamente dej� por fuera del an�lisis todos aquellos elementos que evidenciaban que el asunto sometido a su consideraci�n exig�a una valoraci�n constitucional considerablemente m�s amplia. En esas condiciones, una instituci�n concebida para garantizar la protecci�n de los intereses de las ni�as termin� operando, en las circunstancias particulares del caso, como un obst�culo para que la prestaci�n reconocida exclusivamente a su favor cumpliera efectivamente la finalidad constitucional que justificaba su reconocimiento.

 

160.       En consecuencia, Porvenir S.A. vulner� los derechos fundamentales a la seguridad social, al m�nimo vital, a la vida digna, al debido proceso y al inter�s superior de Juliette e In�s al resolver las solicitudes formuladas por la agente oficiosa mediante una interpretaci�n exclusivamente formal y descontextualizada de las reglas relativas a la patria potestad y a la representaci�n legal, sin valorar integralmente las medidas de protecci�n adoptadas por las autoridades competentes, las circunstancias objetivamente acreditadas respecto del ejercicio material de su cuidado y la finalidad constitucional de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de las ni�as. Esa actuaci�n desconoci� el est�ndar reforzado de diligencia que resulta exigible a las entidades que administran prestaciones destinadas a garantizar derechos fundamentales de sujetos de especial protecci�n constitucional.

 

161.       Esta conclusi�n no significa que la Sala considere jur�dicamente irrelevante la instituci�n de la patria potestad o que desconozca las competencias atribuidas a la jurisdicci�n de familia sobre el particular. Por el contrario, la Corte reitera que la patria potestad constituye una instituci�n de orden p�blico, encaminada a facilitar el cumplimiento de los deberes que los padres tienen respecto de sus hijos y que, por regla general, comprende la representaci�n legal y la administraci�n de sus bienes. Bajo ese entendido, prima facie no corresponde al juez constitucional desplazar las competencias atribuidas a las autoridades judiciales para resolver las controversias relativas a la custodia, el cuidado personal, el r�gimen de visitas, la suspensi�n o p�rdida de la patria potestad o la designaci�n de guardadores. De hecho, en el caso concreto tales materias est�n sometidas al conocimiento de las autoridades competentes y deber�n resolverse dentro de los procesos judiciales actualmente en curso, con plena observancia de las garant�as propias de esos escenarios.

 

162.       Lo que la Sala afirma es algo diferente. Mientras esas controversias son definidas por las autoridades competentes, las entidades que administran prestaciones del Sistema General de Seguridad Social deben ejercer las competencias que les corresponden con plena observancia de la realidad constitucionalmente relevante del caso concreto. Su deber consiste en desarrollar dichas competencias de manera arm�nica con el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes, con la finalidad protectora de las prestaciones econ�micas cuya administraci�n les ha sido confiada y con las decisiones adoptadas por las autoridades llamadas a garantizar inmediatamente la protecci�n de los derechos de los menores de edad.

 

163.       Desde esa perspectiva, la Sala considera que la actuaci�n desplegada por Porvenir S.A. termin� trasladando a Juliette e In�s las consecuencias derivadas del conflicto existente entre los adultos responsables de su cuidado y de la falta de una decisi�n judicial definitiva sobre la representaci�n legal, pues, en efecto, la entidad condicion� la posibilidad de adoptar cualquier medida orientada a garantizar el acceso efectivo de las ni�as a una prestaci�n destinada exclusivamente a su protecci�n a la culminaci�n de procesos judiciales cuya duraci�n es indeterminada. Una exigencia de esa naturaleza resulta incompatible con el car�cter prevalente de sus derechos fundamentales y con la funci�n constitucional que cumple la pensi�n de sobrevivientes como instrumento de protecci�n reforzada de la infancia.

