Salvamento de Alvaro Tafur Galvis — C-1056/04

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ALVARO TAFUR GALVIS A LA SENTENCIA C-1056 04HABEAS CORPUS-Antecedentes históricos (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Antecedentes legislativos y jurisprudenciales (Salvamento de voto)BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO LATO-Integración (Salvamento de voto)BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD ESTRICTO SENSU-Integración (Salvamento de voto)BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Requisitos para que tratado forme parte (Salvamento de voto)PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE DERECHOS EN ESTADOS DE EXCEPCION-Aplicación respecto a derechos y garantías no incluidos expresamente en normas internacionales (Salvamento de voto)RECURSO DE AMPARO Y HABEAS CORPUS-Su ejercicio no puede restringirse por tratarse de garantías indispensables para la efectiva protección de los derechos (Salvamento de voto)CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN ESTADOS DE EXCEPCION-Alcance (Salvamento de voto)DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN ESTADOS DE EXCEPCION-Respeto de reglas (Salvamento de voto)DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Finalidad (Salvamento de voto)DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Carácter prevalente (Salvamento de voto)DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Interpretación conforme a tratados de derechos humanos (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Consagración en instrumentos internacionales (Salvamento de voto)CLAUSULA DE FAVORABILIDAD EN INTERPRETACION DE DERECHOS HUMANOS-Alcance (Salvamento de voto)DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-No es absoluto (Salvamento de voto)DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Condiciones para su limitación (Salvamento de voto)PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL-Alcance (Salvamento de voto)DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Legislador al regular restricciones debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad (Salvamento de voto)CAPTURA EN FLAGRANCIA-Alcance (Salvamento de voto)LIBERTAD PERSONAL EN ESTADOS DE EXCEPCION-Necesidad de orden judicial escrita (Salvamento de voto)Solamente, cuando existan circunstancias de urgencia insuperables y sea necesario proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, la autorización judicial previamente escrita podrá ser comunicada verbalmente. Y solamente cuando en estas circunstancias excepcionalísimas sea imposible requerir la autorización judicial, podrá actuarse sin orden del funcionario judicial debiéndose poner en todo caso la persona a disposición de un fiscal tan pronto como sea posible y en todo caso dentro de las veinticuatro horas siguientes y deberá informarse a la Procuraduría del hecho y de las razones que motivaron dicha actuación, para lo de su competencia. Así las cosas, en tiempos de normalidad institucional salvo la excepción a que alude expresamente el artículo 32 superior para el caso de la flagrancia nadie podrá ser reducido a prisión o arresto, ni detenido sino por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. En estado de conmoción interior igualmente se requerirá mandamiento escrito salvo en flagrancia o en las circunstancias excepcionalísimas a que se ha hecho referencia. RESERVA JUDICIAL EN LIBERTAD PERSONAL-Consagración constitucional (Salvamento de voto)La interpretación a que se ha hecho referencia contenida en la sentencia C-024 94 plantea el equívoco que a pesar de la voluntad del Constituyente de no reproducir en la Constitución de 1991 los preceptos superiores que daban la posibilidad de que una autoridad diferente a la autoridad judicial pudiera ordenar la privación de la libertad de una persona, resultara con ella estableciéndose “una más amplia facultad de detención administrativa” con la que, no la autoridad competente, no el Presidente con la firma de los Ministros, sino cualquier autoridad sin requisitos fijados en la Carta sobre los motivos o condiciones para hacerlo, pudiera privar de la libertad a cualquier persona sin orden judicial, con la única condición de entregarla a la autoridad judicial a las treinta y seis horas. Cabe hacer énfasis en que existiendo un mandato expreso del Constituyente en el artículo 28 en relación con la autoridad competente según la Constitución para ordenar la privación de la libertad, a saber la autoridad judicial, no pueden interpretarse las disposiciones internacionales de tal forma que la obligación de llevar ante la autoridad judicial a quien ha sido privado de la libertad, o el derecho que este tiene de invocar ante una autoridad judicial el posible carácter ilegal de la detención anule el derecho que tiene la persona a que solamente pueda ser detenida por orden de autoridad judicial como lo prescribe expresamente la Constitución colombiana. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Tipos de protección según el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Salvamento de voto)LEY ESTATUTARIA-Condiciones especiales para aprobación, modificación o derogación (Salvamento de voto)PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE HABEAS CORPUS-Trámite (Salvamento de voto)VICIO DE TRAMITE LEGISLATIVO-Subsanación apropiada a pesar de que actuaciones del Congreso no se surtieron de acuerdo con lo indicado por la Corte Constitucional PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE HABEAS CORPUS-Supresión del trámite de aprobación en el Senado de la República (Salvamento de voto)El Congreso ante la imposibilidad de adelantar la actuación enunciada de acuerdo con lo indicado en el auto del 24 de septiembre de 2003, acudió a la aplicación del aparte final del tercer inciso del artículo 202 de la Ley 5° de 1992 y procedió a dar aprobación por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República del informe de la Comisión accidental designada por las mesas directivas de dichas corporaciones en el que se contenía el texto del proyecto de ley estatutaria sub examine. Al respecto consta en efecto en el expediente -conforme a las actas respectivas y a sendas certificaciones remitidas a esta Corporación a solicitud del Magistrado sustanciador-, que en el Senado de la República, -previo anuncio de la votación a efectuar-, el informe aludido fue aprobado en la sesión plenaria del Senado de la República del 17 de junio de 2004 “con un total de 95 votos”. Por su parte en la Cámara de Representantes según certificación del Secretario General de esa Corporación consta igualmente que -previo anuncio de la votación a efectuar-, dicha Corporación aprobó en la sesión plenaria del 17 de junio de 2004 el informe de la Comisión accidental de mediación por “92 votos” Es decir en ambos casos por mayoría absoluta de los miembros de dichas Corporaciones. en el presente caso la duda que motivó el auto de 24 de septiembre de 2003, relativa a la ausencia de certeza sobre la mayoría con que se aprobó en la Plenaria de la Cámara de Representantes el Proyecto de ley estatutaria -que ocasionó la devolución al Congreso de la República del mismo y que había sido el único vicio identificado por la Corte en el trámite dado al proyecto tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República -, ha sido sustituida por la certeza sobre la voluntad de la Cámara de representantes de aprobar con la mayoría exigida por la Constitución el texto del proyecto sub examine. De todo lo anterior se desprende para la Corte que la actuación adelantada por el Congreso de la República -atendiendo un procedimiento establecido en la propia Ley 5° de 1992- si bien no se surtió de acuerdo con lo indicado en el auto del 24 de septiembre de 2003, ha sido una forma apropiada de subsanar el vicio identificado en esa oportunidad. HABEAS CORPUS-Características según la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Alcance (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Invocación ante actuaciones de particulares (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Privación de libertad por particulares (Salvamento de voto)El habeas corpus se encuentra instituido para defender el derecho a la libertad frente a la actuación ilegal de las autoridades, cualquiera ellas sean. Frente a las actuaciones de los particulares constitutivas de delitos serán las normas penales las que deberán ser invocadas para proteger los derechos de las personas que puedan ver afectado su derecho a la libertad y los demás derechos que puede llegar a proteger el habeas corpus. Ningún sentido tiene en efecto invocar el habeas corpus ante un secuestrador. Así mismo, debe tenerse en cuenta que nada autoriza a un particular para mantener privada de la libertad a otra persona contra su voluntad. Solamente las autoridades en los casos previamente definidos en la ley, con las formalidades legales y previa orden judicial pueden retener a una persona que deberá en todo caso ser puesta a disposición de la autoridad judicial dentro de las treinta y seis horas siguientes (art. 28 C.P.). HABEAS CORPUS-Invocación “por una sola vez” (Salvamento de voto)PRINCIPIO PRO HOMINE EN MATERIA DE HABEAS CORPUS-Aplicación (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS CORRECTIVO-Alcance (Salvamento de voto)El habeas corpus alude a una protección integral del derecho a la libertad y bien puede el legislador establecer un mecanismo específico de protección como el habeas corpus correctivo para amparar los derechos a la vida y la integridad personal que se encuentran indisolublemente ligados al derecho a la libertad de quien se encuentra privado de ella. En efecto, ningún sentido tendría el derecho a la libertad de quien pretendiera ejercerlo una vez pagada su condena, si durante su detención pierde la vida. De la misma manera que resultaría gravemente limitado el ejercicio de dicha libertad y el de los demás derechos que ella comporta si durante la detención se afecta gravemente su integridad personal. Afectación que en esas circunstancias puede comprometer igualmente el derecho a la vida. La Corte llama la atención sobre el hecho que si aún en gracia de discusión se pudiera considerar que la protección del derecho a la vida e integridad personal no hacen parte del derecho al habeas corpus, el hecho de que el legislador establezca la figura del habeas corpus correctivo en el proyecto que se examina no vulneraría la Constitución. Téngase en cuenta que el artículo 89 superior señala la posibilidad de que la ley establezca los demás recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de sus derechos frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Por lo que nada impediría entonces que el Legislador hubiera establecido una acción denominada habeas corpus correctivo para proteger los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de las personas sometidas a reclusión.ACCION DE TUTELA-Carácter subsidiario HABEAS CORPUS CORRECTIVO-No vulneración del ámbito de aplicación de la acción de tutela (Salvamento de voto)La Corte precisa que la Constitución en el artículo 86 no estableció una reserva de protección de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela. Por el contrario de dicho texto se desprende el carácter subsidiario de ese mecanismo que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En la medida en que el legislador no había establecido hasta ahora mediante una ley estatutaria el alcance del habeas corpus y no lo había desarrollado en el sentido que ahora se examina, la acción de tutela podía ser invocada para proteger los derechos fundamentales que como la vida e integridad personal no habían sido protegidos de manera específica mediante la figura del habeas corpus correctivo para el caso de las personas privadas de la libertad. Existiendo este mecanismo específico deberá acudirse a él en las hipótesis señaladas en la norma sin que ello pueda considerarse que vulnere el ámbito de aplicación fijado por la Constitución para la acción de tutela que como ya se señaló es eminentemente subsidiario.CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-No señalamiento de medidas judiciales en habeas corpus correctivo (Salvamento de voto)Es claro para la Corte que el Legislador estableció claramente el objeto del habeas corpus correctivo, así como un limite negativo -la imposibilidad de conceder la libertad o de ordenar traslados- límites dentro de los cuales ha de actuar la autoridad judicial, señalando las medidas concretas destinadas a proteger los derechos invocados, atendiendo obviamente a su vez los límites que le fijan la Constitución y la ley para el ejercicio de sus competencias. No cabe pues considerar que se haya incurrido en una omisión que vulnere la Constitución. HABEAS CORPUS CORRECTIVO-Prohibición “para obtener traslados” (Salvamento de voto)Como acertadamente lo señala el señor Fiscal General de la Nación, es claro que dicha prohibición puede significar en determinadas circunstancias la completa inoperancia del instrumento de protección que se analiza. Téngase en cuenta que el carácter lato e imperativo de la expresión “ni podrá ser utilizado para obtener traslados” no solamente impide la posibilidad de un traslado a otro centro de reclusión sino incluso que se considere la posibilidad de un traslado de celda o de pabellón dentro de la misma institución. Así las cosas, en cuanto la prohibición aludida tornaría en ciertos casos la figura del habeas corpus correctivo en un instrumento meramente formal sin ningún tipo de eficacia para proteger los derechos constitucionales invocados, la Corte la retirará del ordenamiento jurídico. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Competencia para resolver solicitud (Salvamento de voto)En el presente caso existe una norma constitucional expresa, el artículo 30 superior que establece la posibilidad de invocar ante cualquier autoridad judicial el habeas corpus para que sea decidido en treinta y seis (36) horas. Es esa norma la que debe ser tomada en cuenta. Entonces, una restricción impuesta por el Legislador en esos términos, a saber, que solamente los jueces y magistrados de la jurisdicción penal son los encargados de decidir sobre las peticiones de habeas corpus- resulta contraria a la Constitución.HABEAS CORPUS-Impedimento para resolver solicitud de quien conoció con antelación actuación judicial que la originó (Salvamento de voto)La norma es clara en el sentido de que el juez a quien hubiera sido repartida la acción y ya hubiere conocido con antelación de la actuación judicial que origina la solicitud de habeas corpus deberá declararse impedido sobre ésta y trasladar las diligencias de inmediato al juez siguiente, -o del municipio mas cercano de la misma jerarquía- quien deberá fallar dentro de los términos previstos para ello. Téngase en cuenta que el traslado debe ser inmediato y que la norma señala que el juez que recibe el traslado deberá fallar dentro de los términos previstos para ello, es decir, dentro de las 36 horas siguientes. Se encuentran protegidos entonces por la norma tanto la autonomía e independencia del juez llamado a decidir la petición de habeas corpus como el mandato superior en relación con el término en que la acción deberá ser resuelta. HABEAS CORPUS-Interposición ante corporación judicial y el carácter de juez individual de cada uno de sus integrantes (Salvamento de voto)La Corte considera que dada la inmediatez con que el Constituyente quiso que fuera resuelta la acción de hábeas corpus, mucho mas célere que la acción de tutela a la que señala un término de 10 días , resulta razonable que el Legislador haya establecido dicha regla, destinada a asegurar además del cumplimiento del término establecido en la Constitución, la eficacia de la acción y de la propia administración de justicia que se podría ver comprometida si toda petición de habeas corpus formulada ante una corporación judicial tuviera que ser sustanciada y decidida de acuerdo con las reglas generales de competencia. HABEAS CORPUS-Autonomía e independencia judicial (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Garantías para su ejercicio (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Posibilidad de invocarse ante cualquier autoridad judicial “competente” (Salvamento de voto)Tanto para precaver las vulneraciones a la libertad provocadas por autoridades judiciales como no judiciales, en relación con las garantías constitucionales y legales ligadas a la privación de la libertad como a su prolongación ilegal, así como del objeto del habeas corpus correctivo, es de la esencia de la institución de habeas corpus que la autoridad judicial tenga la posibilidad efectiva dentro del término señalado por la Constitución de acceder a la persona que invoca la protección, así como al expediente o a los informes y documentos que sustentan eventualmente la detención. En ese orden de ideas en aplicación de los principios de celeridad e inmediación (228 y 229 C.P) así como de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.). ha de concluirse que es ese el entendimiento acorde con la Constitución de la expresión “competente”.HABEAS CORPUS-Invocación por terceros, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Posibilidad de invocarlo en todo tiempo (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Sistema de turnos judiciales para la atención (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Suspensión del término para decidir (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Contenido de la petición (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Trámite (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Reparto entre autoridades judiciales competentes de la misma categoría (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Prohibición de recusar a la autoridad judicial a quien corresponda su conocimiento (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Posibilidad de decretar la inspección de las diligencias así como de solicitar información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Entrevista con la persona a cuyo favor se instaura (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Improcedencia de recursos contra el auto que lo concede (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Impugnación del auto que lo niegue (Salvamento de voto)HABEAS CORPUS-Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad (Salvamento de voto)CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-No inclusión del mecanismo de búsqueda urgente en ley de habeas corpus (Salvamento de voto)Referencia: expediente P.E. 017Revisión previa del proyecto de ley estatutaria No. 142 02 Senado y No. 005 02 Cámara “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”Magistrado Ponente:Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZCon el respeto acostumbrado manifiesto que no comparto la decisión de la Corte en el proceso de la referencia en el que se declaró la inexequibilidad del proyecto de ley estatutaria No. 142 02 Senado y No. 005 02 Cámara “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, por considerarse que el Congreso no atendió lo dispuesto por la Corte en el Auto 170 del veinticuatro de Septiembre de 2003, en cuanto que para respetarse el principio de consecutividad en la aprobación de las leyes debía surtirse nuevamente el trámite de aprobación del proyecto de ley en el Senado de la República. Las razones por las cuales no comparto dicha decisión son las mismas que expresé en la ponencia que presenté a consideración de la Sala Plena de la Corporación que no fue aceptada y en la que se explicó que en aplicación de los mismos principios que dieron lugar a la expedición del referido Auto 170 del veinticuatro de Septiembre de 2003 con la actuación del Congreso debía entenderse subsanado el vicio identificado por la Corte que aludía exclusivamente a la ausencia de certeza sobre el número de votos con que fue aprobado dicho proyecto de ley en la Plenaria de la Cámara de Representantes y, en consecuencia, debía procederse al análisis de fondo del proyecto.Ahora bien, dado que los argumentos allí expuestos llevaban no solamente a considerar subsanado el vicio invocado sino a examinar la materialidad del proyecto de ley, estimo pertinente transcribir en su integridad las consideraciones vertidas en la referida ponencia. En dicho texto se expuso lo siguiente: “(…) 2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES2.1 Antecedentes históricos del habeas corpusEl reconocimiento, protección y garantía de la libertad individual como se concibe actualmente en el Estado social de Derecho, en el que la Constitución, la ley y el juez son sus garantes y no el libre albedrío del gobernante, ha sido el fruto de un lento proceso histórico. Basta recordar que en Roma la libertad personal y el propio cuerpo sirvieron de garantía para respaldar las deudas. Empero, también en Roma desde tiempos remotos se establecieron mecanismos de protección de la libertad personal, como el interdicto exhibitorio -Homine Libero Exhibendo- De esta figura romana se puede destacar en efecto, cómo la protección de la libertad llevaba implícita la del propio cuerpo, pues era inherente a la institución jurídica la verificación del estado de la persona afectada y su “exhibición” ante el pretor. Sin embargo, esta figura dista mucho de la institución jurídica que hoy conocemos, pues a través de ella se pretendía hacer cesar la privación de la libertad que un particular propiciaba a otro “con dolo malo”., y no consistía un mecanismo para el control de las detenciones efectuadas por la autoridad romana, ni de las consideradas como legítimas para la época, en relación con los esclavos y el redemptus, o de las que se amparaban en la potestad legal que ejercía el pater familias.El primer instrumento jurídico que recogió la locución latina -habeas corpus- para denominar el mecanismo judicial de protección a la libertad individual se promulgó en Inglaterra mediante el Habeas corpus Act de 1679. Esta garantía, sin embargo, ya había tenido en el derecho inglés un previo y expreso reconocimiento en la Carta Magna de 1215. El habeas corpus fue instituido como una garantía judicial contra las detenciones y privaciones de la libertad arbitrarias, e imponía a los sheriff o sheriffs, carceleros, ministro u otra persona cualquiera, la presentación de la persona retenida ante el juez, en los tres días siguientes al momento en que le fuere notificado del auto de habeas corpus. De igual forma debía rendirse ante el juez una explicación de las razones que generaron la privación de la libertad. El procedimiento finalizaba con una orden que dispusiera el rápido enjuiciamiento o la libertad del encarcelado. El incumplimiento de esta obligación no acarreaba sanción diferente a la económica, mas ello fue suficiente en su momento para hacer efectiva la garantía del derecho. Esta tradición jurídica anglosajona se incorporó al nuevo derecho constitucional federal de los Estados Unidos y con posterioridad al de las repúblicas latinoamericanas. Este instrumento de protección de la libertad no fue instituido únicamente para controlar las detenciones arbitrarias de las autoridades administrativas, sino que también fue concebido para proteger al individuo contra las detenciones dispuestas por la autoridad judicial con violación del ordenamiento jurídico. En general, podía ejercerse contra toda autoridad o particular que ilegítimamente privara de su libertad a una persona. Según lo dispone el artículo 1°, Sección 9 de la Constitución de los Estados Unidos el habeas corpus no puede ser suspendido, salvo en los casos de rebelión o invasión, para preservar el orden público. Allí ese instrumento ha adquirido un mayor ámbito de protección, pues no sólo ampara situaciones de privación de la libertad, sino que sirve incluso para revisar la constitucionalidad de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales estatales. En España, esta institución fue establecida en el artículo 17, inciso 4º, de la Constitución de 1978. Antecedentes de la figura se encuentran empero tanto en el procedimiento de “manifestación de personas” aragonés (1428-1592), como en el Fuero de Viscaya (1527) . El desarrollo normativo de la figura en Latinoamérica se ha caracterizado por la inclusión paulatina del habeas corpus en los textos constitucionales y su desarrollo legal generalmente se ha incorporado en los Códigos de Procedimiento Penal o, eventualmente, en normativas especiales. Sobre este punto la doctrina suele advertir que si bien las normas que desarrollan el habeas corpus han sido tradicionalmente incluidas en los códigos que regulan procesos penales, esta circunstancia no puede causar confusiones en torno a la esencia de esta institución, cual es la de ser un proceso constitucional destinado a la protección de la libertad personal y no un recurso para impugnar resoluciones judiciales expedidas en un proceso penal.Cabe señalar así mismo que en el análisis de las diferentes legislaciones se distinguen de acuerdo con el objeto específico de protección las figuras de habeas corpus preventivo, correctivo y reparador. 2..2 Antecedentes legislativos y jurisprudenciales de la regulación del Habeas Corpus en Colombia2..2.1 El desarrollo de la regulación del habeas corpus en vigencia de la Constitución de 1886.- Si bien en la Constitución Política de 1886 no existía una referencia expresa al habeas corpus ello no impidió su regulación en la ley. - En efecto, en concordancia con el artículos 23 y 28 de dicho texto Constitucional, en los que se señalaban los requisitos mínimos para la aprehensión de las personas, se dictó el Decreto Ley 1358 de 1964 mediante el cual se expidieron normas sobre procedimiento penal y se configuró por primera vez en la normativa nacional la figura de habeas corpus. La norma señalada en los apartes relevantes lo siguiente:“Art. 56- Toda persona que se encuentre privada de su libertad por más de cuarenta y ocho horas tiene derecho, si considerare que se está violando la ley, a promover ante el juez municipal en lo penal del lugar el recurso de habeas corpus, el cual se tramitará según el procedimiento que a continuación se establece.Art. 57- La petición podrá formularse directamente por la persona agraviada o por otra en su nombre, expresando en ella los hechos relativos a la privación de la libertad, el lugar donde se encuentra recluida, y, de ser posible, la identidad del funcionario que ordenó su aprehensión.La solicitud también podrá ser presentada por el Ministerio Público de oficio o a instancia de cualquier interesado.La petición será atendida de inmediato y no se someterá al reparto. Conocerá de ella privativamente el juez ante quien se formule.Art. 58- Si de la solicitud apareciere que el recurso es procedente, el juez solicitará de inmediato a las autoridades respectivas que, en el término de veinticuatro horas, informen por escrito sobre la fecha de la aprehensión y los motivos que la determinaron. También podrá interrogar personalmente al agraviado cuando lo estimare del caso.Art. 59- Si por los informes a que se refiere el artículo anterior o por cualquier otro medio se comprueba que el actor se halla capturado o detenido sin las formalidades legales, el juez dispondrá su libertad inmediata e iniciará la correspondiente investigación penal.Art. 60- El recurso de habeas corpus no es procedente cuando aparezca que el peticionario se encuentra privado de la libertad en virtud de auto o sentencia de autoridad competente; o en caso de captura, cuando no han vencido los términos señalados en el capítulo quinto de este decreto.Art. 61- Si el recurso es improcedente, el juez así lo declarará comunicándolo al interesado.Art. 62- Si en el lugar no hubiere sino un juez municipal en lo penal y fuere este quien ordenó la detención, la petición de habeas corpus se formulará ante el juez superior que tenga jurisdicción en el respectivo municipio.Art. 63- El funcionario que embarace la tramitación de un recurso de habeas corpus, o no le dé el trámite inmediato, o no actúe dentro de los términos fijados en este decreto incurrirá, por este solo hecho, en responsabilidad por detención arbitraria, sin perjuicio de la pena de destitución que le será impuesta por el superior mediante el procedimiento previsto para la imposición de sanciones disciplinarias.Art. 64- Lo dispuesto en este capítulo no será aplicable a los casos contemplados en el inciso segundo del artículo veintiocho de la Constitución Nacional.”De las disposiciones transcritas es preciso resaltar: i) que el término de 48 horas señalado por el artículo 1° no constituía el plazo del juez para resolver sobre el recurso, sino el tiempo de detención que, de excederse, permite invocar el habeas corpus –hipótesis de prolongación ilícita de la libertad-, ii) que se señala como competente al juez de la jurisdicción penal, iii) que, de acuerdo con el artículo 58, el juez estaba obligado a solicitar un informe para, con base en él, resolver sobre la hipótesis de captura o detención sin las formalidades legales iv) que, de acuerdo con el artículo 60, el habeas corpus no procedía para el control de legalidad de autos o sentencias de autoridades competentes, cuando por virtud de tales providencias se hubiere ordenado la privación de la libertad, de manera que la única causal de ilegalidad susceptible del control legalidad a través de este mecanismo era la falta de competencia de la autoridad judicial que emite la decisión, v) que, según se deduce del artículo 62, el habeas corpus no podría ser resuelto por el mismo juez del proceso en el que se ordenó la detención, vi) que la falta de diligencia de cualquier funcionario en el trámite de la solicitud le acarrearía consecuencias disciplinarias. Así mismo, que la autoridad que diere lugar a la procedencia del habeas corpus soportaría consecuencias penales y, vii) que la normativa se refiere al habeas corpus como recurso o petición.- El Código de Procedimiento Penal expedido a través del Decreto 409 de 1971, recogió en su título IV (artículos 417 a 425), en términos prácticamente idénticos a los establecidos en el Decreto 1358 de 1964, la figura del habeas corpus, estableciendo como disposición adicional la inimpugnabilidad del auto que decide la solicitud (Art. 422).- El Decreto 050 de 1987 –Código de Procedimiento Penal-, en su Capítulo VII del Título V –Capturas, medidas de aseguramiento, libertad provisional de inimputables y habeas corpus- reguló la materia en los siguientes términos.Artículo

454. Consagración. El Habeas Corpus es un derecho que procede en amparo de la libertad personal contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad que tienda a restringirla.Artículo

455. Procedencia. Cuando una persona sea capturada con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilícitamente la privación de la libertad, puede invocar el derecho de Habeas Corpus. La petición se tramitará inmediatamente según el procedimiento que a continuación se establece.Artículo

456. Funcionarios competentes. El derecho de Habeas Corpus puede invocarse ante cualquier juez penal del lugar donde se encuentre el aprehendido, o ante el juez penal del municipio más próximo cuando la captura ha sido ordenada por el único juez penal que labora en el municipio.Artículo

457. Recusación improcedente. En ningún caso podrá ser recusado el funcionario que tramita el Habeas Corpus.Artículo

458. Personas facultadas para invocarlo. La petición de Habeas Corpus podrá ser presentada por el mismo capturado, por cualquier otra persona en su nombre sin necesidad de poder para tal efecto, o por el Ministerio Público.Artículo

459. Contenido de la petición. La petición de Habeas Corpus deberá contener el nombre de la persona en cuyo favor se interviene, las razones por las cuales considera que con la privación de su libertad se está violando la Constitución o la ley, la fecha de reclusión y lugar donde se encuentre el capturado, y en lo posible el nombre del funcionario que ha ordenado la captura y el cargo que desempeña.Además bajo la gravedad del juramento que se considera prestado por la presentación de la petición, deberá afirmarse que ningún otro juez penal ha asumido el conocimiento de la solicitud de Habeas Corpus o decidido sobre la misma.Artículo

460. Trámite. Recibida la solicitud, el funcionario decretará inmediatamente una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio lugar a la petición, que deberá practicarse a mas tardar dentro de las doce (12) horas siguientes.En ningún caso se someterá a reparto la petición y conocerá de ella privativamente el funcionario ante quien se formule.Artículo

461. Informe sobre captura. Si la autoridad que hubiere decretado la captura no fuere del mismo lugar del juez que tramita la petición de Habeas Corpus y éste no pudiere trasladarse a la sede de aquella, solicitará por el medio más rápido, información completa sobre la situación que dio origen a la petición. A esta solicitud se dará respuesta inmediata, remitiendo copia de las diligencias adelantadas contra el capturado.Se podrá solicitar del respectivo Director de la cárcel un información urgente sobre todo lo concerniente a la captura.El juez podrá interrogar directamente a la persona capturada. Artículo

462. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez ordenará la libertad de la persona capturada a mas tardar dentro de las cuatro (4) horas siguientes, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.Artículo

463. Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad. La persona capturada con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del derecho de Habeas Corpus.Artículo

464. Improcedencia del Habeas Corpus. En los casos de prolongación ilícita de privación de libertad no procederá el Habeas Corpus cuando, con anterioridad a la petición, se haya proferido auto de detención o sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario.Artículo

465. Días y horas hábiles. Recibida la petición de Habeas Corpus, en días y horas de despacho judicial, la actuación que corresponda no podrá suspenderse o aplazarse por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.Artículo

466. Iniciación del proceso penal. Reconocido el Habeas Corpus, el juez compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar.”De dichos textos es preciso destacar que: i) Se caracteriza el habeas corpus como un derecho, ii) se amplia su alcance para controvertir la actuación de “cualquier autoridad”, es decir, no solo las actuaciones judiciales sino que se amplía entonces a las denominadas detenciones arbitrarias iii) conserva las mismas causales de procedencia de la regulación anterior -violación de las garantías constitucionales o legales o prolongación ilícita de la privación de la libertad-, iv) conserva la asignación de competencia al juez penal para resolver sobre la solicitud y la garantía de que sea uno distinto al que conoce del proceso, v) se proscribe el reparto de la acción y se asigna de manera exclusiva el conocimiento de la misma al juez ante quien se invoca la solicitud, vi) se faculta al juez de conocimiento para entrevistarse personalmente con la persona privada de la libertad, vii) se establece en el artículo 463 una nueva garantía para la persona a quien le prospera el habeas corpus, consistente en la improcedencia o proscripción de cualquier tipo de medida tendiente a impedir su libertad y, viii) se prevé la posibilidad de subsanar las causas por las que procede el habeas corpus, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario.- Ahora bien, al amparo de la declaratoria de conmoción interior el Presidente de la República expidió en 1988 el Decreto Legislativo No. 182 mediante el cual se establecieron algunas condiciones adicionales para la procedencia del habeas corpus, en el caso de personas privadas de su libertad sindicadas por los delitos previstos en el Decreto 180 de 1988 y la Ley 30 de 1986. “Artículo

1. Cuando se invoque el derecho de habeas corpus a favor de alguna persona vinculada por cualquiera de los delitos previstos en el Decreto 180 de 1988 y en la Ley 30 de 1986, se aplicarán las normas vigentes sobre la materia siempre que no sea contrarias a las disposiciones contenidas en el presente decreto.Artículo

2. Será competente para conocer y decidir sobre el derecho de habeas corpus, en los delitos descritos en el Decreto 180 de 1988 y en la Ley 30 de 1986, el Juez Superior del lugar donde se encuentre detenida la persona, a quien le corresponda por reparto.El juez a quien corresponda una petición de habeas corpus, informará, dentro de las doce (12) horas siguientes, al respectivo agente del Ministerio Público, acerca de su contenido.El agente del Ministerio Público dispondrá de un término de doce (12) horas para emitir concepto escrito, el cual no será obligatorio para el juez.Si embargo el juez no podrá decidir hasta tanto no se haya emitido el concepto señalado en el presente artículo.Artículo

3. El Ministerio de Justicia ofrecerá al juez todos los auxilios necesarios para el cumplimiento de lo indicado en el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal.Artículo

4. El juez superior que tramite una solicitud de habeas corpus, podrá ser recusado por el agente del Ministerio Público correspondiente o por el Procurador General de la Nación, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal.Artículo

5. Cuando se invoque el derecho de habeas corpus a favor de una persona privada de la libertad, por un delito diferente de los indicados en el Decreto 180 de 1988 y en la Ley 30 de 1986, el juez ante el cual se haya invocado deberá solicitar, dentro de las seis (6) horas siguientes, a los organismos de seguridad del Estado le informen si contra el detenido existe orden de detención o sentencia condenatoria por esos delitos.Artículo

6. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.” (Subrayas fuera de texto)De estas medidas de excepción vale resaltar cómo por primera vez se dispuso una regla de competencia que asigna al superior del juez bajo cuyas ordenes están detenidas las personas, la competencia para conocer del habeas corpus una vez se hace el reparto respectivo. Igualmente se advierte la forma como se establece la intervención obligatoria en el trámite de habeas corpus del Ministerio Público, quien cuenta con facultades para recusar al juez del amparo.- Como complemento de las disposiciones referenciadas en el aparte anterior, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987, expidió el Decreto 2459 de 1988 “por el cual se modifican algunas competencias en materia penal durante los periodos de vacancia judicial”. Las normas pertinentes al tema bajo examen dispusieron:“Artículo

1. Para los efectos a que se refiere el Decreto 182 de 1988, durante las épocas de vacancia de los Jueces Superiores, será competente para conocer y decidir sobre el recurso de Habeas Corpus, en los delitos a que se refieren la Ley 30 de 1986 y el Decreto 180 de 1988, el Juez Especializado de la jurisdicción del lugar donde la persona se encuentre privada de su libertad. En los lugares donde haya más de un Juez Especializado, la solicitud de libertad por Habeas Corpus se someterá a reparto de inmediato.Artículo

2. El Juez Especializado a quien corresponda una petición de Habeas Corpus, según el artículo anterior, al terminar la vacancia, remitirá tal petición, en el estado en que se encuentre, al Juez Superior de la jurisdicción correspondiente al lugar donde la persona esté privada de su libertad.En el caso en el que haya más de un Juez Superior, la petición se someterá a reparto inmediato.(...)”Así las cosas, a través de la regulación transcrita se establecía una garantía de continuidad y celeridad en el trámite del habeas corpus pues, en situaciones de vacancia judicial, el superior jerárquico del juez “del lugar donde se encuentre detenida la persona, a quien le corresponda por reparto”, -conforme a la regla de competencia señalada en el artículo 2 del Decreto 182 referido- sería reemplazado, mientras dure la vacancia, por el Juez Especializado con el fin de no interrumpir la actuación.- Sobre la materia sometida a examen, el Decreto 2790 de 1990, estableció para algunos casos una nueva regla de competencia, así como condiciones especiales para el trámite del habeas corpus. “Artículo

