Sentencia C-251/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

��������������������������������� Corte Constitucional

Sala Plena

 

SENTENCIA C-251 DE 2026

 

Referencia: expediente D-17104.

 

Asunto: demanda de inconstitucionalidad en contra del art�culo 6� (parcial) de la Ley 1908 de 2018, que adicion� el art�culo 340A de la Ley 599 de 2000.

 

Actores: Daniel Su�rez Madera y Juan Luis Jaramillo Arias

 

Magistrada ponente:

Natalia �ngel Cabo

 

Bogot�, D. C., doce (12) agosto de dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y previo cumplimiento de los requisitos y tr�mites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA.

 

S�ntesis de la decisi�n

 

La Corte Constitucional estudi� una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el art�culo 6� (parcial) de la Ley 1908 de 2018, que adicion� el art�culo 340A de la Ley 599 de 2000. Para los accionantes, la expresi�n �sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l�cito de los honorarios�, contenida en dicha disposici�n, vulner� el art�culo 29 de la Constituci�n. Seg�n la demanda, la exigencia de acreditar el origen l�cito de los honorarios, para los abogados que prestan defensa t�cnica a personas presuntamente vinculadas a grupos delictivos organizados, viola el debido proceso y la presunci�n de inocencia.

 

Para resolver el asunto, como cuesti�n previa, la Corte analiz� la configuraci�n de la cosa juzgada constitucional. Con ese fin, esta sentencia reiter� la jurisprudencia sobre el fen�meno de la cosa juzgada y se refiri� al contenido de la Sentencia C-035 de 2026, que estudi� la constitucionalidad de la expresi�n acusada respecto del mismo cargo planteado en esta oportunidad. Al respecto, la Corte record� que en esa sentencia se declar� la inexequibilidad de la expresi�n �deber de acreditar sumariamente el�, por encontrarla contraria al debido proceso y la presunci�n de inocencia.

 

A partir de esas consideraciones, la Corte resolvi� estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026 ante la configuraci�n de la cosa juzgada formal y absoluta. Ello pues, mediante esa decisi�n, la Corte expuls� de forma definitiva la norma demandada del ordenamiento jur�dico.

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.            En ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 241 de la Constituci�n Pol�tica, los ciudadanos Daniel Su�rez Madera y Juan Luis Jaramillo Arias presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el art�culo 6� (parcial) de la Ley 1908 de 2018, que adicion� el art�culo 340A de la Ley 599 de 2000^[1]. Los actores plantearon que la disposici�n acusada desconoc�a los art�culos 29, 83 y 250 de la Constituci�n. En concreto, la demanda plante� tres cargos: (i) la violaci�n del derecho al debido proceso y el principio de la presunci�n de inocencia, (ii) la transgresi�n del principio de buena fe y (iii) el desconocimiento de la funci�n investigativa asignada, de forma exclusiva, a la Fiscal�a General de la Naci�n[2].

 

2.            Mediante un auto del 20 de enero de 2026, la magistrada sustanciadora admiti� �nicamente el cargo por violaci�n del art�culo 29 de la Constituci�n e inadmiti� los cargos por la violaci�n de los art�culos 83 y 250 constitucionales. Luego de la correcci�n de la demanda, mediante auto del 11 de febrero de 2026, la magistrada ponente rechaz� los cargos inadmitidos y, respecto del cargo por violaci�n del art�culo 29 de la Constituci�n admitido, dispuso: (i) la fijaci�n en lista del proceso para la recepci�n de intervenciones ciudadanas; (ii) el traslado a la Procuradur�a General de la Naci�n; (iii) la comunicaci�n del inicio del tr�mite al presidente de la Rep�blica; al presidente del Congreso de la Rep�blica y al Ministerio de Justicia y del Derecho; y (iv) la invitaci�n a diversas entidades y universidades para participar en la presente actuaci�n[3].

 

1.     Norma demandada

 

3.            A continuaci�n, se transcribe y subraya el aparte correspondiente a la disposici�n acusada:

 

�Ley 1908 de 2018[4]

 

(Julio 09)

 

Por medio de la cual se fortalecen la investigaci�n y judicializaci�n de organizaciones

criminales, se adoptan medidas para su sujeci�n a la justicia y se dictan otras disposiciones.

