Sentencia T-178/26

 

REP�BLICA DE COLOMBIA

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Cuarta de Revisi�n

 

Sentencia T-178 de 2026

 

Referencia: expediente T-11.740.620

 

Acci�n de tutela presentada por Jos� contra la Fundaci�n Universitaria Aut�noma de Colombia

 

Tema: subsidiariedad de la acci�n de tutela. Improcedencia del amparo constitucional ante la existencia de medios judiciales en materia de acoso laboral.

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cort�s Gonz�lez

 

 

Bogot�, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintis�is (2026).

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La Sala Cuarta de Revisi�n de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Mart�nez y por los magistrados Vladimir Fern�ndez Andrade y Juan Carlos Cort�s Gonz�lez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales[1], dicta la presente

 

SENTENCIA

 

En el tr�mite de revisi�n de los fallos de tutela del 18 de septiembre y del 23 de octubre de 2025, proferidos por los juzgados 68 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple y 50 Civil del Circuito de Bogot�, respectivamente, con ocasi�n de la acci�n de tutela promovida por Jos� contra la Fundaci�n Universitaria Aut�noma de Colombia.

 

Aclaraci�n previa

 

De conformidad con el art�culo 61 del Acuerdo 01 de 2025^[2] y la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Corte Constitucional, las Salas podr�n determinar que en la publicaci�n de sus providencias se omitan nombres o circunstancias que permitan identificar a las partes. En el presente asunto, se reservar� la identidad del accionante debido a que el expediente alude a datos espec�ficos de su historia cl�nica, cuyo car�cter es reservado. Por lo anterior, en la sentencia se omitir� su nombre real. As� las cosas, la presente providencia contar� con una segunda versi�n que utilizar� el nombre de Jos� para hacer referencia al actor, la cual se divulgar� a trav�s de los medios p�blicos correspondientes.

 

 

I.         ANTECEDENTES

 

Hechos y acci�n de tutela

 

1. El accionante manifest� que cuenta con una amplia trayectoria acad�mica[3], en la que ha desempe�ado varios cargos administrativos y directivos. Indic� que la Fundaci�n Universitaria Aut�noma de Colombia �en adelante, FUAC� lo vincul� como decano de la Facultad de Derecho desde el 1 de octubre de 2024. La instituci�n educativa y el actor celebraron los siguientes contratos de trabajo a t�rmino fijo.

 

 

2. Como fundamento de la acci�n, expuso que el 13 de marzo de 2025 fue designado por el Consejo Acad�mico como representante de las directivas acad�micas ante el Consejo Superior de la FUAC. En ejercicio de dicho cargo, tuvo conocimiento de la designaci�n del rector de la universidad como director de talento humano. Estim� que dicho nombramiento era contrario a los estatutos de la instituci�n^[4] y, adem�s, compromet�a la moralidad de la administraci�n y el buen funcionamiento de la universidad. Por consiguiente, present� una queja ante el mencionado Consejo Superior, en la cual solicit� que se evaluara si dicha situaci�n se ajustaba a las disposiciones reglamentarias y que se adoptaran las medidas respectivas^[5].

 

3. El actor asever� que desde la presentaci�n de la queja, fue objeto de una serie de conductas sistem�ticas, reiteradas y progresivas, que configuraron una estrategia de represalia institucional para promover su remoci�n del cargo de decano. En su criterio, dichos actos constituyeron acoso laboral en los t�rminos de la Ley 1010 de 2006^[6]. Agreg� que estas situaciones generaron efectos concretos sobre su salud emocional y su reputaci�n acad�mica.

 

4. El 4 de agosto de 2025, el accionante present� una denuncia por acoso laboral ante el Ministerio del Trabajo contra el rector y la secretaria general de la FUAC^[7].