 

164.       Debe recordarse que, el reconocimiento formal de una pensi�n de sobrevivientes no agota, por s� solo, la garant�a del derecho fundamental a la seguridad social. Tal como qued� explicado en el correspondiente eje tem�tico de esta providencia, dicho derecho �nicamente se satisface cuando la prestaci�n cumple materialmente la finalidad para la cual fue instituida, esto es, contribuir a preservar las condiciones de subsistencia y de vida digna de quienes depend�an econ�micamente del afiliado fallecido. Por esa raz�n, cuando la controversia no gira en torno a la existencia del derecho pensional sino a la manera como los recursos reconocidos a favor de ni�os, ni�as y adolescentes llegan efectivamente a satisfacer sus necesidades b�sicas, las entidades administradoras no pueden limitarse a constatar el cumplimiento de requisitos formales, sino que deben verificar si la decisi�n adoptada garantiza la realizaci�n efectiva del derecho fundamental comprometido.

 

165.       En el presente asunto, adem�s, el expediente ofrece elementos objetivos que reforzaban la necesidad de un an�lisis constitucional m�s amplio. Durante el tr�mite de revisi�n qued� acreditado que Irene asume de manera permanente el cuidado cotidiano de sus nietas, sufraga los gastos relacionados con su alimentaci�n, educaci�n, salud, transporte y dem�s necesidades ordinarias, y que tales responsabilidades han incidido incluso en sus condiciones econ�micas y laborales. Del mismo modo, se demostr� que el n�cleo familiar se encontraba clasificado en el Grupo A del SISB�N IV y que hab�a sido beneficiario de programas estatales dirigidos a hogares en situaci�n de pobreza extrema. En contraste, aunque Alberto afirm� destinar los recursos provenientes de la pensi�n al sostenimiento de sus hijas, no aport� elementos objetivos que permitieran verificar la destinaci�n efectiva e integral de esas mesadas ni atendi� cabalmente el requerimiento formulado por esta Corporaci�n respecto del manejo de dichos recursos. La Sala insiste en que esta circunstancia no autoriza a concluir el incumplimiento de los deberes derivados de la patria potestad, pues esa determinaci�n corresponde a las autoridades competentes; sin embargo, s� imped�a a la administradora presumir, sin mayor valoraci�n, que la sola percepci�n formal de las mesadas por parte del progenitor garantizaba la satisfacci�n efectiva de los derechos fundamentales de las ni�as.

 

166.       As� las cosas, la Sala concluye que el est�ndar constitucional aplicable a controversias como la aqu� analizada exige que las administradoras de pensiones desarrollen un examen contextual e integral cuando conocen solicitudes relacionadas con prestaciones econ�micas reconocidas en favor de ni�os, ni�as y adolescentes respecto de quienes existen medidas administrativas o judiciales de protecci�n. Dicho examen comprende, al menos, (i) la valoraci�n conjunta de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes, (ii) las circunstancias materiales en las que se desarrolla el cuidado cotidiano de los ni�os, ni�as y adolescentes, (iii) la finalidad constitucional de la prestaci�n cuya administraci�n se discute y (iv) el impacto que la decisi�n administrativa puede generar sobre la garant�a efectiva de los derechos fundamentales comprometidos. Solo a partir de esa valoraci�n integral resulta posible establecer si la aplicaci�n de las reglas ordinarias del derecho civil resulta compatible, en las circunstancias particulares del caso, con el mandato superior de protecci�n reforzada que la Constituci�n reconoce a la infancia.

 