5. El Tribunal Superior de Orden Público conoce:(...)3. En única instancia y en sala unitaria del trámite del derecho de habeas corpus en relación con los delitos de la jurisdicción de orden público.”Articulo

62. En los eventos de privación de libertad por alguno de los hechos punibles señalados en el artículo 9º de este decreto, será competente para conocer y decidir sobre el derecho de habeas corpus el Tribunal Superior de Orden Público en Sala Unitaria, atendiendo la distribución hecha en la forma prevista en su reglamento interno.El Magistrado de Orden Público al avocar el conocimiento del amparo, solicitará de inmediato informes a la Subdirección Nacional de Orden Público sobre si el capturado es solicitado por otras autoridades, y dispondrá la inspección correspondiente conforme al régimen ordinario, citando al Fiscal para que asista.Practicada la revisión ordenada, correrá traslado al Agente del Ministerio Público por un lapso de doce (12) horas hábiles para que conceptúe.Recibido el concepto o transcurrido el término, el Magistrado decidirá dentro de las doce (12) horas hábiles siguientes en providencia no susceptible de recurso, la que deberá cumplirse de inmediato.La Subdirección Nacional de Orden Público prestará toda la colaboración que sea necesaria al Magistrado para el cumplimiento de su función y, para garantizar la reserva; toda comunicación jurisdiccional será suscrita por el Presidente del Tribunal.- La normas de excepción reseñadas fueron complementadas por el Decreto 99 de 1991 que en su artículo 62 estableció.“Artículo

62. En los eventos de privación de libertad por alguno de los hechos punibles señalados como de competencia de la Jurisdicción de Orden Público por el artículo 9º de este decreto, será competente para decidir sobre el derecho de habeas corpus el Tribunal Superior de Orden Público en Sala Unitaria, atendiendo la distribución hecha en la forma prevista en su reglamento interno, pero el amparo podrá invocarse o proponerse ante un Juez Penal o Promiscuo del lugar donde se encuentre el aprehendido o del municipio más cercano.Recibida la solicitud, el Juez dará noticia inmediata por telégrafo al Presidente del Tribunal Superior de Orden Público que procederá al reparto del aviso. Simultáneamente, el Juez decretará de inmediato la inspección a las diligencias que existieren en relación a la petición de libertad la que deberá; practicar dentro del día hábil siguiente, pudiendo practicar dentro del mismo término las pruebas que considere necesarias y, al vencimiento del término anterior remitirá; la actuación al Tribunal Superior de Orden Público. Si el amparo se presenta ante éste, el Magistrado ponente comisionará a Juez Penal o Promiscuo para la realización de dichas diligencias, las que se evacuarán con prelación a cualesquiera otras.El Magistrado de orden público a quien se hubiere adjudicado el aviso, al avocar el conocimiento del mismo, solicitará de inmediato informes a la Subdirección Nacional de Orden Público sobre si el capturado es solicitado por otras autoridades, y librará comunicación al Fiscal para enterarle de la tramitación.Recibida la actuación del Juez por el Magistrado sustanciador, correrá traslado sobre copia íntegra de ella al Fiscal en su Despacho por un día hábil para que rinda su concepto. Rendido éste o transcurrido el término, el Magistrado decidirá en Sala Unitaria y en providencia no susceptible de recurso dentro del día hábil siguiente, decisión que será de obligatorio cumplimiento.El Magistrado de oficio o a petición del Fiscal podrá decretar la práctica de alguna prueba, para lo cual comisionará al Juez ante quien se hubiere propuesto el amparo o a quien se le hubiese remitido para su tramitación; pero en ningún caso se prolongarán los términos anteriores so pretexto de su evacuación y se tomará la decisión con fundamento en la actuación que dentro de ellos se hubiese podido allegar.La Subdirección Nacional de Orden Público prestará toda la colaboración que sea necesaria al Magistrado y al Juez para el cumplimiento de su función y, para garantizar la reserva, toda comunicación jurisdiccional será suscrita por el Presidente del Tribunal". (Subraya fuera de texto)De esta normativa resulta pertinente destacar: i) la forma como preservó la competencia del Tribunal de Orden Público para decidir sobre el habeas corpus en los casos de privación de la libertad por los punibles de competencia de la jurisdicción de orden público, pero permitiendo que el mecanismo se invocara ante el juez penal o promiscuo del lugar donde se encuentre la persona aprehendida, ii) la forma simultanea como el juez ante quien se puede invocar el habeas corpus y el tribunal que resuelve sobre su procedencia actúan de manera simultanea en la inspección de las diligencias controvertidas, iii) la posibilidad de que el fiscal del asunto emita un concepto en el trámite del habeas corpus y solicite la práctica de pruebas sin que ello pueda servir de excusa para incumplir los términos.2.2.2 La regulación a partir de la Constitución de 1991 y la jurisprudencia constitucional.A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el habeas corpus adquirió una nueva connotación en el orden jurídico interno. En efecto, en el capitulo I –de los derechos fundamentales- del Título I –de los derechos, garantías y deberes- se incluyó el siguiente texto: “Artículo

3. En los delitos de competencia de lo Jueces Regionales y del Tribunal Nacional no procederá la acción de habeas corpus, por causales previstas para obtener la libertad provisional, las cuales deben alegarse dentro del proceso respectivo. Tampoco procederá para efecto de revisar la legalidad de las providencias que hubieren decidido sobre la privación de la libertad.”Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-557 de 1992, con base en las siguientes consideraciones.“El artículo 3o. continúa asegurando la especialidad del sistema de la jurisdicción de Orden Público, al otorgar a esta la competencia para conocer del recurso de Habeas Corpus, de manera residual, al decir, que no procedería por causales previstas para obtener la libertad provisional; ya que cuando estas medien, se deberá solicitar la dicha libertad ante el juez respectivo. Se consagra igualmente un privilegio de legalidad de las providencias dictadas para decidir la privación de la libertad en ejercicio de la función judicial a cargo de los jueces regionales y del Tribunal Nacional, función que consulta por su especialidad, su seguridad y la estructura general de su diseño, una mayor seguridad para la independencia de sus decisiones, frente a una categoría de delitos y de delincuentes que han dado muestras de desconocimiento de la autoridad judicial ordinaria, con acciones que van hasta el asesinato reiterado de gran número de Jueces y Magistrados que se han atrevido a decidir en contra de sus actuaciones criminales, en cumplimiento de su deber y aplicación de la ley. Se utiliza el recurso de Habeas Corpus en este artículo 3o., a la manera de su primigenia expresión, no temiendo por la libertad individual por causa de la actuación de los jueces, sino más bien, por las actuaciones de autoridades no judiciales, frente a las cuales queda, para estos delitos, el Habeas Corpus a disposición de quienes deban utilizarlos.”En relación con dicha decisión los magistrados que salvaron su voto expusieron las siguientes consideraciones “b)

24. El Decreto 1156 de julio 10 de 1.992, cuya constitucionalidad se cuestiona en este salvamento, establece en su artículo 3º:En los delitos de competencia de los Jueces Regionales y del Tribunal Nacional no procederá la acción de "Habeas Corpus", por causales previstas para obtener la libertad provisional, las cuales deben alegarse dentro del proceso respectivo. Tampoco procederá para efecto de revisar la legalidad de las providencias que hubieren decidido sobre la privación de la libertad.Son dos las limitaciones al derecho de Habeas Corpus contenidas en el Decreto 1156 de 1.992, por lo cual los Magistrados que aquí salvamos el voto estimamos que es inconstitucional, separándonos así de la posición de mayoría:1) La no procedencia de la solicitud de Habeas Corpus por las causales previstas para obtener la libertad provisional, las cuales deben alegarse dentro del proceso respectivo.Las causales previstas para obtener la libertad provisional de conformidad con el artículo 2º del mismo Decreto sólo están circunscritas a los siguientes casos: cuando el procesado llevare un tiempo de detención preventiva igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el delito que se le imputa o cuando el procesado sea mayor de setenta años.Estimamos que esta primera parte del decreto 1156 de 1.992 viola la Constitución porque paradójicamente limita el Habeas Corpus a casos de violación de la libertad distintos de las causales establecidas por la ley para obtener la libertad provisional. Además, las causales para la obtención de la libertad provisional, al no ser ya susceptibles del recurso del Habeas Corpus, minimiza este importante instrumento que garantiza la libertad, violándose así el artículo 30 precitado de la Carta y los Pactos Internacionales reseñados.Igualmente el artículo en estudio restringe el juez competente para conocer de la solicitud de Habeas Corpus, ya que desnaturaliza la institución que contempla una competencia a prevención para hacer efectiva una garantía que protege la libertad de la persona. Además el juez de la causa, si de oficio no ha puesto en libertad a una persona que tiene derecho a ello, mal se puede pensar que una vez hecha la solicitud por el detenido, ahí sí, y sólo ahí, le resolverá favorablemente su petición.2) Tampoco procederá para revisar la legalidad de las providencias que hubieren decidido sobre la privación de la libertad.Para los Magistrados que salvamos el voto, esta segunda parte del artículo 3º igualmente viola el artículo 3º de la Constitución ya que prescinde del control de legalidad de un acto jurídico expedido por un poder constituído. En un Estado Social de Derecho como Colombia (artículo 1º CP), todo acto del estado debe tener un control. Además, no procediendo el Habeas Corpus contra las providencias judiciales, queda circunscrito a situaciones de hecho en los que se viole la libertad.En tratándose de la libertad, el control de los actos estatales debe ser mediante un mecanismo ágil y expedito. Con la norma estudiada, sin embargo, se suprimen controles rápidos y se deja como única vía de protección el recurso de apelación, que nunca será tan eficaz como el Habeas Corpus para la protección del derecho constitucional fundamental de la libertad.Ahora bien, en cuanto a la ratio juris del Habeas Corpus, es preciso partir de la consideración según la cual la vida cultural y espiritual de los pueblos está ligada a las condiciones reales de su profunda existencia, y a esto no es ajeno el proceso jurídico de cualquier sociedad. La organización social de hoy no se parece en nada a un estado en donde no existen conflictos. Por ello se impone la necesaria existencia de instituciones jurídicas que organicen su entorno.Nada más indicado para tal fin que el derecho, las libertades y las garantías de las personas, plasmadas en las Constituciones de los pueblos como garantía de respeto y de dignidad; y que actúan como norte, sirviéndoles de guía a gobernantes y legisladores.Pero el Estado de Derecho como modelo ideal de organización social y política, en donde se restringe la actividad estatal y se señalan pautas al ciudadano como límites a su conducta, con frecuencia ha sido abandonado por la aplicación de disposiciones en virtud del Estado de Sitio o más recientemente con fundamento en el estado de Conmoción Interior.Es por esto por lo que en toda organización sociopolítica, derechos como el Habeas Corpus o principios como el de legalidad, del juez natural o del debido proceso deben mantenerse firmemente en toda su extensión para que la seguridad jurídica, la dignidad de la persona humana y la libertad funcionen como valores fundantes del Estado de Derecho.El Habeas Corpus en particular se erige en el mecanismo por excelencia para la protección efectiva de la libertad del hombre frente al poder del gobernante. CONCLUSION24. Se concluye de todo lo anterior que la interpretación más razonable con la Constitución es la que aquí se ha trazado. En consecuencia nos separamos de la decisión de mayoría que declaró exequible la norma revisada y, por el contrario, estimamos que el Decreto 1155 de 1992 viola claramente el artículo 29 de la Constitución en particular y otras disposiciones de Pactos Internacionales vigentes en Colombia, por lo cual los abajo firmantes estimamos que es inexequible y salvamos así nuestro voto.”2.2.2.3 - El artículo 3 del Decreto 1156 de 1992 atrás comentado, fue adoptado como legislación permanente a través de la Ley 15 de 1992, y su contenido normativo adicionó el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal vigente en ese momento. La norma pertinente expresó:“Artículo 2º. El artículo 430 del Código de Procedimiento Penal quedará así:El Hábeas Corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías Constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de su libertad.Las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso.” (El texto destacado corresponde a la parte adicionada por la ley)La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-301 de 1993, se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad propuesta contra la totalidad de la ley mencionada. La acusación sobre el artículo transcrito planteaba el desconocimiento de la garantía de un juez imparcial diferente al del proceso para que resuelva el habeas corpus. Al respecto, la providencia referida dispuso.“18. El examen del segundo inciso del artículo 2º de la Ley 15 de 1992 ("Las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso"), lleva a la Corte a distinguir dos hipótesis con miras a precisar si ante las mismas cabe invocar la acción de habeas corpus. La primera hipótesis se refiere a la privación de la libertad producida por un particular o una autoridad pública distinta de la judicial. La segunda toma en consideración las privaciones de la libertad originadas en órdenes de autoridades judiciales libradas en ejercicio de sus competencias.19. El primer supuesto descubre el ámbito natural de la acción de habeas corpus. La reserva judicial de los mandamientos de prisión, arresto o detención (C.P. art. 28), no excluye los eventos de detención preventiva (C.P. art. 28) y la captura en los casos de flagrancia o cuasi flagrancia (C.P. art. 32), amén de las infinitas situaciones de arbitrariedad que tanto las autoridades administrativas como los particulares pueden patrocinar y que pueden tener como efecto la ilegal privación de libertad física o moral de una persona. La privación de la libertad y su prolongación, en estos eventos, ofrece la base fáctica que induce al ejercicio de esta acción y convoca la necesaria intervención del juez - custodio constitucional de la libertad personal - dirigida a examinar las circunstancias específicas de eliminación de la libertad para ponerle resueltamente término si se demostrare su inconstitucionalidad o ilegalidad.20. La segunda hipótesis - que es precisamente la que nutre el precepto acusado - está dada por la privación de la libertad ordenada por la autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona afectada con la medida puede cuestionar su legalidad, tanto en el momento inicial cuando ella se emite como posteriormente al advertir su indebida prolongación. El demandante sostiene que esta controversia puede articularse a través de la acción de habeas corpus y ante cualquier autoridad judicial.La Corte advierte que la tesis del demandante tendría pleno asidero si a través del proceso y apelando a los recursos y acciones ordinarios previstos en la legislación, no fuere posible controvertir las órdenes de privación de la libertad dispuestas por la autoridad judicial respectiva y si, adicionalmente, estas acciones y recursos no pudieren ser resueltos de manera imparcial. Para desechar esta alternativa, basta observar que en el Código de Procedimiento Penal frente a cada decisión judicial de privación judicial de la libertad, puede plantearse un recurso cuya resolución se confía a la autoridad judicial superior, como puede comprobarse en el siguiente cuadro: (…)En realidad, la hipótesis ahora analizada coincide exactamente con el espacio de protección de la persona que la Constitución asigna al debido proceso. Ciertamente, la privación judicial de la libertad puede adolecer de vicios de forma y fondo o surgir éstos más tarde como consecuencia de su indebida prolongación. De no contemplar la ley remedios específicos que signifiquen la efectiva interdicción a la arbitrariedad judicial, proyectada en un campo tan sensible a la personalidad humana como es la libertad, se patentizaría una abierta violación al debido proceso, garantía que debe presidir todas las fases e incidencias de la investigación y juzgamiento de los hechos punibles. A este respecto la Corte reitera que el C. de P.P. abunda en instrumentos de revisión y control de las providencias judiciales limitativas de la libertad.La acción de habeas corpus persigue la intervención del Juez con miras a que examine las circunstancias alegadas por quien se considera ilegalmente privado de la libertad. En este caso, la intervención del Juez se da desde un comienzo y el derecho constitucional a un debido proceso garantiza a la persona involucrada en una actuación judicial contra las arbitrariedades que puedan cometerse en su contra y que afecten particularmente su libertad. La persona sujeta a un proceso judicial tiene a su disposición los recursos legales para someter los actos judiciales limitativos de su libertad a la revisión de las instancias judiciales superiores, con lo cual se asegura cabalmente su defensa y la imparcialidad de la justicia.El derecho de acceso a la justicia, fin inmediato de la acción de habeas corpus, se logra a través de la interposición de los recursos contemplados en la legislación y que, en últimas, corresponden al desarrollo normativo del debido proceso. El derecho de acceso a la justicia (C.P. art. 229) y el derecho al debido proceso (C.P. art. 28), no pueden desconocer los principios básicos sobre los cuales se estructura la organización judicial y la actividad que desarrollan los jueces. Dichos principios que se predican por igual del órgano como del proceso, permiten precisamente que la rama judicial sea en el marco constitucional la garante de los derechos fundamentales. La organización de las diferentes jurisdicciones, las reglas de competencia, la consagración de instancias y de recursos, le imprimen a la actuación judicial unos caracteres de independencia y de autocontrol interno que no deben pretermitirse a riesgo de perjudicar la correcta administración de justicia. El derecho de acceso a la justicia tiene como presupuesto necesario la existencia de un aparato de justicia y de unos procedimientos articulados en función del trámite y resolución de las peticiones que se formulan al órgano y que sin ellos no sería posible resolver adecuada y ordenadamente. No cabe duda que la opción de mantener dos vías paralelas para controvertir las privaciones judiciales de la libertad - habeas corpus y recursos dentro del proceso - desquicia inútilmente la función judicial y entraña un doble ejercicio del aparato judicial, desconociendo la existencia de recursos cuya utilización resulta más racional, inclusive desde el punto de vista de la capacidad de acierto habida consideración del mayor conocimiento que los jueces competentes pueden tener del proceso y de las circunstancias que lo rodean.En suma, los asuntos relativos a la privación judicial de la libertad, tienen relación directa e inmediata con el derecho fundamental al debido proceso y la controversia sobre los mismos debe, en consecuencia, respetar el presupuesto de este derecho que es la existencia de un órgano judicial independiente cuyo discurrir se sujeta necesariamente a procedimientos y recursos a través de los cuales puede revisarse la actuación de los jueces y ponerse término a su arbitrariedad. De este modo no se restringe el habeas corpus, reconocido igualmente por la Convención Americana de derechos humanos, pues se garantiza el ámbito propio de su actuación: las privaciones no judiciales de la libertad. En lo que atañe a las privaciones judiciales, el derecho al debido proceso, desarrollado a nivel normativo a través de la consagración de diversos recursos legales, asegura que la arbitrariedad judicial pueda ser eficazmente combatida y sojuzgada cuando ella se presente. Lo anterior no excluye la invocación excepcional de la acción de habeas corpus contra la decisión judicial de privación de la libertad cuando ella configure una típica actuación de hecho.A la luz de las anteriores consideraciones, esta Corte no encuentra motivo para declarar la inexequibilidad del artículo 2º de la Ley 15 de 1992.” Frente a dicha decisión igualmente se presentó un salvamente de voto en el que se señaló: “1o.- Por el aspecto formal, es claro que la materia del habeas corpus tiene que ser objeto de una ley estatutaria. Así lo demuestran estas razones elementales: a) El habeas corpus, garantía de la libertad, consagrado por el artículo 30 de la Carta, es uno de los derechos de aplicación inmediata. Así lo declara expresamente el artículo 85:"Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40".b) Por referirse a un derecho fundamental, el habeas corpus, y a los "procedimientos y recursos para su protección", el artículo 2o. de la ley 15 de 1992 tenía que ser parte de una ley estatutaria, como lo dispone el literal a) del artículo 152 de la Constitución que reza:"Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:"a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección".c) Si el Presidente de la República dictó el Código de Procedimiento Penal contenido en el decreto 2700 de 1991, cuyos artículos 430 y siguientes regulan el Habeas Corpus, lo hizo en virtud de las facultades especiales que le fueron conferidas por el literal a) del artículo transitorio 5 de la Constitución. Por este motivo, en esa ocasión no fue necesaria la ley estatutaria.Pero, dictado el Código en ejercicio de la facultad conferida por el artículo transitorio 5, era imposible modificarlo por medio de una ley ordinaria, en lo relativo, precisamente, al derecho fundamental de la libertad. II.- Por su contenido, el inciso segundo del artículo 2o. de la Ley 15 de 1992, es una burla, y por lo mismo una violación manifiesta, del artículo 30 de la Constitución. Basta tener en cuenta lo siguiente:Establece el artículo 30 de la Constitución:"Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas".Según la letra y el espíritu de esta norma, es evidente que la privación ilegal de la libertad puede haber sido decretada por cualquier autoridad, judicial o no. Y es, además, innegable que quien "creyere" estar ilegalmente privado de la libertad "tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial" el Habeas Corpus. Cualquier autoridad judicial es uno cualquiera de los jueces o tribunales de la república.Por esto cuando el inciso segundo del artículo 2o. de la ley 15 dispone que "las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso", está limitando indebidamente el Habeas Corpus. Es claro que el juez del "respectivo proceso", es concepto fundamentalmente distinto al de "cualquier autoridad judicial".En cuanto a la expresión "legalmente privado" de la libertad que emplea el inciso segundo de que se trata, hay que tener en cuenta que todo depende del punto de vista que se elija: si se adopta el del funcionario que decretó o mantiene la privación de la libertad, ésta será legal por principio; si se tiene en cuenta el de la persona privada de la libertad, a ella le bastará creer que lo está ilegalmente.Por lo dicho últimamente, es indudable, además, que el primer interesado (así es la condición humana) en no reconocer que se dan las circunstancias del Habeas Corpus, es el juez o fiscal que conduce "el respectivo proceso". Pues el privar a alguien ilegalmente de la libertad, o prolongar la detención en forma contraria a la ley, es hecho que implica la comisión de una falta.Además, es lamentable que por perseguir, con el celo de la Inquisición, a una clase de delincuentes, se haya limitado, desvirtuándolo, el Habeas Corpus en perjuicio de todos los residentes en Colombia. Pues, se repite, el inciso segundo es aplicable a la investigación de todos los delitos.III.- Si se acepta la tesis de que el Habeas Corpus sólo puede proponerse ante el juez que está conociendo del proceso, se llegaría al absurdo siguiente:Para defender todos los derechos fundamentales puede intentarse la acción de tutela ante cualquier juez o tribunal.Pero el Habeas Corpus sólo podría proponerse ante un solo juez, precisamente el que está causando la detención ilegal.Así, el derecho a la libertad, sería, paradójicamente el más desprotegido.El Habeas Corpus es la acción de tutela en relación con la libertad de la persona humana. Así lo define el artículo 430 del C. de P. Penal:"El Habeas Corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilícitamente la privación de su libertad".En conclusión, al exigir que el Habeas Corpus se invoque exclusivamente ante el funcionario causante de la privación de la libertad, se le desnaturaliza hasta hacerlo ineficaz, violando de paso la Constitución en materia grave.”2.2.2.4 - Mediante la sentencia C-010 de 1994 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “pero el trámite corresponde exclusivamente al juez penal”, contenida en el numeral 1 del artículo 431 del Decreto 2700 de 1991. En aquella ocasión, el demandante planteó que el aparte acusado vulneraba el artículo 30 constitucional, conforme al cual el habeas corpus puede ser invocado ante “cualquier autoridad judicial”. Sobre esta acusación la Corte expresó.“La expresión ‘cualquier autoridad judicial’ del artículo 30 de la Carta, no puede interpretarse como lo hace el demandante en contravía de otras disposiciones constitucionales que establecen el principio de especialidad entre los distintos órganos de la administración de justicia.”(...)En este asunto el principio de la especialidad de la jurisdicción se justifica, además, por ser el juez penal el que está más próximo a la materia de la regulación judicial de la libertad física, que generalmente proviene de las disposiciones que se ocupan de la conducta punible; vale decir que la solución prevista recoge un aspecto sustantivo de rango constitucional al establecer que la recepción de la acción corresponde a cualquier funcionario judicial, pero también y por el aspecto cualitativo se ajusta a la Carta Política al poner en cabeza de los jueces penales la resolución de lo reclamado y entregarles la competencia para la decisión del Habeas Corpus, ya que éstos se ocupan de modo permanente de la aplicación de las garantías constitucionales de los derechos y están llamados por la ley a resolver con especial vocación los asuntos de la libertad personal. El ordenamiento jurídico constitucional faculta a los agentes de la autoridad pública, para privar de la libertad a una persona e incluso a un particular, en los casos de flagrancia (art. 32 de la C.N.), los cuales, de manera inmediata, deberán ponerla a disposición de un juez. Pero el carácter ordinario, por excelencia, de autorización a una autoridad pública para privar de la libertad a una persona, se encuentra a cargo de la justicia penal, la cual por su especial naturaleza frente a la definición anticipada de las conductas delictivas, y por la especialidad del rito procesal que le es propio, ha sido encargada de esa delicada función pública.”La decisión mayoritaria de la Corporación tuvo el siguiente salvamento de voto.“Primera.- El HABEAS CORPUS en la Constitución de Colombia.En la anterior Constitución, el HABEAS CORPUS no estaba expresamente consagrado, como en la que ahora nos rige. Sin embargo, su existencia en nuestro derecho procesal penal, tenía su base en el artículo 23, cuyo texto era éste :"Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes."En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial."En la actual, por el contrario, el artículo 30 consagra expresamente esta garantía de la libertad :"Quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas."No es menester un complicado raciocinio para entender que esta norma, inequívocamente, implica lo siguiente :a) Que alguien esté privado de la libertad;b) Que la privación de la libertad tenga su causa en la determinación de una autoridad pública cualquiera. Si quien causa tal privación es un particular, podrá estarse en presencia de la comisión de un delito o de una conducta anómala, pero no procederá la invocación del HABEAS CORPUS; otro tipo de mecanismos han de existir en el ordenamiento para atender a esas situaciones excepcionales. c) Que la persona privada de la libertad, CREYERE ESTARLO ILEGALMENTE. Es su creencia, no la del funcionario que causa la privación de la libertad, pues este último, explicablemente, siempre creerá o fingirá creer, que actúa dentro de la ley ;d) El Habeas Corpus puede interponerse "ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL", pues no hay nada que permita sostener que esta expresión limite la competencia a una sola clase de jueces, haciendo a un lado todos los demás de la República, incluyendo en esa categoría a los magistrados.e) El detenido puede acudir a este medio para defender su libertad, por sí mismo, o por interpuesta persona. Obsérvese que la norma, deliberadamente, emplea la palabra PERSONA, concepto indudablemente más amplio que el de ciudadano, y que descarta, naturalmente, exigencias como la de ejercer esta acción por intermedio de abogado;f) Es elemental que la persona distinta al detenido que ejerza el Habeas Corpus en favor de éste, no tenga que presentar poder, y ni siquiera demostrar el asentimiento de la víctima de la privación de la libertad. Lo anterior, porque generalmente, o al menos en muchos casos, la privación de la libertad, sobre todo la ilegal, va acompañada del aislamiento de la víctima ;g) El Habeas Corpus puede interponerse en cualquier tiempo, sin que sea óbice el principio de la preclusión como ocurre, en principio, con los recursos ordinarios ; h) La AUTORIDAD JUDICIAL debe resolver "en el término de treinta y seis horas".Tan claro es el texto constitucional, que casi podría afirmarse que la ley que estuviera encaminada a aplicarlo, podría reducirse a copiarlo.Pero, como la suerte de la libertad, es decir, la vida de la libertad, discurre en todos los tiempos entre asechanzas y peligros del más diverso origen, en el caso colombiano normas contrarias a la Constitución, a su letra y a su espíritu, han hecho que, en la práctica, el HABEAS CORPUS se haya reducido a letra muerta, que apenas sirve para dar al mundo exterior la impresión errónea de que en el país las gentes tienen la posibilidad real de recobrar su libertad cuando la autoridad ilegalmente las priva de ella; cuando en realidad no opera.Pero no han sido solamente las normas contrarias al artículo 30, las que han hecho desaparecer el HABEAS CORPUS entre nosotros. La jurisprudencia de esta misma Corte, ¡quién lo creyera!, ha desdibujado aún más el procedimiento por excelencia para proteger la libertad personal. Ahí está, para demostrar esta afirmación, la sentencia C-301 de agosto 2 de 1993, de la cual también disentimos, en su momento, quienes firmamos este salvamento.Segunda.- LO QUE NO DICE LA CONSTITUCION, SOBRE EL HABEAS CORPUS.Fácil es señalar los errores manifiestos de la ley y de la jurisprudencia, en relación con el HABEAS CORPUS. Veamos.Según la sentencia C-301, "el ámbito natural" de la acción de habeas corpus, está formado por "las infinitas situaciones de arbitrariedad que tanto las autoridades administrativas como los particulares pueden patrocinar y que pueden tener como efecto la ilegal privación de la libertad física o moral de una persona". Sólo en este párrafo, se descubren ya estas afirmaciones que contradicen el texto del artículo 30 :a) La privación de la libertad originada en actos de los particulares, cuando es contraria a la ley, puede constituír un delito, pero jamás podrá utilizarse el habeas corpus para recobrar la libertad en estos casos. Piénsese, por ejemplo, en el absurdo de acudir a una autoridad judicial para que ordene a un secuestrador, poner en libertad a su víctima . . . b) Las autoridades administrativas no son las únicas que pueden incurrir en privaciones ilegales de la libertad: también pueden hacerlo los jueces. Y es lógico que la mayor parte de las privaciones de la libertad contrarias a la ley, se originen en acciones u omisiones de quienes están encargados de la administración de justicia en materia penal. Así lo indica la ley de las probabilidades.c) Sostener que el habeas corpus no puede interponerse contra la privación de la libertad decretada por el juez competente "con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley", porque para eso están previstos los "recursos y acciones ordinarios", es afirmación que por intentar probar demasiado, nada prueba. En efecto.Todos los recursos, ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, están instituídos en el proceso, en general, como un remedio contra las violaciones de la ley en que se haya incurrido, tanto de la ley sustantiva como de la procesal. Pero, la experiencia ha demostrado que la sola existencia de los recursos, no es freno suficiente a la arbitrariedad, por muchas razones, entre otras porque en la concesión o en el trámite de tales recursos, y aún en su decisión, puede intervenir el mismo juez responsable de la detención contraria a la ley.Los recursos suponen que el proceso se tramita NORMALMENTE, mientras el HABEAS CORPUS se basa en el supuesto contrario: la anormalidad, cuya causa radica en la conducta del funcionario que, por acción u omisión, mantiene a alguien privado de la libertad. Por eso, el HABEAS CORPUS está basado en la posibilidad de que UNA AUTORIDAD JUDICIAL DIFERENTE, examine el caso concreto y decida si se ha violado o no la ley.d) Tampoco es acertado sostener que el habeas corpus pueda intentarse en los casos en que se priva a una persona de su LIBERTAD MORAL, como se afirma en la página 26 de la sentencia