 

5. Indic�, adem�s, que, el 6 de agosto de 2025, remiti� a la FUAC una copia de la denuncia por acoso laboral que hab�a radicado ante el Ministerio del Trabajo^[8]. En esa misma fecha, la accionada le notific� al actor la terminaci�n del contrato de trabajo suscrito entre las partes el 1 de julio de 2025, con fundamento en la cl�usula de periodo de prueba. Adicionalmente, el accionante manifest� que la universidad despidi� al secretario acad�mico[9] de la facultad de Derecho como represalia por coadyuvar las denuncias previamente referidas.

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6. En dicha comunicaci�n, la instituci�n educativa explic� que no se encontraba �satisfecha� con la labor del trabajador, dado que este incurri� en: �desacato a las directrices institucionales y jer�rquicas, obstrucci�n del liderazgo acad�mico y t�cnico, falta de articulaci�n con el Consejo Acad�mico, desconocimiento del rol de la Vicerrector�a Acad�mica, inobservancia de los principios de respeto, liderazgo y �tica institucional�^[10].

 

7. Con fundamento en lo anterior, el actor promovi� una acci�n de tutela en contra de la FUAC. Pidi� la protecci�n de sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al buen nombre y a la honra, entre otros. En consecuencia, solicit� que se ordenara a la instituci�n accionada: (i) reconocer la garant�a de estabilidad laboral reforzada prevista en la Ley 1010 de 2006, por actos de acoso laboral; (ii) dejar sin efectos cualquier acto de desvinculaci�n adoptado en contravenci�n a dicha protecci�n; y (iii) declarar la ineficacia del despido y proceder al reintegro inmediato del accionante al cargo que ocupaba, con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta su reincorporaci�n.

 

Actuaciones durante el tr�mite de instancia

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8. Admisi�n y vinculaci�n. Mediante auto del 5 de septiembre de 2025, el Juzgado 68 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot�[11] avoc� conocimiento de la acci�n de tutela, vincul� al Consejo Superior y a la Secretar�a General de la FUAC, al sindicato de profesores de dicha instituci�n (SINPROFUAC) y al Ministerio del Trabajo[12]. El 16 de septiembre siguiente, esa autoridad judicial vincul� al Comit� de Convivencia Laboral de la accionada.

 

9. Respuesta de la FUAC. La accionada se opuso a la totalidad de las pretensiones. En primer lugar, sostuvo que la acci�n de tutela de la referencia pretende solicitar el reconocimiento de derechos y prestaciones de car�cter laboral, los cuales deben ser debatidos ante la jurisdicci�n ordinaria. Adujo que la terminaci�n del contrato obedeci� al ejercicio leg�timo de la facultad conferida al empleador durante el periodo de prueba, de conformidad con los art�culos 76, 77 y 80 del C�digo Sustantivo del Trabajo (CST).

 

10. A�adi� que el accionante no acudi� al Comit� de Convivencia Laboral de la instituci�n, lo cual imposibilit� la activaci�n de los mecanismos internos de protecci�n previstos en la Ley 1010 de 2006. Argument� que el fuero de estabilidad laboral reforzada del art�culo 11 de dicha ley no opera de manera autom�tica con la sola presentaci�n de la denuncia, sino que requiere la verificaci�n de los hechos por una autoridad competente. Por �ltimo, inform� que el actor es pensionado, por lo que su desvinculaci�n no genera un menoscabo a su m�nimo vital ni una situaci�n de desprotecci�n material.

 

11. Respuesta de SINPROFUAC. El sindicato de profesores de la accionada coadyuv� las pretensiones del accionante. Afirm� que la instituci�n ha ejercido violencia y acoso laboral en contra del actor por su defensa de la instituci�n y de los derechos laborales. Sostuvo que existe un patr�n de despidos de profesores con fuero sindical y que no se respet� el debido proceso en su desvinculaci�n.

 

Decisiones judiciales objeto de revisi�n

 

12. Primera instancia. Mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025, el Juzgado 68 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot� neg� el amparo constitucional. Consider� que el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales id�neos y eficaces para la protecci�n de sus intereses, espec�ficamente aquellos previstos ante la jurisdicci�n ordinaria laboral.

