Sentencia C-100/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SENTENCIA C-100 DE 2026

Referencia: expediente D-16867

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley 906 de 2004, �Por la cual se expide el C�digo de Procedimiento Penal�

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogot� D.C., veintid�s (22) de abril de dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales, y de conformidad con los requisitos y tr�mites previstos por el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

S�ntesis de la decisi�n

 

La demanda. La Sala Plena de la Corte Constitucional estudi� una demanda de inconstitucionalidad por omisi�n legislativa relativa contra los art�culos 102 a 106 de la Ley 906 de 2004, los cuales regulan el incidente de reparaci�n integral en el proceso penal. Los demandantes alegaron que, al regular el tr�mite del incidente de reparaci�n integral, el legislador omiti� fijar un l�mite temporal a esta figura. En algunas partes de la demanda, se refirieron a la ausencia de un t�rmino m�ximo para su resoluci�n; en otras, a la falta de un plazo de prescripci�n para iniciar la acci�n. Se�alaron que, a diferencia de la Ley 600 de 2000, que, al aludir a la acci�n civil, permit�a aplicar el t�rmino de prescripci�n previsto en el art�culo 98 del C�digo Penal, la Ley 906 de 2004 (i) suprimi� esa referencia sin sustituirla por un r�gimen temporal propio y (ii) no fij� un t�rmino de prescripci�n. En su criterio, esta omisi�n vulnera los art�culos 29 y 229 de la Constituci�n Pol�tica y el art�culo 8 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, al desconocer las garant�as del debido proceso sin dilaciones injustificadas, el acceso efectivo a la administraci�n de justicia y el principio del plazo razonable.

 

En este sentido, solicitaron a la Corte dictar una sentencia integradora en la que se �llene el vac�o normativo de manera transitoria aplicando por analog�a una regla existente, mientras se exhorta al Congreso a expedir una regulaci�n definitiva�. Asimismo, pidieron que, en el entretanto, se disponga que �el t�rmino de prescripci�n para iniciar el Incidente de Reparaci�n Integral ser� igual al t�rmino de prescripci�n de la acci�n penal del delito por el cual se profiri� la respectiva sentencia condenatoria�.

 

Examen de la Sala. La Corte concluy� que la demanda no cumpl�a con los requisitos de aptitud sustantiva exigidos por la jurisprudencia constitucional para los cargos de omisi�n legislativa relativa. En concreto, la Sala encontr� que el cargo carec�a de claridad y certeza:

 

-       Claridad. La Corte concluy� que la demanda no era clara, pues alud�a indistintamente a la inexistencia de (i) un t�rmino de prescripci�n de la acci�n resarcitoria y (ii) un t�rmino de duraci�n m�xima del proceso. Lo anterior, sin precisar cu�l de estas figuras �de naturaleza y consecuencias jur�dicas distintas� constitu�a el ingrediente normativo presuntamente omitido por el legislador. En criterio de la Corte, esta ambivalencia imped�a, como se�al� la mayor�a de los intervinientes, comprender el verdadero alcance del cargo.

-       Certeza. La Corte determin� que el cargo carec�a de certeza porque los demandantes fundaron su acusaci�n en una lectura aislada -no sistem�tica- de las normas demandadas. Esto, al asumir que, dado que las normas demandadas no establec�an de forma expresa un t�rmino m�ximo para la duraci�n del incidente de reparaci�n integral, este plazo no exist�a. Lo anterior, pese a que el art�culo 25 del C�digo de Procedimiento Penal establece una regla de remisi�n expresa a la normativa procesal civil para los asuntos no regulados en ese estatuto, y la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido reiteradamente que en virtud de esa regla, el incidente de reparaci�n integral se rige por la normativa procesal civil en lo no previsto expresamente. A juicio de la Sala Plena, la existencia de esta norma de remisi�n y jurisprudencia penal ordinaria exig�a a los demandantes exponer las razones por las cuales, en todo caso, conclu�an que exist�a una omisi�n legislativa relativa. Los demandantes, sin embargo, no cumplieron con dicha carga.

