Salvamento de voto a la Sentencia No. C-503 93CONSTITUCION POLITICA-Objeto (Salvamento de voto)El objeto de una Constitución es, por regla general, doble: por un lado, organiza y señala los parámetros bajo los cuales se ejerce el poder del Estado y se desarrolla la vida institucional; y, de otro lado, consagra una serie de principios bajo los cuales se deben guiar los diferentes órganos del poder público, reflejándose así una determinada filosofía política.ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO CAPITAL (Salvamento de voto)El término "Alcalde Mayor", obedece a una serie de razones que anteriormente eran de orden legal pero que hoy en día encuentran sustento constitucional, que se predican especial y únicamente del Alcalde de Santafé de Bogotá. El único Alcalde que puede recibir la denominación de "Alcalde Mayor", es el de Santafé de Bogotá, no pudiendo ningún otro mandatario municipal del país, ser objeto de idéntica calificación. La interpretación dada en el pronunciamiento que se cuestiona, implica que todas las normas que de una forma u otra se relacionen con la capital de la Repúlica, resultan igualmente aplicables a las ciudades de Cartagena y Santa Marta, y, por extensión, a otras que adquieran el carácter de distrito. REF: Expediente No. D-291Los suscritos magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, respetuosamente salvan su voto en el asunto de la referencia, por no compartir la decisión de fondo de la Sala Plena de la Corte Constitucional, del día cuatro (4) de noviembre del año en curso, que declaró exequible parcialmente el artículo 1o. de la ley 78 de 1986.Consideran los suscritos Magistrados que la decisión mayoritaria de la Sala, al señalar que los alcaldes de distrito se podrán denominar "alcaldes mayores", desconoce el régimen constitucional y legal que se le ha asignado a la primera autoridad de Santafé de Bogotá y que lo diferencia de las demás autoridades municipales del país. Lo anterior quedó demostrado en la ponencia original presentada por el magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA y que se presenta a continuación, sin perjuicio de que posteriormente se expongan algunas consideraciones respecto del pronunciamiento mayoritario contenido en la Sentencia No. C-503 de 1993.I. El contenido de una Constitución y el valor de la terminología utilizada.Dentro de los planteamientos propios de una teoría constitucional, puede afirmarse que el objeto de una constitución es, por regla general, doble: por una lado, organiza y señala los parámetros bajo los cuales se ejerce el poder del Estado y se desarrolla la vida institucional; y, de otro lado, consagra una serie de principios bajo los cuales se deben guiar los diferentes órganos del poder público, reflejándose así una determinada filosofía política.En cuanto al señalamiento de las reglas que organizan el ejercicio del poder público, le corresponde a la Constitución definir no sólo a los individuos a quienes debe corresponder la toma de decisiones, sino también determinar los procedimientos para designar o elegir a las respectivas autoridades públicas, y la competencia de la cual son investidas.El contenido de una Constitución debe obedecer, naturalmente, a los objetivos ya señalados, esto es, a la fijación de las reglas propias para el ejercicio del poder y los principios que deben determinar el marco de la acción pública. Es así como dentro de la teoría constitucional, se ha establecido que todo Estatuto Fundamental debe constar, principalmente, de dos tipos de normas: las orgánicas y las dogmáticas. Para los efectos de este pronunciamiento, conviene adentrarse en las características de la primera de ellas, es decir, en las normas constitucionales encargadas de la organización del Estado.Toda Carta Política debe contener una serie de disposiciones encargadas de definir al Estado mismo, lo cual incluye la consagración de una determinada forma (unitaria o compuesta), un sistema de gobierno (presidencial, parlamentario o de asamblea), el correspondiente régimen político, la división territorial, las relacionadas con la población, nacionalidad y ciudadanía, las referentes a las ramas del poder público, los mecanismos para la designación y o elección de las autoridades, y las limitaciones y restricciones al ejercicio del poder, entre otras. Cabe agregar que, como es apenas natural, este tipo de normas varían de acuerdo con cada Estado y su respectivo funcionamiento. La organización de todo Estado depende, entonces, de las disposiciones contenidas