 

(�)

 

Art�culo 6. Adici�nese el art�culo 340A de la Ley 599 de 2000, el cual quedar� as�:

 

Art�culo 340A. Asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jur�dicos, contables, t�cnicos o cient�ficos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el prop�sito de servir o contribuir a los fines il�citos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrir� por esta sola conducta en� prisi�n de seis (6) a diez (10) a�os e inhabilidad para el ejercicio de la profesi�n, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) a�os.

 

No se incurrir� en la pena prevista en este art�culo cuando los servicios consistan en la defensa t�cnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l�cito de los honorarios. En todo caso el Estado garantizar� la defensa t�cnica�.

 

2.     La demanda[5]

 

4.            Para los actores la disposici�n acusada desconoce la presunci�n de inocencia y el debido proceso, en la medida en que exige al defensor acreditar sumariamente el origen l�cito de sus honorarios para no incurrir en responsabilidad penal por el delito de asesoramiento a grupos delictivos y armados organizados. En criterio de los demandantes, ello implica una inversi�n de la carga de la prueba y la imposici�n de una presunci�n de culpabilidad. Esto porque el defensor estar�a en la obligaci�n de demostrar �su inocencia mediante la acreditaci�n de [�]: la no colaboraci�n con fines de continuidad de las conductas il�citas, con grupos armados y el origen l�cito de sus honorarios�. Seg�n se�alaron, esta exigencia transforma el ejercicio de la defensa t�cnica en un factor de riesgo penal[6] y desconoce el principio seg�n el cual corresponde al Estado desvirtuar la presunci�n de inocencia[7].

 

3.     Intervenciones

 

5.            En el tr�mite de constitucionalidad se recibieron cinco intervenciones. El Departamento de Derecho Penal y Criminolog�a de la Universidad Externado de Colombia solicit� que se declarara la inexequibilidad de la norma mientras los dem�s intervinientes solicitaron a la Corte �estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026�. Las posturas de los intervinientes se sintetizan as�:

 

 

6.            Por su parte, en la siguiente tabla se exponen los argumentos desarrollados por cada uno de los intervinientes en los escritos remitidos a la Corte:

 

 

4.     Concepto del procurador general de la Naci�n

 

7.            El procurador general de la Naci�n solicit� a la Corte �estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026�. Preliminarmente, el funcionario formul� una �declaraci�n de transparencia�[14] en la que indic� si bien realiz� actuaciones formales en el proceso legislativo que dio origen a la disposici�n demandada, en su calidad de secretario del Senado de la Rep�blica, no se encuentra inmerso en una causal de impedimento porque el cargo admitido en este caso est� relacionado con cuestiones de fondo. Al respecto, precis� que en el proceso de constitucionalidad surtido bajo el radicado D-16487, frente a la misma norma y por un cargo similar, la Sala Plena rechaz� su manifestaci�n de impedimento mediante el Auto 1171 de 2025.

 

8.            Respecto al caso concreto, el jefe del Ministerio P�blico record� que, conforme al art�culo 243 de la Carta Pol�tica, las decisiones de la Corte Constitucional hacen tr�nsito a cosa juzgada constitucional, de suerte que adquieren el car�cter de inmutables, vinculantes y definitivas. As�, insisti� en que esta figura busca asegurar la supremac�a de la Constituci�n y garantizar los principios de seguridad jur�dica, igualdad y confianza leg�tima.

 

9.            Luego de caracterizar las diferentes modalidades de ese fen�meno, el procurador record� los requisitos que se exigen para la configuraci�n de la cosa juzgada absoluta. En concreto, se�al� que para ello se debe identificar: (i) la identidad de objeto, (ii) la existencia de una decisi�n de constitucionalidad previa con identidad de cargos formulados y (iii) la ausencia de modificaci�n sustancial del contexto legal o del par�metro constitucional que sirvi� de fundamento al examen anterior.

 

10.        A partir de estos planteamientos, el ministerio p�blico sostuvo que se configura el fen�meno de la cosa juzgada respecto de la Sentencia C-035 de 2026 ya que �en dicha providencia la Corte analiz� la norma demandada bajo el mismo precepto superior que se pone de presente en el actual expediente�[15]. Asimismo, el concepto hizo �nfasis en que la sentencia en cuesti�n declar� la inexequibilidad de la expresi�n �deber de acreditar sumariamente el�, con fundamento en que �lo que era contrario a la Carta no era exigir que la defensa t�cnica se asuma con recursos l�citos, sino que dicha circunstancia tuviera que ser demostrada por quien ejerce la defensa t�cnica, m�s no por el ente acusador�[16].

