REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Plena-

 

SENTENCIA SU-066 de 2026

 

Referencia: expediente T-11.371.944.

 

Asunto: acci�n de tutela interpuesta por Andrea contra la Secci�n Primera del Consejo de Estado.

 

Tema: p�rdida de investidura por no tomar posesi�n de la curul de oposici�n en un contexto de embarazo de alto riesgo.

 

Magistrado Ponente: Vladimir Fern�ndez Andrade.

 

Bogot� D.C., veintis�is (26) de marzo dos mil veintis�is (2026).

 

Anotaci�n: En atenci�n a que en este caso se encuentra involucrada informaci�n sensible de la historia cl�nica de la accionante y que, por ende, su divulgaci�n puede ocasionar un da�o a su intimidad, se registrar�n dos versiones de esta sentencia, una con los nombres reales que la Secretar�a General de la Corte remitir� a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres ficticios que seguir� el canal previsto por esta corporaci�n para la difusi�n de informaci�n p�blica. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1437 de 2011, el Reglamento de la Corte Constitucional y la Circular Interna No. 10 de 2022.

 

S�ntesis de la sentencia: La Corte Constitucional estudi� una acci�n de tutela interpuesta por Andrea contra la Secci�n Primera del Consejo de Estado, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad material, dignidad humana, participaci�n pol�tica, acceso a cargos p�blicos y protecci�n especial a la maternidad, con ocasi�n de la Sentencia de julio de 2024 mediante la cual la autoridad accionada, en segunda instancia, declar� la p�rdida de su investidura por no tomar posesi�n de la curul de oposici�n dentro del t�rmino legal, pese a haberla aceptado.

 

La accionante sostuvo que la decisi�n judicial desconoci� que, para el momento en que deb�a posesionarse, cursaba un embarazo cl�nicamente catalogado como de alto riesgo, acreditado mediante historia cl�nica, testimonios m�dicos y psicol�gicos y expresas recomendaciones de reposo absoluto, restricci�n de desplazamientos y de situaciones de estr�s asociadas al contexto electoral. En su criterio, dichas circunstancias configuraban una situaci�n de fuerza mayor en los t�rminos del par�grafo 1 del numeral 3 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, que hac�a constitucionalmente inexigible la conducta de posesionarse oportunamente.

 

La controversia constitucional se centr� en establecer si la autoridad judicial accionada incurri� en defecto por violaci�n directa de la Constituci�n y defecto f�ctico, al descartar, de plano, la inexegibilidad de la obligaci�n de tomar posesi�n de la accionante como concejala, omitiendo la realizaci�n de una valoraci�n integral y con perspectiva de g�nero del contexto m�dico y personal del caso, particularmente frente a la protecci�n reforzada de la mujer gestante, del nasciturus y la exigibilidad diferenciada de cargas en materia de derechos pol�ticos.

 

La Corte analiz� el r�gimen constitucional de la p�rdida de investidura, su naturaleza sancionatoria y la necesidad de examinar de manera articulada el elemento objetivo de la causal y las causales de exclusi�n de responsabilidad, antes de abordar el juicio de culpabilidad, as� como la jurisprudencia relativa a la causal de p�rdida de investidura invocada y al enfoque de g�nero, la igualdad material y la protecci�n reforzada de la maternidad. A partir de este marco, reconstruy� los hechos relevantes y, luego de precisar la exigibilidad en el caso concreto del deber de tomar posesi�n de la curul de oposici�n, verific� que en este caso la no posesi�n se produjo en el contexto de un embarazo de alto riesgo, con indicaciones m�dicas de reposo absoluto y limitaciones reales para el desplazamiento y la exposici�n a situaciones de estr�s, lo que podr�a incidir directamente en la exigibilidad concreta del deber legal de posesionarse.

 

En primer lugar, concluy� que se incurri� en defecto por violaci�n directa de la Constituci�n al interpretar el numeral 3 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000 de manera aislada, desarticulada del par�metro constitucional y convencional aplicable, sin integrar de forma sistem�tica los mandatos superiores �en particular, los derivados de los art�culos 13, 40, 43 y 53 de la Constituci�n, en armon�a con los art�culos 11, 42 y 44 y con el bloque de constitucionalidad�, lo que condujo a evaluar la exigibilidad de la conducta desde una l�gica estrictamente formal. En ese contexto, la autoridad judicial exigi� una imposibilidad f�sica absoluta frente a la exigibilidad del deber de posesi�n en el caso concreto, descart� la existencia de un dilema constitucional y omiti� valorar, en clave de igualdad material, protecci�n reforzada de la maternidad y enfoque de g�nero, las condiciones de vulnerabilidad alegadas, incluyendo el posible riesgo obst�trico y las afectaciones personales y familiares, lo que deriv� en la imposici�n de una sanci�n que, sin una valoraci�n en la que se tenga en cuenta el par�metro constitucional y convencional exigible, resulta incompatible con el orden constitucional integrado.

 

En segundo lugar, concluy� que se configur� un defecto f�ctico, por cuanto la autoridad judicial accionada realiz� una valoraci�n incompleta, fragmentada, y sin enfoque de g�nero del acervo probatorio, restando m�rito a las historias cl�nicas, a los testimonios del m�dico y de la psic�loga tratantes y a las �rdenes de reposo absoluto, lo que condujo a una omisi�n trascendente en la valoraci�n integral de los elementos de juicio, a fin de determinar si cab�a imponerle a la accionante la exigibilidad del deber de tomar posesi�n en el caso concreto.

 

La Corte enfatiz� que la p�rdida de investidura constituye una sanci�n de m�xima gravedad que restringe intensamente los derechos pol�ticos, por lo que el an�lisis frente a la exigibilidad de la obligaci�n de tomar posesi�n no puede realizarse desde par�metros abstractos, sino a partir de una valoraci�n integral, contextual y, de ser el caso, con enfoque de g�nero de las circunstancias f�cticas debidamente probadas, especialmente, cuando se trata de una mujer gestante con embarazo de alto riesgo y con �rdenes m�dicas que tienen la capacidad de incidir en la exigibilidad concreta del deber jur�dico de tomar posesi�n.

 

Con fundamento en lo anterior, la Corte concluy� que las irregularidades advertidas incidieron directamente en la estructuraci�n del elemento objetivo de la causal de no tomar posesi�n y, de manera consecuencial, en el juicio de culpabilidad adelantado en la providencia cuestionada, en cuanto la autoridad judicial concluy� que el deber de tomar posesi�n era exigible a la accionante, a partir de una valoraci�n probatoria fragmentaria y sin enfoque de g�nero.

 

Por estas razones, revoc� la Sentencia de tutela de primera instancia de mayo de 2025, proferida por la Subsecci�n C de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se hab�a declarado improcedente el amparo. En su lugar, decidi� confirmar parcialmente y por las razones expuestas en esa providencia, la Sentencia dictada en febrero de 2025 por la Subsecci�n B de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado en primera instancia, en cuanto ampar� los derechos de la accionante y dej� sin efectos la Sentencia de segunda instancia dictada en julio de 2024 en el expediente de p�rdida e investidura promovido en contra de Andrea. En lo dem�s, modific� el alcance de la orden de protecci�n impartidas.

 

Asimismo, orden� a la Secci�n Primera del Consejo de Estado proferir una nueva decisi�n de fondo, en el t�rmino de treinta (30) d�as, atendiendo a las consideraciones de fondo expuestas en esta providencia. Para ello, la sentencia deber� incorporar un enfoque de g�nero conforme a la jurisprudencia constitucional, mediante un an�lisis contextual, libre de estereotipos y orientado a la igualdad material, articulando estas consideraciones con la valoraci�n probatoria, la protecci�n reforzada de la mujer gestante y del nasciturus, y la interpretaci�n constitucional e internacional aplicable.

 

Tabla de contenido

 

I.�������� ANTECEDENTES. 5

1.���������������� Hechos. 5

2.���������������� Tr�mite de la acci�n de tutela. 14

2.1.����������� Presentaci�n, admisi�n de la acci�n de tutela y medida cautelar decretada. 14

2.2.����������� Respuestas de la autoridad judicial demandada y de los vinculados. 15

3.���������������� Decisiones objeto de revisi�n. 15

3.1.����������� Sentencia de tutela de primera instancia. 15

3.2.����������� Impugnaci�n. 16

3.3.����������� Sentencia de segunda instancia. 18

4.���������������� Actuaciones de esta Corte. 19

4.1.����������� Selecci�n del caso y conocimiento de la Sala Plena. 19

4.2.����������� Primer auto de pruebas y respuestas obtenidas. 19

4.3.����������� Vinculaci�n y segundo auto de pruebas. 21

4.3.1.������� Pruebas recaudadas 22

4.4.����������� Intervenci�n de la Defensor�a del Pueblo. 25

4.5.����������� Amicus curiae. 27

4.6.����������� Traslado de la informaci�n obtenida. 32

II.������� CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 32

1.���������������� Competencia. 32

2.���������������� Procedencia de la acci�n de tutela. 32

3.���������������� Presentaci�n del caso y formulaci�n de los problemas jur�dicos. 42

4.���������������� M�todo y estructura de la decisi�n. 49

4.1.����������� Descripci�n te�rica de los defectos espec�ficos que ser�n analizados. 49

4.2.����������� La naturaleza constitucional y sancionatoria del proceso de p�rdida de investidura como l�mite al ejercicio de los derechos pol�ticos. 50

4.3.����������� Responsabilidad subjetiva, eximentes y est�ndares de imputaci�n en la p�rdida de investidura� 54

4.4.����������� El alcance de la causal de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n oportuna y la fuerza mayor como eximente de responsabilidad de dicha causal 60

4.5.����������� R�gimen jur�dico de la curul de oposici�n y la improcedencia de flexibilizar la causal de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n. 64

4.6.����������� Participaci�n pol�tica de las mujeres y la garant�a de igualdad material 67

4.7.����������� El acceso a la administraci�n de justicia con enfoque de g�nero como garant�a reforzada de los derechos de las mujeres. 71

4.8.����������� Soluci�n del caso concreto. 76

4.8.1.������� Presentaci�n de los hechos jur�dicamente relevantes en el expediente de p�rdida de investidura� 77

4.8.2.������� Cuesti�n previa: Deber de tomar posesi�n de la curul de oposici�n en el caso concreto� � 97

4.8.3.������� Soluci�n a los problemas jur�dicos. 100

4.8.3.1.��� Soluci�n al primer problema jur�dico. 100

4.8.3.2.��� Soluci�n al segundo problema jur�dico. 106

5.���������������� Remedios constitucionales. 113

III.����� DECISI�N.. 115

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular de aquellas previstas en los art�culos 241.9 del Texto Superior y 60 del Acuerdo 01 de 2025, profiere la siguiente sentencia:

 

I.    ANTECEDENTES

 

1.            Hechos[1]

 

1.                 La accionante, Andrea, fue candidata a la alcald�a del municipio de Berl�n en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019. Narr� que, estando en campa�a electoral, el 17 de agosto de 2019, sufri� una ca�da mientras participaba de una cabalgata, siendo llevada al servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital San Mart�n de ese municipio.

 

2.                 Como consecuencia del accidente, recibi� la atenci�n de su m�dico de confianza Mateo, quien, luego de ordenar la toma de ex�menes de rutina, constat� que la accionante se encontraba en estado de gestaci�n, situaci�n que hasta ese momento era desconocida para la accionante. Enterada de su estado de embarazo, decidi� continuar con su campa�a electoral con las precauciones del caso.

 

3.                 Cumplidas las elecciones del 27 de octubre de 2019, la accionante obtuvo la segunda mayor votaci�n para la alcald�a del municipio de Berl�n. En consecuencia y de conformidad con la Ley 1909 de 2018, le correspond�a decidir si ocupaba la curul de oposici�n en el Concejo del municipio de Berl�n. Fue as� como acept� tal curul en la oportunidad legal, momento en el cual se encontraba en plena capacidad f�sica para hacerlo.

 

4.                 Relat� que posteriormente present� algunas complicaciones m�dicas que afectaron el curso normal de su embarazo y que motivaron nuevas valoraciones de su m�dico de confianza[2], quien determin� que se trataba de un embarazo de alto riesgo debido a que se trataba de una mujer de 36 a�os, sin controles prenatales y cuyo estado de embarazo solo se conoci� hasta agosto de 2019, es decir, hasta el cuarto mes de gestaci�n. En consecuencia, le recomend� reposo absoluto y evitar cualquier actividad f�sica o emocional que pudiera poner en riesgo la gestaci�n.

 

5.                 El 2 de enero de 2020, tuvo lugar la instalaci�n del Concejo del municipio de Berl�n elegido para el per�odo 2020-2023, acto formal en el que la accionante manifest� verbalmente ante los dem�s concejales los motivos que, seg�n plante�, le imped�an tomar posesi�n de la curul de oposici�n as�:

 

�No voy a tomar posesi�n del cargo, las razones varias (�) cada uno de usted [sic] tiene sus actividades que les generan, una actividad comercial o una actividad (�) yo tengo la m�a y no me permite ejercer juntas cosas, por mi estar�a dichosamente encantada de pertenecer a esta corporaci�n, s�, porque realmente es importante aporta algo al municipio, es grato cuando puedes poner tu conocimiento en funci�n de un municipio, pero tambi�n digamos que por el hecho de ser mujer, a veces la misma sociedad nos exige cosas distintas, nos exige SER BUENAS MADRES, BUENAS ESPOSAS, BUENAS PROFESIONALES y tratamos de dar lo mejor en cada uno de nuestros campos, a veces a los hombres les queda un poquito m�s f�cil la crianza de los hijos y, a la vez, brillar como excelentes profesionales, para nosotras tratar de buscar la excelencia, debemos ser realmente excelentes; excelentes en cada uno de nuestros campos, tratar de sacar hijos con principios y tratar de dedicar el tiempo a nuestra profesi�n y brillar como profesionales no es f�cil ganarse un espacio en un sociedad como mujeres (�).�[3]

 

6.                 De acuerdo con lo expuesto y apelando a su evidente estado de embarazo, narr� que para ese momento se pod�a inferir �su preocupaci�n como madre, como esposa y lo compleja que era la situaci�n para ella�, pues �posesionarse en su curul implicar�a, no s�lo ir en contra de las recomendaciones m�dicas [ya que] habr�a tenido que realizar esfuerzos f�sicos permanentes, estar sometida a situaciones conflictivas, estresantes e intempestivas, largas jornadas en cumplimiento de sus deberes como concejala que podr�an haber agravado la gestaci�n de su beb�, es decir, habr�a puesto en riesgo los derechos del que estaba por nacer�.

 

7.                 Con ocasi�n de la recomposici�n del Concejo del municipio de Berl�n, previo tr�mite ante la autoridad electoral^[4], el 7 de enero de 2020 la accionante reiter�, esta vez por escrito, su decisi�n de no tomar posesi�n de la curul de oposici�n, insistiendo en las razones expuestas en la sesi�n de instalaci�n del Concejo del municipio de Berl�n. En esta ocasi�n, haciendo expresa alusi�n al r�gimen de p�rdida de investidura de los concejales, se�al� lo siguiente:

 

�Mediante el presente documento y en cumplimiento de lo establecido en el art�culo 48 de la Ley 617 de 2000 me permito reiterar la decisi�n tomada por la aqu� firmante mediante la cual notifico a esta honorable corporaci�n la decisi�n de no tomar posesi�n al cargo de Concejal del Municipio de Berl�n, lo anterior teniendo en cuenta los motivos expuestos al concejo en pleno el pasado 2 de enero de 2019, reiterarles una vez m�s que de mi parte representar�a con gusto a mi Municipio bajo el desempe�o de esta labor, pero a la fecha me es plenamente imposible, de todas formas dentro de mis actividades personales y profesionales estar� directamente ligada con cada una de las sesiones del Concejo y desde all� velar� por los intereses de una colectividad y los partidos pol�ticos a los cuales represento en busca siempre de un trabajo en equipo con el Municipio de Berl�n y de velar por los intereses del mismo.�

 

8.                 �De acuerdo con lo anterior, afirm� en su escrito de tutela que en el presente asunto �concurr�a de por medio una causa de fuerza mayor pues la vida de su hijo, que est� protegida por la ley constituci�n y la civil actual, se encontraba en serio riesgo y de paso la de ella como mujer�[5].

 

9.                 Sobre este particular, en la demanda de tutela explic� que, de haber asumido el cargo en tales condiciones, tanto ella como su hijo en gestaci�n se habr�an expuesto a severas consecuencias de salud, potencialmente irreversibles o incluso fatales, entre ellas la posibilidad de un aborto espont�neo y graves efectos asociados como hemorragias, trombosis, infecciones del tracto genital y riesgos de esterilidad o embarazos ect�picos posteriores, conforme se ha documentado en estudios m�dicos especializados. En tal sentido, resalt� que su decisi�n tuvo como fundamento la protecci�n de la vida y salud de su hijo en gestaci�n, amparadas no solo por criterios m�dicos sino tambi�n por el art�culo 91 del C�digo Civil, que establece que �la ley protege la vida del que est� por nacer�, y en virtud del cual se deben adoptar medidas preventivas cuando dicha existencia peligra. Igualmente, invoc� el art�culo 93 ibidem para se�alar que all� se reconoce la existencia de derechos a favor del nasciturus, suspendidos hasta el momento del nacimiento, donde adquieren plena eficacia[6].

 

10.            La accionante continu� su relato para indicar que tiempo despu�s se postul� nuevamente como candidata a la alcald�a del municipio de Berl�n para el per�odo 2024-2027, esta vez logrando la mayor votaci�n en las elecciones llevadas a cabo el 29 de octubre de 2023, raz�n por la cual fue elegida alcaldesa, cargo que actualmente ocupa.

 

11.            Describi� que, posterior a su elecci�n como alcaldesa, denunciando el hecho de la no posesi�n en la curul de oposici�n que en su momento acept� para el periodo constitucional 2020-2023, Fabi�n instaur� en su contra demanda de p�rdida de investidura como concejala, alegando la configuraci�n de la causal prevista en el numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000[7]. En la demanda de p�rdida de investidura se adujo que los motivos expuestos por la accionante para no tomar posesi�n �de acuerdo con el art�culo 25 de la ley 1909 de 2018, no obedecieron a motivos de fuerza mayor o caso fortuito�.

 

12.            La demanda de p�rdida de investidura como concejala fue conocida por el Tribunal Administrativo, demanda a la que se opuso la accionante, poniendo de presente la ausencia de configuraci�n de los elementos que estructuran la causal de p�rdida de investidura por mediar una fuerza mayor, adem�s de que, a su juicio, no se estructur� el elemento subjetivo de culpabilidad, puesto que �la acusaci�n se basa en un enfoque OBJETIVO y LITERAL del contenido del art�culo 25 de la Ley 1909 de 2018, que incluso deja de lado el eximente contenido en el propio par�grafo 1 de la norma, se hace necesario hacer un estudio del elemento SUBJETIVO de la conducta que se endilga�[8]. Tambi�n, solicit� que se decretara la prueba testimonial de su m�dico de confianza y su psic�loga.

 

13.            Despu�s, dicha autoridad judicial, mediante Auto del 1 de diciembre de 2023 neg� el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por la demandada, hoy accionante, decisi�n que fue oportunamente apelada por �sta.

 

14.            Posteriormente y sin que se hubiere resuelto la apelaci�n del auto que neg� las pruebas testimoniales solicitadas por la demandada, mediante Sentencia de febrero de 2024 el Tribunal neg� las pretensiones de la demanda tras concluir que, si bien la conducta de Andrea correspond�a formalmente a la causal de p�rdida de investidura prevista en el numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000 -al verificarse que no tom� posesi�n como concejala dentro del plazo legal de tres d�as contados desde la instalaci�n del Concejo del municipio de Berl�n-, dicha omisi�n carec�a de ilicitud sustancial, dado que la curul aceptada no fue obtenida por elecci�n popular, sino por aplicaci�n del Estatuto de la Oposici�n Pol�tica. En tal contexto especial, el tribunal estableci� que la demandante se vio enfrentada a la disyuntiva entre cumplir el deber formal de posesi�n y salvaguardar su propia salud y la de sus hijos menores, lo que, a juicio del tribunal, configur� una causal de justificaci�n conforme al art�culo 28 del C�digo Disciplinario �nico, esto es �[e]n estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado�.

 

15.            La sentencia en cuesti�n fue apelada por el demandante de p�rdida de investidura y por el agente del Ministerio P�blico. Seg�n narraci�n de la accionante, el primero indic� que la falta de posesi�n, adem�s de afectar sustancialmente los derechos pol�ticos del electorado, no atendi� a una fuerza mayor probada que sirviera como eximente de responsabilidad. A su turno, el agente del Ministerio P�blico argument� que, contrario a lo planteado por el tribunal, la causal de p�rdida de investidura era aplicable, sin distinci�n, a los concejales designados en virtud del art�culo 112 de la Constituci�n Pol�tica, el Acto Legislativo 02 de 2015 y el Estatuto de la Oposici�n Pol�tica.

 

16.            El conocimiento de los recursos de apelaci�n �el formulado contra el auto que neg� los testimonios y el dirigido contra la sentencia-, correspondi� a la Secci�n Primera del Consejo de Estado, corporaci�n que, mediante Auto del 15 de marzo de 2024, revoc� parcialmente el Auto proferido el 1 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo y, en su lugar, decret� la prueba en cuesti�n, la cual se practic� en audiencia del 3 de mayo de 2024, recibi�ndose as� las declaraciones del m�dico Mateo y de la psic�loga Ana.

 

17.            Luego, en julio de 2024, la Secci�n Primera del Consejo de Estado resolvi� la segunda apelaci�n en el sentido de revocar el fallo apelado y declarar la p�rdida de investidura por configurarse la causal del numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, consistente en no tomar posesi�n. Consider� que el an�lisis de ilicitud sustancial realizado por el tribunal fue desacertado, al presumirse la antijuridicidad en estos casos por afectar el principio de representaci�n que se predica de la curul de oposici�n. Adem�s, desestim� la existencia de fuerza mayor, al se�alar que la accionante conoc�a su estado de embarazo antes de aceptar la curul y pudo haberse posesionado para luego renunciar.

 

18.            Posteriormente tuvieron lugar otras actuaciones procesales. Fue as� como la solicitud de aclaraci�n de la sentencia presentada el 13 de agosto de 2024 fue negada el 5 de septiembre y la petici�n de adici�n de la sentencia presentada el 1 de octubre de 2024 fue rechazada por extempor�nea el 31 de octubre del mismo a�o.

 

19.            Con fundamento en lo anterior, el 21 de enero de 2025 Andrea, actuando a trav�s de apoderado judicial, interpuso acci�n de tutela en contra de la Secci�n Primera del Consejo de Estado, para solicitar la protecci�n de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, trabajo, protecci�n especial a la maternidad, acceso a cargos p�blicos, seguridad jur�dica y debido proceso[9]. Solicit� que se deje sin efectos la Sentencia de segunda instancia de julio de 2024 proferida por la Secci�n Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de p�rdida de investidura y que, en su lugar, se ordene a la accionada proferir �una nueva sentencia judicial, donde realice una debida valoraci�n probatoria, ponderaci�n de derechos de la madre gestante, del nasciturus bajo los principios que rigen el proceso disciplinario de perdida de investidura, d�ndole un enfoque de g�nero proteccionista a las garant�as de la mujer y la maternidad�[10].

 

20.            En criterio de la accionante, la sentencia de segunda instancia incurri� en los siguientes defectos: (i) defecto procedimental absoluto, (ii) defecto f�ctico; (iii) defecto sustantivo; (iv) desconocimiento del precedente; y (v) violaci�n directa de la Constituci�n.

 

21.            Aleg� que la sentencia cuestionada incurri� en defecto procedimental absoluto, al haber actuado al margen del procedimiento legalmente establecido y desconocer el par�grafo 1� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000[11], disposici�n que consagra la fuerza mayor como causal exonerativa de la p�rdida de investidura para quienes no tomen posesi�n dentro del t�rmino legal.

 

22.            Sostuvo que, pese a reconocer expresamente que el embarazo fue de alto riesgo, la Secci�n Primera del Consejo de Estado omiti� aplicar la citada disposici�n, absteni�ndose de valorar la situaci�n m�dica acreditada en el proceso como un hecho constitutivo de fuerza mayor. Esta omisi�n, en su criterio, configur� una vulneraci�n del debido proceso, toda vez que el juez estaba obligado a interpretar y aplicar la norma legal en armon�a con los mandatos constitucionales y convencionales de protecci�n reforzada a la maternidad, previstos en los art�culos 43 y 53 de la Constituci�n Pol�tica y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

 

23.            La accionante reproch�, adem�s, que la sentencia impugnada adopt� un juicio subjetivo y regresivo, al sostener que su embarazo no representaba un obst�culo insuperable, incluso afirmando que ella debi� haber renunciado a su campa�a pol�tica por su condici�n de gestante. Tales consideraciones, seg�n lo expuesto en la tutela, desconocieron la especial protecci�n constitucional que cobijaba tanto a la madre como al nasciturus, convirtiendo su estado de embarazo -catalogado m�dicamente como de alto riesgo- en un elemento de reproche, en abierta contradicci�n con los principios de igualdad y no discriminaci�n.

 

24.            En suma, la accionante afirm� que el defecto procedimental absoluto se configur� por la inaplicaci�n del par�grafo 1� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000 y la falta de adecuaci�n del procedimiento judicial a los mandatos superiores de protecci�n reforzada, lo que deriv� en una decisi�n adoptada al margen del marco normativo y constitucional que el juez estaba obligado a observar. Insisti� en que lo omitido no era discrecional del juzgador, sino un deber jur�dico imperativo orientado a garantizar la plena efectividad de sus derechos fundamentales como mujer gestante.

 

25.            Se�al� la existencia de un defecto f�ctico en la decisi�n atacada, derivado de la indebida valoraci�n probatoria, al no otorgar el valor correspondiente al testimonio rendido por Mateo, su m�dico tratante, en la audiencia celebrada el 3 de mayo de 2024.

 

26.            Sostuvo que dicho testimonio era determinante para acreditar su embarazo de alto riesgo, pues el galeno relat� que la atend�a desde septiembre de 2019, cuando, tras sufrir una ca�da, se sospech� su estado de embarazo y se evit� una radiograf�a. Explic� que el embarazo se confirm� hacia la semana catorce, cuando la paciente ten�a 36 a�os, y que, en noviembre de ese a�o, durante el sexto mes de gestaci�n, present� tensi�n alta, sangrado, dolores abdominales e inflamaci�n de pies, signos que evidenciaban preeclampsia y riesgo vital para madre e hijo.

 

27.            Adujo que, pese a la claridad y pertinencia del testimonio, la Secci�n Primera del Consejo de Estado no lo valor� conforme a las reglas probatorias fijadas por la Corte Constitucional, en particular en la Sentencia SU-129 de 2021, que establece que el defecto f�ctico se configura cuando el juez valora las pruebas de manera irrazonable o subjetiva. Se�al� que la autoridad judicial omiti� analizar integralmente el acervo probatorio y no solicit� aclaraciones ni decret� pruebas de oficio que permitieran constatar su condici�n de vulnerabilidad.

 

28.            Indic� que, aunque la diligencia testimonial se desarroll� con normalidad y sin cuestionamientos sobre la imparcialidad del testigo, el fallo desconoci� su contenido y concluy�, sin sustento, que el embarazo no era de riesgo por ser el cuarto. Dicha apreciaci�n, afirm�, es contraria a la l�gica de�ntica y el deber de protecci�n reforzada a la maternidad, desconociendo pruebas que acreditaban su estado de salud.

