SU- de 2025

Se instauró la acción de tutela en contra de un fallo judicial de segunda instancia proferido al interior de un proceso de reparación directa interpuesto por los actores en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional, para que se declarara la responsabilidad administrativa, a título de falla en el servicio, por el fallecimiento de un familiar como consecuencia de disparos de la Fuerza Pública.

Se adujo que dicha providencia incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente, procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.

Lo anterior, al declarar la falta de legitimación material en la causa por activa, trece años después de la admisión de la demanda, con fundamento en que no se aportaron los registros civiles que probaran el parentesco y/o el estado civil, porque la solicitud probatoria efectuada en el recurso de apelación era improcedente y porque el juez administrativo no tenía el deber de decretar de oficio el aporte de los registros civiles.

Según los actores, la decisión censurada ignoró el deber funcional del juez contencioso de decretar pruebas de oficio con el objeto de alcanzar la verdad material, y aplicó de manera irreflexiva las normas procesales del Decreto 1 de 1984 que regulan las cargas probatorias de la legitimación en la causa por activa.

Se analizó temática relacionada con las normas que regulan las pruebas de la legitimación en la causa por activa en los procesos de reparación directa, en especial, la prueba del parentesco o del estado civil.

La Corte reconoció que, por regla general, en virtud del principio de onus probandi, la carga de la prueba de la legitimación material por activa en los procesos de reparación directa por muerte corresponde a la parte accionante, pero que, conforme a la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa esta regla no es absoluta y que en casos excepcionales el juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio y flexibilizar la carga de la prueba del parentesco y el estado civil.

Concluyó la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional reiterada y uniforme, el incumplimiento de estos deberes configura, de forma recurrente, un defecto fáctico y por exceso ritual manifiesto.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado, se dejó sin efectos la providencia atacada y se ordenó a la autoridad judicial decretar como prueba de oficio la incorporación de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio que fueron aportados por los demandantes en el recurso de apelación, al igual que emitir una nueva sentencia de segunda instancia.