 

11.        Por lo anterior, el procurador general de la Naci�n solicit� que la Corte declare estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026 pues, a su juicio, entre aquel y el presente asunto existe: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa petendi y (iii) identidad de par�metro constitucional. Adem�s, advirti� que no existe ninguna alteraci�n en el contexto normativo ni elementos adicionales que impliquen el debilitamiento de la cosa juzgada constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, el ministerio p�blico solicit� que se incorporen en el presente asunto los planteamientos del concepto rendido sobre la constitucionalidad de la norma en el marco del expediente D-16487.

 

II.          CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

12.        De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 241.4 de la Constituci�n Pol�tica, la Corte es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en este proceso, dado que en ella se cuestiona una ley de la Rep�blica.

 

2.     Cuesti�n previa: an�lisis de la cosa juzgada

 

13.        En el presente proceso de constitucionalidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fundaci�n Jur�dica Proyecto Inocencia, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana y el procurador general de la Naci�n solicitaron que la Corte se declare estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026. Ello porque, dentro del expediente D-16487 que finaliz� con la citada sentencia, la Corte conoci� de una demanda de inconstitucionalidad formulada contra la misma expresi�n ahora cuestionada.

 

14.        Ante ese escenario, antes de examinar el fondo del asunto, la Corte debe verificar si se configur� el fen�meno de la cosa juzgada constitucional. Si ello es as�, la Corte debe declararse estarse a lo resuelto en la sentencia previa[17]. Con ese fin, este Tribunal, primero, reiterar� brevemente su jurisprudencia sobre la cosa juzgada. Segundo, har� referencia al contenido de la Sentencia C-035 de 2026. Finalmente, en una tercera parte, la Sala Plena establecer� si, en este caso, existe cosa juzgada.

 

3.     La cosa juzgada constitucional. Reiteraci�n de jurisprudencia[18]

 

15.        El art�culo 243 de la Constituci�n Pol�tica establece que �los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr�nsito a cosa juzgada constitucional�. A continuaci�n, la norma constitucional dispone que �[n]inguna autoridad judicial podr� reproducir el contenido material del acto jur�dico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci�n entre la norma ordinaria y la Constituci�n�. En desarrollo de la norma constitucional, los art�culos 48 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y 21 del Decreto Ley 2067 de 1991 establecen que todas las sentencias proferidas por la Corte en ejercicio de sus competencias de control abstracto �son definitivas, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos [generales]�. Por ello, la Corte Constitucional, por regla general, no puede pronunciarse respecto de un asunto fallado con anterioridad.

 

16.        La jurisprudencia constitucional reconoce que la configuraci�n de la cosa juzgada solo ocurre cuando se configuran tres par�metros en un caso concreto[19]. Primero, que la demanda se dirija contra el mismo contenido normativo de una proposici�n jur�dica estudiada en una sentencia previa. Tal requisito se puede configurar de dos formas: (i) cuando la demanda se dirige contra un mismo enunciado normativo ya evaluado en una sentencia anterior o (ii) cuando el contenido normativo se encuentre en un enunciado diferente, pero con significado equivalente[20]. Segundo, que se presenten los mismos cuestionamientos o argumentos abordados en el fallo anterior[21]; y tercero, que el par�metro normativo de control no haya variado.

 

17.        Paralelamente, este Tribunal ha identificado los tipos de cosa juzgada constitucional. As�, en primer lugar, la cosa juzgada formal ocurre cuando la Corte ya se pronunci� respecto de la disposici�n demandada, evento en el cual la Sala Plena debe estarse a lo resuelto en la sentencia previa. En segundo lugar, la cosa juzgada material es aquella que ocurre cuando se acusa una disposici�n que, si bien es formalmente distinta, tiene un contenido normativo id�ntico al de otra que fue objeto de control por este Tribunal[22].