en la Carta Política. Disposiciones que, por lo demás, deben resultar exactas y precisas, no sólo en cuanto a la naturaleza misma de la función, sino también respecto de las calidades y requisitos que debe cumplir el funcionario encargado de ejercerla. En este punto, resulta pertinente referirse al valor de la terminología en el texto constitucional. Cada palabra, cada término, inclusive cada signo de puntuación que se utilice en la redacción de una norma jurídica debe tener un valor y un sentido. Como indica Scarpeli "el jurista no puede evitar las cuestiones semánticas: las operaciones realizadas por el jurista atañan el lenguaje, y a cada paso debe determinar y forzar significados, conocer, reconocer, construir o reconstruir relaciones semánticas, sintácticas o pragmáticas". Con mucha mayor razón debe atribuirse un valor a los términos utilizados en una Constitución Política; de ahí que sus normas, en lo posible, deben ser precisas e impecables en la utilización de su terminología. No debe haber en un texto constitucional palabras que sobren, ni términos superfluos; el ideal es que sus mandatos se plasmen en fórmulas severas, concisas, caracterizadas además por la elegantia juris. En lo que se refiere a la terminología o a la nomenclatura que la Constitución utilice para designar a los órganos del poder y a sus titulares, la precisión terminológica debe ser particularmente cuidadosa. Resulta erróneo y, por lo demás fuente de serios problemas de interpretación normativa, el que a lo largo del texto constitucional se emplee diferente terminología para referirse a los mismos titulares. Es así, por ejemplo, como la Constitución colombiana denomina "Congreso", y no "parlamento", al órgano legislativo, y "congresistas" a sus integrantes, a los cuales, por consiguiente, no debe llamar "parlamentarios", como ocurre en otras latitudes; de la misma manera, denomina "diputados" a los integrantes de las Asambleas departamentales, las cuales se llaman así y no "dumas", como a veces se denominan en el lenguaje periodístico, y "concejales" -no "ediles"- a los integrantes de los Concejos distritales y municipales; (este término -edil- lo emplea la Constitución de 1991 para denominar a los miembros de Juntas administradoras locales). No es pues al azar que el constituyente conceda una denominación a un determinado cargo; esta denominación debe tener consecuencias jurídicas y políticas, y así sucede, concretamente, en el caso que nos ocupa, con la de "Alcalde Mayor" que el constituyente ha asignado, de manera exclusiva, a la primera autoridad de la capital de la República, es decir al alcalde de Santafé de Bogotá Distrito Capital.II. El régimen municipal y el del Distrito Capital en la Constitución PolíticaDentro de las normas de carácter orgánico contenidas en las diferentes reformas realizadas a la Constitución Política de Colombia, conviene referirse, para los propósitos de este estudio, al régimen jurídico que se le ha dado a los mandatarios municipales y, en particular, al alcalde del Distrito Capital.La Constitución de 1886, en su artículo 200, se refirió al tema en cuestión en los siguientes términos:"La acción administrativa en el Distrito corresponde al Alcalde, funcionario que tiene el doble carácter de agente del Gobernador y mandatario del pueblo".Cabe anotar que esta disposición, en un sentido práctico, no logró que los alcaldes fueran elegidos por los residentes del respectivo municipio, pues realmente esa labor recayó, por muchos años, en los gobernadores de cada uno de los departamentos. Nótese, además, que la disposición en comento no se refirió al alcalde de Santafé de Bogotá, sino que se comprendía un régimen igualitario para todos los alcaldes. Posteriormente, la reforma constitucional de 1910 (art. 65) introdujo cambios fundamentales a la figura del alcalde y, particularmente, se ocupó de la discusión existente relacionada con la doble calidad de éste como agente del gobernador y mandatario del pueblo. Dispuso la norma en mención:"En todo Municipio habrá un Alcalde que ejercerá las funciones de agente del Gobernador y que será jefe de la administración municipal".En la reforma constitucional de 1945, se agregó, en el artículo correspondiente a los municipios, la frase "conforme a las normas que la ley señale". Sin embargo, el gran aporte de este cambio constitucional, fue la introducción de un nuevo régimen para la capital de la República:"Artículo 199 (Inciso 2o. del artículo 1o. del Acto legislativo número 1° de 1945). La ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. La ley podrá agregar otro u otros Municipios circunvecinos al territorio de la capital de la República, siempre que sea solicitada por las tres cuartas partes de los concejales del respectivo Municipio".Sobre los alcances de esta reforma y de las normas posteriores que la desarrollaron, comenta el tratadista Javier Henao Hidrón:"El constituyente de 1945 ordenó a la ley la organización de la ciudad de Bogotá, capital de la República, como un Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario. Regido primero por el decreto legislativo 3640 de 1954 (estatuto orgánico) y, posteriormente, por el Decreto Ley 3133 de 1968, su primera autoridad es el Alcalde Mayor. Así fue denominado por no ser agente el Gobernador de Cundinamarca, departamento del cual Bogotá sigue siendo la capital, sino del Presidente de la República (dependencia jerárquica que subsistió hasta el 1° de junio de 1988, fecha en la cual tomó posesión de su cargo, el primer Alcalde elegido por el voto directo de los ciudadanos del Distrito) y además por tener la función de nombrar y remover libremente a una serie de Alcaldes Menores, encargados del manejo de cada una de las zonas administrativas en que se divide la ciudad. Cabría señalar, de igual modo, que ejerce no solamente las atribuciones ordinarias que corresponden a los Alcaldes, sino en lo pertinente aquellas que la Constitución y las leyes confieren a los Gobernadores". (negrillas fuera del texto original).El régimen anteriormente señalado, en términos generales, mantuvo su vigencia hasta el año de 1986, fecha en la cual, por medio del Acto Legislativo No. 1 de ese año, se modificó radicalmente el carácter de agentes de los gobernadores que tenían los alcaldes municipales y de agente del Presidente de la República, para el caso del primer mandatario del Distrito Especial. En efecto, el mencionado acto legislativo estableció que todos los ciudadanos elegirán directamente, además del Presidente, los Congresistas, los Diputados y los Concejales, a los Alcaldes. A renglón seguido, se dispuso:"En todo municipio habrá un Alcalde que será Jefe de la Administración Municipal".Nótese, entonces, cómo con la elección popular de alcaldes, éstos dejaron de ser agentes de los respectivos gobernadores -o del Presidente de la República, para el caso de Bogotá-, pudiendo solamente éstos funcionarios suspenderlos o destituirlos en los casos que establezca la ley. Así, los alcaldes pasaron a ser verdaderos representantes y mandatarios del pueblo, comprometidos con un programa político, económico y social que, dentro de un esquemas de participación democrática, permite una mejor toma de decisiones y un mayor acercamiento entre los residentes de un determinado municipio y las autoridades encargadas de velar por el bienestar y desarrollo de la comunidad.Finalmente, cabe señalar que, dentro las más importantes reformas que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 introdujo a la Constitución Nacional, se encuentran las atenientes al régimen municipal; pues se concibió al municipio como la "entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado" (art. 311 C.P.) Adicionalmente, debe agregarse que el Constituyente quiso expresamente establecer un régimen especial para Santafé de Bogotá. De las diversas ponencias presentadas en la Asamblea, resulta pertinente citar la intervención del delegatario Jaime Castro, quien, en relación con el marco jurídico que se le debería aplicar a las autoridades de la capital de la República, manifestó:"Las autoridades del Distrito (Alcalde Mayor y Gran Concejo) y la de las 'ciudades' o 'municipios' que se organicen (alcaldes y concejos locales) serán elegidas popularmente para períodos uniformes de tres años. Así en las elecciones distritales, el ciudadano podrá sufragar por los candidatos de su preferencia para la alcaldía y concejos distritales y para la alcaldía y el concejo del 'municipio' en que resida. Esta última condición es importante pues se debe prohibir y sancionar el trasteo de votos entre una 'ciudad' y otra".Posteriormente, al referirse al proyecto de articulado, el mismo delegatario presentó la siguiente propuesta:"Artículo.