301. Si la privación de la libertad moral de que se habla en la sentencia, significa obligar a alguien a que actúe o se abstenga de hacerlo, ello podrá ser o no delito, según las circunstancias. Pero el HABEAS CORPUS solamente está instituído para tutelar la libertad física.e) Cuando el numeral uno del artículo 431 del Código de Procedimiento Penal establece que el trámite y la decisión de la solicitud de HABEAS CORPUS corresponden exclusivamente al juez penal, también contradice lo dispuesto en la Constitución, sencillamente porque el artículo 30 se refiere expresamente a CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL.No es lógico que el papel del juez o magistrado que recibe la solicitud se limite a servir de mensajero para que ésta llegue a poder del juez penal, como lo determina la norma acusada. Y tampoco se ajusta a la Constitución, pues lo que ésta ordena en el mismo artículo 30 es la resolución, en el término de treinta y seis horas, por la misma autoridad judicial.Tampoco el argumento basado en los "criterios sobre especialización de los jueces", que según el fallo del cual disentimos justificaría, a la luz de la Constitución, reservar el trámite y la decisión del HABEAS CORPUS al juez penal, es convincente. Porque con base en el mismo, serían inconstitucionales las normas que permiten a los jueces conocer de las demandas de tutela sobre asuntos que de ordinario no corresponderían a su jurisdicción”. (Destacado Original)2.2.2.5 - Posteriormente en relación con el aparte del artículo 437 del Decreto 2700 de 1991 que estableció la improcedencia de cualquier tipo de recurso contra la providencia que concede el habeas corpus, esta Corporación estudió y resolvió el cargo según el cual dicha disposición desconocía el derecho a la doble instancia. Al respecto, la sentencia C-496 de 1994 declaró la exequibilidad de la norma con base en los siguientes argumentos.“Finalmente, incluso si existieran dudas sobre el sentido de esa disposición legal, es obvio que es más favorable al capturado aquella interpretación que considera que el artículo 437 sólo excluye de la apelación al auto que concede el Habeas Corpus, por lo cual, en virtud de la regla general de los artículos 16 y 202 del C de P.P, es apelable el auto que lo niega. En efecto, esta hermenéutica no afecta la concesión inmediata de la libertad en caso de que se haya constatado la violación de las garantías constitucionales, por cuanto esta decisión sigue siendo inapelable. Tampoco desconoce la celeridad y prevalencia del trámite del Habeas Corpus, por cuanto es obvio que el juez ante quien se presente el recurso deberá decidirlo dentro de las treinta seis horas. Pero esta interpretación, en cambio, permite a la persona capturada a quien se le ha negado el Habeas Corpus, apelar ante el superior para que éste revise la decisión tomada por el juez respectivo. Y, como es obvio, esta apelación se debe surtir con el estricto respeto de los términos previstos por los artículos 213 y 216 del C de P.P.Por todo lo anterior, la Corte considera que el sentido razonable y conforme al principio de favorabilidad penal (C.P art. 29) del artículo 437 del C de P.P es el siguiente: la inapelabilidad está referida únicamente al auto que concede la libertad, mientras que aquél que niega el Habeas Corpus es apelable, en virtud del principio general contenido en los artículos 16 y 202 del C de P.P del estatuto procesal penal. En tal entendido, la Corte declarará la constitucionalidad del artículo impugnado, ya que esta Corporación no observa ningún reparo contra la inapelabilidad del auto que concede el Habeas Corpus puesto que, como ya lo había establecido en anterior decisión, "el Habeas Corpus es un derecho de la persona y no una garantía en favor de las instituciones" . Por consiguiente, ninguna objeción constitucional se puede adelantar contra la inapelabilidad de una decisión de Habeas Corpus favorable a quien ha sido ilegalmente privado de su libertad.”2.2.3 Los antecedentes inmediatos del proyecto de ley sometido a revisión.- El Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000-, incluyó entre sus normas rectoras al habeas corpus (Artículo 4). De dicho cuerpo normativo, los artículos 382 a 389 que definieron el alcance, contenido y trámite del habeas corpus fueron declarados inexequibles en la sentencia C-620 de 2001. La Corte fundamentó su decisión en la vulneración de la reserva de ley estatutaria en los siguientes términos: “Para la Corte no queda duda alguna que el legislador ordinario reguló en forma sistemática, integral y completa el derecho fundamental de habeas corpus, incluyendo aspectos tanto sustanciales como procedimentales, agotando de esta manera totalmente el tema y tocando aspectos que comprometen la esencia misma del citado derecho fundamental, esto es, su núcleo esencial, razones por las cuales las disposiciones acusadas han debido sujetarse al trámite de la ley estatutaria y, como así no se hizo, tal regulación será declarada inexequible, por violar el literal a) del artículo 152 del Estatuto Superior que ordena al Congreso expedir ley estatutaria para regular tanto los derechos y deberes fundamentales de las personas como también los procedimientos y recursos para su protección.” La Corte señaló además algunos reparos específicos en relación con algunos de los artículos acusados.Dijo la Corte:“Por otra parte, llama la atención de la Corte que en el inciso segundo del artículo 382 se haya consagrado que la petición de libertad de quien está legalmente privado de ella debe ser resuelta dentro del mismo proceso y, por consiguiente, por el mismo juez que dictó la medida, de manera que la petición de habeas corpus vendría siendo decidida por el mismo funcionario que ha podido incurrir en la violación alegada, lo que a juicio de la Corte infringe la Constitución, por no garantizar la autoridad judicial competente para resolverla la imparcialidad debida. Cómo aceptar que quien dicta la medida de privación de la libertad pueda tener la objetividad e imparcialidad suficiente para decidir en forma eficaz y justa que ha sido el autor de la medida arbitraria e ilegal mediante la cual se ha privado de la libertad al peticionario del habeas corpus, declaración que además, implica o deja al descubierto la comisión de una falta que puede acarrear sanciones disciplinarias o penales. Nada más contrario a los principios que rigen la administración de justicia. Quien conoce y decide las peticiones de habeas corpus debe ser un juez o tribunal autónomo e independiente con el fin de garantizar al máximo la imparcialidad y el principio de justicia material, como sucede en otros países, pues la autoridad judicial que debe resolver el habeas corpus, “necesita toda la dignidad e inviolabilidad que la majestad de la justicia puede otorgar, porque su deber consiste en amparar al débil contra el fuerte, a la persona humana individual contra el poder del Estado utilizado como fuerza opresiva….”Igualmente, vale la pena señalar respecto de esta misma disposición y del artículo 383 que asigna únicamente al juez penal la competencia para resolver las peticiones de habeas corpus, que la Constitución es clara al señalar en el artículo 30, que éste se puede interponer ante cualquier autoridad judicial.” (subrayas fuera de texto)La Corte Constitucional dispuso diferir los efectos de su decisión hasta el 31 de diciembre de 2002 y exhortó al Congreso de la República para que en ese plazo regulara el derecho fundamental de habeas corpus y los recursos y procedimientos para su protección por medio de una ley estatutariaEn atención al exhorto formulado por la Corte en la sentencia referida, se presentaron ante el Congreso de la República dos proyectos de ley que fueron acumulados antes de que se surtiera el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que dieron lugar al texto final que ahora se examina. 2.2.4 El bloque de constitucionalidad y su significado en el presente proceso-Esta Corporación ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional -bloque de constitucionalidad estricto sensu-, y en relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional, configuran parámetros necesarios para el análisis de las disposiciones sometidas a su control -bloque de constitucionalidad lato sensu-. En este contexto, se ha dicho que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) algunos tratados y convenios internacionales de derechos humanos (C.P. art. 93), (iv) las leyes orgánicas y, (v) las leyes estatutarias. En relación con los tratados, la Corte ha señalado que, salvo remisión expresa de normas superiores, sólo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos (i) y, que prohíben su limitación en estados de excepción (ii).En efecto ha dicho la Corte que: “(...) de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el bloque de constitucionalidad, que “sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control constitucional de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la Constitución”, como sucede con ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno por disponerlo así el artículo 93 superior, precepto que “no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando tales instrumentos internacionales ‘prohiben su limitación en los Estados de Excepción’, es decir que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios internacionales en el orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohiba durante los Estados de Excepción”, caso en el cual se trata de principios y reglas de verdadero valor constitucional que deben ser respetados por el legislador”.Las normas internacionales contienen al respecto listados precisos sobre derechos reconocidos en esos tratados que no pueden se objeto de suspensión en los estados de excepción. Empero, la Corte ha precisado que en relación con algunos derechos y garantías no incluidas de forma expresa en los textos referidos, como sucede en el caso del habeas corpus, el principio de intangibilidad se aplica igualmente.Al respecto dijo la Corte en la Sentencia C-802 de 2002 lo siguiente:“Finalmente, el principio de intangibilidad de derechos también se extiende a otros derechos distintos a los señalados en los artículos 27 de la Convención y 4º del Pacto. Esta extensión se origina por tres vías: - La primera, cuando el contenido de los derechos expresamente excluidos de restricción excepcional involucra no uno sino un conjunto de prerrogativas que guardan relación entre sí, todas éstas quedan cobijadas por la salvaguarda. - La segunda, dada la prohibición que tienen los Estados de proferir medidas de excepción incompatibles con otras normas internacionales, se amplía también el número de derechos excluidos, a menos que en los instrumentos suscritos existan previsiones sobre su suspensión en los mismos términos de los artículos 27 de la Convención y 4º del Pacto. - Y la tercera, dada la vigencia de las garantías judiciales en los estados de excepción, ellas, en especial los recursos de amparo y de hábeas corpus, también están excluidas de la restricción de su ejercicio. En torno a este punto, si bien la Convención Americana, al enumerar en el artículo 27 los derechos intangibles durante los estados de excepción no hizo referencia expresa a los artículos 7.6 y 25.1, su ejercicio tampoco puede restringirse por tratarse de garantías judiciales indispensables para la efectiva protección de los derechos. Por último, es igualmente importante anotar cómo aquellas normas que tienen el carácter de imperativas en el derecho internacional, pese a no figurar entre los derechos y las garantías intangibles, tampoco pueden ser inobservadas en uso de las facultades derivadas del estado de excepción. Así ocurre con el respeto de la dignidad humana; la prohibición de la tortura, los tratos crueles y degradantes, el secuestro y la toma de rehenes y el respeto de las normas del derecho internacional humanitario. Los anteriores criterios permiten llegar a dos conclusiones. La primera, que tanto el artículo 4º del Pacto como el 27 de la Convención Americana contienen previsiones expresas sobre derechos no susceptibles de ser restringidos por normas dictadas al amparo de los estados de excepción. La segunda, que de la observancia de esos instrumentos internacionales se genera la obligatoriedad de preservar otros derechos y garantías no incluidas de forma expresa en los artículos citados.” . (subrayas fuera de texto)Igualmente la Corte se ha referido de manera específica a las normas del derecho internacional humanitario. Al respecto ha señalado lo siguiente:“El Constituyente de 1991, en el ánimo de configurar un cuerpo estricto de garantías para la protección de derechos y basado en los principios del derecho internacional general, estipuló como condición imperativa de las medidas de excepción el respeto al derecho internacional humanitario.El derecho internacional humanitario comprende aquellas normas que tienen como objeto la humanización de los conflictos armados, procurando la protección de la población civil ajena a la confrontación y estableciendo límites a los procedimientos bélicos. Estas normas de derecho internacional han sido caracterizadas por la Carta Política como prevalentes al orden jurídico interno (Art. 93 y 214-2), lo que implica su obligatorio cumplimiento en cualquier situación. Esta perspectiva de obligatoriedad, además, se ve reforzada por la condición de ius cogens que tienen la casi totalidad de las normas del derecho internacional humanitario, esto es, de postulados comúnmente aceptados y que no pueden ser desconocidos en un instrumento internacional posterior. El respeto de las reglas del derecho internacional humanitario es un imperativo para la efectiva protección de los derechos y garantías consagrados en la Carta, a la vez que constituye un presupuesto para la realización de la dignidad de los individuos que son afectados por el conflicto armado. Estos elementos cobran especial relevancia en la situación actual del país, que exige un reforzamiento de los procedimientos que estén dirigidos a la salvaguarda de la población civil.El carácter prevalente del derecho internacional humanitario impide que pueda ser desconocido a través de las medidas de estado de excepción. Es evidente que al pertenecer el derecho de los conflictos armados al ámbito del derecho internacional general, su preceptiva adquiere la misma función que los derechos intangibles a los que se hizo referencia al analizar los artículos 4 del Pacto Internacional y 27 de la Convención Americana, lo que a su vez es reforzado por la obligación de cumplir con los compromisos que el Estado colombiano ha suscrito en virtud de la ratificación y aprobación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales”. Téngase en cuenta así mismo que la Constitución ordena en el inciso segundo del artículo 93 que en la interpretación de los derechos consagrados en la Carta, debe estarse a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En este sentido la Corte ha sostenido por ejemplo en relación con el derecho a la libertad lo siguiente: "...Claro está, tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 93 de la constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia...".- Ahora bien el derecho fundamental al habeas corpus se encuentra reconocido en varios instrumentos internacionales, entre los que cabe destacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los cuales rigen en Colombia y tienen fuerza vinculante por disposición del artículo 93 de la Carta.En la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" -aprobada mediante la Ley 16 de 1972-, el habeas corpus no sólo es considerado como una garantía de la libertad sino también como un derecho fundamental, que no puede ser limitado ni abolido, como se lee en el artículo 7° numeral 6 de dicho instrumento, y como lo ha preciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias opiniones consultivas. El habeas corpus es pues, conforme al artículo 93 de la Carta y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, uno de aquellos derechos que prevalecen en el orden interno colombiano, ya que hace parte de un tratado ratificado por Colombia y no puede ser limitado en los estados de excepción, como por lo demás lo señala expresamente el artículo 4° de la Ley 137 de 1994 Estatuaria de los estados de excepción que incluye el habeas corpus dentro del listado de los “derechos intangibles” durante dichos estados.Ello significa como lo ha explicado igualmente la Corte que el alcance del habeas corpus debe ser determinado de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia (CP art. 93).Al respecto cabe precisar que la Corte Interamericana de Justicia, máximo intérprete judicial de los alcances normativos de la Convención Interamericana ha señalado que el habeas corpus sólo adquiere su pleno sentido protector a la luz de los principios del debido proceso contenidos en el artículo 8º de este mismo instrumento internacional, puesto que esa es la forma de realizar el principio de la efectividad de los medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos.-Consideración que por lo demás ha sido recogida por la Corte Constitucional en varias sentencias- Dijo la Corte Interamericana: "29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8º de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma.

30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del Habeas Corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá enseguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión".La Corte Interamericana ha hecho énfasis así mismo en que el habeas corpus es un derecho que no sólo protege la libertad física de las personas sino también es un medio para proteger la integridad física y la vida de las mismas, como se desprende de la opinión consultiva OC-08 87 en la que textualmente se señala:“El habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias poblaciones de nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. Esa realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal son amenazados cuando el habeas corpus es parcial o totalmente suspendido.”De otra parte es necesario tener en cuenta además que de acuerdo con el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre habrá de preferirse la hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos. Cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos a que aluden los tratados de derechos humanos conocida también como principio pro homine, que tanto la jurisprudencia de la Comisión Interamericana como de la Corte Constitucional ha aplicado en repetidas ocasiones.La Corte Constitucional ha hecho referencia en efecto a dicha cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos en relación con la interpretación de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y su aplicación frente a los mandatos constitucionales y ha señalado que frente a aquellos prevalecen las normas contenidas en la Constitución cuando ellas ofrecen mayores garantías de protección de los derechos de las personas. Así por ejemplo en la Sentencia C-251 de 1997 en la que la Corte hizo la revisión constitucional del Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, y de la Ley aprobatoria No. 319 del 20 de septiembre de 1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo, se señaló los siguiente: “14- El artículo 4º consagran una regla hermenéuticas que es de fundamental importancia, pues señala que no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, invocando como pretexto que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado. Esta regla interpretativa ha sido denominada por la doctrina como la cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos, según la cual, en caso de conflictos entre distintas normas que consagran o desarrollan estos derechos, el intérprete debe preferir aquella que sea más favorable al goce de los derechos. Esta regla, cuya constitucionalidad y carácter vinculante en el ordenamiento colombiano ya ha sido reconocida por esta Corte en relación con otros convenios de derechos humanos, muestra además que el objeto del presente Protocolo no es disminuir sino aumentar las protecciones brindadas a los derechos económicos, sociales y culturales. 15- En ese mismo orden de ideas, la Corte coincide con algunos de los intervinientes que señalan que, en virtud de la cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos, el artículo 5º no puede ser entendido como una norma que autoriza restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, si en otros instrumentos inernacionales, o en la propia Constitución, tales derechos no tienen restricciones. Por ello, esta Corporación considera que este artículo está consagrando garantías suplementarias en relación con la eventual limitación de los derechos previstos en el Protocolo, puesto que señala que ésta sólo podrá efectuarse por normas legales, que tengan una finalidad particular, como es preservar el bienestar general dentro una sociedad democrática, y siempre y cuando se respete el contenido esencial de esos derechos. En tal entendido, la Corte considera que estas normas son exequibles.” De la misma manera en la Sentencia C-251 02 donde se examinó la constitucionalidad de la Ley 684 de 2001 la Corte advirtió que: “(N)o puede acudirse libremente a lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, quienes (sic) no señalan términos perentorios, pues tales instrumentos condicionan su aplicación a la no suspensión de medidas más favorables o que ofrecen más garantías de protección de los derechos contenidos en ellos. Es decir, en tanto que ofrece una mayor seguridad a la persona, la regla contenida en el artículo 28 de la Constitución prevalece sobre los tratados internacionales.” Así las cosas cuando las normas constitucionales y legales colombianas ofrezcan una mayor protección al derecho fundamental de habeas corpus estas primarán sobre el texto de los tratados internacionales, de la misma manera que siempre habrá de preferirse la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la aplicación del derecho.2.2.5 El artículo 28 superior y la protección constitucional de la libertad personal - La Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que el artículo 28 de la Carta Política, representa la cláusula general del derecho a la libertad personal. En el se reconoce de manera clara y expresa que: "Toda persona es libre". Ha advertido también que dicha declaración no le confiere a la libertad personal un carácter absoluto, pues desde luego, en algunas ocasiones el interés superior de la sociedad exige la privación o restricción de la libertad personal. Dicha privación o restricción empero no puede ser arbitraria. Es por ello que aparte de esta declaración inicial, la norma alude a una serie de garantías que fijan las condiciones en que la limitación del derecho puede llegar a darse. Estas garantías están estructuradas en forma de reglas, encaminadas a delimitar de manera estricta la actividad del Estado frente a esta libertad fundamental.Así, de acuerdo con el artículo 28 superior, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii) con las formalidades legales y iii) por motivo previamente definido en la ley. El texto precisa así mismo que iv) la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley, y advierte finalmente que v) en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.Estas reglas, que deben analizarse de manera sistemática, fijan entonces límites precisos tanto sobre los motivos como sobre las condiciones en que podrá restringirse el derecho a la libertad, así como, por oposición las actuaciones que implican el desconocimiento de dicho derecho. Ha dicho la Corte:“(...) El artículo 28 de la C.P., de un modo no taxativo, enumera conductas que atentan contra el núcleo intangible de la libertad personal y que ilustran bien acerca de sus confines constitucionales”: - En relación con los motivos la norma señala que la privación de la libertad -prisión, arresto, o detención- no podrá darse sino por motivos previamente definidos en la ley. Igualmente precisa que en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto, por deudas. Establece la Constitución entonces una clara reserva legal en este campo, al tiempo que señala expresamente una prohibición para el Legislador en relación con la posibilidad de privar a una persona de la libertad por deudas. Esta manifestación del principio de legalidad en el campo de las limitaciones a la libertad personal debe entenderse necesariamente ligada al concepto de representación democrática. En efecto, por tratarse de una derecho fundamental fundado en el respeto a la dignidad humana, es necesario dotar de plena legitimidad a esas medidas restrictivas que deben consultar el conjunto de valores y principios establecidos en la Constitución y en particular el principio de separación de las ramas del poder público.Al respecto la Corte ha señalado lo siguiente: “Analizados estos requisitos, es claro que la privación o restricción de la libertad que materialmente se ejecuta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, no queda a la discreción de ésta, sino que exige la intervención de las otras dos ramas del poder, pues el legislador define los motivos y el juez emite la orden escrita con sujeción a éstos, para que quien la practique lo haga luego con sujeción a las formalidades previamente definidas por el legislador. Que el motivo de la privación de la libertad sea previamente definido por la ley, es realización concreta del principio de legalidad, en virtud del cual no puede haber delito sin ley que lo defina ni pena sin ley que la determine, así como tampoco medidas cautelares no autorizadas por el legislador; que la orden sea dada por escrito y por un juez, es garantía para la persona pues ello exige al funcionario el acatamiento estricto a los motivos definidos por el legislador y no autoriza a nadie distinto de los funcionarios jurisdiccionales la afectación de la libertad individual; y, que se realice luego de cumplido lo anterior la privación de la libertad con la plenitud de las formalidades legales, supone que quien la ejecuta se someta a ellas para respetar, además de la libertad, la dignidad personal.”El principio de legalidad se convierte así en una garantía para la libertad individual, pues ésta sólo podrá ser afectada por los motivos previamente definidos en la ley, y conforme a un procedimiento también previamente señalado en ella, tarea ésta del legislador que además se encuentra limitada y puede ser objeto de control por parte del juez constitucional, pues ha de desarrollarse bajo el respeto de los postulados y preceptos superiores y específicamente de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ha dicho la Corte:"... Se deduce de lo expuesto que el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal......Sin embargo, esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona "se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable" y que quien sea sindicado tiene derecho "a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas"......Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo..".En cuanto a las condiciones en que puede limitarse el derecho a la libertad personal el artículo 28 superior señala que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente” y “con las formalidades legales”. La norma precisa además que en ningún caso podrá haber penas y medidas de seguridad imprescriptibles.Al respecto la Constitución de 1991 adoptó un régimen de protección de la libertad mucho más preciso que el de la Constitución anterior que establecía en el artículo 23 lo siguiente:Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial. (subrayas fuera de texto)Sobre el particular ha señalado la Corte que: “ La Constitución de 1991, hizo explícito en el artículo 28 que “Toda persona es libre” y, además, precisó que la orden de privación de la libertad debe emitirse no simplemente por autoridad competente, como lo señalaba el artículo 23 de la Constitución anterior, sino por “autoridad judicial competente”, lo cual determina claramente, sin lugar a dudas, a quien se atribuye esa competencia”. El fundamento de este cambio adoptado por el Constituyente fue explicado por la Corte, en sentencia T-490 de 1992 en la que se señaló:"...La opción de la libertad que llevó a consagrar el monopolio de las penas privativas de la libertad en cabeza de los jueces, se basa en el principio de la separación de poderes, propio del régimen democrático y republicano. Los jueces son frente a la administración y al propio legislador, los principales defensores de los derechos individuales. Por ello, su protección inmediata ha sido confiada a la rama judicial, como garantía de imparcialidad contra la arbitrariedad, impidiendo así que la autoridad acusadora acabe desempeñando el papel de juez y parte. Si la autoridad administrativa tuviere la potestad de imponer penas de arresto, sin intervención judicial que las autorice (CP art. 28), la protección del derecho a la libertad personal confiada en ésta última se tornaría innecesaria y carecería de efectividad para cumplir su cometido. El reconocimiento de los derechos fundamentales y su limitación y restricción en la práctica, suponen la intervención de una instancia imparcial, que mediante una decisión motivada, proporcional y razonada, concilie los valores e intereses en pugna, permitiendo la judicialización del conflicto social y evitando la exacerbación de la violencia mediante el uso exclusivo de la coacción”.Cabe precisar que la protección de la libertad encomendada a la autoridad judicial no se limita al mandamiento escrito mediante el cual se puede privar a una persona de la libertad. Una lectura sistemática del artículo 28 muestra que la persona que haya sido detenida preventivamente -en virtud del mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley-, será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.La protección judicial de la libertad tiene entonces un doble contenido, no solamente será necesario mandamiento escrito para poder detener a una persona, sino que una vez se le haya detenido preventivamente en virtud de dicho mandamiento deberá ser puesta a disposición del juez competente, en el menor tiempo posible y en todo caso máximo dentro de las treinta y seis horas siguientes.La única excepción a la necesidad de mandato judicial escrito fue establecida por el propio Constituyente de 1991 en el artículo 32 superior en que reguló el caso de la flagrancia. En dicho artículo se estableció que “el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona”.En ese caso, si quien efectuó la aprehensión fue un particular, el aprehendido deberá ser llevado de manera inmediata ante la autoridad. No cabe entenderse en efecto que un particular pueda mantener privada de la libertad a otra persona bajo ninguna circunstancia. Al respecto no sobra recordar además que el artículo 32 solamente autoriza a los agentes de la autoridad a perseguir a quien actúa en flagrancia y a penetrar en su domicilio si éste se refugiare en él, para el acto de la aprehensión.Ahora bien, cabe destacar que aún bajo estado de excepción el mandato judicial escrito será necesario. Así lo precisó la Ley estatutaria de estados de excepción en la que se fijaron las condiciones en que puede restringirse el derecho a la libertad en estado de conmoción interior. Solamente, cuando existan circunstancias de urgencia insuperables y sea necesario proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, la autorización judicial previamente escrita podrá ser comunicada verbalmente. Y solamente cuando en estas circunstancias excepcionalísimas sea imposible requerir la autorización judicial, podrá actuarse sin orden del funcionario judicial debiéndose poner en todo caso la persona a disposición de un fiscal tan pronto como sea posible y en todo caso dentro de las veinticuatro horas siguientes y deberá informarse a la Procuraduría del hecho y de las razones que motivaron dicha actuación, para lo de su competencia.Así las cosas, en tiempos de normalidad institucional salvo la excepción a que alude expresamente el artículo 32 superior para el caso de la flagrancia nadie podrá ser reducido a prisión o arresto, ni detenido sino por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. En estado de conmoción interior igualmente se requerirá mandamiento escrito salvo en flagrancia o en las circunstancias excepcionalísimas a que se ha hecho referencia. No escapa a la Corte que en la Sentencia C-024 de 1994 esta Corporación hizo una interpretación diferente del artículo 28 superior, interpretación a la que se ha hecho alusión en otras providencias. Al respecto la Corte considera necesario precisar que el segundo inciso del artículo 28 superior no puede entenderse como una excepción al mandato general según el cual NADIE puede ser privado de la libertad sino i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii) con las formalidades legales y iii) por motivo previamente definido en la ley. Dicho inciso debe interpretarse en armonía con ese mandato y no en un sentido que lo contradice. Téngase en cuenta que en la Constitución de 1991 no se retoma la posibilidad establecida en la anterior Constitución (art 26 C.P. 1886) de que una autoridad diferente a la judicial pueda ordenar la privación de la libertad, como tampoco la posibilidad que tenía el Gobierno de aprehender y retener hasta por 10 días sin orden judicial a la personas contra quienes hubiese “graves indicios de que atentan contra la paz pública” (art 28 C.P. 1886). La interpretación a que se ha hecho referencia contenida en la sentencia C-024 94 plantea el equívoco que a pesar de la voluntad del Constituyente de no reproducir en la Constitución de 1991 los preceptos superiores que daban la posibilidad de que una autoridad diferente a la autoridad judicial pudiera ordenar la privación de la libertad de una persona, resultara con ella estableciéndose “una más amplia facultad de detención administrativa” con la que, no la autoridad competente, no el Presidente con la firma de los Ministros, sino cualquier autoridad sin requisitos fijados en la Carta sobre los motivos o condiciones para hacerlo, pudiera privar de la libertad a cualquier persona sin orden judicial, con la única condición de entregarla a la autoridad judicial a las treinta y seis horas. Ha de recordarse que en el texto sometido a consideración de la Comisión Primera de la Asamblea Constitucional, se incluyó un segundo inciso, en el que se decía “Excepcionalmente, las autoridades administrativas que señale la ley y en los casos que ésta consagre, podrán disponer la detención preventiva de una persona con el fin de colaborar con las autoridades judiciales, o el arresto como medida de policía para prevenir o sancionar las infracciones en ella contempladas”. Inciso éste que no fue aprobado por la Plenaria de la Asamblea durante el primer debate. y que, finalmente, tampoco se incluyó en el segundo debate ni en el texto definitivo de lo que hoy es el artículo 28 de la Carta. No cabe entonces considerar que dicha interpretación se acomode a la intención y al texto finalmente aprobado por el Constituyente. Ahora bien, en la sentencia C-024 de 1994 se hizo referencia a los artículos 9-3 y 9-4 del Pacto de derechos civiles y políticos, así como a los artículos 7-5 y 7-6 de la Convención Interamericana sobre derechos humanos para justificar la interpretación aludida del artículo 28 superior.Al respecto cabe precisar que en dichos instrumentos internacionales igualmente se señala que: " Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta..." (Art 9-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en tanto que los numerales 1, 2 y 3 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, precisan que: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridad personal.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas" y

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios Para la Corte resulta claro de las normas internacionales que se acaban de mencionar que en esta materia ellas señalan tres tipos de protección a la libertad que no deben confundirse, de la misma manera que no cabe interpretar que una pueda anular a la otra. i) la primera relativa a la autoridad competente según la Constitución y la ley de cada Estado para ordenar la detención (arts 7-2 de la Convención y 9-1 del Pacto), que en el caso colombiano según el artículo 28 superior es exclusivamente la autoridad judicial; ii) la segunda referente a la obligación de llevar sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales por la ley a toda persona detenida o retenida (art 7-3 de la Convención Americana sobre derechos humanos art- 9-3 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos); y iii) la tercera referente a la posibilidad de recurrir ante un tribunal para que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de la privación de la libertad (art. 9-4 del Pacto y 7-6 de la Convención ) Cabe hacer énfasis entonces en que existiendo un mandato expreso del Constituyente en el artículo 28 en relación con la autoridad competente según la Constitución para ordenar la privación de la libertad, a saber la autoridad judicial, no pueden interpretarse las disposiciones internacionales de tal forma que la obligación de llevar ante la autoridad judicial a quien ha sido privado de la libertad, o el derecho que este tiene de invocar ante una autoridad judicial el posible carácter ilegal de la detención anule el derecho que tiene la persona a que solamente pueda ser detenida por orden de autoridad judicial como lo prescribe expresamente la Constitución colombiana. Una interpretación diferente sería una interpretación restrictiva del derecho, a la libertad contraria al principio pro homine, pero sobre todo al texto expreso de la Constitución. Cabe precisar finalmente que la interpretación que se hace en esta sentencia del artículo 28 superior no se opone a la declaratoria de exequibilidad hecha por la Corte en la Sentencia C-179 de 1994 del literal f) del artículo 38 de la Ley 137 de 1994 estatutaria de los estados de excepción. Téngase en cuenta que el control de constitucionalidad de las normas expedidas en relación con dichos estados está sometida a claras especificidades en función del objetivo señalado por el Constituyente para los mismos. Téngase en cuenta igualmente que los supuestos en los que el literal f) del artículo 38 de la Ley 137 de 1994 permite una limitación excepcional a la regla establecida en el artículo 28 superior se fundamenta en la preservación de derechos fundamentales en grave e inminente peligro, circunstancia que dentro de una lectura sistemática del texto constitucional debía ser tomada en cuenta en el control constitucional de la disposición, sin que con ello se desconociera el mandato expreso del Constituyente en este campo. Ha de concluirse sobre este punto que la intervención judicial se convierte entonces en importante garantía de la libertad, pues en último análisis será el juez el llamado a velar por el cumplimiento y efectividad de los mandatos constitucionales y legales en cada caso en particular. La libertad encuentra entonces en el juez su legítimo limitador y garante en función de la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a sus decisiones precisamente porque es al juez a quien le está encomendada la tarea de ordenar restringir el derecho a la libertad, de la misma manera en que es a él a quien corresponde controlar las condiciones en las que esa privación de la libertad se efectúa y mantiene. 2.2.6 El artículo 30 de la Constitución y los elementos característicos del derecho fundamental de habeas corpus La Corte ha precisado que si bien el sentido general de las reglas contenidas en el artículo 28 es el de proteger la libertad personal frente a la actividad del Estado, tal libertad no se puede concebir sin la necesaria referencia a las reglas del debido proceso y a las demás garantías contenidas en la Constitución. La primera de esas garantías se encuentra contenida en el artículo 30 superior que señala lo siguiente:“Artículo

