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TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia C-369/25

 

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad y suficiencia en los cargos

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos m�nimos

 

La exigencia de unas �condiciones argumentativas m�nimas� para activar la competencia de este Tribunal, cristaliza al menos dos finalidades del proceso constitucional. Por un lado, concreta el derecho de los intervinientes a participar en las decisiones que los afectan, puesto que -desde el principio- se delimita la materia alrededor de la cual tendr� lugar la discusi�n constitucional favoreciendo as� la calidad del di�logo p�blico que la demanda propone. Por el otro, la Corte ha considerado que la correcta precisi�n del debate a partir del cumplimiento de tales requerimientos, favorece una reflexi�n calificada que permite superar las dificultades asociadas a la interpretaci�n constitucional.

 

CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, espec�ficas, pertinentes y suficientes

 

(...) cada una de las condiciones m�nimas que debe cumplir el concepto de violaci�n tienen como prop�sito asegurar un debate constitucional adecuado y cumplen funciones diferentes: (i) la claridad hace posible un di�logo p�blico; (ii) la certeza permite identificar un objeto real susceptible de ser sometido a control; y (iii) la pertinencia, la especificidad y la suficiencia delimitan la controversia en un sentido constitucional.

 

PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento de requisitos argumentativos m�nimos

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos carecen de certeza porque se estructuran a partir de una interpretaci�n subjetiva

 

La Sala Plena encuentra que la demanda no parti� del contenido vigente, real y existente del art�culo 17 acusado, porque en primer lugar no corresponde al contenido literal de la disposici�n acusada que expresamente excluye del �mbito del monitoreo del espectro electromagn�tico la interceptaci�n de comunicaciones. De hecho, una lectura integral del inciso demandado permite comprender que, en el ordenamiento estatutario colombiano, el monitoreo del espectro electromagn�tico es diferente de la interceptaci�n de comunicaciones. En segundo lugar, las personas demandantes ten�an la carga de considerar no solo el texto legal de la disposici�n acusada, sino el alcance fijado por la Corte. Esto es particularmente relevante si se tiene en consideraci�n que la Ley 1621 de 2013 es una norma estatutaria que fue objeto de un control previo y autom�tico por parte de este Tribunal.

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargo desconoce alcance que la Corte Constitucional le dio a la norma acusada

 

Al contrastar los argumentos de la demanda con el alcance que la Corte Constitucional le dio a la norma acusada, la Sala Plena concluye que los reproches de inconstitucionalidad no se construyeron a partir del contenido normativo de la disposici�n acusada, ni de la interpretaci�n, ni del alcance que le otorg� este Tribunal. Por el contrario, las y los actores omitieron plantear el cargo con observancia precisa de la definici�n y las distinciones expresas contenidas en la Sentencia C-540 de 2012. Dicho de otra forma, para esta Corporaci�n, una lectura sistem�tica de la Sentencia C-540 de 2012, que delimit� el monitoreo como actividad impersonal y no un seguimiento individualizado, y la sentencia correspondiente al caso Miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados Jos� Alvear Restrepo vs. Colombia, exig�a demostrar c�mo el est�ndar interamericano impactaba directamente la interpretaci�n vigente de la norma. Este limitado contraste en la revisi�n del alcance otorgado por el int�rprete autorizado de la Constituci�n Pol�tica de Colombia, dio lugar a que la demanda concluyera que el art�culo 17 (parcial) resultaba incompatible con las normas superiores. Tal omisi�n evidencia que el cargo se edific� a partir de la interpretaci�n parcial e incompleta de la norma legal demandada

 

 

 

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

SENTENCIA C-369 DE 2025

 

Referencia: expediente D-16216

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 17 (parcial) y 33 (parcial) de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 �[p]or medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jur�dico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misi�n constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones�

 

Accionantes: Ana Bejarano Ricaurte, Silvia Juliana Santos Sarmiento, Emmanuel Vargas Penagos, Laura Marcela Urrego Aguilera, Pablo Ceballos Navas y Mart�n Sim�n Castro Londo�o

 

Magistrado sustanciador:

Jos� Fernando Reyes Cuartas

 

Bogot�, D.C. tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una vez cumplidos los requisitos y tr�mites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente sentencia

 

 

S�ntesis de la decisi�n

 

Las personas demandantes pidieron a la Corte declarar inconstitucionales algunos apartes de los art�culos 17 y 33 de la Ley 1621 de 2013 y, de forma alternativa, que se estableciera que el monitoreo del espectro electromagn�tico tambi�n afecta la vida privada y deber�a requerir control judicial.

 

Argumentaron que, aunque esa ley ya hab�a sido revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-540 de 2012, surgieron nuevos est�ndares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), especialmente en la sentencia del 18 de octubre de 2023, sobre el caso de la Corporaci�n Colectivo de Abogados �Jos� Alvear Restrepo� vs. Colombia que justificaban un nuevo pronunciamiento de la Corte. Seg�n la demanda, estas normas afectan derechos como la vida privada, la libertad de expresi�n y el acceso a la informaci�n, y por lo tanto se necesita mayor protecci�n.

 

El primer cargo en contra del art�culo 17 (parcial) se�alaba que el monitoreo del espectro electromagn�tico implica recolectar datos personales, lo que afecta la privacidad y debe estar bajo control judicial. Aunque antes la Corte hab�a dicho que era una labor de rastreo general, la Corte IDH consider� que se trataba de una forma de interceptaci�n de comunicaciones y debe ser limitada y autorizada judicialmente.

 

El segundo cargo formulado en contra del art�culo 33 (parcial), indicaba que la norma reserva toda la informaci�n de inteligencia y contrainteligencia, sin importar su contenido, y no es clara sobre qu� es �seguridad y defensa nacional�. Las personas demandantes consideran que la restricci�n de acceso a esta informaci�n no est� justificada y debe aplicarse el principio de m�xima publicidad, permitiendo el acceso a quienes lo soliciten.

 

La Corte Constitucional, previo a entrar al fondo del asunto, analiz� si la demanda cumpl�a con los requisitos m�nimos para ser estudiada de fondo. Respecto al art�culo 17 de la Ley 1621 de 2013, concluy� que el cargo de inconstitucionalidad no cumpli� con los m�nimos de certeza, especificidad y suficiencia, en tanto que no parti� del contenido real y vigente de la norma, ni del alcance e interpretaci�n dado en la Sentencia C-540 de 2012. En contraste, los demandantes se fundamentaron en interpretaciones supuestas. En adici�n a ello, no demostraron c�mo los est�ndares de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en el caso de la Corporaci�n Colectivo de Abogados �Jos� Alvear Restrepo� vs. Colombia- impactaban directamente la norma acusada originando una contradicci�n espec�fica con la Carta Pol�tica.

 

En cuanto al art�culo 33 acusado, este Tribunal se�al� que la demanda no cumpli� con los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia, en la medida en que no evidenci� una contradicci�n concreta entre la disposici�n parcialmente acusada y la Constituci�n. Tampoco confront� los par�metros estrictos fijados en la Sentencia C-540 de 2012 sobre las limitaciones al acceso a la informaci�n ni los pronunciamientos posteriores de la Corte contenidos en las sentencias C-274 de 2013 y C-951 de 2014. Los argumentos presentados fueron generales y no generaron una duda m�nima de inconstitucionalidad.

 

En s�ntesis, la Corte concluy� que las personas demandantes no demostraron de manera concreta c�mo los est�ndares interamericanos adoptados en el caso Caso miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados �Jos� Alvear Restrepo� vs. Colombia resultaban incompatibles con la interpretaci�n vigente de los art�culos demandados, por lo que la demanda carec�a de certeza, especificidad y suficiencia para activar un juicio de fondo.

 

I.           ANTECEDENTES

 

1.   Las personas demandantes acusaron los art�culos 17 (parcial) y 33 (parcial) de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 �[p]or medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jur�dico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misi�n constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones�. En Auto de 15 de noviembre de 2024 la demanda fue admitida, disponiendo (i) comunicar la iniciaci�n del asunto^[1], (ii) oficiar a distintas entidades para que remitieran a la Corte los protocolos bajo los cuales se adelantan las actividades de monitoreo del espectro electromagn�tico y se determina la reserva de la informaci�n[2]; (iii) fijar en lista el asunto para la intervenci�n ciudadana y correr traslado a la Procuradur�a General de la Naci�n, adem�s de (iv) invitar a expresar su opini�n a entidades p�blicas y privadas, as� como a la academia^[3].

 

II.               LAS NORMAS ACUSADAS Y LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

 

2.   Las disposiciones acusadas se destacan en los art�culos que se transcriben a continuaci�n:

 

LEY ESTATUTARIA 1621 DE 2013

(Abril 17)

 

Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jur�dico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misi�n constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones�

 

EL CONGRESO DE LA REP�BLICA

DECRETA:

 

Art�culo 17. Monitoreo del Espectro Electromagn�tico e Interceptaciones de Comunicaciones Privadas. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagn�tico debidamente incorporadas dentro de �rdenes de operaciones o misiones de trabajo. La informaci�n recolectada en el marco del monitoreo del espectro electromagn�tico en ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley, deber� ser destruida y no podr� ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. El monitoreo no constituye interceptaci�n de comunicaciones. La interceptaci�n de conversaciones privadas telef�nicas m�viles o fijas, as� como de las comunicaciones privadas de datos, deber�n someterse a los requisitos establecidos en el art�culo 15 de la Constituci�n y el C�digo de Procedimiento Penal y s�lo podr�n llevarse a cabo en el marco de proce�dimientos judiciales.