167.       Bajo ese entendimiento, la Sala precisa que la soluci�n adoptada en esta providencia no implica que las administradoras de pensiones sean competentes para modificar la titularidad de la patria potestad, alterar la representaci�n legal de los hijos menores de edad, resolver controversias propias del derecho de familia o sustituir las decisiones que corresponden a los jueces competentes. Tales materias permanecen reservadas a las autoridades expresamente habilitadas por el ordenamiento jur�dico. Lo que se exige es que, mientras dichas controversias son definidas, las entidades encargadas de administrar prestaciones del Sistema General de Seguridad Social ejerzan las competencias que s� les corresponden de manera compatible con los principios constitucionales que gobiernan su actuaci�n y con el deber de garantizar que las prestaciones reconocidas en favor de ni�os, ni�as y adolescentes contin�en cumpliendo la finalidad protectora que justifica su existencia. En esa medida, la protecci�n que corresponde otorgar en este caso no supone inaplicar el art�culo 288 del C�digo Civil ni alterar la patria potestad o la representaci�n legal que conserva el progenitor. Consiste en adoptar, mientras las autoridades de familia definen esas materias, una medida temporal que armonice la aplicaci�n de dicha disposici�n con las medidas de protecci�n vigentes, la realidad material del cuidado de las ni�as y la finalidad constitucional de la pensi�n de sobrevivientes.

 

5.3.          Breve s�ntesis de las conclusiones probatorias

 

168.       Del an�lisis conjunto del material probatorio recaudado durante el tr�mite de la acci�n de tutela y de las pruebas decretadas en sede de revisi�n, la Sala encuentra acreditado, en primer lugar, que Juliette e In�s son beneficiarias de la pensi�n de sobrevivientes reconocida por Porvenir S.A. con ocasi�n del fallecimiento de su madre, Lorena. En consecuencia, la controversia constitucional no versa sobre la existencia del derecho pensional ni sobre la calidad de beneficiarias de las ni�as, sino exclusivamente sobre la forma en que los recursos derivados de dicha prestaci�n son administrados y puestos efectivamente a su disposici�n.

 

169.       En segundo lugar, qued� demostrado que, con posterioridad al fallecimiento de la madre de las ni�as, distintas autoridades administrativas de familia adoptaron medidas de protecci�n mediante las cuales atribuyeron provisionalmente a Irene la custodia y el cuidado personal de las ni�as, decisiones que obedecieron a la necesidad de garantizar su protecci�n frente a situaciones de violencia intrafamiliar y que contin�an coexistiendo con los procesos judiciales actualmente en curso encaminados a definir de manera definitiva las relaciones paternofiliales, la custodia y dem�s aspectos propios de la jurisdicci�n de familia. Por tanto, la conclusi�n de la Sala acerca del ejercicio de la custodia y el cuidado personal por parte de la agente oficiosa no se sustenta exclusivamente en sus manifestaciones ni en la constataci�n f�ctica de las labores de cuidado que desempe�a, sino tambi�n en decisiones adoptadas por las autoridades competentes que le atribuyeron provisionalmente dicha responsabilidad respecto de ambas ni�as, circunstancia que satisface el presupuesto de acreditaci�n institucional que, en consonancia con la Sentencia T-177 de 2026, sustenta la valoraci�n constitucional de una situaci�n de cuidado ejercida por una persona distinta de quien conserva la potestad parental.

 

170.       Asimismo, el acervo probatorio permite concluir que la agente oficiosa ha asumido materialmente, de manera permanente y continua, el cuidado cotidiano de Juliette e In�s. En efecto, las pruebas allegadas evidencian que es ella quien atiende sus necesidades de alimentaci�n, vivienda, educaci�n, transporte, salud y acompa�amiento diario, as� como quien ha promovido las distintas actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a garantizar la protecci�n integral de las ni�as. Del mismo modo, se acredit� que el n�cleo familiar enfrenta condiciones de vulnerabilidad socioecon�mica que refuerzan la importancia de que los recursos provenientes de la pensi�n de sobrevivientes cumplan efectivamente la finalidad constitucional para la cual fueron reconocidos.

 

171.       Igualmente, qued� acreditado que Alberto conserva la patria potestad y la representaci�n legal de sus hijas, circunstancia que ha servido de fundamento para que Porvenir S.A. mantenga en su cabeza la administraci�n de los recursos derivados de la pensi�n de sobrevivientes. Sin embargo, tambi�n se demostr� que dicha circunstancia coexiste con medidas administrativas de protecci�n que atribuyen provisionalmente el cuidado personal de las ni�as a su abuela materna y con diversos procesos judiciales actualmente en tr�mite, de modo que la situaci�n familiar contin�a sometida al conocimiento de las autoridades competentes.