 

Decisi�n. Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte se declar� inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los art�culos 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley 906 de 2004, �Por la cual se expide el C�digo de Procedimiento Penal�, por ineptitud sustantiva del cargo formulado en la demanda.

 

I.              ANTECEDENTES

 

1.        Tr�mite de admisi�n

 

1.            El 22 de agosto de 2025, los ciudadanos Natalia Mar�a Moreno B�ez y Andr�s Francisco Sintura S�nchez presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley 906 de 2004, �Por la cual se expide el C�digo de Procedimiento Penal�. Sostuvieron que las normas acusadas desconocen los art�culos 29 y 229 de la Constituci�n Pol�tica, as� como el art�culo 8 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (CADH), al no prever un t�rmino m�ximo para la tramitaci�n del incidente de reparaci�n integral (en adelante, �IRI�).

 

2.            Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador admiti� la demanda[1]. En consecuencia, orden�: (i) comunicar el inicio del proceso al Presidente de la Rep�blica, al Presidente del Senado de la Rep�blica, al Presidente de la C�mara de Representantes, al Ministro del Interior y al Ministro de Justicia y del Derecho; (ii) fijar en lista el asunto por el t�rmino de diez (10) d�as, para que cualquier ciudadano pudiera intervenir en defensa o impugnaci�n de las normas demandadas; (iii) correr traslado al Procurador General de la Naci�n para que rindiera el correspondiente concepto; e (iv) invitar a rendir concepto t�cnico especializado a diversas autoridades, instituciones acad�micas y organizaciones especializadas[2].

 

3.            Cumplidos los tr�mites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Sala Plena de esta Corte procede a decidir la demanda de la referencia.

 

2.   ����Norma demandada

 

4.                 A continuaci�n, se transcriben los art�culos demandados de la Ley 906 de 2004:

 

�Art�culo 102. Procedencia y ejercicio del incidente de reparaci�n integral. En firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la v�ctima, o del fiscal o del Ministerio P�blico a instancia de ella, el juez fallador convocar� dentro de los ocho (8) d�as siguientes a la audiencia p�blica con la que dar� inicio al incidente de reparaci�n integral de los da�os causados con la conducta criminal y ordenar� las citaciones previstas en los art�culos 107 y 108 de este C�digo, de ser solicitadas por el incidentante.

 

Art�culo 103. Tr�mite del incidente de reparaci�n integral. Iniciada la audiencia el incidentante formular� oralmente su pretensi�n en contra del declarado penalmente responsable, con expresi�n concreta de la forma de reparaci�n integral a la que aspira e indicaci�n de las pruebas que har� valer. El juez examinar� la pretensi�n y deber� rechazarla si quien la promueve no es v�ctima o est� acreditado el pago efectivo de los perjuicios y est� fuera la �nica pretensi�n formulada. La decisi�n negativa al reconocimiento de la condici�n de v�ctima ser� objeto de los recursos ordinarios en los t�rminos de este c�digo.

 

Admitida la pretensi�n el juez la pondr� en conocimiento del condenado y acto seguido ofrecer� la posibilidad de una conciliaci�n que de prosperar dar� t�rmino al incidente. En caso contrario el juez fijar� fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho (8) d�as siguientes para intentar nuevamente la conciliaci�n y de no lograrse, el sentenciado deber� ofrecer sus propios medios de prueba.

 

Art�culo 104. Audiencia de pruebas y alegaciones. El d�a y hora se�alados el juez realizar� la audiencia, la cual iniciar� con una invitaci�n a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporar� a la decisi�n. En caso contrario, se proceder� a la pr�ctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oir� el fundamento de sus pretensiones.

 

PAR�GRAFO. La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de este tr�mite implicar� el desistimiento de la pretensi�n, el archivo de la solicitud, y la condenatoria en costas. Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente responsable se recibir� la prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se resolver�. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedar� vinculado a los resultados de la decisi�n del incidente.

 

Art�culo 105. Decisi�n de reparaci�n integral. En la misma audiencia el juez adoptar� la decisi�n que ponga fin al incidente, mediante sentencia.

 

Art�culo 106. Caducidad. La solicitud para la reparaci�n integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) d�as despu�s de haber quedado en firme el fallo condenatorio�.

