Sentencia SU.060/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Sentencia SU-060 de 2026

 

Referencia: expediente T-11.165.178

 

Asunto: acci�n de tutela instaurada por Bernardo Moreno Villegas contra la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia

 

Tema: deber de agotar los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. Subsidiariedad. Improcedencia de la acci�n de tutela

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cort�s Gonz�lez

 

Bogot� D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintis�is (2026)

 

S�ntesis de la decisi�n

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec�ficamente de las previstas en los art�culos 241.9 de la Constituci�n, 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y 60 del Acuerdo 01 de 2025[1], ha proferido la presente

 

SENTENCIA

 

I.    ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

1.       �Bernardo Moreno Villegas fue investigado penalmente por su gesti�n como secretario general de la Presidencia de la Rep�blica en hechos relacionados con la aprobaci�n del Acto Legislativo 02 de 2004, mediante el cual se habilit� la reelecci�n presidencial, y en relaci�n con el caso de la excongresista Yidis Medina.

 

2.       Seg�n la investigaci�n penal adelantada por el vicefiscal general de la Naci�n, Bernardo Moreno Villegas asumi� dicho cargo en reemplazo de Alberto Vel�squez Echeverri y se le atribuy� (i) haber gestionado el nombramiento de personas allegadas a Yidis Medina en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y en la Empresa Territorial para la Salud (Etesa), as� como la recomendaci�n de otra persona para una notar�a en Barrancabermeja; e (ii) intervenir en conversaciones posteriores con Medina tras una entrevista en la que ella anunciaba la publicaci�n de un libro que podr�a comprometer al Gobierno nacional, conductas que llev� a cabo entre julio de 2004 y febrero de 2008.

 

3.       El 19 de agosto de 2008, el vicefiscal general de la Naci�n orden� la apertura formal de la instrucci�n por el delito de cohecho por dar u ofrecer a Moreno Villegas y a otros dos sujetos, con lo cual se le vincul� formalmente mediante diligencia de indagatoria el 11 de septiembre del mismo a�o.

 

4.       El 6 de marzo de 2012, la Fiscal�a 006 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia profiri� resoluci�n de acusaci�n contra los dem�s implicados, pero respecto de Bernardo Moreno decret� la nulidad parcial de lo actuado al establecer que los hechos investigados en su contra ocurrieron el 3 y 4 de junio de 2004[2], es decir, antes de su posesi�n como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica (DAPRE) el 19 de julio de 2004, por lo que el delito de cohecho por dar u ofrecer no le era imputable.

 

5.       En consecuencia, la Fiscal�a replante� la imputaci�n y, tras diligencia de ampliaci�n de indagatoria el 31 de agosto de 2012, le atribuy� el presunto delito de tr�fico de influencias de servidor p�blico^[3] bajo la modalidad de delito continuado, calificaci�n jur�dica concretada en la resoluci�n de acusaci�n del 28 de abril de 2017 emitida por la Fiscal�a 008 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

 

6.       Contra la resoluci�n de acusaci�n, la defensa interpuso el recurso de reposici�n en el que solicit� la nulidad de lo actuado y la declaraci�n de prescripci�n de la acci�n penal. Ello por considerar que la conducta no era configurativa de un delito continuado, sino de un concurso homog�neo y sucesivo de conductas punibles. A ra�z de lo anterior, el 31 de julio de 2017, la Fiscal�a 008 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia neg� dichas solicitudes y confirm� en su integridad aquella resoluci�n de acusaci�n.

 

1.1. Actuaciones del proceso penal en primera instancia

 

7.       Una vez cobr� ejecutoria la correspondiente resoluci�n de acusaci�n, se inici� la etapa de juicio ante la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia y all� se corri� el traslado del art�culo 400 de la Ley 600 de 2000. En dicha oportunidad, adem�s de solicitar la pr�ctica de pruebas, la defensa insisti� en la declaraci�n de nulidad de la resoluci�n de acusaci�n y en la prescripci�n de la acci�n penal.

 

8.       En cumplimiento de los lineamientos del Acto Legislativo 01 de 2018^[4], orientados a garantizar el derecho a la doble conformidad, el proceso fue remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que continuara con su conocimiento.

 

9.       El 19 de noviembre de 2019, la Sala Especial de Primera Instancia celebr� la audiencia preparatoria, durante la cual dio lectura al auto del 15 de agosto de 2019. All�, respecto de la solicitud de prescripci�n, esa Sala consider� que, trat�ndose de un delito continuado, el t�rmino prescriptivo deb�a contarse a partir del �ltimo acto, de manera similar a lo establecido para los delitos de ejecuci�n permanente, siendo este el ocurrido el 21 de febrero de 2008, con lo cual sustent� la negativa de aquella solicitud. Dicha decisi�n fue apelada por la defensa y confirmada el 11 de noviembre de 2020 por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

10.   La Procuradur�a Delegada de Intervenci�n 5: Tercera Delegada para la Investigaci�n y Juzgamiento Penal solicit� la prescripci�n de la acci�n penal para siete de los ocho comportamientos acusados en los alegatos conclusivos el 12 de septiembre de 2022[5]. Posteriormente, el 18 de octubre de 2023 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profiri� sentencia condenatoria en contra de Bernardo Moreno Villegas por el delito de tr�fico de influencias en la modalidad de delito continuado, al considerar que los ocho comportamientos acusados estaban determinados por una misma finalidad[6]. A partir de lo anterior, le impuso las penas de �67 meses de prisi�n, multa de 139.579 smlmv e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por 82 meses y 7 d�as�[7].

 

11.   Frente a la prescripci�n de la acci�n penal contada desde el �ltimo acto delictivo, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que dicho t�rmino se incrementaba, debido a que a la pena del acusado le era aplicable el incremento de una tercera parte previsto en el par�grafo del art�culo 31 del C�digo Penal[8] respecto de delitos continuados, tras haberle sido imputada aquella circunstancia[9].

 

12.   Inconforme con la decisi�n, la defensa interpuso apelaci�n y en este recurso, adem�s de solicitar la absoluci�n de su representado, insisti� en la declaratoria de la prescripci�n de la acci�n penal[10].

 

1.2. Decisi�n en el proceso penal en segunda instancia

 

13.   El 24 de julio de 2024, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia confirm� �ntegramente la sentencia condenatoria[11]. En su decisi�n, la Corte Suprema de Justicia explic� que: (i) nada imped�a acudir a las reglas del conteo de prescripci�n en delitos de ejecuci�n permanente y aplicarlas al delito continuado, �en el que por ficci�n legal varias acciones constituyen un delito, el t�rmino de prescripci�n inicie a correr desde la consumaci�n del �ltimo acto, tal como est� previsto para las conductas de ejecuci�n permanente y las tentadas�[12], pues lo contrario implicar�a tratar el delito continuado como un concurso homog�neo de hechos punibles; y (ii) que los pronunciamientos anteriores sobre la no aplicaci�n del incremento previsto en el par�grafo del art�culo 31 del C�digo Penal para el c�lculo del t�rmino prescriptivo no resultaban vinculantes, pues en uno de ellos se hab�an hecho apreciaciones sobre la prescripci�n en casos sometidos al r�gimen sustancial del Decreto 100 de 1980 y en ningunos de los dos se hab�a imputado ni acusado el delito bajo la modalidad continuada.