 

172.       Finalmente, la Sala encontr� probado que Porvenir S.A. rechaz� la posibilidad de permitir que la agente oficiosa administrara o percibiera directamente los recursos pensionales amparada en una interpretaci�n estrictamente formal y aislada de las reglas relativas a la patria potestad y a la representaci�n legal de Juliette e In�s, prescindiendo valorar de manera integral las medidas administrativas y judiciales de protecci�n adoptadas por las autoridades de familia, las circunstancias materiales en las que actualmente se desarrolla su cuidado, la finalidad constitucional de la pensi�n de sobrevivientes y el deber reforzado de protecci�n que el ordenamiento jur�dico reconoce a los ni�os, las ni�as y los adolescentes. Esa actuaci�n condujo a que la prestaci�n reconocida en favor de las accionantes no pudiera cumplir plenamente la funci�n constitucional para la cual fue instituida, circunstancia que constituye el fundamento de la vulneraci�n de los derechos fundamentales declarada en esta providencia, sin que ello implique la inaplicaci�n del art�culo 288 del C�digo Civil, cuya interpretaci�n debe armonizarse, en las circunstancias particulares del caso, con el inter�s superior de las ni�as, las medidas de protecci�n vigentes y la finalidad constitucional de la pensi�n de sobrevivientes.

 

6.            Remedios constitucionales

 

173.       Por todo lo expuesto, la Sala confirmar� parcialmente la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado 044 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot�, exclusivamente en cuanto declar� improcedente la acci�n de tutela respecto de la pretensi�n encaminada a obtener la suspensi�n de la patria potestad ejercida por Alberto y la designaci�n de Irene como guardadora de Juliette e In�s, por no satisfacerse el requisito de subsidiariedad. En lo dem�s, se revocar�n las decisiones de instancia y, en su lugar, se amparar�n los derechos fundamentales a la seguridad social, al m�nimo vital, a la vida digna, al debido proceso y al inter�s superior de Juliette e In�s, al establecerse que Porvenir S.A. resolvi� la solicitud formulada por la agente oficiosa a partir de una interpretaci�n exclusivamente formal y descontextualizada de las reglas relativas a la patria potestad y a la representaci�n legal, prescindiendo de valorar integralmente las medidas administrativas y judiciales de protecci�n adoptadas en favor de las ni�as, las circunstancias materiales en las que actualmente se desarrolla su cuidado, la finalidad constitucional de la pensi�n de sobrevivientes y el deber reforzado de protecci�n que el ordenamiento jur�dico reconoce a los ni�os, las ni�as y los adolescentes. La Sala concluye que la actuaci�n de la administradora impidi� que la prestaci�n pensional cumpliera efectivamente la finalidad para la cual fue instituida, al desconocer el inter�s superior de las ni�as y trasladar a estas las consecuencias derivadas del conflicto familiar existente entre las personas responsables de su cuidado.

 

174.       En consecuencia, teniendo en cuenta las razones desarrolladas en esta providencia, las �rdenes que se impartir�n deber�n ejecutarse conforme a los siguientes criterios constitucionales:

 

Primero, la pensi�n de sobrevivientes reconocida a favor de ni�os, ni�as y adolescentes constituye una manifestaci�n del derecho fundamental a la seguridad social y, por tanto, su administraci�n y pago deben orientarse prioritariamente a garantizar la satisfacci�n efectiva de su m�nimo vital, su vida digna y su desarrollo integral.

