REP�BLICA DE COLOMBIA

 

 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisi�n

 

 

SENTENCIA T-232 DE 2026

 

 

Referencia: expediente T-11.861.554

 

Asunto: acci�n de tutela instaurada por Mar�a en representaci�n de su hijo Daniel contra la Nueva EPS S.A.

 

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

 

Bogot� D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Segunda de Revisi�n de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados H�ctor Alfonso Carvajal Londo�o, Juan Carlos Cort�s Gonz�lez y Carlos Camargo Assis, quien la preside, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Aclaraci�n previa

 

En el presente asunto se har� referencia a informaci�n relativa a la salud de un ni�o y a cuestiones relacionadas con la intimidad de su n�cleo familiar. Por esta raz�n, la Sala Segunda de Revisi�n emitir� dos copias de este documento: uno con los nombres reales, que la Secretar�a General remitir� a las partes; y otro en el que los nombres se reemplazar�n por unos ficticios, para reservar su identidad^[1].

 

S�ntesis de la decisi�n

 

La Sala Segunda de Revisi�n conoci� la acci�n de tutela promovida por Mar�a en representaci�n de su hijo menor de edad, Daniel, de diez a�os de edad, quien registra en su historia cl�nica un diagn�stico de raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X, enfermedad hu�rfana de origen gen�tico que afecta su desarrollo �seo y muscular. La solicitante aleg� la vulneraci�n de los derechos fundamentales del ni�o a la salud, la vida digna, la seguridad social y la integridad f�sica con ocasi�n de: (i) la falta de suministro oportuno del medicamento Burosumab prescrito por los m�dicos tratantes; (ii) las demoras en la pr�ctica de ex�menes requeridos para el seguimiento de su condici�n de salud; y (iii) la ausencia de una atenci�n integral acorde con sus necesidades m�dicas.

 

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar concedi� el amparo de los derechos a la salud, la vida digna y la seguridad social, y orden� a la Nueva EPS el suministro del medicamento Burosumab y la pr�ctica del examen de gases arteriales. No obstante, neg� la pretensi�n de tratamiento integral.

 

En sede revisi�n, la solicitante inform� que las �rdenes impartidas en la sentencia de primera instancia no hab�an sido cumplidas y que el examen inicialmente ordenado hab�a sido sustituido por una medici�n de gases en sangre venosa.

 

En ese contexto, la Sala de Revisi�n se plante� los siguientes problemas jur�dicos:

 

(i)                 �La Nueva EPS vulner� los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad f�sica y a la seguridad social de Daniel al no garantizar oportunamente el suministro del medicamento Burosumab prescrito por sus m�dicos tratantes ni la pr�ctica de los ex�menes requeridos para el manejo y seguimiento de su condici�n cl�nica, pese a tratarse de un ni�o que registra en su historia cl�nica un diagn�stico de raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X?

 

(ii)              �Resulta procedente conceder el tratamiento integral para el manejo de la enfermedad hu�rfana que registra en su historia cl�nica el menor de edad Daniel?

 

Para resolver estos interrogantes, la Sala reiter� su jurisprudencia sobre: (i) el derecho fundamental a la salud de los ni�os, ni�as y adolescentes, sus principios y elementos estructurales, as� como la relaci�n de este derecho con la dignidad humana, la vida, la integridad f�sica y la seguridad social; y (ii) las reglas jurisprudenciales relativas al suministro de servicios, medicamentos y tecnolog�as en salud, as� como la procedencia de la orden del tratamiento integral.

 

Al abordar el caso concreto, se concluy� que la acci�n de tutela era procedente. Asimismo, se encontr� acreditado que la Nueva EPS no garantiz� de manera efectiva ni oportuna el suministro del medicamento Burosumab ni la realizaci�n de los procedimientos requeridos para el seguimiento cl�nico de la enfermedad.

 

En consecuencia, la Sala concluy� que tales omisiones vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la seguridad social y a la integridad f�sica del menor de edad, al desconocer los principios de continuidad, oportunidad e integralidad que rigen la prestaci�n del servicio de salud. Adem�s, verific� que se cumpl�an los requisitos jurisprudenciales para ordenar un tratamiento integral.

 

Con fundamento en lo expuesto, la Sala decidi�: (i) modificar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, Cesar, de manera que el amparo concedido comprenda el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la seguridad social y a la integridad f�sica del menor de edad Daniel; (ii) ordenar a la Nueva EPS garantizar el suministro del medicamento Burosumab, conforme a las indicaciones y prescripciones de los m�dicos tratantes; (iii) ordenar la pr�ctica del examen denominado �medici�n de gases en sangre venosa�; (iv) ordenar el tratamiento integral respecto de la condici�n de salud que dio origen a la acci�n de tutela y de las afecciones asociadas a esta; y (v) ordenar a la Nueva EPS que, en lo sucesivo, se abstenga de imponer trabas o cargas administrativas que dificulten el acceso oportuno a los servicios de salud.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 20 de agosto de 2025, la se�ora Mar�a, en representaci�n de su hijo menor de edad Daniel, present� acci�n de tutela contra la Nueva EPS. Consider� vulnerados los derechos fundamentales del ni�o a la vida digna, a la seguridad social, a la integridad f�sica y a la salud[2], con ocasi�n de la falta de suministro oportuno del medicamento Burosumab, ordenado por el m�dico tratante para el manejo del raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X -enfermedad hu�rfana que registra en su historia cl�nica-, as� como por las demoras en la pr�ctica de ex�menes m�dicos y la ausencia de una atenci�n integral acorde con su condici�n cl�nica.

 

1. Hechos

 

2. Daniel, de diez a�os de edad, se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a trav�s de la Nueva EPS en el r�gimen subsidiado y fue diagnosticado con raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X, enfermedad hu�rfana de origen gen�tico que afecta el desarrollo �seo y muscular. Seg�n lo expuesto en la tutela, esta condici�n le ha generado dolor recurrente, alteraciones en el crecimiento, curvatura de extremidades inferiores y limitaciones para caminar, correr y desarrollar actividades propias de su edad[3].

 

3. El 26 de mayo de 2025, la m�dica especialista en nefrolog�a pedi�trica le orden� al menor de edad la pr�ctica del examen denominado �gases arteriales�, el cual permite diagnosticar problemas en los pulmones y trastornos renales.

 

4. El 11 de junio de 2025, el m�dico tratante especialista en endocrinolog�a pedi�trica orden� iniciar, por el t�rmino de tres meses, tratamiento con el medicamento Burosumab, con aplicaci�n cada catorce d�as[4], con el fin de disminuir y controlar el dolor articular, normalizar la velocidad de crecimiento, corregir la deformidad esquel�tica y restablecer los niveles s�ricos de f�sforo, contribuyendo as� a una mejor�a integral en su calidad de vida y en evoluci�n cl�nica a largo plazo. Para tal efecto, el profesional de la salud realiz� la correspondiente prescripci�n a trav�s de la herramienta tecnol�gica MIPRES.