�

2. La acci�n de tutela

 

14.   A trav�s de apoderado judicial, el 31 de enero de 2025, Bernardo Moreno Villegas interpuso acci�n de tutela en contra de la Sala Especial de Primera Instancia y de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, el accionante sostuvo que las decisiones cuestionadas -la de primera instancia del 18 de octubre de 2023 y la de segunda instancia del 24 de julio de 2024- vulneraron gravemente sus derechos fundamentales al debido proceso, a la favorabilidad, a la libertad y al acceso a la administraci�n de justicia en condiciones de igualdad.

 

15.   Con respecto a la subsidiariedad para interponer la acci�n de tutela argument� que: (i) agot� todos los mecanismos ordinarios al interior del proceso penal al interponer recursos de reposici�n y apelaci�n, as� como solicitudes de nulidad, (ii) no era posible interponer el recurso extraordinario de casaci�n debido a que la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia actu� como juez de segunda instancia, por lo que dicho recurso no se encontraba habilitado, y (iii) la acci�n de revisi�n no era eficaz en el caso particular.

 

16.   Frente a este �ltimo mecanismo, el accionante indic� que si bien ser�a procedente interponer la acci�n de revisi�n conforme a lo estipulado en la causal 2� del art�culo 220 de la Ley 600 de 2000 bajo el supuesto de haberse �dictado sentencia condenatoria (�) en proceso que no pod�a iniciarse o proseguirse por prescripci�n de la acci�n (�) o por cualquier otra causal de extinci�n de la acci�n penal�, lo cierto es que, dado que la Corte Suprema de Justicia ser�a la autoridad competente para revisar su propia decisi�n conforme al numeral 2� del art�culo 75 de la Ley 600 de 2000, el resultado confirmatorio de dicha acci�n era �inequ�vocamente previsible�.

 

17.   Con base en lo anterior, consider� que la acci�n de revisi�n no pod�a calificarse como un mecanismo eficaz, oportuno o id�neo para la protecci�n de sus derechos fundamentales, super�ndose a su juicio el requisito de subsidiariedad de la acci�n de tutela.

 

18.   En lo que respecta al requisito de inmediatez, la defensa explic� que la acci�n de tutela fue interpuesta dentro del plazo razonable, oportuno y justo de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo dictado por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue notificado el 2 de agosto de 2024.

 

19.   En relaci�n con las causales especiales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, la parte actora sostuvo que en el caso se configuraban: (i) un defecto sustantivo principalmente por aplicaci�n indebida de la norma, acompa�ada de una interpretaci�n irrazonable y (ii) un desconocimiento del precedente judicial.

 

20.   Al referirse a las causales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, se�al� que el asunto tiene relevancia constitucional porque las decisiones cuestionadas se fundamentaron en una interpretaci�n contraria a la ley sustantiva y en un criterio jurisprudencial inconsistente frente a precedentes aplicados en otros casos y en este, particularmente, frente al an�lisis de la prescripci�n.

 

21.   En cuanto al defecto sustantivo, se sostuvo que la norma no fue aplicada correctamente. Para ello, se�al� que el inciso final del art�culo 84^[13] de la Ley 599 de 2000 establece que cuando existen varias conductas punibles el t�rmino de prescripci�n debe contarse de manera independiente para cada una de ellas. No obstante, a su juicio, la Corte Suprema de Justicia aplic� de forma err�nea el inciso 2� del mismo art�culo, el cual es pertinente �nicamente para delitos de ejecuci�n permanente.

 

22.   La defensa resalt� que, como se reconoci� durante el proceso penal, el delito continuado exige la existencia de varias conductas, por lo que no era admisible aplicar una consecuencia jur�dica opuesta a esa naturaleza. En ese sentido, consider� improcedente recurrir a la analog�a ante supuestos diferentes.

 

23.   Asimismo, el actor consider� que se hab�a presentado una interpretaci�n irrazonable, pues al no existir una norma especial que regule el c�mputo del t�rmino de prescripci�n para el delito continuado, la aplicaci�n de la analog�a deb�a realizarse conforme al principio de favorabilidad. En su criterio, resultaba m�s favorable para el procesado aplicar la regla prevista en el inciso final del art�culo 84 del C�digo Penal. Esto, seg�n el accionante, permit�a concluir que dicha regla es la aplicable tanto a los concursos de conductas punibles como al delito continuado, dado que la diferencia principal entre el delito continuado y el delito de ejecuci�n permanente es precisamente la pluralidad y la singularidad de acciones, respectivamente.

 

24.   La ausencia de una interpretaci�n razonable -dijo el tutelante- constituye una grave afrenta al derecho al debido proceso y al acceso a la administraci�n de justicia en condiciones de igualdad, que impide que las decisiones se tomen con base en criterios de racionalidad, proporcionalidad y respeto por los principios rectores del derecho penal.

 

25.   En lo que respecta al desconocimiento del precedente judicial mencion� que la autonom�a judicial encuentra su primer l�mite en el derecho a la igualdad, que garantiza un trato equitativo a todas las personas, evitando decisiones arbitrarias o contradictorias que vulneren la seguridad jur�dica y la igualdad ante la ley.

 

26.   Lo anterior no significa que el precedente judicial sea inmutable; no obstante, �en ciertos escenarios concretos, la actuaci�n de los sujetos procesales pudo estar determinada por la jurisprudencia vigente para entonces por lo que el fallador, al momento de proferir su decisi�n, debe establecer, a partir de un an�lisis f�ctico, si el cambio de jurisprudencia result� definitivo en una posible afectaci�n de derechos fundamentales al modificar las reglas procesales con base en las cuales, leg�timamente, hab�an actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de conocimiento puede, como excepci�n a la regla general de aplicaci�n de la jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir el fallo, pero contrario a uno anterior que result� determinante de la conducta procesal de las partes�^[14].

 

27.   El accionante destac� que no solo el precedente judicial resulta vinculante, sino que tambi�n lo son �los actos propios y las decisiones adoptadas en el mismo proceso�, pues al momento de analizar las solicitudes previas de prescripci�n^[15] �siempre se consider� que el aumento punitivo de la 1/3 para delitos continuados no era aplicable para el c�lculo de la prescripci�n�, consideraci�n que vari� justo al momento de proferir la sentencia condenatoria de primera instancia mediante una aplicaci�n retroactiva de la ley penal. En la acci�n de tutela el solicitante cit� un aparte de la sentencia del 18 de junio de 2008, radicado 28.562 de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes t�rminos:

 

�Finalmente, debe aclararse que, contrario a lo sostenido por el ministerio p�blico, no es ajustado a la ley ni a la Constituci�n acudir al aumento punitivo previsto en el art�culo 31 de la Ley 599 de 2000 por tratarse de un delito continuado. Primero porque ello no fue si quiera tratado por los jueces y menos imputado en la resoluci�n de acusaci�n y, segundo, porque, tal como lo ha afirmado la jurisprudencia, ello s�lo incide en la dosificaci�n punitiva pero no tiene cabida para determinar el lapso de prescripci�n�.

 

28.   No obstante, la defensa indic� que esta era una nueva interpretaci�n que fue aplicada cuando la acci�n penal ya se encontraba extinguida respecto de Bernardo Moreno Villegas y que por ello no era posible aplicar retroactivamente una nueva regla jurisprudencial[16], pues en favor de aquel ya se hab�a consolidado un derecho adquirido.

 

29.   En cuanto a la postura jurisprudencial desconocida, el accionante record� expedientes como el del caso Nule^[17] en el que la nueva postura jurisprudencial solo proceder�a frente a casos futuros dada la imposibilidad de aplicar retroactivamente un precedente m�s gravoso^[18]. Realiz� similares referencias respecto de la aplicaci�n del incremento punitivo de la Ley 890 de 2004, de la absoluci�n perentoria^[19] y de la indemnizaci�n integral^[20].