 

Art�culo 33. Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia sus documentos, informaci�n y elementos t�cnicos estar�n amparados por la reserva legal por un t�rmino m�ximo de treinta (30) a�os contados a partir de la recolecci�n de la informaci�n y tendr�n car�cter de informaci�n reservada.

 

Excepcionalmente y en casos espec�ficos, por recomendaci�n de cualquier organismo que lleve a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, el Presidente de la Rep�blica podr� acoger la recomendaci�n de extender la reserva por quince (15) a�os m�s, cuando su difusi�n suponga una amenaza grave interna o externa contra la seguridad o la defensa nacional, se trate de informaci�n que ponga en riesgo las relaciones internacionales, est� relacionada con grupos armados al margen de la ley, o atente contra la integridad personal de los agentes o las fuentes (�).

 

3.   Previo a formular los cargos de inconstitucionalidad, las y los ciudadanos justificaron la inexistencia de cosa juzgada en el caso bajo estudio. En esa direcci�n, se�alaron que los apartados normativos acusados fueron objeto de control de constitucionalidad previo en la Sentencia C-540 de 2012[4], que los declar� exequibles. Por esta raz�n, en principio, podr�a concluirse que respecto de los art�culos 17 y 33 demandados existi� una revisi�n integral. Sin embargo, explicaron que esta Corte, de manera excepcional, ha activado su competencia para adelantar una nueva revisi�n de disposiciones de rango estatutario cuando �se presenta una modificaci�n posterior de la Constituci�n o de la conformaci�n de las normas que integran el bloque de constitucionalidad�[5]. Aseguraron que, en este evento, t�cnicamente, no existe cosa juzgada constitucional �porque el par�metro de comparaci�n es distinto, lo que permite adelantar un nuevo juicio sobre dichas materias�[6].

 

4.   Seg�n la demanda, en este caso la Corte Constitucional est� habilitada para estudiar los apartados demandados porque se est� en el escenario de inconstitucionalidad sobreviniente, dado que el par�metro de constitucionalidad evolucion� en su interpretaci�n[7] a partir de la sentencia del 18 de octubre de 2023 en el Caso miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados �Jos� Alvear Restrepo� vs. Colombia[8] de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[9]. Para las y los ciudadanos las normas acusadas no se ajustan a los est�ndares interamericanos actuales en materia de vigilancia de comunicaciones a gran escala y de reserva de informaci�n de organismos de inteligencia y contrainteligencia[10]. En este punto, acotaron que �cualquier disposici�n que resulte contraria a (�) los recientes desarrollos sobre su interpretaci�n es (�) contraria a la Constituci�n y deber� ser declarada inconstitucional�[11].

 

5.   Para las y los actores, la decisi�n de la Corte IDH -como int�rprete autorizado de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos (CADH)- se constituye en un criterio interpretativo que debe ser tenido en cuenta al momento de revisar la constitucionalidad de las leyes[12]. En ese contexto, consideraron que ahora existe un nuevo criterio interpretativo que le otorg� un mayor grado de protecci�n al derecho a la vida privada y a la libertad de pensamiento y expresi�n[13], lo cual �inhibe la existencia de la cosa juzgada constitucional y convoca a la Corte Constitucional a revisar nuevamente las normas acusadas respecto del nuevo par�metro de comparaci�n�[14].

 

6.   La demanda explic� el cambio que hubo en la interpretaci�n sobre el alcance de las normas acusadas a partir de la ratio decidendi[15] de la sentencia del 18 de octubre de 2023 en el Caso miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados �Jos� Alvear Restrepo� vs. Colombia. Para ello present� varios argumentos.

 

7.   En relaci�n con el art�culo 17 de la Ley 1621 de 2013, la Sentencia C-540 de 2012 consider� que el monitoreo del espectro electromagn�tico no requer�a orden judicial en la medida que no involucraba un seguimiento individual. Por lo que distingui� entre el monitoreo del espectro electromagn�tico, entendido como �la actividad impersonal y abstracta� de �los actos propios de una investigaci�n penal que es individual y concreta, y que parte de una notitia criminis (dentro de una indagaci�n preliminar), que busca recaudar los elementos probatorios para la identificaci�n de los autores de una conducta punible, que se desenvolver� en el marco de un proceso penal�[16]. Por su parte, la Corte IDH plante� que la utilizaci�n de las t�cnicas de vigilancia de las comunicaciones, ya sea selectiva o a gran escala -lo que incluye el monitoreo del espectro electromagn�tico- exige siempre control judicial[17].

 

8.   Respecto del art�culo 33 de la Ley 1621 de 2013, las y los demandantes refirieron que en la sentencia C-540 de 2012, la Corte se�al� que el legislador puede establecer l�mites al derecho de acceso a la informaci�n. Entonces, la ampliaci�n del plazo de la reserva de la informaci�n es constitucionalmente v�lida si persigue intereses como la seguridad y la defensa nacionales, lo que implica acreditar que la reserva es indispensable para evitar que se afecten dichos intereses. No obstante, la reserva debe ser temporal y el plazo debe ser razonable y proporcional a los bienes jur�dicos constitucionales protegidos[18]. La Corte IDH estableci� mayores garant�as, porque sostuvo que la reserva de la informaci�n de inteligencia �debe ser, en la mayor medida posible, clara y precisa, en el sentido de detallar qu� tipo de informaci�n o documentos se consideran reservados y cu�l es el l�mite temporal para la reserva�[19]. Adem�s, en cuanto a la calificaci�n de reservados, la Corte IDH se�al� que �no resulta compatible con los est�ndares interamericanos establecer que un documento es reservado solo por el hecho de pertenecer a un organismo de inteligencia y no con base en su contenido�[20].

 

9.   Con base en lo anterior, formularon cuatro cargos de inconstitucionalidad que, por la similitud de los argumentos, se agruparon en dos: los cargos formulados contra los art�culos 17 (parcial) que corresponden a los cargos primero y tercero, y 33 (parcial) que en la demanda se identifican como los cargos segundo y cuarto:

 

10.   Cargo primero: el art�culo 17 (parcial) de la Ley 1621 de 2013 infringe los art�culos 2, 11 y 13 de la CADH y 15 y 20 de la Constituci�n. Seg�n las y los ciudadanos las actividades de monitoreo del espectro electromagn�tico, conforme a la Ley 1621 de 2013, no est�n condicionadas a la expedici�n de una orden judicial. Sin embargo, en el Caso miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados �Jos� Alvear Restrepo� vs. Colombia, la Corte IDH[21] estableci� que las actividades de inteligencia utilizan t�cnicas de vigilancia a gran escala que permiten el acceso a informaci�n sensible, por lo que deben estar delimitadas en cuanto a exigencias, requisitos y controles porque implican una injerencia en m�ltiples derechos, principalmente en la vida privada y la libertad de pensamiento y expresi�n[22].

 

11.   La demanda se�al� que para la Corte IDH, estas actividades de monitoreo tienden a recolectar informaci�n que incluye datos personales (ya sea por tel�fono, por correspondencia o por correo electr�nico, entre otras herramientas de las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones, o el allanamiento al domicilio, lugar de trabajo u otro local privado) por lo que deben contar con autorizaci�n judicial que defina los l�mites que se imponen, incluidos el modo, tiempo y alcances de la medida autorizada[23].

 

12.   La postura de la Corte Constitucional de que el monitoreo del espectro electromagn�tico[24] no implica una interceptaci�n de comunicaciones resulta contraria a los est�ndares interamericanos[25], porque dicha actividad es una forma de interceptaci�n de actividades �por cuanto sus ondas radioel�ctricas portan diversos mensajes tanto sonoros como visuales, las cuales deben entenderse como privadas por producirse entre ciudadanos�[26]. En consecuencia, debe ejecutarse de forma restringida y precedida de una orden judicial[27].

 

13.   De lo anterior, la parte actora deriv� que la hip�tesis de que el monitoreo del espectro electromagn�tico no refiere a interceptaci�n judicial se encuentra en contra de los est�ndares internacionales al no prever un control judicial efectivo sobre una actividad que constituye vigilancia a gran escala de comunicaciones.

 

14.   Cargo segundo: el art�culo 33 (parcial) de la Ley 1621 de 2013 vulnera los art�culos 2, 11 y 13 de la CADH y 15 y 20 de la Constituci�n. La demanda explic� que la Corte IDH, en desarrollo del derecho a la autodeterminaci�n informativa, plante� que la autorizaci�n general de reserva de los documentos, informaci�n y elementos t�cnicos de organismos de inteligencia y contrainteligencia puede ser utilizada para limitar dicha garant�a, por lo que resulta incompatible con los est�ndares convencionales.

 

15.   �En ese contexto, refirieron que la Corte IDH estableci� que es necesario que mediante ley se establezcan �las categor�as espec�ficas y estrictas que en funci�n de la protecci�n de la seguridad nacional pretenden protegerse�[28], con el prop�sito de que esta informaci�n no est� sometida a reserva solo por el hecho de pertenecer a un organismo de inteligencia, sino por raz�n de su contenido[29]. En criterio de las y los demandantes, el art�culo 33 autoriza la reserva de informaci�n de inteligencia solo por el hecho de provenir de entidades de inteligencia.

 

16.   Explicaron que la Ley 1621 de 2013 contiene una clasificaci�n general vaga y ambigua que resulta incompatible con la CADH, en tanto que: (i) no designa categor�as espec�ficas y estrictas que en funci�n de la protecci�n de la seguridad nacional est�n amparadas por la reserva; (ii) no define o delimita los conceptos de seguridad y defensa nacional; y (iii) omite cualquier mecanismo que reconozca y garantice el acceso y control de los interesados a los datos que existan sobre ellos en los archivos clasificados, lo que se constituye en un obst�culo para que las presuntas v�ctimas puedan solicitar la actualizaci�n, rectificaci�n o modificaci�n de esa informaci�n. Explicaron que la indeterminaci�n no solo afecta la legitimidad de la reserva, sino que se traduce en un amplio margen de discrecionalidad para las autoridades en punto de establecer la informaci�n susceptible de la mencionada reserva.