30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.” De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación este derecho fundamental tiene las siguientes características: Es a la vez un derecho fundamental y una acción constitucionalComo derecho fundamental su regulación debe ser materia de una ley estatutaria La Constitución lo reconoce a quien estuviere privado de la libertad y creyere estarlo ilegalmente. Es decir que comporta un elemento subjetivo que debe ser tomado en cuenta para su regulación en la ley. Puede ser invocado ante cualquier autoridad judicialPuede ser invocado en todo tiempoPuede ser invocado por si o por interpuesta personaLa petición de habeas corpus debe resolverse en el término de treinta y seis horas.3. REVISIÓN FORMAL DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA N° 142 DE 2002 SENADO Y 005 DE 2002 CÁMARADe conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política, para la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias es necesario cumplir, además de los requisitos generales previstos en los artículos 157 y siguientes de la Carta para la aprobación de las leyes ordinarias, con las condiciones especiales señaladas en el artículo 153 superior, es decir, se requiere que su trámite se surta dentro de una sola legislatura y que las decisiones sean adoptadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso.3.1. El trámite surtido para la aprobación del proyecto de ley sujeto a revisiónDe los documentos que obran en el expediente, se tiene que el trámite surtido para la aprobación del proyecto de ley que se revisa fue el siguiente:- El Proyecto de ley estatutaria No. 142 02 Senado y No. 005 02 Cámara “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política” fue presentado por el Honorable Representante REGINALDO ENRIQUE MONTES ALVAREZ el día 20 de julio de 2002 ante el Secretario General de la Cámara de Representantes. Este funcionario lo remitió el 22 de julio siguiente al Presidente de la Corporación quien, a su vez, dispuso el envío de la iniciativa a la Comisión Primera Constitucional Permanente y ordenó su publicación, que se efectuó en la Gaceta del Congreso No. 301 del 26 de julio del citado año.- Por su parte, el Defensor del Pueblo, doctor EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, el día 31 de julio de 2002, presentó ante el Secretario General de la Cámara de Representantes el Proyecto de ley estatutaria identificado con el No. 020 Cámara “Por medio de la cual se reglamenta la acción constitucional y el derecho fundamental de hábeas corpus y el mecanismo de búsqueda urgente”. El Presidente de la Corporación, remitió el proyecto el mismo día a la Comisión Primera Constitucional Permanente y ordenó su publicación, la que se efectuó en la Gaceta del Congreso No.314 del 5 de agosto de 2002. (Folio 128)- El 16 de agosto de 2002, las dos iniciativas referidas fueron recibidas por la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para su trámite (Folios 101, 150 y 172) y se acumularon por referirse al mismo asunto y no haberse presentado ponencia para primer debate. El Presidente de dicha célula designó como ponentes el día 27 de agosto de 2002 a los H. Representantes GINA MARÍA PARODY D´ECHEONA, JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA Y CAMILO HERNANDO TORRES BARRERA. - El informe de ponencia para primer debate fue recibido el 19 de septiembre de 2002 en la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes y publicado en la Gaceta del Congreso No.393 del 20 de septiembre de 2002 (Copia del original visible en el folio 114). - Según se documentó en la constancia secretarial de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara, fechada el 16 de octubre de 2002 (folio 103), el proyecto fue aprobado junto con el pliego de modificaciones por “mayoría absoluta”. Conforme consta en oficio suscrito por el secretario de dicha célula legislativa (Folio 201) “el número de miembros al momento de la aprobación de este Proyecto de Ley Estatutaria fue de treinta y tres votos afirmativos” (sic); de igual manera en el Acta No. 06 del 16 de octubre de 2002, publicada en la Gaceta del Congreso No. 65 de 2003 -cuya copia original (Folio 932) -enviada con destino a este proceso luego del requerimiento que se hizo mediante auto proferido por el Magistrado Sustanciador- se documentó la sesión en que se impartió la aprobación al proyecto. Copia original del texto aprobado en esta etapa del trámite legislativo obra en el folio 106 del expediente.- El 16 de octubre de 2002, fueron designados como ponentes para el segundo debate los H. Representantes GINA MARÍA PARODY D´ECHEONA, JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA, CAMILO HERNANDO TORRES BARRERA, REGINALDO ENRIQUE MONTES ALVAREZ Y JOSE LUIS ARCILA CORDOBA (folio 104), quienes el 24 de octubre de 2002 presentaron el proyecto junto con el pliego de modificaciones, en ponencia que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 466 del 1 de noviembre de 2002 (folios 63 y 89 del expediente).- La plenaria de la Cámara de Representantes consideró y aprobó el proyecto “por mayoría de presentes ciento cincuenta y cuatro (154) Honorables Representantes a la Cámara”, según constancias expedidas por el Secretario General de esa Corporación (Folios 57, 59 y 950), y de conformidad con el contenido del Acta No. 024 de la sesión plenaria del día 7 de noviembre del año 2002, publicada en la Gaceta del Congreso No. 039 del día 5 de febrero del año 2003 (folio 335 y 953). El texto definitivo aprobado fue publicado en la Gaceta No. 505 del 15 de noviembre de 2002 y consta, además, en el folio 52 del expediente. Entre las modificaciones adoptadas en esta etapa del trámite se acogió la proposición presentada por los H. Representantes REGINALDO MONTES Y TELESFORO PEDRAZA en el sentido de suprimir del proyecto el denominado “mecanismo de búsqueda urgente” que originalmente se encontraba en el texto del proyecto presentado por el Defensor del Pueblo, iniciativa que fue aprobada tal como consta en el acta. ( folio 61 y 960).- Siguiendo el trámite establecido para la aprobación de leyes estatutarias, el Presidente de la Cámara de Representantes remitió el proyecto al Presidente del Senado de la República el día 12 de noviembre de 2002 (folio 50). Una vez recibido el expediente legislativo por la Comisión Primera del Senado de la República, el Presidente de esta célula legislativa, el día 20 de noviembre de 2002,designó como ponentes para primer debate a los H. Senadores DARIO MARTINEZ BETANCOURT y HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ (folio 48); quienes el 22 de noviembre de 2002 presentaron la ponencia respectiva y el pliego de modificaciones, que fueron publicados en la Gaceta No. 535 del 22 de noviembre de 2002 (folio 38 copia del original folio 736).- El proyecto, junto con el correspondiente pliego de modificaciones fue discutido y aprobado en la Comisión por la mayoría de sus miembros, trece (13) de diecinueve (19) Senadores (Folio 49) que integran la Comisión Primera, según consta en el acta No. 17 de la sesión del 25 de noviembre de 2002 (Copia del acta visible en el folio 433). Copia original del texto aprobado en esta etapa del trámite legislativo obra en el folio 30 del expediente.- Como ponentes para segundo debate fueron designados los H Senadores DARIO MARTINEZ BETANCOURT Y HECTOR ELI ROJAS, quienes actuaron como tales para el primer debate y en esta oportunidad presentaron ponencia y el pliego de modificaciones el 3 de diciembre de 2002, documento que fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 562 del 5 de diciembre de 2002 (pág15). Copia original obra en el folio 19 del expediente.- El día 11 de diciembre de 2002, la plenaria del Senado de la República impartió su aprobación al proyecto, “sin modificaciones al texto aprobado en Comisión”, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de esa Corporación (Folio 17). La sesión se documentó en el Acta No. 036 publicada en la Gaceta del Congreso No. 029 del 4 de febrero de 2003 (Folio 772) y la votación, conforme a certificaciones visibles en los folios 431 y 947, se llevó a cabo con un quórum de 97 de los 102 senadores que integran la Corporación, y el resultado fue de 97 votos afirmativos, 0 votos negativos y 0 abstenciones.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 161 de la Constitución, desarrollado por el artículo 185 de la Ley 5ª. de 1992, se designó una comisión de conciliación con el fin de adoptar un único texto del Proyecto de Ley Estatutaria sub-examine. La comisión integrada por los H. Representantes JOSE LUIS ARCILA, REGINALDO MONTES Y RAMON ELEJALDE, así como los H Senadores DARIO MARTINEZ Y HECTOR HELI ROJAS se reunió el día 13 de diciembre de 2002 y, luego de llegar a un acuerdo, propuso aprobar la conciliación del proyecto en plenarias.- La aprobación del informe de la Comisión en la Plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en sesión del día 16 de diciembre de 2002, según consta en certificación secretarial de la fecha, visible en el folio 1 del expediente, de igual manera se muestra en la certificación expedida a solicitud del Magistrado Sustanciador en la que, en relación con el informe afirma que fue considerado y aprobado “por mayoría de los presentes ciento cincuenta y seis (156) Honorables Representantes a la Cámara.” (folio 950). Así consta también en el Acta No. 036 de la sesión plenaria del día 16 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta del Congreso No. 081 del 5 de marzo de 2003 (páginas 21 y 61)- Por su parte, la Plenaria del Senado de la República en sesión del día 16 de diciembre de 2002, consideró y aprobó por unanimidad –91 votos- el informe presentado por la Comisión de Conciliación, según consta en el folio 9ª del expediente y en la Gaceta del Congreso No. 032 del 4 de febrero de 2003.3.2. Trámite en una sola legislatura En cuanto se refiere a la exigencia de que el proyecto sea tramitado en una sola legislatura, en el presente caso se cumplió con ese requisito constitucional previsto en el artículo 153 de la Carta, toda vez que el trámite correspondiente se inició el día veinte (20) de julio de 2002 con la presentación del respectivo proyecto por el H. Representante REGINALDO ENRIQUE MONTES ALVAREZ ante el Secretario General de la Cámara de Representantes y culminó el 16 de diciembre de 2002, fecha en la cual las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, aprobaron el informe de la Comisión Accidental de Conciliación.Por otra parte, se observa que el tramite se ajustó a la exigencia del artículo 160 de la Constitución Política relacionada con el plazo no inferior a ocho días que debe mediar entre el primero y el segundo debate en cada una de las cámaras; y el no inferior quince entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra. Al respecto, de la simple observación de las fechas de cada una de las actuaciones se advierte que los plazos se respetaron. En efecto, la aprobación del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se efectuó el 16 de octubre de 2002 y la publicación de la ponencia para el debate en la Plenaria de dicha Corporación se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2002 -Gaceta del Congreso No. 466-. Por su parte, la aprobación en la Comisión Primera del Senado de la República al proyecto de ley se impartió el 25 de noviembre de 2002 y la ponencia para el segundo debate en la Plenaria de esta Corporación se publicó el 5 de diciembre en la Gaceta del Congreso No. 562, es decir, transcurrieron más de ocho días en cada caso.Así mismo, no transcurrieron menos de quince días entre la aprobación del proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes - 7 de noviembre de 2002 y la ponencia para segundo debate en la Comisión Primera del Senado de la República –22 de noviembre de 2002, Gaceta del Congreso No. 535-.3.3. La votación por mayoría absoluta.l- se observa que en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde se surtió el primer debate al proyecto de ley estatutaria sujeto a examen, se aprobó por mayoría absoluta tal como se certificó en las constancias secretariales (folios 103 y 201) y en el original del Acta No. 06 de la sesión del 16 de octubre de 2002, publicada en la Gaceta del Congreso No. 65 del 21 de febrero de 2003. - Por su parte, en la sesión plenaria del 7 de noviembre de 2002 que consta en el Acta No. 024 publicada en la Gaceta 039 de 2003, la mencionada corporación aprobó el proyecto “por mayoría de los presentes ciento cincuenta y cuatro (154) Honorables Representantes a la Cámara” (sic), según se certificó por el secretario general de dicha Corporación. Respecto de la información así suministrada el Magistrado Sustanciador requirió al secretario general de dicha célula legislativa para que diera certeza sobre si el número de 154 honorables representantes corresponde a los votos afirmativos o al del quórum, con que se habría aprobado el proyecto.A pesar de ello, el señor secretario de la Cámara de Representantes expidió una nueva certificación utilizando idéntica redacción, de la que bien cabe interpretar que con un quórum de 154 honorables representantes se impartió aprobación al proyecto por la mayoría de los presentes, número que puede ser de setenta y ocho (78) votos afirmativos en adelante, lo que sugiere que dicha mayoría podría no ser la necesaria para que se configure la mayoría absoluta requerida, que la constituye la mitad más uno de los 166 honorables representantes que conforman la Cámara, es decir, ochenta y cuatro (84) votos, como mínimo. En estas circunstancias, con base en la información que obra en el expediente, no sería posible entonces establecer si la aprobación del proyecto en esta etapa del trámite se ajustó al cumplimiento del requisito en análisis, pues en el acta tampoco consta la discriminación de los votos, ni se hace manifestación expresa alguna en el sentido de indicar que la mayoría con que se aprobó el proyecto fue la absoluta.- En la comisión primera del Senado de la República, según consta en el Acta No. 017 de la sesión del 25 de noviembre de 2002 y en la certificación expedida por el secretario general de dicha célula legislativa (Folio 49), el proyecto se aprobó con el voto afirmativo de 13 senadores, es decir, la mayoría absoluta de los miembros que componen dicha comisión.- La plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de ley sin modificaciones al texto aprobado por la comisión con el voto afirmativo de 97 de sus 102 integrantes, según consta en las certificaciones visibles en los folios 431 y 947 del expediente.- El informe de la comisión de conciliación, según certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes, fue considerado y aprobado por la plenaria de dicha Corporación “con la votación requerida para este tipo de proyectos” (Folio 1). Así mismo consta en la certificación expedida a solicitud del Magistrado Sustanciador en la que se lee que el informe fue considerado y aprobado “por mayoría de los presentes ciento cincuenta y seis (156) Honorables Representantes a la Cámara” (Folio 950). En el presente caso se presenta la misma dificultad que se advirtió en la verificación del requisito sujeto a examen en la Plenaria de la Cámara de Representantes, pues cabe interpretar que la mayoría de los 156 honorables representantes puede no ser la mayoría absoluta requerida.- En la plenaria del Senado de la República fue aprobado con 91 votos afirmativos el informe de la comisión de conciliación, como consta en la certificación expedida por el secretario general de dicha Corporación (Folio 9ª) y en el Acta No. 039 de la sesión plenaria del 16 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta del Congreso No 032 del 4 de febrero de 2003.Así las cosas la Corte advierte que en la Cámara de Representantes no existe certeza sobre la aprobación por mayoría absoluta de los miembros de esa Corporación del proyecto de ley sub examine, lo que comporta la configuración de un vicio de trámite.El Auto de 24 de septiembre de 2003 Cabe precisar que constatado el vicio señalado, la Corte en sesión de Sala Plena del veinticuatro de septiembre de 2003 profirió el siguiente auto en desarrollo del parágrafo del artículo 241 de la Constitución, el artículo 2002 de la Ley 5ª de 1992 y el artículo 45 del decreto 2067 de 1991. “Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil tres (2003)La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido el siguienteAUTOEn la revisión previa del proyecto de ley estatutaria N°142 02 Senado y N°005 02 Cámara “por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política” la Corte constató la configuración de un vicio formal en la tramitación del proyecto, que por ser subsanable permite su devolución al Congreso, -de acuerdo con el parágrafo del artículo 241 superior y los artículos 202 de la Ley 5° de 1992 y 45 del Decreto 2067 de 1991-, con el fin de que se surta el trámite en los términos señalados por la Constitución y la ley y se remita nuevamente a la Corte para continuar con el control de constitucionalidad en función de la competencia a ella atribuida por el artículo 241- 8 superior. En efecto la Corte encontró que en la sesión plenaria del 7 de noviembre de 2002 de la Cámara de Representantes que consta en el Acta No. 024 publicada en la Gaceta 039 de 2003, la mencionada corporación aprobó “por mayoría de los presentes ciento cincuenta y cuatro (154) Honorables Representantes a la Cámara” la ponencia para segundo debate del proyecto de ley referido, según se certificó por el secretario general de dicha Corporación.Respecto de la información así suministrada el Magistrado Sustanciador requirió al secretario general de dicha célula legislativa para que diera certeza sobre si el número de 154 honorables representantes correspondía a los votos afirmativos o al del quórum, con que se habría aprobado el proyecto, tomando en cuenta que la mayoría exigida por la Constitución y la ley en este caso es la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación (art.153 C.P. y 117-2 de la Ley 5 de 1992).El señor secretario de la Cámara de Representantes expidió una nueva certificación que de manera idéntica a la que fuera remitida a la Corte inicialmente señaló que la mencionada corporación aprobó la ponencia para segundo debate del proyecto de ley referido “por mayoría de los presentes ciento cincuenta y cuatro (154) Honorables Representantes a la Cámara”. De dichas certificaciones bien cabe interpretar que con un quórum de 154 honorables representantes se impartió aprobación al proyecto por la mayoría de los presentes, número que puede ser de setenta y ocho (78) votos afirmativos en adelante, lo que sugiere que dicha mayoría no es la necesaria para que se configure la mayoría absoluta requerida, que la constituye la mitad más uno de los 166 honorables representantes que conforman la Cámara, es decir, ochenta y cuatro (84) votos, como mínimo. En estas circunstancias, con base en la información que obra en el expediente, no sería posible entonces establecer si la aprobación del proyecto en esta etapa del trámite se ajustó al cumplimiento del requisito en análisis, pues en el acta tampoco consta la discriminación de los votos, ni se hace manifestación expresa alguna en el sentido de indicar que la mayoría con que se aprobó el proyecto fue la absoluta como lo exige la Constitución.Para la Corte esta circunstancia configura un vicio de trámite que por ser subsanable no conlleva la declaratoria de inexequibilidad del proyecto de ley que se examina, pues sin que se alteren los principios y reglas propios de la función legislativa y en especial el mandato contenido en el artículo 153 superior sobre la aprobación de los proyectos de ley estatutaria en una sola legislatura, así como el principio de consecutividad, puede retrotraerse la actuación para enmendar la falla en el trámite en que se ha incurrido en el presente caso.Al respecto cabe recordar que las reglas constitucionales sobre formación de las leyes con las que se busca preservar el contenido esencial del régimen institucional diseñado por el Constituyente, así como asegurar que el debate en el Congreso sea amplio, transparente y racional, no tienen un valor en sí mismas y deben interpretarse teleológicamente al servicio de los valores materiales que esas reglas pretenden realizar (art. 1°, 2° y 228 de la Constitución) . Así mismo, de acuerdo con el parágrafo del artículo 241 de la Constitución cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado y para que subsanado el vicio, proceda a decidir sobre la exequibilidad del acto.Es por ello que ha dicho la Corte de manera reiterada que no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el Reglamento del Congreso, acarrea ineluctablemente la invalidez de la ley y su declaración de inconstitucionalidad. Sobre el particular haciendo referencia específicamente al principio de instrumentalidad de las formas la Corte ha explicado lo siguiente: “El principio de la instrumentalidad de las formas procesales y la posibilidad de saneamiento de vicios en la formación de las leyes.27. El principio de instrumentalidad de las formas tiene implicaciones importantes sobre la manera como se debe analizar la relación entre una irregularidad en la formación de una ley, su eventual invalidez, y las posibilidades de sanear esos defectos procedimentales. Así, en primer término, es claro que no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea ineluctablemente la invalidez de la ley y su declaración de inconstitucionalidad. En efecto, en determinados casos, puede tratarse de una irregularidad irrelevante, en la medida en que no vulnera ningún principio ni valor constitucional, y en especial no llega a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico institucional diseñado por la Carta. En tales casos, esa irregularidad, en sentido estricto, no configura un verdadero vicio en la formación de la ley, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia nacionales y extranjeras. Así, en derecho comparado, el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia S-57 89, constató que una enmienda introducida en el Senado no había sido motivada, pero desestimó la impugnación contra esa ley, pues consideró que ese defecto no alteraba sustancialmente el proceso de formación de la voluntad de la Cámara. Y en el caso colombiano, esta Corte ha señalado que, a pesar de que en principio los informes de ponencia deben ir firmados por todos los ponentes, en caso de divergencia de criterios entre ellos, la falta de firma de quienes que se apartaron de la posición mayoritaria, no constituye realmente un vicio de procedimiento, pues esa situación "no tiene la suficiente entidad para viciar la legitimidad de la publicación del informe ponencia para segundo debate. En efecto, las discrepancias entre los ponentes no pueden llegar al punto de torpedear el proceso legislativo, a través de conductas negativas que desvirtúan la función legislativa”.28. En segundo término, en otros eventos, puede ocurrir que el vicio exista, pero sea convalidado en el proceso mismo de formación de la ley, en la medida en que se haya cumplido el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, o la irregularidad haya sido expresamente subsanada por una autoridad que tenía competencia para efectuar ese saneamiento. Por ejemplo, en derecho comparado, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que un vicio esencial en la votación, puede entenderse convalidado, si de todos modos queda claro que la ley contó con la mayoría necesaria requerida, pues la finalidad de la votación (determinar si existe o no una mayoría) se habría cumplido. Y en Colombia, esta Corte Constitucional ha señalado, en numerosas ocasiones, que un vicio de representación durante la suscripción de un tratado se entiende saneado, si obra dentro del expediente la correspondiente confirmación presidencial. Igualmente, esta Corporación ha entendido que la violación de la exclusividad de iniciativa que tiene el Gobierno en ciertas materias puede ser convalidada en el proceso legislativo, para lo cual basta con que los ministros coloquen su rúbrica en el texto del artículo por ellos redactado, pues “aunque la iniciativa es la manifestación expresa, clara e inequívoca del ejecutivo, de que considera necesaria la adopción de tal o cual medida que afectará la estructura de la administración nacional, se ha admitido que estos requisitos se satisfacen con el llamado aval ministerial” . En tal contexto, si un vicio de procedimiento existió pero fue convalidado, es obvio que, en función de la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228), no tiene sentido que la Corte declare la inconstitucionalidad de la disposición acusada.

29. En tercer término, puede ocurrir que exista un vicio en la formación de la ley, y éste no haya sido convalidado, pero la Corte constate que el vicio puede ser subsanado durante la revisión de constitucionalidad de la ley. En tal evento, la Carta expresamente establece que el juez constitucional debe devolver la norma sujeta a control a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, ésta proceda a subsanarlo (CP art 241 par). En esos casos, mientras se surte ese trámite, la ley continúa vigente. Y efectivamente, en varias oportunidades, esta Corte ha devuelto al Congreso y al Gobierno, leyes sometidas a control para que un vicio de procedimiento fuera subsanado.30. Finalmente, puede ocurrir que existan vicios en el proceso de formación de la ley, y que éstos no hayan sido convalidados en el trámite legislativo, pero pueden ser subsanados por la misma Corte Constitucional, al pronunciarse ésta sobre la norma en cuestión. Por ejemplo, cuando a una ley ordinaria se le ha impartido el trámite legislativo propio de una ley orgánica: en casos así, la Corte ha considerado que existe, efectivamente, un vicio, por cuanto, tal y como se expresó en la sentencia C-025 93, “el principio democrático obliga a interpretar restrictivamente los procedimientos especiales que aparejan mayorías calificadas y que, en cierta medida, petrifican el ordenamiento jurídico e impiden el desarrollo de un proceso político librado al predominio de la mayoría simple, que garantiza cabalmente su libertad y apertura”. En estas situaciones, la Corte cuenta con la posibilidad de subsanar directamente el vicio detectado, constatando que se trata materialmente de una ley de naturaleza ordinaria, y declarando su constitucionalidad bajo tal entendido.31. La Corte destaca que tanto en derecho comparado, como en el caso colombiano, la gravedad del vicio no tiene incidencia directa sobre las posibilidades de saneamiento o convalidación del mismo. La intensidad de la irregularidad debe ser tomada en cuenta para examinar si ésta constituye o no un vicio de procedimiento; pero una vez constatado que el vicio existe, la gravedad no es el elemento más importante para determinar si existe o no posibilidad de convalidación o de saneamiento, pues son otros factores los que entran en juego en esta evaluación. Por ejemplo, esta Corte ha señalado que si la Constitución fija plazos determinados para que una ley sea aprobada, como sucede con las leyes estatutarias o la ley del plan, entonces el juez constitucional no puede devolver la ley al Congreso para la eventual corrección del defecto observado, pues los términos constitucionales ya estarían vencidos. Los vicios que no hubieran sido convalidados en el propio trámite en el Congreso se tornan entonces insubsanables, sin importar su gravedad. En cambio, la Corte ha aceptado la convalidación por medio de la confirmación presidencial, de vicios graves en la suscripción de un tratado, puesto que afectaban la representación internacional del Estado colombiano. E igualmente, esta Corporación consideró que una falta de quórum para decidir era un vicio subsanable, a pesar de su gravedad, y ordenó la devolución al Congreso de una ley afectada por ese vicio, para que éste fuera subsanado, mediante la realización del debate correspondiente. Según la Corte, el vicio podía ser saneado “por cuanto era factible repetir el segundo debate en la Cámara, teniendo en cuenta que, para los proyectos de leyes ordinarias y, en concreto, para los referentes a la aprobación de tratados internacionales, no se exige que su aprobación se produzca durante una sola legislatura”. Un vicio grave puede entonces llegar a ser convalidado o subsanado, mientras que vicios de menor entidad pueden carecer de esa posibilidad.

32. Con todo, la Corte precisa que en cada una de las anteriores hipótesis, la posibilidad de saneamiento que otorga el ordenamiento jurídico se debe interpretar y ejercer en forma razonable; en otras palabras, no puede otorgarse a dicha facultad un alcance tan amplio, que acabe por desnaturalizar la noción misma de vicio del procedimiento legislativo. Para que se pueda hablar de un vicio saneable en el procedimiento de formación de la ley, es necesario que, cuando menos, se haya cumplido con las etapas estructurales de tal procedimiento, puesto que la omisión de éstas -por ejemplo, la pretermisión de los debates ante alguna de las Cámaras legislativas-, hace imposible hablar de un procedimiento legislativo como tal -y, en consecuencia, impide considerar la omisión respectiva como un vicio-. En efecto, en esos eventos no habría propiamente un vicio del procedimiento en la formación de la ley sino una ausencia o inexistencia de procedimiento, que no puede ser subsanada. Por lo mismo, es imposible catalogar como “saneamiento” lo que, en realidad, equivale a la repetición de toda una etapa del trámite legislativo, ya que de lo contrario, se terminaría por burlar los mismos fines sustantivos que el principio de instrumentalidad de las formas pretende preservar.

33. Conforme a lo anterior, el principio de instrumentalidad de las formas, expresamente consagrado en el artículo 228 de la Carta, implica que la constatación de que ocurrió una irregularidad en el trámite de una ley, no conlleva inevitablemente que el juez constitucional deba siempre retirarla del ordenamiento. Es necesario que, previamente, el juez examine (i) si ese defecto es de suficiente entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) en caso de que la irregularidad represente un vicio, debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio durante el trámite mismo de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad.” (subrayas fuera de texto).En el presente caso la Corte encuentra que por tratarse de un proyecto de ley estatutaria cuyo trámite regula el artículo 153 superior, en donde expresamente se señala que la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, debe existir certeza sobre la aprobación del proyecto de ley sub examine con la mayoría requerida por la Constitución.En la medida en que como atrás se señaló ello no es así, pero se está en presencia simplemente de un proyecto de ley cuyo trámite constitucional no ha culminado y que resulta posible retrotraer la actuación para que se confirme el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Constituyente en esta materia, la Corte dará aplicación al parágrafo del artículo 241 superior. Es pertinente precisar que el requisito señalado en el artículo 153 superior según el cual la aprobación de las leyes estatutarias deberá efectuarse dentro de una misma legislatura, -a que la Corporación hizo alusión en anteriores decisiones en las que concluyó en el carácter insubsanable de los vicios analizados en esos procesos-, solamente es predicable del trámite dado por el Congreso pero no de la revisión previa encomendada a la Corte Constitucional por el mismo texto.Tal entendimiento es en efecto, como ya lo ha señalado la Corporación, el que debe darse al mandato contenido en el aparte final de dicho texto superior, según el cual “Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la corte constitucional, de la exequibilidad del proyecto”. Al respecto la Corte expresó lo siguiente: “El artículo 153 señala que la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias debe efectuarse dentro de una sola legislatura y que "dicho trámite comprende la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto". Una lectura literal y exegética de esa norma podría llevar a concluir que en una sola legislatura debería llevarse a cabo no sólo el trámite en el Congreso sino también el proceso extralegislativo, a saber, la revisión por la Corte e incluso la tramitación de las objeciones o la sanción presidenciales. La Corte Constitucional considera que en este caso el juez constitucional no puede atenerse al tenor literal de la norma por cuanto ella llevaría a conclusiones absurdas. En efecto, la sola revisión de constitucionalidad de una ley por la Corte toma 120 días hábiles, conforme al procedimiento previsto por el decreto 2067 de 1991: treinta días para el concepto del Procurador General, otros treinta para la presentación del proyecto por el magistrado sustanciador, y sesenta más de que dispone la Corte para adoptar la decisión. A ello habría que agregar eventualmente los términos de que dispone el Presidente para objetar o sancionar un proyecto, que varían entre seis y veinte días (Art 166 CP). Todo ello muestra que si el trámite que debe ser surtido en una sola legislatura incluyese la revisión por la Corte o las objeciones y sanción presidenciales sería prácticamente imposible aprobar, modificar o derogar leyes estaturarias. O, éstas tendrían que ser tramitadas en el Congreso con excesiva celeridad, sin una adecuada discusión democrática, e incluso con improvisación. También tendrían que ser revisadas con precipitud por la Corte. Estos efectos serían contrarios a la finalidad perseguida por el Constituyente con la creación de las leyes estatutarias puesto que con ellas se ha buscado dar un trámite especialmente serio a estas leyes por la trascendencia de las materias que regulan.No puede entonces admitirse que el "trámite" señalado por el artículo 153 incluya la revisión por la Corte, a pesar del tenor literal de esa disposición que consagra que "dicho trámite comprenderá la revisión previa por parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto". Cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalística. En tales circunstancias, concluye la Corte Constitucional que la única interpretación razonable es que el "trámite" al que se refiere el artículo 153 es el correspondiente al tránsito del proyecto en el Congreso, a saber su aprobación, modificación o derogación en las Cámaras, pero no incluye los pasos extralegislativos. Por consiguiente, si un proyecto de ley estatutaria surte los pasos dentro del Congreso dentro de una legislatura, habrá respetado el mandato del artículo 153 de la Constitución, incluso si su revisión por la Corte y la sanción por el Presidente se efectúan una vez terminada la legislatura”. Así dado que el trámite que se deberá surtir es una consecuencia del ejercicio del control efectuado por la Corte en relación con el proyecto de ley estatutaria sub examine, no puede entenderse que se ha desconocido en el presente caso el requisito de que el trámite se surta en una sola legislatura, pues este se predica de la actuación del legislador -que efectivamente tramitó y votó el proyecto de ley en dicho plazo como se desprende del expediente legislativo analizado por la Corte-, pero no de las consecuencias que se deriven del ejercicio del control de constitucionalidad, las cuales se rigen por los mandatos superiores y legales que permiten el saneamiento de los vicios de procedimiento (parágrafo del artículo 241 C.P., artículo 202 de la Ley 5 de 1992 y artículo 45 del Decreto 2067 de 1991).Así las cosas en aplicación del referido principio de instrumentalidad de las formas procesales, la Corte devolverá el proyecto de ley referido al Congreso de la República para que este surta nuevamente el trámite respectivo a partir del segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes en la que se deberá dar aprobación a la ponencia respectiva dejando expresa constancia del número de votos emitidos y del cumplimiento del requisito de mayoría absoluta señalado en la Constitución (art 153 C.P.).Ahora bien, en atención a la necesidad de respetar el principio de consecutividad en la aprobación de las leyes deberá surtirse en consecuencia nuevamente el trámite de aprobación del proyecto de ley en el Senado de la República atendiendo las mismas consideraciones.En el caso de que se presenten divergencias entre los textos aprobados por cada una de las Cámaras, la Corte llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta los mandatos contenidos en el artículo 161 de la Constitución tal como fue modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003. DECISIONEn mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,RESUELVEDevolver al Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria N°142 02 Senado y N°005 02 Cámara ‘por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política’ para que dentro del plazo señalado en la ley (artículo 202 de la ley 5° de 1992) se surta nuevamente el trámite respectivo a partir del segundo debate en la Cámara de Representantes, con el fin de que se apruebe en la forma y con los requisitos previstos en la Constitución y en la ley (art. 153 C.P.).”3.3.2 La actuación surtida en cumplimiento del Auto de 24 de septiembre de 2003 3.3.2.1 Comunicación al Congreso y notificación por estado El auto proferido por la Sala Plena de la Corporación el 24 de Septiembre de 2003 fue remitido por la Secretaría General de la Corte al Presidente del Congreso mediante oficio 1827 del 23 de Octubre de 2003, recibido en la Secretaría del Senado de la República en la misma fecha. Así mismo por estado número 188 del 23 de octubre de 2003, la Secretaría General de la Corte Constitucional procedió a notificar el auto referido.3.3.2.2. La Actuación surtida en el Congreso de la República El 29 de junio de 2004 fue recibida en la Secretaría de la Corte la comunicación del Presidente del Congreso de la República doctor Germán Vargas Lleras del siguiente tenor: SENADO DE LA REPUBLICAPRESIDENCIABogotá D.C., junio 23 de 2004Doctora CLARA INES VARGAS HERNANDEZPresidentaCORTE CONSTITUCIONALCiudadSeñora Presidenta:Debidamente subsanado el vicio de forma tal como lo señala el auto de fecha 24 de septiembre de 2003, proferido por esa Honorable Corporación y en cumplimiento del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, remito a su Despacho el expediente del Proyecto de Ley No. 142 02 Senado – No. 005 02 Cámara “POR LA CUAL SE REGLAMENTE EL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCION POLITICA”, para que continúe su trámite de constitucionalidad.Cordialmente, GERMAN VARGAS LLERASPresidenteH. Senado de la RepúblicaA dicha comunicación se acompañaron los documentos que a continuación se reproducen, relativos al trámite dado por el Congreso de la Republica en cumplimiento del auto del 24 de septiembre de 2003.