 

3.   ����La demanda

 

5.                 Los demandantes argumentaron que el legislador incurri� en una omisi�n legislativa relativa[3] que vulnera los art�culos 29 y 229 de la Constituci�n Pol�tica. Esto, porque los art�culos 102 a 106 de la Ley 906 de 2004 regulan el procedimiento judicial del IRI, pero omiten �por completo la fijaci�n de un t�rmino m�ximo para su tr�mite o, en otras palabras, su prescripci�n�[4]. Destacaron que �[s]i bien la norma establece un plazo de caducidad para iniciar la acci�n, esta figura tiene consecuencias jur�dicas distintas y no resuelve el vac�o se�alado, pues se limita al tiempo para promover el incidente, mas no a su duraci�n�[5].

 

6.                 Los demandantes reconocieron que, conforme a la jurisprudencia constitucional, para formular un cargo por omisi�n legislativa relativa, se deben acreditar cuatro requisitos: (1) identificar una norma sobre la cual se predique la omisi�n; (2) identificar un deber espec�fico impuesto directamente por el Constituyente al legislador que resulta omitido; (3) explicar las razones por las cuales la omisi�n carece de raz�n suficiente y (4) demostrar que la omisi�n genera una desigualdad negativa. A juicio de los demandantes, la omisi�n denunciada en la demanda cumple con estos requisitos:

 

7.                 Requisito 1. Los demandantes argumentaron que �la falta de un t�rmino de prescripci�n para el IRI no obedece a una voluntad legislativa deliberada, sino a un olvido involuntario surgido durante la transici�n hacia el sistema penal acusatorio�[6]. Resaltaron que la incorporaci�n del sistema penal acusatorio �Ley 906 de 2004� represent� un cambio radical en la estructura del proceso penal porque, entre otras cosas, �reemplaz� la figura de la �acci�n civil� por el Incidente de Reparaci�n Integral�. No obstante, el incidente �fue regulado sin que el legislador hiciera la m�s m�nima alusi�n a un aspecto fundamental que hist�ricamente siempre estuvo presente: un plazo m�ximo para su resoluci�n�[7].

 

8.                 Los demandantes sostuvieron que la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha confirmado la existencia de �[e]ste vac�o normativo�[8] y la inaplicabilidad del art�culo 98 del C�digo Penal �Ley 599 de 2000� en el tr�mite del IRI, �haciendo evidente que el legislador omiti� fijar un t�rmino de prescripci�n para el IRI�[9]. Asimismo, destacaron que �es imperativo no confundir la figura de la prescripci�n con lo dispuesto en el art�culo 121 del C�digo General del Proceso que regula la duraci�n m�xima de los procesos�. A juicio de los demandantes, �[a]mbas figuras tienen naturalezas y consecuencias jur�dicas distintas: mientras la prescripci�n extingue el derecho a la acci�n, el incumplimiento del plazo del art�culo 121 [del CGP] solo acarrea la p�rdida de competencia del juez, sin afectar la existencia del derecho de la v�ctima�[10].

 

9.                 Requisito 2. Los demandantes identificaron dos deberes constitucionales incumplidos. Primero, se�alaron que el art�culo 89 de la Constituci�n impone al legislador un �mandato imperativo� para regular de manera integral los recursos, las acciones y los procedimientos judiciales. En este sentido, aseguraron que el legislador no solo ten�a el deber de crear el IRI, sino que tambi�n ten�a que �dotarlo de los elementos necesarios para asegurar su efectividad�, entre ellos, �la fijaci�n de un plazo m�ximo�[11]. Segundo, indicaron que el art�culo 8 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos proh�be la existencia de �procesos de duraci�n indefinida�[12], de lo cual se deriva la obligaci�n de establecer t�rminos de prescripci�n.