 

30.   Para concluir, la defensa se�al� que el cambio jurisprudencial de la �Corte Suprema de Justicia modific� la contabilizaci�n del t�rmino de prescripci�n de la acci�n penal para todos los delitos imputados, prolongando injustificadamente la persecuci�n penal y vulnerando la igualdad en la aplicaci�n de la ley�. Consider� que lo anterior desconoci� el derecho de Bernardo Moreno Villegas a ser juzgado en un plazo razonable y comprometi� la seguridad jur�dica, lo cual hace relevante la intervenci�n del juez de tutela como �nico recurso judicial efectivo para la protecci�n de sus derechos.

 

31.   Con base en lo expuesto, solicit� declarar que la sentencia proferida el 24 de julio de 2024 por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia vulner� las garant�as constitucionales al �principio de legalidad, prohibici�n de analog�a en mala parte, interpretaci�n pro homine y pro libertatis, prohibici�n de aplicaci�n retroactiva de norma penal m�s gravosa y del derecho a ser juzgado en un plazo razonable�[21]. Como consecuencia, solicit� dejar sin efectos aquella sentencia y pidi� que en su lugar se emita una nueva sentencia que considere: �(i) la imposibilidad de aplicar la analog�a en mala parte, y (ii) la prohibici�n de aplicar retroactivamente cambios jurisprudenciales m�s gravosos en contra del procesado, m�xime sobre circunstancias que ya se hab�an consolidado de conformidad con la jurisprudencia vigente para ese entonces�[22].

 

2.1. Tr�mite y sentencia de primera instancia

 

32.   Una vez repartida la acci�n de tutela a la Sala de Casaci�n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, esta avoc� su conocimiento. Mediante auto del 4 de febrero de 2025 se orden� el traslado a las autoridades judiciales accionadas, esto es, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casaci�n Penal, para que ejercieran su derecho a la defensa, as� como dispuso la citaci�n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado[23].

 

33.   Durante el tr�mite, el 6 de febrero de 2025 la Sala Especial de Primera Instancia intervino y solicit� declarar improcedente la acci�n de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Para sustentar su petici�n, realiz� un recuento de la actuaci�n procesal y explic� que la solicitud de prescripci�n fue negada con fundamento en la calificaci�n f�ctica y jur�dica atribuida a la conducta, esto es, �tr�fico de influencias de servidor p�blico en la modalidad continuada�. En consecuencia, precis� que el t�rmino de prescripci�n deb�a contarse �a partir del momento en que se produjo la �ltima conducta t�pica que integr� la unidad de acci�n�, es decir, desde el 21 de febrero de 2008.

 

34.   Asimismo, se�al� que, al momento de quedar ejecutoriada la acusaci�n (31 de julio de 2017), la acci�n penal no se encontraba prescrita, ni siquiera en la etapa de juicio, cuyo t�rmino se cumpl�a el 9 de septiembre de 2024. Esta fecha es posterior a las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas el 18 de octubre de 2023 y el 24 de julio de 2024, respectivamente.

 

35.   De otra parte, explic� que, conforme a los art�culos 60 y 83 del C�digo Penal, el incremento punitivo de una tercera parte previsto para el delito continuado implica la ampliaci�n del t�rmino de prescripci�n de la acci�n penal. Agreg� que la decisi�n del 8 de junio de 2008 (rad. 28562), invocada por el accionante, no resultaba vinculante pues fue adoptada con fundamento en el Decreto 100 de 1980, el cual no contempla esa modalidad delictual. Adem�s, indic� que los hechos analizados en esa providencia no guardan identidad f�ctica con el caso en estudio, dado que no fueron calificados ni juzgados como delito continuado.

 

36.   Finalmente, la Sala Especial de Primera Instancia cuestion� que el accionante pretendiera utilizar la acci�n de tutela como una tercera instancia, pese a contar con la acci�n de revisi�n prevista en el numeral 2� del art�culo 220 de la Ley 600 de 2000. Si bien aquel aleg� que dicho mecanismo era ineficaz porque la Corte Suprema de Justicia ratificar�a su postura, consider� la Sala que ese planteamiento constituye �un juicio hipot�tico que, en modo alguno, puede servir de fundamento para desconocer el car�cter subsidiario de la acci�n de tutela�[24].

 

37.   �Por su parte, ese mismo d�a la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia intervino en el proceso y defendi� la legalidad de la decisi�n cuestionada, afirmando que no se vulneraron derechos fundamentales ni se desconoci� el precedente ni las normas aplicables sobre la prescripci�n de delitos de ejecuci�n permanente[25].

 

38.   Aquel sostuvo que basta acudir al texto de la providencia cuestionada para advertir que no se realiz� una aplicaci�n anal�gica en perjuicio del procesado respecto de las normas que regulan el instituto de la prescripci�n. Asimismo, afirm� la Sala de Casaci�n Penal que no modific� ni se apart� de precedente alguno, pues la sentencia del 18 de junio de 2008 (rad. 28562) no configura precedente en sentido estricto ya que, en ese caso, la Sala no abord� como materia de discusi�n la prescripci�n frente al delito continuado; por tanto, las consideraciones all� expuestas constituyen un obiter dicta que, al no corresponder a la ratio decidendi, carecen de fuerza vinculante en el presente caso.

 

39.   De igual manera, indic� que en la decisi�n del 1 de junio de 2005 la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia precis� que el incremento previsto en el par�grafo del art�culo 31 del C�digo Penal no pod�a tenerse en cuenta para determinar la prescripci�n de la acci�n penal en ese asunto, debido a que: (i) la conducta imputada a los acusados no fue atribuida bajo la modalidad de delito continuado y (ii) el Decreto 100 de 1980, vigente al momento de los hechos, no contemplaba dicha modalidad delictiva, de modo que su aplicaci�n con ese prop�sito resultaba desfavorable.

 

40.   De otro lado, el 7 de febrero de 2025, la Fiscal�a 008 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, vinculado a la acci�n de tutela en calidad de parte dentro del proceso penal, sostuvo que las actuaciones y decisiones adoptadas en el proceso no fueron arbitrarias ni caprichosas, por lo que no se configur� afectaci�n constitucional alguna frente al accionante, quien pretende el uso del mecanismo constitucional como una tercera v�a para controvertir las providencias ejecutoriadas[26].

 

41.   Posteriormente, el 12 de febrero de 2025^[27] la Sala de Casaci�n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia dict� sentencia en la que declar� improcedente la acci�n de tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad al no haberse ejercido el recurso extraordinario de revisi�n para debatir la prescripci�n de la acci�n penal, conforme al numeral 2� del art�culo 220 de la Ley 600 de 2000.

 

42.   Se�al� esa instancia que, seg�n su jurisprudencia[28], el juez de segunda instancia -o la Corte en casaci�n- debe declarar la prescripci�n de la acci�n penal cuando se configure, ya sea de oficio o a petici�n de parte. Sin embargo, si la sentencia adquiere firmeza sin que ello ocurra, la �nica v�a para cuestionarla es la acci�n de revisi�n.

 

43.   Indic� que dado que este mecanismo es id�neo para alegar la prescripci�n, no procede la tutela[29], ni siquiera como medida transitoria. En consecuencia, al existir un medio de defensa judicial eficaz, la acci�n de tutela resulta improcedente por su car�cter residual y subsidiario, conforme al art�culo 6� del Decreto 2591 de 1991[30].