 

5. Al haber transcurrido m�s de sesenta d�as desde la formulaci�n del medicamento sin que la Nueva EPS S.A. efectuara su entrega, la solicitante present� acci�n de tutela el 20 de agosto de 2025. Indic� que la entidad �nicamente manifest� que deb�a esperar, sin informar una fecha cierta para el suministro, mientras el menor de edad continuaba presentando dolor en huesos, rodillas, dificultad para caminar despu�s de jugar breves periodos y necesidad de detenerse al recorrer trayectos largos. En la misma fecha, se�al� que tampoco se hab�a practicado el examen denominado �gases arteriales�, por falta de agenda disponible en la IPS encargada de su prestaci�n.

 

6. La solicitante destac� que, al ser un ni�o de 10 a�os que padece de una enfermedad hu�rfana, el menor de edad necesita un tratamiento integral de por vida, que incluya cuidados permanentes, suministro de medicamentos, intervenciones quir�rgicas, terapias de rehabilitaci�n, ex�menes de diagn�stico y seguimiento de los tratamientos iniciados, as� como todo lo que los m�dicos tratantes valoren como necesario para la estabilidad o el restablecimiento de su salud[5].

 

7. Con fundamento en los hechos relatados, la se�ora Mar�a solicit�: (i) tutelar los derechos fundamentales de Daniel a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la integridad f�sica y a la salud; (ii) ordenar a la Nueva EPS autorizar y garantizar el suministro efectivo del medicamento Burosumab, en la dosis y cantidad que prescriban los m�dicos tratantes y por el tiempo que estos determinen; (iii) ordenar a la Nueva EPS adelantar los tr�mites administrativos necesarios para la pr�ctica urgente del examen de �gases arteriales�[6]; (iv) ordenar a la Nueva EPS suministrar al menor de edad el tratamiento integral requerido por la enfermedad hu�rfana que padece; y (v) vincular al Ministerio de Salud y Protecci�n Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que, en el marco de sus competencias, cumplan su deber de garant�a respecto de los derechos fundamentales del ni�o.

 

2. Tr�mite procesal

 

8. El asunto correspondi� al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, despacho que, mediante auto del 26 de agosto de 2025 admiti� la solicitud de amparo, orden� notificar a la entidad accionada para que se pronunciara sobre los hechos expuestos en la demanda y dispuso la vinculaci�n y notificaci�n al agente interventor de la Nueva EPS. No obstante, la entidad accionada guard� silencio durante el tr�mite procesal.

 

3. Sentencia objeto de revisi�n

 

9. �nica instancia. En sentencia del 5 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar concedi� el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social del menor de edad Daniel. En consecuencia, orden� a la Nueva EPS que, dentro del t�rmino de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificaci�n de la providencia, autorizara y garantizara el suministro del medicamento Burosumab 20 mg/1ml, con frecuencia de administraci�n cada catorce d�as y duraci�n del tratamiento noventa d�as. Asimismo, dispuso que la entidad accionada programara la realizaci�n del examen ordenado y autorizado consistente en gases arteriales.

 

10. En todo caso, respecto a la pretensi�n relacionada con el tratamiento integral, el despacho judicial la neg�, al considerar que �los hechos que motivaron la acci�n de tutela se concretaron en la falta de autorizaci�n de los insumos [reclamados]�[7]. Esta conclusi�n qued� consignada en la parte considerativa de la providencia, aunque no fue incorporada de manera expresa en su parte resolutiva.

 

4. Tr�mite en sede de revisi�n[8]

 

11. Mediante auto del 8 de mayo de 2026, el magistrado sustanciador vincul� al tr�mite de revisi�n al Ministerio de Salud y Protecci�n Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de recaudar informaci�n sobre los lineamientos, protocolos o directrices vigentes para la atenci�n de pacientes diagnosticados con raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X, particularmente trat�ndose de menores de edad. En la misma providencia, solicit� a la madre del ni�o y a la Nueva EPS que informaran sobre: (i) las actuaciones y circunstancias posteriores a la sentencia de tutela; (ii) el estado actual de salud del menor de edad; y (iii) los tratamientos, servicios y controles que requiere en la actualidad y (iv) su situaci�n familiar.

 

12. Debido a que no se recibi� respuesta dentro del t�rmino otorgado, mediante auto del 22 de mayo de 2026 el despacho reiter� dichas solicitudes. Las respuestas allegadas por las partes se sintetizan en la siguiente tabla.

 

Tabla 1. S�ntesis de las intervenciones recibidas por la Corte

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

13. Esta Sala es competente para analizar el fallo materia de revisi�n, de conformidad con lo establecido en los art�culos 86 y 241.9 de la Constituci�n Pol�tica y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

 

2.     Delimitaci�n de los problemas jur�dicos y metodolog�a de la decisi�n

 

14. Corresponde a la Sala Segunda de Revisi�n estudiar la acci�n de tutela promovida por la se�ora Mar�a, en representaci�n de su hijo menor de edad Daniel, quien fue diagnosticado con raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X, enfermedad hu�rfana de origen gen�tico. La accionante sostiene que la Nueva EPS ha vulnerado los derechos fundamentales del ni�o al no garantizar oportunamente el suministro del medicamento Burosumab prescrito por los especialistas tratantes, as� como la pr�ctica de los ex�menes ordenados para el seguimiento de su condici�n cl�nica. En esa medida, una vez superado el estudio de procedencia, la Sala resolver� los siguientes problemas jur�dicos:

 

(i)               �La Nueva EPS vulner� los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad f�sica y a la seguridad social de Daniel al no garantizar oportunamente el suministro del medicamento Burosumab prescrito por sus m�dicos tratantes ni la pr�ctica de los ex�menes requeridos para el manejo y seguimiento de su condici�n cl�nica, pese a tratarse de un ni�o que registra en su historia cl�nica un diagn�stico de raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X?

 

(ii)             �Resulta procedente conceder el tratamiento integral para el manejo de la enfermedad hu�rfana que registra en su historia cl�nica el menor de edad Daniel?

 

15. Para resolver los problemas jur�dicos planteados, la Sala estudiar�: (i) el derecho fundamental a la salud de los ni�os, ni�as y adolescentes, sus principios y elementos estructurales, as� como la relaci�n de este derecho con la dignidad humana, la vida, la integridad f�sica y la seguridad social; (ii) las reglas jurisprudenciales relativas al suministro de servicios, medicamentos y tecnolog�as en salud, y la procedencia de la orden del tratamiento integral; y, finalmente, (iii) analizar� el caso concreto.