 

18.        En tercer lugar, la cosa juzgada puede ser absoluta, relativa o aparente. La cosa juzgada absoluta es aquella que se da cuando, en la sentencia previa, la Corte ejerci� control sobre la norma de forma integral y definitiva, de acuerdo con el art�culo 241 de la Constituci�n Pol�tica. Esto ocurre, por ejemplo, con el control ejercido sobre las leyes estatutarias, los decretos legislativos proferidos en el marco de los estados de excepci�n y sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias. En esos casos se entiende que el control de constitucionalidad se ejerci� respecto de la integralidad de la Constituci�n. Adem�s, esta modalidad de cosa juzgada tambi�n opera en los eventos en que el enunciado legal fue declarado inexequible, es decir, cuando fue expulsado del ordenamiento jur�dico. Ahora bien, los efectos de la cosa juzgada absoluta son los de conferir a la decisi�n el car�cter de inmutable, definitiva y vinculante, pues con ella se agot� el debate constitucional sobre la norma[23].

 

19.        Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que la cosa juzgada admite excepciones en eventos precisos y estrictos. En ese orden, el enervamiento de la cosa juzgada[24] puede ocurrir si: (i) se configur� una modificaci�n al par�metro de control constitucional, (ii) se produjo un cambio en la significaci�n material de la Constituci�n y (iii) hubo una variaci�n del contexto normativo o de aplicaci�n de la disposici�n[25]. As�, por ejemplo, el fen�meno de la inconstitucionalidad sobreviniente se presenta cuando el vicio de constitucionalidad ocurre con posterioridad al control integral ejercido, pues con ello ha operado un cambio en el referente de control. Tambi�n puede presentarse la inconstitucionalidad sobrevenida porque el vicio que afecta a la norma juzgada se configur� con posterioridad al pronunciamiento de la Corte y consiste, por ejemplo, en la indebida sanci�n de la ley[26].

 

20.        En todo caso, cuando la cosa juzgada absoluta se presenta porque la Corte expuls� del ordenamiento jur�dico determinada norma, no es viable realizar un nuevo an�lisis de fondo respecto de demandas en tr�mite o futuras acciones contra la misma norma. Ello pues, como ha se�alado la Corte, en esos eventos se elimina el objeto mismo de un eventual juicio de constitucionalidad[27]. Al respecto, la Sala Plena ha sostenido que:

 

�el principio de cosa juzgada constitucional absoluta cobra mayor relevancia cuando se trata de decisiones de inexequibilidad, por cuanto en estos casos las normas analizadas y encontradas contrarias a la Carta Pol�tica son expulsadas del ordenamiento jur�dico, no pudiendo sobre ellas volver a presentarse demanda de inconstitucionalidad o ser objeto de nueva discusi�n o debate�[28].

 

21.        En cambio, la cosa juzgada relativa es aquella que ocurre cuando, impl�cita o expl�citamente, la Sala Plena restringi� los efectos de su decisi�n a los cargos analizados. En estos eventos, es posible un nuevo pronunciamiento sobre la disposici�n si esta es acusada por cargos nuevos, distintos a los ya analizados. Por su parte, la cosa juzgada constitucional aparente se configura cuando una norma fue declarada exequible en la parte resolutiva de la sentencia, pero la parte motiva de la sentencia no contiene, siquiera m�nimamente, la argumentaci�n que sustente esa determinaci�n. En esos eventos debe entenderse que la declaratoria de exequibilidad result� de un descuido o error de transcripci�n en la resolutiva, por lo cual esa declaraci�n no adquiri� la fuerza vinculante de la cosa juzgada. En consecuencia, la disposici�n puede ser demandada nuevamente para que la Corte Constitucional realice, esta vez de manera real, el respectivo examen de fondo[29].

 

22.        En la siguiente tabla se resumen las tipolog�as de cosa juzgada constitucional rese�adas, los supuestos en los que se configuran y sus consecuencias respecto de los procesos en curso:

 

Fuente: elaboraci�n propia a partir de la Sentencia C-462 de 2024.