 

2.2. Tr�mite y sentencia de segunda instancia

 

44.   Impugnaci�n. Inconforme con la decisi�n de primera instancia, el accionante present� impugnaci�n^[31]. Como fundamento de su inconformidad sostuvo que la acci�n de revisi�n no constituye un mecanismo id�neo ni eficaz para la protecci�n de sus derechos, en raz�n de los exigentes requisitos argumentativos y de la rigurosa carga de fundamentaci�n que impone su procedencia. A�adi�, adem�s, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia excepcional de la acci�n de tutela en asuntos relacionados con el debido proceso y la privaci�n de la libertad.

 

45.   Asimismo, manifest� que no pod�a exig�rsele la interposici�n del recurso de revisi�n toda vez que hab�a advertido previamente su ineficacia, en la medida en que la Corte Suprema de Justicia, en tres oportunidades anteriores^[32], ya hab�a rechazado su solicitud de prescripci�n. De igual manera, se�al� que la Sala de Casaci�n Civil, Agraria y Rural omiti� pronunciarse sobre el debate de naturaleza constitucional planteado en el escrito de tutela. Y, finalmente, argument� que la decisi�n de primera instancia se apoy� en precedentes que no eran aplicables al caso concreto, por tratarse de situaciones sustancialmente distintas.

 

46.   La decisi�n de segunda instancia. Una vez surtido el tr�mite de rigor, mediante sentencia proferida el 26 de marzo de 2025^[33], la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirm� la decisi�n de primera instancia. En su an�lisis, la Sala reiter� el car�cter residual y subsidiario de la acci�n de tutela, recordando que el recurso de revisi�n constituye el mecanismo id�neo y especializado para controvertir las cuestiones planteadas en este caso.

 

47.   Adicionalmente, precis� que la supuesta rigurosidad en la fundamentaci�n exigida para la interposici�n del recurso de revisi�n no habilita per se la procedencia de la tutela, ni puede presumirse el resultado de dicho recurso sin haberlo siquiera intentado. Adem�s, si el accionante considera que existe un conocimiento previo por parte de los magistrados llamados a resolver la revisi�n, le asiste la facultad legal de promover las recusaciones que estime pertinentes.

 

48.   En ese contexto, la Sala concluy� que el juez de tutela no est� facultado para revisar decisiones judiciales en firme, ni para sustituir los medios ordinarios y extraordinarios dispuestos por el ordenamiento jur�dico.

 

3. Actuaciones en sede de revisi�n

 

3.1. Selecci�n

 

49.   El 26 de junio de 2025, la Sala de Selecci�n de Tutelas N�mero Seis profiri� auto mediante el cual escogi� para revisi�n el expediente T-11.165.178, el cual fue repartido a la Sala Segunda de Revisi�n y remitido por la Secretar�a General de esta corporaci�n, el 14 de julio de 2025, al despacho sustanciador para lo de su competencia^[34].

 

3.2. Autos de pruebas

 

50.   El 23 de julio de 2025^[35], el despacho sustanciador decret� la pr�ctica de pruebas con el prop�sito de contar con elementos de juicio suficientes para adoptar una decisi�n dentro del proceso en revisi�n. En consecuencia, solicit� a la Corte Suprema de Justicia copia �ntegra del expediente penal. A su vez, requiri� a la Relator�a de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia la remisi�n de las sentencias m�s relevantes respecto de la tem�tica propuesta en el amparo para resolver el caso[36]. Finalmente, solicit� informaci�n actualizada sobre la situaci�n jur�dica del condenado y su lugar de reclusi�n.

 

51.   El 8^[37] de septiembre de 2025 se profiri� un segundo auto de pruebas mediante el cual se reiter� la solicitud de remisi�n del expediente completo[38]. Asimismo, se requiri� a la Relator�a de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia el env�o de las dos providencias en las que el accionante sustentaba su argumentaci�n jur�dica[39], as� como de cualquier otra relacionada. Finalmente, invit�^[40] a diversas instituciones[41] p�blicas y privadas para que emitieran concepto sobre la tem�tica del caso[42].

 

52.   El 11 de septiembre de 2025, el apoderado de Bernardo Moreno alleg� copia del auto AEP 097 de 2025 proferido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que pod�a ser relevante para el caso en estudio^[43]. El 23 de septiembre de 2025, durante el t�rmino de traslado se recibi� una respuesta por parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP)^[44].

 

53.   Luego, el 25 de septiembre de 2025, el presidente de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia remiti� un oficio en el que se atuvo a lo dicho en la contestaci�n inicial de la acci�n de tutela^[45]. Ese mismo d�a[46], los magistrados de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia suscribieron y remitieron un oficio en el que manifestaron que la solicitud de conceptos de car�cter jur�dico resultaba improcedente, especialmente trat�ndose de una acci�n de tutela contra providencia judicial de alta Corte examinada bajo la perspectiva de una eventual vulneraci�n de derechos fundamentales.

 

54.   Se�alaron, adem�s, que la pr�ctica de una prueba de esa naturaleza -orientada a valorar el acierto o correcci�n jur�dica de una decisi�n adoptada por la Sala de Casaci�n- podr�a comprometer los esfuerzos institucionales encaminados a armonizar el funcionamiento de las distintas jurisdicciones dentro del marco de la autonom�a judicial y la seguridad jur�dica. En su criterio, supeditar la validez o correcci�n de una providencia a �conceptos expertos� externos podr�a desdibujar el principio conforme al cual los jueces est�n sometidos �nicamente al imperio de la ley, sin perjuicio del reconocimiento de la dignidad y funci�n constitucional de la Corte Suprema de Justicia como �rgano encargado de unificar la jurisprudencia en virtud de la autoridad que le confieren la Constituci�n y la ley.

 

55.   �Posteriormente, el 29 de septiembre de 2025, el apoderado del accionante present� un escrito en el que manifest� su desacuerdo con la respuesta remitida por el ICDP^[47].

 

56.   El 10 de diciembre de 2025, el magistrado sustanciador present� el informe correspondiente al art�culo 60 del Acuerdo 01 de 2025 sobre el caso ante la Sala Plena de la Corte Constitucional y, en esa misma sesi�n, se aprob� asumir el conocimiento del proceso por parte de esta[48].

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.   Competencia

 

57.   Con fundamento en las facultades conferidas por los art�culos 86 y 241 -numeral 9�- de la Constituci�n y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y de conformidad con el art�culo 60 del Acuerdo 01 de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el proceso de la referencia.

 

2. An�lisis sobre la procedencia general de la acci�n de tutela

 

58.   Inicialmente, la Sala abordar� el an�lisis sobre la procedencia general de la acci�n de tutela presentada por Bernardo Moreno Villegas, por medio de apoderado judicial, contra providencias judiciales de la Corte Suprema de Justicia[49], conforme con lo establecido en la Constituci�n Pol�tica, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional. Por tratarse de decisiones proferidas por el m�ximo �rgano de cierre de la jurisdicci�n ordinaria, la argumentaci�n exigida y su examen son m�s rigurosos[50].

 

59.   En ese contexto, corresponde a la Sala Plena determinar, de manera preliminar, si el accionante dispon�a de otros medios de defensa judicial a partir del proceso penal ordinario que culmin� con una sentencia condenatoria ejecutoriada, as� como establecer si se configura un perjuicio irremediable o una circunstancia especial que lo releve de acudir a dichos mecanismos. Este an�lisis resulta necesario para verificar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, que condiciona la procedencia del estudio de fondo de la acci�n de tutela.

 

60.   Solo en caso de que se concluya que no contaba con tales medios, o que se acredite la existencia de una situaci�n excepcional que habilite la tutela como mecanismo transitorio de protecci�n, la Sala Plena abordar� el examen sobre la eventual vulneraci�n de los derechos fundamentales alegados. De superarse este an�lisis, se proceder� a formular el problema jur�dico correspondiente y a resolver de fondo el asunto.