 

3.     El derecho a la salud de ni�os, ni�as y adolescentes. Reiteraci�n de jurisprudencia[25]

 

16. El art�culo 44 de la Constituci�n[26] establece que los ni�os, ni�as y adolescentes tienen derecho a una especial protecci�n. Esta disposici�n incluye: (i) el reconocimiento del car�cter fundamental de sus derechos; (ii) su protecci�n especial frente a riesgos prohibidos como el abandono, la violencia f�sica y moral, el abuso, o la explotaci�n laboral; (iii) la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en su asistencia y protecci�n; (iv) la garant�a de su desarrollo integral; y (v) la prevalencia del inter�s superior de sus derechos[27].

 

17. En ese contexto, la garant�a del derecho a la salud de ni�os, ni�as y adolescentes goza de una protecci�n constitucional reforzada, no solo por tratarse de un derecho fundamental aut�nomo[28], sino tambi�n porque su salvaguarda resulta indispensable para asegurar el desarrollo arm�nico e integral de los menores de edad y la efectividad de su inter�s superior.

 

18. Sobre el particular, el derecho a la salud ha sido definido como �la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad org�nica funcional, tanto f�sica como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbaci�n en la estabilidad org�nica y funcional de su ser�. Esta garant�a se encuentra consagrada en el art�culo 44 y 49 de la Constituci�n Pol�tica. Este �ltimo, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009, establece que la atenci�n en salud es un servicio p�blico a cargo del Estado.

 

19. La protecci�n reforzada del derecho a la salud de los menores de edad tambi�n encuentra sustento en distintos instrumentos internacionales, entre ellos el art�culo 25 de la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, el principio 2� de la Declaraci�n Universal de los Derechos del Ni�o y el art�culo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ�micos Sociales y Culturales[29].

 

20. A nivel legislativo, dicha protecci�n ha sido desarrollada a trav�s de diversos instrumentos normativos. En particular, la Ley 1098 de 2006 reconoce el derecho de los menores de edad a la salud integral y dispone que ninguna entidad prestadora de salud, p�blica o privada, podr� abstenerse de brindar la atenci�n requerida[30]; asimismo, su art�culo 8� define el inter�s superior de los ni�os, ni�as y adolescentes como el imperativo de garantizar la satisfacci�n integral y simult�nea de todos sus derechos humanos. Por su parte, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 elev� la salud a la categor�a de derecho fundamental aut�nomo e irrenunciable y, en su art�culo 6�, literal f), consagr� que el Estado debe implementar medidas concretas y espec�ficas para garantizar la atenci�n integral de ni�as, ni�os y adolescentes.

 

21. En armon�a con lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado que la especial protecci�n de los ni�os, ni�as y adolescentes se fundamenta en la situaci�n de vulnerabilidad e indefensi�n derivada de su proceso de desarrollo f�sico, mental y emocional, circunstancia que impone al Estado, a la sociedad y a la familia el deber de brindarles una protecci�n especial en todos los �mbitos de su vida, con el fin de garantizar su desarrollo arm�nico e integral�[31].

 

22. En esa misma l�nea, la Corte Constitucional ha se�alado que el derecho fundamental a la salud de ni�as, ni�os y adolescentes goza de una protecci�n reforzada por parte del Estado, lo que impone la adopci�n de medidas concretas orientadas a garantizar su atenci�n integral. En particular, la Sentencia T-510 de 2024 destac� que los menores de edad que tienen enfermedades hu�rfanas son sujetos de especial protecci�n constitucional y, por tanto, debe garantiz�rseles el acceso oportuno a los servicios, tratamientos y procesos de rehabilitaci�n requeridos.

 

23. En suma, la Constituci�n, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia reconocen que los ni�os, ni�as y adolescentes son titulares de una garant�a reforzada de su derecho fundamental a la salud. En consecuencia, las autoridades y los distintos actores involucrados en su protecci�n tienen el deber de adoptar medidas necesarias para garantizar una atenci�n adecuada, especialmente cuando se trata de menores de edad con enfermedades hu�rfanas.

 

3.1. Principios y elementos del derecho fundamental a la salud. Reiteraci�n de jurisprudencia[32]

 

24. �La Ley Estatutaria de Salud, en sus art�culos 6� y 8�, establece que la prestaci�n de los servicios de salud debe regirse por principios como la continuidad, la oportunidad y la integralidad. En relaci�n con la continuidad, se trata de un principio en virtud del cual �las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua� entre otras, porque el Estado tiene la obligaci�n constitucional de asegurar su prestaci�n eficiente y permanente en cualquier tiempo y de esta manera respetar la confianza leg�tima de los usuarios[33]. As� las cosas, �una vez la provisi�n de un servicio ha sido iniciada, este no podr� ser interrumpido por razones administrativas o econ�micas�[34].

 

25. �Las distintas Salas de Revisi�n de la Corporaci�n han reconocido el v�nculo del derecho a la salud con el principio de continuidad y han coincidido en que, en el caso de los sujetos de especial protecci�n constitucional, adquiere mayor relevancia y exige mayor protecci�n, con el fin de que los servicios se suministren de manera prioritaria, preferencial e inmediata[35]. Por su parte, han subrayado que la continuidad implica la oferta constante y permanente del servicio de salud dada la necesidad y la trascendencia que tiene para los usuarios del Sistema General de Seguridad Social[36].

 

26. Por otro lado, el principio de oportunidad se refiere a �que el usuario debe gozar de la prestaci�n del servicio de salud en el momento que corresponde para evitar sufrir mayores dolores y deterioros�[37]. As� pues, �el paciente debe recibir los medicamentos o cualquier otro servicio m�dico que requiera a tiempo y en las condiciones que defina el m�dico tratante, a fin de garantizar la efectividad de los procedimientos m�dicos�[38]. Esto, debido a que la prestaci�n tard�a del servicio puede agravar las patolog�as del paciente o incluso, poner en riesgo su vida.

 

27. Respecto al referido principio, la Corporaci�n concluy� en la Sentencia T-790 de 2013 que el juez constitucional deb�a tener en cuenta los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre la expedici�n de la orden m�dica y la entrega de medicamentos requeridos: (i) la urgencia de la situaci�n, y (ii) los recursos disponibles para la atenci�n en cada caso particular �pues es evidente que algunos padecimientos o patolog�as requieren m�s celeridad en la atenci�n, que otros�.