 

29.            Finalmente, sostuvo que la decisi�n impugnada infringi� el par�grafo 1� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000 y el precedente fijado en la Sentencia SU-424 de 2016, al no aplicar el principio de interpretaci�n pro mujer gestante. En consecuencia, consider� que la Secci�n Primera del Consejo de Estado incurri� en defecto f�ctico por desconocer la fuerza demostrativa del testimonio m�dico y fundar su decisi�n en apreciaciones personales, vulnerando sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la protecci�n especial derivada de su estado de embarazo.

 

30.            La accionante aleg� la existencia de un defecto sustantivo, derivado de la indebida aplicaci�n del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, al haberse interpretado de manera restrictiva la causal de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n del cargo de concejala dentro del t�rmino legal, sin valorar que en su caso concurr�a una situaci�n de fuerza mayor plenamente demostrada por su estado de embarazo de alto riesgo. Explic� que el par�grafo primero de la norma invocada excluye la aplicaci�n de dicha causal cuando medie fuerza mayor, por lo que la Secci�n Primera del Consejo de Estado debi� realizar un an�lisis razonable y ajustado a los principios de legalidad, proporcionalidad y culpabilidad propios de los procesos de naturaleza sancionatoria.

 

31.            Sostuvo que la Sentencia de julio de 2024 incurri� en una interpretaci�n irrazonable y contraevidente de la disposici�n, al desconocer el car�cter sancionatorio del proceso de p�rdida de investidura y omitir la valoraci�n subjetiva de la conducta, tal como lo exige la Ley 1881 de 2018, modificada por la Ley 2003 de 2019, conforme a la cual resulta indispensable acreditar dolo o culpa grave para imponer la sanci�n. En su criterio, la autoridad judicial aplic� de forma irrazonable la norma, desbordando el marco de razonabilidad interpretativa se�alado por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-515 de 2013 y SU-632 de 2017, que precisan que el defecto sustantivo se configura cuando la decisi�n judicial se apoya en una norma inaplicable o se le otorga un alcance contrario a la Constituci�n.

 

32.            Indic� que el fallo omiti� aplicar los principios pro homine e in dubio pro reo, los cuales impon�an al operador judicial interpretar la causal de p�rdida de investidura de manera garantista, privilegiando la protecci�n de la mujer gestante y del nasciturus, en consonancia con los precedentes fijados en las Sentencias SU-424 de 2016 y SU-632 de 2017, que reconocen el car�cter subjetivo y protector de esta figura.

 

33.            Resalt� que la Secci�n Primera del Consejo de Estado, pese a reconocer que cursaba un embarazo de alto riesgo, concluy� de manera infundada que esta condici�n no constitu�a un impedimento insuperable para posesionarse, desconociendo as� el concepto de fuerza mayor consagrado en el art�culo 64 del C�digo Civil y desarrollado por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, seg�n la cual el hecho imprevisible e irresistible que impide cumplir una obligaci�n exime de responsabilidad. A su juicio, esta omisi�n evidencia una interpretaci�n no sistem�tica ni constitucionalmente adecuada, pues la decisi�n ignor� las circunstancias de salud que justificaban plenamente su imposibilidad material de asumir el cargo.

 

34.            Finalmente, la accionante sostuvo que la providencia impugnada se apart� de los postulados de razonabilidad, dignidad y justicia material, al desconocer la situaci�n de vulnerabilidad que la aquejaba, la aceptaci�n de su justificaci�n por parte del Concejo del municipio de Berl�n y el reconocimiento impl�cito de la fuerza mayor por las autoridades locales. En consecuencia, afirm� que el fallo de p�rdida de investidura como concejala incurri� en defecto sustantivo, al aplicar una norma de manera descontextualizada y contraria a los mandatos constitucionales de protecci�n reforzada a la maternidad y al debido proceso sancionatorio.

 

35.            Manifest� que la decisi�n controvertida desconoci� el precedente constitucional y contencioso administrativo en materia de protecci�n de los derechos fundamentales de la mujer gestante, de la dignidad humana, de la igualdad material y del derecho a ejercer cargos de elecci�n popular.

 

36.            Sostuvo que la Secci�n Primera del Consejo de Estado, en la Sentencia proferida en julio de 2024, limit� indebidamente el alcance de sus derechos, al privilegiar la aplicaci�n del numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, en detrimento del par�grafo primero de la misma disposici�n, con lo cual se desconocieron garant�as constitucionales reconocidas en favor de la mujer embarazada. En sustento de su posici�n, invoc� las Sentencias C-133 de 1994, C-591 de 1995, C-199 de 1999, C-355 de 2006, T-238 de 2015, SU-502 de 2015, SU-424 de 2016, SU-632 de 2017 y SU-075 de 2018 de la Corte Constitucional, que, a su juicio, desarrollan el derecho a la especial protecci�n durante la maternidad y el reconocimiento de los derechos del nasciturus, as� como numerosos fallos de la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo[12] referidos a la prevalencia de los derechos fundamentales de la mujer gestante frente a formalidades administrativas o electorales de car�cter restrictivo.

 

37.            En cuanto a la violaci�n directa de la Constituci�n, adujo que la autoridad judicial adopt� una decisi�n contraria a los mandatos superiores de dignidad humana, igualdad y protecci�n reforzada de la mujer gestante. Se�al� que la Secci�n Primera del Consejo de Estado, mediante la Sentencia de julio de 2024, desconoci� el pre�mbulo constitucional y los art�culos 11, 13, 29, 40, 42, 44 y 53 de la Constituci�n Pol�tica, al omitir la aplicaci�n de un enfoque de protecci�n integral frente al embarazo y la maternidad y al efectuar un an�lisis probatorio que se apart� del debido proceso.

 

38.            Sostuvo que tal decisi�n result� regresiva y desproporcionada, pues afect� no solo a la accionante sino tambi�n al nasciturus, contrariando instrumentos internacionales ratificados por Colombia como el Convenio C-183 de la OIT sobre la protecci�n de la maternidad, la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convenci�n sobre la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n contra la Mujer, la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, todos los cuales imponen a los Estados el deber de garantizar un trato preferente y una protecci�n efectiva a la mujer en estado de gestaci�n y a la infancia.

 

39.            En consecuencia, solicit� el amparo de sus derechos fundamentales y la revocatoria de la decisi�n judicial cuestionada, con el fin de restablecer su derecho a mantenerse en el cargo de alcaldesa para el cual fue elegida en el periodo constitucional 2024-2027 y garantizar sus derechos a la dignidad e igualdad como mujer gestante y ciudadana.

 

40.            En adici�n a lo anterior, la accionante solicit� como medida provisional suspender los efectos de la Sentencia de julio de 2024 proferida por la Secci�n Primera del Consejo de Estado. Aleg� que tal decisi�n, al decretar su p�rdida de investidura como concejala, vulner� derechos fundamentales de la mujer y del nasciturus, desconociendo tratados internacionales sobre protecci�n de la maternidad y derechos humanos. Se�al� que su ejecuci�n ocasionar�a perjuicios irremediables, tanto personales como institucionales, al implicar su separaci�n del cargo que actualmente detenta como alcaldesa del municipio de Berl�n y, en consecuencia, la convocatoria de una elecci�n at�pica en dicho ente territorial.

 

2.            Tr�mite de la acci�n de tutela

 

2.1.          Presentaci�n, admisi�n de la acci�n de tutela y medida cautelar decretada

 

41.            La demanda de tutela correspondi� en primera instancia a la Subsecci�n B de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado. Mediante providencia del 24 de enero de 2025[13], admiti� la demanda y decret� la medida provisional solicitada, ordenando la suspensi�n de los efectos de la Sentencia proferida en julio de 2024.

 

42.            Asimismo, vincul� al tr�mite como terceros con inter�s a (i) Fabi�n, demandante en el proceso de p�rdida de investidura, y (ii) al despacho de la magistrada Claudia Patricia Pe�uela Arce del Tribunal Administrativo, ponente de la sentencia que neg� la p�rdida de investidura en primera instancia.

 

2.2.          Respuestas de la autoridad judicial demandada y de los vinculados

 

43.            La Secci�n Primera del Consejo de Estado solicit� declarar la improcedencia del amparo deprecado. Argument� que no se acredit� que el embarazo de la accionante fuera un impedimento insuperable para asumir el cargo de concejala del municipio de Berl�n, toda vez que ella acept� la curul de oposici�n con pleno conocimiento de su estado de gestaci�n y de los riesgos que este implicaba. Se�al� que, conforme a las reglas de la sana cr�tica, una actitud coherente con la defensa planteada habr�a exigido el retiro de su candidatura desde el momento en que tuvo certeza de su embarazo.

 

44.            Afirm� que no era procedente la aplicaci�n del enfoque de g�nero sugerido por la accionante, en la medida que su estado de embarazo no se opuso a la obligaci�n constitucional y legal de posesionarse en la curul de oposici�n. Destac� que la sentencia reprochada tuvo en cuenta su calidad de madre cabeza de hogar, pero dicha circunstancia perdi� relevancia al evidenciarse que la actora continu� con su actividad pol�tica, acept� la designaci�n como concejala de oposici�n, asisti� personalmente al acto de instalaci�n del Concejo del municipio, respondi� al llamado a lista y, posteriormente, decidi� no tomar posesi�n.

 

45.            �Por su parte, Fabi�n, demandante del proceso de p�rdida de investidura, pidi� negar el amparo, afirmando que la conducta de la accionante, consistente en no tomar posesi�n, gener� una afectaci�n sustancial de los derechos pol�ticos de la ciudadan�a del municipio. Insisti� en que no se demostr� la existencia de una fuerza mayor que la exonerara de responsabilidad ni una situaci�n de coacci�n que hubiera alterado su discernimiento. Concluy� que, si la accionante no pod�a ejercer como concejala de oposici�n debido a las condiciones derivadas de su maternidad, tampoco habr�a podido posesionarse como alcaldesa, lo que desvirt�a su alegato de imposibilidad material.

 

46.            Por su parte, el despacho de la magistrada Claudia Patricia Pe�uela Arce, ponente de la sentencia que neg� la p�rdida de investidura en primera instancia, limit� su intervenci�n a la remisi�n del expediente digital del proceso de p�rdida de investidura tramitado por el Tribunal Administrativo en primera instancia.

 

3.            Decisiones objeto de revisi�n

 

3.1.          Sentencia de tutela de primera instancia

 

47.            La Subsecci�n B de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado profiri� Sentencia en febrero de 2025, mediante la cual, luego de levantar la medida provisional decretada en el auto admisorio de tutela, ampar� los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la accionante Andrea. Para materializar ese amparo, el juez constitucional dej� sin efectos la Sentencia de julio de 2024 proferida por la Secci�n Primera del Consejo de Estado en el proceso de p�rdida de investidura, al encontrar la configuraci�n de dos defectos: uno f�ctico, derivado de una valoraci�n probatoria incompleta, y uno sustantivo, por la falta de an�lisis integral de los elementos constitutivos de la causal de p�rdida de investidura prevista en la Ley 617 de 2000.

 

48.            El fallo de tutela subray� que la Secci�n Primera del Consejo de Estado omiti� examinar de manera exhaustiva el material probatorio que daba cuenta del embarazo de alto riesgo de la accionante, as� como de las obligaciones familiares y profesionales que concurr�an en su caso, lo cual resultaba determinante para establecer si se configuraba un evento de fuerza mayor, que es eximente de responsabilidad conforme a lo dispuesto en el par�grafo 1 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000. A�adi� que la autoridad judicial accionada desconoci� el deber de realizar el an�lisis bajo una perspectiva de g�nero, necesaria para valorar adecuadamente las condiciones particulares de la accionante y las cargas diferenciadas que enfrentan las mujeres gestantes en contextos de participaci�n pol�tica. Precis�, adem�s, que la exigencia de posesionarse para luego renunciar a la curul resultaba desproporcionada en un escenario de alto riesgo obst�trico y que la omisi�n de sus circunstancias personales afect� directamente los derechos fundamentales de la accionante.

 

49.            En consecuencia, orden� a la Secci�n Primera del Consejo de Estado emitir una nueva decisi�n, valorando la prueba en su integridad, examinando la configuraci�n de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad y verificando la culpabilidad subjetiva exigida por la norma.

 

50.            El consejero de Estado Fredy Ibarra Mart�nez salv� el voto, al considerar que no se advert�a ning�n defecto en la sentencia cuestionada y que la acci�n de tutela no pod�a emplearse como una v�a alterna para reabrir debates ya resueltos por una autoridad judicial competente, en ausencia de una violaci�n evidente de derechos fundamentales.

 

3.2.          Impugnaci�n

 

51.            La sentencia de tutela de primera instancia fue impugnada por Fabi�n, demandante de la p�rdida de investidura, y por la consejera de Estado Nubia Margoth Pe�a, magistrada ponente de la decisi�n cuestionada.

 

52.            Para Fabi�n, tanto el Tribunal Administrativo como la Secci�n Primera del Consejo de Estado adelantaron el proceso de p�rdida de investidura respetando �ntegramente las etapas procesales. Afirm� que la accionante fue notificada debidamente y estuvo representada por apoderado judicial, quien intervino activamente aportando pruebas documentales, solicitando testimonios y promoviendo nulidades. Resalt� que en segunda instancia se practicaron testimonios de profesionales m�dicos, los cuales coincidieron en que el embarazo de la accionante no era de alto riesgo para la fecha en que ella debi� asumir la curul de oposici�n.

 

53.            Cuestion� que se hubiera empleado la tutela para introducir elementos probatorios no debatidos en el proceso de p�rdida de investidura, situaci�n que calific� como temeraria y contraria a los principios de buena fe procesal. Sostuvo que la negativa de la accionante a posesionarse obedeci� a razones de �ndole personal y profesional y no a un hecho de fuerza mayor derivado de su estado de embarazo. Rechaz� tambi�n la utilizaci�n del enfoque de g�nero como eximente de responsabilidad, advirtiendo que la ley debe aplicarse con igualdad y sin privilegios fundados en razones de g�nero. En consecuencia, solicit� revocar la sentencia de primera instancia y declarar improcedente el amparo.

 

54.            Por otra parte, la consejera de Estado Nubia Margoth Pe�a tambi�n impugn� el fallo de tutela al considerar que este desconoci� la valoraci�n probatoria integral realizada en la Sentencia de julio de 2024. Record� que en dicha providencia se constat� que no exist�a evidencia que permitiera concluir que las condiciones del embarazo de la accionante le hubieran impedido posesionarse como concejala de oposici�n dentro de los tres d�as siguientes a la instalaci�n del Concejo, celebrada el 2 de enero de 2020, sesi�n a la que asisti� f�sicamente y sin restricci�n m�dica alguna. Destac� que, por el contrario, qued� plenamente demostrada la voluntad de Andrea de abstenerse de asumir el cargo por razones profesionales, derivadas de su ejercicio como abogada litigante, del manejo de sus negocios particulares, de las exigencias propias de su rol como madre en un n�cleo familiar numeroso y de otras motivaciones de orden pol�tico, todas ellas ajenas a circunstancias constitutivas de fuerza mayor. Se�al� que tales razones, expuestas por la propia accionante durante la sesi�n de instalaci�n, no se adecuan a hechos irresistibles, imprevisibles o atribuibles a terceros, ni acreditan coacci�n f�sica o miedo insuperable, por lo que la omisi�n se subsumi� objetivamente en la causal de p�rdida de investidura prevista en el numeral 3 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000.

 

55.            Reiter� que la providencia cuestionada valor� de manera completa e integral el acervo probatorio, por lo que no era posible sostener, como lo hizo la Sentencia de tutela de febrero de 2025, que la decisi�n hubiese incurrido en defectos f�cticos o sustantivos derivados de una presunta omisi�n en el examen de la condici�n de mujer gestante de la actora. Enfatiz� que la asistencia presencial de Andrea a la sesi�n de instalaci�n del 2 de enero de 2020, sin restricci�n m�dica alguna, evidenciaba la inexistencia de un impedimento real, objetivo o insuperable para asumir la curul dentro del t�rmino legal, raz�n por la cual la Secci�n Primera del Consejo de Estado descart� razonadamente la configuraci�n de un supuesto de fuerza mayor eximente de responsabilidad.

 

56.            Adicionalmente precis� que la conducta desplegada por la accionante evidenci� claridad cognitiva y volitiva al momento de adoptar su decisi�n, tal como se desprende del Acta 001-2020 y del audio que la complementa. En estos registros se aprecia que la accionante manifest� de manera libre y consciente que no se posesionar�a para no afectar sus expectativas laborales como abogada litigante, para cumplir con las exigencias familiares que, seg�n dijo, la sociedad impone a las mujeres, para mantener su pr�ctica profesional sin contratiempos y para ejercer control pol�tico desde escenarios externos al concejo. Destac� que la actora acept� la curul el 28 de octubre de 2019, pese a conocer las recomendaciones m�dicas relativas a su embarazo catalogado como de alto riesgo, lo que demuestra que dicha condici�n no constituy� un obst�culo para su actividad pol�tica durante la campa�a ni para su presencia en espacios p�blicos. Subray� que, de haber tenido la intenci�n de no ejercer el cargo, dispon�a de alternativas v�lidas desde el punto de vista constitucional y legal, como tomar posesi�n ante notario, seguida de renuncia inmediata, proceder que habr�a impedido la configuraci�n de la causal sancionatoria.

 

57.            Adem�s, afirm� que la Secci�n Primera del Consejo de Estado examin� de manera completa las pruebas relativas al embarazo, y sus implicaciones m�dicas, incluidos los registros m�dicos y psicol�gicos, y concluy� razonablemente que las circunstancias invocadas no constitu�an fuerza mayor ni configuraban un trato discriminatorio basado en el g�nero. En esta l�nea, reiter� que los argumentos del fallo de tutela para exigir la aplicaci�n de un enfoque de g�nero desconocen los est�ndares fijados por la Corte Constitucional, particularmente los desarrollados en la Sentencia T-344 de 2020, seg�n los cuales dicho enfoque solo es exigible cuando existen evidencias m�nimas de violencias, discriminaciones o asimetr�as estructurales relevantes para el caso.

 

58.            Asegur� que en el expediente de p�rdida de investidura no obra prueba alguna que permita inferir un trato discriminatorio contra la actora por raz�n del embarazo o de su condici�n de mujer, ni que la causal sancionatoria hubiese sido aplicada de manera sesgada, descontextualizada o desproporcionada. Precis� que la sentencia de tutela sustituy� indebidamente el criterio del juez natural al ordenar rehacer el an�lisis probatorio bajo un enfoque que no era jur�dicamente exigible en este caso, sin demostrar la existencia de un error manifiesto, grosero o arbitrario en la Sentencia de julio de 2024. Por ello, solicit� revocar el amparo constitucional y declarar la improcedencia de la acci�n por ausencia de relevancia constitucional o, en subsidio, negar la protecci�n reclamada.

 

3.3.          Sentencia de segunda instancia

 

59.            La Subsecci�n C de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado conoci� la impugnaci�n presentada. Al verificar los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, mediante Sentencia de mayo de 2025 concluy� que la acci�n no cumpl�a con el requisito de relevancia constitucional, pues no se evidenci� una vulneraci�n manifiesta de derechos fundamentales por parte de la Secci�n Primera de esa misma corporaci�n.

 

60.            A su juicio, la sentencia cuestionada mostr� un examen riguroso del cumplimiento del deber de posesi�n de la concejala electa, verificando objetivamente la configuraci�n de la causal prevista en el numeral 3 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, as� como la inexistencia de un evento de fuerza mayor que justificara su inasistencia al acto formal de posesi�n. En ese contexto, estim� que la tutela pretend�a convertirse en una tercera instancia para controvertir la interpretaci�n del juez natural, lo que desvirt�a su car�cter subsidiario.

 

61.            En consecuencia, revoc� la decisi�n que hab�a concedido el amparo y declar� improcedente la acci�n.

 

4.   Actuaciones de esta Corte

 

4.1.          Selecci�n del caso y conocimiento de la Sala Plena

 

62.            A trav�s del Auto del 30 de septiembre de 2025, la Sala de Selecci�n de Tutelas n�mero Nueve de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y el magistrado Jorge Enrique Ib��ez Najar, seleccion� para revisi�n el expediente T-11.371.944, tras advertir que reun�a los siguientes criterios de selecci�n: (i) criterio objetivo de unificaci�n de jurisprudencia y (ii) criterio subjetivo de necesidad de aplicar un enfoque diferencial. Posteriormente, el 15 de octubre, el expediente fue repartido a la entonces Sala Cuarta de Revisi�n, presidida por el magistrado ponente.

 

63.            A partir de la verificaci�n de los hechos relevantes y con sustento en el art�culo 60 del Acuerdo 01 de 2025 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), el magistrado sustanciador puso en conocimiento de la Sala Plena el expediente, para que esta decidiera si asum�a su conocimiento. Con base en lo expuesto, en la sesi�n del 10 de diciembre de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidi� avocar el conocimiento del caso.

 

4.2.          Primer auto de pruebas y respuestas obtenidas

 

64.            Mediante Auto del 29 de octubre de 2025[14] el magistrado sustanciador decret� pruebas con la intenci�n de complementar los elementos de juicio obrantes.

 

65.            De acuerdo con lo informado por la Secretar�a General de esta Corporaci�n[15], se obtuvieron las siguientes respuestas:

 

Tabla 1. Informes en sede de revisi�n � Auto del 29 de octubre de 2025

 

4.3.          Vinculaci�n y segundo auto de pruebas

 

66.            Mediante Auto del 18 de noviembre de 2025[20] el magistrado sustanciador dispuso vincular como tercero con inter�s al Procurador Judicial II Administrativo de Santiago, dada su intervenci�n como apelante en el proceso de p�rdida de investidura y su falta de vinculaci�n en el proceso de tutela.

 

67.            Adicionalmente, orden� oficiar (i) a la Registradur�a Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y al Concejo del municipio de Berl�n con la intenci�n de complementar los elementos de juicio obrantes y (ii) a la Secretar�a de la Secci�n Primera del Consejo de Estado para que remitiera algunas piezas faltantes del expediente del proceso de p�rdida de investidura.

 

4.3.1.   Pruebas recaudadas

 

68.            De acuerdo con lo informado por la Secretar�a General de esta Corporaci�n[21], con ocasi�n de esta segunda providencia de tr�mite, se obtuvieron de las siguientes respuestas:

 

Tabla 2. Informes en sede de revisi�n � Auto del 18 de noviembre de 2025

 

4.4.          Intervenci�n de la Defensor�a del Pueblo

 

69.            Mediante escrito remitido el 23 de enero de 2026[27] la Defensora Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensor�a del Pueblo solicit� revocar la sentencia de tutela objeto de revisi�n, al considerar que incurri� en una indebida valoraci�n de la relevancia constitucional del asunto y desconoci� la existencia de cuestionamientos iusfundamentales sustanciales frente a la Sentencia de julio de 2024 proferida por la Secci�n Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se decret� la p�rdida de investidura de la accionante.

 

70.            En su escrito, sostuvo que la sentencia de tutela que declar� la improcedencia de la acci�n omiti� advertir que el caso plantea un problema constitucional de primer orden relacionado con la eventual configuraci�n de un defecto f�ctico por indebida valoraci�n probatoria y por la ausencia del enfoque de g�nero en un proceso sancionatorio de m�xima intensidad. Al respecto, record� que en acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional ha reconocido que la inobservancia del enfoque de g�nero puede configurar un defecto que habilita su procedencia, como lo ha establecido, entre otras, en las Sentencias SU-167 de 2024, T-010 de 2024 y T-459 de 2024, en las que se acreditaron defectos f�cticos derivados del desconocimiento del enfoque de g�nero en la actividad probatoria, la valoraci�n err�nea de pruebas relevantes y la omisi�n de an�lisis contextual de situaciones de especial vulnerabilidad.

 

71.            Se�al� que el juez de tutela adelant� un examen meramente formal del requisito de subsidiariedad y de la relevancia constitucional, sin analizar si la decisi�n cuestionada desconoci� est�ndares constitucionales reforzados aplicables a los procesos de p�rdida de investidura cuando estos afectan directamente los derechos pol�ticos de una mujer gestante con embarazo de alto riesgo.

 

72.            Indic� que la sentencia objeto de revisi�n no examin� si la Secci�n Primera del Consejo de Estado omiti� valorar de manera integral, conjunta y contextualizada las pruebas m�dicas que acreditaban que, entre la aceptaci�n de la curul de oposici�n y la oportunidad para tomar posesi�n, la accionante enfrent� eventos cl�nicos graves, imprevisibles e irresistibles, que derivaron en �rdenes de reposo absoluto y configuraban una situaci�n de fuerza mayor, omisi�n que result� determinante para descartar indebidamente el elemento objetivo de la fuerza mayor y, a partir de ello, trasladar esa conclusi�n al juicio subjetivo de culpabilidad, sin realizar un an�lisis aut�nomo de la voluntad de la accionante ni de la existencia de circunstancias constitucionalmente relevantes que permitieran excluir el reproche personal.

 

73.            Asimismo, sostuvo que el juez de tutela desconoci� que la controversia involucra el alcance constitucional del enfoque de g�nero y de la protecci�n reforzada a la maternidad en escenarios de participaci�n pol�tica, particularmente frente a la aplicaci�n r�gida de sanciones que implican una restricci�n intensa de los derechos a elegir y ser elegido y al acceso a cargos p�blicos. En ese sentido, afirm� que la decisi�n de improcedencia pas� por alto que la sentencia cuestionada pudo haber generado un impacto diferenciado y desproporcionado sobre los derechos pol�ticos de la accionante, al exigirle asumir una curul de oposici�n pese a las restricciones m�dicas propias de un embarazo de alto riesgo, reforzando estereotipos de g�nero y desconociendo las cargas estructurales que enfrentan las mujeres en la vida pol�tica.

 

74.            Con fundamento en esta postura, solicit� a la Corte Constitucional amparar los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, dignidad humana, igualdad, trabajo, protecci�n especial a la maternidad, acceso a cargos p�blicos y seguridad jur�dica. En concreto, pidi� revocar la sentencia del 16 de mayo de 2025 proferida por la Secci�n Tercera, Subsecci�n C, del Consejo de Estado, que declar� la improcedencia de la acci�n de tutela por ausencia de relevancia constitucional; dejar sin efecto la Sentencia de julio de 2024 proferida por la Secci�n Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de p�rdida de investidura promovido contra la accionante; y ordenar a dicha Secci�n que profiera una nueva decisi�n en la que incorpore el enfoque de g�nero, valore el embarazo de alto riesgo como circunstancia de fuerza mayor eximente de responsabilidad y examine de manera aut�noma la acreditaci�n del elemento subjetivo de culpabilidad.

 

75.            De manera adicional, solicit� ordenar a la Comisi�n Nacional de G�nero de la Rama Judicial que incorpore, dentro de sus procesos de sensibilizaci�n y programas de formaci�n y capacitaci�n, m�dulos espec�ficos sobre la aplicaci�n del enfoque de g�nero en los procesos sancionatorios adelantados contra mujeres integrantes de corporaciones p�blicas de elecci�n popular, y al Consejo Superior de la Judicatura que publique y divulgue la sentencia que resuelva el caso, por el medio institucional que estime m�s id�neo, con el fin de garantizar su conocimiento por parte de los funcionarios judiciales que conocen y deciden procedimientos sancionatorios.