 

17.   La demanda se�al� que la Sentencia C-540 de 2012 fue proferida antes del pronunciamiento de la Corte IDH[30]; sin embargo, este �ltimo otorg� una mayor protecci�n a los derechos a la libertad de expresi�n y a la privacidad[31]. En ese escenario, se estableci� que las normas que pretendan imponer reservas respecto de informaci�n relacionada con actividades de inteligencia y contrainteligencia deben ser precisas, claras y detalladas en el tipo de informaci�n que se considera reservada y el l�mite temporal de aquella reserva. Adem�s, insisti� en que dichas limitaciones son excepcionales y deben sujetarse a los motivos espec�ficos que la justifican[32].

 

18.   De acuerdo con la demanda, la permanencia en el ordenamiento jur�dico de la autorizaci�n gen�rica de la reserva de informaci�n de inteligencia y contrainteligencia infringe los est�ndares fijados por la Corte IDH, dado que �(i.) su objeto es indeterminado y omnicomprensivo, (ii.) no se orienta por el contenido del material reservado sino por quien lo produjo o lo detenta y (iii.) tampoco establece, con fundamento en los prop�sitos que dice atender, �las categor�as de informaci�n que, en funci�n precisamente de la realizaci�n de tales objetivos, podr�a negarse su acceso, a fin de que en cada caso concreto la autoridad competente, atendiendo a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, declare o no la reserva de determinada informaci�n��[33].

 

19.   De otra parte, en relaci�n con la temporalidad de la reserva, la demanda explic� que la norma acusada establece una reserva de la informaci�n de inteligencia y contrainteligencia por el t�rmino de treinta a�os, contados a partir de la recolecci�n de la misma. Adem�s, autoriza al presidente de la Rep�blica para prorrogar el plazo inicial hasta por 15 a�os m�s cuando su difusi�n suponga una grave amenaza interna o externa contra la seguridad o defensa nacional.� Mencionaron que la Sentencia C-540 de 2012 la hall� ajustada a la Constituci�n. En contraste, explicaron que la Corte IDH precis� que la norma adolece de vaguedad en la medida que no especifica a qu� se refieren con amenazas contra la seguridad o defensa nacional, ni qu� clase de riesgos a las relaciones internacionales justificar�a extender el t�rmino de reserva.

 

20.   En consecuencia, la demanda concluy� que la Corte Constitucional est� habilitada para adelantar un nuevo examen de constitucionalidad de la disposici�n acusada, debido al cambio en el significado material de la Constituci�n. Esto con el fin de que se establezca que el Estado puede restringir el acceso a determinada informaci�n siempre que la ley designe categor�as espec�ficas y estrictas que amparen la reserva. Lo descrito, implicar�a que las autoridades de inteligencia interesadas en mantener la reserva de la informaci�n, deben acudir a normas de rango constitucional o legal que cumplan los requisitos de claridad y precisi�n conforme al est�ndar fijado por la Corte IDH. De lo contrario, la informaci�n ser� de car�cter p�blico en virtud del principio de m�xima divulgaci�n[34].

 

21.   Con base en lo anterior, las y los ciudadanos le solicitaron a la Corte declarar inexequibles con efectos inmediatos los art�culos 17 (parcial) y 33 (parcial) de la Ley Estatutaria 1621 de 2013. De manera subsidiaria, pidieron la declaratoria de inexequibilidad de los apartados acusados con efectos diferidos al t�rmino que otorg� la Corte IDH a Colombia para la modificaci�n de la ley mencionada.

 

III. ��INTERVENCIONES Y CONCEPTOS ESPECIALIZADOS

 

22.   Durante el per�odo probatorio y el t�rmino de fijaci�n en lista, la Corte recibi� trece escritos de intervenci�n y dos conceptos especializados de autoridades p�blicas. Igualmente, en el t�rmino establecido para el efecto, el procurador general de la Naci�n rindi� el concepto correspondiente. Con el objeto de sintetizar y contrastar el sentido de las intervenciones recibidas ellas se integrar�n en las siguientes tablas[35].

 

Intervenciones relacionadas con el art�culo 17 de la Ley 1621 de 2013

 

Tabla 1. S�ntesis de las intervenciones relacionadas con el art�culo 17 de la Ley 1621 de 2013.

 

Intervenciones relacionadas con el art�culo 33 de la Ley 1621 de 2013

 

Tabla 2. S�ntesis de las intervenciones relacionadas con el art�culo 33 de la Ley 1621 de 2013.

 

Conceptos especializados de autoridades p�blicas

 

Tabla 3. S�ntesis de los conceptos especializados de autoridades p�blicas.

 

IV.            CONCEPTO DE LA PROCURADUR�A GENERAL DE LA NACI�N

 

23.   El Ministerio P�blico le solicit� a la Corte que se declare inhibida para decidir el asunto. En esa direcci�n, explic� que le corresponde al legislador, y no a la Corte Constitucional, corregir el ordenamiento jur�dico interno para que se ajuste a los est�ndares interamericanos de protecci�n de derechos humanos. As�, en virtud del principio de separaci�n de poderes, concluy� que la Corte carece de competencia para emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cargos de la demanda[66].�

 

24.   Para el procurador general de la Naci�n, el Caso miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados �Jos� Alvear Restrepo� vs. Colombia, modific� el par�metro de control del art�culo 17 de la Ley 1621 de 2013, en tanto aument� el est�ndar de protecci�n de los derechos a la expresi�n y a la privacidad en relaci�n con las funciones de inteligencia y contrainteligencia. Seg�n ese est�ndar, �cualquier acci�n relacionada con la interceptaci�n, vigilancia y seguimiento de cualquier tipo de comunicaci�n necesita un control previo o posterior por parte del juez competente�[67], incluyendo las actividades de monitoreo del espectro electromagn�tico. Por ese motivo, no existe cosa juzgada en el presente asunto.

 

Sobre el art�culo 33 de la Ley 1621 de 2013, el procurador general de la Naci�n explic� que no hay cosa juzgada en este caso. Se�al� que la Corte IDH elev� el est�ndar de protecci�n del derecho a la informaci�n y que la ley colombiana limita este derecho sin justificaci�n, pues declara reservada toda la informaci�n de organismos de inteligencia o contrainteligencia, sin precisar criterios para decidir qu� informaci�n debe ser reservada ni c�mo justificar su entrega o no.

 

Por eso, el Ministerio P�blico consider� que le toca al Congreso, y no a la Corte Constitucional, ajustar la ley para cumplir con los est�ndares internacionales de derechos humanos. Declarar inconstitucionales las normas demandadas llevar�a no solo a eliminarlas, sino tambi�n a crear una nueva regulaci�n para aplicar la sentencia de la Corte IDH. En otras palabras, la pol�tica de seguridad nacional debe definirla el Congreso, que tiene la responsabilidad de proteger al Estado y los derechos humanos. As�, por el principio de separaci�n de poderes, concluy� que la Corte no tiene competencia para decidir el fondo de la demanda.

 

IV.��� CONSIDERACIONES�

 

1.     Competencia

 

25.   Con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 241.4 de la Constituci�n, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra los art�culos�13 (parcial) y 17 (parcial) de la Ley 1621 de 2013. A pesar de que la regulaci�n tiene naturaleza estatutaria, la fuente de la competencia de la Corte se encuentra en el numeral 4 del art�culo 241, en tanto la solicitud de pronunciamiento se origina en una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley promulgada.�

 

2.               Cuesti�n preliminar: verificaci�n de los requisitos aptitud sustantiva de la demanda[68]

 

26.   La acci�n de inconstitucionalidad se caracteriza por ser una herramienta judicial de naturaleza p�blica e informal. Esto significa que su admisibilidad, tr�mite y decisi�n no est� sujeto al cumplimiento de formalismos t�cnicos ni de rigorismos procesales excesivos, sino que su ejercicio est� guiado por la prevalencia del derecho de los ciudadanos a interponer acciones en defensa de la Constituci�n, del derecho sustancial y del inter�s general[69].

 

27.   No obstante, la Corte ha establecido que el acceso a la justicia constitucional, en sede de control abstracto, exige que la demanda satisfaga unas condiciones m�nimas razonables que se encuentran previstas en el Decreto 2067 de 1991 y en la jurisprudencia de este Tribunal[70]. De este modo, los filtros de acceso exigidos otorgan un equilibrio entre la presunci�n de constitucionalidad de las leyes -que deriva del principio democr�tico- y el derecho pol�tico a proteger la supremac�a constitucional[71].

 

28.   En cuanto a los filtros de acceso, la Sala Plena se ha fundado en una premisa: la impugnaci�n de una ley no puede sujetarse a est�ndares tan complejos que impliquen reservar la acci�n solo a ciudadanos con especial formaci�n en m�todos de interpretaci�n legal y constitucional. Esto encuentra justificaci�n en la naturaleza p�blica de la acci�n y en la garant�a de los ciudadanos de participar en el control del poder pol�tico (art. 40.6) y de acceder a la administraci�n de justicia (art. 229)[72]. Entonces, para armonizar los intereses superiores en juego, es necesario que las acusaciones en contra de normas adoptadas por �rganos representativos est�n soportadas en razones aptas para poner en duda la validez constitucional de la regulaci�n, de modo que pueda apreciarse, al menos prima facie, un riesgo para la supremac�a de la Constituci�n[73].�

 

29.   Desde esa �ptica, la exigencia de unas �condiciones argumentativas m�nimas�[74] para activar la competencia de este Tribunal, cristaliza al menos dos finalidades del proceso constitucional. Por un lado, concreta el derecho de los intervinientes a participar en las decisiones que los afectan, puesto que -desde el principio- se delimita la materia alrededor de la cual tendr� lugar la discusi�n� constitucional favoreciendo as� la calidad del di�logo p�blico que la demanda propone[75].