- La ley organizará la ciudad de Bogotá como Distrito Capital y determinará su régimen fiscal y administrativo. También dividirá su territorio en localidades, de acuerdo con las características sociales y económicas de cada una de ellas, y les asignará funciones."El Concejo Distrital estará integrado por el número de miembros que determine la ley y por los presidentes de los concejos locales. Los alcaldes y los concejales locales serán elegidos por los ciudadanos residentes en la respectiva localidad. La elección de Alcalde Mayor, de alcaldes locales y de concejales distritales y locales se hará en un mismo días para períodos de tres años."En los casos taxativamente establecidos por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor y éste a los alcaldes locales". (negrillas fuera de texto original).Por su parte, los delegatarios Carlos Holmes Trujillo y Héctor Pineda, en la ponencia para el articulado del proyecto sobre municipios, propusieron, en relación con el alcalde, el siguiente artículo:"En cada municipio habrá un Alcalde que será jefe de la Administración Municipal y agente del Estado, elegido popularmente para períodos de cuatro (4) años y ninguno podrá ser reelegido para el período siguiente. La ley de Ordenamiento Territorial determinará lo relativo a la suspensión o destitución de los Alcaldes, las calidades, inhabilidades e incompatibilidades, fecha de posesión, faltas absolutas o temporales y formas de llenarlas y las demás disposiciones necesarias para su elección y el normal desempeño de sus cargos". (negrilla fuera de texto original)La Constitución Política, como ya se ha manifestado, introdujo profundos cambios al régimen municipal, con el fin de que el municipio adquiera un papel fundamental, como célula vital dentro del desarrollo político, económico y social del Estado. La posibilidad de que los ciudadanos residentes en el respectivo municipio, incluyendo los extranjeros, puedan participar en la elección de las autoridades y en la toma de las decisiones locales, así como la introducción del voto programático, de la revocatoria del mandato, y de la facultad de establecer comunas o corregimientos regidos por una junta administradora de elección popular (art. 318 C.P.), han logrado imprimirle al municipio colombiano un nuevo carácter democrático y participativo, que permite al ciudadano tener un mayor contacto con los mandatarios locales y un mejor conocimiento de los asuntos que le conciernen. De igual forma, el Estatuto Superior le ha garantizado a esta entidad político-administrativa, la posibilidad de contar con los recursos económicos que le permitan asumir serie de responsabilidades sociales, como es el caso de la prestación de los servicios públicos que les asigne la ley (arts. 317, 356 y 357 C.P., entre otros).Por otra parte, la Carta Política le ha asignado un tratamiento especial al Distrito Capital de Santafé de Bogotá., defiriendo a una ley, también de carácter especial, la definición de su régimen político, fiscal y administrativo, que le será aplicable junto con las demás disposiciones vigentes para los municipios (art. 322 C.P.). Así, el artículo transitorio 41 de la Constitución, facultó al gobierno para expedir el régimen especial del Distrito Capital en caso de que el Congreso, después de los dos siguientes años a la fecha de promulgación del Estatuto Superior, no hubiere dictado la ley especial el mención. Ello se hizo, mediante el decreto 1421 de julio 21 de 1993.Dentro de este contexto, no puede desconocerse el régimen aplicable en relación con el Alcalde Mayor y los mandatarios de las localidades de la capital de la República. Al respecto, dispone el artículo 323 superior:"El concejo distrital se compondrá de un concejal por cada ciento cincuenta mil habitantes o fracción mayor de setenta y cinco mil que tenga su territorio."En cada una de las localidades habrá una junta administradora, elegida popularmente para períodos de tres años. Los alcaldes locales serán designados por el Alcalde Mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora."En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá destituirá al Alcalde Mayor". (negrillas fuera de texto original)Puede observarse, entonces, que el Constituyente definió claramente algunas diferencias entre el Alcalde Mayor de Bogotá y los alcaldes municipales. Dentro de las más relevantes, debe destacarse el hecho de que únicamente el Presidente de la República puede suspender o destituir al alcalde del Distrito Capital, mientras que, para el caso de los demás mandatarios municipales, esa facultad le asiste tanto al Presidente como a los Gobernadores (art. 314 Constitución Política). Además, cabe recordar que Santafé de Bogotá es la única ciudad de Colombia que, por mandato directo de la Constitución cuenta con "localidades", división geográfico-administrativa que corresponde a las