1. Comunicación del Secretario General del Senado de la República al Secretario General de la Cámara de Representantes del 28 de octubre de 2003.Senado de la RepúblicaSecretaria General Bogotá D.C., 28 de octubre de 2003DoctorANGELINO LIZCANO RIVERASecretario General H. Cámara de RepresentantesCiudadDistinguido Doctor:Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en auto de Sala Plena del veinticuatro (24) de septiembre de 2003, comedidamente me permito enviarle el Proyecto de Ley Estatutaria No.142 02 Senado, 005 01 Cámara, “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCION POLITICA”.Con toda atención,EMILIO OTERO DAJUDSecretario General Senado de la República2. Comunicación del Secretario General de la Cámara de Representantes a los H. Representantes a la Cámara Jesús Ignacio García Valencia, Gina María Parody D’Echeona y Camilo Hernando Torres Barrera Cámara de RepresentantesBogotá, D.C. Jueves, 30 de Octubre de 2003S.G.2. 4523 2003Doctores JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIAGINA MARIA PARODY D’ECHEONACAMILO HERNANDO TORRES BARRERARepresentantes a la CámaraBogotá, D.C.Ref: Proyecto de ley estatutaria No. 020 acumulado 05 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado. Revisión previa.Respetados Representantes:Cordialmente, me permito manifestarles que por instrucciones del Señor Presidente de la Cámara de Representantes doctor Alonso Acosta Osio, fueron designados como miembros de la subcomisión encargada de estudiar el expediente contentivo al proyecto de ley estatutaria No. 020 acumulado 05 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, con el fin de darle cumplimiento al Auto del 24 de septiembre de 2003 proferido por la Corte Constitucional y a los artículos 153 de la Constitución Política y 202 de la Ley 5ª de 1992. El expediente original será entregado al Honorable Representante doctor JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA.Atentamente;ANGELINO LIZCANO RIVERASecretario General3. Comunicación de los H. Representantes a la Cámara Jesús Ignacio García Valencia, Gina María Parody D’Echeona y Camilo Hernando Torres Barrera al Presidente de la Cámara de Representantes doctor Alonso Acosta Osio, del 19 de noviembre de 2003, en el que solicitaron se incluyera en el orden del día de la Plenaria de la Cámara de Representantes la votación de la ponencia del proyecto de ley de la referencia “por el cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, donde se dejara expresa constancia del número de votos emitidos, indicando cuantos votos a favor y cuantos en contra y que una vez se cumpliera el procedimiento, se diera traslado del proyecto de ley al Senado de la República para que allí se surtiera nuevamente el trámite de aprobación en la forma que lo estableció el auto del 24 de Septiembre de 2003 de la Corte Constitucional.Cámara de RepresentantesBogotá, D.C., Miércoles 19 de Noviembre de 2003Doctor ALONSO ACOSTA OSIOPresidenteCámara de RepresentantesCiudadRef: Proyecto de ley estatutaria No. 020 acumulado 05 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado. Revisión previa.Respetado Doctor:En el proceso de revisión previa del proyecto de ley estatutaria No. 142 02 Senado y No. 05 02 Cámara “por el cual se reglamente el artículo 30 de la Constitución Política” la Corte Constitucional constató la configuración de un vicio formal en su trámite, que por ser subsanable, no conlleva a la declaratoria de inexequibilidad. Por ésta razón, mediante auto del veinticuatro (24) de septiembre de 2003 la Corte Constitucional resolvió devolver al Congreso de la República el proyecto de ley de la referencia para que se surta nuevamente el trámite respectivo a partir del segundo debate en la Cámara de Representantes.El vicio se presentó, ya que no se logró determinar con exactitud el número de votos afirmativos con el que se aprobó la ponencia para segundo debate y por tratarse de una ley estatutaria se requiere de mayoría cualificada.Por las razones expuestas, solicitamos se incluya dentro del orden del día de la Plenaria de la Cámara de Representantes la votación de la ponencia del proyecto de ley de la referencia “por el cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, donde se deje expresa constancia del número de votos emitidos, indicando cuantos votos a favor y cuantos en contra.Una vez se cumpla el procedimiento, se debe dar traslado del proyecto de ley al Senado de la República para que allí se dé nuevamente el trámite de aprobación en la forma que lo establece el auto de la Corte Constitucional.Atentamente,GINA MARIA PARODY D’ECHEONAJESUS IGNACIO GARCIA VALENCIACAMILO HERNANDO TORRES BARRERA4. Constancia del Secretario General de la Cámara de Representantes en relación con la votación del proyecto de ley estatutaria No. 020 de 2002 acumulado 005 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado en la sesión Plenaria de dicha corporación del 2 de diciembre de 2003.Cámara de RepresentantesSecretaría GeneralSUSTANCIACION PONENCIA

SEGUNDO DEBATEBogotá D.C., Martes 02 de diciembre de 2003En Sesión Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes de la fecha y en cumplimiento del auto de fecha 24 de septiembre de 2003 proferido por la Honorable Corte Constitucional y de conformidad al artículo 153 de la Constitución Política fue considerado y aprobado el proyecto de ley estatutaria No. 020 de 2002 acumulado 005 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política” la votación registrada fue la siguiente:Informe de ponencia: Por el sí: 118, por el no: 9.Articulado: Por el sí: 126, por el no: 8.Título: Por el sí: 123, por el no: 8.Lo anterior según consta en el acta de sesión plenaria No.082 de diciembre 02 de 2003.ANGELINO LIZCANO RIVERASecretario General5. Constancia de impedimento IMPEDIMENTOMe declaro impedido para participar y votar el PLE No. 020 02 C Acum. 05 02 C –142 02 S.JOSE LUIS FLOREZ RIVERA.6. Comunicación del Presidente de la Cámara de Representantes doctor Alonso Acosta 0sio al Presidente del Senado de la República doctor Germán Vargas Lleras de fecha 3 de diciembre de 2003, con la que remite el expediente para que siga su trámite en el Senado de la República. Cámara de RepresentantesPresidenciaBogotá, D.C:, miércoles 03 de diciembre de 2003DoctorGERMAN VARGAS LLERASPresidente Honorable Senado de la RepúblicaBogotá, D.C.Ref: Proyecto de ley estatutaria No. 020 acumulado 05 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado. Revisión previa.Respetado doctor Vargas:Cordialmente me permito remitirle para su correspondiente tramite en el Senado de la República y de conformidad al artículo 153 de la Constitución Política , el expediente del proyecto de ley estatutaria No. 020 de 2002 acumulado 005 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política” el anterior proyecto fue debatido y aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes el día dos (02) de diciembre de 2003.Cordialmente,ALONSO ACOSTA OSIOPresidente7. Constancias de la secretaría de la Comisión primera del Senado de la República sobre la actuación surtida en esa célula legislativa en relación con el auto del 24 de septiembre de 2003. Senado de la RepúblicaComisión PrimeraSENADO DE LA REPUBLICA – COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE. SECRETARIA. 19 DE DICIEMBRE DE 2003. En la fecha se recibe de la oficina de Leyes, el expediente de este proyecto de ley. Esto para darle cumplimiento a lo dispuesto en el auto proferido por la Corte Constitucional , Ref: P.E: 017 del 24 de septiembre del 2003. En consecuencia la Presidencia designa una Comisión Accidental, integrada por los HH. Senadores: Hector Helí Rojas y Darío Martínez.Guillermo León Giraldo GilSecretario Comisión PrimeraSENADO DE LA REPUBLICA – COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE. SECRETARIA. 04 DE MAYO DE 2004. En la fecha se recibe el informe de la Comisión Accidental en cumplimiento del “Auto proferido por la Corte Constitucional” referencia P.E. 017 del 24 de septiembre de 2003.Guillermo León Giraldo GilSecretario Comisión PrimeraSENADO DE LA REPUBLICA – COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE. SECRETARIA. 05 DE MAYO DE 2004. En la fecha se da lectura en la Sesión al informe de la Comisión Accidental y la Presidencia dispone que se realicen los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por ésta Comisión.Guillermo León Giraldo GilSecretario Comisión PrimeraSENADO DE LA REPUBLICA – COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE. SECRETARIA. 06 DE MAYO DE 2004. En la fecha se oficia por parte del Presidente de la Comisión Primera del Senado al Presidente del Senado con el fin que continúe su curso legal esta iniciativa y se dé aplicación a la parte final del inciso 3º del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 conforme a informe de la Comisión Accidental, para tales efectos se anexa el Expediente. Para los mismos fines se oficia al Presidente de la Cámara de Representantes y se anexa copia del Expediente.8. Comunicación del Jefe de Leyes del Senado de la República al secretario General de la Comisión Primera del Senado de la República del 17 de diciembre de 2003. SENADO DE LA REPUBLICASECCION DE LEYESBogotá D.C., diciembre 17 de 2003DoctorGUILLERMO GIRALDO GILSecretario General Comisión PrimeraH. SENADO DE LA REPUBLICACiudadApreciado doctor Giraldo:Con el propósito de darle cumplimiento a la parte resolutiva del auto calendado 24 de septiembre de 2003, comedidamente remito a su Despacho el expediente del Proyecto de Ley Estatutaria No. 142 02 Senado – No.005 02 Cámara “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCION POLITICA”.Agradezco su amable atención,JOHNNY FORTICH ABISAMBRAJefe de LeyesH. Senado de la República9. Informe de Comisión accidental presentado por los H. Senadores Darío Martínez Betancourt y Hector Hely Rojas al Presidente de la Comisión Primera del Senado de la República doctor Luis Humberto Gómez Gallo de fecha 3 de mayo de 2004. Bogotá, D.C. 3 de mayo de 2004DoctorLUIS HUMBERTO GOMEZ GALLOPresidente COMISION PRIMERAH. SENADO DE LA REPUBLICACiudadRef: Informe de Comisión AccidentalSeñor Presidente:Fuimos designados por la presidencia de la Comisión para rendir informe sobre: “darle cumplimiento al auto proferido por la Corte Constitucional” referencia P.E. 017 del 24 de septiembre de 2003, procedemos a cumplir nuestra misión en los siguientes términos:1. Mediante auto de la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional, de fecha 24 de septiembre de 2003, se dispuso:“ Devolver al Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria Nº. 142 02 Senado y Nº 005 02 Cámara “ por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política” para que dentro del plazo señalado en la ley (artículo 202 de la Ley 5ª de 1992) se surta nuevamente el trámite respectivo a partir del segundo debate en la Cámara de Representantes, con el fin de que se apruebe en la forma y con los requisitos previstos en la Constitución y en la ley (art. 153 C.P.)” (subrayado nuestro)2. El vicio de forma que la Corte Constitucional consideró subsanable y ordenó corregir se presentó cuando en la sesión plenaria del 7 de noviembre de 2002 la Honorable Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley Estatutaria No. 142 02 Senado y No. 005 02 Cámara “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política” sin que constara la mayoría absoluta que para esta clase de normas previó el artículo 153 del texto Constitucional.Se ordenó reponer la actuación “a partir del segundo debate de la plenaria de la Cámara de Representantes” y “en atención a la necesidad de respetar el principio de consecutividad en la aprobación de las leyes deberá surtirse en consecuencia nuevamente el trámite de aprobación de ley en el Senado de la República atendiendo las mismas consideraciones”.La Corte Constitucional precisó también que la corrección del señalado vicio no se encuentra por fuera del requisito constitucional “de que el trámite se surta en una sola legislatura pues ésta se predica de la actuación del legislador que efectivamente tramitó y aprobó el Proyecto de Ley en dicho plazo, como se desprende del expediente legislativo analizado por dicha Corte, pero no de las consecuencias que se deriven del ejercicio del control de constitucionalidad…”.3. En acatamiento a lo anterior la Honorable Cámara de Representantes volvió a debatir y aprobar el proyecto en sesión plenaria el día 2 de diciembre de 2003 y lo remitió al Senado de la República el 10 de diciembre del mismo año para continuar el trámite de corrección del vicio señalado por la Corte Constitucional.4. La Comisión Primera del Senado de la República recibió el proyecto y el 19 de diciembre de 2003 nos designó en subcomisión para rendir informe al respecto.5. La Corte Constitucional ordenó corregir el vicio dentro del plazo señalado en el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992.Encontramos que ese término es de 30 días contados desde la devolución del expediente al Congreso de la República.De manera que el Congreso puede corregir los vicios que en concepto de la Corte Constitucional sean subsanables, pero “solo de ser posible” y siempre y cuando lo haga dentro de los 30 días siguientes al recibo del expediente.Observamos que el proyecto fue devuelto el 23 de octubre de 2003 mediante oficio No.1827 de la Secretaría General de la Honorable Corte Constitucional, es decir, que el vicio debió ser corregido tanto en Cámara como en Senado antes del 23 de noviembre del año 2003; la corrección que hizo la Honorable Cámara de Representantes el 2 de diciembre de ese año ya era extemporánea y no puede acomodarse a lo señalado en el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992. Con más razón resulta extemporáneo que el 19 de diciembre de 2003, cuando ya habían terminado las sesiones ordinarias del Congreso (nos encontrábamos en sesiones extraordinarias y en ellas no podíamos ocuparnos sino de los asuntos señalados por el Gobierno, dentro de los cuales no estaba el de la ley Estatutaria de Hábeas Corpus) se haya dispuesto dar cumplimiento en la Comisión Primera del Senado al auto de la Corte Constitucional.Como no fue posible corregir en tiempo el vicio señalado nos parece que lo único procedente es dar aplicación a la parte final del inciso 3º del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 que dispone: “…En su defecto, una comisión accidental de mediación presentará una propuesta definitiva a las plenarias para su aprobación o rechazo”, nuestro concepto, en consecuencia, es que el Señor Presidente de la Comisión Primera oficie a los Presidentes de Cámara y Senado para que integren la comisión de mediación que proponga definitivamente a las plenarias qué se debe hacer con el proyecto.Cordial saludo,DARIO MARTINEZ BETANCOURTSenadorHECTOR HELY ROJAS JIMENEZSenador10. Comunicaciones del Presidente de la Comisión primera del Sanado de la República a los Presidentes del senado de la República y de la Cámara de Representantes. Senado de la República Comisión PrimeraBogotá D.C., 6 de mayo de 2004DoctorAlonso Acosta OsioPresidente H. Cámara de RepresentantesLa CiudadMuy distinguido señor Presidente:Por medio de la presente y para que continúe su curso legal, me permito hacerle llegar copia de la parte pertinente del proyecto de Ley Estatutaria No. 142 de 2002 Senado – 005 de 2002 Cámara “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Nacional”, al igual que el informe rendido por la Comisión Accidental designada en esta comisión, el cual solicita se de aplicación a la parte final del inciso 3 del artículo 202 de la Ley 5 de 1992.Cordialmente, Luis Humberto Gómez GalloPresidente Comisión PrimeraH. Senado de la RepúblicaSenado de la República Comisión PrimeraBogotá D.C., 6 de mayo de 2004DoctorGermán Vargas LlerasPresidente H. Senado de la RepúblicaLa CiudadMuy distinguido señor Presidente:Por medio de la presente y para que continúe su curso legal, me permito hacerle llegar copia de la parte pertinente del proyecto de Ley Estatutaria No. 142 de 2002 Senado – 005 de 2002 Cámara “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Nacional”, al igual que el informe rendido por la Comisión Accidental designada en esta comisión, el cual solicita se de aplicación a la parte final del inciso 3 del artículo 202 de la Ley 5 de 1992.Cordialmente, Luis Humberto Gómez GalloPresidente Comisión PrimeraH. Senado de la República11.Comunicación del Secretario General del Senado de la República al Presidente de dicha Corporación en la que solicita la designación de una Comisión de mediación.Senado de la RepúblicaSecretaria GeneralBogotá D.C. 17 de mayo de 2004DoctorGERMAN VARGAS LLERASPresidenteH Senado de la RepúblicaSeñor Presidente:Referencia: Designación Comisión de mediaciónMediante auto de Sala Plena de la Corte Constitucional, de fecha 24 de septiembre de 2003, se dispuso:“ Devolver al Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria Nº. 142 02 Senado y Nº 005 02 Cámara “ por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política” para que dentro del plazo señalado en la ley (artículo 202 de la Ley 5ª de 1992) se surta nuevamente el trámite respectivo a partir del segundo debate en la Cámara de Representantes, con el fin de que se apruebe en la forma y con los requisitos previstos en la Constitución y en la ley (art. 153 C.P.)”.El vicio de forma que la Corte Constitucional consideró subsanable y ordenó corregir se presentó cuando en la sesión plenaria del 7 de noviembre de 2002 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley estatutaria en mención sin que constara la mayoría absoluta requerida por la Constitución (art. 153 CP).En atención a la necesidad de respetar el principio de consecutividad en la aprobación de Leyes deberá surtirse en consecuencia nuevamente el trámite de aprobación en el Senado de la República.La Corte Constitucional ordenó corregir el vicio dentro del plazo señalado en el artículo 202 de la Ley 5ª de 2992, es decir dentro de los treinta días contados desde la devolución del expediente al Senado de la República.El proyecto fue devuelto el 23 de octubre de 2003, es decir que el vicio debió ser corregido tanto en Cámara como en Senado antes del 23 de noviembre de 2003; por lo tanto la corrección que hizo la Cámara de Representantes el 2 de diciembre de 2003 ya es extemporánea.Como no fue posible corregir en tiempo el vicio, lo único procedente es dar aplicación a la parte final del inciso 3 del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 que dispone “En su defecto una comisión accidental de mediación presentará una propuesta definitiva a las plenarias para su aprobación o rechazo”.Ante esta situación acudo ante usted con mi acostumbrado respeto para que sean designados los miembros de la Comisión accidental de mediación que presentará a las plenarias una propuesta definitiva acerca de este Proyecto de Ley.Agradezco su gentil y amable atención:EMILIO OTERO DAJUDSecretario GeneralH. Senado de la República12. Comunicaciones dirigidas a los miembros de la Comisión Accidental de Mediación designada por las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para determinar el tramite a seguir en relación con el proyecto de ley sub examine en las que se invoca la aplicación del inciso tercero del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992.Senado de la RepúblicaSecretaria GeneralBogotá, D.C. Mayo 25 de 2004DoctoresHECTOR HELI ROJAS JIMENEZOSWALDO DARIO MARTINEZ BETANCOURTH Senadores de la RepúblicaCiudadRespetados Senadores:Por instrucciones del Señor Presidente de la Corporación, comedidamente me permito manifestarles que la Mesa Directiva de la Corporación, los ha designado miembros de la Comisión Accidental, para dar cumplimiento al inciso tercero del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, que establece “Las Cámaras podrán subsanar los vicios presentados atendiendo las consideraciones y procedimientos formulados por la Corte Constitucional. En su defecto, una comisión Accidental de mediación presentará una propuesta definitiva a las plenarias para su aprobación o rechazo. (subrayado fuera de texto). En consecuencia solicito a ustedes rendir el informe respectivo y decidir sobre la viabilidad del Proyecto de Ley No. 142 02 Senado – No. 005 02 Cámara “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCION POLITICA”.Cordialmente,EMILIO OTERO DAJUDJefe de Leyes Senado de la RepúblicaCámara de RepresentantesS.G.2.2345 2004Bogotá D.C. 1 de junio de 2004DoctoresJESUS IGNACIO GARCIA VALENCIAGINA PARODY D’ECHEONAHERNANDO TORRES BARRERAHonorables Representantes a la CámaraEdificio Nuevo del CongresoCiudadRef: Comisión de Mediación para el PLE 005 02 C – 142 02 S.Respetados doctores:Por instrucciones del Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor ALONSO ACOSTA OSIO y teniendo en cuenta que el Proyecto de Ley en referencia fue devuelto por la Corte Constitucional para efectos de subsanar un vicio de forma presentado en su trámite legislativo, el cual no fue corregido dentro del término establecido por el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, en cumplimiento de los artículos 186 de la Ley 5ª de 1992 y 161 constitucional, como todo respeto me permito informarle (s) que ha (n) sido, designado (s) como integrante (s) de la Comisión Accidental que proponga definitivamente a la plenaria que se debe hacer con el Proyecto de Ley Estatutaria 005 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCION POLITICA”. Como en la actualidad no disponemos de servicio de fotocopiado comedidamente ponemos a su disposición en esta Secretaria General los documentos correspondientes para su estudio.Cordial saludo,ANGELINO LIZCANO RIVERASecretario General13. Informe de la Comisión accidental “para dar cumplimiento al artículo 202 de la Ley 5ª de 1992” , de fecha 7 de junio de 2004.Bogotá, D.C. 7 de junio de 2004DoctorGERMAN VARGAS LLERASPresidenteH. SENADO DE LA REPUBLICACiudadRef: Proyecto de Ley Estatutaria No. 142 S 02, 005 de 2002 Cámara, “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”.Apreciado Señor Presidente:Habiendo sido designados en Comisión Accidental por el Honorable Senado de la República y la Honorable Cámara de Representantes para dar cumplimiento al artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos poner en consideración de las plenarias correspondientes el siguiente texto del proyecto de la referencia, que fue aprobado por las mismas antes de que la Honorable Corte Constitucional señalara el vicio de forma que ahora se trata de corregir, y con el propósito de que vuelva a esa Corporación para continuar su control de constitucionalidad:“Proyecto de Ley Estatutaria No. 142 de 2002 Senado,005 de 2002 Cámara.“POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCION POLITICA”EL CONGRESO DE COLOMBIA Decreta:Artículo 1º. Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.Artículo 2º. Hábeas Corpus Correctivo. También procederá el hábeas corpus para evitar o corregir situaciones que configuren amenazas graves contra el derecho a la vida o la integridad de las personas sometidas a condiciones de reclusión.En ningún caso el hábeas corpus correctivo dará lugar a disponer de la libertad de la persona ni podrá ser utilizados para obtener traslados.Artículo 3º. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de hábeas corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:1. Es competente para resolver la solicitud de hábeas corpus cualquier Juez o corporación de la Jurisdicción Penal;2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus. Empero, si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de hábeas corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación.Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de hábeas corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre ésta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente o del municipio más cercano de la misma jerarquía, quién deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.Artículo 4º. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes garantías:1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el hábeas corpus para que éste sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la violación persista.Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial.4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.Sin embargo, cuando la acción constitucional se dirija contra una actuación judicial, y el Despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil siguiente a su apertura, si el juez de hábeas corpus no cuenta con los elementos suficientes para poder decidir sobre la acción.5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre.Artículo 5º. Contenido de la petición. La petición de hábeas corpus deberá contener:1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción;2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria;3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad;4. Si se conoce, el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa;5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante;6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento, que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma.La ausencia de unos de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.Artículo 6º. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, la petición de hábeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a quien corresponda conocer del hábeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá falta gravísima.La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción de hábeas corpus. Para ello se podrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la providencia que decida acerca del hábeas corpus.Artículo 7º. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.Artículo 8º. Impugnación. La providencia que niegue el hábeas corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del hábeas corpus.3. En el caso de que la petición de hábeas corpus haya sido falladas por uno de los miembros de una corporación judicial el recurso será conocido por el magistrado que le siga en turno.4. Si el recurso se ejercita contra la decisión de hábeas corpus pronunciada por una sala o sección, su resolución le corresponderá a otra sala o sección o, en su defecto, a la sala plena de la correspondiente Corporación.Artículo 9º. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del hábeas corpus.Artículo 10º. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el hábeas corpus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.Artículo 11º. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria.Cordialmente,H. REPRESENTANTES A LA CAMARA QUE INTEGRAN LA COMISION DE MEDIACION PARA EL P.L.E. 005 02 C – 142 02 S.JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIAGINA PARODY D’ECHEONAHERNANDO TORRES BARRERAH. SENADORES QUE INTEGRAN LA COMISION DE MEDIACION PARA EL P.L.E. 005 02 C – 142 02 S.OSWALDO DARIO MARTINEZ BETANCOURTHECTOR HELI ROJAS JIMENEZ14. Constancias de las Secretarías Generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República sobre la aprobación en las plenarias de dichas corporaciones del informe de la Comisión accidental “para dar cumplimiento al artículo 202 de la Ley 5ª de 1992”.CAMARA DE REPRESENTANTESSECRETARIA GENERALSUSTANCIACION COMISION ACCIDENTALBogotá D.C., jueves 17 de junio de 2004En Sesión Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes de la fecha, en cumplimiento del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 y del Auto de fecha 24 de septiembre de 2003 proferido por la Corte Constitucional fue aprobado el texto del proyecto de ley Estatutaria No. 005 de 2002 Cámara – 142 de 2002 Senado “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCION POLITICA”, texto que fue aprobado por las plenarias antes de que la Corte Constitucional señalara el vicio de forma que ahora se trata de corregir. Según consta en el Acta de Plenaria No. 113 de junio 17 de 2004.ANGELINO LIZCANO RIVERASecretario GeneralSENADO DE LA REPUBLICASECCION DE LEYESHONORABLE SENADO DE LA REPUBLICASECRETARIA GENERALSUSTANCIACION COMISION ACCIDENTALBogotá, 18 de junio de 2004En sesión Plenaria del H. Senado de la República del día jueves dieciocho (18) de junio del año dos mil cuatro (2004), se dio cumplimiento a lo preceptuado por la H. Corte Constitucional mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2003, concordante con el inciso 3º del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, dentro del proceso de revisión previa, mediante informe presentado por los Senadores OSWALDO DARIO MARTINEZ BETANCOURT y HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ, al Proyecto de Ley No. 142 02 Senado – No. 005 02 Cámara “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCION POLITICA”.La presente sustanciación se hace con base en el registro hecho por la Secretaría General de esta Corporación, en ésta misma sesión Plenaria.EMILIO OTERO DAJUDSecretario General3.3.3 El análisis de la actuación surtida por el Congreso de la República 3.3.3.1 El contenido y alcance del parágrafo del artículo 241 de la Constitución, del artículo 2002 de la Ley 5 de 1992 y del artículo 45 del Decreto 2067 de 1991 que sirvieron de fundamento a la expedición del auto del 24 de septiembre de 2003De acuerdo con el parágrafo del artículo 241 superior cuando la Corte Constitucional encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.Por su parte el artículo 202 de la Ley 5 de 1992 contenido en el capítulo VI “DEL PROCESO LEGISLATIVO ORDINARIO. SECCIÓN” Sección