 

13. Impugnaci�n. El accionante impugn� el fallo de primera instancia. Argument� que dicha decisi�n desconoci� que la terminaci�n del contrato laboral se produjo dentro de los seis meses siguientes a la interposici�n de una denuncia formal por acoso laboral, lo que activa la protecci�n especial establecida en el art�culo 11 de la Ley 1010 de 2006. Se�al� que la providencia recurrida redujo el an�lisis a la existencia de otros medios judiciales, sin tener en cuenta que el despido retaliatorio produce un perjuicio irremediable sobre su estabilidad, honra y trayectoria acad�mica.

 

14. Segunda instancia. El 23 de octubre de 2025, el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot� confirm� la sentencia impugnada. Estim� que subsiste una controversia respecto de la protecci�n frente al despido alegado por el accionante y la terminaci�n del contrato durante el periodo de prueba invocada por la instituci�n, la cual debe ser dirimida por el juez laboral.

 

Actuaciones en sede de revisi�n

 

15. Selecci�n. Mediante auto del 30 de enero de 2026, la Sala de Selecci�n de Tutelas N�mero Uno escogi� para revisi�n el expediente de la referencia[13]. Tras el sorteo correspondiente, este fue repartido al despacho del magistrado sustanciador, al cual la Secretar�a General de la Corte Constitucional lo envi� el 13 de febrero siguiente.

 

16. Decreto oficioso de pruebas. El 6 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador decret� pruebas de oficio para (i) establecer las condiciones socioecon�micas del accionante y su estado de salud; (ii) determinar las circunstancias asociadas a la terminaci�n del v�nculo laboral que la accionada sostuvo con el actor; y (iii) valorar las actuaciones que la FUAC ha adelantado respecto de la queja por acoso laboral promovida por Jos�[14]. Igualmente, se decret� la consulta de informaci�n en bases de datos p�blicas.

 

17. Elementos de juicio recaudados. Ante el decreto de pruebas se obtuvieron las siguientes respuestas[15].

 

 

18. Consulta de informaci�n del accionante en bases de datos p�blicas[30]. Una vez practicada esta prueba, se determin� que el actor no se encuentra registrado en ninguna de las bases consultadas (BDUA[31], SISBEN IV e �ndice de Propietarios de la Superintendencia de Notariado y Registro).

 

II.     �CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

19. La Sala Cuarta de Revisi�n de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el asunto de la referencia, a partir de lo dispuesto en los art�culos 86 y 241.9 de la Constituci�n y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Examen sobre la procedencia de la acci�n de tutela

 

20. La Sala advierte que la solicitud de amparo es improcedente, por cuanto no satisface el requisito de subsidiariedad. Ello, en la medida en que el actor cuenta con mecanismos judiciales id�neos y eficaces para abordar sus pretensiones. Adem�s, no se advierte la configuraci�n de un perjuicio irremediable que habilite que la acci�n de tutela se conceda como mecanismo transitorio.

 

21. Legitimaci�n por activa[32]. La acci�n de tutela fue formulada por el titular de los derechos fundamentales invocados, en nombre propio. Por lo tanto, la solicitud de amparo cumple esta condici�n de procedencia.

 

22. Legitimaci�n por pasiva[33]. La solicitud de amparo se promovi� en contra de la FUAC, instituci�n de educaci�n superior de naturaleza privada. Esta entidad se encuentra legitimada por pasiva por cuanto: (i) fungi� como empleadora del actor, de modo que, al momento de los hechos que configuraron la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales, exist�a un v�nculo laboral entre las partes y, por consiguiente, una posici�n de subordinaci�n del accionante respecto de la accionada[34]; y (ii) presta el servicio p�blico de educaci�n.