 

23.        En s�ntesis, la cosa juzgada constitucional es una figura jur�dica que confiere car�cter definitivo e inalterable a una decisi�n judicial. De esa forma se busca evitar que la norma analizada sea nuevamente objeto de examen o que sea reproducida en el ordenamiento jur�dico. Por su parte, en el caso particular de las sentencias de inexequibilidad, la cosa juzgada tiene car�cter absoluto, pues la disposici�n es expulsada del sistema jur�dico. En consecuencia, no es posible realizar un nuevo an�lisis de fondo respecto de demandas en tr�mite o frente a futuras acciones contra la misma norma. Por eso, la Corte debe limitarse a acatar lo decidido en la sentencia previa que declar� su inexequibilidad.

 

4.     La Sentencia C-035 de 2026

 

24.        En la Sentencia C-035 de 2026, la Corte estudi� una demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresi�n �sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l�cito de los honorarios� contenida en el art�culo 6 de la Ley 1908 de 2018, que adicion� el art�culo 340A del C�digo Penal. El apartado demandado hace parte de la norma que tipifica el delito de asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.

 

25.        En el mencionado proceso de constitucionalidad, este Tribunal analiz� un cargo por la transgresi�n del derecho a la presunci�n de inocencia consagrado en el art�culo 29 de la Constituci�n. En concreto, el demandante sostuvo que la norma le exig�a al abogado defensor acreditar el origen l�cito de los honorarios percibidos. Esto, pese a que, a su juicio, esa carga le correspond�a a la Fiscal�a General de la Naci�n, pues es la entidad que tiene el deber de probar, m�s all� de toda duda razonable, el origen l�cito de los honorarios o que el abogado actu� con el prop�sito il�cito exigido por el tipo penal.

 

26.        En el caso concreto, la Corte encontr� que la tipificaci�n del delito de asesoramiento a organizaciones delictivas ten�a una finalidad constitucional leg�tima y se enmarcaba en el amplio margen de configuraci�n legislativa en materia penal. Sin embargo, este Tribunal record� que la potestad legislativa no es absoluta y est� sujeta a l�mites precisos relacionados con el respeto de los valores, principios y derechos definidos en la Constituci�n y el bloque de constitucionalidad. A partir de esas premisas, la Sala concluy� que la exigencia a los apoderados judiciales de acreditar el origen l�cito de los honorarios afecta, de manera injustificada, la presunci�n de inocencia como n�cleo esencial del derecho al debido proceso. Ello en la medida en que invierte la carga probatoria a cargo del Estado de acreditar m�s all� de toda duda razonable que la defensa t�cnica se dio con fines il�citos.

 

27.        Con fundamento en lo anterior, la Corte precis� que lo que resulta inconstitucional es la exigencia de que sea el abogado quien acredite tal circunstancia, mas no la exigencia de que los honorarios tengan un origen l�cito. Por ello, seg�n explic� esta Corporaci�n, la inconstitucionalidad reposa en la inversi�n de la carga de la prueba para que sea el abogado quien acredite la licitud de los honorarios. Por esa raz�n, la Sala Plena se decant� por declarar la inexequibilidad solo respecto de la expresi�n �deber de acreditar sumariamente el�. De esa forma, la Corte Constitucional busc� evitar la afectaci�n de la estructura del tipo penal con el cual se busca la persecuci�n penal de las personas que, a trav�s de su asesoramiento, contribuyen al funcionamiento de las organizaciones delictivas[32].

 

5.     Verificaci�n de la cosa juzgada en el caso concreto

 

28.        En esta oportunidad, los accionantes demandaron la inconstitucionalidad de la expresi�n �sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l�cito de los honorarios� contenida en el art�culo 6 de la Ley 1908 de 2018, que adicion� el art�culo 340A del C�digo Penal, por la transgresi�n del art�culo 29 constitucional. Para los actores, la norma demandada desconoce la presunci�n de inocencia y el debido proceso, pues supone la inversi�n de la carga probatoria y la presunci�n de responsabilidad de los abogados que presten defensa t�cnica a personas presuntamente vinculadas a estructuras delictivas. Con ello, la norma desconoce el principio seg�n el cual le corresponde al Estado la obligaci�n de desvirtuar la presunci�n de inocencia.

 

29.        A partir de lo anterior, la Corte Constitucional encuentra que en este caso se configur� el fen�meno de la cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-035 de 2026, decisi�n que fue proferida mientras el presente tr�mite se encontraba en curso[33]. Lo anterior porque en dicha sentencia, la Corte expuls� del ordenamiento jur�dico la norma objeto de la presente demanda. En concreto, la Sala Plena declar� la inconstitucionalidad de la exigencia, a cargo de los abogados defensores, de demostrar el origen l�cito de los honorarios percibidos cuando prestan asesor�a t�cnica a presuntos integrantes de grupos ilegales.