 

10.            Requisito 3. Los demandantes se�alaron que la revisi�n de las gacetas del Congreso correspondientes al tr�mite de la Ley 906 de 2004[13] permite constatar �la ausencia de un debate o de una argumentaci�n expl�cita� que justifique la supresi�n del t�rmino prescriptivo del IRI[14]. A su juicio, la Gaceta 104 del 26 de marzo de 2004 evidencia una �notable paradoja�: el legislador dej� constancia de su intenci�n de que el IRI fuera un tr�mite expedito, pero la regulaci�n propuesta omiti� �el ingrediente normativo que precisamente garantizar�a dicha celeridad: un plazo m�ximo para su tr�mite y resoluci�n�[15]. En este sentido, concluyeron que �la omisi�n no fue producto de una decisi�n pol�tica ponderada, sino una falta de previsi�n en el marco de una compleja reforma procesal�[16].

 

11.            Por otra parte, los demandantes argumentaron que la omisi�n no solo carece de justificaci�n, sino que, adem�s, �un an�lisis teleol�gico� demuestra que contrar�a la Constituci�n Pol�tica. En concreto, se�alaron que la omisi�n: (i) contraviene la seguridad jur�dica porque �en lugar de crear certeza, la omisi�n genera una incertidumbre perpetua tanto para la v�ctima como para el condenado�[17]; (ii) desnaturaliza la efectividad de los derechos de las v�ctimas, al transformar su derecho a una reparaci�n pronta en �una potencial revictimizaci�n� porque �una justicia tard�a no tiene la misma vocaci�n reparadora que una justicia oportuna�[18]; y (iii) restringe la eficacia de la administraci�n de justicia porque �permitir procesos sin t�rmino de finalizaci�n atenta contra los principios de celeridad y econom�a procesal�[19].

 

12.            Requisito 4. Los demandantes precisaron que si bien la omisi�n denunciada no genera un trato diferenciado entre grupos de personas, s� configura una desigualdad negativa de otra �ndole: genera �una brecha injustificada entre el est�ndar de protecci�n que la norma efectivamente ofrece y el nivel de garant�a que la Constituci�n exige�[20]. A juicio de los demandantes, esto conduce a �(i) la vulneraci�n del derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y a un plazo razonable, (ii) la afectaci�n del derecho a un recurso judicial efectivo y (iii) la conculcaci�n del principio de seguridad jur�dica�[21].

 

13.            Con base en estas consideraciones, los demandantes sostuvieron que la Corte deb�a dictar una sentencia integradora que, de manera transitoria, llenara el vac�o normativo[22]. En este sentido, formularon las siguientes pretensiones principales y subsidiarias:

 

(i) Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los art�culos 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley 906 de 2004, por el cargo de omisi�n legislativa relativa, BAJO EL ENTENDIDO de que, mientras el Congreso de la Rep�blica expide una ley que regule la materia, el t�rmino de prescripci�n para iniciar el Incidente de Reparaci�n Integral ser� igual al t�rmino de prescripci�n de la acci�n penal del delito por el cual se profiri� la respectiva sentencia condenatoria.

 

(ii) EXHORTAR al Congreso de la Rep�blica para que, en ejercicio de su potestad de configuraci�n legislativa y en un plazo razonable que no exceda las dos (2) legislaturas siguientes, expida una ley que regule de manera integral el t�rmino de prescripci�n del Incidente de Reparaci�n Integral, observando los principios de plazo razonable, celeridad y proporcionalidad.

 

(iii) SUBSIDIARIA: En caso de no acceder a la pretensi�n principal, solicito se EXHORTE al Congreso de la Rep�blica para que, en un plazo perentorio que no exceda una (1) legislatura, expida la legislaci�n mencionada para subsanar la omisi�n legislativa relativa que vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci�n de justicia.

 

4.        Intervenciones

 

14.            La Corte recibi� ocho (8) escritos de intervenci�n: (i) un interviniente solicita que la Corte se declare inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda[23]; (ii) dos intervinientes piden la inhibici�n y, en subsidio, la exequibilidad simple[24]; (iii) un interviniente solicita la exequibilidad simple[25]; y (iv) cuatro intervinientes consideran que la Corte debe declarar la exequibilidad condicionada[26]. La siguiente tabla sintetiza las solicitudes:

 

 

15.            El resumen detallado e individualizado de las intervenciones se presenta en el Anexo 1 de esta providencia. Con todo, a continuaci�n, la Corte resume y agrupa los argumentos de las intervenciones en funci�n de la solicitud que formulan.