 

30.   Por el otro, la Corte ha considerado que la correcta precisi�n del debate a partir del cumplimiento de tales requerimientos, favorece una reflexi�n calificada que permite superar las dificultades asociadas a la interpretaci�n constitucional. Esta Corporaci�n ha se�alado que las normas vigentes ponen de presente �un modelo espec�fico de control constitucional en el que los procesos deliberativos, abiertos, democr�ticos y participativos confieren legitimidad, racionalidad, validez y justicia material a las decisiones judiciales�[76]. En dicho modelo la tarea de este Tribunal �no consiste en construir oficiosa, aislada y unilateralmente las decisiones sobre la constitucionalidad del sistema jur�dico, sino en liderar un proceso de construcci�n colectiva en un asunto esencialmente p�blico, precisando y orientando el debate y la deliberaci�n p�blica, organizando y sistematizando los insumos que resulten de este proceso de reflexi�n colectiva, valorando y sopesando las distintas opciones y alternativas que surgen de este mismo proceso, y finalmente, adoptando una decisi�n�[77].

 

31.   Comprender el proceso de constitucionalidad como un verdadero foro para el di�logo p�blico encaminado a establecer si la Constituci�n fue vulnerada por alguno de los �rganos del Estado, implica que se trata de la expresi�n de una forma de democracia deliberativa. Tal circunstancia exige que las razones propuestas para juzgar la validez constitucional de una norma sean relevantes para que este Tribunal cumpla esta tarea. Es decir, su admisibilidad depende de la contribuci�n que puedan prestar para (i) definir el significado del objeto de control e (ii) identificar lo que la Constituci�n ordena, proh�be o permite[78].

 

32.   De acuerdo con el art�culo 2 del Decreto 2067 de 1991, el escrito mediante el cual se ejerce la acci�n p�blica de inconstitucionalidad debe, por lo menos: i) identificar las disposiciones de la Constituci�n que se consideran infringidas; ii) describir el contenido normativo de las disposiciones constitucionales que ri�en con las normas demandadas y iii) exponer las razones por los cuales se considera que las disposiciones normativas acusadas son contrarias al texto superior. De acuerdo con la jurisprudencia, esta �ltima condici�n supone que los argumentos que conforman el concepto de violaci�n sean claros, ciertos, espec�ficos, pertinentes y suficientes^[79]. Lo anterior, sin perjuicio de que la verificaci�n del cumplimiento de las exigencias descritas se efect�e a la luz del principio pro actione[80].

 

33.   Las exigencias de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia como presupuestos de admisibilidad son el punto de partida del proceso de constitucionalidad, porque permiten iniciar un di�logo p�blico y razonable entre el demandante, los ciudadanos interesados, las autoridades responsables y este Tribunal. Adem�s, el cumplimiento de dichas cargas m�nimas tanto en la acusaci�n como en las intervenciones que le siguen, cumple una doble funci�n epist�mica y de legitimaci�n: incrementan las posibilidades de que la Corte adopte la mejor decisi�n y ofrecen un adicional respaldo democr�tico a su pronunciamiento[81].���

 

34.   La jurisprudencia ha sostenido que es leg�timo imponer tales exigencias dado que el derecho a ejercer la acci�n p�blica -como otros derechos de participaci�n- puede ser objeto de limitaciones. La validez de esta restricci�n obedece a que, de una parte, �el impacto sobre el acceso a la justicia no es grave en la medida en que la persona puede presentar otra demanda de constitucionalidad teniendo en cuenta que la decisi�n de inadmisi�n o inhibici�n no tiene efectos de cosa juzgada�[82] y, de otra, protege �el derecho a la administraci�n de justicia de otras personas que deseen presentar otra demanda contra las mismas normas disposiciones�[83].�

 

35.   En correspondencia con lo expuesto, quien pretenda activar plenamente las competencias de este Tribunal debe manifestar un inter�s real por salvaguardar la supremac�a e integridad de la Constituci�n[84]. La seriedad de ese inter�s se revela cuando, al cuestionar una ley, el demandante presenta un concepto de violaci�n: (i) claro: cuando la exposici�n de las razones de la inconstitucionalidad sigue un hilo conductor y puede ser entendida por cualquier ciudadano; (ii) cierto: cuando se cuestiona el significado de la norma legal vigente; (iii) pertinente: cuando los fundamentos correspondan a cuestiones constitucionales, esto es, que tengan por objeto preservar la vigencia de la Constituci�n; (iv) espec�fico: cuando plantea la contradicci�n que existe entre la disposici�n legal acusada y la norma constitucional infringida; y (v) suficiente: cuando los fundamentos propuestos son relevantes para el juicio de constitucionalidad, al punto de suscitar una duda m�nima sobre la validez de la ley[85].

 

36.   Las anteriores condiciones son indispensables para que el proceso de constitucionalidad constituya un foro en el que la decisi�n sea el resultado de la comprensi�n, valoraci�n y ponderaci�n de las mejores razones para hacer efectivo el principio de supremac�a de la Constituci�n. Sin embargo, como se advirti� l�neas atr�s, dichas exigencias no apuntan a establecer est�ndares complejos que impidan que cualquier ciudadano haga propia la Constituci�n y, a trav�s de este mecanismo, controle los excesos o defectos de los �rganos que conforman el poder p�blico. Pero tampoco es aceptable una aplicaci�n extremadamente flexible de tales criterios al punto que esta acci�n pierda todo sentido como referente de la deliberaci�n y esta termine delimit�ndose por los intervinientes o, en su caso, por la propia Corte. En este sentido, Sala Plena ha sostenido que est� fuera de su alcance �tratar de reconducir el alegato del accionante hasta lograr estructurar un cargo dotado de la suficiente idoneidad para provocar un pronunciamiento de fondo�[86] y, por tanto, no puede �reelaborar, transformar, confeccionar o construir los planteamientos esbozados en la demanda con el prop�sito de que cumplan con los requisitos m�nimos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que la misma Corte se pronuncie de fondo�[87].

 

37.   El punto en el que debe trazarse la l�nea para definir si la demanda cumple las condiciones de admisibilidad no es una materia exenta de dificultades. Ello se refleja no solo en la posibilidad de adoptar una decisi�n inhibitoria respecto de una demanda previamente admitida[88], sino tambi�n en las discrepancias que se suscitan en el seno de la Sala Plena al momento de pronunciarse al respecto. En todo caso, fijar y aplicar est�ndares argumentativos relativamente uniformes es una exigencia que encuentra s�lido fundamento en la calificaci�n del derecho a activar la jurisdicci�n constitucional como un derecho igual para todos los ciudadanos. Por ello, se itera que el demandante debe cumplir unas cargas argumentativas m�nimas razonables para activar las competencias de este Tribunal, las cuales no pueden ser equivalente a las condiciones de motivaci�n que debe cumplir esta Corte al momento de tomar una decisi�n de fondo[89].��

 

38.   Uno de los criterios para definir si un cargo cuyo an�lisis se encuentra a consideraci�n de la Sala Plena debe dar lugar a un pronunciamiento de fondo es el principio pro actione. Seg�n ha se�alado la jurisprudencia refiri�ndose a su contenido �el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un m�todo de apreciaci�n tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habr� de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo�[90].

 

39.   A este principio se le adscriben dos exigencias: La primera, proh�be una aproximaci�n a la demanda que tenga por objeto o como efecto un incremento en los requerimientos t�cnicos de la acusaci�n, al punto de privilegiarlos sobre el debate sustantivo que puede derivarse razonablemente de la misma. La segunda, ordena que en aquellos casos en los que exista una duda sobre el cumplimiento de las condiciones m�nimas de argumentaci�n, la Corte se esfuerce, en la medida de sus posibilidades, por adoptar una decisi�n de fondo. Seg�n la jurisprudencia, tambi�n es expresi�n del principio la integraci�n de la unidad normativa �[c]uando la norma acusada ha sido modificada por otra posterior, pero subsisten, a pesar de la reforma, los contenidos normativos acusados�[91].

 

40.   Sin embargo, la aplicaci�n del principio pro actione no habilita a la Corte para corregir o aclarar equ�vocos, aspectos confusos o ambig�edades que surjan de las demandas[92]. La observancia de este principio �no puede llevar a que se declare la exequibilidad ante una demanda que no presente suficientes argumentos, cerrando la puerta para que otro ciudadano presente una acci�n que s� cumpla con las condiciones para revisarla�[93]. No es posible sustituir al demandante como si se tratara de un control de oficio y, en esa medida, la aplicaci�n de aquel exige que la demanda proponga un n�cleo argumentativo b�sico y preciso, aunque existan algunas reservas o inquietudes. Dicho de otro modo, la Corte �no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulaci�n de los cargos, ni de determinar por s� misma (�) el concepto de la violaci�n de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues �sta es una carga m�nima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho pol�tico a ejercer la acci�n de inconstitucionalidad�[94].