 

28. Por �ltimo, el principio de integralidad supone que la atenci�n en salud debe comprender todos los servicios, tecnolog�as y procedimientos necesarios para el tratamiento efectivo de la enfermedad del paciente, de conformidad con lo prescrito por el m�dico tratante. En ese sentido, la Corte Constitucional ha se�alado que dicho principio involucra tanto al Estado como a las entidades encargadas de la prestaci�n del servicio de salud, quienes tienen el deber de garantizar una atenci�n completa, continua y articulada. As�, cuando un tratamiento no logra mejorar las condiciones de salud o calidad de vida del paciente, deben suministrarse las prestaciones necesarias para sobrellevar la enfermedad y asegurar condiciones de vida dignas, especialmente cuando se trata de ni�os, ni�as y adolescentes como sujetos de especial protecci�n.

 

29. Aunque existen otros principios, los mencionados previamente han tenido especial desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, espec�ficamente, el principio de integralidad ha sido denominado como �la columna vertebral del sistema de salud�, as� lo indic� la Sentencia T-253 de 2022 al sostener que: �el principio de integralidad abarca una serie de elementos que son imprescindibles para la materializaci�n del derecho fundamental a la salud. Seg�n lo dispone la ley, el servicio de salud debe prestarse plenamente sin que haya que acudir al ejercicio de acciones judiciales�.

 

30. De acuerdo con lo anterior, los principios de continuidad, oportunidad e integralidad ocupan un lugar central en la garant�a del derecho fundamental a la salud. Por ello, las entidades responsables de la prestaci�n de los servicios de salud deben observarlos en el desarrollo de sus funciones, con el fin de asegurar una atenci�n adecuada a las necesidades de los pacientes y la efectiva materializaci�n de este derecho.

 

3.2. Sobre el derecho a la dignidad humana, a la vida, a la integridad f�sica, a la seguridad social y su relaci�n con el derecho a la salud

 

31. �Como quiera que la solicitante tambi�n aleg� la vulneraci�n de los derechos fundamentales del ni�o a la dignidad humana, a la vida, a la integridad f�sica y a la seguridad social, es necesario un pronunciamiento sobre dichas garant�as, en la medida en que se encuentran estrechamente relacionadas con el derecho fundamental a la salud.

 

32. En primer lugar, la Constituci�n reconoce una �ntima relaci�n entre la salud y la seguridad social. En efecto, el art�culo 44 superior incluye ambas garant�as dentro del cat�logo de derechos fundamentales de los ni�os, mientras que el art�culo 48 establece que la seguridad social es un servicio p�blico de car�cter obligatorio. En este contexto, la garant�a del derecho a la seguridad social comprende el acceso efectivo de las personas a las prestaciones previstas por el Sistema General de Seguridad Social frente a las contingencias que puedan afectar sus condiciones de vida. En materia de salud, ello implica que las entidades responsables aseguren de manera oportuna, continua e integral los medicamentos, procedimientos, ex�menes y dem�s prestaciones requeridas para la atenci�n de los usuarios.

 

33. �En segundo lugar, la Corporaci�n ha se�alado que la salud y la integridad f�sica constituyen componentes estrechamente vinculados al derecho fundamental a la vida, de manera que entre estas garant�as existe una relaci�n de conexidad. En consecuencia, la protecci�n constitucional no se limita a los eventos en los que la vida se encuentra amenazada de manera directa, sino que tambi�n se extiende a aquellas situaciones en las que se afectan o perturban las condiciones que la integran. Por ello, las afectaciones a la salud o a la integridad f�sica pueden comprometer el goce efectivo del derecho a la vida y menoscabar las condiciones dignas en las que esta debe desarrollarse.

 

34. �Finalmente, la Corte Constitucional ha destacado la estrecha relaci�n entre la salud y la dignidad humana. En la Sentencia T-041 de 2019 indic� que la salud y la integridad f�sica constituyen presupuestos irreductibles para una vida digna[39]. En igual sentido, la Sentencia T-033 de 2013 explic� que las prestaciones en salud permiten a las personas desarrollar plenamente sus capacidades y actividades[40], �mientras que la Sentencia T-017 de 2021 concluy� que la garant�a efectiva de este derecho repercute en la protecci�n de la dignidad humana, la vida en condiciones dignas y la seguridad social.

 

35. De manera complementaria, la Corte ha precisado que el derecho a la salud no se limita a la prestaci�n de servicios curativos[41], sino que comprende el acceso a todos los elementos necesarios para lograr el m�s alto nivel posible de bienestar f�sico y mental[42]. En consonancia con esta concepci�n amplia, la Ley 1751 de 2015, establece que el Estado debe garantizar el acceso a actividades de promoci�n, prevenci�n, diagn�stico, tratamiento, rehabilitaci�n y paliaci�n para todas las personas[43].

 

36. De lo expuesto se desprende que el derecho fundamental a la salud mantiene una relaci�n inescindible con la dignidad humana, la vida, la integridad f�sica y la seguridad social. En consecuencia, su garant�a efectiva constituye un presupuesto para la protecci�n y el goce efectivo de tales derechos.

 

4.     Del suministro de servicios, medicamentos y tecnolog�as en salud, y de

la figura del tratamiento integral. Reiteraci�n de jurisprudencia[44]

 

37. �La Ley 100 de 1993 cre� y regul� el sistema de seguridad social integral, entendido como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida digna, mediante la protecci�n de las contingencias que la afecten[45]. En materia de salud, dicha normativa cre� el Plan Obligatorio de Salud (POS), el cual fue posteriormente sustituido por el Plan de Beneficios en Salud (PBS)[46] a partir de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. El PBS se concibe como parte del contenido esencial del derecho fundamental a la salud y garantiza el acceso a los servicios y tecnolog�as necesarios para la promoci�n, prevenci�n, diagn�stico, tratamiento, rehabilitaci�n y paliaci�n, bajo un modelo de exclusi�n expresa conforme al cual se entienden incluidos todos aquellos servicios y tecnolog�as que no se encuentren expresamente excluidos[47].

 

38. En desarrollo de dicho marco normativo, la Corte ha se�alado que los distintos actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud tienen el deber de garantizar el acceso efectivo a los servicios, medicamentos, insumos y dem�s tecnolog�as requeridas para la atenci�n de los usuarios, en el �mbito de sus respectivas competencias[48]. En particular, ha precisado que la autorizaci�n, prestaci�n y entrega oportuna de tales servicios constituye una obligaci�n ineludible de las entidades que integran el sistema, especialmente cuando se trata de menores de edad o de personas que requieren tratamientos continuos para el manejo de sus condiciones de salud[49].

 

39. �Con el prop�sito de garantizar una adecuada prestaci�n del servicio de salud y el acceso a medicamentos y dem�s tecnolog�as en salud, la jurisprudencia constitucional ha destacado la relevancia de la figura del m�dico tratante[50]. En ese sentido, ha se�alado que, por regla general, los pacientes deben contar con una prescripci�n, orden o f�rmula m�dica para acceder a los insumos, servicios, medicamentos y tecnolog�as en salud requeridos, pues corresponde a dicho profesional evaluar la procedencia cient�fica y determinar la idoneidad del tratamiento de acuerdo con las condiciones particulares de cada paciente[51].