 

Segundo, el estudio de las solicitudes asociadas al disfrute efectivo de la pensi�n de sobrevivientes reconocida a ni�os, ni�as o adolescentes no puede limitarse a la verificaci�n aislada de la titularidad formal de la patria potestad o de la representaci�n legal, sino que deben valorar integralmente las circunstancias jur�dicas y f�cticas que incidan en la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales de los beneficiarios. Cuando se invoque que el cuidado del ni�o, ni�a o adolescente es ejercido por una persona distinta de quien ostenta su representaci�n legal, la flexibilizaci�n de las exigencias asociadas a esta �ltima no podr� fundarse en la sola manifestaci�n de quien afirma ejercer dicho cuidado, sino que deber� existir un soporte institucional objetivo, derivado de una medida administrativa o judicial adoptada por una autoridad competente, que permita establecer la atribuci�n de la custodia o del cuidado personal, incluso de manera provisional.

 

Tercero, las medidas administrativas y judiciales de protecci�n adoptadas por las autoridades competentes en favor de ni�os, ni�as y adolescentes constituyen elementos jur�dicamente relevantes para la adopci�n de decisiones relacionadas con la administraci�n y el pago de prestaciones pensionales y, por consiguiente, no pueden ser desconocidas ni privadas de eficacia mediante una aplicaci�n exclusivamente formal y aislada de las reglas civiles sobre representaci�n legal.

 

Cuarto, en las decisiones relacionadas con el acceso efectivo, administraci�n y pago de prestaciones econ�micas reconocidas en favor de ni�os, ni�as y adolescentes, las autoridades judiciales, administrativas y las entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social deber�n incorporar un enfoque de g�nero. En consecuencia, deber�n reconocer y valorar las labores de cuidado efectivamente asumidas por las mujeres, evitando que interpretaciones exclusivamente formales sobre la patria potestad, la representaci�n legal o la administraci�n de bienes perpet�en escenarios de desigualdad estructural o desconozcan el trabajo de cuidado del que depende la satisfacci�n efectiva de los derechos fundamentales de los beneficiarios.

 

Quinto, la entrega de las mesadas pensionales deber� efectuarse directamente a la se�ora Irene, quien, conforme al acervo probatorio obrante en el expediente y a las medidas administrativas y judiciales de protecci�n acreditadas durante esta actuaci�n constitucional, ejerce materialmente el cuidado cotidiano de Juliette e In�s. De esta manera, se restablece el goce efectivo de sus derechos fundamentales y se asegura que la prestaci�n cumpla la finalidad constitucional para la cual fue reconocida.

 

Sexto, el cumplimiento de la presente sentencia no podr� supeditarse a la acreditaci�n de requisitos adicionales relacionados con la representaci�n legal, la designaci�n de guardador, la administraci�n de bienes de las ni�as o cualquier otra exigencia distinta de las expresamente previstas en esta providencia, sin perjuicio del cumplimiento de las decisiones que en el futuro adopte la jurisdicci�n de familia en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

 

S�ptimo, la orden impartida por esta Sala constituye una medida de protecci�n constitucional destinada exclusivamente a restablecer los derechos fundamentales vulnerados y, en consecuencia, no modifica la titularidad de la patria potestad, no altera el r�gimen de representaci�n legal de Juliette e In�s ni sustituye las competencias atribuidas a la jurisdicci�n de familia para resolver de manera definitiva las controversias existentes entre los integrantes del n�cleo familiar.

 

Octavo, Porvenir S.A. deber� incorporar en sus actuaciones futuras los par�metros constitucionales desarrollados en esta providencia, absteni�ndose de convertir la aplicaci�n excesivamente formal y descontextualizada de las reglas civiles sobre representaci�n legal en una barrera que impida el acceso efectivo de los ni�os, las ni�as y los adolescentes a prestaciones destinadas a garantizar sus derechos fundamentales y valorando, en cada caso concreto, el inter�s superior de los beneficiarios y la finalidad constitucional de las prestaciones cuya administraci�n tenga a su cargo.