 

4.1.     Solicitudes de inhibici�n

 

16.            La Universidad Externado de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad Pontificia Bolivariana consideraron que la demanda no satisface las cargas m�nimas de argumentaci�n desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. En concreto, argumentaron que la demanda carece de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, por las siguientes razones: �

 

-       Claridad. La Universidad Externado de Colombia y el Ministerio de Justicia y del Derecho se�alaron que la demanda carece de claridad, pues no identifica con precisi�n cu�l es el ingrediente normativo presuntamente omitido por el legislador. Resaltaron que, a lo largo del escrito, los demandantes se refieren indistintamente a dos figuras jur�dicas de naturaleza y consecuencias distintas: la prescripci�n de la acci�n civil y el t�rmino de duraci�n m�xima del incidente de reparaci�n. En la formulaci�n del cargo, los demandantes parecen equiparar ambas figuras, al afirmar que el legislador �omiti� por completo la fijaci�n de un t�rmino m�ximo para su tr�mite o, en otras palabras, su prescripci�n�. Sin embargo, luego reconocen que �es imperativo no confundir la figura de la prescripci�n con lo dispuesto en el art�culo 121 del CGP que regula la duraci�n m�xima de los procesos�. Para los intervinientes, esta ambig�edad �genera confusi�n y compromete la claridad de la demanda�[27].

-       Certeza. Los intervinientes sostuvieron que la demanda no satisface la carga de certeza, dado que incurre en �un yerro o imprecisi�n jur�dica� al sostener que el IRI carece de un t�rmino de prescripci�n[28]. Esto, porque en estricto sentido, lo que prescribe es la acci�n, no el proceso. En su criterio, esta distinci�n deja sin sustento el reproche central de la demanda, que, a su juicio, se funda en una confusi�n del presupuesto de validez del proceso con la duraci�n de su tr�mite. En este sentido, los intervinientes concluyeron que la acusaci�n no recae sobre una proposici�n jur�dica real y verificable, sino sobre una construcci�n argumentativa que omite interpretar de forma sistem�tica el ordenamiento jur�dico[29].

-       Pertinencia y suficiencia. La Universidad Pontificia Bolivariana considera que, adem�s de no ser clara y cierta, la demanda carece de pertinencia y suficiencia. En su criterio, al solicitar como pretensi�n subsidiaria que la Corte exhorte al Congreso a regular �ntegramente el t�rmino de prescripci�n del IRI, los demandantes �impl�citamente estar�an reconociendo una supuesta omisi�n legislativa absoluta�[30]. Lo anterior, pese a que la Corte �ha se�alado de manera invariable que no es competente para conocer omisiones legislativas absolutas�[31].

 

17.            Con fundamento en estas consideraciones, los intervinientes solicitan a la Corte que profiera un fallo inhibitorio.

 

4.2.     Solicitudes de exequibilidad simple

 

18.            La Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Universidad Externado de Colombia y el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitaron a la Corte, como pretensi�n principal o subsidiaria, declarar la exequibilidad simple de las normas demandadas. Sostuvieron que contrario a lo alegado por los demandantes, la omisi�n legislativa denunciada no existe, puesto que la legislaci�n procesal, le�da de manera sistem�tica, regula los t�rminos de prescripci�n de la acci�n civil ejercida en el IRI.

 

19.            Los intervinientes reconocieron que los art�culos demandados no prev�n �expresamente el t�rmino de prescripci�n del Incidente de Reparaci�n Integral�[32]. Sin embargo, sostuvieron que por analog�a, son aplicables al IRI las normas del C�digo Civil y el C�digo General del Proceso (CGP) que regulan la prescripci�n de la acci�n civil y la duraci�n m�xima de los procesos, respectivamente[33]. Adem�s, se�alaron que en la sentencia SP1356 del 7 de mayo de 2025, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia precis� que el IRI es un mecanismo procesal independiente y posterior al tr�mite penal, cuyo objetivo es el resarcimiento del da�o, por lo que su tr�mite no se rige por las normas de la Ley 906 de 2004, sino por la legislaci�n civil, en concreto, el CGP^[34]. Esto implica, seg�n la Sala Penal, que el art�culo 121 del CGP, que regula la duraci�n m�xima de los procesos, es aplicable al IRI.