 

4.5.          Amicus curiae

 

76.            Mediante Auto del 29 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador acudi� a la figura del amicus curiae, esto es, �una persona diferente a los sujetos procesales o los terceros con inter�s que intervienen ante la magistratura, no con el objetivo de defender pretensiones propias o impugnar las contrarias, sino para ofrecer opiniones calificadas para la soluci�n de un caso�^[28] y, �cuyo prop�sito es ilustrar el juicio de los operadores de justicia, para que sus decisiones sean el resultado de procesos ilustrados y reflexivos y ponderados�^[29].

 

77.            Fue as� como se invit� a la (i) Escuela de Estudios de G�nero de la Universidad Nacional, (ii) Corporaci�n Sisma Mujer, (iii) Centro de Estudios de Derechos, (iv) Justicia y Sociedad, Observatorio de G�nero y Justicia de Women�s Link Worldwide, (v) Corporaci�n Casa de la Mujer, (vi) Corporaci�n Colectiva Justicia Mujer (vii) , (viii) Corporaci�n Humanas, (ix) Temblores, (x) ONU Mujeres, (xi) Observatorio de G�nero de Centro de Estudios en Derecho Procesal- CENDEPRO, (xii) Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusi�n � PLURALES y (xiii) Fundaci�n Jacarandas. Se les solicit� que, en su calidad de expertos en la materia, emitieran conceptos en abstracto sobre los principales est�ndares internacionales de protecci�n de los derechos de las mujeres embarazadas en los �mbitos laboral y pol�tico, as� como sobre la forma en que el enfoque de g�nero debe orientar la interpretaci�n constitucional en casos donde la imposici�n de sanciones se derive de hechos asociados al embarazo o la maternidad. Tambi�n se les pidi� que indicaran las obligaciones estatales frente a la eliminaci�n de barreras estructurales que impiden a las mujeres el ejercicio igualitario de sus derechos pol�ticos y que explicaran las implicaciones jur�dicas, sociales y de g�nero de sancionar a mujeres electas por motivos vinculados a su estado de salud o embarazo.

 

78.            Asimismo, se les solicit� informaci�n sobre precedentes nacionales e internacionales en los que se haya protegido a mujeres embarazadas frente a sanciones que afecten su participaci�n pol�tica, los est�ndares sobre deberes estatales de garantizar condiciones adecuadas para el desempe�o de funciones p�blicas durante embarazos de alto riesgo y la articulaci�n entre la protecci�n reforzada de la maternidad y los deberes de responsabilidad en el ejercicio de cargos p�blicos.

 

79.            Finalmente, se les pidi� identificar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres embarazadas para acceder y mantenerse en cargos de elecci�n popular, as� como los criterios de proporcionalidad y razonabilidad aplicables al evaluar sanciones basadas en condiciones m�dicas como el embarazo, destacando el rol del principio pro persona y la protecci�n reforzada de grupos hist�ricamente discriminados en decisiones judiciales de este tipo.

 

80.            Dentro del t�rmino concedido, solo se obtuvo respuesta por parte de la Fundaci�n Jacarandas, mediante informe que fue objeto de pronunciamiento por parte la consejera de Estado ponente de la decisi�n cuestionada. Para mejor comprensi�n del alcance del concepto rendido y del contenido de la r�plica, la Sala se vale de la siguiente tabla:

 

Tabla 3. Respuestas del amicus curiae en sede de revisi�n y pronunciamiento de la magistrada ponente de la decisi�n cuestionada � Auto del 29 de octubre de 2025

 

4.6.          Traslado de la informaci�n obtenida

 

81.            El 1 de diciembre de 2025 la Secretar�a General de la Corte Constitucional corri� traslado de las respuestas recibidas[32].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

82.            Con miras a resolver el presente asunto, la Sala seguir� el siguiente esquema: (i) establecer� la competencia de la Corte para analizar el caso en concreto, (ii) abordar� el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela y, en caso de que se supere esta etapa, (iii) proceder� con el planteamiento de los problemas jur�dicos, (iv) realizar� una descripci�n te�rica de los defectos que ser�n examinados y (iv) precisar� los ejes tem�ticos con base en los cuales se resolver�, finalmente, (v) el caso concreto.

 

1.            Competencia

 

83.            La Sala Plena de la Corte es competente para conocer de esta acci�n de tutela, de acuerdo con lo establecido en los art�culos 86 y 241.9 de la Constituci�n, los art�culos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, el art�culo 60 del Acuerdo 01 de 2025 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional) y de conformidad con la decisi�n de avocar el conocimiento del proceso adoptada en sesi�n del 10 de diciembre de 2025[33].

 

2.            Procedencia de la acci�n de tutela

 

84.            Por tratarse en este caso de una acci�n de tutela contra providencia judicial, se realizar� un an�lisis de los requisitos generales conforme las reglas de procedencia dispuestas desde la Sentencia C-590 de 2005⁶¹, reiteradas y precisadas, entre otras, en la Sentencia SU-322 de 2024. Igualmente, se tendr� en cuenta que, por tratarse de tutela contra una sentencia de una alta corte, ese examen se hace m�s riguroso, de acuerdo con lo dispuesto, entre otros, en las Sentencias SU-257 de 2021, SU-215 de 2022 y SU-269 de 2023. 

 

85.            En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en estos eventos, no basta con afirmar gen�ricamente la existencia de un examen m�s riguroso, sino que corresponde verificar el cumplimiento de una carga argumentativa transversal que permita evidenciar: (i) la invocaci�n clara de, por lo menos, un defecto espec�fico en la providencia cuestionada; (ii) la demostraci�n de su car�cter irrazonable o abiertamente contrario a la Constituci�n; y (iii) la acreditaci�n de que se trata de una anomal�a de tal entidad que haga necesaria la intervenci�n imperiosa del juez constitucional[34]. Este est�ndar reforzado se explica en la necesidad de armonizar la protecci�n de los derechos fundamentales con los principios de autonom�a e independencia judicial, as� como con la seguridad jur�dica derivada de la cosa juzgada[35].

 

86.            En esa medida, la intervenci�n del juez de tutela frente a decisiones de altas cortes solo se justifica cuando la providencia cuestionada resulte manifiestamente incompatible con el alcance de los derechos fundamentales o genere una disfunci�n grave en el ordenamiento jur�dico, de tal magnitud que no pueda ser tolerada dentro del sistema[36]. En ausencia de una anomal�a de esta naturaleza, el juez constitucional debe actuar con deferencia frente a las interpretaciones y valoraciones probatorias efectuadas por las autoridades judiciales competentes, aun cuando pudiera discrepar de ellas[37].

 

87.            A continuaci�n, la Sala analizar� el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, a partir de los criterios previamente expuestos:

 

Tabla 4. Verificaci�n de los presupuestos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial

 

88.            A la luz de lo expuesto, y evaluadas las circunstancias del asunto objeto de esta decisi�n, la Sala estima que se cumplen los requisitos de procedencia de la acci�n de tutela. En especial, en lugar de lo considerado en la instancia y tal como se expuso en el cuadro supra, el caso presentado s� plantea asuntos de indiscutible contenido constitucional, que no se limitan a reabrir un debate judicial zanjado.

 

89.            En consecuencia, se revocar� la decisi�n adoptada en segunda instancia por la Subsecci�n C de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado, en cuanto declar� la improcedencia de la acci�n formulada por no acreditarse el presupuesto de relevancia constitucional.

 

3.            Presentaci�n del caso y formulaci�n de los problemas jur�dicos

 

90.            En el presente asunto, Andrea, por intermedio de apoderado judicial, promovi� acci�n de tutela contra la Secci�n Primera del Consejo de Estado, al considerar que dicha autoridad judicial desconoci� sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, trabajo, protecci�n especial a la maternidad, acceso a cargos p�blicos, seguridad jur�dica y debido proceso. Ello, con ocasi�n de la Sentencia de julio de 2024, mediante la cual se revoc� el fallo de primera instancia que hab�a negado las pretensiones del medio de control de p�rdida de investidura promovido en su contra y, en su lugar, se declar� la p�rdida de la investidura como concejala del municipio de Berl�n para el per�odo 2020�2023, al considerarse configurada la causal prevista en el numeral 3 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000. Esto �ltimo por no haber tomado posesi�n dentro del t�rmino legal, pese a haber aceptado la curul a la que ten�a derecho conforme al Estatuto de la Oposici�n Pol�tica.

 

91.            La accionante expuso que, para el momento en que deb�a posesionarse, se encontraba en estado de embarazo de alto riesgo, diagnosticado por su m�dico tratante, cuyo control evidenci� diversas complicaciones cl�nicas durante los meses previos a la instalaci�n del Concejo. Se�al� que estas circunstancias, acreditadas a trav�s de los testimonios del m�dico y de la psic�loga que la acompa�aron durante el periodo gestacional, junto con sus respectivas historias cl�nicas, constitu�an un evento de fuerza mayor que, conforme al par�grafo 1 del numeral 3 art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, imped�a la configuraci�n objetiva de la causal de p�rdida de investidura. Esto porque, a su juicio, la actividad exigida por el cargo implicaba esfuerzos f�sicos, tensiones emocionales y jornadas prolongadas incompatibles con las recomendaciones m�dicas dirigidas a preservar su vida y la del nasciturus.

 

92.            En concreto, seg�n narr� la accionante, la sentencia de segunda instancia incurri� en los siguientes defectos: (i) defecto procedimental absoluto, (ii) defecto f�ctico, (iii) defecto sustantivo, (iv) desconocimiento del precedente y (v) violaci�n directa de la Constituci�n. A continuaci�n, se presentan los argumentos en los cuales la accionante bas� cada uno de tales defectos, seguidos, en algunos casos, de precisiones metodol�gicas necesarias para su debido an�lisis, en ejercicio del principio iura novit curia[42]:

 

Tabla 5. S�ntesis de los defectos alegados por la demandante de tutela y precisiones metodol�gicas para su an�lisis

 

93.            Atendidas las precisiones metodol�gicas hechas a la mayor�a de los defectos invocados, la Sala Plena abordar� los tres problemas jur�dicos que se formulan a continuaci�n. Se precisa, desde ahora, que su enunciaci�n no sigue el orden originalmente planteado por la accionante, en la medida en que, por razones de coherencia argumentativa, sustentadas en el marco te�rico que m�s adelante ser� presentado, resulta m�s adecuado el esquema que a continuaci�n se formula:

 

(i)               �Incurri� la Secci�n Primera del Consejo de Estado en un defecto por violaci�n directa de la Constituci�n, en particular del Pre�mbulo y de los art�culos 11, 13, 29, 40, 42, 44 y 53 de la Constituci�n Pol�tica, as� como de las obligaciones internacionales de protecci�n reforzada a la mujer gestante y al nasciturus, al declarar la p�rdida de investidura de la accionante, quien se encontraba en estado de gravidez de alto riesgo, sin haber realizado, a juicio de la accionante, un an�lisis integral que ponderara las exigencias constitucionales de protecci�n a la maternidad y a la infancia en el marco del ejercicio de un cargo de elecci�n popular?

 

(ii)             �Incurri� la Secci�n Primera del Consejo de Estado, seg�n lo sostiene la accionante, en un defecto f�ctico por indebida valoraci�n probatoria, al restar m�rito demostrativo a los testimonios rendidos en segunda instancia por Mateo, m�dico tratante, y Ana, psic�loga, al no realizar una apreciaci�n integral del acervo probatorio ni aplicar un enfoque de g�nero, lo que, a su juicio, habr�a llevado a concluir la configuraci�n de una circunstancia de fuerza mayor en los t�rminos del par�grafo 1 del numeral 3 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000?

 

4.            M�todo y estructura de la decisi�n

 

94.            Con el fin de dar respuesta a lo planteado la Sala presentar� (i) la descripci�n te�rica de los defectos espec�ficos que ser�n analizados, (ii) la naturaleza constitucional y sancionatoria del proceso de p�rdida de investidura como l�mite al ejercicio de los derechos pol�ticos, (iii) la responsabilidad subjetiva, eximentes y est�ndares de imputaci�n en la p�rdida de investidura, (iv) el entendimiento de la causal de p�rdida de investidura derivada de no tomar posesi�n oportuna y la fuerza mayor como eximente de responsabilidad de dicha causal, (v) el r�gimen jur�dico de la curul de oposici�n y la improcedencia de flexibilizar la causal de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n con fundamento exclusivo en su origen estatutario y (vi) el enfoque de g�nero como garant�a del acceso a la administraci�n de justicia y la participaci�n pol�tica de las mujeres. Agotado lo anterior, (vii) se resolver� el caso concreto.

 

4.1.          Descripci�n te�rica de los defectos espec�ficos que ser�n analizados

 

95.            Teniendo en cuenta que en esta oportunidad se debe verificar la configuraci�n de los defectos (i) por violaci�n directa de la Constituci�n y (ii) f�ctico, corresponde a la Sala recordar el abordaje te�rico sobre cada uno de los defectos sobre los que se pronunciar�, conforme se delimit� anteriormente, tal y como ha sido desarrollado por esta Corporaci�n, lo cual puede compendiarse de la siguiente forma:

 

Tabla 6. Caracterizaci�n de las causales que ser�n examinadas

 

4.2.          La naturaleza constitucional y sancionatoria del proceso de p�rdida de investidura como l�mite al ejercicio de los derechos pol�ticos

 

96.            La p�rdida de investidura es un medio de control[51] o acci�n p�blica[52] de car�cter jurisdiccional y eminentemente sancionatorio, previsto directamente en la Constituci�n Pol�tica en su art�culo 183 y desarrollado por el Legislador como un instrumento excepcional de control democr�tico sobre quienes ejercen funciones p�blicas de elecci�n popular. El Consejo de Estado ha reconocido su naturaleza como medio de control aut�nomo[53], mientras que la Corte Constitucional la ha caracterizado como acci�n p�blica de rango constitucional[54].

 

97.            Este mecanismo comporta un juicio de naturaleza �tica con efectos jur�dicos, orientado a proteger la dignidad del cargo, la responsabilidad pol�tica inherente a la funci�n representativa y la fidelidad al mandato conferido por la ciudadan�a mediante el sufragio[55]. En el caso de los congresistas, su regulaci�n se encuentra en el art�culo 183 de la Constituci�n Pol�tica y en la Ley 144 de 1994, mientras que, respecto de los diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, el r�gimen aplicable se halla contenido en la Ley 617 de 2000. Al respecto, la Corte Constitucional ha se�alado en extenso que su fin es el de salvaguardar la �tica p�blica y la integridad del mandato democr�tico[56].

 

98.            En ambos supuestos, el Constituyente y el Legislador dise�aron un sistema cerrado de causales, de interpretaci�n estricta[57], cuya configuraci�n habilita la imposici�n de la sanci�n de desvinculaci�n del cargo de elecci�n popular y la restricci�n para volver a ocupar uno de la misma naturaleza. Son causales de p�rdida de investidura^[58]: (i) la violaci�n del r�gimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del r�gimen de conflicto de intereses; (ii) la inasistencia, en un mismo per�odo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura en el caso de congresistas y, en el caso de concejales y diputados, por la inasistencia en un mismo per�odo de sesiones a cinco reuniones plenarias o de comisi�n en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, seg�n el caso; (iii) el no tomar posesi�n del cargo dentro de los ocho d�as siguientes a la fecha de instalaci�n de las C�maras del Congreso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse, o dentro de los tres d�as siguientes a la fecha de instalaci�n de las asambleas o concejos, seg�n el caso; (iv) la indebida destinaci�n de dineros p�blicos; y (v) el tr�fico de influencias debidamente comprobado.

 

99.            Desde esta perspectiva, la p�rdida de investidura se inscribe plenamente en el ejercicio del ius puniendi del Estado y comporta un aut�ntico juicio de reproche �tico y pol�tico sobre la conducta del elegido[59] al resultar incompatible con la dignidad del cargo[60]. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que esta sanci�n posee una naturaleza eminentemente �tica y pol�tica, en cuanto su finalidad no es �nicamente correctiva, sino tambi�n protectora de los valores estructurales del sistema democr�tico, y que, por la entidad de sus efectos, se estructura como un proceso sancionatorio de car�cter jurisdiccional, sometido a las m�ximas garant�as del debido proceso y confiado a autoridades judiciales independientes de las din�micas pol�tico-administrativas[61]. Por ello, la Corte ha reiterado que se trata de un juicio de responsabilidad subjetiva, en el cual es indispensable acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, conforme al art�culo 1 de la Ley 1881 de 2018[62].

 

100.       Por su parte, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo[63] ha resaltado que el medio de control de p�rdida de investidura cumple un papel central en la protecci�n de la �tica p�blica y la moralidad administrativa. En ese marco, ha se�alado que se trata de un juicio de car�cter sancionatorio encaminado a verificar si la conducta del servidor p�blico se ajusta a los deberes y est�ndares de comportamiento fijados por el Constituyente y el legislador, as� como a salvaguardar la integridad del ejercicio del poder pol�tico en las corporaciones de elecci�n popular, buscando asegurar que las decisiones y actuaciones de los elegidos respondan al inter�s general y al compromiso democr�tico derivado de la voluntad popular.

 

101.       Por ende, no se trata de sancionar meras irregularidades formales o infracciones de escasa entidad, sino comportamientos que defraudan el principio de representaci�n democr�tica, comprometen la legitimidad del ejercicio del poder p�blico y erosionan la confianza depositada por el electorado en sus representantes[64]. De all� que esta sanci�n produzca consecuencias particularmente gravosas, como la separaci�n inmediata del cargo y la imposici�n de una inhabilidad permanente para volver a ejercerlo, lo cual explica tanto su car�cter excepcional como la exigencia de que solo pueda imponerse con fundamento en causales taxativas, previamente definidas en la Constituci�n y en la ley.

 

102.       Este entendimiento encuentra sustento, adem�s, en el origen hist�rico de la instituci�n, el cual, conforme lo memor� la Sentencia SU-501 de 2015, antecede a la Constituci�n de 1991 y se remonta al art�culo 13 del Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, que preve�a un conjunto de causales asociadas a la infracci�n del r�gimen de incompatibilidades, el desconocimiento del conflicto de intereses y la inasistencia a sesiones decisorias. Si bien dicha reforma fue declarada inexequible por vicios de tr�mite, el Constituyente de 1991 retom� y consolid� esta figura como un mecanismo estructural de control pol�tico y depuraci�n �tica de la representaci�n popular, confiando su juzgamiento a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo como garant�a de imparcialidad y rigor institucional.

 

103.       Precisamente por la intensidad de las consecuencias jur�dicas que comporta, la jurisprudencia constitucional ha sido constante en se�alar que el proceso de p�rdida de investidura debe observar de manera estricta las garant�as propias del debido proceso sancionador, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica. As� lo ha reiterado esta Corporaci�n, entre otras, en las Sentencias SU-400 de 2012 y SU-399 de 2012, al se�alar que la interpretaci�n y aplicaci�n de las causales debe realizarse bajo criterios de legalidad, tipicidad, objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, con pleno respeto por los derechos pol�ticos del demandado. En igual sentido, la Sentencia C-146 de 2021 enfatiz� que en este proceso rige plenamente el principio de presunci�n de inocencia y la proscripci�n de la responsabilidad objetiva.

 

104.       En armon�a con los est�ndares del derecho internacional de los derechos humanos[65], la Corte ha reconocido que las restricciones al derecho a elegir y ser elegido y a participar en la conformaci�n del poder p�blico solo resultan constitucionalmente admisibles cuando son previsibles, necesarias y estrictamente justificadas, atendiendo la especial gravedad de la sanci�n y su impacto directo sobre el n�cleo de la democracia representativa. Este rigor procedimental se explica porque la investidura no solo supone el ejercicio de un cargo p�blico, sino que incorpora la dignidad y el honor derivados del mandato democr�tico conferido por la ciudadan�a. Sobre el punto esta Corte dijo: �[l]a severidad de la p�rdida de investidura se deriva de las consecuencias que el ordenamiento jur�dico le asigna a la afectaci�n de los derechos pol�ticos de los electores, de ah� la entidad de los derechos que resultan limitados, dentro de los que se destaca el derecho a elegir y a ser elegido�[66].

 

105.       En este marco general, la Sala advierte que el car�cter sancionatorio de la p�rdida de investidura impide que sus causales sean aplicadas de manera autom�tica, mec�nica u objetiva. Por el contrario, la imposici�n de esta sanci�n exige un examen riguroso de imputabilidad, orientado a establecer si la conducta reprochada es atribuible de manera culposa o dolosa al elegido, llamado o designado, o si, por el contrario, la omisi�n obedece a circunstancias excepcionales que excluyen su responsabilidad[67].

 

106.       Este entendimiento garantiza que la p�rdida de investidura conserve su car�cter excepcional y su funci�n constitucional de control pol�tico y depuraci�n institucional, evitando que se convierta en una sanci�n desproporcionada que desconozca los l�mites del ius puniendi estatal y el contenido esencial de los derechos pol�ticos en una democracia constitucional. En suma, la p�rdida de investidura de los miembros de corporaciones p�blicas se erige como un mecanismo constitucional destinado a preservar la �tica y la moralidad en la actividad pol�tica, a garantizar la sujeci�n de los representantes al inter�s general y a permitir a la ciudadan�a exigir cuentas a quienes ejercen el poder p�blico, mediante un procedimiento jurisdiccional sometido a las m�s estrictas garant�as del debido proceso, en el que solo procede la sanci�n cuando concurren la configuraci�n objetiva de la causal y la acreditaci�n del dolo o la culpa grave, conforme al art�culo 1 de la Ley 1881 de 2018.

 

4.3.          Responsabilidad subjetiva, eximentes y est�ndares de imputaci�n en la p�rdida de investidura

 

107.       La jurisprudencia constitucional ha reconocido de manera reiterada que la acci�n de p�rdida de investidura constituye una manifestaci�n cualificada del ius puniendi estatal, en la medida en que comporta la imposici�n de una sanci�n de m�xima gravedad para quien ejerce un cargo de elecci�n popular, al implicar la separaci�n definitiva del mismo y la inhabilidad para volver a acceder a cargos representativos. En atenci�n a dicha naturaleza, la Corte ha sostenido que este mecanismo se encuentra sometido a los principios estructurales del debido proceso consagrados en el art�culo 29 de la Constituci�n, con las modulaciones propias de su finalidad constitucional[68].

 

108.       En una primera etapa, el an�lisis judicial en los procesos de p�rdida de investidura se orient� predominantemente a la verificaci�n objetiva de la configuraci�n de la causal invocada, sin que se exigiera de manera expresa un examen aut�nomo del elemento subjetivo de la conducta. De tal aproximaci�n inicial da cuenta, entre otras, la Sentencia SU-501 de 2015, en la cual la Corte conoci� una acci�n de tutela promovida contra una providencia de la Secci�n Primera del Consejo de Estado que declar� la p�rdida de investidura de un concejal por no haberse posesionado oportunamente, aun cuando se hab�a acreditado que el actor actu� con diligencia y buena fe al informar las razones de su inasistencia.

 

109.       En esa oportunidad se evidenciaron tensiones interpretativas relevantes, pues en los salvamentos de voto se advirti� que la aplicaci�n de un r�gimen de responsabilidad objetiva resultaba incompatible con la naturaleza sancionatoria de la medida y con la intensidad de la restricci�n impuesta sobre los derechos pol�ticos del sancionado. Tales objeciones se apoyaban en la doctrina constitucional seg�n la cual todo reproche punitivo estatal debe fundarse en la verificaci�n de la culpabilidad, en tanto expresi�n del principio de presunci�n de inocencia y de la prohibici�n de sanciones autom�ticas[69].

 

110.       Este debate fue resuelto de manera definitiva por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-424 de 2016, en la que se consolid� un determinante giro interpretativo al reconocerse expresamente que el proceso de p�rdida de investidura forma parte del derecho sancionador del Estado y, por ende, exige la comprobaci�n de una conducta culpable. En esa providencia, la Sala Plena sostuvo que no basta con la constataci�n objetiva de la causal, sino que resulta constitucionalmente necesario verificar si el demandado actu� con dolo o con culpa, atendiendo a las circunstancias espec�ficas del caso, a la buena fe desplegada y a la posible concurrencia de causales eximentes de responsabilidad, como la fuerza mayor o el caso fortuito.

 

111.       Este entendimiento se apoya en la premisa seg�n la cual los principios del derecho penal -en particular, legalidad, tipicidad, favorabilidad, presunci�n de inocencia in dubio pro reo y culpabilidad[70]- irradian todos los procedimientos que expresan el ius puniendi, aunque con ajustes derivados de la naturaleza del r�gimen sancionador aplicable[71]. En ese contexto, la Corte precis� que el proceso de p�rdida de investidura se diferencia sustancialmente del medio de control de nulidad electoral, en tanto este �ltimo comporta un juicio objetivo de legalidad, mientras que aquel supone un reproche �tico-jur�dico que exige un juicio de responsabilidad subjetiva, lo que excluye la operancia de la cosa juzgada entre ambos mecanismos[72].

 

112.       Posteriormente, la Corte reiter� y profundiz� esta l�nea jurisprudencial. En la Sentencia SU-632 de 2017 indic� que �dentro de los elementos que se deben valorar en los procesos de p�rdida de investidura se destaca la culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, si el demandado conoc�a o deb�a conocer de la actuaci�n que desarroll� y si su voluntad se enderez� a esa acci�n u omisi�n, aspecto que implica verificar si se est� ante una situaci�n de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa�.

 

113.       N�tese, entonces, c�mo a partir de esa precisi�n, la Corte deja claro que el juicio de culpabilidad en los procesos de p�rdida de investidura no se agota en la verificaci�n objetiva de la conducta, sino que exige valorar si el comportamiento es subjetivamente reprochable. En ese marco y para los fines de esta providencia, interesa resaltar que el an�lisis de la fuerza mayor se integra como un criterio destinado a excluir el juicio de reproche. En otras palabras, cuando se acredita que el demandado actu� bajo una circunstancia irresistible, imprevisible e inevitable que anul� su capacidad real de autodeterminaci�n, desaparece la posibilidad de imputarle dolo o culpa. As�, la fuerza mayor no opera como un estudio aut�nomo, sino como un factor que incide directamente en la determinaci�n de la culpabilidad y, por ende, en la procedencia misma de la sanci�n.

 

114.       A su vez, en la Sentencia SU-474 de 2020, la Sala Plena ampar� el derecho fundamental al debido proceso al constatar que la autoridad judicial accionada hab�a aplicado un r�gimen de responsabilidad objetiva, sin adelantar un examen riguroso del dolo o la culpa grave, reiterando que dicha omisi�n resulta incompatible con la Constituci�n.

 

115.       Este enfoque se articula, adem�s, con la doctrina constitucional desarrollada, entre otras, en las Sentencias T-152 de 2009 y SU-515 de 2013 relativa a la protecci�n reforzada de los derechos pol�ticos. De acuerdo con esta jurisprudencia, cuando el ejercicio de tales derechos pueda verse restringido por la imposici�n de sanciones, el juez est� llamado a adelantar un examen particularmente riguroso, orientado por los principios de favorabilidad y pro homine. Ello implica interpretar y aplicar las consecuencias sancionatorias de manera que se preserve, en la mayor medida posible, el contenido esencial de los derechos pol�ticos comprometidos, evitando lecturas autom�ticas o excesivamente restrictivas que desconozcan su car�cter fundamental y su estrecha relaci�n con el principio democr�tico.

 

116.       De manera concordante, el Consejo de Estado acogi� esta concepci�n subjetiva del juicio de p�rdida de investidura. En sentencia del 27 de septiembre de 2016, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sostuvo que este proceso exige la acreditaci�n de la culpabilidad del demandado, al tratarse de un r�gimen sancionatorio subjetivo[73]. Esta postura ha sido reiterada en decisiones posteriores, en las que se ha enfatizado que el juicio de culpabilidad debe atender, entre otros aspectos, al conocimiento normativo exigible, a la diligencia desplegada y a la razonabilidad de la convicci�n con la que actu� el investigado[74].