 

23. �En el mismo sentido, el Consejo Superior y la Secretar�a General de la FUAC se encuentran legitimados por pasiva, en su condici�n de �rganos de direcci�n y administraci�n de la accionada. Aquellos presuntamente concurrieron en las actuaciones asociadas con la queja del actor y con la posterior terminaci�n de su contrato de trabajo. De igual manera, el Comit� de Convivencia Laboral es la instancia interna que tiene a su cargo adelantar el tr�mite confidencial, conciliatorio y efectivo respecto de las conductas de presunto acoso laboral que ocurran en el lugar de trabajo^[35], en los t�rminos del numeral 1 del art�culo 9 de la Ley 1010 de 2006.

 

24. Asimismo, el Ministerio del Trabajo est� legitimado por pasiva en raz�n de las competencias que ejerce en materia de acoso laboral. En particular, el art�culo 9 de la Ley 1010 de 2006 les otorga competencia a los inspectores del trabajo para adelantar el tr�mite pertinente respecto de las denuncias que reciban con ocasi�n de esa clase de conductas. En el presente asunto, el referido ministerio intervino con ocasi�n de la queja radicada por el se�or Jos� el 4 de agosto de 2025 y conmin� preventivamente a la FUAC el 19 de agosto siguiente, raz�n por la cual su vinculaci�n al tr�mite constitucional resulta necesaria para la adecuada valoraci�n de los hechos que sustentan el amparo y por las eventuales �rdenes que puedan dictarse en relaci�n con esa autoridad.

 

25. Por �ltimo, en concordancia con la decisi�n adoptada en un asunto similar[36], la Sala desvincular� al Sindicato de Profesores de la Universidad Aut�noma de Colombia (SINPROFUAC), en tanto esta organizaci�n no est� involucrada en los hechos materia del proceso ni incurri� en actos que el accionante considere como vulneradores de sus derechos fundamentales. Incluso, el sindicato intervino en el proceso para coadyuvar las pretensiones del actor, por lo que su conducta no es la que genera la vulneraci�n o amenaza de derechos fundamentales.

 

26. Inmediatez[37]. El actor considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la FUAC, por cuanto dicha instituci�n termin� el contrato de trabajo suscrito entre las partes con fundamento en la cl�usula de per�odo de prueba. Lo anterior, pese a que el actor radic� una queja por acoso laboral.

 

27. Al respecto, la Sala advierte que el despido del accionante tuvo lugar el 6 de agosto de 2025 y la solicitud de amparo se radic� el 5 de septiembre siguiente. Por ende, el lapso transcurrido desde la conducta que presuntamente desconoci� los derechos de la parte actora y la presentaci�n de la acci�n de tutela fue de aproximadamente un mes. En tales condiciones, la Sala entiende que el demandante acudi� a la tutela en un t�rmino razonable y el requisito de inmediatez se satisface.

 

28. Subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, conforme al art�culo 86 de la Constituci�n, implica que la acci�n de tutela solo proceder� cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el car�cter subsidiario de la acci�n, la Corte Constitucional ha se�alado que �permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protecci�n judicial, como dispositivos leg�timos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos�^[38]. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a promover los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situaci�n que estimen lesiva de sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como v�a preferente o instancia adicional de protecci�n.

 

29. En este sentido, cuando el sistema jur�dico no ofrece ning�n medio judicial ordinario o extraordinario apto para lograr la defensa de los derechos, la tutela constituye el mecanismo definitivo para su protecci�n[39]. No obstante, en aquellos eventos en que existen otros medios de defensa judicial, esta corporaci�n ha determinado que pueden presentarse dos excepciones que justifican la procedibilidad del amparo constitucional^[40]:

 

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es id�neo y eficaz[41] conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

 

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial id�neo, �ste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acci�n de tutela procede, en principio, como un mecanismo transitorio.