V. Sobre “OTROS ASPECTOS EN EL TRÁMITE

V. VICIOS EN LOS PROYECTOS”. establece que “Cuando la Corte Constitucional encuentre, en la formación de la ley o del acto legislativo, vicios de procedimiento subsanables, ordenará devolver el proyecto, la ley o el acto legislativo a las Cámaras Legislativas para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. En este evento se dará prioridad en el Orden del Día. Subsanado el vicio dentro de los treinta (30) días siguientes a su devolución, se remitirá a la misma Corte para que decida definitivamente sobre su exequibilidad. Las Cámaras podrán subsanar los vicios presentados atendiendo las consideraciones y procedimientos formulados por la Corte Constitucional. En su defecto, una Comisión Accidental de mediación presentará una propuesta definitiva a las Plenarias para su aprobación o rechazo. El artículo 45 del Decreto 2067 de 1991 por su parte señala que cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que dentro del término que fije la Corte, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio o vencido el término, la Corte procederá a decidir sobre la constitucionalidad del acto. La norma precisa que el término para subsanar el vicio no podrá ser superior a treinta días contados a partir del momento en que la autoridad esté en capacidad de subsanarlo. De dichos textos se desprende i) que cuando la Corte Constitucional encuentre, en la formación de una ley o de un acto legislativo, vicios de procedimiento subsanables, ordenará devolver el proyecto, la ley o el acto legislativo a las Cámaras Legislativas para que, de ser posible se enmiende el defecto observado. ii) que en este evento se deberá dar prioridad en el Orden del Día a las actuaciones destinadas a subsanar los vicios encontrados iii) que es “dentro de los treinta días siguientes a su devolución” o “ dentro de los treinta días contados a partir del momento en que la autoridad esté en capacidad de subsanarlo” que los vicios de procedimiento que hayan sido identificados deben ser subsanados y luego remitidos a la Corte para que esta “decida definitivamente” sobre la exequibilidad; iv) que las Cámaras podrán subsanar los vicios presentados atendiendo las consideraciones y procedimientos formulados por la Corte Constitucional. v) que, en su defecto, una Comisión Accidental de Mediación presentará una propuesta definitiva a las Plenarias para su aprobación o rechazo.En relación con esta última opción la expresión “en su defecto” está significando que a falta de poder subsanar los vicios encontrados en los términos aludidos la Comisión Accidental de mediación presentará a las Plenarias para su aprobación o rechazo una propuesta definitiva sobre el proyecto, opción que en aplicación del principio de conservación del derecho y de la primacía de lo sustancial sobre las formas debe interpretarse igualmente como tendiente a sanear el vicio identificado por la Corte. 3.3.3.2 El saneamiento por el Congreso de la República del vicio de forma identificado Ahora bien, de los documentos transcritos por la Corte en relación con el trámite dado por el Congreso para dar cumplimiento al auto del 24 de Septiembre se desprende que: i) La comunicación de la Secretaría General de la Corte del 23 de Octubre de 2003 en relación con dicho auto fue recibida en la Presidencia del Senado de la República en la misma fecha, al tiempo que el auto fue igualmente notificado por estado el 23 de octubre del mismo año, ii) El Secretario General del Senado de la República remitió el expediente a la Cámara de Representantes mediante comunicación del 28 de octubre de 2003 iii) Una vez recibido el expediente en la Cámara de Representantes el Presidente de esa corporación nombró el 30 de octubre de 2003 una comisión accidental que rindió su informe el 19 de noviembre de ese año en el que solicitó la inclusión en el orden del día de la Plenaria de la Corporación la votación de la ponencia del proyecto de ley de la referencia “por el cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, donde se deje expresa constancia del número de votos emitidos, indicando cuantos votos a favor y cuantos en contra y que una vez se cumpliera el procedimiento, se diera traslado del proyecto de ley al Senado de la República para que allí se surtiera nuevamente el trámite de aprobación en la forma que lo estableció el auto del 24 de Septiembre de 2003 de la Corte Constitucional iv) La Cámara de Representantes aprobó en la sesión plenaria del dos (2) de diciembre de 2003 por mayoría absoluta de sus miembros la ponencia para segundo debate del proyecto de ley sub exámine dejando expresa constancia de los votos emitidos, v) El Presidente de la Cámara de Representantes mediante comunicación del 3 de diciembre de 2003 remitió al Presidente del Senado de la República el expediente para que continuara su trámite en esa Corporación de acuerdo con lo establecido en el auto del 24 de septiembre de 2003 vi) En la Comisión Primera del Senado de la República fue recibido el expediente el 17 de diciembre de 2003 y fue nombrada una comisión Accidental, vii) El 4 de mayo de 2004 la Comisión accidental rinde su informe en el que se señala lo siguiente “Observamos que el proyecto fue devuelto el 23 de octubre de 2003 mediante oficio No.1827 de la Secretaría General de la Honorable Corte Constitucional, es decir, que el vicio debió ser corregido tanto en Cámara como en Senado antes del 23 de noviembre del año 2003; la corrección que hizo la Honorable Cámara de Representantes el 2 de diciembre de ese año ya era extemporánea y no puede acomodarse a lo señalado en el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992. Con más razón resulta extemporáneo que el 19 de diciembre de 2003, cuando ya habían terminado las sesiones ordinarias del Congreso (nos encontrábamos en sesiones extraordinarias y en ellas no podíamos ocuparnos sino de los asuntos señalados por el Gobierno, dentro de los cuales no estaba el de la ley Estatutaria de Hábeas Corpus) se haya dispuesto dar cumplimiento en la Comisión Primera del Senado al auto de la Corte Constitucional. Como no fue posible corregir en tiempo el vicio señalado nos parece que lo único procedente es dar aplicación a la parte final del inciso 3º del artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 que dispone: “…En su defecto, una comisión accidental de mediación presentará una propuesta definitiva a las plenarias para su aprobación o rechazo”, nuestro concepto, en consecuencia, es que el Señor Presidente de la Comisión Primera oficie a los Presidentes de Cámara y Senado para que integren la comisión de mediación que proponga definitivamente a las plenarias qué se debe hacer con el proyecto”. viii) El presidente de la Comisión Primera del Senado remitió el informe de la Comisión accidental a los Presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de la República mediante sendas comunicaciones del 6 de mayo de 2004, en tanto que el Secretario General del Senado de la República solicitó al Presidente de esa corporación la designación de la Comisión accidental de mediación propuesta en el referido informe, ix) Una vez designados los integrantes de la Comisión Accidental de Mediación estos rinden su informe mediante comunicación de fecha 7 de junio de 2004 en la que los H. Senadores y Representantes que la conforman señalan que “Habiendo sido designados en Comisión Accidental por el Honorable Senado de la República y la Honorable Cámara de Representantes para dar cumplimiento al artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos poner en consideración de las plenarias correspondientes el siguiente texto del proyecto de la referencia, que fue aprobado por las mismas antes de que la Honorable Corte Constitucional señalara el vicio de forma que ahora se trata de corregir, y con el propósito de que vuelva a esa Corporación para continuar su control de constitucionalidad” y transcriben el texto del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes en la sesión Plenaria del 2 de diciembre de 2003; x) las plenarias de Cámara y Senado en sesiones plenarias de los días 17 y 18 de junio de 2004 respectivamente dieron aprobación a la proposición de la Comisión Accidental de Mediación, xi) el Presidente del Congreso remitió a la Corte Constitucional la actuación así surtida mediante comunicación del 23 de junio de 2004.De las consideraciones anteriores la Corte constata que el Congreso ante la imposibilidad de adelantar la actuación enunciada de acuerdo con lo indicado en el auto del 24 de septiembre de 2003, acudió a la aplicación del aparte final del tercer inciso del artículo 202 de la Ley 5° de 1992 y procedió a dar aprobación por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República del informe de la Comisión accidental designada por las mesas directivas de dichas corporaciones en el que se contenía el texto del proyecto de ley estatutaria sub examine.Al respecto consta en efecto en el expediente -conforme a las actas respectivas y a sendas certificaciones remitidas a esta Corporación a solicitud del Magistrado sustanciador-, que en el Senado de la República, -previo anuncio de la votación a efectuar-, el informe aludido fue aprobado en la sesión plenaria del Senado de la República del 17 de junio de 2004 “con un total de 95 votos”. Por su parte en la Cámara de Representantes según certificación del Secretario General de esa Corporación consta igualmente que -previo anuncio de la votación a efectuar-, dicha Corporación aprobó en la sesión plenaria del 17 de junio de 2004 el informe de la Comisión accidental de mediación por “92 votos” Es decir en ambos casos por mayoría absoluta de los miembros de dichas Corporaciones.Cabe resaltar que de todas maneras previamente la Cámara de Representantes había aprobado nuevamente la ponencia para segundo debate del proyecto sub examine, en votación anunciada de acuerdo con el artículo 160 superior, con la mayoría exigida por la Constitución y se dejó expresa constancia al respecto, circunstancia que evidencia que en el presente caso la duda que motivó el auto de 24 de septiembre de 2003, relativa a la ausencia de certeza sobre la mayoría con que se aprobó en la Plenaria de la Cámara de Representantes el Proyecto de ley estatutaria -que ocasionó la devolución al Congreso de la República del mismo y que había sido el único vicio identificado por la Corte en el trámite dado al proyecto tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República -, ha sido sustituida por la certeza sobre la voluntad de la Cámara de representantes de aprobar con la mayoría exigida por la Constitución el texto del proyecto sub examine. De todo lo anterior se desprende para la Corte que la actuación adelantada por el Congreso de la República -atendiendo un procedimiento establecido en la propia Ley 5° de 1992- si bien no se surtió de acuerdo con lo indicado en el auto del 24 de septiembre de 2003, ha sido una forma apropiada de subsanar el vicio identificado en esa oportunidad. En ese orden de ideas a partir del mismo principio de instrumentaliad de las formas precesales que señala que las mismas no tienen un valor en sí mismas y deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo, -principio que igualmente sirvió de sustento a la expedición por la Corte del auto del 24 de septiembre de 2003-, la Corte entiende en este caso saneado del vicio de procedimiento identificado en el auto referido y procede a hacer el análisis de constitucionalidad material del Proyecto de Ley Estatutaria No. 142 02 Senado y No. 005 01 Cámara, "Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”.4. REVISIÓN MATERIAL DEL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA N° 142 DE 2002 SENADO Y 005 DE 2002 CÁMARA4.1 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 1° 4.1.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArtículo 1º. Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.En relación con dicho artículo en la intervenciones y en el concepto del Señor Procurador se plantean argumentos en relación con i) si tiene o no el Habeas corpus el carácter de acción constitucional ii) el alcance de las hipótesis que según la norma dan lugar al habeas corpus iii) el desconocimiento en la definición que se hace en la norma del elemento subjetivo del habeas corpus iv) la necesidad de declarar inexequible o de condicionar la constitucionalidad de la expresión “por una sola vez”, y v) la pertinencia del principio pro homine.Del examen de dichos argumentos y de las consideraciones que se desprenden del cumplimiento de la competencia atribuida a la Corporación para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de leyes estatutarias (art. 241-8) la Corte hace los siguientes planteamientos. 4.1.2 El habeas corpus como derecho fundamental y como acción constitucional Esta Corporación ha señalado de manera reiterada que en el ordenamiento constitucional colombiano la institución del Habeas corpus es tanto un derecho constitucional fundamental (art. 30 C.P.) como un mecanismo procesal de protección de la libertad personal.4.1.2.1 En cuanto derecho fundamental la Corte ha precisado que éste es un derecho de aplicación inmediata (art. 85-C..P.), no susceptible de limitación durante los estados de excepción (arts 93. y 214-2 C.P., art. 4° de la Ley Estatutaria 137 94), que debe ser interpretado de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93) y que su regulación debe ser objeto de una ley estatutaria (art. 152-a C.P.).4.1.2.2 En cuanto garantía procesal ha precisado la Corte que el habeas corpus es una acción pública constitucional.Si bien la Constitución no señaló expresamente que el habeas corpus constituye una acción como si lo hace en el caso de las acciones de tutela (art. 86 C.P.), popular y de grupo (art. 88 C.P.) o de cumplimiento ( art 87 C.P.) ello no le quita ese carácter. Así ya lo había explicado la Corte en la sentencia C-620 de 2001 donde se señaló:“La Constitución de 1991 consagró expresamente, el derecho fundamental de Habeas corpus en el artículo 30, así: "Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas." Este derecho se encuentra incluido entre los señalados en el artículo 85 de la Constitución como de aplicación inmediata, lo que significa que no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para efectos de su aplicación y garantía. Según el citado artículo el habeas corpus tiene una doble connotación pues es derecho fundamental y acción tutelar de la libertad personal. Sin embargo, el hecho de considerarse como acción no le quita el carácter de derecho fundamental pues mediante ella simplemente aquél se hace efectivo. Este doble carácter fue expuesto en la Asamblea Nacional Constituyente, por uno de sus miembros, en estos términos: ‘Una de las garantías más importantes para tutelar la libertad, es la que disfruta toda persona que se creyere privada ilegalmente de ella para invocar ante cualquier autoridad jurisdiccional y en todo tiempo por sí o por interpuesta persona, el derecho de Habeas corpus, el cual no podrá ser suspendido ni limitado en ninguna circunstancia.La acción debe resolverse en el término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el carácter imperativo de la norma y le otorga a los posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de inmediato su libertad.’” Así las cosas que en el texto de la norma que se examina se establezca que el habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional en nada contraría la Constitución. 4.1.3 El carácter genérico de las hipótesis que pueden dar lugar a la interposición de habeas corpus según la norma que se examina El artículo sub examine establece que el habeas corpus tutela la libertad personal cuando alguien es privado de ella i) con violación de las garantías constitucionales o legales o ii) ésta se prolonga ilegalmente.Al respecto cabe señalar que varios de los intervinientes consideran que en la jurisprudencia de esta Corporación en la que se analizó la regulación legal anterior a la expedición del proyecto de Ley estatutaria que se examina, el habeas corpus se limitó a algunas hipótesis solamente, con lo que se habría desconocido el alcance del texto superior que sería mucho más amplio. Considera la Corte necesario en consecuencia establecer el alcance de las hipótesis a que la norma se refiere y su conformidad o no con el texto superior para asegurar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución que involucra la institución del habeas corpus ( arts 2, 11, 12, 28, 29, 30 C.P.).4.1.3.1 Consideración preliminar. El alcance de la jurisprudencia a que aluden los intervinientes.Lo primero que debe señalarse al respecto es que la jurisprudencia a que aluden los intervinientes se refirió a normas legales específicas en las que la regulación de las hipótesis que daban lugar al habeas corpus se limitó a los aspectos ligados a la legalidad de la captura y al objeto propio del Código de Procedimiento Penal.Al respecto dijo la Corte en la Sentencia C-301 de 1993 en la que examinó la Ley 15 de 1992 "por medio de la cual se adoptan como legislación permanente los artículos 1º, 3º y 4º del Decreto 1156 de 1992" lo siguiente: En su versión tradicional, regulada en el C. de P.P., el habeas corpus se manifiesta como eficaz instituto ideado para poner fin a las detenciones ilegales o que se prolonguen indebidamente. De ahí que dicho procedimiento se articule con la presentación de las causas y condiciones ilegales de la privación de la libertad que ante un Juez hace la persona que cree estar en esa situación, con miras a que aquél resuelva definitivamente sobre su legalidad y procedencia. En este orden de ideas, se contempla un procedimiento sencillo, informal y ágil - la decisión debe adoptarse en un término de 36 horas -, accesible al ciudadano común, orientado a facilitar asimismo que el Juez verifique los presupuestos y las condiciones de la presunta privación ilícita de la libertad. Finalmente, demostrada la violación de las garantías constitucionales y legales - detención, arresto o prisión ordenadas por autoridad incompetente, o por autoridad competente pero sin acatar las formas establecidas o sin justa causa etc. - se dispondrá por parte del Juez la inmediata puesta en libertad de la persona privada de ella ilegalmente.A la luz de la Constitución cabe reivindicar el carácter universal de esta acción. Ella asume la función de un verdadero contencioso de la legalidad de la privación de la libertad, al cual no escapan ni los particulares ni los servidores públicos. De otra parte, la ilegalidad de la pérdida de la libertad puede ser originaria - captura y detención por fuera de los supuestos legales o sin observar formalidades y requisitos requeridos - o derivada de sus condiciones ilegales o de su indebida prolongación.Es evidente que la definición de habeas corpus incorporada en la norma acusada tan solo abarca la hipótesis corriente de la captura ilegal y la de su indebida prolongación. El habeas corpus, como garantía de la inviolabilidad de la libertad, tiene necesariamente una extensión proporcional a los agravios y ataques que ella sufra. No es una acción menguada sino la garantía suficiente que, cuando se puede invocar y la petición es procedente, posee la virtud de restituir la libertad vulnerada. Entre las acciones que la Constitución ha instituido para reaccionar contra la violación de los derechos fundamentales, todos ellos expresión de la libertad, la acción del habeas corpus tiene precedencia. En efecto, la acción de tutela, eficaz instrumento de defensa de los derechos, sólo procede cuando para proteger el derecho no pueda impetrarse la acción de habeas corpus (D. 2591, art. 6-2).Si bien la definición legal estudiada no es completa y no pretende comprender la universalidad de la institución del habeas corpus, no por este motivo debe declararse su inexequibilidad. Dicha definición no puede tener el alcance de cercenar el radio de acción que le reconoce la Constitución, el que permanece intocado. El legislador ha tenido en mente un presupuesto típico que normalmente pone en funcionamiento la acción de habeas corpus y lo ha hecho para los propósitos particulares del Código de Procedimiento Penal, cuya materia tradicionalmente no ha sido ajena y mal podía serlo al control de legalidad de la aprehensión.”Cabe hacer énfasis entonces en que las normas que se examinaron por la jurisprudencia a que aluden los intervinientes pretendieron, en materia de habeas corpus, regular el caso de la “captura”, mientras que la norma que se estudia en el presente proceso alude en general a la “privación de la libertad”, al tiempo que ella se integra en una ley estatuaria destinada a regular el derecho fundamental del habeas corpus. Igualmente debe anotarse que contrariamente a la legislación anterior, el proyecto de ley estatutaria que se examina no establece que las peticiones de libertad de quien está legalmente privado de ella deba ser resuelta dentro del mismo proceso. Dicha norma no se reitera en el proyecto de ley estatutaria que se analiza. Éste señala que si el juez al que le hubiera sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de habeas corpus deberá declararse impedido para resolver sobre esta. De lo que se desprende que el Legislador ha querido separar claramente el análisis de la petición de habeas corpus de la actuación judicial que la origina. No cabe entonces entender limitadas las hipótesis que configuran el habeas corpus a los casos que habían sido identificados con base en la legislación vigente en ese momento, pues el objeto de la norma que ahora se examina es mucho más amplio.Al regular el habeas corpus mediante una ley estatutaria, el Legislador ha querido que esta institución tenga un alcance integral en armonía con el texto del artículo 30 superior y ese es el entendimiento que debe darse a las hipótesis a que alude el artículo 1°. Así las cosas, las mismas deben considerarse hipótesis genéricas dentro de las cuales caben un sinnúmero de posibles violaciones del derecho a la libertad (art. 28 C.P.), así como de los demás derechos que está llamada a proteger y ello tanto por la actuación de autoridades judiciales como no judiciales. Téngase en cuenta que la Constitución de 1991 en un claro avance en relación con la Constitución anterior estableció en el artículo 28 superior una reserva legal y judicial para la privación de la libertad, tomando en cuenta que la libertad personal es presupuesto de todas las demás libertades y derechos. Por ello el Constituyente quiso darle una especial protección frente a las actuaciones ilegales de las autoridades, mucho más expedita que la de los demás derechos fundamentales. Así mismo como lo señaló la Corporación en la sentencia C-620 de 2001 a partir del análisis de la Opinión consultiva OC-8 87, el habeas corpus se convierte no solamente en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad, en forma arbitraria, ilegal o injusta, sino también de otros derechos ligados a dicha libertad entre los que se destaca la vida y la integridad física.4.1.3.1.1 Así, a título de ejemplo, en cuanto a la violación de las garantías constitucionales que establece el artículo 28 puede considerarse que se configuran hipótesis de privación ilegal de la libertad por una autoridad no judicial cuando ésta i) priva de la libertad a una persona sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente ii) o lo hace sin las formalidades legales o iii) por un motivo que no esté previamente definido en la ley. Lo mismo sucede con la actuación de una autoridad judicial cuando priva de la libertad a una persona i) sin las formalidades legales o ii) por un motivo que no esté previamente definido en la ley. Téngase en cuenta así mismo que cuando entre en vigencia el Acto Legislativo 03 de 2002 podrán presentarse otras hipótesis de vulneración de las garantías constitucionales. Así por ejemplo de acuerdo con la nueva estructura de la Fiscalía General de la Nación el habeas corpus podría proceder i) porque la Fiscalía efectuó una captura fuera de los casos de flagrancia, ii) no puso a los capturados a disposición de los jueces durante el término de las treinta y seis hora siguientes a la aprehensión, iii) cuando el juez de conocimiento no haya proferido oportunamente la medida de aseguramiento.Ahora bien, la Corte hace énfasis en que la posibilidad de la violación de las garantías constitucionales y legales en materia del derecho a la libertad no se refiere exclusivamente al momento de la captura, pues ellas pueden vulnerarse en cualquier momento de la duración de la privación de la libertad y dar por tanto lugar a la invocación del habeas corpus. Debe tenerse en cuenta así mismo que dentro de las garantías constitucionales y legales que deben respetarse por las autoridades, se encuentran las condiciones mismas de reclusión, que en cuanto desconozcan en particular los derechos a la vida y a la integridad personal de los detenidos podrán ser protegidos por el habeas corpus como se explicará mas adelante.4.1.3.1.2. En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad, a título de ejemplo igualmente, cabe señalar el caso la autoridad que en los términos del artículo 32 superior detiene en flagrancia a una persona y no la pone a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, o cuando mantiene privada de la libertad una persona cuya libertad ha sido ordenada legalmente por la autoridad judicial, o cuando es la autoridad judicial la que tarda en resolver la petición de libertad provisional que le formula quien tiene derecho a ella según la ley pues se ha configurado alguna de las causales señaladas en el Código de procedimiento penal y a pesar de la petición ésta no se resuelve. Así las cosas, las hipótesis a que alude la norma han de entenderse como hipótesis genéricas dentro de las cuales cabe toda posible violación por las autoridades -sean judiciales o no- del derecho a la libertad y de los demás derechos que puede llegar a proteger el habeas corpus.Ese es el entendimiento acorde con el objeto de la regulación mediante ley estatutaria del habeas corpus y a dicho entendimiento se remite la Corte. 4.1.3.2 El caso de las actuaciones de los particulares De las consideraciones anteriores se desprende que las actuaciones ilegales de las autoridades públicas sean éstas o no judiciales constituyen el presupuesto de la interposición de la acción del habeas corpus. Resta resolver un interrogante ¿El habeas corpus puede invocarse por quien creyere estar privado de la libertad ilegalmente sólo frente a la actuación de las autoridades o también cabe invocarlo ante actuaciones de los particulares?La Corte al respecto señaló en un primer momento que la privación de la libertad, de cualquier naturaleza que esta fuera con tal que incidiera en su núcleo esencial, procediera ella de un agente público o privado, justificaba la invocación del habeas corpus.Posteriormente precisó que sólo de manera excepcional resultaría posible la utilización de la acción de habeas corpus, así como residualmente de la acción de tutela a fin de precaver violaciones a la libertad física que pudieran provenir de decisiones de los particulares, como por ejemplo la reclusión en un centro religioso, o el forzoso internamiento en un centro psiquiátrico, o educativo, o familiar, o la hipótesis del secuestro. Al respecto la Corte considera necesario señalar, frente al proyecto que se examina, que el habeas corpus se encuentra instituido para defender el derecho a la libertad frente a la actuación ilegal de las autoridades, cualquiera ellas sean. Frente a las actuaciones de los particulares constitutivas de delitos serán las normas penales las que deberán ser invocadas para proteger los derechos de las personas que puedan ver afectado su derecho a la libertad y los demás derechos que puede llegar a proteger el habeas corpus.Ningún sentido tiene en efecto invocar el habeas corpus ante un secuestrador.Así mismo, debe tenerse en cuenta que nada autoriza a un particular para mantener privada de la libertad a otra persona contra su voluntad. Solamente las autoridades en los casos previamente definidos en la ley, con las formalidades legales y previa orden judicial pueden retener a una persona que deberá en todo caso ser puesta a disposición de la autoridad judicial dentro de las treinta y seis horas siguientes (art. 28 C.P.). Al respecto cabe precisar que si bien el artículo 32 superior señala que el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona, éste deberá llevarlo inmediatamente o entregarlo en el acto a la autoridad para que ésta lo lleve a la autoridad judicial. De no hacerlo estará incurriendo en una conducta tipificada por la ley penal.Sobre este punto ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 2° superior las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Es decir existe un deber de protección de la libertad personal en cabeza de la autoridades, mientras que la Constitución señala para los particulares el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (art. 95 C.P.). Téngase en cuenta así mismo que cuando un particular esta encargado del ejercicio de una función pública no es un simple particular y por tanto será en función del ejercicio de dicha función pública que sus actuaciones en esas circunstancias podrán eventualmente dar lugar a la invocación del habeas corpus. Así las cosas la Corte concluye que el habeas corpus se encuentra instituido para proteger a las personas de las actuaciones ilegales de las autoridades y es en relación con ellas que puede ser invocado. 4.1.4 El elemento subjetivo a que alude el artículo 30 superior y el necesario condicionamiento de la norma De acuerdo con el artículo 30 constitucional tendrá derecho a invocar el habeas corpus, ante cualquier autoridad judicial, “quien se encuentre privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente”.La norma superior establece entonces un elemento subjetivo en materia de habeas corpus que no puede ser desconocido por el Legislador. Será al juez que decida el habeas corpus a quien corresponda establecer si existe o no dicha ilegalidad, sin que ello implique, como se explicará mas adelante que resulte posible el abuso del derecho a invocar esta acción constitucional.En este sentido en la medida en que la definición que se analiza señala que “el habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente”, ha de entenderse, para respetar dicho elemento subjetivo, que la tutela a que alude el artículo 1° sub examine se predica de quien cree estar privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o cree que la privación de su libertad se prolonga ilegalmente.4.1.5 EL análisis de constitucionalidad de la expresión “por una sola vez”Como lo señalan varios intervinientes en el proceso, la expresión “por una sola vez” plantea una dificultad interpretativa en relación con el alcance del la misma, pues ésta podría entenderse en un sentido que podría limitar la efectividad del derecho de habeas corpus. Si bien frente a unos mismos hechos o frente a una actuación concreta de la autoridad es lógico que una vez decidido el habeas corpus y eventualmente apelada la decisión, la providencia que se profiera surta en relación con esos hechos o esa actuación que ha sido invocada el efecto de cosa juzgada, no puede entenderse que si en relación con una persona se profiere una decisión de habeas corpus y resulta que posteriormente se reitera la violación del derecho que motivó la primera decisión, o se producen nuevos hechos que puedan considerarse violatorios de sus derechos, dicha persona no tenga posibilidad de invocar el habeas corpus pues ya habría agotado esa facultad establecida a su favor “por una sola vez”. El artículo 30 es claro en el sentido de que el habeas corpus podrá interponerse por quien se encuentra privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente, en todo tiempo ante cualquier autoridad judicial.En este sentido, el único entendimiento acorde con el texto superior es que el habeas corpus se podrá invocar o incoar por una sola vez en relación con cada hecho o actuación constitutiva de violación de los derechos que éste protege.Dicha interpretación permite salvaguardar a la administración de justicia de la utilización abusiva de la acción que se examina, al tiempo que garantiza la plena eficacia del habeas corpus. Así las cosas la Corte condicionará la exequibilidad de la expresión aludida al único entendimiento acorde con la Constitución, a saber que la misma significa que la acción de habeas corpus podrá interponerse “por una sola vez” en relación con cada hecho o actuación de la autoridad pública constitutiva de vulneración de los derechos protegidos con la institución del habeas corpus. 4.1.6 La aplicación del principio pro homine De acuerdo con el artículo 1° del proyecto que se examina en la decisión de la acción de habeas corpus se aplicará el principio “pro homine” .Como ya se explicó en los apartes preliminares de esta providencia dicho principio es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual siempre habrá de aplicarse la norma o la interpretación más favorable a los referidos derechos. La Corte constata, en consecuencia, que cuando la norma establece que en la decisión de la acción de habeas corpus se aplicará el principio pro homine, se está simplemente afirmando en el ordenamiento interno la aplicación de un principio que orienta la interpretación de las normas de derechos humanos con el fin de asegurar la eficacia de la institución del habeas corpus y que en este sentido ningún reproche de constitucionalidad cabe hacer a la norma que se analiza.4.1.7 La constitucionalidad condicionada del artículo 1° De las consideraciones anteriores se desprende que la definición de habeas corpus contenida en el artículo 1° se ajusta a la Constitución, en el entendido que cuando el legislador se refiere a la violación de las garantías constitucionales y legales o a la prolongación ilegal de la privación de la libertad, alude a hipótesis genéricas dentro de las que cabe toda posible vulneración que pueda darse del derecho a la libertad así como de los otros derechos que puede llegar a proteger el habeas corpus, cuando se desconocen los mandatos constitucionales y legales que regulan la privación de la libertad. De la misma manera ha de entenderse, para respetar el elemento subjetivo contenido en el artículo 30 superior, que la tutela a que alude el artículo 1° sub examine se predica de quien cree estar privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o cree que la privación de su libertad se prolonga ilegalmente.Así mismo en el entendido que la expresión “podrá invocarse o incoarse por una sola vez”, significa que la acción de habeas corpus podrá invocarse o incoarse por una sola vez en relación con cada hecho o actuación de la autoridad pública constitutiva de vulneración de los derechos protegidos con la institución del habeas corpus.Así las cosas la Corte declarará la exequibilidad del artículo 1° del proyecto de ley estatutaria con dicha compresión y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.2. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 2° 4.2.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArticulo 2º. Hábeas Corpus correctivo. También procederá el corpus corpus (sic) para evitar o corregir situaciones que configuren amenazas graves contra el derecho a la vida o la integridad de las personas sometidas a condiciones de reclusión.En ningún caso el habeas corpus correctivo dará lugar a disponer la libertad de la persona ni podrá ser utilizado para obtener traslados.En las intervenciones y en el concepto del señor Procurador en relación con dicho artículo se plantean argumentos respecto de i) la supuesta inconstitucionalidad de la figura del habeas corpus correctivo con la que se desbordaría el objeto del habeas corpus y la delimitación establecida en la Constitución entre dicha acción y la acción de tutela, ii) La configuración de una omisión legislativa en cuanto no se señalan cuales son las medidas que se podrán adoptar y en cuanto se prohíbe una medida que como el traslado está llamada a asegurar la protección de los derechos a la vida e integridad personal que invoca la norma.Frente al texto del artículo y a los argumentos referidos, la Corte hace las siguientes consideraciones.4.2.2 El objeto del Habeas corpus y el habeas corpus correctivo Para la Corte, como ya se explicó, la privación ilegal de la libertad no se refiere solamente al irrespeto de las garantías constitucionales y legales al momento de la captura o las hipótesis de prolongación ilegal de la detención, sino que ella también comprende la vulneración de las garantías constitucionales y legales que acompañan la privación misma de la libertad y en particular el respeto a la vida y la integridad personal.La Corte ha explicado que todo derecho fundamental y aún el derecho a la libertad, puede ser limitado en determinadas circunstancias. Empero, cuando se priva de la libertad a una persona se le deben garantizar sus derechos constitucionales.Al respecto la Corte ha expresado de manera reiterada que, si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de los presos. Así, por ejemplo, es evidente que los derechos a la libertad física y a la libre locomoción se encuentran suspendidos y, como consecuencia de la pena de prisión, también los derechos políticos. Asimismo, derechos como los de la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se encuentran restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la privación de la libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de petición, mantienen su vigencia a pesar de la privación de la libertad a que es sometido su titular. Lo mismo cabe aseverar acerca del derecho a la presunción de inocencia, el cual, auncuando no imposibilita la expedición de medidas de aseguramiento, sí obliga a los jueces a justificar en cada caso la orden de detención precautelativa, y a la administración a mantener separados a los sindicados y a los condenados.No solo la Constitución reconoce esos derechos, sino que los acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia obligan al Estado a garantizarlos y a dar un tratamiento digno a quien se encuentra privado de la libertad.Ahora bien, en la medida en que como lo señaló la Corte en la Sentencia C-620 de 2001, -tomando en cuenta el alcance de la opinión consultiva OC-08 87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, el habeas corpus se convierte en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual como también de otros derechos entre los que se destacan la vida y la integridad personal cuando aquella ha sido limitada por cualquier autoridad en forma arbitraria ilegal o injusta, bien podía el Legislador establecer un mecanismo específico de protección para estos últimos derechos que tuviera en cuenta el objeto particular de la protección en este caso, a saber, hacer frente a una amenaza grave contra los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas que se encuentran recluidas en un centro de detención, que si bien no puede dar lugar a que se les conceda la libertad, si debe permitir que se actué de manera inmediata para precaver su vulneración.Para el señor Procurador se estarían confundiendo en este caso el hecho de que indirectamente se protejan con el habeas corpus la vida y la integridad física, con el hecho de que el habeas corpus esté instituido para el efecto. Precisa que establecer una modalidad de habeas copus en este sentido, desconoce el ámbito de acción reconocido a la acción de tutela en la Constitución. Empero, para la Corte es claro que el habeas corpus alude a una protección integral del derecho a la libertad y bien puede el legislador establecer un mecanismo específico de protección como el habeas corpus correctivo para amparar los derechos a la vida y la integridad personal que se encuentran indisolublemente ligados al derecho a la libertad de quien se encuentra privado de ella. En efecto, ningún sentido tendría el derecho a la libertad de quien pretendiera ejercerlo una vez pagada su condena, si durante su detención pierde la vida. De la misma manera que resultaría gravemente limitado el ejercicio de dicha libertad y el de los demás derechos que ella comporta si durante la detención se afecta gravemente su integridad personal. Afectación que en esas circunstancias puede comprometer igualmente el derecho a la vida. En los términos de la opinión consultiva OC 08 87 aludida y frente a la afirmación del señor Procurador, cabe decir que al tiempo que la protección del derecho a la libertad es un medio para proteger el derecho a la vida y a la integridad física de quien se encuentra detenido, la protección específica de estos últimos derechos se convierte a la vez en un medio para proteger el derecho la libertad de dichos detenidos, que es precisamente el objeto del habeas corpus.Ahora bien, la Corte llama la atención sobre el hecho que si aún en gracia de discusión se pudiera considerar que la protección del derecho a la vida e integridad personal no hacen parte del derecho al habeas corpus, el hecho de que el legislador establezca la figura del habeas corpus correctivo en el proyecto que se examina no vulneraría la Constitución. Téngase en cuenta que el artículo 89 superior señala la posibilidad de que la ley establezca los demás recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de sus derechos frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Por lo que nada impediría entonces que el Legislador hubiera establecido una acción denominada habeas corpus correctivo para proteger los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de las personas sometidas a reclusión.4.2.3 El carácter subsidiario de la acción de tutela y la ausencia de vulneración del artículo 86 superiorPara varios de los intervinientes y para el señor Procurador resulta contrario a la Constitución que el Legislador en el presente caso haya establecido la figura del habeas corpus correctivo para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal, derechos fundamentales amparados en su sentir exclusivamente por la acción de tutela.Se estaría así en este caso desconociendo el ámbito de protección que el constituyente habría asignado respectivamente a la acción de tutela y al habeas corpus. Al respecto la Corte precisa que la Constitución en el artículo 86 no estableció una reserva de protección de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela. Por el contrario de dicho texto se desprende el carácter subsidiario de ese mecanismo que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. De manera expresa el numeral 2 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece en este sentido respecto del habeas corpus lo siguiente:“Artículo

