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C-464/14
Aclaración de votoSentencia de Constitucionalidad C-464/149 de julio de 2014

Aclaración de voto

MagistradoJorge Iván Palacio Palacio

Tema de la sentencia: Delito De Explotacion De Menores De Edad

Texto oficial — relatoría de la Corte ConstitucionalN1 · dato duro · reproducción fiel del voto publicado

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO A LA SENTENCIA C-464 14EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS EN MATERIA DE DIGNIDAD HUMANA Y JUSTICIA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Mendicidad y criminalización de la pobreza (Aclaración de voto)DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Principios de igualdad, legalidad, debido proceso y especial protección a niños y niñas (Aclaración de voto) DELITO DE TRATA DE PERSONAS-No se puede penalizar la mendicidad propia o en compañía de algún familiar (Aclaración de voto) DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Debe reprimirse severamente la instrumentalización de menores de edad como parte de una cadena de explotación (Aclaración de voto)EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD-No toda mendicidad familiar configura el delito de trata de personas (Aclaración de voto)EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS-Conductas diferentes (Aclaración de voto) EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS-En caso de concurrencia pueden analizarse bajo la teoría del concurso de hechos punibles y varios principios interpretativos a fin de aplicar una pena acorde con la gravedad de cada situación en concreto (Aclaración de voto) EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS-Competencia del juez penal (Aclaración de voto)EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS-Prohibición o penalización de la mendicidad propia o en compañía de menores atenta contra los principios de dignidad humana, justicia material y principios penales de última ratio y mínima intervención (Aclaración de voto)Referencia: Expediente D-9972Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, "Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad".Magistrado Ponente:ALBERTO ROJAS RÍOSCon el respeto que merecen las decisiones de esta Corporación, me permito manifestar mi aclaración de voto en relación con lo decidido por la Sala Plena en el asunto de la referencia.Si bien estoy de acuerdo con la declaratoria de exequibilidad condicionada por los cargos analizados en la presente sentencia, considero necesario hacer algunas precisiones acerca del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 que tipifica la explotación de menores de edad en relación con el delito de trata de personas (artículos 188-A y 188-B del Código Penal) que ha suscitado un importante debate sobre dos asuntos altamente sensibles en materia de dignidad humana y justicia en un Estado Social de Derecho, como son la mendicidad y la criminalización de la pobreza.En primera medida considero que el examen de constitucionalidad en el presente asunto no ha debido tener como fundamento el artículo 188-A del Código Penal (delito de trata de personas), sino los principios de igualdad, legalidad (art. 1, 13), debido proceso (art. 29), así como la especial protección que nuestra Constitución Política le otorga a los niños y niñas (art. 44). A pesar de este reparo, comparto la ponencia en tanto entiende que no se puede penalizar la mendicidad propia o en compañía de algún familiar, como ha sido finalmente decidido. Ahora bien, lo que sí debe reprimirse severamente es la instrumentalización de menores de edad como parte de una cadena de explotación y de trata de personas.Por otra parte, creo que ha debido precisarse que no toda explotación de menores, incluida por ejemplo, la mendicidad familiar con fines de explotación, configura el delito de trata de personas que solo tiene lugar cuando concurren las acciones que se advierten en los verbos rectores de este tipo penal como son captar, trasladar, acoger o recibir personas con fines de explotación y como parte de una organización criminal.Es por esta razón que la Corte, en el análisis del caso sub examine, ha considerado pertinente establecer claramente que la mendicidad propia, ejercida de manera personal y autónoma por sujetos en estado de debilidad manifiesta, no es sancionable por un Estado Social de Derecho incapaz de proveer a todos sus ciudadanos condiciones mínimas de subsistencia digna. En ese sentido, la interpretación constitucional correcta únicamente admite proscribir la utilización o instrumentalización de menores de edad para la mendicidad, no la mendicidad propiamente dicha, la cual puede ser ejercida autónomamente o en presencia de menores, sin que con ello estén actuando con la intención final de explotar económicamente a estos últimosAsí las cosas, la Corte ha entendido que el delito de explotación de menores y otros semejantes, por ejemplo la trata, son conductas diferentes que, en caso de concurrencia, pueden analizarse bajo la teoría del concurso de hechos punibles y de varios principios interpretativos a fin de aplicar una pena acorde con la gravedad de cada situación en concreto. En este sentido, la ponencia acierta en aclarar que corresponderá al juez penal, de acuerdo con las particularidades de cada caso, encuadrar las conductas en el tipo penal correspondiente.Son muchas las ocasiones en que esta Corte ha protegido a personas en situaciones de vulnerabilidad, indigencia y a habitantes de calle, y en este sentido, no ha dudado en considerar que la mendicidad propia, representa una realidad de profunda desigualdad en la cual personas desfavorecidas en la repartición de recursos económicos o marginados de la participación política y ciudadana, se ven obligados a mendigar como único medio de subsistencia, sin que por ello exista una infracción a la Constitución, a las leyes vigentes o a terceros por obrar de esa manera.En conclusión, he apoyado la decisión mayoritaria en la medida en que considero que prohibir, o incluso peor, penalizar la mendicidad propia o en compañía de menores, sin analizar las evidentes condiciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema de muchos colombianos, constituye un atentado contra el espíritu que inspiró a la Constitución de 1991, así como los principios de dignidad humana, justicia material y los principios penales de última ratio y mínima intervención.Fecha ut supra,JORGE IVAN PALACIO PALACIOMagistrado