 

30.        En efecto, tanto en la Sentencia C-035 de 2026 como en esta oportunidad la norma demandada corresponde a la que se deriva de la expresi�n �sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l�cito de los honorarios� contenida en el art�culo 6 de la Ley 1908 de 2018. Al respecto, como qued� explicado en los fundamentos 24 y siguientes de esta providencia, la Corte encontr� que la norma que se derivaba de la expresi�n demandada, que impon�a el deber de demostrar la licitud de los honorarios a los abogados defensores, era contraria al art�culo 29 constitucional. Ello porque, mediante esta, se desconoc�a el derecho a la presunci�n de inocencia de los abogados defensores que prestan asesor�a t�cnica a los presuntos miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. De esa forma, el legislador desconoci� el principio seg�n el cual le corresponde al Estado la obligaci�n de desvirtuar la presunci�n de inocencia.

 

31.        Por su parte, este Tribunal encontr� que el resto de la disposici�n, estudiada a la luz del cargo planteado, no resultaba contraria a la Constituci�n. Ello luego de advertir que la exigencia de que los honorarios tengan un origen l�cito no transgrede el art�culo 29 de la Carta, pues lo que es contrario a la Constituci�n es la exigencia de que sea el abogado quien est� obligado a demostrar tal licitud.

 

32.        Conforme a lo anterior, en el presente asunto se configur� el fen�meno de la cosa juzgada formal y absoluta respecto de la expresi�n �deber de acreditar sumariamente el� que integra la disposici�n demandada y que constituye el apartado efectivamente expulsado del ordenamiento jur�dico. Como se se�al� en los fundamentos 17 y 18 de esta providencia, esta modalidad de cosa juzgada se presenta cuando la Corte expulsa del ordenamiento jur�dico normas de naturaleza legal que contravienen uno o varios preceptos constitucionales. En esa medida, dado que la norma cuestionada en este caso es la misma declarada inconstitucional previamente, la �nica opci�n jur�dicamente v�lida es la de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026.

 

33.        Por dem�s, conviene precisar que el hecho de que la declaratoria de inconstitucionalidad en la sentencia previa no se haya realizado frente a toda la expresi�n demandada, no descarta la configuraci�n de la cosa juzgada en los t�rminos expuestos. Ello en vista de que aquel pronunciamiento se produjo respecto de la misma norma cuestionada en este caso, esto es: el deber, a cargo del abogado defensor, de acreditar el origen l�cito de los honorarios.

 

34.        Al respecto, como se explic� en el fundamento 26 de esta decisi�n, la Corte decidi� no expulsar toda la disposici�n acusada con el fin de no afectar la estructura del tipo penal de asesoramiento a grupos delictivos. De esa forma, aunque no se haya declarado inexequible toda la disposici�n, la norma objeto de control en este y en aquel caso es la misma y corresponde a la que fue excluida del ordenamiento jur�dico. Por otro lado, la ratio decidendi de la C-035 de 2026 ya resolvi�, de manera completa, el �nico cargo constitucional planteado en esta oportunidad. Esa circunstancia impide un nuevo pronunciamiento sobre el apartado que no fue declarado inexequible frente al cargo aqu� estudiado.

 

35.        Por lo tanto, la Sentencia C-035 de 2026 constituye cosa juzgada formal y absoluta frente a la expresi�n �sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l�cito de los honorarios� por el desconocimiento de la presunci�n de inocencia y el debido proceso. En consecuencia, como la �nica opci�n jur�dicamente v�lida para la Corte en esta ocasi�n es estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035, no procede emitir un pronunciamiento distinto al que previamente profiri�.

 

III.      DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

�nico. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-035 de 2026 que declar� la inexequibilidad de la expresi�n �deber de acreditar sumariamente el� contenida en el inciso segundo del art�culo 340 A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el art�culo 6 de la Ley 1908 de 2018, �por medio de la cual se fortalecen la investigaci�n y judicializaci�n de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeci�n a la justicia y se dictan otras disposiciones�.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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