 

40. ��No obstante, la Corte ha precisado que la ausencia de una orden m�dica no impide, en todos los casos, la protecci�n del derecho fundamental a la salud. As�, en la Sentencia SU-508 de 2020 distingui� dos escenarios ante la ausencia de una orden m�dica: de una parte, aquellos eventos en los que el juez constitucional puede ordenar el suministro de un servicio o tecnolog�a en salud con fundamento en su evidente necesidad, sujeto a posterior ratificaci�n del profesional tratante; y, de otra, aquellos casos en los que no se configura tal supuesto, pero el juez advierte la necesidad de adoptar medidas para la protecci�n del derecho fundamental. En este �ltimo escenario, la protecci�n puede materializarse mediante la garant�a del derecho al diagn�stico.

 

41. Asimismo, esta Corporaci�n ha sostenido que la entrega de medicamentos constituye una de las obligaciones cardinales de los actores que integran el sistema de salud[52]. En consecuencia, no pueden imponerse barreras administrativas o tr�mites burocr�ticos al usuario, pues la demora en el suministro puede afectar el inicio o la continuidad del tratamiento ordenado por el m�dico tratante e incluso agravar su estado de salud. Del mismo modo, la falta de comercializaci�n o la disponibilidad temporal de un medicamento no exime a las entidades responsables de garantizar su suministro, las cuales deben encontrar soluciones que permitan asegurar la prestaci�n oportuna de los servicios de salud y el acceso a los medicamentos requeridos[53].

 

42. Finalmente, la Corte ha se�alado que el MIPRES es una herramienta de prescripci�n directa mediante la cual se formulan y autorizan servicios y tecnolog�as en salud, tanto aquellos expresamente excluidos del PBS como aquellos que, aun encontr�ndose comprendidos dentro de dicho plan, no se financian con recurso de la UPC. Asimismo, ha destacado que dicha herramienta tiene como pilares la autonom�a de los profesionales de la salud para la adopci�n de decisiones sobre diagn�stico y tratamiento de los pacientes, en el marco de criterios de autorregulaci�n, �tica, racionalidad, evidencia cient�fica y eliminaci�n de barreras administrativas que dificultan el acceso oportuno a los servicios y tecnolog�as requeridos[54].

 

43. �Por otro lado, el tratamiento integral constituye una orden proferida por el juez de tutela[55], cuyo cumplimiento recae en la EPS, orientada a garantizar una atenci�n �ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad de usuario�[56]. Sobre el tratamiento integral, la Corte ha se�alado que este encuentra sustento en el literal f) del art�culo 6 y en el art�culo 8 de la Ley 1751 de 2015, as� como en los principios de integralidad y continuidad que rigen la prestaci�n de los servicios de salud[57].

 

44. La Corte ha precisado que, para ordenar el tratamiento integral en sede tutela, deben verificarse cuatro elementos: (i) la negligencia de la EPS en el cumplimiento de sus deberes, por ejemplo, mediante la programaci�n de tratamientos por fuera de un plazo razonable o la imposici�n de barreras administrativas; (ii) la existencia de prescripciones emitidas por el m�dico tratante en las que se determinen de manera espec�fica el diagn�stico del paciente y los servicios o insumos que requeridos; (iii) la condici�n del demandante como sujeto de especial protecci�n constitucional, y (iv) que la actuaci�n de la EPS haya puesto en riesgo al paciente y prolongado sus padecimientos[58].

 

45. Ahora bien, aunque la jurisprudencia constitucional ha precisado que el juez de tutela no puede impartir �rdenes futuras de car�cter indeterminado o incierto[59], ello no excluye la posibilidad de garantizar un tratamiento integral con proyecci�n hac�a prestaciones futuras. En estos casos, la validez de la orden depende de que su alcance se encuentre delimitado por las condiciones m�dicas acreditadas en el expediente, el diagn�stico del paciente y las prescripciones emitidas por el m�dico tratante.

 

46. Bajo este entendimiento y como lo recoge la Sentencia T-380 de 2025, la Corte ha se�alado que entre los elementos que pueden integrar el tratamiento integral se encuentran: (i) la entrega de todos los elementos que prescriba el m�dico tratante en el futuro; (ii) el ofrecimiento de todos los medios para obtener la rehabilitaci�n de la menor de edad; (iii) �la garant�a de continuidad en la prestaci�n del servicio, [evitando] que el paciente [deba] interponer una acci�n de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por el m�dico tratante�[60]; y (iv) la autorizaci�n de todos los servicios de salud que el m�dico tratante determine que el paciente requiere, �sin que le sea posible fraccionarlos, separarlos, o elegir alternativamente cu�les de ellos aprueba en raz�n del inter�s econ�mico que representan�[61] [62].

 

47. En conclusi�n, la garant�a del derecho fundamental a la salud supone que los pacientes accedan de manera efectiva a los servicios, medicamentos, insumos y dem�s tecnolog�as requeridas para el diagn�stico, tratamiento y seguimiento de sus condiciones de salud. Para tal efecto, la jurisprudencia ha reconocido la relevancia de las prescripciones emitidas por el m�dico tratante y ha desarrollado mecanismos orientados a asegurar una atenci�n completa y articulada, entre ellos la figura del tratamiento integral.

 

5.     Caso concreto

 

48. La Sala conoce del caso de un ni�o de diez a�os diagnosticado con raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X, enfermedad hu�rfana de origen gen�tico que afecta su desarrollo �seo y muscular. La se�ora Mar�a, actuando en representaci�n de su hijo menor de edad, considera que la Nueva EPS vulner� los derechos fundamentales del ni�o a la salud, a la vida digna, a la integridad f�sica y a la seguridad social al no suministrarle el medicamento Burosumab prescrito por los m�dicos tratantes, ni garantizar la pr�ctica de los ex�menes requeridos para el seguimiento de su condici�n cl�nica, as� como al no brindarle un tratamiento integral acorde con sus necesidades m�dicas. En sentencia de �nica instancia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar concedi� el amparo respecto del suministro del medicamento y la pr�ctica del examen ordenado, pero neg� la pretensi�n relacionada con el tratamiento integral. Sin embargo, el menor de edad no ha recibido el suministro del medicamento ni se ha llevado a cabo la pr�ctica del examen requerido.

 

49. Bajo este entendido, en el presente ac�pite: (i) se establecer� que la acci�n de tutela cumple con los requisitos de procedencia; (ii) se demostrar� que la Nueva EPS vulner� los derechos fundamentales invocados por la solicitante; y (iii) se explicar� por qu�, en el caso concreto, resulta procedente el tratamiento integral.