 

20.            En tal sentido, concluyeron que �el dise�o normativo actual del incidente de reparaci�n integral no presenta vac�o alguno que comprometa la constitucionalidad del ordenamiento�. Lo anterior, en el entendido de que �la combinaci�n de los principios procesales, la remisi�n supletoria al C�digo General del Proceso y los mecanismos de control judicial garantizan plenamente el respeto a los derechos de las partes y la efectividad del derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas�[35].

 

4.3.     Solicitudes de exequibilidad condicionada

 

21.            La Fundaci�n Jur�dica Proyecto Inocencia, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, la Universidad de los Andes y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitaron que se declarara la exequibilidad condicionada de las normas demandadas. Argumentaron que el legislador incurri� en una omisi�n legislativa relativa al regular el IRI sin prever un t�rmino m�ximo para su tr�mite. En su criterio, esta omisi�n quebr� una tradici�n jur�dica en la que los sucesivos estatutos procesales penales siempre contemplaron un t�rmino prescriptivo para la acci�n de reparaci�n.

 

22.            Los intervinientes argumentaron que, tal y como lo se�ala la demanda, los art�culos 29, 89 y 229 de la Constituci�n, as� como el art�culo 8 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, imponen al legislador el deber de fijar el t�rmino m�ximo de los procedimientos. A su juicio, la ausencia de un t�rmino m�ximo somete a las v�ctimas a una incertidumbre perpetua sobre el cierre de su proceso reparatorio y mantiene al condenado sujeto a una obligaci�n patrimonial indefinida, vulnerando la garant�a del plazo razonable, el debido proceso sin dilaciones injustificadas y el acceso efectivo a la administraci�n de justicia.

 

23.            En criterio de los intervinientes, esta omisi�n legislativa genera una desigualdad negativa frente a otros escenarios procesales que s� cuentan con regulaci�n expresa -la Ley 600, el C�digo Civil y el C�digo de Comercio-, con t�rminos de diez (10) a�os para las acciones ordinarias, tres (3) a�os para la responsabilidad extracontractual indirecta, y entre dos (2) y cinco (5) a�os para las acciones derivadas del contrato de seguro. En este sentido, enfatizaron que, en contraste con otros procesos, las v�ctimas de los procesos penales del IRI quedan sometidas a la �discrecionalidad interpretativa de los operadores judiciales�^[36].

 

24.            Los intervinientes consideraron que el remedio adecuado para la omisi�n identificada consiste en (i) proferir una sentencia integradora que resuelva el vac�o normativo provisionalmente y (ii) exhortar al Congreso de la Rep�blica para que regule el t�rmino de duraci�n m�ximo del IRI. No obstante, propusieron f�rmulas diversas para el condicionamiento. De un lado, la Fundaci�n Jur�dica Proyecto Inocencia propuso que la Corte se�alara que la radicaci�n del incidente interrumpa el t�rmino de prescripci�n de la acci�n penal exclusivamente respecto de los efectos patrimoniales de la conducta punible, y que el juez de conocimiento lo resuelva en un plazo m�ximo de tres a�os con base en el art�culo 292 de la Ley 906 de 2004[37]. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, por su parte, sugiri� que el t�rmino sea el de prescripci�n del delito que origin� la condena, con un tope de 20 a�os, salvo en los casos de imprescriptibilidad o extensi�n superior a ese l�mite por razones de pol�tica criminal[38]. Por �ltimo, la Universidad de los Andes y el Colegio de Abogados Penalistas no propusieron una f�rmula espec�fica, pero respaldaron la necesidad de la sentencia integradora y del exhorto al Congreso para que expida una regulaci�n que garantice el plazo razonable, la seguridad jur�dica y el derecho efectivo de acceso a la justicia.