 

41.   La imposibilidad de emprender un control a partir de acusaciones diferentes a las de los demandantes se apoya en la naturaleza excepcional del control autom�tico de constitucionalidad y se ha reflejado en el car�cter tambi�n excepcional de la integraci�n de la unidad normativa[95], as� como en la imposibilidad de realizar un juicio a partir de cargos aut�nomos o independientes propuestos en los escritos de los intervinientes en el proceso[96].����

 

42.   As� cada una de las condiciones m�nimas que debe cumplir el concepto de violaci�n tienen como prop�sito asegurar un debate constitucional adecuado y cumplen funciones diferentes: (i) la claridad hace posible un di�logo p�blico; (ii) la certeza permite identificar un objeto real susceptible de ser sometido a control; y (iii) la pertinencia, la especificidad y la suficiencia delimitan la controversia en un sentido constitucional[97]. Con el prop�sito de reiterar el alcance y presentar algunas precisiones sobre su aplicaci�n, a continuaci�n la Corte reitera la caracterizaci�n de cada una de las exigencias, en los mismos t�rminos expresados por la Sentencia C-292 de 2019.

 

43.   La claridad constituye una condici�n indispensable del debate p�blico que se impulsa con la presentaci�n de una demanda de inconstitucionalidad. Tal adjetivo comprende, primero, el uso del lenguaje y, segundo, el modo en que se presentan los argumentos. Exige entonces (i) que las palabras empleadas para formular los argumentos sean inteligibles o comprensibles y (ii) que la presentaci�n de los argumentos tenga un orden que haga posible identificar su alcance y prop�sito. En esa direcci�n, la Corte ha destacado que si bien no se requiere una exposici�n erudita o t�cnica, la impugnaci�n si debe �seguir un hilo conductor en la argumentaci�n que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa�[98]. Este requisito se incumple, por ejemplo, cuando (a) el lenguaje de la demanda es incomprensible por razones sem�nticas o sint�cticas; (b) los argumentos presentados son circulares[99] o contradictorios[100]; o (c) no es posible identificar exactamente el alcance o el sentido de lo pretendido[101].��

 

44.   La certeza tiene como prop�sito establecer si, en realidad, pertenece al ordenamiento jur�dico el objeto respecto del cual el demandante le solicita a la Corte un pronunciamiento. A este requerimiento se anuda la carga de demostrar que es razonable -a partir de est�ndares b�sicos de interpretaci�n- derivar de una disposici�n vigente, el significado normativo -norma- cuya constitucionalidad se cuestiona, de modo que �la interpretaci�n que se acusa debe ser plausible y adem�s debe desprenderse del enunciado normativo acusado�[102]. En ese sentido es indispensable �que la demanda recaiga sobre una proposici�n jur�dica real y existente (�)�[103] �y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o impl�cita (�) e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda�[104].

 

45.   Adem�s de los casos generales en los que la Corte constata que la interpretaci�n del demandante es el resultado de una interpretaci�n subjetiva o carente de cualquier apoyo hermen�utico[105], ha encontrado insatisfecho este requisito cuando:

 

(i)      �Se indica que un enunciado limita un derecho a pesar de que la disposici�n �nicamente regula un aspecto adjetivo del mismo (C-088 de 2014).

 

(ii)   Se afirma que una disposici�n establece un trato diferente sin que ello resulte as� (C-1002 de 2004 y C-247 de 2017) o se afirma que ella iguala a los grupos objetos de comparaci�n sin as� desprenderse del art�culo (C-343 de 2017).

 

(iii) �Se sostiene la ocurrencia de un hecho que es contradicho a partir de informaci�n p�blica (C-309 de 2017).

 

(iv) Se atribuye a una reforma constitucional un contenido normativo que no tiene y a partir de ello se afirma la posible sustituci�n de un eje definitorio de la Carta (C-470 de 2013).

 

(v)    Se alega la ocurrencia de un defecto en el tr�mite de aprobaci�n de una ley pero no se acredita el hecho que lo constituye (C-076 de 2012 y C-044 de 2017).

 

(vi) �Se atribuye al t�tulo de una ley una funci�n de�ntica de la que carece (C-752 de 2015).

 

(vii)        Se cuestiona la interpretaci�n de una autoridad administrativa -apoy�ndose en la doctrina del derecho viviente- a pesar de que dicha interpretaci�n tiene su origen en una disposici�n cuyo control no es competencia de la Corte (C-136 de 2017).

 

(viii)          La acusaci�n se apoya en una inferencia del demandante acerca de los efectos que a lo largo del tiempo ha tenido una disposici�n (C-087 de 2018).

 

(ix)      Se plantea una interpretaci�n aislada de la expresi�n acusada que no tiene en cuenta el contexto normativo en el que se inserta (C-231 de 2016).

 

(x)        Se deriva de la disposici�n que establece un r�gimen de protecci�n para un grupo, una regla que excluye a los dem�s grupos de cualquier protecci�n (C-694 de 2015).

 

(xi) �Se asigna a una expresi�n indeterminada consecuencias jur�dicas que no se siguen de ella, sino que tienen origen en otras disposiciones (C-710 de 2012).

 

(xii)   Se interpretan ampliamente las atribuciones conferidas al Presidente de la Rep�blica en una ley habilitante, sin que exista una raz�n que respalde esa comprensi�n (C-922 de 2007).

 

(xiii) �Se presupone un silencio en el ordenamiento jur�dico que en realidad no existe (C-121 de 2018 y C-156 de 2017); o se le asigna una condici�n jur�dica equivocada a una disposici�n y, a partir de ello, se pretende que se le apliquen exigencias reservada a un tipo espec�fico de ley (C-316 de 2010).�

 

46.   Seg�n la jurisprudencia, algunos eventos radicales de ausencia de objeto de control merecen un tratamiento diferente. En efecto, aquellos eventos en los cuales es absolutamente claro que la disposici�n cuestionada fue derogada -y no produce efectos- o declarada inexequible, la Corte carece �en principio- de competencia para cualquier pronunciamiento dado que no existe objeto sobre el cual pueda recaer, en el primer caso, o se ha configurado cosa juzgada formal en el segundo.

 

47.   La pertinencia es un rasgo especial de la argumentaci�n cuando tiene por objeto alegar la invalidez constitucional de una norma legal. En esa direcci�n, los planteamientos ante la Corte deben estar signados por los contenidos de la Carta y, en esa medida, el cuestionamiento debe encontrarse �fundado en la apreciaci�n del contenido de una norma Superior que se expone�. Ello excluye, argumentos apoyados en �consideraciones puramente legales (�) y doctrinarias�[106] o los que se limitan a expresar �puntos de vista subjetivos�[107], de manera que pretenda emplearse esta acci�n �para resolver un problema particular�[108]. Por ello, a menos que la Constituci�n directamente lo exija, no son pertinentes �acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un an�lisis de conveniencia�[109].

 

48.   La jurisprudencia ha identificado que carecen de pertinencia acusaciones que se fundamenten: (i) en el provecho o utilidad que una norma puede traer (C-1059 de 2008); (ii) en la oposici�n de la norma con disposiciones que no puedan ser par�metro de control (C-1059 de 2008); (iii) en las consecuencias que una medida puede tener en el desfinanciamiento de otras inversiones del Estado (C-1059 de 2008); o (iv) en la aplicaci�n de una norma por parte de una autoridad administrativa a situaciones espec�ficas (C-987 de 2005). Igualmente ha descartado el cargo cuando se pretende (v) corregir la interpretaci�n que en casos particulares han efectuado las personas o los jueces de la Rep�blica (C-785 de 2014); (vi) obtener declaraciones espec�ficas respecto de actos o contratos (C-785 de 2014); o (v) resolver una antinomia constitucional o declarar la inconstitucionalidad de una disposici�n de la Carta, por entrar en una eventual contradicci�n con otro mandato de la misma Constituci�n (C-433 de 2013).

 

49.   La especificidad impone que el demandante exponga razones que evidencien la existencia de una oposici�n objetiva entre la disposici�n demandada y el texto constitucional. Es una de las exigencias de mayor relevancia al momento de formular la impugnaci�n y exige que, m�s all� de afirmaciones gen�ricas, se desarrolle un argumento puntual que pueda demostrar una violaci�n. Seg�n ha se�alado la Corte no cumplen el requisito de especificidad los argumentos �vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales (�) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan�[110]. �

 

50.   Este requerimiento exige responder la pregunta relativa a c�mo se demuestra la violaci�n de la Constituci�n. Una vez que el demandante identifica la norma constitucional que a su juicio ha sido desconocida, tiene la tarea de argumentar la violaci�n. Esa demostraci�n debe tomar en consideraci�n los contenidos, la naturaleza y la estructura de las diferentes disposiciones de la Carta. En efecto, ser� relevante considerar, por ejemplo, las diferencias que existen entre las normas (i) que distribuyen competencias entre los �rganos del poder o que reconocen derechos; (ii) que amparan un derecho relacional como la igualdad o un derecho que no lo es como la libertad; (iii) que tienen estructura de regla o de principio; (iv) que imponen obligaciones de omitir o mandatos de actuaci�n; o (v) que tienen contenidos sustantivos o procedimentales.

 

51.   No es posible establecer un cat�logo de las cuestiones interpretativas que se suscitan al momento de verificar el requisito de especificidad. La Corte ha ido identificando algunas condiciones que resultan �tiles con el fin de cumplir esta carga. En tal sentido, ha fijado m�todos posibles para proponer la vulneraci�n del mandato de trato igual o de trato desigual[111], de los derechos de libertad[112] o del principio de unidad de materia[113]. Tambi�n ha identificado criterios para demostrar vicios competenciales en las reformas constitucionales[114] o infracciones al principio de identidad flexible y consecutividad[115]. Igualmente ha establecido criterios relevantes al momento de formular, por ejemplo, un cargo de omisi�n legislativa relativa[116].