 

117.       Es relevante tener en cuenta que, desde los salvamentos y aclaraciones de voto realizados a la mencionada Sentencia del 27 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado se ha preocupado por dotar de contenido dicho an�lisis subjetivo. En esa oportunidad uno de los votos disidentes expres� que:

 

�el aspecto subjetivo [�] se estructura a partir de la construcci�n por parte del constituyente y/o del legislador de un par�metro o est�ndar de conducta para determinadas actividades humanas frente al cual se eval�a por comparaci�n una conducta humana, que es el modelo propio �no de la responsabilidad penal y su concepto de culpabilidad- sino de la culpa civil (�el buen padre de familia�) que, como se ha rese�ado, se aplica hoy en muy diversos escenarios de ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado�^[75].

 

118.       Se destac� tambi�n en los votos disidentes que, incluso esta lectura del tema fue discutida en la construcci�n de la decisi�n mayoritaria, ya que, en el debate de Sala Plena de septiembre de 2016 se plante� que la distinci�n entre la nulidad electoral y la p�rdida de investidura, en lo relativo al juicio de culpabilidad, parte de reconocer que el concepto de culpa no es un�voco en el derecho, pues admite significados distintos en los �mbitos civil, penal y sancionatorio en general. Se se�al� que la p�rdida de investidura no se estructura a partir de la culpabilidad penal (la cual exige un examen subjetivo sobre la capacidad del agente, el error, la imputabilidad o las causales de exculpaci�n) sino desde una concepci�n de culpa civil, entendida como la desviaci�n de la conducta frente a un est�ndar normativo previamente fijado, como es el caso del art�culo 63 del C�digo Civil con la figura del �buen padre de familia�^[76].

 

119.       Seguidamente, en Sentencia del 25 de mayo de 2017^[77], la Secci�n Primera del Consejo de Estado emple� por primera vez la conceptualizaci�n de dolo y culpa descrita en el art�culo 63 del C�digo Civil para analizar la conducta desplegada en un proceso de p�rdida de investidura. Seg�n esta decisi�n, para el an�lisis de la culpabilidad en el proceso de p�rdida de investidura debe considerarse que el dolo se configura cuando se demuestra que el sujeto ten�a pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta y, pese a ello, decidi� ejecutarla, lo que permite inferir la intenci�n y, por su parte, la culpa se acredita cuando, aun sin existir intenci�n directa, se establece que el sujeto deb�a conocer la ilicitud del comportamiento a partir del deber de diligencia exigible. En ese marco, se sostuvo que toda persona que aspire a ejercer una funci�n p�blica tiene la obligaci�n general de conocer los requisitos y el r�gimen normativo del cargo al que aspira, incluso trat�ndose de cargos de elecci�n popular. No obstante, dicho conocimiento no puede evaluarse de forma abstracta, sino atendiendo a las condiciones personales del sujeto, como su nivel de formaci�n, profesi�n, las circunstancias particulares del caso y las gestiones que haya adelantado para informarse, tales como solicitar conceptos o asesor�a jur�dica, con el fin de determinar si actu� con el cuidado debido o si, por el contrario, obr� de buena fe y sin culpa, lo que impedir�a formular un reproche subjetivo.

 

120.       Luego, el desarrollo jurisprudencial que destac� la necesidad de un an�lisis subjetivo en este tipo de asuntos fue recogido por el legislador al consagrar expresamente dicho car�cter del proceso de p�rdida de investidura en el art�culo 4 de la Ley 2003 de 2019, disposici�n que remarc� la necesidad de hallar acreditada la culpabilidad en las categor�as de dolo o de culpa grave^[78] como presupuesto indispensable para la imposici�n de la sanci�n.

 

121.       A partir de ello, el Consejo de Estado ha postulado diferentes perspectivas dogm�ticas para orientar el an�lisis subjetivo en relaci�n con los conceptos de dolo y culpa en el proceso de p�rdida de investidura. Si bien de manera mayoritaria se ha sostenido que la comprensi�n de estas categor�as debe realizarse conforme a las nociones previstas en el art�culo 63 del C�digo Civil[79], tambi�n se ha considerado que puede acudirse a la conceptualizaci�n propia del derecho penal[80], en la medida en que ni la Corte Constitucional ni el propio Consejo de Estado han definido de manera precisa el alcance del principio de culpabilidad aplicable a este tipo de procesos.

 

122.       En ese contexto, la jurisprudencia ha efectuado un recuento de la evoluci�n te�rica del concepto de culpabilidad en el derecho sancionador, que parte de su concepci�n psicol�gica, centrada en el an�lisis volitivo y cognitivo del sujeto, pasa por la tesis psicol�gico-normativa y llega a las corrientes finalistas y funcionalistas. Estas �ltimas trasladan el dolo y la culpa al �mbito de la tipicidad y conciben la culpabilidad como un juicio normativo vinculado a la imputabilidad, la comprensi�n del injusto y la exigibilidad de una conducta distinta.

 

123.       Con base en dicho desarrollo, en el marco de la causal de p�rdida de investidura que ser� examinada a continuaci�n, el Consejo de Estado ha concluido que, el juicio de culpabilidad debe ser esencialmente normativo, toda vez que ni la Constituci�n Pol�tica ni la Ley 5 de 1992 exigen indagar el fuero interno o psicol�gico de aquel llamado a tomar posesi�n. En su lugar, el an�lisis debe centrarse en verificar si el sujeto estaba en capacidad de comprender la situaci�n que configur� la causal, si le era exigible actuar de manera distinta, si respet� las normas jur�dicas aplicables y si la imposici�n de la sanci�n resulta necesaria para la preservaci�n de los fines constitucionales.

 

124.       No obstante, se advierte una posterior oscilaci�n jurisprudencial, en la cual el Consejo de Estado ha vuelto a realizar un examen concreto de la conducta y ha concluido la existencia de dolo acudiendo de manera expresa a la definici�n prevista en el art�culo 22 del C�digo Penal[81].

 

125.       Del mismo modo, a partir de aclaraciones y salvamentos de voto[82], se ha enfatizado la necesidad de interpretar las nociones de dolo y culpa desde la concepci�n propia del derecho disciplinario. Ello, bajo el entendido de que la p�rdida de investidura constituye una manifestaci�n del ius puniendi del Estado y comporta la imposici�n de una sanci�n que incide de manera directa en derechos fundamentales, raz�n por la cual el an�lisis de la conducta debe efectuarse conforme a la estructura tripartita caracter�stica del derecho sancionador, esto es, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

 

126.       En esa l�nea, se ha sostenido que, si bien el legislador reconoci� expresamente la existencia de un r�gimen de culpabilidad en el proceso de p�rdida de investidura, omiti� definir su contenido. Este vac�o normativo, seg�n se propone, puede ser suplido mediante la aplicaci�n de la analog�a prevista en el art�culo 8 de la Ley 153 de 1887. Dicha integraci�n permitir�a acoger el r�gimen disciplinario como el m�s adecuado para estructurar el juicio de culpabilidad en la p�rdida de investidura, en atenci�n a su mayor cercan�a funcional y material con esta figura. En efecto, se explica que la finalidad de la p�rdida de investidura no es la retribuci�n penal ni la restricci�n de la libertad personal, sino la protecci�n de la moralidad p�blica y la dignidad del cargo, lo que la aproxima mucho m�s al derecho disciplinario que al penal.

 

127.       Adicionalmente, se destaca que la sanci�n tiene una naturaleza eminentemente pol�tica, en la medida en que afecta principalmente los derechos pol�ticos y el derecho al trabajo, y recae sobre funcionarios sometidos a un r�gimen especial de sujeci�n y a est�ndares reforzados de diligencia.

 

128.       En s�ntesis, la p�rdida de investidura, en cuanto sanci�n de m�xima intensidad dentro del orden constitucional, exige un escrutinio riguroso del elemento subjetivo de la conducta, la observancia estricta de los principios del debido proceso sancionador y la aplicaci�n preferente de interpretaciones que favorezcan la vigencia de los derechos pol�ticos, en armon�a con los postulados del Estado Social y Democr�tico de Derecho.

 

129.       As�, al juez valorar la configuraci�n de la causal desde la dimensi�n objetiva debe valorar, adem�s, la conducta del demandado a la luz del principio constitucional de culpabilidad. Esto en aplicaci�n del art�culo 29 superior que prescribe que �[n]adie podr� ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio [�]. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable [�]�. De manera que, tras verificar la configuraci�n de la causal objetiva, el juez de p�rdida de investidura habr� de examinar si en el caso particular se acredita el elemento de culpabilidad (dolo o culpa grave).

 

4.4.          El alcance de la causal de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n oportuna y la fuerza mayor como eximente de responsabilidad de dicha causal

 

130.       Abordados algunos aspectos del marco general de la p�rdida de investidura, la Sala se detiene en la causal espec�fica de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n del cargo dentro del t�rmino legal, prevista en el numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000. Esta causal, de acuerdo con Sentencia del 11 de marzo de 2021 proferida por la Secci�n Primera del Consejo de Estado[83], debe ser entendida como una manifestaci�n concreta de la finalidad constitucional del r�gimen sancionatorio, en tanto busca salvaguardar la integridad del v�nculo representativo que se establece entre el electorado y quien ha sido elegido, llamado o designado para ejercer funciones p�blicas.

 

131.       En esa l�nea, las Sentencias SU-501 de 2015 y SU-632 de 2017 destacaron que la posesi�n no constituye un acto meramente ritual o protocolario, sino un acto jur�dico de naturaleza constitutiva, mediante el cual se perfecciona la relaci�n entre el representante y la corporaci�n respectiva y se activan sus deberes, derechos y responsabilidades. En sentido similar, la Sentencia SU-292 de 2025 estableci� que la causal de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n tiene como fin la protecci�n del pacto pol�tico que existe entre el elector o la institucionalidad y el elegido, llamado o designado. Este v�nculo constituye un elemento fundamental de la democracia representativa.

 

132.       En efecto, la representaci�n democr�tica no se consolida �nicamente con la declaratoria de elecci�n, sino con la efectiva incorporaci�n al cargo, momento a partir del cual el representante asume de manera plena el compromiso pol�tico frente a la comunidad y se integra al sistema de pesos y contrapesos propio del orden constitucional[84]. La jurisprudencia de la Corte Constitucional[85] ha explicado que la exigencia de posesionarse no es una formalidad vac�a, sino la manifestaci�n del compromiso pol�tico y jur�dico que el representante adquiere tanto con sus electores como con la instituci�n a la que accede. La posesi�n es el acto que habilita al elegido para ejercer el cargo y lo vincula de manera plena a sus deberes, derechos y responsabilidades constitucionales, raz�n por la cual su omisi�n dentro de los t�rminos legales implica un quiebre del pacto democr�tico surgido del sufragio y un incumplimiento de las promesas formuladas ante el electorado.

 

133.       Por su parte, el Consejo de Estado[86] ha se�alado que la p�rdida de investidura tiene por objeto juzgar la ruptura del pacto pol�tico entre el elector y el elegido, elemento esencial de la democracia representativa, y que, por ello, comporta una sanci�n de especial gravedad en el �mbito pol�tico. En ese sentido, cuando el elegido incumple los compromisos asumidos frente al electorado, como ocurre, por ejemplo, al desconocer los deberes constitucionales asociados al cargo, se afecta la legitimidad de las instituciones, lo que justifica la imposici�n de la sanci�n de p�rdida de investidura para preservar la confianza ciudadana.

 

134.       En ese sentido, en materia electoral, debe privilegiarse la protecci�n del derecho del elector por encima del inter�s individual del elegido, en tanto el acto electoral expresa la voluntad popular y materializa la democracia representativa. En consecuencia, el juez no solo ejerce un control de legalidad formal, sino que cumple una funci�n de garant�a de la democracia y de legitimaci�n del poder constituido. Finalmente, se ha establecido que el representante popular est� obligado a justificar el incumplimiento de sus deberes constitucionales �nicamente en razones de fuerza mayor, pues no basta la invocaci�n de simples dificultades para excusar la no asunci�n del cargo[87].

 

135.       Desde esta perspectiva, la no posesi�n injustificada comporta una defraudaci�n directa del principio representativo, en la medida en que frustra la materializaci�n del voto ciudadano y afecta la legitimidad del ejercicio del poder p�blico[88].

 

136.       Ahora bien, tal y como se estableci� previamente, dada la naturaleza sancionatoria de la p�rdida de investidura, la causal de no posesi�n no puede aplicarse de manera autom�tica ni objetiva, pues su imposici�n exige un examen riguroso de imputabilidad orientado a determinar si la omisi�n es atribuible de forma culpable o dolosa al designado o si obedece a circunstancias excepcionales que excluyen su responsabilidad[89].

 

137.       De acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia SU-292 de 2025, la causal de p�rdida de investidura por no posesi�n exige tres requisitos. Primero, que la persona haya sido elegida, designada o llamada, lo cual se acredita principalmente con el Formulario E-26 expedido por la autoridad electoral. Segundo, que no tome posesi�n dentro del plazo legal (tres d�as desde la instalaci�n o el llamado). Al respecto, la aceptaci�n es formal, oportuna y sin posibilidad de retracto, por lo que no es v�lido alegar dudas o interpretaciones para incumplir este deber. �Tercero, que la omisi�n no est� justificada por fuerza mayor, entendida como un hecho imprevisible, irresistible y externo. No constituyen fuerza mayor las decisiones voluntarias, motivos personales o situaciones evitables, pues en estos casos se entiende que el incumplimiento es imputable al elegido.

 

138.       En este punto, como se mencion�, adquiere especial relevancia la figura de la fuerza mayor, prevista expresamente como causal exonerativa en el par�grafo 1� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, la cual debe ser interpretada conforme a la definici�n contenida en el art�culo 64 del C�digo Civil, seg�n lo establecido por la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias SU-424 de 2016, 474 de 2020 y 292 de 2025. As�, la fuerza mayor, prevista en el art�culo 64 del C�digo Civil, se define como un hecho imprevisible e irresistible que no puede ser evitado por el obligado. Y, para que opere como eximente de responsabilidad, la jurisprudencia ha se�alado que debe cumplir tres requisitos: que el evento sea irresistible, imprevisible y externo a la voluntad de quien se encuentra obligado[90].

 

139.       En las Sentencias SU-501 de 2015 y SU-632 de 2017 la jurisprudencia constitucional ha precisado que la fuerza mayor exige la concurrencia de un hecho externo, imprevisible e irresistible que haga imposible el cumplimiento del deber de posesi�n. En ese sentido, se ha sostenido, por ejemplo, que la renuncia voluntaria para aspirar a otro cargo no constituye fuerza mayor, al faltar el elemento de externalidad[91].

 

140.       La jurisprudencia de la Corte Constitucional[92] ha acogido las tesis desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia[93] en el sentido de establecer que:

 

�(�) �la calificaci�n de un hecho como fuerza mayor o caso fortuito, debe efectuarse en cada situaci�n espec�fica, ponderando las circunstancias (de tiempo, modo y lugar) que rodearon el acontecimiento -acompasadas con las del propio agente-�. Desde luego que ello no obsta para que puedan trazarse ciertas directrices que, por su fuerza intr�nseca, a la par que jur�dica, permitan singularizar y, por ende, dotar de fisonom�a al fen�meno en cuesti�n, el cual, por v�a de ejemplo, no puede concurrir con la culpa del demandado que haya tenido un rol preponderante en la causaci�n del da�o�[94].

 

141.       Ahora bien, el Consejo de Estado ha establecido que, en los eventos en los cuales se demande la p�rdida de investidura por no tomar posesi�n oportuna, cuando la voluntad libre del candidato interviene no se est� en presencia de una situaci�n de fuerza mayor[95]. En efecto, ha indicado que �siempre que en una decisi�n intervenga la libertad para adoptarla, per se, se descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues estas suponen la ocurrencia de un imprevisto al que es imposible resistir�[96].

 

142.       En el marco de la causal de p�rdida de investidura que se analiza, ese mismo tribunal dispuso que la operatividad de la fuerza mayor como eximente depende de que sea objetivamente verificada a la luz de sus elementos constitutivos, como lo son: (i) la irresistibilidad, (ii) la imprevisibilidad y (iii) la externalidad[97].

 

143.       La imprevisibilidad alude a hechos que no pod�an anticiparse razonablemente, mientras que la irresistibilidad se asocia con eventos inevitables, frente a los cuales no puede exigirse al afectado una conducta para impedir su ocurrencia o superar sus consecuencias. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[98] y del Consejo de Estado[99] ha precisado que la fuerza mayor es una especie de causa extra�a y que no todo hecho dif�cil, sorpresivo o incluso natural configura fuerza mayor, pues su calificaci�n depende de las circunstancias concretas del caso. Asimismo, se ha reiterado que la fuerza mayor no se determina mediante una clasificaci�n abstracta o autom�tica de eventos, sino a partir de un an�lisis casu�stico, atendiendo al contexto espec�fico de tiempo, modo y lugar, as� como a la conducta del agente. En ese sentido, incluso hechos tradicionalmente asociados a la fuerza mayor pueden excluirse de tal categor�a si media culpa o exposici�n temeraria del afectado. La Corte Constitucional[100], en l�nea con esta doctrina, ha enfatizado que la valoraci�n de la imprevisibilidad e irresistibilidad debe realizarse in concreto, descartando enfoques mec�nicos y excluyendo aquellos supuestos en los que el propio comportamiento del agente haya contribuido de manera relevante a la situaci�n alegada como fuerza mayor.

 

144.       Bajo esta misma l�nea, jurisprudencia especializada ha fijado como regla que �el caso fortuito o la fuerza mayor son circunstancias eximentes de responsabilidad, que ante actos o hechos superiores a su voluntad no puede cumplir con la prestaci�n de la obligaci�n convenida (�) es claro que, en t�rminos generales, para que pueda hablarse de la existencia de fuerza mayor, el hecho que se aduce como constitutivo de ella debe ser extra�o, es decir, que quien lo alega en su favor no ha contribuido con su conducta a su producci�n� [101]. De manera complementaria, se ha precisado que �(�) [l]a fuerza mayor, en estos casos, se produce entonces cuando el hecho ex�geno al (�) elegido es imprevisible e irresistible y se traduce en la imposibilidad absoluta de dar cumplimiento a la obligaci�n ya mencionada. En tales circunstancias el hecho de la falta de posesi�n dentro de la oportunidad legal, no puede subsumirse en la causal de p�rdida de investidura prevista en el art�culo 48 numeral 3� de la Ley 617 de 2000, por tratarse de una omisi�n plenamente justificada�[102].

 

145.       As�, cuando se acredita la concurrencia de una situaci�n de fuerza mayor, desaparece el fundamento �tico y democr�tico de la sanci�n, pues no resulta posible atribuir al elegido una conducta reprochable ni una defraudaci�n del mandato representativo^[103]. En tales eventos, la imposici�n de la p�rdida de investidura no solo vulnera los principios de culpabilidad y proporcionalidad, sino que conduce a una restricci�n irrazonable y desproporcionada de los derechos pol�ticos, en abierta contradicci�n con los est�ndares constitucionales e internacionales que gobiernan esta materia.

 

146.       De ah� que el an�lisis de la causal de no posesi�n deba incorporar una valoraci�n integral de las circunstancias del caso, que permita establecer no solo la configuraci�n objetiva del incumplimiento, sino tambi�n su imputabilidad subjetiva y su impacto real sobre el principio de representaci�n democr�tica. Este examen, orientado por los principios de razonabilidad, proporcionalidad y responsabilidad pol�tica, asegura que la p�rdida de investidura conserve su naturaleza de mecanismo excepcional de depuraci�n �tica del sistema representativo y no se transforme en una sanci�n autom�tica o desmedida.

 

147.       En s�ntesis, conforme al marco constitucional y jurisprudencial vigente, la p�rdida de investidura por no tomar posesi�n solo resulta leg�tima cuando, desde el punto de vista objetivo, concurren una investidura v�lida, la omisi�n imputable del deber de posesi�n dentro del t�rmino legal y la ausencia de una causa exonerativa fundada en fuerza mayor, en coherencia con los l�mites del ius puniendi estatal y con la protecci�n reforzada de los derechos pol�ticos en una democracia constitucional.

 

4.5.          R�gimen jur�dico de la curul de oposici�n y la improcedencia de flexibilizar la causal de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n

 

148.       El Acuerdo Final para la Terminaci�n del Conflicto y la Construcci�n de una Paz Estable y Duradera incorpor�, dentro de su punto 2.1.1.1, un compromiso expreso orientado a robustecer las garant�as para el ejercicio del pluralismo pol�tico y, en particular, para asegurar condiciones materiales que permitieran el despliegue libre de la oposici�n democr�tica. Este componente del Acuerdo se present� como un desarrollo reforzado del art�culo 112 de la Constituci�n, cuyo prop�sito es garantizar la expresi�n del disenso institucionalizado y la interlocuci�n cr�tica frente al gobierno. En cumplimiento de ese mandato vinculante, se promovi� la expedici�n de un r�gimen jur�dico especializado que configurara un conjunto de derechos, prerrogativas y medidas de protecci�n para las organizaciones y actores pol�ticos no gobernantes^[104].

 

149.       En ese marco, la Ley Estatutaria 1909 de 2018 materializ� la obligaci�n estatal de definir un cuerpo normativo integral para la oposici�n pol�tica y las organizaciones independientes, a trav�s del establecimiento de un conjunto de garant�as destinadas a asegurar que el ejercicio de la cr�tica y del control pol�tico se realice en condiciones de equilibrio institucional, seguridad y participaci�n efectiva, preservando el principio de transparencia y la vigencia del control democr�tico. Sobre el particular, la Sentencia C-018 de 2018 reconoci� que este estatuto constituye un desarrollo directo de los incisos 4 y 6 del art�culo 112 de la Constituci�n, reformados por el Acto Legislativo 02 de 2015, lo que le confiere el car�cter de norma estructural del dise�o democr�tico.

 

150.       Uno de los ejes sustantivos m�s relevantes del Estatuto de la Oposici�n Pol�tica se encuentra en el art�culo 25, que prev� la asignaci�n de un esca�o en las corporaciones p�blicas territoriales a favor del candidato que obtiene la segunda mayor votaci�n en las elecciones para gobernaciones y alcald�as municipales y distritales. Dicha disposici�n habilita a dicho candidato no electo a acceder a la respectiva asamblea o concejo, siempre que manifieste de manera expresa, ante la autoridad escrutadora, su voluntad de ocupar la curul.

 

151.       La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha precisado que esta figura reviste la naturaleza de un derecho personal, atribuible exclusivamente al candidato que obtiene el segundo lugar en la respectiva contienda. Por consiguiente, la titularidad del esca�o no es transferible ni puede ser reclamada por terceros de la misma colectividad o por miembros de la lista, pues deriva directamente del mandato constitucional que reconoce esta prerrogativa a quien representa la opci�n pol�tica no triunfante^[105]. Se trata, por tanto, de una forma de representaci�n orientada a fortalecer el principio democr�tico y garantizar el derecho de la oposici�n^[106].

 

152.       Esta modalidad de acceso configura una representaci�n indirecta de origen eminentemente popular: aunque el candidato no es elegido mediante voto directo para integrar la corporaci�n, accede al esca�o como expresi�n de la voluntad pol�tica de quienes respaldaron una propuesta alternativa de gobierno^[107].

 

153.       El ejercicio de esta prerrogativa est� condicionado a la manifestaci�n de aceptaci�n, la cual debe ser expresa y personal. Se trata de una decisi�n aut�noma del candidato, que no depende de la colectividad pol�tica ni de acuerdos internos, pues deriva directamente del dise�o constitucional del art�culo 112^[108].

 

154.       Para la operatividad de ese derecho, el Consejo Nacional Electoral expidi� la Resoluci�n 2276 del 11 de junio de 2019, que fij� un plazo perentorio de 24 horas para aceptar o rechazar la curul e introdujo la prohibici�n de retracto con el fin de preservar la seguridad jur�dica y el correcto funcionamiento del sistema electoral; prohibici�n avalada por la Secci�n Quinta del Consejo de Estado en decisiones del 16 de diciembre del 2020 y del 11 de marzo de 2021 proferidas en los expedientes 11001-03-28-000-2019-00060-00 y 15001-23-33-000-2020-01680-01, respectivamente.

 

155.       En coherencia con este dise�o normativo, la jurisprudencia ha precisado que la retractaci�n de la aceptaci�n o la inasistencia injustificada al acto de posesi�n desconocen deberes funcionales inherentes a la investidura y, por ello, pueden comprometer directamente la responsabilidad pol�tica del designado, hasta el punto de, eventualmente, dar lugar a la p�rdida de investidura cuando no medie fuerza mayor.

 

156.       De este modo, la curul de oposici�n no configura un estatus excepcional dentro de la corporaci�n p�blica, sino una forma particular de materializar el pluralismo pol�tico mediante un mecanismo especial de asignaci�n del esca�o, orientado a garantizar la representaci�n institucional de las minor�as. Por ello, su ejercicio se integra sin diferenciaciones al r�gimen general de deberes, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades que rige para todos los miembros de las corporaciones p�blicas.

 

157.       En relaci�n con el acceso a la curul de oposici�n prevista en el art�culo 112 de la Constituci�n y desarrollada por el art�culo 25 de la Ley 1909 de 2018, el Consejo de Estado ha precisado que esta no constituye un derecho subjetivo aut�nomo ni un privilegio individual, sino una modalidad espec�fica de acceso a una investidura representativa. Si bien toda curul en una corporaci�n p�blica tiene como fundamento el respaldo electoral y la confianza de los votantes, en este caso la legitimidad democr�tica se expresa a trav�s de la segunda votaci�n obtenida en una elecci�n uninominal^[109], lo que configura un mecanismo particular de asignaci�n del esca�o, pero sin alterar su naturaleza ni el alcance de los deberes que comporta.

 

158.       En consecuencia, la aceptaci�n de la curul produce efectos jur�dicos plenos y vincula al designado, en condiciones de estricta igualdad frente a los dem�s integrantes elegidos por voto popular directo, al mismo estatuto integral de obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades, sin que resulte admisible un tratamiento normativo o funcional atenuado por el origen estatutario del esca�o, tal como lo ha reiterado la Secci�n Primera del Consejo de Estado en Sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida dentro del proceso de p�rdida de investidura con expediente con n�mero de radicado 70001-23-33-000-2023-00106-01, en la cual se enfatiz� que el candidato que obtiene la segunda votaci�n ingresa a la corporaci�n como representante leg�timo de la oposici�n y que, una vez manifiesta de manera expresa su aceptaci�n de la curul, queda plenamente sometido al estatuto jur�dico propio del cargo, en condiciones de igualdad frente a los dem�s miembros de la corporaci�n.

 

159.       En consecuencia, la curul de oposici�n no constituye un espacio excepcional o atenuado dentro del r�gimen �tico de las corporaciones p�blicas, sino una expresi�n reforzada del principio democr�tico y del pluralismo pol�tico, cuyo ejercicio exige el cumplimiento estricto de los deberes funcionales que surgen con la investidura, entre ellos, el deber de tomar posesi�n del cargo dentro de los t�rminos legales. Por tanto, la omisi�n injustificada de dicho acto tiene la potencialidad de activar la causal de p�rdida de investidura prevista en el numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, sin que el origen estatutario de la curul o la condici�n de representante de la oposici�n puedan invocarse como factores de flexibilizaci�n o exoneraci�n, pues ello desconocer�a la igualdad de cargas del mandato representativo y vaciar�a de eficacia el r�gimen de responsabilidad pol�tica.