 

2.1. An�lisis sobre la procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales y contra providencias de altas Cortes. Reiteraci�n jurisprudencial[51]

 

61.   La Corte Constitucional ha reiterado que la acci�n de tutela contra providencias judiciales tiene car�cter estrictamente excepcional. Esta regla se fundamenta en el respeto a la independencia y autonom�a judicial propias del Estado Social de Derecho, as� como en el principio de cosa juzgada y en la garant�a de la seguridad jur�dica[52]. No obstante, la tutela puede viabilizarse cuando se acrediten plenamente los requisitos generales de procedencia; en tal caso, el juez constitucional podr� examinar de fondo si la decisi�n judicial cuestionada vulnera derechos fundamentales[53] y resulta incompatible con la Constituci�n.

 

62.   Cuando la tutela se dirige contra decisiones de altas Cortes, la jurisprudencia exige una carga argumentativa transversal[54]. Ello implica un an�lisis especialmente estricto sobre el cumplimiento de los requisitos generales y de los defectos espec�ficos alegados[55]. No se trata de un requisito adicional, sino de un examen m�s exigente orientado a �(�) analizar tanto los requisitos gen�ricos de procedencia �especialmente importantes para valorar la relevancia constitucional del caso� como los defectos espec�ficos que se alegan�[56].

 

63.   Esta exigencia se justifica en el papel de las altas Cortes como �rganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones y como instancias encargadas de fijar precedentes. Por ello, la intervenci�n del juez constitucional solo se justifica cuando �(�) la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y l�mite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomal�a en el sistema jur�dico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervenci�n del juez constitucional�[57].

 

64.   Debido a lo se�alado, esta corporaci�n ha sostenido que en ausencia de una decisi�n que resulte abiertamente incompatible con la Constituci�n el juez constitucional debe actuar con deferencia frente a aquellas providencias judiciales. En particular, debe respetar los principios de autonom�a e independencia judicial y la condici�n de las altas Cortes como �rganos supremos de sus respectivas jurisdicciones. En consecuencia, aun cuando el juez de tutela pueda tener una apreciaci�n distinta del caso o hubiera llegado a una conclusi�n diferente de lo resuelto en sede ordinaria, no le corresponde sustituir las interpretaciones ni las valoraciones probatorias efectuadas por el juez natural, pues ello implicar�a invadir su �mbito de competencia[58].

 

65.   Con base en esta aproximaci�n general, procede la Sala Plena a realizar el an�lisis sobre los requisitos para la procedencia de la acci�n de tutela bajo examen.

 

2.2. Legitimaci�n por activa

 

66.   De conformidad con el art�culo 86 de la Constituci�n^[59], cualquier persona podr� interponer la acci�n de tutela �por s� misma o por quien act�e en su nombre�. Del mismo modo, el art�culo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece la legitimidad e inter�s para presentar la acci�n de tutela. Por lo tanto, la acci�n de tutela podr� ser interpuesta: (i) directamente por el interesado; (ii) por intermedio de un representante legal en caso de los menores de edad y de las personas jur�dicas; (iii) mediante apoderado judicial; (iv) por medio de un agente oficioso; o (v) a trav�s de la Defensor�a del Pueblo o del personero municipal.

 

67.   En el asunto objeto de estudio, la Sala advierte que Bernardo Moreno Villegas es la persona investigada, procesada y condenada -en primera y segunda instancia- dentro del expediente penal con radicaci�n No. 51127 y CUI 110010204000201701499. Asimismo, aquel interpuso la acci�n de tutela por intermedio de apoderado judicial[60], raz�n por la cual se encuentra legitimado para promover este mecanismo constitucional en contra de las autoridades judiciales que profirieron la condena penal en su contra, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la favorabilidad, a la libertad personal y al acceso a la administraci�n de justicia en condiciones de igualdad.

 

 

 

2.3. Legitimaci�n por pasiva

 

68.   La Corte Constitucional ha se�alado que se cumple con el presupuesto de la legitimaci�n por pasiva cuando el accionado sea �(i) quien efectivamente est� poniendo en riesgo o afectando los derechos fundamentales de quien solicita el amparo, esto es, que quien est� siendo identificado como desconocedor de las garant�as ius-fundamentales del accionante, sea quien efectivamente incurri� en la conducta u omisi�n que se considera como vulneradora o (ii) sea la autoridad que, desde las funciones que legal y constitucionalmente le han sido encargadas, cuente con la posibilidad de desplegar una conducta que permita superar la situaci�n de desprotecci�n en que el actor aduce encontrarse inmerso�^[61].

 

69.   En ese sentido, la acci�n de tutela se interpuso contra la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridades judiciales que se encuentran legitimadas pasivamente en el proceso, pues emitieron las decisiones del 18 de octubre de 2023 y del 24 de julio de 2024, respecto de las cuales el actor alega la vulneraci�n de derechos fundamentales.

 

2.4. Inmediatez

 

70.   Esta Corte ha se�alado que, si bien no existe un t�rmino de caducidad para la interposici�n de la acci�n de tutela, el amparo debe ejercerse en un tiempo razonable respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneraci�n de los derechos fundamentales. En el presente caso, la tutela cumple con el requisito de inmediatez, dado que fue interpuesta en un tiempo razonable a partir del hecho que gener� la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales. En efecto, las providencias judiciales objeto de reproche, que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales, fueron proferidas el 18 de octubre de 2023 y el 24 de julio de 2024, siendo esta �ltima notificada el 2 de agosto de 2024, mientras que la tutela se interpuso el 31 de enero de 2025. Lo anterior evidencia el paso de aproximadamente 6 meses entre la �ltima providencia atacada y la presentaci�n de la tutela, t�rmino razonable para el ejercicio del amparo.

 

2.5. Subsidiariedad

 

71.   De conformidad con lo previsto en el art�culo 86^[62] de la Constituci�n Pol�tica y en el art�culo 6� del Decreto 2591 de 1991^[63], la acci�n de tutela tiene un car�cter subsidiario o residual. Esto implica que solo resulta procedente cuando no exista otro medio judicial para resolver la controversia planteada, o cuando se utilice de manera excepcional como mecanismo transitorio con el fin de prevenir un perjuicio irremediable.

 

72.   De este modo, la tutela puede operar en dos escenarios espec�ficos: (i) como mecanismo principal, cuando la persona afectada no cuenta con otro instrumento judicial, o cuando el existente no sea id�neo ni eficaz para la protecci�n de sus derechos fundamentales; y (ii) como mecanismo transitorio, cuando se acude a ella para evitar la materializaci�n de un da�o irreparable[64].

 

73.   �En cada caso, corresponde al juez constitucional examinar: (i) si existe un medio judicial alternativo para la defensa de los derechos invocados y (ii) evaluar si dicho medio resulta id�neo y efectivo para garantizar su protecci�n de manera oportuna, integral y real[65].

 

74.   Ahora bien, cuando la acci�n de tutela se dirige contra providencias judiciales proferidas por una alta Corte, la carga argumentativa[66] y el an�lisis sobre el requisito de subsidiariedad deben realizarse con mayor rigor[67]. La Corte Constitucional ha indicado que �la acci�n de tutela no es, en principio, el instrumento judicial adecuado para solicitar la protecci�n de los derechos que eventualmente sean lesionados en el tr�mite de un proceso judicial, pues el ordenamiento jur�dico ha dise�ado para este efecto la estructura de �rganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jer�rquico cuyo movimiento se activa a partir de la utilizaci�n de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la correcci�n de las providencias judiciales�^[68]. En el mismo sentido, ha precisado que �no puede admit�rsele, bajo ning�n motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos a�n, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten�^[69].