anteriormente denominadas "alcaldías menores", según se desprende del mandato contenido en el inciso tercero del artículo 322 superior, que faculta al Concejo de Bogotá, previa iniciativa del alcalde, para dividir el "territorio distrital en localidades", de acuerdo con los términos que establezca la ley. Igualmente, reiteramos, el inciso tercero del artículo 323 de la Carta, establece que los alcaldes locales "serán designados por el Alcalde Mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora".Las anteriores consideraciones permiten concluir que la designación de Alcalde Mayor para el mandatario del Distrito Capital, obedece a razones de tipo jurídico y político, toda vez que se trata del alcalde de la capital de la República -lo que de por sí justifica una primera diferenciación- que tradicionalmente se le han asignado las mismas atribuciones y el mismo status que a los Gobernadores y que, por tanto, goza de unas prerrogativas especiales como es el hecho de que solamente el Presidente de la República sea el funcionario autorizado constitucionalmente para suspenderlo o destituirlo.III. El inciso tercero del artículo 1o. de la ley 78 de 1986El inciso tercero del artículo 1o. de la ley referida, establece que los alcaldes de distritos y de capitales de departamentos, intendencias y comisarías, se denominarán "Alcaldes Mayores". En primer lugar, cabe recordar que el artículo 309 constitucional, erigió en departamento a las intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al igual que a las comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, señalando, además, que "Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos departamentos". En consecuencia, prima facie podría concluirse que la denominación de "Alcalde Mayor" resulta aplicable a todos los mandatarios de las capitales de departamento y al del Distrito Capital.Sin embargo, en este pronunciamiento se ha establecido el valor jurídico y político que se le debe reconocer a la terminología constitucional, pues es, en últimas, la claridad de los términos, de las palabras y aun de la puntuación, lo que definirá no sólo el alcance de los derechos y los deberes propios de todo ciudadano, sino también el funcionamiento de las instituciones del Estado y la responsabilidad de los funcionarios encargados de prestar un servicio público.Se ha podido determinar que el término "Alcalde Mayor", obedece a una serie de razones que anteriormente eran de orden legal pero que hoy en día encuentran sustento constitucional, que se predican especial y únicamente del Alcalde de Santafé de Bogotá. La Carta Política es suficientemente clara al señalar que en todo municipio "habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio(...)" (art. 341 C.P.), sin darle a estos funcionarios una calidad, tratamiento o denominación especial. A contrario sensu, la misma Constitución determina, dentro de un régimen especial, que el alcalde de la capital de la República, organizada como Distrito Capital, se denominará "Alcalde Mayor", lo cual implica una serie de consecuencias jurídicas que ya han sido señaladas. Las anteriores consideraciones obligan a concluir que el único Alcalde que puede recibir la denominación de "Alcalde Mayor", es el de Santafé de Bogotá, no pudiendo ningún otro mandatario municipal del país, ser objeto de idéntica calificación. En consecuencia, la totalidad del inciso tercero del artículo o. de la ley 78 de 1986, resulta contrario a los mandatos constitucionales mencionados.IV. La decisión mayoritariaLa decisión mayoritaria plasmada en la Sentencia C-503 de 1993 se sustenta en una interpretación, a nuestro juicio equivocada, del artículo 328 de la Carta Política, que dispone que "el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Distrito Turístico, Cultural y Económico de Santa Marta conservaran su régimen y carácter" (Negrillas fuera del texto original). La interpretación excesivamente amplia que la mayoría de la Corporación ha dado a este artículo, la conduce a afirmar que "el régimen constitucional que regula a Santafé de Bogotá D.C., es seguramente aplicable con arreglo a las prescripciones especiales que establezca la ley a los Distritos de Santa Marta y Cartagena". Y siguiendo dentro de ésta línea interpretativa se sostiene en la providencia que al señalarse en el Decreto 3133 de 1968 y en el artículo 323 de la Constitución Política que el alcalde del Distrito Capital de Santafé de Bogotá se denominará "alcalde mayor" entonces, concluye la mayoría, "no cabe duda de que también