 

a.     La acci�n de tutela cumple con los requisitos de procedencia

 

50. La acci�n de tutela cumple con los requisitos de legitimaci�n, inmediatez y subsidiariedad y, en esa medida, es procedente y es necesario estudiar el fondo de la demanda. Esta conclusi�n se sustenta en el siguiente cuadro:

 

Tabla 2. Estudio de procedencia

 

51. En esta medida, le asiste raz�n al juez de instancia al haber declarado procedente el amparo. La solicitud de tutela satisface los requisitos de procedencia y constituye un mecanismo id�neo para la protecci�n de los derechos fundamentales del ni�o, dada su condici�n de sujeto de especial protecci�n constitucional y la naturaleza de las pretensiones formuladas, las cuales se encuentran dirigidas a garantizar su derecho fundamental a la salud y los dem�s derechos estrechamente vinculados con este.

 

b. La Nueva EPS vulner� los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad f�sica y a la seguridad social de un menor de edad al no garantizar oportunamente el suministro del medicamento Burosumab prescrito por sus m�dicos tratantes ni la pr�ctica de los procedimientos requeridos para el seguimiento de su enfermedad

 

52. De manera preliminar, est� acreditado que Daniel tiene diez a�os de edad[75], se encuentra afiliado a la Nueva EPS[76] en el r�gimen subsidiado y registra en su historia cl�nica un diagn�stico de raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X[77], enfermedad hu�rfana de origen gen�tico que afecta el desarrollo �seo y muscular. Igualmente, consta en el expediente que el 26 de mayo de 2025 le fue ordenado el examen denominado �gases arteriales�[78] y que, posteriormente, el 11 de junio de 2025, un especialista en endocrinolog�a pedi�trica orden� el medicamento Burosumab mediante la herramienta MIPRES, bajo el n�mero de prescripci�n 20250611110001294861[79]. En consecuencia, no existe controversia respecto de las prestaciones m�dicas cuya garant�a se reclam� mediante la acci�n de tutela ni respecto de las �rdenes emitidas por los especialistas tratantes para el manejo de la condici�n cl�nica del menor de edad[80].

 

53. En sede revisi�n, la accionante se�al� que, si bien �en consulta gen�tica, se puso en duda de manera transitoria iniciar el tratamiento�[81], esta situaci�n fue posteriormente reevaluada y �no hay cambios en el diagn�stico del ni�o�[82]. Asimismo, inform� que el ni�o presenta [molestias] recurrentes y diversas manifestaciones asociadas a su condici�n cl�nica[83], entre ellas dolor en las enc�as, rodillas y piernas, desviaci�n de los pies al caminar y una hernia umbilical[84]. Estos elementos evidencian que no se trata de una condici�n menor o transitoria, sino de una patolog�a que afecta de manera permanente su bienestar, su desarrollo y calidad de vida[85].

 

54. No obstante lo anterior, las prestaciones ordenadas para el manejo y seguimiento de la enfermedad no fueron garantizadas de manera efectiva. En efecto, la madre del ni�o inform� que este no ha recibido ninguna aplicaci�n del medicamento Burosumab, a pesar del tiempo transcurrido desde su formulaci�n y de la correspondiente orden m�dica[86]. La gravedad de esta situaci�n se acent�a si se tiene en cuenta que, a la fecha, ha transcurrido aproximadamente un a�o sin que el f�rmaco haya sido suministrado, pese a tratarse de un sujeto de especial protecci�n constitucional.

 

55. Adem�s, no existe controversia acerca de la necesidad m�dica del tratamiento. El expediente demuestra que el medicamento Burosumab fue prescrito por el especialista tratante para el manejo de la enfermedad diagnosticada y no obra prueba alguna que permita concluir que dicha formulaci�n hubiera sido modificada, suspendida o descartada por razones cient�ficas o asistenciales. Por el contrario, la informaci�n disponible indica que la orden continuaba vigente durante el seguimiento cl�nico del paciente.

 

56. Sobre el particular, la propia solicitante expuso en sede de revisi�n que �desde el mes de marzo a la fecha, en controles m�dicos recientes, la especialista en endocrinolog�a ha reiterado de manera enf�tica la necesidad de iniciar el tratamiento y de forma relevante se logr� un consenso m�dico entre las especialidades de endocrinolog�a y gen�tica, quienes coinciden en que el paciente debe iniciar el tratamiento con Burosumab de manera oportuna�[87].

 

57. �Tampoco se acredit� una imposibilidad material para suministrar el medicamento. En efecto, el Ministerio de Salud y Protecci�n Social inform� que Burosumab cuenta con registro sanitario vigente expedido por el INVIMA, puede ser prescrito mediante la herramienta MIPRES y no registra alertas de escasez o desabastecimiento en el pa�s[88]. Asimismo, subray� que corresponde a las EPS �garantizar el acceso efectivo, contino y oportuno del medicamento prescrito por el m�dico tratante (�) especialmente considerando la condici�n de especial protecci�n constitucional del menor de edad y la naturaleza cr�nica y progresiva de la enfermedad hu�rfana diagnosticada�[89].

 

58. Por lo dem�s, la representante legal del ni�o indic�, en sede de revisi�n, que no se ha realizado un examen gen�tico requerido. Igualmente, se�al� que el examen de gases arteriales, prescrito por la m�dica tratante Sandra Milena Garc�a Jurado el 26 de mayo de 2025, cuya orden obra en el expediente[90], tampoco fue practicado. Agreg� que, posteriormente la especialista tratante Sigrid Blanco sustituy� dicho examen por una medici�n de gases en sangre venosa, procedimiento que igualmente permanece pendiente[91].

 

59. Frente a estas afirmaciones, la Nueva EPS guard� silencio durante el tr�mite de revisi�n y tampoco aport� elementos orientados a demostrar el suministro del medicamento prescrito ni la realizaci�n de los procedimientos requeridos para el seguimiento de la enfermedad. Tampoco controvirti� las afirmaciones formuladas por la accionante respecto de la persistencia de tales falencias[92].