 

75.   Con base en lo anterior, esta corporaci�n ha identificado ciertos escenarios en los que la acci�n de tutela contra providencias judiciales resulta improcedente por desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad, espec�ficamente cuando: (i) el proceso judicial a�n se encuentra en curso; (ii) no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios disponibles; o (iii) se pretende utilizar la tutela para reabrir etapas procesales en las que no se hicieron valer oportunamente los recursos o actuaciones previstas en el ordenamiento jur�dico^[70]. En igual l�nea, se ha se�alado que la falta de acreditaci�n de la subsidiariedad tambi�n se configura cuando el defecto alegado no fue planteado previamente dentro del proceso correspondiente^[71].

 

76.   La Corte Constitucional ha sintetizado las razones que justifican el examen estricto del requisito de subsidiariedad en las acciones de tutela contra providencias judiciales[72]. En primer lugar, estas decisiones provienen de jueces investidos constitucionalmente de autonom�a e independencia para resolver de manera definitiva las controversias en su respectiva jurisdicci�n. En segundo lugar, ha indicado la jurisprudencia que el propio proceso judicial -con sus etapas, procedimientos y recursos- constituye el escenario primario de protecci�n de los derechos fundamentales, en especial del debido proceso, por lo que no resulta admisible alegar vulneraciones que no hayan sido oportunamente planteadas en ese marco.

 

77.   En tercer lugar, ha precisado que la tutela no est� concebida para sustituir al juez natural ni para reabrir debates jur�dicos ya resueltos o en tr�mite. Por ello, cuando se desconoce la subsidiariedad y se utiliza la tutela como una instancia adicional, sin que existan razones claras de vulneraci�n de derechos fundamentales, se comprometen los principios de cosa juzgada y de seguridad jur�dica.

 

78.   En consecuencia, la acci�n de tutela no puede emplearse como una instancia adicional dentro del tr�mite judicial, ni como un instrumento destinado a reemplazar los mecanismos ordinarios ni extraordinarios dise�ados por el legislador, ni tampoco como una v�a para corregir errores u omisiones atribuibles a las partes en los procesos ordinarios^[73]. As�, la jurisprudencia ha establecido que cuando los interesados contaban con recursos judiciales o etapas procesales para la defensa de sus derechos y no los ejercieron, la tutela deviene improcedente, puesto que no puede utilizarse para controvertir situaciones jur�dicas que adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron interpuestas de manera oportuna^[74].

 

79.   En particular, se ha resaltado que la exigencia rigurosa del requisito de subsidiariedad de la acci�n de tutela contra providencia judicial de una alta Corte constituye una salvaguarda del debido proceso en la actuaci�n judicial, en tanto las etapas, recursos y procedimientos que integran un proceso constituyen el escenario primigenio de protecci�n de los derechos fundamentales y, en especial, de las garant�as propias del debido proceso^[75]. En esa mira, se ha se�alado que el proceso judicial es el medio por excelencia para la protecci�n de los derechos. Adicionalmente, dicho presupuesto contribuye a preservar la autonom�a e independencia judicial, dado que el uso de la tutela como recurso alternativo o como �ltima instancia para obtener decisiones favorables desconoce la distribuci�n de competencias establecida por la Constituci�n y afecta el principio de especialidad de la jurisdicci�n^[76].

 

80.   Se reitera que lo anterior adquiere especial relevancia cuando se examinan decisiones adoptadas por los m�ximos �rganos de cierre de cada jurisdicci�n, tambi�n cuando act�an profiriendo decisiones de segunda instancia[77]. En su condici�n, estas autoridades tienen la funci�n de fijar precedentes y orientar la hermen�utica espec�fica aplicable, lo que compromete de manera directa su autonom�a e independencia judicial, con lo cual el examen del requisito de subsidiariedad se debe ejercitar con mayor rigor por el juez constitucional[78].

 

La acci�n de revisi�n como medio id�neo y efectivo para debatir la prescripci�n de la acci�n penal. Reiteraci�n de jurisprudencia

 

81.   Contexto. Dado que las providencias judiciales objeto de an�lisis fueron emitidas por la Sala Especial de Primera Instancia y por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la Ley 600 de 2000, este ac�pite se dedicar� a examinar la normativa y la jurisprudencia aplicables espec�ficamente a dicho contexto.

 

82.   Naturaleza jur�dica de la acci�n de revisi�n. En principio, la Corte Constitucional ha indicado que la acci�n de revisi�n difiere del recurso de casaci�n y no puede confundirse con aquel. As�, en la Sentencia C-252 de 2001 esta Corte se�al�:

 

�La casaci�n no puede confundirse con la acci�n de revisi�n, aunque ambas sean medios de impugnaci�n extraordinarios, pues en la primera se cuestiona la juridicidad del fallo, es decir, la estricta observancia de la ley y la Constituci�n, y en la segunda se cuestiona la decisi�n judicial por que la realidad all� declarada no corresponde a la verdad objetiva o real, debido al surgimiento de hechos nuevos que no se conocieron durante el tr�mite del proceso penal y que, necesariamente, inciden en ella.

 

�De ah� que se haya afirmado que la casaci�n tiene como objetivo "desvirtuar la doble presunci�n de acierto y legalidad", en tanto que "en la revisi�n, el objetivo es desvirtuar la presunci�n de verdad, que ampara la cosa juzgada; por ello en la revisi�n, no hay lugar, a considerar errores in iudicando, ni in procedendo, los que se enmarcan dentro de las causales de casaci�n, ni vicios sobre las pruebas soportes de la sentencia, ora por falsos juicios de existencia, o de falsos juicios de identidad, o por errores de derecho por falsos juicios de legalidad. En la revisi�n, la controversia gira, entre verdad formal o verdad jur�dica y la verdad real, o acontecimiento hist�rico realmente dado�[79]. (�nfasis propio)

 

83.   Con base en lo anterior, la jurisprudencia de esta corporaci�n ha sostenido que la acci�n de revisi�n est� prevista como un mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales[80] y que �busca el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado�[81]

 

84.   En el presente caso, el actor afirm� haber agotado los mecanismos ordinarios dentro del proceso, a saber: (i) el recurso de reposici�n contra la resoluci�n de acusaci�n; (ii) la solicitud de nulidad formulada en la audiencia preparatoria y su correspondiente apelaci�n; y (iii) los alegatos de conclusi�n y la apelaci�n contra la sentencia condenatoria de primera instancia. Asimismo, sostuvo que no era posible interponer el recurso extraordinario de casaci�n, dado que la decisi�n de segunda instancia fue proferida por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

85.   �Esta afirmaci�n fue corroborada de manera t�cita por la Sala Especial de Primera Instancia y por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, al centrar la discusi�n en la procedencia del recurso de revisi�n. Adem�s, la Sala de Casaci�n Penal ha reiterado[82] que la tradici�n jur�dica colombiana no contempla la casaci�n contra decisiones de dicha Sala cuando act�a como �rgano de cierre o juez de instancia, recordando que, si bien los instrumentos internacionales reconocen el derecho a impugnar la condena, no consagran la casaci�n como garant�a fundamental; que el art�culo 205 de la Ley 600 de 2000 limita su procedencia a sentencias de segunda instancia dictadas por tribunales superiores; y que el Acto Legislativo 01 de 2018 regul� la doble instancia y la impugnaci�n de la primera condena para aforados, sin ampliar el �mbito del recurso de casaci�n. En consecuencia, dicho recurso resulta improcedente contra decisiones adoptadas por esa Sala en tales condiciones[83].