los alcaldes de Cartagena y Santa Marta tienen el carácter de alcaldes mayores".En otras palabras, lo que se está sosteniendo en la providencia de la cual nos apartamos, es que el régimen, no solo administrativo y financiero -que es al que se refiere la Carta Política en su artículo 328-, sino también político, y hasta jerárquico, de la ciudad capital de la República, es exactamente el mismo que el de esas dos ilustres ciudades, capitales de departamento.Por cierto que esta interpretación, aunque de momento se pretenda aplicar tan sólo a Cartagena y Santa Marta, forzosamente habrá de cubrir a todas las demás ciudades y poblaciones que, en virtud de la autorización contenida en el artículo 319 superior, se conviertan en distritos, como, por lo demás ya sucedido con la ciudad de Barranquilla y como, al parecer, pronto habrá de suceder con otras como Girardot, Honda, Barrancabermeja, Popayán o Cúcuta.Los suscritos Magistrados no comparten, pues, las anteriores consideraciones, no solo porque, como se estableció, existen razones de orden tanto constitucional como histórico y político, que justifican plenamente que el alclade la capital de la República, y más aún tratándose de un "Distrito Capital", sea el único del país que pueda catalogarse como "Alcalde Mayor", sino porque la interpretación dada en el pronunciamiento que se cuestiona, implica que todas las normas que de una forma u otra se relacionen con la capital de la República, resultan igualmente aplicables a las ciudades de Cartagena y Santa Marta, y, por extensión, a otras que adquieran el carácter de distrito. De ser ello así, se llegaría al absurdo de sustentar, jurídicamente, que el Artículo 41 Transitorio de la Carta Política podría ser utilizado analógicamente en favor de los distritos de Santa Marta y Cartagena, y, por tanto, sería obligación del Gobierno Nacional expedir el correspondiente estatuto especial.Pero, adicionalmente, no puede olvidarse que en la actualidad el Congreso de la República tramita diversos proyectos de actos legislativos tendientes a convertir a distintas ciudades del país, incluyendo algunas de menor categoría dentro del régimen municipal, en distritos. Y como en dichos actos legislativos se puede establecer que a esas ciudades opoblaciones se les aplicará también el régimen especial que gobierna a la capital de la República, entonces se llegará a que todos los respectivos mandatarios locales adquieran el carácter de "alcaldes mayores", sin ninguna razón histórica, política o constitucional.Consideran los suscritos magistrados, que cuando el legislador y el Constituyente quisieron que ciudades como Cartagena y Santa Marta recibieran el mismo tratamiento jurídico que Santafé de Bogotá, ello se relacionaba con el aspecto administrativo y fiscal de la capital, pero no podía llegarse al extremo de que los alcaldes de esas ciudades pudieran tener exactamente el mismo status y denominación que el de la capital de la República. Lo anterior equivale a que si una norma establece, por ejemplo, que a una determinada entidad se le aplicará "el régimen previsto para la Nación", entonces los funcionarios de ese ente jurídico recibirán también el calificativo correspondiente, pudiéndose llamar, así: "ministros", "directores" o "gerentes", según el caso. Desconocer las razones jurídicas, políticas e históricas que justifican que el alcalde de Santafé de Bogotá sea el único "Alcalde Mayor" del país, en aras de una interpretación en extremo forzada del espíritu del Constituyente, implica contribuir a la desorganización político-administrativa por la que atraviesa el Estado colombiano, ya que ahora no solo se establecerá una nueva categoría de municipios, distinta de la que consagra la ley, sino que aparecerán nuevas entidades territoriales con mayores atribuciones que las capitales de departamento, y con unos mandatarios que, sin justificación constitucional alguna, se podrán llamar "alcaldes mayores".Fecha ut supra.VLADIMIRO NARANJO MESAMagistradoJORGE ARANGO MEJIAMagistradoJOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDOMagistrado ---pies de página--- U. Scarpeli "SEMANTICA JURIDICA", en novísimo digesto italiano, T. XVI, 1969, P.
994. HENAO HIDRON Javier. EL PODER MUNICIPAL Santafé de Bogotá; Biblioteca Jurídica Dike; 1993, 5a. edición, pág.
67. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. GACETA CONSTITUCIONAL. 8 de abril de 1991; No. 40; págs 14 y
15. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. GACETA CONSTITUCIONAL23 de Mayo de 1991; No. 80; pág. 3.