 

30. En cuanto a la primera hip�tesis, es pertinente se�alar que la idoneidad del medio de defensa judicial no puede determinarse en abstracto sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protecci�n del derecho debe evaluarse en el contexto concreto del caso analizado, de acuerdo con el art�culo 6 del Decreto 2591 de 1991. Este an�lisis debe ser sustancial y no simplemente formal y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario.

 

31. Ahora bien, en cuanto a la segunda hip�tesis, para concluir que se presenta un perjuicio irremediable, esta Corte ha indicado que debe establecerse (i) la inminencia del perjuicio, lo que implica que el da�o �est� por suceder en un tiempo cercano�; (ii) la urgencia de las medidas para evitar la afectaci�n de los derechos fundamentales; (iii) la gravedad del perjuicio; y (iv) el car�cter impostergable de las �rdenes por proferir[42].

 

32. Adicionalmente, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protecci�n constitucional, como ni�os, ni�as y adolescentes, personas cabeza de familia, en situaci�n de discapacidad, de la tercera edad o poblaci�n desplazada, entre otras, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a trav�s de criterios de an�lisis m�s amplios, pero no menos rigurosos^[43].

 

33. En cumplimiento del requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, �las discusiones de car�cter laboral relacionadas con la legalidad y constitucionalidad del despido de trabajadores, deber�n tramitarse ante la jurisdicci�n ordinaria�[44]. Por lo tanto, dada la naturaleza subsidiaria del amparo constitucional, este resulta, en principio, improcedente para resolver pretensiones de esa naturaleza[45].

 

34. Adicionalmente, debe considerarse que el art�culo 12 de la Ley 1010 de 2006 atribuye de manera expresa a los jueces laborales la competencia para imponer las medidas sancionatorias respectivas cuando se susciten controversias por acoso laboral que involucran a trabajadores del sector privado[46]. En consonancia con lo anterior, el legislador estableci� un proceso judicial de naturaleza especial, asignado a la jurisdicci�n ordinaria[47], el cual consta de las siguientes etapas.

 

 

35. En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que el proceso especial regulado en el art�culo 13 de la Ley 1010 de 2006 �es un escenario id�neo para garantizar los derechos fundamentales en el marco de este tipo de controversias�[48], en tanto este procedimiento permite demostrar judicialmente la existencia de conductas constitutivas de acoso laboral[49] y la imposici�n de sanciones a quienes incurran en ellas. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que ese proceso especial no puede extenderse a otras pretensiones como, por ejemplo, las posibles vulneraciones al debido proceso en las que haya incurrido el comit� de convivencia laboral de la entidad respectiva[50].

 

36. Con fundamento en lo anterior, corresponde a la Sala verificar si, como lo sostuvieron los jueces de instancia, el accionante dispone de otros medios judiciales id�neos y eficaces para la protecci�n de los derechos que invoca como vulnerados.

 

37. Al respecto, es pertinente reiterar que el actor solicit� en el escrito de tutela: (i) el reconocimiento de la estabilidad reforzada prevista en la Ley 1010 de 2006; (ii) la declaratoria de ineficacia de la terminaci�n del contrato adoptada el 6 de agosto de 2025 con fundamento en la cl�usula de per�odo de prueba; y (iii) el reintegro al cargo, con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Para la Sala, esta clase de pretensiones son susceptibles de debatirse �ntegramente ante el juez laboral, por corresponder a asuntos propios del �mbito de sus competencias.

 

38. Existe entonces un medio de defensa judicial id�neo, por cuanto las pretensiones de la acci�n de tutela pueden plantearse ante el juez ordinario laboral y aquel es eficaz, porque la ley prev� un procedimiento especial para estos casos. De hecho, como se explic� anteriormente, los t�rminos para la decisi�n son breves y est�n establecidos legalmente. En particular, la audiencia para la decisi�n debe realizarse dentro de los treinta d�as siguientes a la presentaci�n de la queja. Por lo tanto, dicha herramienta procesal permite conjurar las afectaciones que eventualmente pudieran sobrevenir durante su curso, de suerte que no se advierten razones para estimar que el tr�mite especial para casos de acoso laboral resulte inid�neo o carente de eficacia en el caso concreto.