 

86.   Por su parte, la acci�n de revisi�n tiene por finalidad cuestionar y eventualmente modificar providencias que se encuentran amparadas por la cosa juzgada, y constituye un mecanismo de car�cter excepcional, cuya procedencia se limita estrictamente a las causales expresamente previstas por el legislador. Por esta raz�n, la jurisprudencia ha sostenido que dichas causales deben ser objeto de una interpretaci�n restrictiva[84].

 

87.   En ejercicio de la potestad de configuraci�n normativa en esta materia, el legislador dispuso en el art�culo 220 de la Ley 600 de 2000 que la acci�n de revisi�n procede por seis causales, previstas principalmente respecto de sentencias condenatorias, con el prop�sito de salvaguardar de manera preferente los derechos del procesado, incluso contra las sentencias proferidas en �nica o segunda instancia por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo estipulado en el art�culo 75.2 ibidem. En el caso concreto, la causal que tensiona las pretensiones del accionante respecto de la procedencia de la acci�n de tutela es la segunda, que reza:

 

�Art�culo 220. Procedencia. La acci�n de revisi�n procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

[�]

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no pod�a iniciarse o proseguirse por prescripci�n de la acci�n, por falta de querella o petici�n v�lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci�n de la acci�n penal.

[�]�. (�nfasis propio)

 

88.   As�, en el marco de la Ley 600 de 2000, la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la acci�n de tutela resulta improcedente cuando las controversias planteadas pueden ventilarse a trav�s de la acci�n de revisi�n.

 

89.   Por otro lado, decisiones como las sentencias T-137 de 2013, T-281 de 2014, T-385 de 2018, T-515 de 2023 y T-459 de 2024, entre otras, han precisado que la tutela solo procede cuando el asunto sometido a examen no pueda ser controvertido mediante el recurso extraordinario de casaci�n o de la acci�n de revisi�n o cuando, habi�ndose agotado y resuelto dichos mecanismos, el afectado ya no dispone de ning�n medio ordinario o extraordinario para remediar la presunta vulneraci�n de sus derechos fundamentales.

 

90.   Particularmente, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente al establecer que la acci�n de tutela no es procedente para solicitar la extinci�n de la acci�n penal por prescripci�n una vez dictada sentencia condenatoria en firme cuando no se ha ejercitado la acci�n de revisi�n, salvo que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A continuaci�n, se presentan algunos de los precedentes m�s relevantes en este sentido:

 

91.   Sentencia SU-913 de 2001. La Sala Plena de esta Corte analiz� la acci�n presentada por un congresista que solicitaba la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre. El accionante sosten�a que la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia hab�a incurrido en un defecto f�ctico -por indebida valoraci�n probatoria- y en un defecto sustantivo, al dictar sentencia condenatoria en su contra como autor del delito de falsa denuncia contra persona determinada pese a que, seg�n su criterio, la acci�n penal ya hab�a prescrito.

 

92.   En esa oportunidad, la Corte Constitucional se�al� que el mecanismo adecuado para controvertir la prescripci�n era la acci�n de revisi�n, dado que tal situaci�n encajaba dentro de una de sus causales taxativas. Por tal raz�n, declar� improcedente la acci�n de tutela.

 

93.   Sentencia T-1320 de 2001[85]. La Sala Segunda de Revisi�n estudi� el caso de una persona condenada en �nica instancia por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia por peculado por apropiaci�n y falsedad en documento privado. El accionante present� tutela alegando: (i) defecto org�nico por falta de competencia, (ii) defecto sustantivo por prescripci�n de la acci�n penal y (iii) defecto f�ctico por indebida valoraci�n probatoria.

 

94.   La Corte Constitucional reiter� lo se�alado en la Sentencia SU-913 de 2001 y concluy� que la tutela era improcedente, dado que el interesado contaba con la acci�n de revisi�n como mecanismo judicial id�neo.

 

95.   Sentencia T-251 de 2014. La Corte estudi� el caso de una persona que interpuso acci�n de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot� y la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitando la prescripci�n de la acci�n penal y alegando vulneraci�n de sus derechos fundamentales, dado que fue condenado a 54 meses de prisi�n por los delitos de falsedad en documento procesal y fraude procesal.

 

96.   Para resolver el caso, esta corporaci�n reiter� su jurisprudencia[86] para concluir que �(i) exist[�a] una v�a id�nea para reclamar la prescripci�n de la acci�n penal que a�n no se ha[b�a] agotado, mediante la acci�n de revisi�n; (ii) no se vislumbra[ba] la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o una situaci�n que revis[tiera] de tal gravedad que afect[ara] a un sujeto de especial protecci�n constitucional, o que p[usiera] al peticionario en situaci�n de indefensi�n, de manera que amerit[ara] la intervenci�n del juez constitucional; y por el contrario, (iii) el accionante a�n se enc[ontraba] habilitado para acudir ante el juez penal para dirimir la controversia surgida respecto de la prescripci�n de la acci�n penal durante el proceso. Situaciones que denota[ron] la improcedencia acci�n de amparo en raz�n a su car�cter subsidiario�.

�

97.   Sentencia SU-258 de 2021. En vigencia de la Ley 906 de 2004, una persona present� tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil y la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema aduciendo: (i) prescripci�n de la acci�n penal y (ii) aplicaci�n indebida de la ley sustancial. Dicha decisi�n fue confirmada en diciembre de 2019.

 

98.   En esta oportunidad, frente al fen�meno de la prescripci�n de la acci�n penal, la Corte Constitucional sostuvo que la accionante �no agot� todos los mecanismos judiciales de defensa que ten�a a su alcance. Por lo dem�s, de lo expuesto en la acci�n de tutela no se infiere (i) que est� desvirtuada la idoneidad y eficacia de la acci�n de revisi�n en el caso concreto, (ii) que la accionante se encuentre en una situaci�n especial de vulnerabilidad que amerite flexibilizar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad ni (iii) que la accionante se hallara ante la inminente configuraci�n de un perjuicio irremediable que habilitara el ejercicio de la acci�n de tutela como mecanismo transitorio�.

 

99.   �As�, se concluye que la acci�n de revisi�n es un mecanismo id�neo y eficaz para reclamar la declaratoria de prescripci�n de la acci�n penal. De hecho, as� lo demuestra, por ejemplo, la sentencia del 13 de julio de 2011 (Rad. 35.953), en la que la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia dej� sin efectos su providencia del 1 de agosto de 2002 y, en su lugar, declar� la prescripci�n de la acci�n penal, orden� la cesaci�n del procedimiento y dispuso la libertad inmediata del acusado.

 

100.        La acci�n de tutela bajo an�lisis no satisface el requisito de subsidiariedad. Por lo expuesto se concluye que la acci�n de revisi�n: (i) es un mecanismo excepcional que procede �nicamente contra decisiones[87] que tienen efectos de cosa juzgada; (ii) sus causales son taxativas, incluyendo la revisi�n de procesos penales que no pudieron iniciarse o continuar por prescripci�n de la acci�n penal; (iii) puede ser promovida por cualquier sujeto procesal con inter�s jur�dico y debidamente reconocido dentro del proceso[88]; (iv) al interpretar el art�culo 221 de la Ley 600 de 2000, la Corte Constitucional ha se�alado que la acci�n de revisi�n puede ser ejercida �en cualquier tiempo por el fiscal, el Ministerio P�blico, el defensor y dem�s intervinientes, siempre que ostenten inter�s jur�dico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuaci�n materia de revisi�n�[89]; y (v) est� destinada a controvertir aspectos relacionados con la verdad formal o material del proceso.