 

4.6.          Participaci�n pol�tica de las mujeres y la garant�a de igualdad material

 

160.       La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en relaci�n con la importancia de la protecci�n de las mujeres en todos sus roles. Se parte del reconocimiento de que las mujeres han sido hist�ricamente sometidas a patrones estructurales de discriminaci�n y violencia por el solo hecho de ser mujeres, lo cual ha obstaculizado el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos fundamentales[110]. En este sentido, la violencia de g�nero no constituye un fen�meno aislado ni excepcional, sino una violaci�n grave y sistem�tica de los derechos humanos, que atenta contra la dignidad humana, limita las libertades fundamentales y reproduce relaciones hist�ricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres[111].

 

161.       La violencia contra la mujer se manifiesta en todos los �mbitos de la vida, tanto p�blicos como privados, y no se restringe a agresiones f�sicas o psicol�gicas evidentes. Este Tribunal ha establecido[112] que existen formas visibles de violencia, como la f�sica y la psicol�gica, pero tambi�n formas invisibles y estructurales, entre las que se encuentran la exclusi�n pol�tica, social y econ�mica, las barreras de acceso a espacios tradicionalmente masculinizados como la pol�tica y los cargos p�blicos, as� como la persistencia de discursos que legitiman la desigualdad de g�nero. Estas manifestaciones no operan de manera aislada, sino que se refuerzan entre s� para perpetuar la discriminaci�n, la violencia y la exclusi�n social de las mujeres.

 

162.       Desde el derecho internacional de los derechos humanos, la Convenci�n de Bel�m do Par� define la violencia contra la mujer como cualquier acci�n o conducta basada en el g�nero que cause muerte, da�o o sufrimiento f�sico, sexual o psicol�gico, tanto en el �mbito p�blico como en el privado. A su vez, el Comit� CEDAW, a trav�s de la Recomendaci�n General n.� 35, reconoce el car�cter generalizado, sist�mico y estructural de la violencia de g�nero, subrayando la responsabilidad reforzada del Estado frente a actos de violencia cometidos por agentes estatales y particulares. En este marco, el Estado est� obligado a adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales para la prevenci�n de la violencia, la protecci�n integral de las v�ctimas, el acceso efectivo a la justicia, la reparaci�n integral y las garant�as de no repetici�n[113].

 

163.       En el �mbito interno, la especial protecci�n constitucional de las mujeres se funda en los art�culos 13, 40, 42, 43 y 53 de la Constituci�n Pol�tica, los cuales reflejan un rechazo expreso a la discriminaci�n y a las distintas formas de violencia de g�nero. La jurisprudencia[114] ha precisado que la violencia contra la mujer se origina en estructuras sociales tradicionales de asignaci�n desigual del poder, caracterizadas por una dominaci�n predominantemente masculina. Por ello, tanto el Estado como los particulares tienen el deber constitucional de actuar con diligencia reforzada, evitando cualquier forma de indiferencia, neutralidad o tolerancia frente a la violencia o discriminaci�n por razones de g�nero, y garantizando medidas efectivas de prevenci�n y no repetici�n.

 

164.       La Corte ha identificado y desarrollado distintas tipolog�as de violencia contra la mujer[115]. La violencia f�sica comprende toda acci�n voluntaria que cause o pueda causar da�o corporal, y que al mismo tiempo configura una forma de humillaci�n y maltrato psicol�gico. La violencia psicol�gica, por su parte, se manifiesta a trav�s de conductas sistem�ticas de intimidaci�n, humillaci�n, desprecio, chantaje o amenazas, orientadas a generar sentimientos de inferioridad, desvalorizaci�n y afectaci�n de la autonom�a personal. A ello se suma la violencia institucional, que se presenta cuando las autoridades o los operadores jur�dicos adoptan decisiones basadas en prejuicios o estereotipos de g�nero, generando pr�cticas revictimizantes y perpetuando la impunidad frente a la violencia contra las mujeres.

 

165.       Bajo este contexto, la Corte Constitucional se ha referido al derecho fundamental aut�nomo de las mujeres a una vida libre de violencia, aplicable en los �mbitos p�blico y privado[116]. Este derecho se encuentra estrechamente vinculado con la efectividad de otros derechos fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad, la integridad personal, la prohibici�n de tratos crueles, inhumanos o degradantes, as� como con los derechos pol�ticos, la libertad de expresi�n, la libertad de prensa y el acceso a la administraci�n de justicia. En virtud de este derecho, el Estado tiene obligaciones ineludibles de investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, prevenir su ocurrencia, evitar la violencia institucional, proteger a las v�ctimas, garantizar la no repetici�n y asegurar entornos seguros para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales[117].

 

166.       Ahora bien, como es de conocimiento, la violencia contra las mujeres se extiende y manifiesta en el �mbito pol�tico y en el acceso, ejercicio y permanencia en cargos p�blicos, especialmente los de elecci�n popular[118]. No se trata de una expresi�n gen�rica de violencia contra la mujer, sino de un fen�meno con caracter�sticas propias, que exige un an�lisis diferenciado, dado que su objetivo principal es desalentar, limitar o impedir la participaci�n pol�tica de las mujeres y preservar estructuras de poder tradicionalmente masculinas[119].

 

167.       Los organismos internacionales han advertido que, a medida que aumenta la participaci�n pol�tica de las mujeres, tambi�n se incrementan los riesgos de que sean v�ctimas de nuevas y m�s sofisticadas formas de violencia. Esto ocurre porque la presencia de mujeres en espacios de poder cuestiona el statu quo pol�tico, hist�ricamente dominado por hombres y promueve la redistribuci�n del poder[120]. En ese contexto, la OEA ha reconocido que la mayor participaci�n femenina ha ido acompa�ada de un recrudecimiento de pr�cticas discriminatorias y violentas, cuya persistencia se explica, en buena parte, por la tolerancia social e institucional frente a este tipo de agresiones[121]. Por ello, esta organizaci�n internacional propuso la �La Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida pol�tica�, la cual reconoce el derecho de las mujeres a una vida pol�tica libre de violencia, lo cual implica no solo la ausencia de agresiones directas, sino tambi�n la eliminaci�n de estereotipos de g�nero y de pr�cticas pol�ticas, sociales y culturales basadas en ideas de inferioridad o subordinaci�n[122]. Estos estereotipos son particularmente da�inos cuando niegan derechos, limitan la autonom�a de las mujeres, afectan su toma de decisiones o restringen su desarrollo personal y profesional en el �mbito pol�tico.

 

168.       En Colombia, el Proyecto de Ley Estatutaria 006 de 2022, declarado exequible en la Sentencia C-317 de 2024, defini� la violencia contra la mujer en pol�tica como toda acci�n, conducta u omisi�n, directa o indirecta, basada en el g�nero, que cause da�o o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por finalidad o resultado menoscabar, restringir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos pol�ticos. En efecto, �el concepto de violencia contra las mujeres en pol�tica o violencia pol�tica de g�nero surge en medio de estas discusiones, como una categor�a impulsada por movimientos feministas que reclaman garant�as para el ejercicio de los derechos pol�ticos de las mujeres en el marco del reconocimiento del derecho humano a una vida libre de violencias�. As�, esta noci�n comprende �todas las formas de violencia f�sica, psicol�gica, econ�mica, simb�lica y otras formas interrelacionadas de violencia a las que se enfrentan las mujeres cuando participan en la esfera p�blica�.

 

169.       Esta violencia puede manifestarse, entre otras formas, a trav�s de conductas verbales, f�sicas, psicol�gicas, sexuales, econ�micas, patrimoniales, digitales y simb�licas, y sus efectos pueden extenderse no solo a las mujeres directamente afectadas, sino tambi�n a sus familias. Asimismo, el derecho a participar en pol�tica libre de violencia comprende garant�as esenciales, tales como la no discriminaci�n por raz�n de g�nero, el ejercicio efectivo de los derechos pol�ticos y electorales, la protecci�n reforzada de las libertades de expresi�n, reuni�n y asociaci�n, y el derecho a no ser sometidas a estereotipos que limiten su imagen p�blica, su intimidad, su reputaci�n o su capacidad para ejercer plenamente el mandato pol�tico.

 

170.       Desde la doctrina y la pr�ctica comparada, se ha enfatizado que la protecci�n frente a la violencia contra la mujer en pol�tica no se agota en garantizar la paridad o el acceso formal a cargos p�blicos. Es indispensable asegurar que las mujeres puedan ejercer y mantener sus funciones pol�ticas en condiciones de igualdad, equidad y seguridad, sin que su participaci�n se vea mermada por actos de violencia o intimidaci�n. En ese sentido, la protecci�n debe extenderse tanto al acceso como a la permanencia en los cargos y al libre ejercicio de la funci�n p�blica[123].

 

171.       Teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer en pol�tica en muchas ocasiones se presenta de manera �silenciosa�, usualmente dirigida a cuestionar o deslegitimar las capacidades, conocimientos, experiencia o aptitud de las mujeres para ejercer funciones p�blicas, apoy�ndose en estereotipos de g�nero que las presentan como d�biles, irracionales o incapaces de tomar decisiones, resulta indispensable tomar medidas de manera que su participaci�n en diferentes escenarios pol�ticos no se conviertan en espacios hostiles o violentos para las mujeres[124].

 

172.       Especial referencia debe hacerse a la situaci�n de discriminaci�n y violencia que enfrentan las mujeres que deciden ser madres en contextos pol�ticos. La maternidad, lejos de ser una elecci�n privada sin impacto social, se cruza con estructuras de poder, estereotipos y barreras que afectan de manera diferenciada la participaci�n pol�tica de las mujeres. La Constituci�n colombiana, en su art�culo 43, reconoce una protecci�n reforzada de las mujeres gestantes, extendida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[125] como un criterio de interpretaci�n que busca neutralizar las barreras estructurales e institucionales que perpet�an la desigualdad y la discriminaci�n. La Corte ha reiterado que el embarazo y la maternidad no solo configuran un estado de vulnerabilidad biol�gica, sino tambi�n social y jur�dico que exige un trato preferente y una protecci�n efectiva de derechos, con el fin de garantizar la igualdad material y la no discriminaci�n en m�ltiples esferas, incluidas las laborales y de participaci�n pol�tica[126]. Asimismo, esta misma l�nea jurisprudencial ha reconocido que las mujeres gestantes tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada (fuero de maternidad), que incluye la prohibici�n de despido discriminatorio por embarazo o lactancia, la cual tambi�n se fundamenta en un enfoque de igualdad sustantiva y protecci�n real frente a la discriminaci�n[127].

 

173.       Aunque muchos de estos precedentes operan tradicionalmente en materia laboral, el fundamento constitucional es �til para pensar la discriminaci�n en el �mbito pol�tico. En efecto, si la Constituci�n exige que el embarazo y la maternidad merezcan protecci�n reforzada frente a decisiones que afecten el acceso al empleo o a la salud, resulta coherente exigir ese mismo est�ndar de protecci�n en procesos pol�ticos de participaci�n y representaci�n, donde la discriminaci�n por motivos de maternidad puede traducirse en exclusi�n de cargos, estigmatizaci�n o imposici�n de cargas desproporcionadas que desincentivan la participaci�n pol�tica de las mujeres.

 

174.       A modo de conclusi�n, la Sala resalta que la violencia y la discriminaci�n contra las mujeres no pueden ser analizadas de forma fragmentaria ni reducidas a manifestaciones expl�citas o individualizadas, sino que deben comprenderse como fen�menos estructurales que atraviesan m�ltiples esferas de la vida social, incluida de manera particularmente sensible la participaci�n pol�tica. La jurisprudencia constitucional y los est�ndares internacionales han sido consistentes en advertir que la exclusi�n, la estigmatizaci�n, la imposici�n de cargas desproporcionadas y la reproducci�n de estereotipos de g�nero constituyen formas de violencia que afectan de manera directa el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres, comprometen el pluralismo democr�tico y erosionan la legitimidad del sistema representativo.

 

175.       De manera especial, la Sala enfatiza que la maternidad no puede convertirse en un factor de penalizaci�n o exclusi�n en el ejercicio de los derechos pol�ticos de las mujeres. Por el contrario, el embarazo y la maternidad activan mandatos constitucionales y convencionales de protecci�n reforzada, orientados a garantizar la igualdad material, la no discriminaci�n y el libre desarrollo del proyecto de vida. Trasladar estos est�ndares al �mbito pol�tico resulta no solo coherente, sino necesario, para evitar que la participaci�n de las mujeres, y en particular de aquellas que deciden ser madres, se vea condicionada por estereotipos, exigencias desproporcionadas o sanciones que desalientan su presencia en los espacios de poder. Solo a trav�s de un enfoque integral, contextual y sensible al g�nero es posible asegurar que la democracia sea verdaderamente inclusiva y que la participaci�n pol�tica de las mujeres se ejerza en condiciones reales de dignidad, igualdad y libertad.

 

4.7.          El acceso a la administraci�n de justicia con enfoque de g�nero como garant�a reforzada de los derechos de las mujeres

 

176.       En el Estado Social y Democr�tico de Derecho, la funci�n jurisdiccional trasciende la aplicaci�n meramente formal de las normas para constituirse en un escenario orientado a la realizaci�n efectiva de los derechos fundamentales y a la correcci�n de las desigualdades estructurales persistentes en la sociedad. En este marco, la incorporaci�n del enfoque de g�nero en la administraci�n de justicia no es una facultad discrecional ni una herramienta hermen�utica eventual, sino un mandato constitucional imperativo, transversal y vinculante, que se proyecta sobre todas las etapas del razonamiento judicial^[128].

 

177.       Este deber encuentra fundamento en los art�culos 13, 40 y 43 de la Constituci�n Pol�tica, as� como en los compromisos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en materia de acceso a la justicia y no discriminaci�n, particularmente aquellos que imponen a los Estados la obligaci�n de garantizar recursos judiciales efectivos para las mujeres v�ctimas de violencia. En ese sentido, el Estado colombiano debe: (i) asegurar a todas las personas una vida libre de violencia y discriminaci�n por raz�n del sexo; (ii) prevenir y proteger a las mujeres y ni�as frente a cualquier forma de violencia o discriminaci�n; y (iii) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer.

 

178.       Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha advertido que la aparente neutralidad del derecho puede operar como un mecanismo de reproducci�n de relaciones de poder desiguales[129], de modo que, si no se incorpora un enfoque de g�nero en la decisi�n judicial, dicha neutralidad puede encubrir formas de discriminaci�n estructural. Por ello, quienes ejercen funciones jurisdiccionales est�n llamados a adoptar medidas eficaces que permitan superar las barreras en el acceso a la justicia y desarticular los patrones discriminatorios que se manifiestan a lo largo de todo el proceso judicial e inciden en las decisiones[130].

 

179.       Lo anterior se explica, en buena medida, porque �la cultura pol�tica de los operadores de justicia [se encuentra] permeada por patrones de discriminaci�n contra la mujer, en tanto no investigan los casos adecuadamente, y cuando abren las investigaciones exigen niveles de prueba que no se corresponden con las dificultades propias de los casos de violencia [�]�^[131], lo que evidencia que las actuaciones judiciales contin�an atravesadas por estructuras sociales de g�nero, en parte debido a la insuficiente formaci�n en enfoques diferenciales. Esta situaci�n favorece la naturalizaci�n de la violencia contra las mujeres y la persistencia de respuestas institucionales d�biles frente a conductas como controles, amenazas u ofensas.

 

180.       En consecuencia, resulta imperativo �orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los principios constitucionales y la especial protecci�n otorgada a la mujer�[132], mediante la incorporaci�n efectiva de la perspectiva de g�nero en el acceso a la justicia. Esta exigencia, lejos de ser opcional, constituye una herramienta anal�tica indispensable para reconocer la discriminaci�n hist�rica basada en g�nero, examinar las desigualdades y el trato diferenciado entre hombres y mujeres, cuestionar la asignaci�n sociocultural de roles, desmantelar estereotipos y eliminar categor�as sospechosas de discriminaci�n.

 

181.       Asimismo, permite comprender c�mo ciertas diferencias han sido utilizadas para justificar desigualdades, superar visiones deterministas, promover la igualdad jur�dica y propiciar escenarios de equidad. De este modo, el derecho se reconfigura como un instrumento de transformaci�n social, orientado a habilitar a la mujer como sujeto pol�tico y social, a promover y garantizar sus derechos humanos, y a asegurar la igualdad material entre mujeres y hombres como presupuesto para la superaci�n de las estructuras hist�ricas de discriminaci�n.

 

182.       Sobre esta base, el deber de protecci�n reforzada de las mujeres en el ejercicio de la funci�n jurisdiccional se traduce en una obligaci�n intensificada de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural que las afecta[133]. En desarrollo de este mandato, la Corte Constitucional ha identificado un conjunto de deberes concretos que delimitan el alcance del enfoque de g�nero en la funci�n jurisdiccional, orientados a guiar la adopci�n de decisiones judiciales en esta materia.

 

183.       En particular, ha se�alado que corresponde a las autoridades judiciales: (i) desplegar una actividad investigativa integral dirigida a garantizar los derechos en disputa; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas desde una comprensi�n sistem�tica de la realidad social; (iii) abstenerse de fundamentar sus decisiones en estereotipos de g�nero; (iv) evitar la revictimizaci�n; (v) flexibilizar la carga probatoria en contextos de discriminaci�n; (vi) asumir el car�cter transformador de sus decisiones; (vii) ejercer un escrutinio riguroso de las conductas; (viii) valorar las condiciones reales de acceso a la justicia; y (ix) examinar las relaciones de poder que inciden en la autonom�a de las mujeres[134].

 

184.       En este contexto, los deberes jurisprudencialmente decantados no pueden entenderse como mandatos aislados, sino como expresiones de una estructura metodol�gica com�n que orienta la aplicaci�n del enfoque de g�nero en la funci�n jurisdiccional. En efecto, su an�lisis conjunto permite identificar ejes articuladores que organizan su contenido y evidencian que se trata de una verdadera metodolog�a de decisi�n judicial, que incide en todas las etapas del razonamiento.

 

185.       Desde esta perspectiva, los deberes pueden sistematizarse del siguiente modo:

 

Tabla 7. Estructura metodol�gica en la aplicaci�n del enfoque de g�nero en la administraci�n de justicia.

 

186.       Como se aprecia, el enfoque de g�nero no opera como un criterio aislado, sino como una metodolog�a estructural del razonamiento judicial, que exige del juez un rol activo, una comprensi�n contextual de los hechos, un control estricto de los sesgos y una proyecci�n transformadora de sus decisiones, en consonancia con los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales del Estado.

 

187.       Como f�rmulas orientadoras para la implementaci�n del enfoque descrito, en la Sentencia T-344 de 2020, la Corte Constitucional recogi� una serie de preguntas a partir de los Criterios de Equidad para una Administraci�n de Justicia con Perspectiva de G�nero (2016, Comisi�n Nacional de G�nero de la Rama Judicial) para identificar circunstancias que ameritan la aplicaci�n del enfoque de g�nero en una decisi�n judicial. En esta oportunidad la Corte considera pertinente avanzar en la comprensi�n del enfoque de g�nero en la administraci�n de justicia con el prop�sito de establecer herramientas pr�cticas para desarrollar este mandato constitucional. Para esos efectos, de manera general, la Corte considera que cuando el juez encuentre circunstancias potencialmente violatorias del derecho a la igualdad o del derecho a una vida libre de violencias, podr� considerar las siguientes preguntas para adelantar su an�lisis probatorio:

 

Tabla 8. Paso a paso de preguntas para analizar el material probatorio con perspectiva de g�nero[146]

 

188.       Este enfoque de g�nero debe implementarse de manera integral en todos los �mbitos, incluido el de la participaci�n pol�tica de las mujeres. En escenarios sancionatorios, como el proceso de p�rdida de investidura, resulta pertinente llamar la atenci�n de los jueces sobre algunas preguntas orientadoras y de sensibilizaci�n que pueden servir de gu�a al momento de adoptar una decisi�n. Entre ellas, cabe considerar las siguientes:

 

a)     �Se analizan los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistem�ticas de la realidad, de manera que el ejercicio hermen�utico permite reconocer que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente excluido del ejercicio de la pol�tica?

b)    �La interpretaci�n del caso concreto da cuenta de c�mo los roles culturalmente asignados a las mujeres influyen en la posibilidad de que ellas puedan cumplir con las obligaciones que el sistema pol�tico les impone en las mismas condiciones que los hombres?

c)     �En alguna de las etapas procesales del caso concreto se evidencian estereotipos de g�nero? En caso de que la respuesta sea afirmativa, �cu�les?

d)    �En el caso se aplican est�ndares aparentemente generales que impactan de forma desproporcionada a una mujer por encontrarse en estado de embarazo?

e)     �En el caso se aplican est�ndares aparentemente generales que impactan de forma desproporcionada a las mujeres por asumir las cargas del cuidado?

f)      �Las decisiones adoptadas env�an un mensaje que puede desincentivar la maternidad en el ejercicio de cargos p�blicos y, en espec�fico, de cargos de elecci�n popular o establecer o fortalecer barreras de acceso de las mujeres a ellos?

 

189.       As� las cosas, la Corte ha precisado que la inobservancia de estos deberes puede dar lugar a defectos en la providencia judicial, tales como (i) el defecto f�ctico, (ii) la ausencia de motivaci�n o (iii) la violaci�n directa de la Constituci�n, en tanto impide garantizar el derecho de las mujeres a un recurso judicial efectivo y a una vida libre de violencia[148].

 

190.       En esa misma l�nea, la Corte Constitucional ha se�alado que el desconocimiento del enfoque de g�nero en la actividad judicial puede configurar fen�menos de revictimizaci�n cuando la respuesta judicial reproduce estigmas o desconoce el contexto de violencia[149]. Esta problem�tica ha sido ampliada en la jurisprudencia reciente al reconocer que tales pr�cticas pueden constituir formas de violencia institucional, en aquellos casos en los que las autoridades, mediante decisiones formalmente neutras, perpet�an la discriminaci�n[150]. Al respecto, en la Sentencia SU-349 de 2022 se enfatiz� que la actuaci�n judicial puede convertir al Estado en un segundo agresor cuando invisibiliza contextos de violencia o impone cargas desproporcionadas.

 

191.       En s�ntesis, la incorporaci�n del enfoque de g�nero en las decisiones judiciales no constituye una exigencia aislada ni un criterio accesorio, sino un mandato integral que se materializa en un conjunto de deberes concretos orientados a garantizar la igualdad material y el acceso efectivo a la administraci�n de justicia. Este enfoque exige a los operadores judiciales actuar con imparcialidad sustantiva, valorar el contexto, evitar estereotipos, adoptar est�ndares probatorios reforzados, prevenir la revictimizaci�n y motivar de manera reforzada sus decisiones, entre otras obligaciones. Solo a trav�s de su aplicaci�n real y transversal es posible asegurar que la funci�n jurisdiccional no reproduzca las desigualdades estructurales existentes, sino que contribuya a superarlas, garantizando a las mujeres, hist�ricamente discriminadas, una justicia libre de violencias, barreras y prejuicios.

 

4.8.          Soluci�n del caso concreto

 

192.       Previo a la soluci�n de los problemas jur�dicos, la Sala Plena considera necesario precisar, con base en la informaci�n extra�da del expediente, los aspectos que esta Corte va a establecer como probados. Se recuerda que, hasta el momento, se ha hecho una presentaci�n del caso apelando a lo descrito por los intervinientes en el expediente de tutela. Por esta raz�n, seguidamente, se har� un recuento de los hechos jur�dicamente relevantes del tr�mite del proceso de p�rdida de investidura cuya sentencia ac� se cuestiona, reconstruyendo, como ejercicio probatorio, lo acontecido. Se advierte que, como base para ello, se partir� de las piezas procesales que obran en el expediente seg�n la Sede Electr�nica de la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo de Colombia, conocida bajo el nombre de SAMAI, identific�ndolas con el n�mero de �ndice correspondiente para el caso. Esto por cuanto el expediente de p�rdida de investidura fue incorporado a este tr�mite constitucional mediante la remisi�n de enlaces directos a dicha plataforma.

 

4.8.1.   Presentaci�n de los hechos jur�dicamente relevantes en el expediente de p�rdida de investidura

 

193.       La reconstrucci�n que a continuaci�n se presenta tiene como prop�sito presentar los hechos jur�dicamente relevantes, entendidos estos como aquellos directamente relacionados con las censuras que sustentan cada uno de los defectos que ser�n examinados por esta Corte.

 

194.       Andrea fue candidata a la alcald�a del municipio de Berl�n para el per�odo 2020-2023.

 

195.       De acuerdo con la historia cl�nica aportada a la contestaci�n de la demanda de p�rdida de investidura[151], el 17 de agosto de 2019 fue ingresada al hospital de Berl�n �por ca�da de semoviente caballo en movimiento, con posterior contusi�n en muslo izquierdo con dolor moderado sin limitaci�n funcional para deambular�. La accionante fue dada de alta el 18 de agosto de 2019 �con notable mejor�a de su cuadro cl�nico (�) sin dolor muscular�. Se aclara que la historia cl�nica de su ingreso por urgencias por la ca�da del caballo no proporciona informaci�n adicional.

 

196.       El 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones regionales, ocupando la accionante el segundo lugar en las votaciones para la alcald�a del municipio de Berl�n[152]. Como consecuencia de ello, la RNEC, conforme el formulario E-26 CON del 27 de octubre de 2019, estableci� que �al momento de realizar la declaratoria de ALCALDE el segundo candidato [sic] con mayor votaci�n ANDREA, manifest� por escrito la decisi�n de aceptar la curul al CONCEJO, se asigna dando aplicaci�n al art�culo 25 de la ley 1909 de 2018�[153].

 

197.       Tiempo despu�s, el 2 de enero de 2020, en horas de la ma�ana, se llev� a cabo la sesi�n de instalaci�n del Concejo del municipio de Berl�n[154]. Durante su transcurso, �la honorable concejal[a] ANDREA pidi� la palabra al presidente (�) donde ella se dirigi� a los presentes y manifest� no tomar posesi�n de su cargo como Concejal[a], argumentando las razones que la llevaron a tomar esta decisi�n las cuales quedan en el registro de voz�.

 

198.       De la grabaci�n de la sesi�n de instalaci�n del Concejo municipal[155], se extrae la siguiente transcripci�n de la intervenci�n hecha por Andrea:

 

�No voy a tomar posesi�n. Las razones, varias. Desde que b�sicamente me gradu�, todos ustedes saben que soy abogada, siempre he trabajado con el Estado, siempre. Es m�s, antes de graduarme ya estaba vinculada con el Estado. La ley de bancadas es la primera vez que se aplica, la ley de oposici�n, perd�n a concejos. Ya hab�amos tenido su primera aplicaci�n con presidencia, pero con alcald�as y concejos es la primera vez que se viene a aplicar. Y ya pues se han empezado a detectar ciertas falencias en la ley de oposici�n. Ya hay incluso unos proyectos radicados desde marzo del a�o pasado para hacer unos ajustes a la ley de oposici�n. Dentro de estas modificaciones, digamos, cada uno de ustedes tiene sus actividades que les generan una actividad comercial o una actividad que les brinda, yo tengo la m�a y no me permite ejercer muchas cosas. Por mi estar�a dichosamente encantada de pertenecer a esta corporaci�n, porque ralamente es grato aportar al municipio. Es grato cuando puedes poner tu conocimiento en funci�n de un municipio.