 

39. De igual modo, debe tenerse en cuenta que en el tr�mite del proceso laboral el actor puede solicitar que se decrete cualquier �medida que el juez encuentre razonable para la protecci�n del derecho, evitar un perjuicio irremediable o asegurar la efectividad de la pretensi�n, determinado su alcance y duraci�n�[51].

 

40. Adem�s, la determinaci�n sobre la causa real de la terminaci�n del v�nculo laboral que el actor sosten�a con la instituci�n educativa accionada resulta de particular complejidad, en consideraci�n a las versiones contrapuestas presentadas por las partes. De un lado, el accionante atribuye su desvinculaci�n a una estrategia de represalia institucional, desplegada en respuesta a la queja que formul� ante el Consejo Superior por la presunta irregularidad en el nombramiento del rector como director de talento humano y a la denuncia por acoso laboral que radic� ante el Ministerio del Trabajo. De otro lado, la accionada sostiene que la terminaci�n del contrato obedeci� al ejercicio de la facultad prevista en el art�culo 80 del C�digo Sustantivo del Trabajo, a partir de evaluaciones internas de desempe�o que dieron cuenta de deficiencias en la articulaci�n acad�mica del actor con los �rganos colegiados, desacato a directrices institucionales y quejas de otros trabajadores por presuntos tratos constitutivos de acoso laboral atribuidos al propio accionante. Dicha entidad controvirti�, en forma categ�rica, que la medida hubiera sido adoptada como represalia.

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41. En esta medida, dadas las particularidades del caso concreto, el esclarecimiento de estos hechos exige la valoraci�n amplia y concentrada de m�ltiples medios de prueba, por lo cual no puede adelantarse con la misma extensi�n y rigor en el tr�mite sumario del amparo constitucional, que est� concebido para la resoluci�n inmediata de afectaciones a los derechos fundamentales. Tal ejercicio es propio del escenario ordinario laboral, en el cual se garantizan la contradicci�n, la concentraci�n y la inmediaci�n probatorias.

 

42. Aunado a lo anterior, la Sala estima que no resulta procedente que el juez constitucional, en el presente caso, aplique la presunci�n de veracidad prevista en el Decreto 2591 de 1991 respecto de los hechos expuestos por el actor. Ello, por cuanto la accionada se opuso en tiempo a las afirmaciones del escrito de tutela, controvirti� los elementos de juicio aportados, rindi� sus propias explicaciones y alleg� las pruebas que consider� oportunas para demostrar sus planteamientos.

 

43. Adicionalmente, a partir de las pruebas aportadas por el actor, no se encuentra acreditada una situaci�n personal que haga ineficaz el proceso laboral en este caso. En efecto, el se�or Jos� inform� que es pensionado de la Universidad Nacional de Colombia y percibe una mesada base equivalente a 11,8 salarios m�nimos legales mensuales vigentes. Asimismo, el actor conserva una vinculaci�n activa como docente ocasional en programas de doctorado y de maestr�a de diversas instituciones de educaci�n superior del pa�s. Adem�s, fue nombrado por la Universidad Nacional de Colombia como docente especial en dos oportunidades durante el a�o 2025, con la asignaci�n mensual y las prestaciones correspondientes.

 

44. Las anteriores circunstancias indican que, al margen del desenlace del proceso laboral que llegase a promover contra la FUAC, el accionante conserva su capacidad econ�mica y un flujo peri�dico de ingresos suficiente para atender sus necesidades b�sicas y las de su n�cleo familiar, conformado por �l y su c�nyuge. Si bien el actor presenta diagn�sticos cardiovasculares que requieren atenci�n m�dica permanente, no se desprende del acervo probatorio que el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos prescritos dependa del mantenimiento del v�nculo laboral con la accionada.