 

60. En consecuencia, de conformidad con el art�culo 20 del Decreto 2591 de 1991[93], la Sala dar� aplicaci�n a la presunci�n de veracidad respecto de los hechos expuestos por la representante legal del menor de edad que no fueron desvirtuados por la entidad accionada[94]. Esta figura implica presumir ciertos los hechos alegados cuando el juez requiere informes a la parte accionada y esta omite responder o lo hace de manera extempor�nea o meramente formal. Asimismo, constituye un mecanismo orientado a sancionar el desinter�s, la negligencia o la falta de colaboraci�n de la parte accionada y, al mismo tiempo, a garantizar la protecci�n eficaz y oportuna de los derechos fundamentales cuya vulneraci�n se alega. Su aplicaci�n adquiere especial relevancia cuando la parte accionante est� integrada por sujetos de especial protecci�n constitucional, dada la necesidad de asegurar una protecci�n reforzada de sus derechos fundamentales[95]. En el presente caso, la aplicaci�n de la presunci�n de veracidad encuentra sustento adicional en la concordancia que se presenta entre las afirmaciones de la solicitante y los dem�s elementos probatorios que obran en el expediente.

 

61. En ese sentido, las pruebas recaudadas permiten concluir que la Nueva EPS no garantiz� oportunamente el acceso al medicamento Burosumab ni a los ex�menes requeridos para el seguimiento cl�nico de la enfermedad. Ello resulta relevante, en la medida que el derecho fundamental a la salud no se agota con el suministro de medicamentos, sino que tambi�n comprende la realizaci�n oportuna de los ex�menes, procedimientos y dem�s prestaciones necesarias la evoluci�n cl�nica del paciente.

 

62. En ese contexto, la Sala no puede pasar por alto la gravedad de lo ocurrido en el presente asunto. La falta de garant�a oportuna y contin�a de las prestaciones m�dicas ordenadas para el tratamiento de una enfermedad hu�rfana en un ni�o de diez a�os de edad resulta constitucionalmente inadmisible, pues desconoce su especial protecci�n constitucional y compromete de manera directa su derecho fundamental a la salud y su desarrollo integral. Asimismo, evidencia la carga desproporcionada que ha debido asumir su madre, quien pertenece al r�gimen subsidiado del sistema de salud y se encuentra en una situaci�n de vulnerabilidad econ�mica, en la medida en que carece de ingresos estables, lo que dificulta a�n m�s el acceso oportuno a las prestaciones de salud[96].

 

63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditado que la Nueva EPS incumpli� su obligaci�n de garantizar de manera oportuna y efectiva las prestaciones prescritas por los m�dicos tratantes para el manejo y seguimiento de la condici�n cl�nica de Daniel. En efecto, seg�n lo informado por la representante legal del menor de edad en sede revisi�n, pese a existir un fallo de tutela a su favor, la entidad no adelant� una gesti�n efectiva para su cumplimento y, aunque en algunas oportunidades manifest� que se encontraba gestionando el suministro del medicamento, dichas actuaciones no se materializaron. Por el contrario, de manera reiterada indic� que el caso permanec�a pendiente de un aval del �rea administrativa[97], sin ofrecer una respuesta de fondo sobre la fecha o las gestiones necesarias para garantizar el acceso efectivo al tratamiento. Esta situaci�n evidencia la falta de diligencia de la entidad y la imposici�n de barreras administrativas que dificultaron el acceso oportuno a las prestaciones requeridas, lo que obliga a la Sala a ordenarle que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en este tipo de actuaciones.

 

64. En consecuencia, la Nueva EPS vulner� el derecho fundamental a la salud de Daniel. Ciertamente, la falta de suministro del medicamento Burosumab y la ausencia de procedimientos requeridos para el seguimiento de su condici�n cl�nica constituyeron barreras incompatibles con los principios de continuidad, integralidad y oportunidad que rigen la prestaci�n de los servicios de salud.

 

65. Estas omisiones tambi�n comprometieron los derechos a la a la vida en condiciones dignas, a la integridad f�sica y a la seguridad social del menor de edad. En particular, afectaron su dignidad humana al impedirle acceder oportunamente a las prestaciones necesarias para el manejo de una enfermedad hu�rfana que incide de manera permanente en su bienestar y desarrollo; comprometieron su integridad f�sica y las condiciones dignas de su existencia al prolongar los dolores, limitaciones y dem�s manifestaciones asociadas a su condici�n cl�nica; y vulneraron su derecho a la seguridad social, en la medida en que le impidieron acceder de forma efectiva a las prestaciones que el Sistema General de Seguridad Social en Salud deb�a garantizar para el tratamiento y seguimiento de su enfermedad, frustrando as� la protecci�n que dicho sistema est� llamado a brindar a sus afiliados. Por estas razones la Sala declarar� la vulneraci�n concurrente de tales derechos.

 

b.     El tratamiento integral procede en el caso concreto

 

66. �Establecida la vulneraci�n de los derechos fundamentales del menor de edad, la Sala examinar� la procedencia de ordenar a la Nueva EPS un tratamiento integral respecto de la enfermedad que presenta. Esta medida fue solicitada expresamente por la madre del ni�o en la acci�n de tutela. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se�alado que su procedencia exige verificar: (i) la negligencia de la EPS en el cumplimiento de sus deberes; (ii) la existencia de �rdenes m�dicas que determinen el diagn�stico y las prestaciones requeridas; (iii) la condici�n del accionante como sujeto de especial protecci�n constitucional; y (iv) que la actuaci�n de la entidad ha puesto en riesgo al paciente o prolongado sus padecimientos[98].

 

67. En primer lugar, la Sala advierte que la Nueva EPS incurri� en incumplimiento y dilaciones en la prestaci�n de los servicios requeridos para el manejo de la enfermedad del menor de edad. Como se explic� anteriormente, la entidad no garantiz� oportunamente el suministro del medicamento Burosumab ni la realizaci�n de los procedimientos ordenados para el seguimiento cl�nico de su condici�n, pese a la existencia de �rdenes m�dicas vigentes y de una sentencia de tutela favorable al accionante. Adem�s, pese a haber sido requerida en el tr�mite de revisi�n para ejercer su derecho de contradicci�n y defensa, guard� silencio, sin aportar elementos que demostraran la prestaci�n de los servicios reclamados. Este comportamiento dio lugar a la aplicaci�n de la presunci�n de veracidad y constituye, adem�s, un indicio adicional de la falta de diligencia de la entidad en la garant�a oportuna de los derechos fundamentales del menor de edad. Lo anterior, sin perjuicio de que, seg�n lo informado por la madre del ni�o, este haya continuado asistiendo a algunos controles por parte de determinadas especialidades m�dicas como endocrinolog�a y gen�tica[99].

 

68. En segundo lugar, obran en el expediente elementos suficientes para demostrar la condici�n cl�nica por la cual el accionante ha venido siendo tratado, as� como las prestaciones requeridas para su manejo y seguimiento. En efecto, el menor de edad registra en su historia cl�nica un diagn�stico de raquitismo hipofosfat�mico familiar ligado al cromosoma X. Asimismo, para el tratamiento y seguimiento de dicha patolog�a, el 26 de mayo de 2025 le fue ordenado el examen de �gases arteriales�. Posteriormente, seg�n inform� la madre del menor de edad en sede revisi�n, la especialista tratante sustituy� la orden de dicho examen por una medici�n en sangre venosa, procedimiento que permanece pendiente. Igualmente, el 11 de junio de 2025 se prescribi� el medicamento Burosumab mediante la herramienta MIPRES.