6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:(…)2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus”De dichos textos y del entendimiento dado a los mismos por la jurisprudencia, se desprende que no puede afirmarse que se contradiga la Constitución porque el legislador de pleno alcance a la figura de habeas corpus para ofrecer una protección más amplia del derecho a la libertad en plena armonía con el texto del artículo 30 superior. En la medida en que el legislador no había establecido hasta ahora mediante una ley estatutaria el alcance del habeas corpus y no lo había desarrollado en el sentido que ahora se examina, la acción de tutela podía ser invocada para proteger los derechos fundamentales que como la vida e integridad personal no habían sido protegidos de manera específica mediante la figura del habeas corpus correctivo para el caso de las personas privadas de la libertad.Existiendo este mecanismo específico deberá acudirse a él en las hipótesis señaladas en la norma sin que ello pueda considerarse que vulnere el ámbito de aplicación fijado por la Constitución para la acción de tutela que como ya se señaló es eminentemente subsidiario (art. 86 C.P.). 4.2.4 El análisis de la supuesta omisión legislativa planteada por los intervinientes Para varios de los intervinientes el artículo 2° del proyecto de ley estatutaria que se examina, si bien establece que procederá el habeas corpus correctivo para evitar o corregir situaciones que configuren amenazas graves contra el derecho a la vida o la integridad de las personas sometidas a condición de reclusión, no señala cuáles son las medidas que se podrán adoptar y que podrán ser ordenadas por la autoridad judicial, al tiempo que excluye la posibilidad de obtener traslados con lo que se dejaría sin ninguna operatividad posible la figura que se establece.El Procurador General de la Nación se interroga, también sobre la legalidad de las medidas que en estas circunstancias puedan ser ordenadas por el juez que decide el habeas corpus correctivo pues el Legislador fija solamente la prohibición de conceder la libertad y de obtener traslados. Al respecto, cabe recordar que esta Corporación ha admitido la posibilidad de ejercer el control abstracto de constitucionalidad cuando se trata de omisiones de la ley de carácter relativo y, por el contrario, ha descartado la procedencia de demandas contra omisiones legislativas absolutas, toda vez que "la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales (...). Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta". Ahora bien, según la jurisprudencia constitucional, se considera que una omisión legal es relativa cuando se dan los siguientes supuestos: a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador.En el caso objeto de estudio, encuentra la Corte que el Legislador no estaba obligado a establecer de manera precisa las medidas aplicables por la autoridad judicial, quien, como sucede en el caso de la acción de tutela, deberá analizar de manera concreta la situación que se plantea para establecer si existe o no una amenaza grave a los derechos a la vida e integridad personal y en caso de que ello sea así ordenar, dentro de los límites que le fijan la Constitución y la ley, las medidas que considere necesarias.Debe resaltarse que, para que pueda prosperar una demanda contra una omisión legal, es necesario que el silencio del Legislador comporte una regla implícita que viole los preceptos superiores, en este caso, que llegue a desconocer el derecho que es objeto de desarrollo legal expreso.Al respecto es claro para la Corte que el Legislador estableció claramente el objeto del habeas corpus correctivo, así como un limite negativo -la imposibilidad de conceder la libertad o de ordenar traslados- límites dentro de los cuales ha de actuar la autoridad judicial, señalando las medidas concretas destinadas a proteger los derechos invocados, atendiendo obviamente a su vez los límites que le fijan la Constitución y la ley para el ejercicio de sus competencias. No cabe pues considerar que se haya incurrido en una omisión que vulnere la Constitución. 4.2.5 La inexequibilidad de la expresión “ni podrá ser utilizado para obtener traslados” Ahora bien, frente al limite negativo establecido en la norma, -a saber que en ningún caso el habeas corpus correctivo dará lugar a disponer la libertad de la persona ni podrá ser utilizado para obtener traslados-, cabe hacer las siguientes consideraciones.Resulta razonable que la norma establezca que el habeas corpus correctivo en ningún caso dará lugar a disponer la libertad de la persona, pues lo que esta figura pretende es garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de quien se encuentra privado de la libertad para que dicha privación respete el ordenamiento jurídico y los compromisos internacionales del Estado colombiano en la materia y para que en consecuencia se proteja, como ya se explicó, el derecho a la libertad de los detenidos.Cosa diferente cabe señalar de la prohibición establecida en la norma para obtener traslados. Al respecto constata la Corte que si bien dentro de las medidas que podrán ser decretadas por la autoridad judicial no necesariamente el traslado de la persona que interpone el habeas corpus correctivo es la única medida que resulta posible y que solo de manera excepcional puede considerarse que esta deba adoptarse, lo que no puede el Legislador es prohibir de manera absoluta tal posibilidad, que en determinados casos puede ser la única que permita asegurar la vida e integridad de las personas que solicitan la protección constitucional. Al respecto se ha dicho que se rebasa o se desconoce el contenido esencial de un derecho fundamental cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección". En el presente caso, como acertadamente lo señala el señor Fiscal General de la Nación, es claro que dicha prohibición puede significar en determinadas circunstancias la completa inoperancia del instrumento de protección que se analiza. Téngase en cuenta que el carácter lato e imperativo de la expresión “ni podrá ser utilizado para obtener traslados” no solamente impide la posibilidad de un traslado a otro centro de reclusión sino incluso que se considere la posibilidad de un traslado de celda o de pabellón dentro de la misma institución. Así las cosas, en cuanto la prohibición aludida tornaría en ciertos casos la figura del habeas corpus correctivo en un instrumento meramente formal sin ningún tipo de eficacia para proteger los derechos constitucionales invocados, la Corte la retirará del ordenamiento jurídico. En consecuencia la Corporación declarará la exequibilidad del artículo 2° del proyecto de ley estatutaria en el que se establece el habeas corpus correctivo, con excepción de la expresión “ni podrá ser utilizado para obtener traslados” que será declarada inexequible y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.3 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 3° 4.3.1. El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArtículo 3º. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de hábeas corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:1. Es competente para resolver la solicitud de hábeas corpus cualquier Juez o Corporación de la Jurisdicción penal.2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus. Empero, si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de hábeas corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación.3. Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de hábeas corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente -o del municipio más cercano- de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.En las intervenciones y en el concepto del señor Procurador se exponen argumentos para defender i) tanto la constitucionalidad como la inconstitucionalidad de la expresión “de la jurisdicción penal” contenida en el numeral 1 del artículo referido, ii) la pertinencia de considerar a cada uno de los integrantes de una Corporación judicial como juez individual para resolver la acción de habeas corpus a que alude el numeral 2 del texto citado, iii) la inexequibilidad de la expresión “o sección” contenida en el mismo numeral 2 y iv) la pertinencia del impedimento que establece el numeral 3 del mismo artículo para el servidor judicial que hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de hábeas corpus.Respecto de dicho artículo y de los argumentos referidos la Corte hace las siguientes consideraciones:4.3.2 Consideración previa. El alcance de la jurisprudencia de la Corte en la materia y la ausencia de cosa juzgada.La Corte en la sentencia C-301 de 1993 en la que declaró la exequibilidad del segundo inciso del artículo 430 del Código de procedimiento Penal tal como lo modificó el artículo 2 de la Ley 15 de 1992 según el cual “las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso” afirmó que la expresión “cualquier autoridad judicial” contenida en el artículo 30 superior debía interpretarse en concordancia con el principio de especialidad de los distintos órganos de la administración de justicia.En la Sentencia C-010 de 1994 donde la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “pero el trámite corresponde exclusivamente al juez penal” contenida en el numeral 1 del artículo 431 del Decreto 2700 de 1991-Código de procedimiento penal- referente a los lineamientos de la acción pública de habeas corpus reiteró los criterios establecidos en la Sentencia C-301 de 1993 al tiempo que consideró ajustado al derecho al acceso a la justicia y al principio de especialidad el hecho de que en el referido artículo se señalara que para invocar la acción de habeas corpus se podía acudir ante cualquier juez o magistrado pero que el trámite de la misma correspondía exclusivamente al juez penal.Empero, posteriormente, en la Sentencia C-620 de 2001 en la que se declaró la inexequibilidad de los artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000-Código de Procedimiento Penal- por considerarse que la regulación del derecho fundamental de habeas corpus debía ser objeto de una ley estatutaria, la Corte puso en evidencia, respecto de los artículos 382 y 383 de dicha Ley, que el artículo 30 constitucional era claro en señalar que el habeas corpus se puede interponer ante cualquier autoridad judicial. Así mismo hizo énfasis en que dada la necesidad de garantizar la objetividad e imparcialidad suficiente para decidir en forma eficaz y justa la petición de habeas corpus resultaba totalmente contrario a los principios que rigen la administración de justicia el mandato contenido en el segundo inciso del artículo 382 de la Ley 600 de 2000 según el cual las peticiones de libertad de quien estuviera legalmente privado de ella debían ser resueltas dentro del mismo proceso, es decir por el juez penal competente.Cabe señalar que el contexto normativo en el que se hizo el análisis en las sentencias referidas es diferente del que actualmente se presenta en relación con el proyecto objeto de examen. Las citadas sentencias C-301 93, C-010 94 y C-620 01 analizaron normas del Código de Procedimiento Penal, en tanto que en el presente caso se está frente a un proyecto de ley estatutaria destinada a regular el derecho fundamental del habeas corpus.Esa sola circunstancia hace que como lo ha explicado la Corte de manera reiterada no resulte posible predicar la configuración del fenómeno de cosa juzgada constitucional en relación con lo decidido en dicha sentencias. 4.3.3. El claro mandato del artículo 30 superior y la consecuente inexequibilidad de la expresión “de la jurisdicción penal” contenida en el numeral 1 del artículo 3° sub examinePara la Corte la Constitución es clara al señalar en el artículo 30 que el habeas corpus se puede invocar “ante cualquier autoridad judicial”. Dada la especial protección que quiso darle el Constituyente al derecho fundamental a la libertad (art. 28 C.P.), dado el carácter de derecho fundamental que quiso dar, así mismo, al habeas corpus (art. 30 C.P.), como también la inmediatez con que debe resolverse el recurso (36 horas) no resulta razonable entender que el Constituyente pretendiera que se limitara a un determinado tipo de jueces la labor de decidir la acción de habeas corpus. En el mismo sentido tampoco cabe entender que el constituyente haya querido hacer una diferencia entre los jueces plurales y los jueces singulares. No debe olvidarse que todos los jueces están llamados a defender los derechos fundamentales y en este sentido como lo ha explicado la Corte para el caso de la acción de tutela no cabe invocar el principio de especialidad. Si el Constituyente hubiera querido establecer esa limitante así lo habría señalado específicamente. Por el contrario señaló expresamente la posibilidad de invocar el habeas corpus ante cualquier autoridad judicial. Pretender lo contrario significaría entender que el principio de especialidad prima sobre los mandatos expresos de la Constitución. Así las cosas, la Corte retoma los argumentos expresados en este sentido en decisiones anteriores, si bien cabe precisar que ellas se adoptaron en un contexto normativo -El Código de Procedimiento Penal- diferente al que ahora se plantea con la expedición de la Ley estatutaria de habeas corpus. Ahora bien, podría argüirse que las normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad aluden bien sea a “un tribunal” en el caso del artículo 9-4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o a un “juez o tribunal competente”, en el caso del artículo 7-6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no a cualquier autoridad judicial como lo hace el artículo 30 superior, por lo que debería entenderse que es al Legislador a quien corresponde determinar cual es el juez o tribunal competente y en este sentido bien podía éste determinar que sería el juez penal el encargado de esta función. Empero para la Corte este argumento no es de recibo por cuanto no debe olvidarse que, como ya se explicó, para el análisis del proyecto que se examina debe tenerse en cuenta el principio pro homine al que expresamente se refieren dichos textos internacionales en los que se señala la prevalencia de cualquier otro instrumento normativo, ya sea nacional o internacional que vincule al Estado, que contenga normas que impliquen un mayor reconocimiento de derechos, o una menor restricción de los mismos.En el presente caso existe una norma constitucional expresa, el artículo 30 superior que establece la posibilidad de invocar ante cualquier autoridad judicial el habeas corpus para que sea decidido en treinta y seis (36) horas. Es esa norma la que debe ser tomada en cuenta. Entonces, una restricción impuesta por el Legislador en esos términos, a saber, que solamente los jueces y magistrados de la jurisdicción penal son los encargados de decidir sobre las peticiones de habeas corpus- resulta contraria a la Constitución. Como se verá mas adelante solamente en función de la eficacia de la acción de habeas corpus y para garantizar la autonomía e imparcialidad del juez llamado a decidir resulta razonable que el legislador establezca reglas de competencia que no buscan limitar el derecho fundamental de habeas corpus sino asegurar la plena aplicación del artículo 30 superior. En consecuencia La Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “de la jurisdicción penal” y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.3.4 La constitucionalidad del impedimento para conocer de la acción de habeas corpus de quien ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que la origine, así como de la obligación de trasladar inmediatamente las diligencias 4.3.4.1 Esta Corporación ha hecho particular énfasis en que quien conozca y decida las peticiones de habeas corpus deberá ser un juez o tribunal autónomo e independiente con el fin de garantizar al máximo la imparcialidad y el principio de justicia material.Así quien ha conocido o ha estado en el origen de la vulneración del derecho fundamental que se invoca en la petición de habeas corpus debe encontrarse impedido para resolver la acción respectiva, pues como se explicó en la sentencia C-620 de 2001 dicho servidor no podrá tener la objetividad e imparcialidad suficiente para decidir en forma eficaz y justa si la medida mediante la cual se ha privado de la libertad al peticionario resulta ilegal o arbitraria, sobre todo en cuanto una declaración en este sentido le acarrearía eventualmente sanciones disciplinarias y penales. Cabe precisar que la norma que obligaba a interponer las peticiones de libertad de quien está legalmente privado dentro del mismo proceso que figuraba en el Código de Procedimiento Penal antes de la declaratoria de inexequibilidad del los artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000, no se reitera en el proyecto de ley estatutaria sub examine.Por el contrario el numeral 3 del artículo 3º de dicho proyecto establece que si el juez al que le hubiera sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de habeas corpus deberá declararse impedido para resolver sobre esta. De lo que se deduce que el Legislador, atendiendo las consideraciones hechas por la Corte en la Sentencia C-620 de 2001, así como de la H. Corte Suprema de Justicia ha querido separar claramente el análisis de la petición de habeas corpus de la actuación judicial que pueda originarla. De dicho numeral se desprende entonces que si se interpone una acción de habeas corpus ante el servidor judicial que se encuentra conociendo del proceso mediante el cual se mantiene privado de la libertad al peticionario, aquel deberá declararse impedido. Así mismo que si se presenta la acción y luego del reparto se le asigna al mismo juez que está conociendo del caso en el que la persona se encuentra privada de la libertad aquel deberá obrar en consecuencia. De la misma manera en el caso de que la solicitud se presente o sea repartida ante un juez que ha conocido en segunda instancia de la actuación que origina la solicitud de habeas corpus deberá igualmente declararse impedido. 4.3.4.2 Ahora bien, la norma es clara en el sentido de que el juez a quien hubiera sido repartida la acción y ya hubiere conocido con antelación de la actuación judicial que origina la solicitud de habeas corpus deberá declararse impedido sobre ésta y trasladar las diligencias de inmediato al juez siguiente, -o del municipio mas cercano de la misma jerarquía- quien deberá fallar dentro de los términos previstos para ello. Téngase en cuenta que el traslado debe ser inmediato y que la norma señala que el juez que recibe el traslado deberá fallar dentro de los términos previstos para ello, es decir, dentro de las 36 horas siguientes.Se encuentran protegidos entonces por la norma tanto la autonomía e independencia del juez llamado a decidir la petición de habeas corpus como el mandato superior en relación con el término en que la acción deberá ser resuelta. En ese orden de ideas la Corporación encuentra que el numeral 3 del artículo 3 del proyecto de ley estatutaria sub examine se ajusta al mandato constitucional contenido en el artículo 30 superior y en consecuencia la Corte declarará su exequibilidad y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.3.5 La interposición de la acción ante una Corporación y el carácter de juez individual de cada uno de sus integrantes. De acuerdo con el aparte inicial del numeral 2 del artículo 3° del proyecto que se analiza cuando la solicitud de habeas corpus se interponga ante una Corporación, “se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus”.Al respecto la Corte considera que dada la inmediatez con que el Constituyente quiso que fuera resuelta la acción de hábeas corpus, mucho mas célere que la acción de tutela a la que señala un término de 10 días , resulta razonable que el Legislador haya establecido dicha regla, destinada a asegurar además del cumplimiento del término establecido en la Constitución, la eficacia de la acción y de la propia administración de justicia que se podría ver comprometida si toda petición de habeas corpus formulada ante una corporación judicial tuviera que ser sustanciada y decidida de acuerdo con las reglas generales de competencia. 4.3.6 El análisis de constitucionalidad de las reglas de competencia establecidas en la norma para el caso de las decisiones de una Sala o Sección de una Corporación Judicial que puedan dar origen a una solicitud de habeas corpus El aparte final del numeral 2° del artículo 3° que se examina establece un régimen exceptivo para las peticiones de habeas corpus que se originen en la actuación de una sala o sección de una Corporación judicial.Dicho numeral señala lo siguiente:2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus. Empero, si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de hábeas corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación. (subrayas fuera de texto)Así las cosas, en este caso i) no se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver sino que será la sala o sección la encargada de decidir la solicitud de habeas corpus y ii) y será una sala o sección de la misma Corporación judicial, diferente de aquella cuya actuación se controvierte, la que decida la petición.Dicho régimen exceptivo podría considerarse en principio contrario a los mandatos contenidos en el artículo 30 superior que aluden a cualquier autoridad judicial, de la misma manera que se podría considerar que con ello no se garantiza para el caso de los peticionarios que interpongan la acción de habeas corpus que se origina en la actuación de una corporación judicial, el cumplimiento del término de treinta y seis horas.Empero la Corte llama la atención sobre el hecho que en esta materia debe hacerse una interpretación finalista de la norma que se examina y en particular si con ella se asegura o no la eficacia del habeas corpus.La autonomía e independencia para decidir la acción de habeas corpus que debe acompañar ésta, como cualquier decisión judicial (art. 228 y 230 C.P. y art. 5° de la Ley 270 96), se vería afectada si un juez individual debiera decidir acerca de la petición de habeas corpus interpuesta en contra de la Corporación judicial que ejerce respecto de él la función de nominador y de la cual depende jerárquicamente.Dado que en el caso de las Corporaciones judiciales existe una relación jerárquica funcional entre estas, así como entre las mismas y los jueces individuales respecto de los cuales sus integrantes ejercen además la función de nominadores, resulta razonable que la competencia para decidir las acciones de habeas corpus que se presenten contra las decisiones de una sala o sección de una corporación judicial que puedan dar origen a una solicitud de habeas corpus (Sala Penal del Tribunal Superior, Sala Penal de la Corte Suprema generalmente), sean decididas por una sala o sección de la misma Corporación diferente de la que da origen a la interposición de la acción o por la Sala Plena de la respectiva Corporación.Si bien se restringe en este caso la posibilidad de que sea cualquier autoridad judicial la que resuelva la acción, dicha restricción es solo parcial pues serán servidores judiciales de otras salas, diferentes a la que adoptó la decisión controvertida -penal en la mayoría de los casos-, los que podrán decidir de la acción de habeas corpusEn función de la garantía de autonomía e independencia del juez llamado a decidir resulta razonable que el Legislador establezca entonces esta regla de competencia que no busca limitar el derecho al habeas corpus sino asegurar su plena eficacia. La única precisión que debe hacerse es que la Sala o Sección respectiva deberá decidir dentro del plazo fijado en la Constitución, es decir en las treinta y seis (36) horas siguientes, pues de no entenderse así se estaría estableciendo efectivamente una diferencia de trato contraria a la Constitución, pero por sobre todo se estaría desconociendo el claro mandato superior para que la decisión del habeas corpus se de en el término señalado. Así las cosas la Corte declarará la exequibilidad del numeral 2 del artículo 3° en el entendido de que la Sala o Sección a la que corresponda decidir el habeas corpus que se origina en la actuación controvertida de otra Sala o Sección de la misma Corporación deberá hacerlo dentro del término de treinta y seis horas señalado en la Constitución. 4.4 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4°4.4.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArtículo 4º. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes garantías:1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la violación persista.Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial.4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.Sin embargo, cuando la acción constitucional se dirija contra una actuación judicial, y el Despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil siguiente a su apertura, si el juez de hábeas corpus no cuenta con los elementos suficientes para poder decidir sobre la acción.5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre.En las intervenciones se plantean argumentos en relación con i) el desconocimiento del elemento subjetivo de la acción de habeas corpus ii) la supuesta inexequibilidad de la expresión “competente” contenida en el numeral 1, iii) la supuesta inexequibilidad del plazo de tres meses que se da al Consejo Superior de la Judicatura para establecer un sistema de turnos para la atención de las peticiones de habeas corpus durante las 24 horas, los días festivos y de vacancia judicial, a que alude el numeral 3, iv) la supuesta inexequibilidad de la suspensión del término para decidir el habeas corpus a que alude el numeral 4 en el caso en que la acción se dirija contra una actuación judicial y el despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, si el juez no cuenta con los elementos suficientes para poder decidir.Frente al texto del artículo y a los argumentos enunciados la Corte hace las siguientes consideraciones.4.4.2 El elemento subjetivo de la acción de habeas corpus y la constitucionalidad condicionada del inciso inicial del artículo 4° El artículo 4° del proyecto de ley estatutaria que se examina que tiene por objeto determinar las garantías para el ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus, establece en su inciso inicial que dichas garantías se ofrecen a “quien estuviera ilegalmente privado de la libertad”.Empero, como ya se explicó la Constitución reconoce expresamente la posibilidad de invocar el habeas corpus no a quien esté ilegalmente privado de la libertad sino a quien esté privado de la libertad “y crea estarlo ilegalmente”.Será al juez que decida el habeas corpus a quien corresponda establecer si existe o no dicha ilegalidad. Ello no significa por supuesto que la petición de habeas corpus que se formule pueda carecer de todo fundamento. Como se explicará mas adelante dentro de los requisitos que debe contener la petición de habeas corpus se encuentra, según el artículo 5-2 del proyecto que se examina, la expresión de las razones por las cuales se considera que la privación de la libertad es ilegal o arbitraria. Tampoco significa que resulte posible el abuso del derecho a invocar el habeas corpus. Así, como se desprende del texto del artículo 1° del proyecto y del análisis efectuado por la Corte, no se podrá ejercer la acción sino por una sola vez en relación con cada hecho o actuación de la autoridad pública constitutiva de vulneración del derecho a la libertad.Cabe precisar igualmente que en la medida en que el objeto del habeas corpus es la protección del derecho a la libertad frente a las actuaciones ilegales de las autoridades y no frente a la actuación legal de las mismas, la autoridad judicial que lo resuelva habrá de rechazar las peticiones que por enmarcarse dentro del ejercicio legal de las competencias que se le atribuyen a los jueces en el Código de Procedimiento Penal deban ser resueltas por ellos y no por el juez del habeas corpus en tanto en relación con ellas no quepa considerar que se ha configurado una actuación ilegal. Así, deberá rechazar por improcedente la petición en la que se solicite que mediante la acción de habeas corpus se decrete la libertad de una persona que cree estar ilegalmente privada de la libertad por que considera que en su caso se configura alguna de las causales de libertad provisional a que alude el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, sin que haya hecho ante el juez competente la solicitud respectiva y por tanto sin que este haya incurrido en ninguna actuación ilegal, bien por que haya dejado correr el termino para decidir sin adoptar una decisión, o porque su decisión resulte en si misma arbitraria. Al respecto ha de tenerse en cuenta que el habeas corpus constituye una acción publica constitucional que el Legislador ha estructurado como independiente del proceso penal y en consecuencia necesariamente respetuosa del ejercicio legítimo de las competencias que en él se ejerzan. Así las cosas y a partir de dichos presupuestos la Corte declarará la exequibilidad del inciso inicial del artículo 4 del proyecto en el entendido que tendrá derecho a las garantías a que dicho artículo alude quien se encuentre privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente. 4.4.3 El análisis de constitucionalidad de la expresión “competente” contenida en el numeral 1 del artículo 4° del proyecto de ley que se examinaDado que como ya se explicó la Constitución reconoce expresamente la posibilidad de invocar el habeas corpus ante cualquier autoridad judicial, la expresión “competente” contenida en el numeral 1 del artículo 4° del proyecto sub exámine, puede interpretarse en un sentido que comporta una restricción al derecho de habeas corpus si se entiende que serán solamente determinados jueces y no cualquier autoridad judicial los llamados a atender la petición que se haga en ejercicio de la acción de habeas corpus.Así se desprende por lo demás de los antecedentes legislativos de la norma, de acuerdo con los cuales -como ya se señaló al hacer el análisis formal del proyecto de ley- la expresión “competente” fue agregada para concordar el texto del artículo sub exámine con la atribución exclusiva a la jurisdicción penal de la competencia para decidir la acción de habeas corpus. Así las cosas, habiéndose declarado la inexequibilidad de la expresión “de la jurisdicción penal” resultaría, en principio, igualmente inconstitucional la expresión “competente” contenida en el numeral 1 del artículo 4° del proyecto sub exámine, según el cual será posible “invocar ante cualquier autoridad judicial competente el habeas corpus para que este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas”. Empero la Corte considera necesario señalar que dicha expresión puede interpretarse en un sentido diferente que resulta acorde con los mandatos constitucionales y con la eficacia del derecho fundamental de habeas corpus.En efecto, puede entenderse que la expresión competente alude al factor territorial de competencia de la autoridad judicial -cualquiera ella sea- frente a la cual se puede invocar el habeas corpus. En función de la necesidad de que el habeas corpus se decida dentro de las treinta y seis horas siguientes, así como la posibilidad de que el servidor judicial pueda en caso de ser necesario constatar y valorar directamente los hechos constitutivos de vulneración de los derechos constitucionales protegidos por el habeas corpus cabe entender que la solicitud debe interponerse ante cualquier autoridad judicial competente en el sitio donde ocurra la violación invocada. No sería razonable entender en efecto que la acción pudiera interponerse en Barranquilla a nombre de una persona que se encuentra privada de la libertad en Leticia.Tanto para precaver las vulneraciones a la libertad provocadas por autoridades judiciales como no judiciales, en relación con las garantías constitucionales y legales ligadas a la privación de la libertad como a su prolongación ilegal, así como del objeto del habeas corpus correctivo, es de la esencia de la institución de habeas corpus que la autoridad judicial tenga la posibilidad efectiva dentro del término señalado por la Constitución de acceder a la persona que invoca la protección, así como al expediente o a los informes y documentos que sustentan eventualmente la detención. En ese orden de ideas en aplicación de los principios de celeridad e inmediación (228 y 229 C.P) así como de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.). ha de concluirse que es ese el entendimiento acorde con la Constitución de la expresión “competente”.Así las cosas la Corte declarará la exequibilidad del numeral 1 del artículo 4° del proyecto de ley estatutaria sub examine en el entendido que la expresión “competente” alude es al factor territorial de competencia de las autoridades judiciales en el sitio en el que ocurra la violación invocada ante las cuales, cualquiera ellas sean, podrá presentase la solicitud de habeas corpus. 4.4.4 La constitucionalidad de los numerales 2 y 5 del artículo 4° del proyecto de ley que se examinaDe acuerdo con los numerales 2 y 5 del artículo 4° del proyecto sub examine dentro de las garantías para el ejercicio de la acción de habeas corpus por quien se encuentre privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente figuran respectivamente la posibilidad de i) que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre y ii) que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación invoquen el habeas corpus igualmente en su nombre.Frente a dichas garantías que atienden el texto del artículo 30 superior y que buscan facilitar el ejercicio de la acción de habeas corpus ningún reproche de constitucionalidad cabe hacer. En relación con la competencia que se atribuye a los órganos del Ministerio Público en la norma cabe señalar además que ello encuentra claro sustento en los artículos 277 numerales 2 y 7 superiores para el caso de la Procuraduría General de la Nación y 282 numeral 3 de la Constitución para el caso de la Defensoría del Pueblo. 4.4.5 La constitucionalidad condicionada del numeral 3 del artículo 4° del proyecto de ley que se examina3.4.5.1 Como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia dentro de los elementos que configuran el derecho fundamental de habeas corpus figura la posibilidad de invocarlo “en todo tiempo” (art, 30 C.P.).En ese orden de ideas el numeral 3 del artículo 4° del proyecto sub examine incluye dentro de las garantías para el ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus , el que ésta pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras la violación persista. Igualmente establece que dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial.Dado que el habeas corpus es un instrumento de protección inmediata que busca salvaguardar a las personas contra las actuaciones ilegales y arbitrarias de las autoridades, cualquiera ellas sean o el momento en que éstas actúen es apenas lógico que se deba garantizar la posibilidad de acudir en todo momento ante la autoridad judicial. Mientras la persona este privada de la libertad y crea estarlo ilegalmente tiene derecho en consecuencia a invocar o a que en su nombre se invoque a cualquier momento el habeas corpus. 4.4.5.2. Frente a la afirmación que hace uno de los intervinientes cabe precisar que el plazo de tres meses que se da en la norma al Consejo de la Judicatura para establecer un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de habeas corpus, no desconoce el artículo 85 superior que asigna al habeas corpus el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata. Dicho plazo, en sí mismo razonable, esta previsto con el fin de asegurar el establecimiento de un mecanismo destinado a garantizar la eficacia de la atención permanente de las solicitudes de habeas corpus y mal puede entenderse que con ello se vulnere la Constitución.Ahora bien, cabe precisar que el sistema de turnos a que se ha hecho referencia no puede entenderse como la posibilidad de asignar a determinados jueces de manera exclusiva la atención de las solicitudes de habeas corpus independientemente del horario judicial. La Corte recuerda que la garantía constitucional consiste en poder invocar el habeas corpus ante cualquier autoridad judicial, por lo que mientras los despachos judiciales se encuentran abiertos el peticionario puede acudir a cualquiera de ellos. Cuando ello no sea así podrá acudir ante los despachos judiciales que se encuentren de turno para garantizar el acceso permanente a la protección judicial. Este último entendimiento es el que razonablemente garantiza dicho acceso pero no limita dentro del horario judicial normal el acceso a cualquier autoridad judicial para que decida sobre la petición de habeas corpus. Así las cosas la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del numeral 3 del artículo 4° sub examine en el entendido que el sistema de turnos judiciales a que dicho numeral alude para la atención de solicitudes de hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial, corresponde a las horas del día por fuera del horario judicial.4.4.6 La constitucionalidad del numeral 4 del artículo 4º del proyecto de ley que se examinaDentro de las garantías para el ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus figura finalmente la contenida en el numeral 4 del artículo 4° que se examina según la cual el peticionario tendrá derecho “a que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial” La norma precisa que, sin embargo, cuando la acción constitucional se dirija contra una actuación judicial, y el Despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil siguiente a su apertura, si el juez de hábeas corpus no cuenta con los elementos suficientes para decidir sobre la acción.4.4.6.1 Para la Corte la norma debe examinarse, como el conjunto de la ley que se analiza, desde una perspectiva finalista que tome en cuenta la eficacia del derecho (art. 2 C.P.).Interpuesta la acción que de acuerdo con la Constitución debe fallarse en el término de treinta y seis horas, no cabe entender que estas constituyan horas hábiles.En consecuencia iniciada la actuación ésta no podrá suspenderse o aplazarse por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.El carácter inmediato que quiso dar el Constituyente a la protección de la libertad frente a la actuación ilegal o arbitraria de la autoridades se vería comprometido si se diera un entendimiento diferente a la norma que se examina. Particularmente en el caso de actuaciones arbitrarias de las autoridades no judiciales o en los supuestos que pretende proteger el habeas corpus correctivo el carácter inmediato de la protección está íntimamente ligado a la eficacia de esa protección y por tanto del derecho de habeas corpus.4.4.6.2 Ahora bien en función de esa misma eficacia es claro que cuando la acción de dirige contra una actuación judicial resulta razonable que si al momento de interponerse al acción -horas de la noche, día festivo, vacancia judicial- el despacho judicial en el que reposa el expediente correspondiente se encuentra cerrado, la iniciación del término para decidir se suspenda hasta la primera hora hábil siguiente, si el juez no cuenta con los elementos suficientes para decidir. Téngase en cuenta que el servidor ante quien se invoca el habeas corpus en estas circunstancias encontrará necesariamente los elementos de juicio sobre la actuación judicial que se controvierte en el expediente respectivo y que para poder tomar su decisión en derecho deberá, de ser necesario, consultarlo.Cabe precisar que la norma, igualmente en función de la eficacia de la acción, deja en todo caso en manos del servidor judicial la evaluación de los elementos con los que cuenta para decidir, pues si considera que estos son suficientes deberá proceder en consecuencia y fallar dentro del término de treinta y seis horas. Así las cosas la Corte constata que la garantía aludida -con la salvedad que se hace en la norma en el caso de las autoridades judiciales- se ajusta a los mandatos del artículo 30 superior y en consecuencia declarará la exequibilidad del numeral 4 del artículo 4° sub examine y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.5 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 5°4.5.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArtículo 5º. Contenido de la petición. La petición de hábeas corpus deberá contener:El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria.La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad.Si se conoce, el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.La afirmación, bajo la gravedad del juramento, que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma.La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.Varios intervinientes hacen alusión a la pertinencia, en relación con el objeto de la acción de habeas corpus, del carácter sumario e informal de los requisitos señalados en el artículo sub examine, así como de la posibilidad de que se adelante el trámite a pesar de la falta de alguno de los requisitos si la información suministrada es suficiente para ello. El señor Procurador por su parte solicita que se aclare que si bien el inicio del trámite no se puede ver interrumpido por la ausencia de alguno de los datos exigidos en la norma, no podrá el juez decidir si no se recaudan todos y cada uno de ellos. Así mismo, reiterando los argumentos con los cuales solicitó la declaratoria de inexequibilidad del artículo 2° que establece la figura del habeas corpus correctivo, pide que se declare la inexequibilidad de la expresión “arbitraria” contenida en el numeral 2 del artículo 5° sub examineFrente a dichos argumentos y al texto del artículo 5° citado la Corte hace las siguientes consideraciones4.5.2 La constitucionalidad del inciso inicial, de los numerales 1 a 5 y del último inciso del artículo 5° del proyecto de ley que se examina Con excepción del numeral 6 a que se hará referencia más adelante la Corte no encuentra en el artículo 5° sub examine, referente al contenido de la petición de habeas corpus, ninguna dificultad constitucional.La Corte destaca, como lo hacen la mayoría de los intervinientes el hecho de que la acción pueda ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación, que pueda ser entablada verbalmente y que no sea necesario actuar mediante apoderado, en plena armonía con la celeridad e inmediatez con la que el Constituyente quiso que se revistiera la protección del derecho fundamental de habeas corpus, (art. 30 C.P.), así como con la aplicación del principio de prevalencia del de derecho sustancial (art. 29 C.P.). Cabe precisar, frente a la afirmación del señor Procurador, que la norma es clara en el sentido de que la ausencia de alguno de los requisitos no impedirá que se adelante el trámite del habeas corpus y por tanto su decisión, si la información que se suministra es suficiente para ello, lo que supone que se encuentra establecido el nombre de la persona a favor de quien se instaura la acción, el sitio de su detención y las razones por las cuales ésta se considera ilegal o arbitraria. De otra parte, en relación con la petición que hace el señor Procurador en relación con la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “arbitraria” contenida en el numeral 2 del artículo 5° sub examine la Corte constata que ella coincide con la petición que él hace de que se declare la inexequibilidad del artículo 2° que establece el habeas corpus correctivo. Dado que dicho artículo ha sido declarado exequible por la Corte, las mismas razones que fueron expuestas en el aparte pertinente de esta sentencia sirven para justificar la exequibilidad de la expresión a que se ha hecho referencia. En efecto como allí se explicó es claro que el habeas corpus alude a una protección integral del derecho a la libertad y bien puede el legislador establecer un mecanismo específico de protección como el habeas corpus correctivo para amparar los derechos a la vida y la integridad personal que se encuentran indisolublemente ligados al derecho a la libertad de quien se encuentra privado de ella. 4.5.3 La constitucionalidad condicionada del numeral 6 del artículo 5° del proyecto de ley que se examinaRespecto del numeral 6 del artículo 5º donde se establece que dentro de los requisitos que debe contener la petición de habeas corpus figura la afirmación, bajo la gravedad del juramento, que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma, la Corte considera necesario hacer la siguiente precisión. La declaración a que hace referencia el numeral 6 sub examine, alude a una información que no necesariamente puede conocer quien interpone la acción a nombre de otra persona o el mismo afectado con la presunta violación ilegal de la libertad. En la medida en que es posible que la petición de habeas corpus sea formulada por un tercero, por la Procuraduría General de la Nación o por la defensoría del Pueblo, puede suceder en efecto que sin el conocimiento del solicitante otra persona o las instituciones aludidas hayan interpuesto la acción de habeas corpus.En esas circunstancias se estaría constituyendo una declaración sobre hechos que no se conocen y que sin embargo por hacerse bajo la gravedad de juramento pueden llegar a comprometer la responsabilidad del declarante.Así las cosas la Corte declarará la exequibilidad del numeral 6 del artículo 5° del proyecto de ley que se examina en el entendido que la afirmación bajo la gravedad del juramento a que éste alude se refiere al conocimiento que tiene la persona que interpone la acción acerca de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma.4.6 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 6°4.6.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArtículo 6º. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, la petición de hábeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a quien corresponda conocer del hábeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá falta gravísima.La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción de hábeas corpus. Para ello se podrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la providencia que decida acerca del hábeas corpus.En las intervenciones y en el concepto del señor Procurador se plantean argumentos para defender tanto la exequibilidad como la inexequibilidad i) del establecimiento del reparto en los lugares donde haya dos o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, ii) de la prohibición que se establece en la norma de recusar a la autoridad judicial a quien corresponda conocer del hábeas corpus y iii) de la posibilidad que tiene la autoridad judicial que conoce del habeas corpus de prescindir de la entrevista con el peticionario, cuando no la considere necesaria.4.6.2 El reparto entre autoridades judiciales competentes de la misma categoría En relación con la regla que se establece en la norma según la cual en los lugares en donde haya dos o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría la petición de habeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios, la Corte constata que ella responde a la necesidad de asegurar la independencia e imparcialidad de la administración de justicia , al tiempo que permite, como lo recuerda acertadamente el señor Procurador una distribución racional del trabajo entre los servidores judiciales en función de la buena marcha de la administración de justicia. Al respecto ha de tenerse en cuenta que el derecho de acceso a la administración de justicia y en particular, en este caso, el derecho que se tiene a acudir ante cualquier autoridad judicial para invocar el habeas corpus no significa que se tenga la posibilidad de acudir ante un funcionario judicial en particular. Ello iría en detrimento de la transparencia de la función judicial y de los fines que ella persigue (arts. 228, 229 y 230 C.P.).Téngase en cuenta así mismo que en la medida en que en la norma se establece, en plena armonía con el artículo 30 superior , la posibilidad de acudir ante una Corporación judicial- caso en el cual se tendrá a cada uno de sus miembros como juez individual- necesariamente se deberá proceder al reparto de la solicitud, pues no de otra manera se podrá determinar cual es el servidor encargado de adoptar la decisión .En cualquier circunstancia, como precisamente lo señala la norma, el reparto deberá hacerse de manera inmediata en función del cumplimiento del término de treinta y seis horas señalado en la Constitución.No cabe entonces considerar que se vulnere el mandato del artículo 30 superior con la posibilidad de efectuar el reparto de la petición y en consecuencia el aparte pertinente del artículo 6° sub examine será declarado ajustado a la Constitución. 4.6.3 La imposibilidad de recusar a la autoridad judicial a quien corresponda conocer del habeas corpus. Inconstitucionalidad de la prohibición De acuerdo con el mismo artículo 6º del proyecto sub examine la autoridad judicial a quien corresponda conocer el habeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso.Al respecto es claro que en función de la celeridad con que debe ser resuelto el habeas corpus no cabe la posibilidad de que en este caso se pueda dar lugar al trámite de un incidente de recusación (arts. 150 a 154 C.P.C., arts 99 a 111 C.P.P.). En efecto esta posibilidad no se compagina con el alcance que quiso dar el Constituyente al trámite de la acción de habeas corpus. Así las cosas la recusación de la autoridad judicial a quien corresponda conocer del habeas corpus no sería en consecuencia posible. Empero, la Corte llama la atención sobre el hecho de que en función de esa misma circunstancia, -a saber, la celeridad con que debe resolverse la acción- la recusación que se haga del servidor judicial encargado de decidir el habeas corpus no debe implicar la apertura de un incidente. Recibida la recusación, el servidor judicial que ha sido recusado deberá, decidir inmediatamente si acepta o no la recusación mediante auto motivado. Si no la acepta deberá decidir dentro del plazo señalado en la ley, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Si la acepta deberá pasar inmediatamente al juez siguiente quien deberá fallar dentro del término fijado para el efecto. La Corte hace énfasis al respecto sobre el alcance de los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos que establecen claramente dentro de las garantías judiciales que no pueden ser desconocidas aún en los estados de excepción la posibilidad de ser oído con las debidas garantías “por un juez o tribunal competente, independencia e imparcial”.Sobre el particular téngase en cuenta así mismo que en el presente caso además de las causales a que aluden tanto el Código de Procedimiento Civil (art. 150 C.P.C) como el Código de Procedimiento Penal (art. 99 C.P.P.), puede suceder que una vez repartida la petición de habeas corpus esta corresponda al juez que conoce del proceso que se encuentra en el origen de la petición, quien a pesar de estar obligado a declararse impedido no lo hace y asume la actuación. No tendría sentido que frente a él no fuera posible interponer una recusación. Así las cosas la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “la autoridad judicial a quien corresponda conocer del Habeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso” y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.6.4 La posibilidad de decretar la inspección de las diligencias así como de solicitar información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad De acuerdo con el mismo artículo 6º una vez recibida la solicitud, la autoridad judicial a quien corresponda conocer del hábeas corpus podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad.La norma advierte así mismo que la falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá falta gravísima.Al respecto la Corte constata que la regulación que así se establece atiende los principios de celeridad e inmediación (228 y 229 C.P) así como de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.). que resultan claramente aplicables en el trámite de la acción de habeas corpus por lo que concluye que ellas se ajustan a los mandatos del artículo 30 superior.4.6.5. La entrevista con la persona en cuyo favor se instaura la acción y la posibilidad de prescindir de la misma en determinadas circunstancias mediante decisión motivada. Razonabilidad de la medida. En el artículo 6° sub exámine se señala igualmente que la autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción de hábeas corpus. Para ello se podrá ordenar que esa persona sea presentada ante la autoridad judicial, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, dicha autoridad podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de la misma a la sede judicial.La norma señala que, con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la considere necesaria. En todo caso los motivos de esta decisión deberán hacerse explícitos en la providencia que decida acerca del hábeas corpus.Uno de los intervinientes alude a esta última posibilidad y controvierte el hecho de que la norma autorice que se pueda prescindir de la entrevista, que en su concepto debería producirse en todos los casos en que se presente una solicitud de habeas corpus. Sobre el particular la Corte constata que con la disposición aludida el Legislador estableció un razonable equilibrio entre la necesidad de asegurar la protección del derecho a la libertad y los demás derechos que protege el habeas corpus, -que encuentra en la entrevista un mecanismo privilegiado- y el eficaz funcionamiento de la administración de justicia. Así al tiempo que permite a la autoridad judicial encargada de resolver el habeas corpus la verificación directa de la situación de la persona en cuyo favor se instaura la acción de hábeas corpus, en cuanto fija como regla general la referida entrevista, deja abierta la posibilidad de prescindir, excepcionalmente, de dicha diligencia. Esa excepción no ha de entenderse como una restricción del derecho al habeas corpus pues bien puede suceder que la naturaleza de la petición no haga necesaria tal entrevista, valoración que corresponderá hacer a la autoridad judicial en cada caso motivando expresamente las razones que lo llevan a no realizarla.Téngase en cuenta al respecto que a la autoridad judicial encargada de resolver la petición de habeas corpus se le reconoce un margen de discrecionalidad, para adoptar su decisión, que no puede entenderse como arbitrariedad, pues la fundamentación respectiva deberá hacerse explícita y puede ser objeto de control.En su decisión de realizar o no la entrevista dicha autoridad necesariamente deberá tomar en cuenta las finalidades y el marco normativo constitucional y legal de la de la acción para en función de las características de la petición asegurar la eficacia del derecho fundamental de habeas corpus. Así las cosas la Corte concluye que el aparte sub examine del artículo 6º del proyecto que se examina se ajusta a los mandatos constitucionales y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.7 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 7°4.7.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArtículo 7º. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.Ni en las intervenciones ni el concepto del señor Procurador se plantean reproches de constitucionalidad frente a dicho texto.Sobre el artículo aludido la Corte hace las siguientes consideraciones.4.7.2 Precisiones necesarias sobre el alcance de la norma De acuerdo con el artículo 7º citado, demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno. Cabe precisar en primer lugar que esta disposición alude a la violación de las garantías constitucionales y legales ligadas a la privación de la libertad, diferentes de las que pretende proteger el habeas corpus correctivo respecto de las cuales el artículo 2º señala claramente que no podrá dar lugar a disponer la libertad de la persona. Como ya se explicó en el aparte pertinente de esta sentencia en ese caso será a la autoridad judicial a la que corresponda señalar en el marco de sus competencias fijadas por la Constitución y la ley las medidas, diferentes a la concesión de la libertad, que se deban adoptar tendientes a evitar o a corregir las situaciones que configuren amenazas graves contra el derecho a la vida o a la integridad de las personas sometidas a condiciones de reclusión.Cabe precisar así mismo que la expresión autoridad judicial competente ha de entenderse referida a la autoridad judicial ante quien se haya presentado la petición en función del factor territorial de competencia en el sitio en el que ocurra la violación invocada, o ante quien se ha interpuesto la apelación de la decisión que niega el habeas corpus y no en el sentido de limitar a un determinado tipo de jueces la posibilidad de decidir el habeas corpus 4.7.3 Los presupuestos de la decisión y la necesaria motivación de la mismaAhora bien del texto del artículo 7º sub examine se desprende que si la autoridad judicial encuentra, luego del análisis de la petición de habeas corpus y de los elementos probatorios que se desprendan de las actuaciones que la ley le permite realizar para adoptar su decisión, que la vulneración invocada se encuentra demostrada, ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio.La decisión deberá en consecuencia ser motivada (arts 302 y 303 C.P.C.) y expresará de manera precisa las razones por las cuales se configura la violación del derecho y por tanto se decreta la libertad. 4.7.4 La ausencia de recurso contra dicha decisión La norma precisa que contra el auto interlocutorio que ordena la liberación de la persona privada de la libertad no procede recurso alguno.Al respecto, como ya lo señaló la Corporación cuando examinó la constitucionalidad de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que en términos muy similares establecían la imposibilidad de apelar el auto que concedía el habeas corpus, ha de tenerse en cuenta que este es un derecho de la persona y no una garantía en favor de las instituciones"Dijo la Corte:Por todo lo anterior, la Corte considera que el sentido razonable y conforme al principio de favorabilidad penal (C.P art. 29) del artículo 437 del C de P.P es el siguiente: la inapelabilidad está referida únicamente al auto que concede la libertad, mientras que aquél que niega el Habeas corpus es apelable, en virtud del principio general contenido en los artículos 16 y 202 del C de P.P del estatuto procesal penal. En tal entendido, la Corte declarará la constitucionalidad del artículo impugnado, ya que esta Corporación no observa ningún reparo contra la inapelabilidad del auto que concede el Habeas corpus puesto que, como ya lo había establecido en anterior decisión, "el Habeas corpus es un derecho de la persona y no una garantía en favor de las instituciones". Por consiguiente, ninguna objeción constitucional se puede adelantar contra la inapelabilidad de una decisión de Habeas corpus favorable a quien ha sido ilegalmente privado de su libertad.” Si bien la decisión adoptada en esa ocasión no puede configurar el fenómeno de cosa juzgada frente al texto del artículo que ahora se examina, las consideraciones hechas en esa ocasión han de ser tomadas en cuenta en el presente caso, para concluir igualmente que ninguna objeción constitucional cabe hacer en contra de la disposición que establece la inapelabilidad de una decisión de habeas corpus favorable a quien ha sido ilegalmente privado de su libertad.En atención a las consideraciones anteriores encuentra la Corte que el texto del artículo 7º sub examine se ajusta a la Constitución y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.8 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8°4.8.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArtículo 8º. Impugnación. La providencia que niegue el hábeas corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del hábeas corpus.3. En el caso de que la petición de hábeas corpus haya sido fallada por uno de los miembros de una corporación judicial el recurso será conocido por el magistrado que le siga en turno.4. Si el recurso se ejercita contra la decisión de hábeas corpus pronunciada por una sala o sección, su resolución le corresponderá a otra sala o sección o, en su defecto, a la sala plena de la correspondiente Corporación.En las intervenciones y en el concepto del señor Procurador se plantean argumentos en relación con la supuesta inexequibilidad i) del procedimiento que se establece en el inciso inicial y en el numeral primero para invocar, tramitar y decidir la impugnación de la decisión que niega el habeas corpus, ii) del reparto a que se somete dicha impugnación, iii) de la atribución a la sala plena de la Corporación judicial de la competencia para resolver eventualmente la impugnación contra la decisión de habeas corpus pronunciada por una sala o sección contenida en el numeral 4 del artículo sub examine. Frente a esos argumentos y al texto de la disposición, la Corte hace las siguientes consideraciones4.8.2 La posibilidad de impugnar la decisión que niega el habeas corpus Cabe precisar, como lo hace el señor Procurador en su intervención, que en el proyecto de ley estatutaria que se examina el Legislador introdujo de manera expresa la posibilidad de impugnar la decisión que niega el habeas corpus, solución a la que esta Corporación había llegado por vía jurisprudencial a partir de la interpretación y aplicación de las normas internacionales en materia de habeas corpus en la Sentencia C-496 de 1994 en relación con las disposiciones del Código de procedimiento Penal que no contenían expresamente dicha preceptiva. En esa ocasión dijo la Corte: “El Habeas corpus es pues, conforme al artículo 93 de la Carta y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, uno de aquellos derechos que prevalecen en el orden interno colombiano, ya que hace parte de un tratado ratificado por Colombia y no puede ser limitado en los estados de excepción. Ahora bien, el alcance de la garantía de Habeas corpus debe ser determinado de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia (CP art. 93) ¿Cuál es entonces el contenido de esta garantía dentro del sistema interamericano? Para ello conviene retomar nuevamente los criterios de la Corte Interamericana, máximo intérprete judicial de los alcances normativos de la Convención Interamericana. Según este tribunal, el Habeas corpus, reconocido en el artículo 7-6 de la Convención, sólo adquiere su pleno sentido protector a la luz de los principios del debido proceso contenidos en el artículo 8º de este mismo instrumento internacional, puesto que ésa es la forma de realizar el principio de la efectividad de los medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos. Así según la Corte Interamericana: "29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8º de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma.