 

45. Ahora bien, en sede de revisi�n el accionante expuso que su solicitud de amparo no se circunscribe a reclamaciones econ�micas, sino que ella se orienta a la protecci�n de su dignidad personal y acad�mica, as� como a la salvaguarda de su buen nombre y trayectoria universitaria. Para la Sala, estas garant�as son de la mayor relevancia. Sin embargo, debe considerarse que la controversia planteada por el actor desde el escrito de tutela se sustent� en la presunta configuraci�n de conductas constitutivas de acoso laboral y, en consecuencia, le solicit� al juez de tutela que declarara la ineficacia del despido, el reintegro y los salarios y prestaciones dejados de percibir. En estas circunstancias, el asunto fue delimitado por la parte actora como una controversia de naturaleza laboral, derivada de la terminaci�n de un contrato de trabajo.

 

46. La Sala considera oportuno aclarar que, si bien el juez de tutela dispone de facultades extra y ultra petita para asegurar la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales m�s all� de lo expresamente solicitado por el accionante[52], su ejercicio exige que en el expediente obren elementos de juicio suficientes que permitan acreditar, de manera aut�noma, la configuraci�n de una vulneraci�n de los derechos fundamentales distinta de la que se desprende de la controversia laboral subyacente.

 

47. En el presente caso, en los t�rminos del escrito de tutela y de la respuesta aportada en sede de revisi�n, la presunta afectaci�n de los derechos a la dignidad personal y acad�mica, al buen nombre y a la trayectoria universitaria del accionante aparece como una consecuencia derivada del despido y de las conductas de presunto acoso laboral previamente denunciadas. En consecuencia, su valoraci�n depende, necesariamente, del esclarecimiento de los hechos que dieron lugar a la terminaci�n del contrato laboral. Dicho asunto, como se expuso, exige un debate amplio de naturaleza probatoria que excede el tr�mite sumario de la acci�n de tutela y corresponde, por su estructura y su competencia legal, al juez laboral.

 

48. En este punto, la Sala advierte que, en el presente caso, el accionante no ha cuestionado el procedimiento adelantado ante el Comit� de Convivencia Laboral de la FUAC, ni ha solicitado al juez constitucional pronunciarse sobre presuntas irregularidades que pudieran haber ocurrido en ese escenario. En consecuencia, no se advierte un �mbito de discusi�n que exceda el marco de competencias del juez laboral, el cual, como se expuso, dispone de las herramientas procesales y cautelares necesarias para garantizar una protecci�n oportuna y efectiva de los derechos fundamentales invocados.

 

49. Tampoco se configura, en este evento, un perjuicio irremediable que justifique la intervenci�n transitoria del juez constitucional. Para la Sala, el accionante no demostr� la existencia de una amenaza cierta y pr�xima a los bienes y derechos invocados, distinta de los efectos ordinarios que se derivan de una terminaci�n contractual. Adem�s, las pretensiones del actor involucran intereses patrimoniales asociados al v�nculo laboral, cuya reparaci�n puede solicitarse y obtenerse ante la jurisdicci�n ordinaria sin comprometer el m�nimo vital que, como se expuso, se encuentra debidamente atendido con los ingresos derivados de la mesada pensional y de las dem�s vinculaciones acad�micas del accionante. En consecuencia, no se advierten razones por las cuales los mecanismos ante la jurisdicci�n laboral no ofrecer�an una respuesta adecuada a las pretensiones del accionante, habida cuenta de las herramientas procesales y probatorias de las que el juez ordinario dispone.

 

50. De otra parte, a partir de la informaci�n recaudada en sede de revisi�n, se determina que el actor tiene 77 a�os, por lo que su edad se encuentra ligeramente por debajo de la expectativa de vida fijada por el DANE[53] y, por lo tanto, estrictamente no podr�a considerarse como una persona de la tercera edad[54]. No obstante, el actor tiene la condici�n de adulto mayor y, por consiguiente, es un sujeto de especial protecci�n constitucional[55].