 

52.   Asimismo, ha destacado que en algunos casos pueden distribuirse cargas de argumentaci�n respecto de la violaci�n de la Constituci�n. Por ejemplo, ha se�alado que cuando se controla la constitucionalidad de una norma (i) que utiliza una categor�a sospechosa o afecta el goce de un derecho constitucional fundamental [117] o (ii) que retrocede en el grado de protecci�n de un derecho fundamental afectando la prohibici�n de retroceso injustificado[118] puede presumirse su inconstitucionalidad, lo que traslada a quien la defiende la obligaci�n de aportar razones poderosas para ello. Ocurre lo contrario y en consecuencia le corresponde al demandante realizar un mayor esfuerzo argumentativo en aquellos casos en los cuales la disposici�n adoptada corresponde a la regulaci�n de una materia en la que el legislador dispone, en general, de un amplio margen de configuraci�n[119]. En adici�n a ello, algunos casos imponen una carga especial, tal y como ocurre cuando se cuestiona una disposici�n amparada por la cosa juzgada constitucional[120].��

 

53.   Las metodolog�as o juicios que ha desarrollado en su jurisprudencia no agotan, naturalmente, las formas o estrategias que las personas y organizaciones -int�rpretes cotidianos de la Constituci�n en los �mbitos en los que se desenvuelve la vida p�blica y privada- pueden emplear para demostrar la infracci�n de la Constituci�n. Sin embargo, para cumplir la carga de especificidad no es suficiente que presenten planteamientos gen�ricos puesto que deben desarrollar una actividad interpretativa que sugiera seriamente una oposici�n real entre la Constituci�n y la norma demandada.�

 

54.   La suficiencia tiene, en general, la condici�n de criterio de cierre para definir la aptitud del cargo. Seg�n este Tribunal, su configuraci�n se produce cuando la demanda consigue generar en la Corte una duda m�nima sobre su constitucionalidad. Para ello ser� necesario analizar conjuntamente el cumplimiento de los dem�s requisitos a fin de identificar si la acusaci�n logra persuadir a la Corte sobre la posible infracci�n de la Carta, de manera que pueda iniciarse �un proceso dirigido a desvirtuar la presunci�n de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional�[121].

 

55.   Como s�ntesis de lo expuesto la Sala Plena estima necesario destacar las siguientes premisas[122]:���

 

(i)               Las condiciones m�nimas de argumentaci�n, indispensables para que la Corte adopte un pronunciamiento de fondo, toman nota de la tensi�n que el ejercicio de dicha acci�n puede provocar con el principio democr�tico y el car�cter rogado que, por regla general, tiene el ejercicio del control de constitucionalidad.

 

(ii)             La aplicaci�n de esas condiciones no puede ocurrir de un modo que fije est�ndares de tal grado de complejidad que demanden m�s de aquello que la razonabilidad exige para el inicio del di�logo constitucional.

 

(iii)          No es admisible tampoco una aplicaci�n extremadamente flexible al punto que la demanda de inconstitucionalidad pierda todo sentido como referente del di�logo y termine delimit�ndose por los intervinientes o, en su caso, por la propia Corte.

 

(iv)           El ciudadano que pretenda activar las competencias de este Tribunal debe manifestar un inter�s real por salvaguardar la supremac�a e integridad de la Constituci�n que se materializa cuando, al impugnar la ley, presenta razones que (a) sean inteligibles o comprensibles (claridad); (b) se encamien a cuestionar los significados de la ley vigente (certeza); (c) correspondan a cuestiones constitucionales, esto es, que tengan por objeto preservar la vigencia de la Carta (pertinencia); y (d) planteen en qu� sentido espec�fico se produjo la infracci�n de la Constituci�n (especificidad). Solo as� reunidos los elementos relevantes para el juicio (d) se suscitar� una duda m�nima sobre la validez de la ley (suficiencia).

 

(v)             El punto en el que debe trazarse la l�nea para definir el cumplimiento o no de las condiciones de la admisibilidad de la demanda no es una materia exenta de dificultades, siendo deber de este Tribunal (i) fijar y aplicar est�ndares argumentativos relativamente uniformes que aseguren el car�cter universal del derecho a impugnar la validez de las leyes y (ii) no requerir del demandante el cumplimiento de cargas equivalentes a las condiciones de motivaci�n que debe cumplir la Corte Constitucional al momento de tomar una decisi�n de fondo.��

 

La demanda presentada no cumple las condiciones m�nimas para provocar una decisi�n de fondo

 

56.   En las intervenciones presentadas por la Comisi�n Colombiana de Juristas y, de manera conjunta, por la Fundaci�n Karisma y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, se le solicit� a la Corte inhibirse, dado que la carga argumentativa presentada en la demanda no reun�a los m�nimos de certeza y pertinencia.

 

57.   Frente al art�culo 17 (parcial) de la Ley 1621 de 2013, sobre el requisito de certeza, los intervinientes manifestaron que el cargo no cuestiona una norma real y existente, sino que parte de conjeturas y en la deducci�n propia de las y los demandantes sobre la naturaleza del monitoreo del espectro electromagn�tico. Seg�n las intervinientes, la demanda supone que el texto demandado permite la interceptaci�n de comunicaciones sin autorizaci�n judicial previa, lo que no es concordante con el significado y alcance que la Sentencia C-540 de 2012 le dio a dicho monitoreo. En concreto y a su juicio, perdieron de vista que la Corte Constitucional determin� que esa actividad no es una interceptaci�n de comunicaciones.

 

58.   Respecto del presupuesto de pertinencia, las intervinientes se�alaron que el cargo no parti� del �sentido autorizado de la disposici�n legal en cuesti�n�[123] desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-540 de 2012, sino que se fundament� en una interpretaci�n subjetiva de la norma y en los posibles abusos que podr�an cometerse en su aplicaci�n pr�ctica. Seg�n las intervenciones aludidas, esto evidencia que la demanda hizo una aproximaci�n parcial al problema, lo que supone un reproche que no tiene naturaleza constitucional. Adicionalmente, afirmaron que la demanda no precis� a qu� autoridad le corresponder�a cumplir �esta funci�n�[124], lo que evidencia que busca modificar el dise�o normativo sin ofrecer una soluci�n clara para las consecuencias jur�dicas de la inexequibilidad.

 

59.   La Sala Plena encuentra que el requisito de certeza implica que las pretensiones recaigan sobre un contenido normativo vigente. Adem�s, este presupuesto supone que el cargo de inconstitucionalidad: (i) no deseche �la menci�n a ingredientes que, si bien se encuentran regulados en otros apartes normativos de la ley acusada, son indispensables para entender su alcance objetivo�[125]; (ii) parta de una interpretaci�n sistem�tica y armonizada con el conjunto de disposiciones legales y principios que conforman el marco normativo[126]; y (iii) de ser relevante, tome en consideraci�n los pronunciamientos de esta Corte sobre el alcance de las normas demandadas[127].

 

60.   En ese contexto, la Corte encuentra que el cargo por infracci�n de los art�culos 2, 11 y 13 de la CADH y 15 y 20 de la Constituci�n sostuvo tres tesis centrales. Primero, la Sentencia C-540 de 2012 declar� la exequibilidad del apartado acusado, bajo la tesis de que el monitoreo del espectro electromagn�tico no involucraba un seguimiento individual, sino una actividad impersonal y abstracta; luego no era asimilable a la interceptaci�n de comunicaciones y, en esa medida, no requer�a autorizaci�n judicial. Segundo, en el caso Miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados Jos� Alvear Restrepo vs. Colombia, la Corte IDH estableci� que las actividades de vigilancia a gran escala, en todo caso, permiten la recolecci�n de datos sensibles, lo que constituye una injerencia a la vida privada y la libertad de expresi�n y pensamiento de las personas. Tercero, el est�ndar fijado por la Corte IDH implica que toda actividad de monitoreo del espectro electromagn�tico constituye una interceptaci�n de comunicaciones, luego debe estar precedido de una orden judicial que establezca las condiciones de tiempo, modo y alcances de la medida autorizada.

 

61.   Puntualmente, la demanda sostuvo que �[e]l monitoreo del espectro electromagn�tico debe ser considerada como una forma de interceptaci�n de comunicaciones en tanto su objeto recae sobre comunicaciones privadas y es, en consecuencia, una intervenci�n, interceptaci�n o intromisi�n que en la actualidad se encuentra sustra�da de control judicial�[128].

 

62.   La Sala Plena encuentra que la demanda no parti� del contenido vigente, real y existente del art�culo 17 acusado, porque en primer lugar no corresponde al contenido literal de la disposici�n acusada que expresamente excluye del �mbito del monitoreo del espectro electromagn�tico la interceptaci�n de comunicaciones. De hecho, una lectura integral del inciso demandado permite comprender que, en el ordenamiento estatutario colombiano, el monitoreo del espectro electromagn�tico es diferente de la interceptaci�n de comunicaciones.

 

63.   En segundo lugar, las personas demandantes ten�an la carga de considerar no solo el texto legal de la disposici�n acusada, sino el alcance fijado por la Corte. Esto es particularmente relevante si se tiene en consideraci�n que la Ley 1621 de 2013 es una norma estatutaria que fue objeto de un control previo y autom�tico por parte de este Tribunal.