30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del Habeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá enseguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión".Conforme a lo anterior la Corte Interamericana declaró, por unanimidad, que el Habeas corpus no es susceptible de suspensión y debe "ejercitarse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención". Ahora bien, el artículo 8º de la Convención establece, en el ordinal segundo literal h que, en materia criminal, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Si tal principio del debido proceso se entiende incorporado al Habeas corpus, esto significa que toda persona privada de la libertad tiene derecho a apelar la providencia que ponga fin al trámite del Habeas corpus, la cual debe ser asimilada, únicamente en este aspecto, a un fallo. Por las anteriores razones, esta impugnabilidad de la decisión se entiende incorporada al contenido esencial del Habeas corpus. Obviamente, esto no impide que el legislador pueda eliminar la apelación de la decisión que concede la libertad -tal y como lo hace el artículo 437 del C de P.P-, puesto que -como ya se señaló en esta sentencia- se trata de una garantía establecida en favor de los derechos de la persona y no del Estado”. Así ha de señalarse que el establecimiento de dicha posibilidad coincide en consecuencia tanto con el mandato contenido en el artículo 30 superior como con las normas internacionales que en materia de habeas corpus conforman el bloque de constitucionalidad como mas atrás se explicó. 4.8.3 La constitucionalidad del trámite y de los términos establecidos para la impugnación en el inciso inicial y en el numeral 1 del artículo 8º que se analizaDe acuerdo con el encabezado y con el numeral 1 del artículo del artículo 8º sub examine la providencia que niegue el hábeas corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.Para alguno de los intervinientes tanto los términos que así se establecen como la posibilidad de reparto a que dicho numeral alude, contrarían el mandato superior del articulo 30 para que la acción de habeas corpus se decida en el término de treinta y seis horas. Al respecto encuentra la Corte que no resulta de recibo entender que el término de treinta y seis horas establecido en la Constitución pueda predicarse tanto del trámite de la petición inicial como de su impugnación. No solamente porque ésta última podrá proponerse o no, según lo considere el propio peticionario, sino que por constituir una garantía adicional como ya se explicó, su trámite entra bien en la potestad de configuración del legislador, sometido obviamente, como en todo trámite a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.Al respecto ha de señalarse que los términos señalados en la disposición sub examine atienden razonablemente el principio de celeridad aplicable en esta materia, por lo que no cabe entender que con ellos se desconozcan las finalidades ni el contenido esencial del derecho fundamental de habeas corpus. De otra parte ha de reiterarse que el reparto en este caso como en el de la petición inicial no solamente constituye un elemento de racionalización del trabajo judicial sino que busca asegurar la autonomía, independencia e imparcialidad de la decisión que deba adoptarse por quien se encuentre llamado a resolver la impugnación presentada. 4.8.4 La constitucionalidad de las reglas de competencia establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 8º.Similares consideraciones deben hacerse en relación con las reglas de competencia establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 8 sub exámine en las que se regula: i) el supuesto en que el superior jerárquico sea un juez plural- caso en el cual el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Así mismo en ese caso cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del habeas corpus. ii) el supuesto en que la petición de habeas corpus haya sido resuelta por uno de los miembros de una corporación judicial, caso en el cual la impugnación será decidida por el Magistrado que le siga en turno y iii) el supuesto en que la petición de habeas corpus haya sido resuelta por una Sala o Sección de una corporación judicial, caso en el cual le corresponderá a otra sala o sección o, en su defecto, a la sala plena de la correspondiente Corporación decidir la impugnación. Dichos supuestos de la norma pretenden garantizar la celeridad de la decisión de habeas corpus y responden lógicamente a las reglas de competencia establecidas en el artículo 3° del proyecto de ley estatutaria que se examina. Ahora, bien cabe precisar frente a la afirmación del señor Procurador según la cual se perturbaría el funcionamiento de la administración de justicia con el hecho de que la Sala Plena de las corporaciones judiciales tuviera que resolver la impugnación dentro de un término tan breve, que esa circunstancia se presentaría solamente, -y ello (como ya se explicó al analizar el numeral 2 del artículo 3° del proyecto de ley sub examine) en función de la necesidad de garantizar la autonomía e imparcialidad de las autoridades judiciales, como de atender el principio jerárquico- cuando la decisión de habeas corpus haya sido adoptada por una sala o sección y no resulte posible que otra sala o sección de la misma Corporación sea la encargada de la decisión. Circunstancia que solo de manera excepcional deberá presentarse, pero que en todo caso resulta necesario que se prevea para garantizar en todos los casos la impugnabilidad de la decisión (art. 29 y 31 C.P.).Así las cosas la Corte no encuentra que pueda hacerse reproche de constitucionalidad al artículo 8° sub examine por lo que declarará su exequibilidad y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 4.9 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 9°4.9.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor ProcuradorArtículo 9º. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del hábeas corpus.En las intervenciones cabe destacar que i) el señor Fiscal General de la Nación plantea el riesgo de impunidad que podría presentarse si la norma transcrita se interpreta como la imposibilidad absoluta para las autoridades de ordenar la privación de la libertad, en tanto que ii) la Defensoría del Pueblo solicita que se condicione la exequibilidad de la expresión “capturado” en el sentido de que las medidas restrictivas de la libertad serán inexistentes respecto de cualquier persona a quien se le hubiere concedido la libertad en ejercicio del derecho de habeas corpus “independientemente de la causa determinante de la ilegalidad de la privación y de la condición que ostente el accionante sea capturado, detenido o condenado”El señor Procurador por su parte señala que la norma es un desarrollo de los principios de lealtad y transparencia de la función pública y que no merece ningún reproche de constitucionalidad. Frente a dichos argumentos y al texto del artículo la Corte hace las siguientes consideraciones:4.9.2 El alcance de la disposición sub examine Como ya lo había explicado la Corporación al referirse a las normas pertinentes establecidas en el Código de Procedimiento Penal, la estructura lógica del derecho de habeas corpus supone que una vez se eleve la petición correspondiente la autoridad judicial verifique determinadas condiciones objetivas en relación con la legalidad de la privación de la libertad y concluya sobre la procedencia de ordenar o no la libertad inmediata. En caso de comprobarse el carácter ilegal de la privación de la libertad por razón de cualquiera de las circunstancias concretas que configuren alguna de las hipótesis de desconocimiento de las garantías constitucionales o legales o de prolongación indebida de la privación de la libertad, será necesario la concesión del habeas corpus y obligatorio el cumplimiento de la providencia que ordena la libertad inmediata. De lo contrario, la garantía del habeas corpus sería ineficaz.Es en relación con este último aspecto que la norma señala que “son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del hábeas corpus”.No sobra precisar, en consecuencia, que este artículo no alude obviamente a los supuestos del habeas corpus correctivo, que como ya se explicó no comportan en ninguna circunstancia la concesión de la libertad. Lo que la norma esta estableciendo no es la imposibilidad absoluta para la autoridad de privar de la libertad a una persona que invoque el habeas corpus, sino que la persona privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras aquellas no se restauren. 4.9.3 La reiteración de la jurisprudencia sobre la inexistencia de las medidas restrictivas de la libertad posteriores a la solicitud de habeas corpus tendientes a regularizar la “legalidad” de la privación de la libertad.En relación con el alcance de la norma que se examina cabe reiterar lo dicho por la Corte en la Sentencia T-043 de 1993 respecto de la inexistencia de las medidas restrictivas de la libertad posteriores a la solicitud de habeas corpus tendientes a regularizar la “legalidad” de la privación de la libertad. Dijo la Corte: “Desde una perspectiva constitucional, la tardía "regularización" de una situación de privación indebida de la libertad por prolongación ilícita contra lo cual se ha interpuesto el recurso de habeas corpus es inconstitucional.Los artículos 28 y 29 de la Constitución establecen los requisitos mínimos para que una persona pueda ser privada de su libertad. Entre ellos se destaca la observancia de las formalidades propias de cada juicio. En materia de medidas restrictivas de la libertad es presupuesto legal de su existencia que éstas sean dictadas dentro del término y según los requisitos legales, con anterioridad a la presentación de la solicitud de habeas corpus. De lo contrario, sería totalmente ineficaz la garantía constitucional del habeas corpus ya que la presentación del recurso daría oportunidad a la autoridad infractora de enmendar impunemente su actuación u omisión violatoria de los derechos fundamentales y de las leyes.En efecto, el artículo 464 del Código de Procedimiento Penal (D.050 de 1987), aplicable en este caso en consideración a la época en que ocurrieron los hechos objeto del proceso, establecía:" IMPROCEDENCIA DEL HABEAS CORPUS. En los casos de prolongación ilícita de privación de libertad no procederá el habeas corpus cuando, con anterioridad a la petición, se haya proferido auto de detención o sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario". A contrario sensu, es procedente el otorgamiento del habeas corpus en el evento de verificarse las condiciones objetivas - captura ilegal o prolongación ilícita - violatorias del derecho a la libertad, si la petición elevada por el afectado es anterior a cualquier medida restrictiva que se dicte para impedir su libertad. Adicionalmente, la ley establece la inexistencia de las medidas restrictivas de la libertad tendientes a impedir la efectividad del derecho de habeas corpus cuando éste es concedido como consecuencia de una captura ilegal. El artículo 463 del anterior Código de Procedimiento Penal (Decreto 050 de 1987) expresamente disponía sobre el particular: "IMPROCEDENCIA DE MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD. La persona capturada con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del derecho de Habeas corpus". En el caso presente, el Tribunal Superior (Nacional) de Orden Público concedió a la señora PATRICIA VALENCIA LOAIZA el recurso de habeas corpus luego de comprobar la prolongación ilícita de la privación de su libertad. La circunstancia de la demora del Tribunal para resolver el recurso de habeas corpus no puede tener el efecto de convalidar las medidas restrictivas de la libertad proferidas con posterioridad a dicha solicitud, en sí mismas violatorias de las garantías constitucionales y legales de la peticionaria. El habeas corpus es un derecho de la persona y no una garantía en favor de las instituciones.Repugna a los principios de legalidad y de buena fe que las propias autoridades pretendan impedir la efectividad de las sentencias. La circunstancia de haber sido el propio juez de orden público quién aparentemente dió lugar a la prolongación indebida de la libertad y también haber sido el mismo que dictó la segunda orden de captura contra la peticionaria, con base en medidas restrictivas de la libertad inexistentes - por ser éstas posteriores a la petición de habeas corpus y a la solicitud de información cursada por el Tribunal Superior de Orden Público -, sumado al hecho de proceder así inmediatamente después de expedir la respectiva boleta de libertad, revelan que la finalidad del funcionario judicial era evitar a toda costa la libertad de la inculpada, incluso desconociendo claras disposiciones legales.”. (subrayas fuera de texto) Interpretación que posteriormente reiteró en los siguientes términos: “8. En la sentencia T-046 93 la Corte Constitucional consideró que las medidas restrictivas del derecho a la libertad personal, proferidas con posterioridad a la solicitud de Habeas corpus, y encaminadas a legalizar la privación ilegal de la libertad, debían ser tenidas como inexistentes. En criterio de esta Corporación, la tardía “regulación” de una situación de privación indebida de la libertad por prolongación ilícita contra la cual se ha interpuesto el recurso de Habeas corpus, es inconstitucional. Según la decisión transcrita, la acción de Habeas corpus debe concederse siempre que se hubiere solicitado durante la privación ilegal de la libertad, con independencia de que, con posterioridad, se expida una decisión judicial que pretenda legalizar la arbitrariedad cometida. No obstante, en el caso que ocupa la atención de la Sala, la solicitud de Habeas corpus se realizó casi dos meses después de expedida la providencia judicial que ordenaba la detención de los sindicados y previa resolución de los recursos de reposición y apelación contra la mencionada providencia. En consecuencia, queda claro que se trata de un evento no cobijado bajo la doctrina sentada por la sentencia T-046 93”. Ha de concluirse, entonces, que lo que la norma pretende es la eficacia del derecho fundamental de habeas corpus y de la decisión que se adopte por la autoridad judicial que concluya que efectivamente se han vulnerado las garantías constitucionales o legales o se ha prolongado ilícitamente la privación de la libertad, por lo que ningún reproche cabe en materia de constitucionalidad. 4.9.4 El examen de la solicitud de condicionamiento de la expresión “capturado” formulada por la Defensoría del PuebloFrente a la solicitud que hace el interviniente en nombre de la defensoría del pueblo para que se condicione la norma en el sentido de que las medidas restrictivas de la libertad serán inexistentes respecto de cualquier persona a quien se le hubiere concedido la libertad en ejercicio del derecho de habeas corpus “independientemente de la condición que ostente el accionante sea capturado, detenido o condenado”, la Corte constata que efectivamente la expresión capturado puede ser interpretada en un sentido restrictivo del derecho al habeas corpus de las personas detenidas o condenadas a quienes se les pueda llegar a fallar a favor un habeas corpus y por tanto pueda ordenarse su libertad en el caso en que en relación con ellas se configure alguno de los supuestos de vulneración de las garantías constitucionales y legales por prolongación ilícita de la privación de la libertad. Así, en el caso de las personas detenidas, con medida de aseguramiento de detención preventiva, puede suceder que se configure alguna de las causales de libertad provisional a que alude el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal y que a pesar de efectuar la respectiva solicitud de libertad ante el juez del proceso ella no se concede con manifiesto desconocimiento de las garantías constitucionales y legales. Motivo por el cual se les conceda el habeas corpus. Así mismo, en el caso de que la protección constitucional se conceda a una persona condenada mediante sentencia ejecutoriada, que luego cumplida la pena, haya solicitado la libertad al juez del proceso y este no se la haya concedido la libertad con manifiesto desconocimiento de las garantías constitucionales y legales.Así las cosas la Corte declarará la exequibilidad del artículo 9º sub examine en el entendido que la expresión “capturado” no limitará el derecho de la persona detenida o condenada en relación con la cual de acuerdo con la ley llegue a concedérsele la libertad por haberse decretado en su favor el habeas corpus. 4.10 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 10°4.10.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor Procurador Artículo

10. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el hábeas corpus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.Ni en las intervenciones ni en el concepto del señor Procurador se plantean reproches de constitucionalidad en contra del artículo sub exámine. 4.10.2 El alcance de la disposición y su conformidad con la Constitución De acuerdo con el artículo 10° sub examine reconocido el habeas corpus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.Cabe recordar en efecto que tanto en materia penal como disciplinaria los atentados contra el derecho a la libertad por parte de los servidores públicos tipifican diversos delitos y faltas disciplinarias, tendientes a proteger ese derecho, así como el propio derecho fundamental de habeas corpus. La ley Estatutaria de la Administración de Justicia alude por lo demás a la responsabilidad de los servidores judiciales en esas circunstancias. En la medida en que el legislador en este caso en ejercicio de sus competencias (art 124 C.P.) se limita a señalar, en plena armonía con la regulación que se hace en la Constitución de la responsabilidad de los servidores públicos (art 6° C.P. ), que en estas circunstancias deberán operar los mecanismos establecidos en la ley, ningún reproche de constitucionalidad cabe hacer al respecto. 4.11 EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 11 4.11.1 El texto del artículo. Las intervenciones y el concepto del señor Procurador Artículo

11. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria.Ni en las intervenciones ni en el concepto del señor Procurador se plantean reproches de constitucionalidad contra el artículo sub examine 4.11.2 El alcance de la disposición sub examine y su conformidad con la Constitución El artículo 11 se limita a señalar que la ley estatutaria de habeas corpus regirá a partir de su promulgación y que ella deroga en lo pertinente “a toda aquella que le sea contraria.”Cabe precisar que -contrariamente a lo que afirma uno de los intervinientes-, no se puede entender derogado el texto pertinente del artículo 4° de la Ley 137 de 1994 sobre la intangibilidad del derecho de habeas corpus, por el hecho de no haberse reproducido en el texto de la ley estatutaria que se examina el mandato contendido en la Ley estatutaria de estados de excepción sobre el mismo tema.En manera alguna dicho texto resulta contrario a las disposiciones aludidas. Como se explicó en el parte pertinente de esta sentencia, dicho artículo 4° de la Ley 137 de 1994 sirve mas bien de fundamento y presupuesto a la legislación que se examina.

5. El mecanismo de búsqueda urgente y la no configuración en este caso del fenómeno de inconstitucionalidad por omisión Dado que uno de los intervinientes plantea la posible configuración en el presente caso de una omisión legislativa en relación con la no introducción en el texto de la ley estatutaria sub examine de la regulación relativa al mecanismo de búsqueda urgente, la Corte considera necesario hacer las siguientes precisiones. Como ya se señaló en esta misma sentencia esta Corporación ha admitido la posibilidad de ejercer el control abstracto de constitucionalidad cuando se trata de omisiones de la ley de carácter relativo y, por el contrario, ha descartado la procedencia de demandas contra omisiones legislativas absolutas. Al respecto ha precisado igualmente que cuando el silencio del Legislador no esté íntimamente ligado al precepto legal impugnado, considerada su específica materia, el juez constitucional no está facultado para analizar la supuesta omisión.En el presente caso encuentra la Corte que la disposición legal que el interviniente echa de menos en la Ley estatutaria que se examina no se encuentra atada a su texto y por tanto no cabe considerar la referida omisión. El mecanismo de búsqueda urgente fue regulado en el artículo 390 del Código de procedimiento Penal -Ley 600 de 2000- cuyo texto es el siguiente: “Artículo

390. Mecanismo de búsqueda urgente. Si no se conoce el paradero de una persona se podrá solicitar a cualquier autoridad judicial, por parte de terceros y sin necesidad de mandato alguno, que disponga de inmediato una búsqueda urgente para realizar todas las diligencias necesarias para dar con su paradero, tanto en relación con autoridades y dependencias públicas como con particulares y lugares de carácter privado.Si dichas diligencias o algunas de ellas deben practicarse en lugares distintos a su jurisdicción, la autoridad judicial que haya decretado la búsqueda urgente solicitará la colaboración de jueces o fiscales del respectivo lugar, mediante despacho comisorio que será comunicado por la vía más rápida posible y que deberá ser anunciado de inmediato por medio telefónico, de tal forma que no sea necesario el recibo físico de la documentación por parte del comisionado para que éste inicie su colaboración en la búsqueda urgente.Si se logra ubicar el paradero de la persona y esta ha sido privada de la libertad por servidor público, el funcionario judicial ordenará de inmediato su traslado al centro de reclusión más cercano dentro de los términos establecidos en la ley y, si fuere competente, dará inicio al trámite de habeas corpus.Si la persona se encuentra retenida por particulares o en un sitio que no sea dependencia pública, se dispondrá de inmediato, lo necesario para que la autoridad competente proceda a su rescate.Lo dispuesto en este artículo se aplica sin perjuicio de las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar.Los servidores públicos tienen la obligación de prestar su colaboración y apoyo para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.”Como se desprende de dicho texto el supuesto de hecho del que se parte en esa circunstancia es el desconocimiento del paradero de una persona, situación en la cual se podrá solicitar a cualquier autoridad judicial, por parte de terceros y sin necesidad de mandato alguno, que disponga de inmediato una búsqueda urgente para realizar todas las diligencias necesarias para dar con su paradero, tanto en relación con autoridades y dependencias públicas como con particulares y lugares de carácter privado.Supuesto que es diferente del que señala el artículo 30 superior según el cual quien se encuentra privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente podrá invocar ante cualquier autoridad judicial el habeas corpus. El presupuesto del habeas corpus esta dado en la privación de la libertad y en la ilegalidad de la misma, circunstancia que da pie para que la autoridad judicial actué y restablezca las garantías constitucionales y legales que hayan podido ser vulneradas con dicha privación ilegal. El mecanismo de búsqueda urgente no se basa en la privación de la libertad de una persona sino en el desconocimiento de su paradero. Por esa razón la Corte en la sentencia C-620 de 2001 en la que declaró la inexequibilidad de los artículos 382 a 389 del Código de procedimiento Penal por considerar que con ellos se pretendió regular de manera sistemática el derecho fundamental de habeas corpus no incluyó dentro de los textos declarados inexequibles el artículo 390 aludido. Si bien puede considerarse que el mecanismo de búsqueda urgente constituye un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las personas y que eventualmente llegue a proteger el derecho a la libertad, ello no significa que deba regularse necesariamente en la Ley estatutaria de habeas corpus.Al respecto la Corte en la citada sentencia C-620 de 2002 hizo la siguiente precisión: “No obstante lo anterior, considera la Corte pertinente aclarar que el hecho de que en el Código de Procedimiento Penal se regulen algunos aspectos que tocan con otros derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad, ello no significa que las disposiciones correspondientes también deban ser necesariamente objeto de ley estatutaria, pues unas pueden serlo como las que tiene que ver con la inviolabilidad de la correspondencia o de las comunicaciones o inviolabilidad del domicilio, etc., y otras no, lo que implica examinar caso por caso. Las que pueden ser objeto de ley ordinaria son simplemente garantías establecidas por el legislador para que una persona pueda ser privada de la libertad y, por tanto, operan antes de que esa situación se presente; en cambio, la petición de habeas corpus se ejerce en forma posterior a la ocurrencia del hecho, esto es, que la persona se encuentra privada de la libertad y lo que se busca con la acción respectiva es recobrar la libertad perdida. En otras palabras, las primeras están destinadas a establecer reglas para que una persona pueda ser privada de su libertad y, por tanto, pueden quedar incluidas en una ley ordinaria, mientras que las segundas operan después que el individuo ha sido privado de la libertad como consecuencia de una decisión de una autoridad, tomada en forma arbitraria o ilegal y, por tanto, el habeas corpus se encamina a restablecerle al ciudadano el derecho violado permitiendo que recobre la libertad perdida, siendo así no hay duda que se trata de la regulación de un derecho fundamental que a la luz del antes citado artículo 152-a de la Constitución debe ser objeto de ley estatutaria.” Por tratarse entonces de una omisión absoluta no cabe en consecuencia examinar por la Corte la supuesta omisión legislativa en la que se habría incurrido por no beberse incluido en el texto de la ley estatutaria sub examine la regulación relativa al mecanismo de búsqueda urgente regulado en el Código de Procedimiento penal -Ley 600 de 2000-en el artículo 390.”Adicionalmente, teniendo presente el texto definitivo de la sentencia considero que se hacen necesarias las siguientes precisiones:1. En la sentencia se afirma que “El Congreso de la República se extralimitó en el ejercicio de sus facultades constitucionales por cuanto, con fundamento en el tercer inciso del artículo 2002 de la Ley 5ª de 1992, conformó una Comisión accidental de mediación, que cumplió labores propias de aquellas que aparece regulada en el artículo 161 superior, cuando lo que correspondía era actuar de conformidad con lo dispuesto en el Auto N° 170 de 2003” Al respecto cabe señalar que la actuación del Congreso en el presente caso no puede asimilarse a la que establece el artículo 161 superior en relación con las discrepancias entre las Cámaras respecto de un proyecto. La situación que llevó a la Corte a proferir el Auto N° 170 de 2003 no fue la existencia de alguna discrepancia entre los textos aprobados respectivamente por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes sino exclusivamente la de ausencia de certeza en relación con el número de votos que fueron emitidos en la plenaria de la Cámara de Representantes para la aprobación del proyecto.

2. Como se explicó en la ponencia que no fue aceptada y que viene de transcribirse lo que aconteció en este caso fue que el Congreso ante la imposibilidad de adelantar la actuación enunciada de acuerdo con lo indicado en el auto N° 127 del 24 de septiembre de 2003, acudió a la aplicación del aparte final del tercer inciso del artículo 202 de la Ley 5° de 1992. Y por ello las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República procedieron a dar aprobación al informe de la Comisión accidental designada por las mesas directivas de dichas corporaciones donde se contenía el texto del proyecto de ley estatutaria sub examine.Cabe resaltar que de todas maneras, previamente, y siguiendo la instrucción de la Corte, la Cámara de Representantes había aprobado nuevamente la ponencia para segundo debate del proyecto sub examine, en votación anunciada de acuerdo con el artículo 160 superior, con la mayoría exigida por la Constitución y de lo cual se dejó expresa constancia. Esta circunstancia permite resaltar que la ausencia de certeza sobre la mayoría con que se aprobó en la Plenaria de la Cámara de Representantes el Proyecto de ley estatutaria -que ocasionó la devolución al Congreso de la República del mismo y que había sido el único vicio identificado por la Corte en el trámite dado al proyecto tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República -, fue sustituida por la certeza sobre la voluntad de la Cámara de Representantes de aprobar con la mayoría exigida por la Constitución el texto del proyecto sub examine. De todo lo anterior se desprende que la actuación adelantada por el Congreso de la República -atendiendo un procedimiento establecido en la propia Ley 5° de 1992- si bien no se surtió explícitamente de acuerdo con lo indicado en el auto del 24 de septiembre de 2003, es claro que en aplicación del principio de instrumentalidad de las formas procesales que se invocó en el referido auto, ha debido considerarse una forma apropiada de subsanar el vicio identificado en esa oportunidad. Por todo lo anterior, la Corte ha debido declarar EXEQUIBLE el proyecto de ley estatutaria No. 142 02 Senado y No. 005 02 Cámara “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, por el aspecto formal, y proceder a efectuar el análisis de fondo de su articulado como ha quedado expuesto.Fecha ut supraALVARO TAFUR GALVISMagistrado