 

Pero tambi�n digamos que por el hecho de ser mujer a veces la misma sociedad nos exige cosas distintas, nos exige ser buenas madres, buenas esposas, buenas profesionales, si? Y tratamos de dar lo mejor en cada uno de nuestros campos. A veces a los hombres les queda un poquito m�s f�cil la crianza de los hijos y a la vez brillar como excelentes profesionales. Para nosotras tratar de buscar la excelencia debemos ser realmente excelentes. Excelentes en cada uno de nuestros campos, tratar de sacar hijos con principios y tratar de dedicar tiempo a nuestra profesi�n y brillar como profesionales, no es f�cil ganarse un espacio en una sociedad como mujeres, una sociedad bastante fuerte, m�s en mi carrera, abrirse un espacio.

 

Entonces, teniendo en cuenta las inhabilidades que me genera, y teniendo en cuenta que de todas formas mi n�cleo familiar es grande, as� lo quiso Dios y yo y mi esposo, nos gustan las familias grandes, no puedo ejercer los dos al mismo tiempo. Ya definitivamente se hizo la consulta y fuera de eso si en este momento digamos que hay buenas expectativas laborales, me genera inhabilidad si me posesiono. Entonces qu� podr�a decirles en el momento? Que cuentan conmigo, independiente de la pol�tica. Uno puede durar muchos a�os en este ejercicio profesional y no se las sabe todas. Pero la experiencia es el maestro. Con el tiempo, y entre m�s a�os lleva uno en el sector p�blico, m�s aprendiendo de eso. Cada a�o va sumando experiencia en esto. �En lo que, en las dudas que ustedes tengan de pronto, y consideren prudente hacerme la consulta, desde que yo sepa, con el mayor de los gustos. En este momento cada uno de ustedes son responsables [sic] de las decisiones que toman porque son en especial los presidentes que ustedes designes, es quien va a tomar el lapicero y a poner la firma, si? Aqu� ya no vale el consejo de quien me dijo esto o quien me dijo aquello, sino la decisi�n que ustedes tomen en un momento dado. Entonces traten de que las decisiones que tomen sean en derecho. (�)�

 

199.       Despu�s de esta intervenci�n, �los honorables concejales presentes uno a uno expresaron su opini�n acerca de la decisi�n de la concejala (�). Seguidamente y una vez terminada cada una de las intervenciones, la Honorable Concejal[a] ANDREA procedi� a abandonar el recinto del Concejo. Una vez se retir� del recinto, la comisi�n encargada hizo el llamado al alcalde para la instalaci�n del Concejo Municipal�[156].

 

200.       Una vez se instal� el Concejo, su presidente Jairo remiti� el oficio n.� 001[157] (err�neamente datado del 4 de enero de 2019) al Consejo Nacional Electoral, en el que, con ocasi�n de la no posesi�n por parte de Andrea, la ausencia de renuncia a su curul y su inasistencia a tres sesiones, solicit� proceder con la recomposici�n de la corporaci�n.

 

201.       Pocos d�as despu�s, el mismo presidente remiti� oficio n.� 002[158] (err�neamente datado del 7 de enero de 2019) dando alcance a la comunicaci�n anterior, anexando la renuncia por escrito presentada por Andrea, con constancia de radicaci�n ante el Concejo del municipio de Berl�n el 7 de enero de 2020 a las 17:12[159]. Los t�rminos de dicha renuncia fueron los siguientes:

 

�Mediante el presente documento y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 48 de la ley 617 de 2000, me permito reiterar la decisi�n tomada por la aqu� firmante mediante la cual notifico a esta honorable corporaci�n la decisi�n de no tomar posesi�n al cargo de Concejal del Municipio de Berl�n, lo anterior teniendo en cuenta los motivos expuestos al concejo en pleno el pasado 02 de Enero de 2019, reiterarles una vez m�s que de mi parte representar�a con gusto a mi Municipio bajo el desempe�o de esta labor, pero a la fecha me es plenamente imposible, de todas formas dentro de mis actividades personales y profesionales estar� directamente ligada con cada una de las sesiones del Concejo y desde all� velar� por los intereses de una colectividad y los partidos pol�ticos a los cuales represento en busca siempre de un trabajo en equipo con el Municipio de Berl�n y de velar por los intereses del mismo.

 

Sin otro particular agradezco su atenci�n prestada.

 

�Porque es tierra nuestra!

 

Atentamente:

 

Andrea.�

 

202.       M�s adelante, el 3 de marzo de 2020, el presidente de la corporaci�n acudi� nuevamente al Consejo Nacional Electoral[160]. De los antecedentes relatados en dicho escrito, se extrae que �[m]ediante oficio enviado del Consejo Nacional electoral, se recibe CONCEPTO de la Sala Plena Magistrado ponente es el Dr Virgilio Almanza Ocampo, de fecha 4 de Febrero de 2020, atendiendo al petici�n enviada a esta Sala, por la Oficina de Inspecci�n y Vigilancia del CNE; donde es dan los mecanismos y procedimiento a seguir para cubrir al vacancia absoluta de Diputado yo/ Concejal, seg�n el caso; en virtud del Derecho Personal mencionado en el art�culo 25 de la Ley 1909 de 2018�. No obstante, no obra en el expediente dicha respuesta. En todo caso, la petici�n en comento expone que el Concejo municipal �ha seguido el conducto regular (�) para poder dar aplicabilidad a la redistribuci�n de la totalidad de los esca�os que componen la corporaci�n p�blica�. Por ello, solicit� la expedici�n de los actos administrativos necesarios para conocer el �partido y/o movimiento pol�tico y ciudadano que debe ocupar dicha curul�.

 

203.       Mediante comunicaci�n del 13 de abril de 2020, el Consejo Nacional Electoral dio respuesta a la petici�n presentada el 3 de marzo de 2020, indicando que �de acuerdo con el procedimiento interno realizado, se estableci� que en virtud al derecho otorgado por la Ley 1909 de 2018, el partido y/o movimiento pol�tico al cual le correspondi� ocupar la respectiva curul del municipio de Berl�n es al Partido Republicano y el candidato que debe ser llamado a ocupar dicha curul seg�n votaci�n obtenida ser� JAMES�.

 

204.       As� las cosas, el 27 de abril de 2020, James acept� la curul vacante y tom� posesi�n del cargo[161].

 

205.       Posteriormente, la accionante se lanz� nuevamente como candidata a la alcald�a del municipio de Berl�n para el per�odo 2024-2028. En esta oportunidad, gan� la contienda electoral tras las elecciones llevadas a cabo el 29 de octubre de 2023[162].

 

206.       Tiempo despu�s, el 15 de noviembre de 2023, Fabi�n present� demanda de p�rdida de investidura en contra de Andrea[163] por configurarse, a su juicio, la causal de �no tomar posesi�n dentro de los tres (3) d�as siguientes a la instalaci�n de las asambleas o concejos�, consagrada en el numeral 3 del art�culo 48 de la Ley 617 del 2000. Esto dio inicio al proceso de p�rdida de investidura.

 

207.       La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo mediante Auto del 16 de noviembre de 2023[164].

 

208.       En la contestaci�n a la demanda presentada el 27 de noviembre de 2023[165], Andrea aleg� que en su caso no se configuraba ninguno de los presupuestos de la causal invocada, as�: el objetivo, �dado que medi� una fuerza mayor o caso fortuito�, y el subjetivo, dado que existi� �una causal eximente de responsabilidad�. En esta oportunidad procesal su apoderado explic� que:

 

�El 17 de agosto de 2019, es decir, en plena actividad de campa�a electoral, la demandada tuvo una ca�da de un caballo, hecho por el cual fue atendida por urgencias en el hospital San Martin del municipio de Berl�n. Fue en esa atenci�n donde producto de los ex�menes, supo que estaba embarazada.

 

A pesar de ese suceso la evoluci�n del embarazo parec�a normal, aunque obvio llev� a tener ciertas precauciones. Una vez pasadas las elecciones, el 27 de octubre de 2019, acept� dentro del t�rmino de 24 horas la curul.

 

Posterior a ello present� dolores, problemas y traumas que le preocuparon, por lo que asisti� a un m�dico particular, quien consider� m�dicamente que producto de la ca�da del caballo y de otros factores, se gener� un embarazo de alto riesgo, por lo cual le dio claras recomendaciones de guardar absoluto reposo f�sico, incluido no tener ciertas posturas de car�cter ergon�mico, evitar desplazamientos, jornadas extenuantes, y evitar cualquier actividad estresante, emociones fuertes, roles donde se alarguen reuniones o se citen en forma extraordinaria, porque pod�a ocurrir una interrupci�n s�bita del embarazo.

 

Fue as� como para el 02 de enero de 2020 la se�ora ANDREA present� ante los concejales del municipio de Berl�n argumentos de TIPO FAMILIAR que le imped�an asumir la curul. Si bien no fue tan expl�cita, se debi� a la necesidad de mantener en la privacidad familiar el estado gestante de alto riesgo por el que atravesaba en ese momento.

 

(�)

 

En esa medida, no se configura el elemento objetivo de la causal de p�rdida de investidura prevista en el numeral 3 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, porque medio fuerza mayor que impidi� la posesi�n (par�grafo 1) o, en su defecto, no se dio el elemento subjetivo por la falta de posesi�n en atenci�n a la existencia de un embarazo de alto riesgo que la impidi�.

 

209.       Adem�s de lo anterior, el apoderado de la accionante en el proceso de tutela puso de presente que, antes de decidir no posesionarse, la demandada revis� los pronunciamientos del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, sin que dicha b�squeda arrojara resultados relevantes, pues no se hallaron conceptos de esa entidad en los que se prohibiera renunciar o abstenerse de tomar posesi�n de la curul adquirida a t�tulo personal en virtud del art�culo 25 de la Ley 1909 de 2018, disposici�n que para ese momento llevaba poco m�s de un a�o de expedida y cuya aplicaci�n pr�ctica ser�a la primera en el pa�s. Asimismo, se�al� que no exist�an sentencias que hubieran abordado de manera espec�fica el supuesto de la no posesi�n con posterioridad a la aceptaci�n de la curul de oposici�n, lo que imped�a contar con criterios interpretativos consolidados. Ante ese panorama de indeterminaci�n normativa y jurisprudencial, y conforme al entendimiento expuesto por la defensa, la interesada acudi� a la asesor�a de un abogado especializado en derecho electoral, quien, seg�n el relato, tampoco identific� la existencia de prohibici�n expresa o consecuencia sancionatoria asociada a tal conducta. En ese contexto, esa ausencia de regulaci�n y precedentes habr�a generado en la demandada una convicci�n de confianza leg�tima y de buena fe respecto de que su decisi�n no acarrear�a sanciones.

 

210.       Dentro de las pruebas cuyo decreto solicit� el apoderado de Andrea se incluyeron los testimonios de, entre otros, Mateo, su m�dico, y Ana, su psic�loga.

 

211.       Mediante Auto del 1 de diciembre de 2023[166], el Tribunal Administrativo decret� pruebas. En relaci�n con las testimoniales solicitadas �no [accedi�] a decretar los testimonios de los se�ores[Mateo], [Ana], toda vez que de la solicitud en el ac�pite de pruebas se desprende que los mismos son requeridos como testigos t�cnicos cuando dentro del expediente no se evidencia que tengan esa calidad�.

 

212.       El 6 de diciembre de 2023 el apoderado de Andrea present� recurso de reposici�n y el subsidiario de apelaci�n contra el auto del 1 de diciembre de 2023[167]. Indic� que los testimonios del m�dico Mateo y de la psic�loga Ana son �tiles para acreditar el car�cter de alto riesgo del embarazo y las recomendaciones m�dicas y psicol�gicas impartidas en el per�odo relevante. Aunque fueron negados bajo el argumento de que no se acredit� su calidad de testigos t�cnicos, insisti� en que se trataba de profesionales que ten�an conocimiento de primera mano, por lo que sus declaraciones eran procedentes como testimonios t�cnicos y resultaban esenciales para el ejercicio del derecho de defensa en un proceso de naturaleza sancionatoria.

 

213.       Mediante Auto del 15 de enero de 2024[168] el Tribunal Administrativo repuso parcialmente el auto del 1 de noviembre de 2023. No obstante, en lo relativo a la negativa de los testimonios de Mateo y Ana, confirm� la providencia y concedi� en el efecto devolutivo la apelaci�n sobre el particular, remitiendo el asunto al Consejo de Estado. En simult�nea[169], el Tribunal fij� como fecha para la audiencia p�blica de pruebas el 23 de enero siguiente. Esta �ltima diligencia se desarroll� en la fecha estipulada[170].

 

214.       Sin que se hubiere resuelto la apelaci�n del auto de tr�mite aludido, en febrero de 2024 el Tribunal Administrativo emiti� sentencia de primera instancia[171]. Para los fines de esta providencia, son relevantes las siguientes motivaciones del Tribunal:

 

a)     Analiz� la conducta de la demandada a la luz del art�culo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000, que sanciona la no posesi�n oportuna en un cargo de elecci�n popular.

 

b)    Constat� que la demandada fue designada concejal en virtud del Estatuto de la Oposici�n y que no se posesion� dentro del t�rmino legal, manifestando expresamente esa decisi�n en la sesi�n de instalaci�n del Concejo.

 

c)     Verific� que no se acreditaron situaciones constitutivas de fuerza mayor o coacci�n ajena. En consecuencia, concluy� que, desde un plano estrictamente objetivo, la conducta se adecua t�picamente a la causal invocada.

 

d)    Superado el an�lisis de tipicidad, examin� si la omisi�n ten�a entidad suficiente para afectar de manera sustancial el deber funcional y el inter�s democr�tico. En ese sentido, concluy� que la falta de posesi�n constituy� una infracci�n meramente formal, carente de relevancia sustancial, en la medida en que no se evidenci� un desconocimiento material del mandato democr�tico ni del deber funcional propio de la curul de oposici�n.

 

En este punto el Tribunal destac� que la curul aceptada por la demandada no se obtuvo como resultado de una elecci�n directa al Concejo, sino como consecuencia del Estatuto de la Oposici�n, cuyo prop�sito es garantizar el pluralismo pol�tico. En ese contexto, precis� que la no posesi�n no puede valorarse con el mismo rigor que la renuncia de quien resulta elegido directamente como concejal, pues en el caso de la curul de oposici�n el proyecto pol�tico respaldado por los electores estuvo orientado principalmente a la alcald�a y no al ejercicio de una curul en la corporaci�n edilicia.

 

Teniendo en cuenta estas particularidades, consider� que en este caso la decisi�n de no posesionarse no afect� la representaci�n del electorado ni el ejercicio del derecho a la oposici�n, dado que los partidos de la coalici�n que respaldaron a la demandada obtuvieron otras curules en el Concejo. Esto, porque, a su juicio, el derecho a la oposici�n es predicable de la organizaci�n pol�tica y no exclusivamente de la persona que ocupa la curul, por lo que pod�a ejercerse a trav�s de los mecanismos previstos en la Ley 1909 de 2018.

 

e)     Consider� desproporcionado aplicar la sanci�n de p�rdida de investidura en un caso como el analizado, especialmente si se tiene en cuenta que el ordenamiento permite que un concejal se posesione y renuncie inmediatamente sin consecuencia sancionatoria. Desde una perspectiva final�stica, sancionar a quien expone razones para no posesionarse resultar�a contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el ius sancionador.

 

f)      Estableci� que la demandada actu� en estricto cumplimiento de un deber constitucional de mayor jerarqu�a, consistente en la protecci�n de los derechos de sus hijos y, especialmente, de su hija por nacer. Esto, porque para la fecha de la posesi�n, la demandada cursaba un embarazo de alto riesgo, lo que impon�a deberes reforzados de cuidado, amparados por el art�culo 44 de la Constituci�n y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad.

 

g)    Estim� que la demandada se vio enfrentada a una tensi�n entre el deber de posesionarse y el deber superior de garantizar el inter�s superior del menor y la integridad familiar, por lo que, al optar por privilegiar este �ltimo, su conducta qued� amparada por una causal de justificaci�n, lo que excluye la ilicitud sustancial y, en consecuencia, impide predicar una conducta t�picamente antijur�dica.

 

215.       Mediante Auto de marzo de 2024[172] la Secci�n Primera del Consejo de Estado resolvi� el recurso de apelaci�n en contra del Auto del 1 de diciembre de 2023 que neg� las pruebas ya referidas. Resolvi� revocarlo y, en su lugar, decret� los testimonios de Mateo y Ana.

 

216.       La sentencia de primera instancia fue apelada por el demandante Fabi�n[173] y por el Procurador Judicial II Administrativo de Santiago[174]. �El demandante sustent� su apelaci�n en el cuestionamiento de la interpretaci�n realizada por el juez de primera instancia respecto del deber de tomar posesi�n, incluso cuando se trata de una curul de oposici�n, deber que, a su juicio, fue incumplido por Andrea, con la consecuente afectaci�n de los derechos pol�ticos del electorado. Asimismo, controvirti� las apreciaciones del Tribunal Administrativo sobre la supuesta configuraci�n de una causal de fuerza mayor, al considerar que �de las pruebas aportadas por la parte demandante nunca jam�s se ventil�, y mucho menos se prob�, un embarazo de alto riesgo como eximente de responsabilidad�. En esa l�nea, sostuvo que la demandada �estaba en condiciones de comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la causal de p�rdida de investidura, pues tuvo la capacidad cognitiva para conocer y comprender su actuar, m�xime cuando ella es abogada y conocedora de la ley sab�a que el incumplimiento de la obligaci�n de tomar posesi�n dentro del t�rmino previsto en la ley fue el resultado de su decisi�n libre y consciente�.

 

217.       Por su parte, el agente del Ministerio P�blico bas� su desacuerdo en que, seg�n la jurisprudencia del Consejo de Estado, la causal de p�rdida de investidura por no tomar posesi�n s� es aplicable a las curules de oposici�n previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015 y la Ley 1909 de 2018, una vez el candidato acepta la curul. En ese sentido destac� c�mo en el caso concreto se acredit� que la concejala acept� la curul de oposici�n y decidi� no posesionarse de manera voluntaria, sin que se probara una situaci�n de fuerza mayor, pues el alegado embarazo de alto riesgo no fue demostrado y las razones expresadas fueron de orden personal y profesional. Asimismo, consider� acreditado el elemento subjetivo (culpa grave), en tanto que la demandada, abogada de profesi�n, conoc�a o deb�a conocer el r�gimen jur�dico aplicable y actu� con negligencia al aceptar la curul y luego no posesionarse.

 

218.       Mediante Auto del 18 de abril de 2024[175], el Tribunal Administrativo concedi� el recurso de apelaci�n.

 

219.       La Secci�n Primera del Consejo de Estado conoci� del proceso de p�rdida de investidura en segunda instancia. Por medio de Auto de abril de 2024[176] avoc� conocimiento de esta segunda apelaci�n y resolvi� que, teniendo en cuenta que, para ese momento no se hab�an practicado los testimonios de Mateo y Ana, proceder�a a practicar dichas pruebas en la segunda instancia.

 

220.       La audiencia de pruebas en segunda instancia tuvo lugar en mayo de 2024[177], oportunidad en la que se recibieron los testimonios del m�dico Mateo y de la psic�loga Ana[178].�

 

221.       Para efectos de la reconstrucci�n de dichos testimonios, a continuaci�n, se har� alusi�n exclusivamente a los puntos relevantes para el estudio del caso, con base en la grabaci�n de la audiencia desarrollada[179].

 

Tabla 9. Reconstrucci�n de testimonios rendidos en audiencia de mayo de 2024

 

222.       Durante la diligencia, ambos testigos anexaron documentos como soporte de sus intervenciones, previa habilitaci�n expresa otorgada por el despacho judicial director de la audiencia, para ser agregados al expediente y apreciados como parte integrante de los testimonios, en virtud del numeral 6 del art�culo 221 del C�digo General del Proceso. En particular, se trat� de las historias cl�nicas, tanto m�dica como psicol�gica, de Andrea[180].

�

223.       Por resultar de importancia para el tr�mite sobre el que se decide, a continuaci�n, se resaltar�n los aspectos m�s importantes de cada una de las historias cl�nicas allegadas al proceso:

 

Tabla 10. Relaci�n de aspectos relevantes de las historias cl�nicas de la accionante

 

224.       La Secci�n Primera del Consejo de Estado profiri� el fallo de segunda instancia en julio de 2024[183]. En dicha providencia, la autoridad judicial accionada hizo las siguientes apreciaciones:

 

a)     El candidato que sigue en votos al ganador tiene el derecho personal de aceptar o no la curul, pero este solo se consolida si manifiesta su aceptaci�n por escrito, dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elecci�n y sin posibilidad de retracto, conforme a la Constituci�n, la Ley 1909 y la Resoluci�n 2276 de 2019, cuya legalidad fue confirmada por el Consejo de Estado. Aceptada la curul de oposici�n, surge el deber jur�dico de posesionarse oportunamente; su incumplimiento puede dar lugar a la p�rdida de investidura, salvo que exista fuerza mayor en los estrictos t�rminos legales, la cual es la �nica causal eximente admitida.

 

b)    La causal de p�rdida de investidura se configura cuando quien obtiene o acepta una curul no se posesiona dentro de los tres d�as h�biles siguientes, ya sea (i) el concejal declarado electo, (ii) el candidato llamado a ocupar una vacancia absoluta, o (iii) el candidato que, habiendo obtenido la segunda votaci�n en un cargo uninominal, acepta la curul de oposici�n. En todos los casos, la omisi�n del deber de posesi�n activa la causal del numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, sin que el art�culo 112 de la Constituci�n constituya una excepci�n al r�gimen de p�rdida de investidura. Finalmente, (iv) la causal de p�rdida de investidura por no posesi�n dentro del t�rmino legal no se configura cuando dicha omisi�n obedece a una situaci�n de fuerza mayor. Aunque su valoraci�n tiene un componente subjetivo, la fuerza mayor act�a como eximente de responsabilidad y exige la concurrencia de un hecho externo al obligado, imprevisible e irresistible, que resulte determinante para justificar el incumplimiento del deber de posesionarse.

 

c)     En cuanto al an�lisis de acreditaci�n del elemento objetivo de la causal de p�rdida de investidura por no posesi�n, record� que el Tribunal Administrativo estableci� que la accionada no manifest� intenci�n de posesionarse como concejal dentro del t�rmino legal, sino que, por el contrario, expres� de forma clara su voluntad de no hacerlo. La Secci�n Primera del Consejo de Estado concluy� que las razones invocadas, relativas a su rol como madre y abogada, no configuran fuerza mayor, al no tratarse de hechos imprevisibles, irresistibles o externos. En consecuencia, se tuvo por acreditada la configuraci�n objetiva de la causal de p�rdida de investidura prevista en el numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, decisi�n que no fue controvertida y frente a la cual la Secci�n Primera del Consejo de Estado se abstuvo de analizar nuevamente la fuerza mayor.

 

d)    En cuanto al �examen del elemento subjetivo en la conducta desplegada por la accionada�, la Secci�n Primera del Consejo de Estado record� que, de acuerdo con la jurisprudencia, quien aspira a un cargo p�blico tiene el deber general de conocer y comprender el marco normativo aplicable, incluidos los cargos de elecci�n popular. No obstante, ese entendimiento puede valorarse seg�n las condiciones personales del sujeto y las gestiones realizadas para informarse, a fin de determinar si actu� con culpa o de buena fe exenta de responsabilidad. En todo caso, la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento. Finalmente, resalt� que el proceso de p�rdida de investidura es de naturaleza sancionatoria y exige responsabilidad subjetiva, esto es, la verificaci�n de dolo o culpa grave en la conducta del servidor p�blico.

 

e)     Frente a la tesis del Tribunal Administrativo precis� que la �ilicitud sustancial es un concepto extra�o al an�lisis de antijuridicidad en el proceso de p�rdida de investidura�. La autoridad consider� errado que el a quo hubiera analizado la antijuridicidad desde categor�as propias del derecho disciplinario, en particular la noci�n de ilicitud sustancial, por ser incompatible con la naturaleza del proceso de p�rdida de investidura. Estim� que esta sanci�n no se fundamenta en el da�o a un bien jur�dico ni en el incumplimiento del deber funcional, sino en la protecci�n de la dignidad del cargo de elecci�n popular y del principio de representaci�n. En consecuencia, las conductas previstas legalmente se presumen antijur�dicas por s� mismas, sin que el juez pueda efectuar valoraciones adicionales. Por ello, concluy� que la sentencia apelada err� al exonerar de responsabilidad con base en un an�lisis impertinente de la ilicitud sustancial, excediendo el marco del juicio de culpabilidad propio de la p�rdida de investidura. Para la Secci�n Primera del Consejo de Estado las causales de exoneraci�n de la responsabilidad disciplinaria no son invocables en el proceso de p�rdida de investidura, pues se trata de actuaciones aut�nomas, con naturaleza, finalidad y sede distintas. En este tr�mite rige el principio de taxatividad, que excluye interpretaciones extensivas o anal�gicas, por lo que fue errado que el Tribunal Administrativo fundamentara su decisi�n en disposiciones disciplinarias.

 

f)      Concluy� que la conducta desplegada por Andrea fue gravemente culposa, pues, de manera libre y consciente, decidi� no posesionarse como concejal pese a haber aceptado la curul asignada por el Estatuto de la Oposici�n, confiando injustificadamente en evitar las consecuencias jur�dicas de su omisi�n. Destac� que estaba en plena capacidad de comprender el alcance de su deber y las reglas aplicables, y su decisi�n respondi� a razones personales y profesionales, como mantener su ejercicio como abogada y atender expectativas sociales asociadas a su rol como madre y mujer, que no constituyen fuerza mayor ni justifican el incumplimiento. Al actuar as�, afect� el principio de representaci�n democr�tica y los derechos de la oposici�n pol�tica, pese a conocer desde el inicio los escenarios posibles, la imposibilidad de retracto y la obligaci�n legal de posesionarse oportunamente.

 

g)    Para descartar la fuerza mayor, la Secci�n Primera del Consejo de Estado tuvo por demostrado lo siguiente:

 

(i)               Que Andrea sufri� una ca�da de un caballo el 17 de agosto de 2019 y fue atendida en el hospital de Berl�n.

 

(ii)             Que desde el 18 de agosto de 2019 fue atendida por el m�dico Mateo, quien orden� ex�menes, entre ellos una prueba de embarazo que result� positiva, con una edad gestacional aproximada de 16 semanas (eco del 21 de agosto de 2019). El embarazo fue clasificado como de alto riesgo obst�trico por su edad materna, ser su cuarto embarazo y la ausencia de controles prenatales tempranos.

 

(iii)          Que la accionada continu� activamente en campa�a electoral para la alcald�a de Berl�n, circunstancia que, seg�n el m�dico, incidi� en el desconocimiento inicial de su estado de gestaci�n y en factores posteriores de estr�s f�sico y emocional.

 

(iv)           Que, en relaci�n con la evoluci�n m�dica del embarazo, el 3 de octubre de 2019 se registr� un control prenatal dentro de par�metros de normalidad, con recomendaciones de incrementar cuidados preventivos y evitar esfuerzos f�sicos, viajes y discusiones. El 4 y 18 de noviembre de 2019 se evidenciaron s�ntomas de estr�s, ansiedad, dolores p�lvicos y riesgo moderado de parto pret�rmino, recomend�ndose reposo y controles estrictos. El 18 de diciembre de 2019 se constat� una evoluci�n cl�nica adecuada, con mejor�a an�mica y continuidad del seguimiento especializado.