 

III.           DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado 044 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot�, que confirm� la sentencia dictada el 7 de noviembre de 2025 por el Juzgado 129 Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Bogot�, exclusivamente en cuanto DECLAR� IMPROCEDENTE la acci�n de tutela respecto de la pretensi�n encaminada a obtener la suspensi�n de la patria potestad ejercida por Alberto y la designaci�n de Irene como guardadora de Juliette e In�s, por no satisfacerse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

SEGUNDO. REVOCAR, en lo dem�s, la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado 044 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot�, que confirm� la sentencia dictada el 7 de noviembre de 2025 por el Juzgado 129 Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Bogot�, que declar� improcedente la acci�n de tutela, para, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social, al m�nimo vital, a la vida digna, al debido proceso y al inter�s superior de Juliette e In�s, vulnerados por Porvenir S.A., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

TERCERO. ORDENAR a Porvenir S.A. que, dentro de los cinco (5) d�as h�biles siguientes a la notificaci�n de esta providencia, efect�e la entrega directa de las mesadas correspondientes a la pensi�n de sobrevivientes reconocida en favor de Juliette e In�s, as� como de las sumas asociadas a esa prestaci�n que se causen con posterioridad, a la se�ora Irene, en cumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia y con el prop�sito de restablecer el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados. Para el cumplimiento de esta orden, Porvenir S.A. no podr� supeditar la entrega de dichos recursos a la acreditaci�n de requisitos adicionales relacionados con la representaci�n legal, la designaci�n de guardador, la administraci�n de bienes de las ni�as o cualquier otra exigencia distinta de las expresamente previstas en esta providencia, sin perjuicio del cumplimiento de las decisiones que, con posterioridad, adopte la autoridad judicial competente en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

 

CUARTO. PRECISAR que la orden impartida en esta providencia constituye una medida de protecci�n constitucional dirigida exclusivamente a restablecer los derechos fundamentales vulnerados y a garantizar que la pensi�n de sobrevivientes cumpla la finalidad constitucional para la cual fue instituida. En consecuencia, no modifica la titularidad de la patria potestad, no altera el r�gimen de representaci�n legal de Juliette e In�s ni sustituye las competencias atribuidas a la jurisdicci�n de familia para resolver de manera definitiva las controversias relacionadas con la patria potestad, la custodia, el cuidado personal, la representaci�n legal o la administraci�n de los bienes de las ni�as. La medida se mantendr� vigente mientras subsistan las decisiones administrativas o judiciales que atribuyen provisionalmente la custodia y cuidado personal a Irene, o hasta que la autoridad competente adopte una decisi�n distinta sobre la custodia, el cuidado personal, la representaci�n legal o la administraci�n de los recursos de las ni�as.

 

QUINTO. PREVENIR a Porvenir S.A. para que, en lo sucesivo, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento, administraci�n o pago de prestaciones econ�micas a favor de ni�os, ni�as y adolescentes sean resueltas conforme a los par�metros constitucionales desarrollados en esta providencia. En particular, cuando existan medidas administrativas o judiciales de protecci�n, custodia o cuidado personal, la entidad deber� valorar integralmente las circunstancias jur�dicas y f�cticas concurrentes, el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes, la finalidad constitucional de la prestaci�n y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. En consecuencia, deber� abstenerse de aplicar de manera autom�tica o exclusivamente formal las reglas civiles sobre representaci�n legal, cuando ello pueda convertirse en una barrera desproporcionada para el acceso efectivo a prestaciones destinadas a garantizar derechos fundamentales. En ese mismo sentido, deber� incorporar un enfoque de g�nero que reconozca y valore las labores de cuidado efectivamente asumidas por las mujeres, evitando que interpretaciones aparentemente neutras o exclusivamente formales reproduzcan escenarios de desigualdad estructural en el acceso y disfrute de las prestaciones pensionales.

 

SEXTO. REMITIR, por conducto de la Secretar�a General de la Corte Constitucional, copia de la presente providencia al Juzgado 018 de Familia de Bogot� y al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Bogot�, para lo de su competencia, en atenci�n a los procesos judiciales actualmente en curso que involucran a Juliette e In�s y a las materias objeto de la presente decisi�n.

 

S�PTIMO. Por Secretar�a General, L�BRENSE las comunicaciones de que trata el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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