 

101.        Por lo tanto, la acci�n de revisi�n constituye el mecanismo procesal id�neo para controvertir la sentencia dictada en el proceso penal contra Bernardo Moreno Villegas, dado que a las decisiones de primera y segunda instancia en ese asunto les aplica el efecto jur�dico de la cosa juzgada. Asimismo, el actor conserva abierta la posibilidad legal de promover la acci�n de revisi�n y que puede hacerlo en cualquier momento, considerando adem�s una causal espec�fica que aplica respecto de las alegaciones que ha formulado en sede de tutela en relaci�n con la prescripci�n del proceso penal. Dicho mecanismo excepcional, establecido por el legislador, no ha sido ejercido por el promotor de la presente acci�n de tutela.

 

102.        Con todo, el apoderado del actor sostuvo que la acci�n de revisi�n no es id�nea pues, a su juicio, es previsible que la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia confirme la no declaratoria de prescripci�n.

 

103.        El argumento planteado como sustento para superar la subsidiariedad a efectos de justificar la procedencia de la tutela no puede ser acogido por la Corte Constitucional. En primer lugar, el desacuerdo del actor con la argumentaci�n de la Corte Suprema de Justicia no invalida la idoneidad de la acci�n de revisi�n. Esto es as� porque la ley establece de manera expresa un mecanismo para controvertir decisiones que han hecho tr�nsito a cosa juzgada en materia penal, particularmente en lo relativo a la causal invocada, y reconoce al actor legitimaci�n para promoverlo. Todo ello evidencia la idoneidad objetiva del medio, la cual deriva de su dise�o legal y de su aptitud para resolver el cargo relacionado con la prescripci�n.

 

104.        Aunado a lo anterior, la acci�n tambi�n cuenta con un juez natural, y no puede admitirse que la preconcepci�n sobre el resultado hermen�utico que se obtenga, es raz�n suficiente para dar viabilidad a la sustituci�n de dicho medio por la acci�n de tutela, dado que la eficacia concreta en el caso no se desvanece por el solo hecho de que el actor anticipe un desenlace desfavorable. En segundo lugar, conforme el art�culo 228 de la Ley 600 de 2000[90], ning�n magistrado que haya suscrito la decisi�n objeto de revisi�n puede intervenir en su tr�mite o decisi�n. Adem�s, la Corte Suprema de Justicia suele apartar a los magistrados que participaron de una sentencia respecto del conocimiento de la acci�n de revisi�n presentada en contra de dicha providencia[91]. E incluso, si los magistrados no se declararan impedidos con base en dicho art�culo, existe la posibilidad de recusarlos conforme al art�culo 105 de la misma ley[92]. As�, mientras el recurso est� disponible y no se pruebe su ineficacia o parcialidad, la tutela es improcedente por falta de subsidiariedad

 

105.        Ahora bien, para responder a los argumentos del accionante se realizar�n dos precisiones. La primera consiste en aclarar que la elevada carga argumentativa exigida en la acci�n de revisi�n no la torna inid�nea ni ineficaz, ni justifica por s� sola la procedencia de la acci�n de tutela. Y en segunda medida, las apreciaciones del accionante meramente especulativas o subjetivas, y por ende carentes de sustento, no resultan suficientes para desvirtuar la idoneidad de un mecanismo judicial. Ello por cuanto el an�lisis correspondiente no se basa en la probabilidad de �xito de la pretensi�n ni en la percepci�n del accionante sobre el eventual resultado del tr�mite, sino en la existencia de un instrumento procesal que, en abstracto y conforme al dise�o del ordenamiento jur�dico, sea apto para brindar la protecci�n solicitada[93]. En consecuencia, la eventual �tasa de �xito� del mecanismo o las expectativas de quien acciona respecto de su resultado no constituyen criterios relevantes para evaluar la subsidiariedad de la acci�n de tutela.

 

106.        En cambio, es el propio accionante quien, pese a la existencia de una causal taxativa y especial para controvertir la situaci�n que considera desfavorable, se ha abstenido de ejercer la acci�n de revisi�n procedente y ha utilizado la acci�n de tutela para debatir las decisiones judiciales amparadas por cosa juzgada.

 

107.        Adicionalmente, la parte actora no argument�, ni siquiera de manera sumaria, que Bernardo Moreno Villegas se encontrara en una situaci�n de vulnerabilidad especial que justificara flexibilizar los requisitos de procedencia de la tutela para prevenir un perjuicio irremediable[94] en su contra a manera de mecanismo transitorio de protecci�n. Con todo, en sede de revisi�n el Juzgado 002 de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Calarc�^[95], Quind�o, inform� que el sentenciado se encuentra privado de la libertad en su lugar de residencia y, adem�s, no se avizora ninguna situaci�n que torne indispensable la intromisi�n del juez de tutela para evitar alguna amenaza sobreviniente[96]. Esto aclarando que la privaci�n de libertad por sentencia penal en firme no exonera al actor de agotar la acci�n prevista para cuestionar la sentencia penal, ya que se trata de un medio espec�fico frente a decisiones firmes, sujeto a causales legales.

 

108.        Y, en cuanto al auto AEP 097 de 2025 proferido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y allegado por la parte actora el 11 de septiembre de 2025 por considerarlo relevante, la Sala Plena estima que dicha providencia no desvirt�a el an�lisis de subsidiariedad que conduce a concluir la improcedencia de la acci�n de tutela, pues corresponde a un supuesto f�ctico distinto, en el que la propia Fiscal�a modific� la calificaci�n jur�dica y determin�, antes de formular acusaci�n, que no se configuraba un delito continuado.

 

109.        Todo esto, sin perjuicio de considerar que en el caso de la procedencia de tutelas contra decisiones de altas Cortes se exige una argumentaci�n expresa y calificada. Justamente por la condici�n de �rgano de cierre que tiene la Sala de Casaci�n Penal y por la existencia de un remedio extraordinario dise�ado para atacar sentencias amparadas por cosa juzgada, la carga del actor para desvirtuar la idoneidad de la revisi�n es particularmente intensa, misma que se echa de menos en esta oportunidad en lo que respecta a la acreditaci�n del requisito de subsidiariedad.

 

110.        Finalmente, cabe resaltar que lo dicho en esta providencia no constituye prejuzgamiento sobre la prosperidad de la acci�n de revisi�n.

 

111.        Debido a lo anteriormente expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que la acci�n de tutela bajo revisi�n no satisface el requisito de subsidiariedad para habilitar su estudio de fondo, pues queda claro que el accionante cuenta con un mecanismo dentro de la jurisdicci�n ordinaria penal -espec�ficamente, la acci�n de revisi�n conforme la causal prevista en el numeral 2� del art�culo 220 de la Ley 600 de 2000- para plantear la ocurrencia de la prescripci�n de la acci�n penal en el proceso dentro del cual fue condenado. Esta circunstancia torna inoficioso el estudio de los dem�s requisitos generales y especiales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencia judicial, motivo por el cual se confirmar� la decisi�n de segunda instancia que confirm� la de primera instancia.

 

III. DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2025 por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirm� la sentencia del 12 de febrero de 2025 dictada por la Sala de Casaci�n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, por medio de las cuales se declar� la improcedencia de la acci�n de tutela instaurada por el apoderado de Bernardo Moreno Villegas contra la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por las razones expuestas en esta providencia.

 

SEGUNDO. Por Secretar�a General de la Corte Constitucional, L�BRESE la comunicaci�n prevista en el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase,

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

---