 

64.   Precisamente, en la Sentencia C-540 de 2013, esta Corporaci�n se�al� que en el �mbito de la inteligencia y contrainteligencia, el monitoreo �consiste en llevar a cabo una labor de rastreo de forma aleatoria e indiscriminada�[129]. Esto implica �la captaci�n incidental de comunicaciones en las que se revelan circunstancias que permiten evitar atentados y controlar riesgos para la defensa y seguridad de la Naci�n�. Por ello precis� que, t�cnicamente, �se estar�a ante una especie de rastreo de sombras, im�genes y sonidos representados en frecuencias de radiaci�n electromagn�tica y ondas radioel�ctricas�[130].

 

65.   A continuaci�n, en el mismo fallo, este Tribunal se�al� que el monitoreo del espectro electromagn�tico �como actividad impersonal y abstracta� no puede confundirse con �los actos propios de una investigaci�n penal que es individual y concreta, y que parte de una notitia criminis (dentro de una indagaci�n preliminar) (�)�. De este modo, la Corte enfatiz� en que la �actividad de monitoreo del espectro electromagn�tico no puede implicar interceptaci�n o registro de las comunicaciones privadas[131], toda vez que para ello se requiere �orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley��.

 

66.   Luego concluy� que, en todo caso, las actividades de monitoreo est�n limitadas por (i) la Constituci�n Pol�tica, arts. 15 y 28; (ii) la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, art. 12; (iii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, art. 17.1; (iv) el Convenio para la protecci�n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, art. 8.1; y (v) la CADH, art. 11.2. Igualmente destac� que la aplicaci�n e interpretaci�n de esa disposici�n deb�a tener en consideraci�n lo establecido (vi) en la Ley 1621 de 2013, arts. 2, 3, 4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28 y 33.����

 

67.   Al contrastar los argumentos de la demanda con el alcance que la Corte Constitucional le dio a la norma acusada, la Sala Plena concluye que los reproches de inconstitucionalidad no se construyeron a partir del contenido normativo de la disposici�n acusada, ni de la interpretaci�n, ni del alcance que le otorg� este Tribunal. Por el contrario, las y los actores omitieron plantear el cargo con observancia precisa de la definici�n y las distinciones expresas contenidas en la Sentencia C-540 de 2012. Dicho de otra forma, para esta Corporaci�n, una lectura sistem�tica de la Sentencia C-540 de 2012, que delimit� el monitoreo como actividad impersonal y no un seguimiento individualizado, y la sentencia correspondiente al caso Miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados Jos� Alvear Restrepo vs. Colombia, exig�a demostrar c�mo el est�ndar interamericano impactaba directamente la interpretaci�n vigente de la norma. Este limitado contraste en la revisi�n del alcance otorgado por el int�rprete autorizado de la Constituci�n Pol�tica de Colombia, dio lugar a que la demanda concluyera que el art�culo 17 (parcial) resultaba incompatible con las normas superiores. Tal omisi�n evidencia que el cargo se edific� a partir de la interpretaci�n parcial e incompleta de la norma legal demandada.

 

68.   Dicho de otro modo, el cargo se bas� en una interpretaci�n personal y subjetiva de las personas accionantes, ello porque omitieron incluir en su an�lisis lo dicho en la Sentencia C-540 de 2012, de manera que sustituyeron el contenido normativo del art�culo 17 en lugar de controvertirlo. Esto significa que incumplieron el requisito de certeza.

 

69.   Lo anterior, guarda estrecha relaci�n con el requisito de especificidad. En efecto, la acusaci�n destaca que la disposici�n demandada implica una infracci�n de normas integradas al bloque de constitucionalidad tal y como han sido interpretadas por la Corte IDH. En criterio de las y los demandantes, la disposici�n autoriza interferencias en la vida privada de las personas a trav�s del monitoreo del espectro electromagn�tico, sin requerir autorizaci�n judicial.

 

70.   Sin embargo, se itera que dichas apreciaciones no consultan el contenido de la Sentencia C-540 de 2012, que despu�s de abordar aspectos relativos al �mbito de protecci�n del derecho a la vida privada y a sus limitaciones excepcionales, estableci� las condiciones m�nimas que deben cumplir las actividades leg�timas de inteligencia y contrainteligencia del Estado para desarrollar las pol�ticas en materia de seguridad y proteger los derechos de los habitantes. En ese contexto, esta Corte precis� que estas actividades se circunscriben a una �labor de rastreo de forma aleatoria e indiscriminada�[132].

 

71.   En ese orden de ideas, la Sala Plena observa que la demanda no evidenci� la contradicci�n espec�fica entre la norma demandada -incluyendo al alcance establecido por esta Corte en el control autom�tico y previo- y la Constituci�n y las normas de la CADH, puesto que el escrito presentado se limit� a calificar el monitoreo como una pr�ctica invasiva de las comunicaciones contraria a los derechos fundamentales, sin demostrar c�mo, a partir del texto literal del art�culo 17 y de la interpretaci�n vinculante fijada en la sentencia C-540 de 2012, se produce una contradicci�n normativa con los art�culos superiores invocados.

 

72.   Como consecuencia del incumplimiento de los requisitos de certeza y especificidad, es decir, al haberse acusado el art�culo 17 (parcial) de la Ley 1621 de 2013 sin consultar el alcance otorgado por la Corte Constitucional ni efectuar el contraste indispensable entre aquel y el texto superior, la Sala Plena concluye que no se gener� tampoco la duda m�nima requerida para activar el juicio de fondo, por lo que este cargo tampoco cumple el requisito de suficiencia.

 

73.   En cuanto al art�culo 33 (parcial), la Comisi�n Colombiana de Juristas sostuvo que el cargo carece de certeza, porque la demanda asume que la reserva de informaci�n de inteligencia deber�a estar establecida en determinadas categor�as espec�ficas, pero no identifica cu�l es el est�ndar ni como deber�a hacerse. Destacaron que la clasificaci�n general podr�a generar abusos, lo que no equivale a una �inconstitucionalidad directa�[133]. Para la interviniente, el cargo tambi�n adolece de pertinencia, en la medida que su argumentaci�n no se fund� en una contradicci�n manifiesta con la Constituci�n, sino en la hip�tesis de que la norma podr�a ser m�s precisa en la definici�n de categor�as de informaci�n reservada.

 

74.   La Corte observa que seg�n las y los demandantes la regulaci�n interna autoriza la reserva de la informaci�n de inteligencia por raz�n del �origen o pertenencia del documento, informaci�n y elemento t�cnico, y no en su objeto o contenido material�[134]. Adem�s, aseguraron que la regulaci�n existente no prev� �los tipos de medidas y acciones de obtenci�n y recopilaci�n de informaci�n autorizadas en materia de inteligencia y en consecuencia la funci�n de inteligencia y contrainteligencia admitir�a (�) la reserva legal originada en la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia [por lo cual, la norma] se ofrece indeterminada y de aplicaci�n omn�moda�[135].

 

75.   En ese contexto, las y los ciudadanos aseguraron que la �indeterminaci�n en las caracter�sticas, calidades o condiciones de los documentos, informaciones y elementos t�cnicos que ameritan su reserva hacen posible que entidades que detentan funciones de inteligencia y contrainteligencia no satisfagan el lleno de sus obligaciones de divulgaci�n proactiva y m�nima informaci�n disponible�[136]. As�, concluyeron, por ejemplo, que la ambig�edad identificada podr�a dar lugar a que se le niegue a un ciudadano el acceso a informaci�n relacionada con horarios de atenci�n, al p�blico, la escala salarial de los empleados, las sedes de la entidad, la pol�tica de gesti�n de conflictos laborales, entre otros.

 

76.   Para la Corte, este cargo no satisface el requisito de certeza porque si bien se construy� a partir del texto legal que prev� la reserva, no consult� ni aludi� al alcance que, en su momento, le otorg� la Sentencia C-540 de 2012. En dicho fallo, este Tribunal se refiri�, inicialmente, al principio de m�xima divulgaci�n y a las excepciones admisibles se�alando que, por regla general, las personas tienen derecho a acceder a la informaci�n que reposa en las instituciones del Estado. Precis�, en todo caso, que es posible establecer l�mites, que deben ser interpretados de manera restrictiva y bajo los l�mites constitucionales y convencionales.

 

77.   En esa oportunidad, la Sala Plena indic� que, en t�rminos generales, la reserva o secreto de un documento p�blico: i) opera sobre el contenido mas no sobre su existencia; ii) es temporal, estando el plazo sujeto a l�mites de razonabilidad y proporcionalidad; iii) cubre a los servidores p�blicos, no comprendiendo a los periodistas y, en principio, no autoriza al Estado para impedir la publicaci�n de la informaci�n por la prensa; iv) aplica a las peticiones ciudadanas; v) es admitida en el caso de las informaciones sobre defensa y seguridad nacionales, siempre que se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; vi) conlleva el deber de motivar la decisi�n que ha de reunir los requisitos constitucionales y legales, en particular indicar la norma en la cual se funda la reserva. Por esta v�a el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales; y vii) opera sobre la informaci�n que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso p�blico dentro del cual dicha informaci�n se inserta.[137]

 

78.   En la Sentencia C-540 de 2012, la Sala Plena indic�, igualmente �que la ley que regule las restricciones de este derecho debe precisar: (i) el tipo de informaci�n objeto de reserva, (ii) las condiciones bajo las cuales la reserva puede oponerse a los ciudadanos, (iii) las autoridades que pueden aplicarla, y (iv) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal raz�n permanecen reservadas�[138]. Destac� adem�s la Corte que la reserva opera sobre el contenido y es temporal, lo que implica que el plazo debe sujetarse a l�mites de razonabilidad y proporcionalidad y debe estar motivada. Ello se traduce en que el Estado tiene la carga de probar que la informaci�n solicitada no puede ser revelada y, ante una duda o un vac�o legal, debe primar el derecho de acceso a la informaci�n.