 

(v)             Que, con posterioridad a las advertencias m�dicas, la accionada acept� voluntariamente la curul al Concejo municipal de Berl�n (Formulario E-26 CON del 28 de octubre de 2019), sin interrumpir su actividad pol�tica, lo que demuestra que su estado de salud no fue un obst�culo insuperable para continuar con sus planes pol�ticos.

 

(vi)           Que las condiciones m�dicas del embarazo, aunque exig�an cuidados adicionales, no le imped�an jur�dicamente posesionarse dentro del t�rmino legal, incluso mediante mecanismos alternativos como la posesi�n ante notar�a.

 

h)    Con fundamento en lo anterior, para la Secci�n Primera del Consejo de Estado, no se prob� que hubiera existido imposici�n m�dica, psicol�gica o externa que la obligara a no posesionarse, ni que el embarazo representara un dilema real entre la posesi�n y la vida de su hija. As�, la Sala concluy� que las explicaciones ofrecidas no configuraban fuerza mayor ni buena fe cualificada, sino una conducta de negligencia grave frente al deber constitucional y legal de posesionarse, luego de haber aceptado la curul asignada en virtud del Estatuto de la Oposici�n.

�

i)       Por todo lo anterior, estableci� que la no posesi�n de Andrea dentro del t�rmino legal fue una conducta consciente y gravemente culposa, pues, pese a conocer su obligaci�n constitucional y legal de posesionarse tras aceptar la curul de oposici�n, decidi� omitirla de manera negligente e imprudente

 

225.       Con base en todo lo anterior, la Secci�n Primera del Consejo de Estado, al encontrar acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la causal del numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, decidi� revocar la sentencia del Tribunal Administrativo y, en su lugar, decretar la p�rdida de investidura de la accionada como concejal del municipio de Berl�n para el per�odo 2020�2023.

 

226.       Como se expuso en los antecedentes de la presente sentencia, el 21 de enero de 2025 Andrea interpuso acci�n de tutela contra la Secci�n Primera del Consejo de Estado pretendiendo que se dejara sin efectos la sentencia emitida en segunda instancia del proceso de p�rdida de investidura, datada de julio de 2024. Como consecuencia de ello, Subsecci�n B de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado, como juez de tutela de primera instancia, profiri� Sentencia en febrero de 2025.

 

227.       Por virtud de ella, ampar� los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la accionante, subrayando que la autoridad accionada omiti� examinar de manera exhaustiva el material probatorio que daba cuenta del embarazo de alto riesgo de la accionante, as� como de las obligaciones familiares y profesionales que concurr�an en su caso, lo cual resultaba determinante para establecer si se configuraba un evento de fuerza mayor conforme a lo dispuesto en el par�grafo 1 del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000. As�, dicha autoridad debi� realizar el an�lisis probatorio bajo una perspectiva de g�nero, necesaria para valorar adecuadamente las condiciones particulares de la accionante y las cargas diferenciadas que enfrentan las mujeres gestantes en contextos de participaci�n pol�tica. En consecuencia, orden� a la Secci�n Primera del Consejo de Estado emitir una nueva decisi�n, valorando la prueba en su integridad, examinando la configuraci�n de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad y verificando la culpabilidad subjetiva exigida por la norma.

 

228.       En cumplimiento de esto, en marzo de 2025 la Secci�n Primera del Consejo de Estado emiti� un nuevo fallo[184] en el que desarroll� un �an�lisis probatorio y examen de la conducta de la accionada, as� como en la indagaci�n de posibles elementos constitutivos de fuerza mayor, todo ello a trav�s de los presupuestos que exige el enfoque o perspectiva de g�nero en el caso concreto.� En esta nueva oportunidad, encontr� que:

 

a)     La accionada acept� la curul al Concejo municipal de Berl�n despu�s de conocer su situaci�n m�dica y las recomendaciones de su m�dico, sin interrumpir su campa�a pol�tica ni abstenerse de asumir nuevos compromisos. Esto desvirt�a que su embarazo constituyera un obst�culo insuperable, discriminatorio o de inferioridad. Las pruebas demostraron que, pese a tratarse de un embarazo catalogado como de alto riesgo, continu� su actividad pol�tica, acept� voluntariamente la curul y mantuvo condiciones de salud que no le imped�an posesionarse oportunamente, incluso por medios alternativos como una notar�a. En consecuencia, como no existi� un dilema real entre la maternidad y el deber legal de posesi�n, ni una situaci�n de violencia o exclusi�n por raz�n de g�nero, surge evidente que la omisi�n de posesionarse obedeci� a una decisi�n voluntaria que configur� la causal de p�rdida de investidura.

 

b)    No se acredit� fuerza mayor que justificara la no posesi�n, pues las razones expuestas por la accionada, relacionadas con su rol de madre y abogada, no correspondieron a hechos irresistibles, imprevisibles ni a coacci�n o miedo insuperable. Por el contrario, qued� probada su decisi�n expresa y voluntaria de no posesionarse dentro del t�rmino legal, configur�ndose objetivamente la causal de p�rdida de investidura del numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000. Asimismo, se estableci� que actu� con grave negligencia, pese a tener plena capacidad para comprender las consecuencias jur�dicas de su omisi�n, al priorizar intereses personales y profesionales tras haber aceptado la curul de oposici�n, afectando el principio de representaci�n democr�tica y los derechos de la oposici�n pol�tica.

 

c)     La accionada conoc�a claramente las reglas electorales, los escenarios posibles y sus consecuencias, sin que existiera ambig�edad jur�dica que justificara su omisi�n. No se prob� que hubiera actuado bajo constre�imiento m�dico o psicol�gico, ni que sus excusas buscaran leg�timamente ocultar un embarazo de alto riesgo. En consecuencia, tales explicaciones no configuran fuerza mayor, buena fe cualificada ni un contexto de discriminaci�n o violencia, sino una conducta gravemente negligente, pues no existi� un impedimento insuperable que la eximiera de su deber constitucional y legal de posesionarse tras aceptar la curul de oposici�n.

 

229.       Con fundamento en lo anterior, en la sentencia de reemplazo la Secci�n Primera del Consejo de Estado mantuvo su decisi�n de revocar la sentencia del Tribunal Administrativo y decretar la p�rdida de investidura de la accionada como concejal del municipio de Berl�n para el per�odo 2020�2023.

 

4.8.2.   Cuesti�n previa: Deber de tomar posesi�n de la curul de oposici�n en el caso concreto

 

230.       Para la Sala Plena resulta indispensable, previa soluci�n a los problemas jur�dicos planteados, referirse al alcance de la obligaci�n de tomar posesi�n en los eventos en que el esca�o correspondiente fue otorgado en virtud del art�culo 25 del Estatuto de la Oposici�n. Esto, de cara a lo establecido por el Tribunal Administrativo en la Sentencia de febrero de 2024, es decir, la que puso fin a la primera instancia del proceso de p�rdida de investidura.

 

231.       Se recuerda que dicha autoridad concluy� que no hab�a lugar a declarar la p�rdida de investidura de la accionante, pues la omisi�n de posesionarse en la curul de oposici�n carec�a de �ilicitud sustancial�. Al respecto, la autoridad indic� lo siguiente:

 

�Descendiendo al caso concreto, se puede concluir que no hay lugar a declarar la responsabilidad de la demandada, pues, aunque la conducta se adecua o subsume t�picamente en el precepto establecido en el art�culo 48 de la Ley 617 de 2000, la falta de posesi�n solo comporta la omisi�n de un deber formal, pero no relevante o sustancial, pues no se evidencia que se haya afectado el deber funcional atribuido a la demandada, tal como se procede a explicar:

 

En efecto, se considera que el actuar de la demandada, no tendr�a relevancia frente al deber funcional que se le exige para representar a la oposici�n, pues, la curul que acept� se dio en virtud de lo establecido en [el Estatuto de la Oposici�n], lo que indica que inicialmente su actividad proselitista estuvo sustentada en un proyecto program�tico con la finalidad de acceder al cargo unipersonal de elecci�n popular de Alcaldesa en el Municipio Berl�n, pero que al no alcanzar dicho objetivo, el legislador en aras de garantizar el derecho constitucional a la oposici�n pol�tica, permiti� la posibilidad de acceder a un curul de concejal.

 

Por lo anterior y desde los principios de razonabilidad y proporcionalidad, considera esta Sala Plena que no se puede cuestionar con el mismo racero la decisi�n de no tomar posesi�n de quien alcanz� la curul por voto popular, de quien la obtiene por disposici�n del Estatuto de la oposici�n pol�tica [sic], pues, frente al primero su dimisi�n afecta directamente al electorado que se identific� con ese proyecto, mientras que en la segunda situaci�n debe tenerse en cuenta que en principio la voluntad popular se identificaba con un proyecto pol�tico tendiente a desempe�ar como primera autoridad administrativa y pol�tica del municipio y no como concejal del ente territorial^[185].

 

Por lo tanto, no bastar�a con afirmar que la omisi�n afecta los derechos del electorado, porque en el caso de las curules obtenidas por el Estatuto de la Oposici�n, se debe analizar si esa omisi�n afect� los derechos de la organizaci�n pol�tica y de los ciudadanos que votaron por ese proyecto, en consideraci�n a que la aceptaci�n de dicha curul no ser�a la �nica forma de ejercer el derecho a la oposici�n pol�tica, ya que el partido u organizaci�n interesada en tener una curul en la corporaci�n tendr�an la posibilidad de manifestar esa oposici�n o declararla en los t�rminos del art�culo 6o de la Ley 1909 de 2018.

 

En ese orden, si la discusi�n principal radica en que, con la falta de posesi�n, la demandada desconoci� el mandato popular que la obligaba a asumir una posici�n en defensa de sus electores, estima la Sala que en el caso estudiado no es dable establecer que se afectaron dichos principios democr�ticos y menos se desestim� la confianza depositada por el elector, porque, seg�n lo indicado en el Acta E-26 que milita en el expediente, los partidos de coalici�n que la acompa�aron en el proceso a la alcald�a obtuvieron dos curules.

 

(�)

 

A juicio de la Sala, este �ltimo aspecto resulta preponderante porque si la finalidad del legislador al imponer la sanci�n es la protecci�n del inter�s democr�tico, en el caso bajo estudio con la renuncia a la posesi�n de la demandada no se afect� dicho principio constitucional, porque en el concejo municipal de Berl�n quedaron dos representantes de la coalici�n, quienes en virtud de lo establecido en la Ley 1909 de 2018, quedar�an con las facultades para ejercer su derecho a la oposici�n.� (resaltado fuera del texto original).

 

232.       Como se advierte, para el Tribunal Administrativo, trat�ndose de curules asignadas en virtud del Estatuto de la Oposici�n, la omisi�n de posesi�n no comporta, por s� misma, una afectaci�n sustancial del inter�s democr�tico ni del deber funcional que justifique la sanci�n de p�rdida de investidura. En esa l�nea, destac� que estas curules no provienen de un mandato directo e inmediato para integrar la corporaci�n, sino de un mecanismo legal orientado a garantizar el ejercicio del derecho a la oposici�n, de modo que su no asunci�n debe valorarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad y atendiendo si, en el caso concreto, se produjo una lesi�n real a los derechos de la organizaci�n pol�tica y de sus electores, circunstancia que descart� al constatar que la coalici�n conserv� representaci�n efectiva en el concejo municipal.

 

233.       Pues bien, conforme se expuso, la curul asignada en aplicaci�n del art�culo 25 del Estatuto de la Oposici�n a favor del candidato que obtiene la segunda mayor votaci�n en las elecciones para gobernaciones y alcald�as municipales y distritales, seg�n la jurisprudencia especializada, reviste la naturaleza de un derecho de car�cter personal. En consecuencia, la titularidad del esca�o no es transferible a terceros de la misma colectividad, en la medida en que se trata de una modalidad de representaci�n destinada a fortalecer el principio democr�tico y a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la oposici�n. En este sentido, la curul configura una forma de representaci�n indirecta de origen eminentemente popular, pues, aunque el candidato no resulta elegido mediante voto directo para integrar la corporaci�n, accede al cargo como expresi�n de la voluntad pol�tica de quienes respaldaron su propuesta alternativa de gobierno. Esta naturaleza personal del esca�o se ve reforzada, adem�s, por lo dispuesto en la Resoluci�n 2276 del 11 de junio de 2019 del Consejo Nacional Electoral, conforme a la cual, una vez el candidato acepta la curul de oposici�n dentro del plazo perentorio de veinticuatro (24) horas siguientes al escrutinio electoral, opera una prohibici�n de retracto, orientada a salvaguardar la seguridad jur�dica.

 

234.       En este contexto, mientras no est� as� determinado por la ley, para la Sala Plena no resulta procedente relativizar o flexibilizar la obligatoriedad del deber de tomar posesi�n del cargo dentro de una corporaci�n p�blica en funci�n del mecanismo a trav�s del cual fue asignada la curul correspondiente. En otros t�rminos, la v�a jur�dica por medio de la cual se accede a un esca�o espec�fico no modifica su naturaleza ni el alcance de los deberes constitucionales y legales que de �l se derivan. Sostener lo contrario implicar�a, para el caso de la curul de oposici�n, desdibujar la finalidad de protecci�n del pluralismo pol�tico que inspir� la expedici�n del Estatuto de la Oposici�n, adem�s de apartarse del entendimiento consolidado por la jurisprudencia especializada sobre la materia.

 

235.       Como consecuencia de lo anterior, es claro que, en el caso concreto, teniendo en cuenta que Andrea manifest� el 27 de octubre de 2019 la decisi�n de aceptar la curul al concejo municipal de Berl�n en los t�rminos del art�culo 25 del Estatuto de la Oposici�n tras haber resultado segunda en votaci�n en la contienda electoral para la alcald�a de tal municipio[186], ten�a la obligaci�n de tomar posesi�n del cargo. Incluso, se destaca que esta misma fue la conclusi�n a la que lleg� la Secci�n Primera del Consejo de Estado en la Sentencia de julio de 2024[187], cuestionada en el presente tr�mite de tutela.

 

4.8.3.   Soluci�n a los problemas jur�dicos

 

4.8.3.1.        Soluci�n al primer problema jur�dico[188]

 

236.       A partir de la reconstrucci�n f�ctica acreditada en el expediente �esto es, la existencia de un embarazo catalogado como de alto riesgo, con sangrado vaginal, amenaza de parto pret�rmino, s�ntomas compatibles con preeclampsia, ansiedad gestacional, riesgo de depresi�n y orden m�dica de reposo absoluto con restricci�n estricta de desplazamientos�, resulta indispensable examinar los mandatos constitucionales directamente comprometidos y precisar c�mo la providencia cuestionada omiti� integrarlos al aplicar el numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000. En ese sentido, el an�lisis debe partir de los mandatos m�s directamente vinculados con el problema jur�dico �en particular, los art�culos 13, 40, 43 y 53 de la Constituci�n�, los cuales constituyen el n�cleo del juicio de constitucionalidad en el caso concreto, sin embargo, no puede agotarse en ellos, pues exige una integraci�n sistem�tica con los dem�s principios y derechos constitucionales relevantes, as� como con los est�ndares derivados del bloque de constitucionalidad que operan como criterios interpretativos que orientan y refuerzan dicho an�lisis, en cuanto todos ellos conforman el par�metro normativo que orienta la decisi�n judicial.

 

237.       Ahora bien, este entendimiento ha sido desarrollado de manera reiterada por la jurisprudencia constitucional �entre otras, en las sentencias T-012 de 2016, T-338 de 2018, T-462 de 2018, T-140 de 2021, T-280 de 2022, T-087 de 2023, SU-091 de 2023, T-275 de 2023, T-224 de 2023, T-267 de 2023, T-010 de 2024 y SU-167 de 2024�, en las que se ha reconocido, por una parte, el car�cter estructural de la discriminaci�n contra la mujer y, por otra, el deber de juzgar con enfoque de g�nero. De all� se sigue que las autoridades judiciales deben adoptar criterios interpretativos que atiendan las condiciones reales de vulnerabilidad.

 

238.       En aplicaci�n de lo anterior, los hechos probados evidencian que la accionante se encontraba en una situaci�n de vulnerabilidad constitucionalmente cualificada, en la que converg�an riesgos para la vida[189], afectaciones a la estabilidad familiar[190], la protecci�n prevalente del nasciturus[191], la garant�a de igualdad material[192], la protecci�n reforzada a la maternidad[193] y el ejercicio efectivo de los derechos pol�ticos[194], todo ello bajo el marco del Pre�mbulo y de los compromisos internacionales en materia de no discriminaci�n y participaci�n pol�tica. As� las cosas, el an�lisis constitucional exig�a una integraci�n normativa completa y no fragmentada, conforme a los est�ndares de juzgamiento con enfoque de g�nero desarrollados por la Corte Constitucional[195], lo que implicaba, de manera concreta, evaluar la exigibilidad de la conducta a la luz de dichas condiciones y no desde un entendimiento abstracto de la norma legal aplicable.

 

239.       Bajo estas consideraciones, la siguiente tabla sintetiza el contenido normativo pertinente de cada disposici�n y su incidencia concreta en la configuraci�n del defecto por violaci�n directa de la Constituci�n.

 

Tabla 11. An�lisis de configuraci�n del defecto por violaci�n directa de la constituci�n

 

240.       Del an�lisis conjunto del marco normativo expuesto �cuyos contenidos y concreciones han sido desarrollados de manera detallada en el cuadro precedente� se desprende que la decisi�n adoptada por la Secci�n Primera no corresponde a una aplicaci�n aislada de una norma legal al margen del par�metro constitucional que ten�a que ser valorado y examinado en el caso concreto. En efecto, la providencia no solo desconoci� los mandatos derivados de los art�culos 13, 40, 43 y 53 �que constitu�an el eje central del an�lisis de exigibilidad de la conducta, que le resultan exigibles�, sino que, adem�s, omiti� integrar de manera sistem�tica los contenidos normativos de los art�culos 11, 42 y 44 de la Constituci�n, as� como los est�ndares convencionales en materia de igualdad, perspectiva de g�nero y participaci�n pol�tica, los cuales resultaban determinantes para contextualizar dicho juicio y evitar una aplicaci�n meramente formal de la norma.

 

241.       En esa misma l�nea, dicha desarticulaci�n normativa se acent�a si se tiene en cuenta que la Corte ha sido consistente en exigir a los operadores judiciales la incorporaci�n de un enfoque de g�nero como criterio interpretativo obligatorio cuando concurren circunstancias de especial protecci�n constitucional. As�, la falta de integraci�n de dichos est�ndares no solo comporta una deficiencia argumentativa, sino que, adem�s, se traduce en una inaplicaci�n material del contenido constitucional de los derechos comprometidos, particularmente en lo relativo a la igualdad material y a la protecci�n reforzada de la maternidad.

 

242.       Dicha falencia adquiere mayor entidad si se considera que el bloque de constitucionalidad impone obligaciones espec�ficas que deb�an incidir directamente en el juicio de exigibilidad de la conducta. En efecto, la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos impone a los Estados el deber de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos pol�ticos en condiciones de igualdad y sin discriminaci�n. Asimismo, la Convenci�n sobre la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n contra la Mujer (CEDAW), reforzada por la Recomendaci�n General n.� 35 del Comit� CEDAW, reconoce el car�cter estructural y sist�mico de la violencia y discriminaci�n de g�nero y exige la adopci�n de medidas legislativas, administrativas y judiciales para prevenir, investigar y sancionar pr�cticas que perpet�en desigualdades. Por su parte, la Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convenci�n de Bel�m do Par�) define la violencia contra la mujer como toda acci�n o conducta basada en el g�nero que cause da�o o sufrimiento, en el �mbito p�blico o privado, y obliga a los Estados a actuar con debida diligencia reforzada frente a manifestaciones que, aun siendo formalmente neutras, reproduzcan desigualdades estructurales. En este caso, tales est�ndares no fueron utilizados como criterios de decisi�n, pese a su relevancia directa y vinculatoriedad frente a los hechos acreditados.

 

243.       Desde esta perspectiva convencional y constitucional, la Corte ha reconocido el derecho fundamental aut�nomo de las mujeres a una vida libre de violencias y ha establecido que la administraci�n de justicia tiene el deber reforzado de incorporar un enfoque de g�nero en sus decisiones. En particular, ello implica evitar la reproducci�n estereotipos, invisibilizar contextos de vulnerabilidad o imponer cargas desproporcionadas que perpet�en, como ya se mencion�, desigualdades estructurales. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara en se�alar que la violencia contra la mujer no se reduce a agresiones f�sicas o psicol�gicas evidentes, sino que tambi�n comprende manifestaciones estructurales como la exclusi�n pol�tica, la deslegitimaci�n de sus capacidades y la imposici�n de barreras para el acceso y permanencia en cargos p�blicos, especialmente cuando se omite valorar las condiciones diferenciales en las que ejercen sus derechos.

 

244.       Ahora bien, la jurisprudencia ha precisado que juzgar con enfoque de g�nero implica, entre otros aspectos, realizar un an�lisis contextual de los hechos, valorar adecuadamente las pruebas en atenci�n a las condiciones de vulnerabilidad, evitar estereotipos y adoptar criterios interpretativos diferenciados cuando se trate de mujeres en situaci�n de especial protecci�n, como ocurre en los casos de embarazo de alto riesgo[196].

 

245.       A partir de lo anterior, este est�ndar adquiere una dimensi�n espec�fica en el �mbito pol�tico. La violencia contra la mujer en pol�tica constituye un fen�meno diferenciado, orientado a desalentar, limitar o impedir su participaci�n y permanencia en espacios de poder tradicionalmente masculinizados. En esa misma direcci�n, la Organizaci�n de los Estados Americanos, a trav�s de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida pol�tica, ha precisado que el derecho de las mujeres a una vida pol�tica libre de violencia implica no solo la ausencia de agresiones directas, sino tambi�n la eliminaci�n de estereotipos y pr�cticas que cuestionen su idoneidad o les impongan cargas desproporcionadas.

 

246.       En consecuencia, a la luz de este marco, la exigencia de posesionarse dentro de los tres d�as siguientes, aplicada sin ponderar el embarazo de alto riesgo acreditado, la orden m�dica de reposo absoluto, la restricci�n de desplazamientos y el riesgo cl�nico de amenaza de parto pret�rmino y preeclampsia, no pod�a analizarse �nicamente desde la l�gica de la tipicidad formal. Por el contrario, se impon�a verificar si la carga legal resultaba razonable y constitucionalmente exigible en ese contexto espec�fico, esto es, si una persona en las condiciones cl�nicas y personales acreditadas pod�a, sin comprometer bienes constitucionalmente protegidos, asumir efectivamente el deber de posesi�n, y si su aplicaci�n r�gida generaba un impacto desproporcionado sobre una mujer gestante en situaci�n de especial protecci�n.

 

247.       No obstante, la Secci�n Primera del Consejo de Estado descart� la existencia de un dilema real entre el deber de posesi�n y la protecci�n de la vida y salud de la madre y del nasciturus, exigi� una imposibilidad f�sica absoluta y calific� las razones invocadas como personales o profesionales, sin integrar los art�culos 11, 13, 40, 42, 43, 44 y 53 de la Carta, ni los compromisos internacionales antes referidos. De este modo, aplic� la ley desde una perspectiva formalista y aislada, prescindiendo del principio de supremac�a constitucional y del bloque de constitucionalidad que impon�an un an�lisis reforzado y sistem�tico. Esta conclusi�n se refuerza a la luz de la jurisprudencia constitucional que ha indicado que la protecci�n reforzada de la mujer gestante �reconocida, entre otras, en las Sentencias T-088 de 2008 y T-119 de 2023� exige evitar la imposici�n de cargas que sean desproporcionadas o que conduzcan a tratos desfavorables derivados del embarazo, incluso en �mbitos distintos al laboral, como el ejercicio de derechos pol�ticos.

 

248.       En s�ntesis, al declarar la p�rdida de investidura sin realizar una interpretaci�n conforme con el Pre�mbulo y con los art�culos 11, 13, 40, 42, 43, 44 y 53 de la Constituci�n, ni con las obligaciones derivadas de la Convenci�n Americana, la CEDAW y la Convenci�n de Bel�m do Par�, la Secci�n Primera resolvi� el caso al margen de la valoraci�n del orden constitucional integrado. En particular, aplic� la causal de p�rdida de investidura sin efectuar un juicio de exigibilidad material de la conducta, desconociendo el deber de proceder en dicho sentido, lo que condujo a una decisi�n carente de an�lisis desde el �mbito de la proporcionalidad de los derechos fundamentales comprometidos. As�, los desarrollos jurisprudenciales antes referidos, en cuanto concretan el alcance de los mandatos superiores aplicables, permiten evidenciar que la decisi�n cuestionada, en los t�rminos en que fue adoptada, carece de una valoraci�n materialmente compatible con la Constituci�n, en la que sus mandatos est�n realmente incluidos y sean ponderados, configur�ndose, en consecuencia, el defecto por violaci�n directa alegado por la accionante.

 

4.8.3.2.        Soluci�n al segundo problema jur�dico[197]

 

249.       La Sala Plena procede a examinar el segundo problema jur�dico. Para ello, comienza por precisar que las pruebas testimoniales de �skar Benaivdes Rueda, m�dico tratante, y Ana, psic�loga, fueron decretadas y practicadas en segunda instancia. En efecto, recu�rdese que el Tribunal Administrativo, mediante Auto del 1 de diciembre de 2023[198], neg� el decreto de dichos testimonios y que, contra esa decisi�n, el 6 de diciembre de 2023 la accionante interpuso recurso de reposici�n y, en subsidio, de apelaci�n[199], resultado de lo cual, mediante Auto del 15 de marzo de 2024[200], la Secci�n Primera decret� los testimonios solicitados, los cuales fueron practicados en audiencia celebrada el 3 de mayo de 2024[201], esto es, con posterioridad a la sentencia de primera instancia proferida en febrero de 2024[202]. Concluida la pr�ctica probatoria, la Secci�n Primera dict� sentencia de segunda instancia en julio de 2024[203], decisi�n que es objeto de cuestionamiento en el presente tr�mite de tutela.

 

250.       En este punto, la Sala Plena recuerda que, en relaci�n con los testimonios practicados, la sentencia de segunda instancia en el proceso de p�rdida de investidura concluy� lo siguiente:

 

�La defensa argumentó como excusa que estando en plena campa�a electoral [Andrea] tuvo una ca�da de un caballo en una cabalgata por lo que fue llevada de urgencias al hospital de BERL�N del municipio de Berl�n, en donde producto de esa atenci�n descubri�́ que estaba embarazada, y que a pesar de ese suceso y como la evoluci�n del embarazo parec�a normal, aceptó la curul en el referido Concejo Municipal en las elecciones de 27 de octubre de 2019.

 

Mencionó que, no obstante, posterior a ello presentó dolores, problemas, traumas que le preocuparon, por lo que acudi�́ a un m�dico particular, doctor MATEO, quien consideró que producto de la ca�da del caballo y de otros factores, se gener�́ un embarazo de alto riesgo y le recomend�́ reposo absoluto f�sico incluyendo no tener ciertas posturas de car�cter ergon�mico, evitar desplazamientos, jornadas extenuantes y otras actividades estresantes, emociones fuertes y roles donde se alargaran reuniones o citaran en forma extraordinaria, pues pod�a ocurrir una interrupci�n s�bita del embarazo, todo lo cual fue ratificado por el profesional de la medicina en la diligencia de testimonio de 3 de mayo de 2024, as�́ como en la historia cl�nica que aportó para los efectos.