 

51. Con todo, es pertinente se�alar que la edad del accionante no constituye una circunstancia que permita concluir, de manera autom�tica, que la acci�n de tutela debe superar el requisito de subsidiariedad. En este sentido, esta corporaci�n ha declarado la improcedencia de la acci�n de tutela aun cuando quienes acuden al amparo constitucional son sujetos de especial protecci�n[56]. Ello, por considerar que el medio de defensa judicial ordinario �no supone una carga desproporcionada, pues al someterse a las reglas procesales y a los plazos para adelantar su proceso ante dicha jurisdicci�n, no existe riesgo de una merma en la calidad de vida o riesgo de un perjuicio irremediable, que amerite la intervenci�n transitoria del juez de tutela�[57].

 

52. En consonancia con lo anterior, la Corte ha reiterado que �la edad no es una circunstancia que por s� misma sirva para dar por cumplido el requisito de subsidiariedad�[58] en todos los casos, por cuanto ello implicar�a que �la jurisdicci�n constitucional sustituya siempre o casi siempre a la jurisdicci�n ordinaria en conflictos que involucren a (�) sujetos de especial protecci�n�[59]. En la misma l�nea ha considerado �la condici�n de sujeto de tercera edad no constituye per se raz�n suficiente para admitir la procedencia de la acci�n de tutela�^[60]. Esta situaci�n permite concluir que, pese a aplicar un criterio m�s flexible en el an�lisis de procedencia de la acci�n de tutela, lo cierto es que dicho presupuesto debe evaluarse a efectos de establecer la procedencia general de la tutela. En tal perspectiva, la acreditaci�n del requisito de subsidiariedad no est� limitada �nicamente a la demostraci�n de la pertenencia a un grupo poblacional de especial protecci�n, como en el presente caso. Es decir, no basta con ser una persona de la tercera edad, pues debe demostrarse que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela tiene relevancia constitucional y que, ante la existencia de mecanismos judiciales ordinarios, se est� ante la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tales aspectos no est�n demostrados en el presente asunto.

 

53. En suma, la acci�n de tutela formulada por Jos� contra la FUAC es improcedente por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Como se expuso, el actor cuenta con el proceso laboral ordinario, que resulta id�neo y eficaz para debatir las pretensiones formuladas en este tr�mite �entre ellas, la declaratoria de ineficacia de la terminaci�n del contrato laboral y el reconocimiento de los derechos establecidos en el art�culo 11 de la Ley 1010 de 2006�, sin que se haya demostrado la configuraci�n de un perjuicio irremediable que habilite la intervenci�n excepcional del juez constitucional. Esta conclusi�n no supone un pronunciamiento de fondo sobre el m�rito de las pretensiones del accionante ni sobre la existencia o no de las conductas de presunto acoso laboral denunciadas, materias cuyo esclarecimiento corresponde a la autoridad competente en el escenario ordinario.

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54. En consecuencia, la Sala revocar� las decisiones de instancia que, formalmente[61], negaron el amparo solicitado. En su lugar, se declarar� improcedente la acci�n de tutela.

 

III.  �DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

Primero. REVOCAR las sentencias del 23 de octubre y 18 de septiembre de 2025, proferidas por los Juzgados 50 Civil del Circuito y 68 de Peque�as Causas y Competencia M�ltiple de Bogot�, respectivamente, que hab�an negado el amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acci�n de tutela, de acuerdo con los motivos expuestos en esta providencia.

 

Segundo. DESVINCULAR del presente proceso de tutela al Sindicato de Profesores de la Universidad Aut�noma de Colombia (SINPROFUAC), por las razones planteadas en este fallo.

 

Tercero. ORDENAR que, por conducto de la Secretar�a General de la Corte Constitucional, se LIBREN las comunicaciones a que alude el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase,

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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