 

69. En tercer lugar, se encuentra acreditado que el accionante es un ni�o de diez a�os que presenta una condici�n cl�nica que ha requerido seguimiento especializado y tratamiento continuo, circunstancia que lo ubica en una situaci�n de especial protecci�n constitucional y exige una respuesta inmediata por parte de las entidades encargadas de garantizar la prestaci�n del servicio de salud.

 

70. �Finalmente, las omisiones advertidas han tenido la potencialidad de afectar la evoluci�n y manejo adecuado de la condici�n cl�nica del ni�o. De acuerdo con la informaci�n obrante en el expediente, este contin�a presentando dolor en las enc�as, rodillas y piernas, as� como desviaci�n de los pies hacia la parte externa al caminar y una hernia umbilical. En ese contexto, la falta de acceso oportuno al medicamento prescrito y a los procedimientos requeridos para el seguimiento cl�nico de su condici�n prolong� la incertidumbre respecto de su evoluci�n m�dica.

 

71. En ese orden de ideas, se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para la procedencia del tratamiento integral, en tanto se acredita la negligencia en la prestaci�n del servicio respecto de sujeto de especial protecci�n constitucional, lo que justifica la adopci�n de medidas orientadas a garantizar su atenci�n integral, continua y oportuna.

 

6.     Conclusiones y �rdenes a proferir

 

72. La Sala Segunda de Revisi�n encuentra acreditado que la Nueva EPS vulner� los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social y a la integridad f�sica de Daniel. En efecto, la entidad no garantiz� oportunamente el suministro del medicamento Burosumab prescrito por los m�dicos tratantes ni la pr�ctica de los procedimientos requeridos para el seguimiento de su condici�n de salud, pese a tratarse de un ni�o sujeto de especial protecci�n constitucional y a la existencia de �rdenes dirigidas al manejo de dicha condici�n.

 

73. Asimismo, la Sala advierte que se encuentran acreditados los presupuestos jurisprudenciales para ordenar el tratamiento integral solicitado por la representante legal del ni�o. En particular, se constatan incumplimientos y dilaciones en la prestaci�n de los servicios de salud, la existencia de �rdenes m�dicas que determinan las prestaciones necesarias para su atenci�n, la condici�n del accionante como sujeto de especial protecci�n constitucional y la persistencia de afectaciones asociadas a su estado de salud. En este contexto, la orden de tratamiento integral se orienta a garantizar la continuidad, integralidad y oportunidad de la atenci�n m�dica, evitar la imposici�n de nuevas barreras administrativas y prevenir que la representante del menor de edad deba acudir de manera reiterada a la acci�n de tutela para obtener los servicios que resulten necesarios para el manejo de la condici�n de salud que dio origen al presente amparo.

 

74. En consecuencia, la Sala modificar� el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, Cesar, el 5 de septiembre de 2025, a fin de que el amparo concedido comprenda los derechos fundamentales a la salud, la vida digna, la seguridad social y la integridad f�sica de Daniel. Asimismo, ordenar� a la Nueva EPS garantizar el suministro oportuno, continuo e ininterrumpido del medicamento Burosumab, conforme a las indicaciones y prescripciones de los m�dicos tratantes, as� como la pr�ctica del examen denominado �medici�n de sangre venosa�, informado durante el tr�mite constitucional como el procedimiento actualmente requerido para el seguimiento de la condici�n de salud del menor de edad. De igual manera, ordenar� el tratamiento integral de la condici�n de salud que dio origen a la presente acci�n de tutela y de las afecciones asociadas a esta, independientemente de las precisiones o modificaciones diagn�sticas que puedan producirse con posterioridad. Finalmente, la Sala advierte que, en relaci�n con los estudios gen�ticos mencionadas por la solicitante, corresponde a los m�dicos tratantes determinar, de conformidad con la evoluci�n cl�nica del paciente y los criterios cient�ficos aplicables, los ex�menes que resulten necesarios, los cuales deber�n ser garantizados oportunamente por la EPS en cumplimiento de la orden de tratamiento integral que impartir� esta providencia.

 

75. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala ordenar� a la Nueva EPS para que, en lo sucesivo, se abstenga de imponer trabas o cargas administrativas que dificulten el acceso oportuno, continuo e integral de los usuarios a las prestaciones en salud que est� obligada a garantizar. En ese mismo sentido, los hechos analizados ponen de presente la necesidad de fortalecer las actuaciones institucionales orientadas a prevenir la configuraci�n de este tipo de obst�culos en la prestaci�n del servicio de salud, particularmente en el caso de en enfermedades hu�rfanas y de sujetos de especial protecci�n constitucional como los ni�os, ni�as y adolescentes.

 

III. DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. MODIFICAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, Cesar, el 5 de septiembre de 2025, que concedi� el amparo de los derechos fundamentales a la salud, la vida digna y la seguridad social. Adicionalmente, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la integridad f�sica del menor de edad Daniel.

 

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS que, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, si a�n no lo ha hecho, materialice el suministro del medicamento Burosomab prescrito a Daniel y garantice su entrega continua, oportuna e ininterrumpida, en la forma y condiciones definidas por los m�dicos tratantes, mientras subsista la necesidad m�dica que dio lugar a su formulaci�n.

 

TERCERO. ORDENAR a la NUEVA EPS que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, si a�n no lo ha hecho, garantice la pr�ctica del examen denominado �medici�n de gases en sangre venosa�, cuya necesidad fue informada durante el tr�mite constitucional como sustituci�n del examen de �gases arteriales� ordenado el 26 de mayo de 2025.

 

CUARTO. ORDENAR a la NUEVA EPS que, dentro del t�rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci�n de esta sentencia y en adelante, garantice el TRATAMIENTO INTEGRAL de Daniel respecto de la condici�n de salud que dio origen a la presente acci�n de tutela y de las afecciones asociadas a esta, independientemente de las precisiones o modificaciones diagn�sticas que puedan producirse con posteridad.

 

QUINTO. ORDENAR a la Nueva EPS que, en lo sucesivo, se abstenga de imponer trabas o cargas administrativas que, mediante dilaciones injustificadas u otras actuaciones, dificulten el acceso oportuno, continuo e integral de los usuarios a las prestaciones en salud que est� obligada a garantizar, especialmente trat�ndose de sujetos de especial protecci�n constitucional y de personas con enfermedades hu�rfanas.

 

SEXTO. L�BRESE por secretar�a general la comunicaci�n prevista en el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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