 

Se�al�́ que por tales razones el 2 de enero de 2020 se present�́ ante el Concejo Municipal de Berl�n con argumentos de tipo familiar que le imped�an asumir la curul, �sin ser tan expl�cita por la necesidad de mantener en la privacidad familiar el estado gestante de alto riesgo por el que atravesaba en ese momento�, y porque consideró de muy buena fe que tomar posesi�n le podr�a generar m�ltiples incapacidades m�dicas o ausencias que iban a entorpecer su labor como concejal e interrumpir el ejercicio propio de la Corporaci�n.

 

Manifest�́ que tales circunstancias constituyeron fuerza mayor porque se trat�́ de un hecho externo y ella no eligi�́ que su embarazo fuese de alto riesgo con posterioridad a la aceptaci�n de la curul, sino que fue un hecho imprevisible e irresistible porque la desatenci�n de las recomendaciones m�dicas de quietud y ausencia de factores de estr�s pod�an terminar en la muerte de su hijo. Y que no fue el embarazo en sí mismo el que impidi�́ la posesi�n sino su condici�n de alto riesgo con amenaza de aborto.

 

Recalcó que está demostrada su ca�da del caballo en plena campa�a como candidata a la Alcald�a Municipal de Berl�n, golpe a ra�z del cual se enter�́ de que estaba embarazada y que unos meses despu�s desencadenó una situaci�n de riesgo en la gestaci�n de su bebé que le impidi�́ asumir la curul, pues como madre prefiri�́ garantizar el nacimiento de su hija, -que efectivamente ocurri�́-, lo que tambi�n se demostr�́ con el registro civil de nacimiento.

 

Indicó que en la audiencia de pr�ctica testimonial de 3 de mayo de 2024 se logr�́ acreditar a trav�s de los testigos las circunstancias m�dicas y psicol�gicas que rodearon su embarazo, las cuales se consideraron de alto riesgo para la vida tanto de la madre como de la criatura lo cual por recomendaci�n m�dica y psicol�gica no deb�a ni pod�a tomar posesi�n del cargo de concejal; y que por recomendaci�n psicol�gica no era viable para su salud mental que expusiera ante la poblaci�n y el Concejo Municipal las circunstancias relativas al alto riesgo de su embarazo, raz�n por la cual el 2 de enero de 2020 no mencionó tales razones.�[204]

 

251.       No obstante, posterior a hacer tal recuento, la Secci�n Primera del Consejo de Estado consider� que

 

�(�) [se] tiene por demostrado que la se�ora ANDREA, en efecto, se cay�́ de un caballo el 17 de agosto de 2019 y por tales circunstancias fue atendida en el hospital de BERL�N del municipio de Berl�n. De igual forma se evidencia que, de forma paralela, y ya habiendo ocurrido el episodio de la ca�da del caballo, fue atendida por el doctor MATEO desde el 18 de agosto de 2019, -seg�n consta en la historia cl�nica allegada al expediente-, quien le envi�́ varios ex�menes, entre estos una prueba de embarazo, la cual dio positiva con edad gestacional diecis�is (16) semanas por eco obst�trica de 21 de agosto de 2019, lo cual fue reportado por la accionada en cita de 4 de septiembre de 2019.

 

A partir de all�́, el m�dico se refiere a la paciente como de alto riesgo obst�trico se�alado por edad materna alta, por carecer de controles prenatales desde la semana nueve, y ser su cuarto embarazo; y que la paciente se encuentra en proceso laboral de campa�a para la alcald�a de su municipio, lo que ha causado que se concentre en sus labores y desconociera su estado de gestaci�n al momento de la ca�da del caballo. El 3 de octubre de 2019, en una nueva cita, el m�dico anotó que la paciente acud�a a su segundo control prenatal dentro de la normalidad, en seguimiento con ingesta de multivitaminas sin complicaci�n. A su vez dejó constancia: �[...] Paciente femenina en su cuarta d�cada de la vida, embarazo de 20.1 semanas x FUR confiable y eco de segundo trimestre (21/08/2019). G4P3A0V3. Buen estado general, sin sangrado genital ni amniorrea, movimientos fetales presentes (...) PLAN: (...) 4. INCREMENTAR LOS CUIDADOS PREVENTIVOS DE ESFUERZO FÍSICO: NO VIAJAR, NO MONTAR A CABALLO, NO MONTAR MOTOCICLETA, NI CARRO, EVITAR DISCUSIONES [...]�.

 

La Sala evidencia que es posterior a esta cita m�dica, seg�n consta en el Formulario E-26 CON de 28 de octubre de 2019, que la accionada aceptó la curul al Concejo Municipal de Berl�n, lo que implicó que a pesar de todas las situaciones m�dicas sufridas y las advertencias de su m�dico tratante, aquella no solo no interrumpi�́ su campa�a a la Alcald�a Municipal de ese ente territorial, sino que voluntariamente accedi�́ al esca�o que le otorgó la Ley Estatutaria 1909 en una actuaci�n contraevidente con la justificaci�n que propone en su defensa y que refleja que sus condiciones de salud, por complejas que parecieran, jam�s le impidieron seguir adelante con sus planes pol�ticos.

 

De conformidad con los elementos de la sana critica probatoria y persuasi�n racional del juez, resulta inevitable concluir que una actitud consecuente con la defensa que ahora plantea la concejal electa, le hubiera significado, desde el mismo momento en que supo de su cuarto embarazo, a la edad de 36 a�os y despu�s de la ca�da de un caballo, la finalizaci�n inmediata de una campa�a pol�tica alejada de los viajes, evitando montar en motocicleta, carro y eludiendo los acostumbrados escenarios de discusi�n pol�tica que le recomend�́ su m�dico, todo lo cual nunca ocurri�́.

 

La obtenci�n del segundo lugar en la carrera hacia la Alcald�a Municipal de Berl�n, ubicaron a la se�ora ANDREA en un nuevo escenario corporativo al que aceptó ingresar voluntariamente, sin que su cuarto embarazo catalogado por su m�dico como de alto riesgo, representara un verdadero obst�culo insuperable.

 

(�)

 

En la siguiente cita de 18 de noviembre de 2019, el m�dico anotó: �[...] Paciente femenina en su cuarta d�cada de la vida embarazo de 26.5 semanas x FUR confiable y eco de segundo trimestre (21/08/2019). Paciente refiere que está presentando dolores bajos que persisten desde la �ltima vez de consulta de manera intermitente. Ha seguido las recomendaciones de cuidados en casa, no se ha movilizado en estas 2 semanas. Debido a la perdida de la campa�a de la alcald�a mantiene pensamientos de tristeza, enojo y debilidad general, refiere que en ocasiones discute con su esposo y siente que no desea salir, se siente d�bil, ha perdido peso (...) ANÁLISIS: Se evidencia de nuevo riesgo moderado de amenaza de parto pret�rmino adem�s de mayor riesgo de pre-eclampsia, sin cambios en el momento cervicales, por lo cual se requiere de manera continuar con reposo absoluto, continuar controles y no realizaci�n de actividades de esfuerzo, se recomienda no mantenerse de pie por mayor riesgo de parto pret�rmino y no subir ni bajar escaleras. Se le recomienda desde ya a la paciente ir buscando atenci�n materno-infantil con ginecolog�a en otro nivel de atenci�n mayor ya sea nivel II o III de atenci�n m�dica, por tratarse de Alto Riesgo Obst�trico y las complicaciones actuales. [...]�.

 

(�)

 

En este punto, la Sala reitera que en el caso concreto, a diferencia de lo que pretende la defensa de la accionada, las condiciones m�dicas de su embarazo, si bien le impusieron cuidados adicionales, no se erigieron en un impedimento insuperable para posesionarse dentro de los tres (3) d�as siguientes a la instalaci�n del Concejo Municipal de Berl�n xel 2 de enero de 2020, lo que tambi�n hubiera podido hacer desde la comodidad de una notar�a y demostrar as�́ su voluntad de cumplir con su deber constitucional y legal.

 

Lo que sanciona el art�culo 48, numeral 3, de la Ley 617 con desinvestidura, es la omisi�n de posesi�n que no de ejecuci�n del periodo constitucional completo, aspectos que confunde la se�ora ANDREA a lo largo de su defensa, habida cuenta que bien hubiera podido posesionarse y posteriormente renunciar a su empleo para as�́ asumir los efectos de una inhabilidad temporal para llevar a cabo actividades negociales con el Estado, pero a cambio de evitar la materializaci�n de dicha causal de p�rdida de investidura, comportamiento diligente del cual no hay prueba alguna.

 

Tampoco se advierte un dilema de tal magnitud en el que tuviera que haber elegido entre posesionarse en el cargo o �garantizar el nacimiento de su hija�, tal como lo afirmó la accionada. Las pruebas examinadas, dentro de las que se encuentra copia de la historia cl�nica y sus evoluciones elaborada por la psic�loga ANA desde 16 de agosto de 2018 hasta 28 de febrero de 2020, permiten advertir con claridad que al margen de las recomendaciones m�dica y psicol�gica de los profesionales que la trataron, el embarazo de la se�ora nunca entró en conflicto con el deber constitucional, legal y reglamentario de posesionarse como concejal, como pudo evidenciarse durante su intervenci�n presencial y sin inconveniente f�sico alguno en la sesi�n de 2 de enero de 2020.

 

En el mismo sentido, no hay prueba alguna que demuestre que la se�ora ANDREA actu�́ durante la sesi�n de 2 de enero de 2020 sometida a constre�imiento por parte de su m�dico o de la psic�loga para que no se posesionara en el cargo, sumado a que las reglas de la sana critica probatoria y de la persuasi�n racional impiden creer que profesionales de la salud, sin ning�n tipo de conocimiento jur�dico, se pongan de acuerdo para obligar a su paciente a incumplir con un deber constitucional del cual no ten�an dimensi�n jur�dica alguna de sus efectos.

 

Menos a�n fue demostrado que todas y cada una de las excusas que manifest�́ verbalmente el 2 de enero de 2020 en el auditorio del referido Concejo Municipal, as�́ como las que anotó en el escrito de 7 de enero de 2020 que radicó en la Secretar�a General de esa corporaci�n, -con el que, a pesar de estar a�n dentro del t�rmino para posesionarse, ratificó su decisi�n voluntaria de no hacerlo-, fueron una maniobra de la accionada para supuestamente ocultar su embarazo de alto riesgo y las recomendaciones de su m�dico y psic�loga, todo lo cual adem�s carece de sentido com�n y no evita la consumaci�n de una conducta gravemente negligente y descuidada.

 

Para la Sala, por lo tanto, las explicaciones vertidas por la accionada no la exoneran de haber incurrido en una conducta constitutiva de negligencia grave, ni representan un hecho de fuerza mayor o revestido de buena fe cualificada, en tanto que sus excusas no se erigieron en un impedimento insuperable que dieran al traste con su obligaci�n constitucional, legal y reglamentaria de posesionarse en el empleo p�blico de concejal municipal de Berl�n, luego de haber aceptado dicha curul en virtud del Estatuto de la Oposici�n Pol�tica.�[205] (resaltado fuera del texto original).�

 

252.       Pues bien, para la Sala Plena resulta evidente que la Secci�n Primera del Consejo de Estado no realiz� una valoraci�n probatoria suficientemente adecuada respecto de los testimonios practicados en segunda instancia. En efecto, si bien la providencia evidencia un examen detallado de las historias cl�nicas allegadas por Mateo, m�dico tratante, y por Ana, psic�loga, se advierte una ausencia de an�lisis desde un enfoque de g�nero en la apreciaci�n de dichas pruebas, particularmente en lo que respecta al contexto espec�fico de embarazo de alto riesgo alegado por la accionante y sus eventuales implicaciones en la conducta examinada.

 

253.       Para la Secci�n Primera del Consejo de Estado, una vez la accionante tuvo conocimiento de su estado de embarazo �circunstancia que, seg�n se indic�, se produjo con ocasi�n del accidente sufrido el 17 de agosto de 2019�, ella debi� evaluar su permanencia en la contienda pol�tica, teniendo en cuenta su edad (36 a�os) y su condici�n gestacional. Para la autoridad accionada, Andrea opt� por continuar con la campa�a sin que mediara imposici�n alguna en sentido contrario. Esto, porque consider� que las recomendaciones m�dicas se circunscrib�an a limitar movimientos y desplazamientos, lo cual, a su juicio, no constitu�a una justificaci�n suficiente para abstenerse de tomar posesi�n de la curul de oposici�n en la sesi�n de instalaci�n del 2 de enero de 2020. Incluso, destac� que en esa fecha la accionante se encontraba �sin inconveniente f�sico alguno�, por lo que concluy� que las razones invocadas para explicar su decisi�n de no posesionarse correspond�an a �excusas� orientadas a eludir dicha obligaci�n y que no reun�an los elementos necesarios para configurar un evento de fuerza mayor.

 

254.       A partir de lo anterior, la Sala Plena considera que las conclusiones alcanzadas por la Secci�n Primera del Consejo de Estado no se ajustan a una valoraci�n probatoria realizada con enfoque de g�nero, tal como correspond�a en el contexto del caso. En efecto, la argumentaci�n expuesta se apoya en afirmaciones que no examinan de manera suficiente las particularidades f�cticas acreditadas en el expediente. As�, no resulta adecuado inferir que la sola circunstancia de tener 36 a�os permita extraer conclusiones sobre las decisiones adoptadas por la accionante durante la contienda electoral. El criterio etario, por s� solo, se muestra insuficiente para sustentar una valoraci�n concluyente en relaci�n con la conducta analizada, sin un examen individualizado de las complejas circunstancias m�dicas y personales suficientemente acreditadas en el caso concreto.

 

255.       En efecto, en el caso concreto se advierte que la condici�n de embarazo de alto riesgo de la accionante no puede explicarse �nicamente a partir de su edad ni del accidente sufrido al caer de un caballo. Por el contrario, de los testimonios rendidos por el m�dico Mateo y la psic�loga Ana, as� como de las historias cl�nicas por ellos allegadas al expediente, se desprende que dicha calificaci�n obedeci� a la concurrencia de m�ltiples factores cl�nicos, emocionales y contextuales. Entre ellos se encuentran (i) la ausencia inicial de controles prenatales debido al desconocimiento del estado de embarazo, (ii) las cargas asociadas a su rol como madre de tres hijos, (iii) el nivel de estr�s propio de una campa�a electoral, (iv) el impacto emocional derivado de su derrota y su correspondiente duelo, (v) la incertidumbre frente a la aceptaci�n o no de la curul otorgada en virtud del Estatuto de la Oposici�n, (vi) la situaci�n de ambivalencia y ansiedad que ello gener�, (vii) el riesgo de parto prematuro y preeclampsia asociado a la persistencia de altos niveles de estr�s y (viii) la posibilidad de desarrollar un cuadro de depresi�n posparto. Se trat�, entonces, de un escenario cl�nico complejo cuya valoraci�n requer�a una apreciaci�n integral y contextualizada.

 

256.       Tales circunstancias dieron lugar, en distintos momentos del proceso de gestaci�n, a recomendaciones m�dicas variables que oscilaron entre la adopci�n de mayores cuidados y la indicaci�n de reposo absoluto, recomendaciones que, seg�n se desprende del acervo probatorio, se intensificaron a medida que avanzaba la campa�a electoral y se produc�a su desenlace, en atenci�n al impacto emocional asociado a ello.

 

257.       Asimismo, tanto el m�dico Mateo como la psic�loga Ana manifestaron haber abordado expresamente con Andrea el dilema relativo a la toma de posesi�n como concejala de oposici�n. El m�dico tratante se�al� haber recomendado priorizar la protecci�n de su salud y la del feto, aun cuando ello implicara postergar o sacrificar aspiraciones pol�ticas. Por su parte, la psic�loga indic� que, si bien no le correspond�a sugerir decisiones concretas, trabaj� terap�uticamente los factores emocionales vinculados a esa determinaci�n hasta que la accionante, de manera aut�noma, opt� por no posesionarse. Adoptada esa decisi�n, le recomend� que su intervenci�n en la sesi�n de instalaci�n del Concejo Municipal de Berl�n fuera breve y evitara escenarios de confrontaci�n que pudieran agravar o agudizar su estado de estr�s.

 

258.       En conjunto, estos elementos ponen de relieve la existencia de un contexto m�dico y psicoemocional complejo que demandaba una valoraci�n probatoria especialmente rigurosa, capaz de examinar de manera articulada las condiciones de salud de la accionante, el entorno pol�tico en el que se desenvolv�a y las cargas personales que afrontaba. Sin embargo, el an�lisis adelantado por la Secci�n Primera del Consejo de Estado se concentr�, de manera predominante, en la literalidad de apartes aislados de la historia cl�nica de Andrea, incorporando consideraciones orientadas a cuestionar las decisiones adoptadas por ella durante su estado de embarazo, sin desarrollar una apreciaci�n integral y contextualizada del conjunto del material probatorio.

 

259.       Con esto, para la Sala Plena resulta claro que una valoraci�n probatoria integral y desarrollada con enfoque de g�nero, como lo es aquella que se reprocha como omitida en esta sentencia, habr�a podido tener la capacidad de conducir a la conclusi�n de que, en el caso concreto, las condiciones acreditadas en torno al estado de salud de Yineth Narioth T�llez P�rez eran pertinentes e id�neas para cuestionar la exigibilidad del deber de tomar posesi�n de la curul de oposici�n, en la medida en que su cumplimiento no pod�a imponerse desconociendo, al parecer, las limitaciones reales derivadas de su situaci�n cl�nica, ni los mandatos de protecci�n reforzada a la maternidad. Ello, no porque un embarazo a los 36 a�os implique, de manera general y aislada, la inaplicaci�n de dicha obligaci�n, sino porque el conjunto de las particularidades acreditadas en el expediente revela una situaci�n sustancialmente m�s compleja, que adem�s compromet�a la salvaguarda del nasciturus.

 

260.       En efecto, el contexto espec�fico, marcado por su edad, la existencia de tres embarazos previos, el conocimiento tard�o de su estado de embarazo hacia el cuarto mes y la ausencia inicial de controles prenatales, se vio intensificado por los niveles de estr�s inherentes a una campa�a pol�tica, especialmente tras su derrota electoral, y por la carga emocional asociada a la decisi�n de aceptar o no una curul que, aunque jur�dicamente prevista como alternativa institucional previsible, no correspond�a al escenario para el cual la accionante hab�a estructurado su proyecto pol�tico. La interacci�n de estos factores no puede ser comprendida de manera aislada ni fragmentaria, menos aun cuando sus efectos recaen tanto en la salud de la madre como en la de feto.

 

261.       Por el contrario, el an�lisis de este conjunto de factores exig�a una aproximaci�n integral que atendiera a la manera en que las condiciones m�dicas, las circunstancias emocionales y el entorno pol�tico se potenciaron rec�procamente, generando, al parecer, un escenario de vulnerabilidad mayor y espec�fico. Era precisamente esa confluencia, y su incidencia real en la capacidad de la accionante para cumplir oportunamente con la obligaci�n de posesionarse, la que deb�a ser ponderada al examinar si, en las circunstancias concretas, dicho deber resultaba razonablemente exigible o si, por el contrario, su imposici�n desconoc�a las condiciones materiales de la accionante y los deberes de protecci�n constitucional concurrentes.

 

262.       Para la Sala Plena es claro que no existi� un an�lisis integral, contextualizado y con enfoque de g�nero necesario para excluir, razonablemente, la posibilidad de llegar a una conclusi�n distinta, consistente en reconocer que, en el caso concreto, las condiciones acreditadas s� incid�an de manera determinante en la posibilidad real de exigir el cumplimiento del deber de posesi�n. El conjunto de factores m�dicos, emocionales, pol�ticos y contextuales descritos configuraba una situaci�n excepcional que ten�a la capacidad de afectar de forma sustancial la capacidad de la accionante para atender dicha obligaci�n en el t�rmino legal, al punto de poder considerarla como jur�dicamente inexigible, especialmente si se tiene en cuenta la protecci�n reforzada tanto de la maternidad como del nasciturus.

 

263.       En efecto, existieron circunstancias que, vistas en conjunto, pueden cuestionar la existencia de una decisi�n libre de incumplir el deber de tomar posesi�n, que surgieron en el curso de los acontecimientos y que, por su naturaleza y evoluci�n, al parecer, escapaban al control ordinario de la accionante. El conocimiento tard�o del embarazo, los riesgos asociados a su evoluci�n y las recomendaciones m�dicas orientadas a proteger su vida y la del feto, sumados al impacto psicoemocional acreditado, pod�an incidir directamente en su capacidad material y personal para asumir oportunamente el cargo, sin que, previa valoraci�n de su razonabilidad y teniendo en cuenta el enfoque de g�nero, pudiera exig�rsele superar tales condiciones mediante un est�ndar ordinario de diligencia, ni imponerle una carga que comprometiera la protecci�n debida al feto.

 

264.       En consecuencia, la Sala Plena concluye que la Secci�n Primera del Consejo de Estado incurri� en un defecto f�ctico por adelantar una valoraci�n incompleta, fragmentada y sin enfoque de g�nero del acervo probatorio, rentando m�rito a las historias cl�nicas, a los testimonios del m�dico �skar Benavides Rueda y de la psic�loga Ayda Rubio P�rez, ambos decretados y practicados en segunda instancia. En particular, la autoridad judicial omiti� realizar una apreciaci�n integral del acervo probatorio y prescindi� de un an�lisis con enfoque y perspectiva de g�nero, pese a que el asunto involucraba un embarazo de alto riesgo y las implicaciones diferenciadas que dicha situaci�n pod�a tener en la exigibilidad de deberes p�blicos, as� como la protecci�n del nasciturus. Esta omisi�n condujo a una lectura fragmentaria de las pruebas, sin tener en cuenta el contexto m�dico y psicoemocional mencionado, lo cual ten�a la capacidad de incidir, de manera determinante, en la conclusi�n adoptada sobre la posibilidad de exigir el cumplimiento oportuno de la obligaci�n de posesi�n.

 

5.            Remedios constitucionales

 

265.       En el presente asunto qued� demostrado que la Secci�n Primera del Consejo de Estado incurri� en defecto por violaci�n directa de la Constituci�n y defecto f�ctico al realizar una valoraci�n probatoria incompleta, fragmentaria y carente de enfoque de g�nero.

 

266.       En consecuencia, se revocar� la Sentencia de segunda instancia tutela proferida el 16 de mayo de 2025 por la Subsecci�n C de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, confirmar� parcialmente y por las razones expuestas en esta providencia la Sentencia de primera instancia proferida por la Subsecci�n B de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado el 14 de febrero de 2025, esto es, exclusivamente en cuanto mediante ella (i) se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la accionante y (ii) se dej� sin efectos la Sentencia del 11 de julio de 2024 proferida por la Secci�n Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de p�rdida de investidura 68001-23-33-000-2023-00739-02. En cuanto al alcance de la orden de protecci�n, se modificar� el numeral tercero de la mencionada sentencia de tutela de primera instancia, en el sentido de ordenar a la Secci�n Primera del Consejo de Estado que emita de nuevo la decisi�n de fondo en el referido proceso de p�rdida de investidura.

 

267.       Bajo este contexto, esta Corte dispondr� que la Secci�n Primera del Consejo de Estado, dentro del t�rmino de treinta (30) d�as contados a partir de la notificaci�n de la presente decisi�n, profiera sentencia de reemplazo en la cual: Concluya que, si bien en el caso concreto se demostr� el hecho objetivo que da lugar a la causal de p�rdida de investidura invocada �en cuanto Yineth Narioth T�llez P�rez no tom� posesi�n oportuna del cargo de concejala del municipio de La Belleza�, valore el conjunto de elementos probatorios rese�ados en esta providencia, de manera integral y sistem�tica, y teniendo en cuenta el par�metro constitucional y convencional exigible, respecto de la perspectiva de g�nero, a fin de determinar si cab�a imponerle a la accionante la exigibilidad del deber de tomar posesi�n en el cargo, sobre la base de la existencia de un embarazo calificado como de alto riesgo, en los t�rminos dispuestos en el art�culo 48 de la Ley 617 del 2000. En consecuencia, de proceder dicha inexigibilidad, se har�a improcedente el juicio de culpabilidad.

 

268.       Para el cumplimiento de esta orden, como ya se dijo, la Secci�n Primera del Consejo de Estado deber� integrar en su sentencia de reemplazo un enfoque de g�nero, en los t�rminos y bajo los lineamientos decantados por la jurisprudencia constitucional y sistematizados en esta providencia. Ello supone, entre otros, (i) asumir un rol activo y reforzado en la reconstrucci�n de los hechos, (ii) someter las conductas a un escrutinio riguroso desde una perspectiva estructural, (iii) adoptar una valoraci�n contextual del caso, que analice los hechos, las pruebas y las normas a partir de una comprensi�n sistem�tica de la realidad social, teniendo en cuenta las condiciones reales de acceso a la justicia y las relaciones de poder que inciden en la autonom�a de las mujeres, (iv) garantizar una decisi�n libre de estereotipos de g�nero y de pr�cticas de revictimizaci�n, de modo que la imparcialidad judicial se materialice en t�rminos sustantivos y no meramente formales, y (v) asumir el car�cter transformador de la decisi�n judicial, como instrumento orientado a la superaci�n de patrones estructurales de discriminaci�n.

 

269.       Todo lo anterior deber� articularse con las consideraciones espec�ficas desarrolladas en esta providencia relativas a (i) la valoraci�n probatoria integral con enfoque de g�nero de los testimonios practicados en segunda instancia, (ii) la incidencia del embarazo de alto riesgo en la exigibilidad concreta del deber de posesi�n, (iii) el est�ndar reforzado de protecci�n constitucional de la mujer gestante y al nasciturus y (iv) la interpretaci�n sistem�tica del numeral 3� del art�culo 48 de la Ley 617 de 2000 conforme a los art�culos 11, 13, 40, 42, 43, 44 y 53 de la Constituci�n, as� como a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW y la Convenci�n de Bel�m do Par�.

 

270.       Finalmente, se advertir� que la sentencia de reemplazo no podr� reproducir los fundamentos previamente descartados en esta providencia, ni desconocer que, de acreditarse la inexigibilidad de la obligaci�n de tomar posesi�n en el caso concreto, la conclusi�n que se deber� adoptar es la excluir la ocurrencia de la p�rdida de investidura que fue decretada y que se cuestion� a trav�s de esta sentencia.

 

III.           DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de tutela proferida en segunda instancia en mayo de 2025 por la Subsecci�n C de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado, que declar� la improcedencia de la acci�n de tutela interpuesta por Andrea contra la Secci�n Primera del Consejo de Estado.

 

SEGUNDO. En su lugar, CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, los numerales primero y segundo de la Sentencia de tutela proferida en primera instancia en febrero de 2025 por la Subsecci�n B de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado, en cuanto mediante ellos se dispuso (i) amparar los derechos al debido proceso y la igualdad de la accionante y (ii) dejar sin efecto la Sentencia de segunda instancia dictada en julio de 2024 en el expediente de p�rdida de investidura promovido en contra de Andrea como concejala del municipio de Berl�n, para el per�odo 2020-2023.

 

TERCERO. MODIFICAR el numeral tercero de la Sentencia de tutela proferida en primera instancia en febrero de 2025 por la Subsecci�n B de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado en el sentido de ordenar a la Secci�n Primera del Consejo de Estado que, en el t�rmino de treinta (30) d�as contados a partir de la notificaci�n de esta providencia, emita de nuevo la decisi�n de fondo en el referido proceso de p�rdida de investidura, atendiendo las consideraciones de fondo expuestas en esta providencia. 

 

CUARTO. Por Secretar�a General, L�BRENSE las comunicaciones de que trata el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

Aclaraci�n de voto

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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