 

79.   Adem�s de dicha circunstancia, este Tribunal precis� que tampoco puede alegarse la reserva cuando se trata de violaciones a los derechos humanos ni puede usarse para �no aportar la informaci�n requerida por las autoridades judiciales o administrativas�^[139]. Adem�s, dijo la Corte, es necesario que exista un procedimiento que garantice la revisi�n de la negaci�n de acceso a informaci�n requerida, por una segunda instancia, a trav�s de un recurso sencillo, r�pido y efectivo. Sobre el derecho de las v�ctimas a conocer la verdad, la Corte Constitucional, refiri�ndose a la confidencialidad de archivos oficiales o por razones de defensa nacional, indic� que es �indispensable tomar medidas cautelares para impedir la destrucci�n, adulteraci�n o falsificaci�n de los archivos en que se recogen las violaciones cometidas. Adem�s, indic� que no podr� invocarse confidencialidad o razones de defensa nacional para evitar su consulta por las instancias judiciales o las v�ctimas�[140].

 

80.   Sobre el t�rmino de la reserva, la Corte concluy� que el t�rmino legal de 30 a�os resulta razonable y proporcionado. En tal sentido, indic� que dicho plazo puede ser ampliado hasta por 15 a�os m�s, bajo la condici�n de que se cumplieran varias condiciones: (i) exista una recomendaci�n presentada por un organismo de inteligencia y contrainteligencia; (ii) atienda a casos espec�ficos; y (iii) bajo la posibilidad que el presidente de la Rep�blica acoja la recomendaci�n y se trate de i) una amenaza grave interna o externa contra la seguridad o la defensa nacional; ii) informaci�n que ponga en riesgo las relaciones internacionales, iii) est� relacionada con grupos armados al margen de la ley, o iv) atente contra la integridad personal de los agentes o las fuentes. En todo caso, la decisi�n de ampliaci�n del plazo debe estar suficiente y razonablemente fundada.

 

81.   Adem�s de lo anterior, para edificar el cargo por infracci�n del derecho a la informaci�n, a las y los demandantes les correspond�a consultar el contexto legal y jurisprudencial en el que se encuentra inserto el art�culo 33 acusado. Esto exig�a que tuvieran en cuenta, incluso, las regulaciones posteriores y los pronunciamientos del int�rprete autorizado de la Constituci�n en la materia. En ese sentido era relevante considerar las fuentes que se enuncian a continuaci�n.

 

80.1.      En la Sentencia C-274 de 2013, la Corte Constitucional adelant� el control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de transparencia y del derecho de acceso a la informaci�n p�blica nacional, que luego ser�a aprobada como la Ley 1712 de 2014. En esa oportunidad en cuanto (i) al principio de m�xima divulgaci�n y las excepciones admisibles; y (ii) a las condiciones de la reserva, este Tribunal reiter� la Sentencia C-540 de 2012. Insisti� adem�s en que la reserva legal no puede cobijar informaci�n que por decisi�n constitucional debe ser p�blica.

 

De manera particular al ocuparse de la excepci�n al acceso a documentos p�blicos por razones de seguridad y defensa nacional (num. 3 del art. 19 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014), este tribunal precis� que para negar el acceso a dicha informaci�n: �(i) s�lo puede hacerlo si ese acceso est� expresamente prohibido por la Constituci�n o por una norma de car�cter legal; y (ii) debe manifestarlo por escrito y de manera motivada�[141]. Precis� entonces que las limitaciones que se establezcan deben (a) interpretarse conforme a las exigencias constitucionales; (b) estar en la Constituci�n o de �manera clara y precisa en una ley, como quiera que las referencias gen�ricas e indeterminadas a todo tipo de informaci�n, conduce a la vulneraci�n absoluta del derecho de acceso a la informaci�n p�blica�[142]; (c) indicar el contenido puntual o tipolog�a de informaci�n cuya divulgaci�n o acceso puede afectar gravemente el inter�s protegido; y (d) demostrar que existe la posibilidad real, probable y espec�fica de da�ar esos intereses protegidos -la seguridad y defensa nacional- en caso de permitir el acceso aquellos.

 

Precis� la Corte que, en todo caso, la restricci�n debe obedecer a �un inter�s leg�timo e imperioso�[143] al tiempo que no debe existir �otro medio menos restrictivo para garantizar dicho inter�s�[144]. Dicha restricci�n no es una funci�n discrecional, sino restringida, necesaria y controlable. Finalmente, en cuanto a la temporalidad de la reserva -que seg�n el art�culo 22 de la Ley 1712 de 2014 ser� m�ximo de 15 a�os y que podr� ser extendido por otro lapso igual, previa aprobaci�n del superior jer�rquico de cada una de las Ramas del Poder P�blicos y �rganos de control-, reiter� las consideraciones que sobre los plazos se hicieron en la Sentencia C-540 de 2012.

 

80.2.      En la Sentencia C-951 de 2014 realiz� el control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que regulaba el derecho de petici�n y que luego ser�a aprobado como Ley 1755 de 2015. En relaci�n con el art�culo 25 de la Ley 1755 de 2015, en el que se establec�an las limitaciones al acceso a la informaci�n, este Tribunal nuevamente reiter� los criterios constitucionales sobre el principio de m�xima divulgaci�n y la reserva legal excepcional de informaci�n y documentos. Con ese punto de partida, la Corte sostuvo que las limitaciones al derecho de acceso a la informaci�n deben dar estricto cumplimiento a los requisitos derivados del art�culo 13.2 de la CADH, es decir, que se trate de condiciones de car�cter excepcional establecidas en la ley, que persiga objetivos leg�timos, que atienda a criterios de necesidad y proporcionalidad, por ejemplo, proteger la seguridad nacional o el orden p�blico.

 

Al ocuparse de la limitaci�n del acceso a la informaci�n por razones de seguridad y defensa nacional, este Tribunal reiter� que �toda restricci�n debe perseguir un fin leg�timo y estar acorde a los principios de proporcionalidad y razonabilidad�[145].  Por lo que no basta con apelar a la f�rmula gen�rica �defensa y seguridad del Estado� para que cualquier restricci�n resulte admisible. Se�al�, adem�s, que en cuanto a la definici�n de seguridad nacional, deb�a considerarse el principio No. 8 de los Principios de Lima, seg�n el cual �las restricciones al derecho de acceso por motivos de seguridad nacional solo ser�n v�lidas cuando est�n orientadas a proteger la integridad territorial del pa�s y �en situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente de colapso del orden democr�tico��[146].

 

81.   Revisada la demanda, la Sala Plena constata que el cargo se limit� a plantear reproches generales sobre la vaguedad de expresiones como �defensa y seguridad nacional�, sin confrontar el marco detallado de la Sentencia C-540 de 2012 y las decisiones posteriores que delimitaron los contornos del acceso a la informaci�n de documentos. Al omitir la confrontaci�n descrita, los cargos no recayeron sobre una proposici�n normativa inserta en el sistema normativo colombiano vigente, tal y como este ha sido comprendido por la jurisprudencia constitucional. En contraste, el escrito parti� de una lectura parcial y subjetiva del art�culo 33 de la Ley 1621 de 2013. Por ello, se incumpli� el requisito de certeza.

 

82.   En s�ntesis, las y los actores omitieron incluir en su an�lisis el alcance detallado que se otorg� al art�culo 33 por la Corte Constitucional en las Sentencias C-540 de 2013, as� como el contenido de los Fallos C-274 de 2014 y C-951 de 2015 y las leyes que fueron promulgadas despu�s de su control. Por lo tanto, el ejercicio de confrontaci�n no obedeci� a una interpretaci�n sistem�tica y, por tanto, la ambig�edad reprochada no consult� el ordenamiento jur�dico en el que se encuentra inserta, sino que obedece a uno atribuido por las y los accionantes. Esto no solo afect� la certeza, sino la especificidad de los planteamientos de la demanda.

 

83.   Esto es as� porque de conformidad con los par�metros estrictos y vigentes, se concluye que los argumentos de las y los demandantes no mostraron c�mo se genera una contradicci�n concreta entre la disposici�n acusada y los est�ndares fijados por la Corte IDH en el caso Miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados Jos� Alvear Restrepo vs. Colombia. En contraste, la demanda se limit� a plantear reproches generales sobre la vaguedad de expresiones como �defensa y seguridad nacional�, sin confrontar el marco detallado de la sentencia C-540 de 2012. Por tanto, al omitir la confrontaci�n descrita, los cargos suscitaron la duda m�nima de inconstitucionalidad exigida por la jurisprudencia. En consecuencia, carecen de certeza, especificidad y suficiencia.

 

84.   En s�ntesis, los demandantes no mostraron c�mo las reglas establecidas en la sentencia adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Miembros de la Corporaci�n Colectivo de Abogados Jos� Alvear Restrepo vs. Colombia se proyectan de manera concreta sobre los apartes acusados de la Ley 1621 de 2013, ni explicaron por qu� el alcance normativo definido en la C-540 de 2012 resulta incompatible con los est�ndares interamericanos. En este entendido, este Tribunal no puede suplir esas carencias reelaborando los cargos, pues ello desconocer�a la naturaleza rogada y abstracta del control de constitucionalidad que en esta oportunidad se efect�a. Las anteriores razones suficientes para que la Corte Constitucional se inhiba de efectuar un estudio de fondo de los cargos planteados en esta demanda.

 

V. DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE:

 

Primero. INHIBIRSE para emitir un estudio de fondo respecto de los art�culos 17 y 33 de la Ley 1621 de 2013.

 

C�piese, notif�quese, comun�quese, c�mplase y arch�vese el expediente.

 

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Presidente

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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