 

5.        Concepto del Ministerio P�blico

 

25.            El Procurador General de la Naci�n solicit� a la Corte que declare la exequibilidad de los art�culos 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley 906 de 2004[39], dado que, en su criterio, la omisi�n legislativa relativa denunciada no existe. En concepto del Procurador General, �la presunta ausencia del ingrediente normativo se�alado se supera a partir de una interpretaci�n sistem�tica del ordenamiento jur�dico�[40] y la analog�a legis, como �criterio auxiliar del derecho�[41].

 

26.            El Ministerio P�blico reconoci� que en las normas acusadas �no hay una menci�n expl�cita ni al t�rmino de prescripci�n ni de tr�mite del IRI�[42]. No obstante, resalt� que el art�culo 25 de la Ley 906 de 2004 establece una norma de remisi�n seg�n la cual, en lo no regulado, resulta aplicable el derecho procesal civil y las dem�s normas procesales que no sean contrarias a la naturaleza del procedimiento penal. En ese sentido, record� que la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencias como la SP1356 del 7 de mayo de 2025, ha sostenido que el IRI, �como mecanismo accesorio al proceso penal, est� regulado por el derecho civil en todo aquello que, de su naturaleza, y alcance, no aparece previsto en la Ley 906 de 2004�^[43]. Por esta raz�n, se�al� el Procurador General, �los t�rminos alegados como inexistentes pueden ser determinados acudiendo a normas de similar naturaleza, provenientes de otras jurisdicciones, siempre que no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal�[44].

 

27.            El Procurador General estim� que en lo que se refiere al t�rmino m�ximo para decidir el IRI, resulta aplicable por analog�a el art�culo 121 del CGP, que fija en un a�o el t�rmino m�ximo para dictar sentencia de primera o �nica instancia, so pena de p�rdida de competencia del juez. Consider� que esta remisi�n es procedente porque �satisface la noci�n de plazo razonable y la proscripci�n de dilaciones injustificadas, las cuales, a diferencia de la prescripci�n, dependen m�s de un aspecto subjetivo relacionado con la probidad y diligencia del juez o la organizaci�n y funcionamiento de la administraci�n de justicia�[45].

 

28.            Por otra parte, respecto de la prescripci�n el Ministerio P�blico sostuvo que los art�culos 2341 y 2358 del C�digo Civil, relativos a la acci�n de reparaci�n del da�o proveniente de delito o culpa, son aplicables por analog�a al tr�mite del IRI. A su juicio, la �identidad de raz�n� entre esta acci�n y el IRI es sustancial, �dada la similitud entre la legitimidad por activa (haber sufrido da�os en la comisi�n de un delito por parte de un tercero) y por pasiva (persona que ha cometido un delito), y la finalidad del mismo (reparaci�n de los da�os causados)�[46]. Adicionalmente, consider� aplicable al tr�mite del IRI el art�culo 2358 del C�digo Civil, que establece que �las acciones para la reparaci�n del da�o proveniente de delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los t�rminos se�alados en el C�digo Penal para la prescripci�n de la pena principal�[47].

 

29.            El Ministerio P�blico argument� que la aplicaci�n anal�gica de estas normas se justifica porque �garantiza el cumplimiento de mandatos constitucionales como la disposici�n de recursos o mecanismos judiciales efectivos de duraci�n predictible, la garant�a del derecho al acceso a la administraci�n de justicia y la proscripci�n de procesos interminables�[48]. Adicionalmente, no desconoce la naturaleza del proceso penal, pues las normas acusadas �no hacen referencia a aspectos sustanciales que perjudiquen a los responsables penales, como aquellos asociados con la imposici�n de sanciones punitivas o la imputaci�n de delitos, sino que aluden a normativas de car�cter procesal, que en todo caso contribuyen a la materializaci�n del derecho al debido proceso de las partes procesales en su conjunto (analog�a in bonam partem)�[49].

 

30.            Con fundamento en esta argumentaci�n, el Procurador General concluy� que �la Ley 906 de 2004 no omite fijar frente al IRI un plazo m�ximo de duraci�n que asegure su predictibilidad, eficacia y libere a las partes de la incertidumbre y angustia propia de un tr�mite interminable, puesto que tal como se infiere de las normas acusadas, pese a que el Legislador no estableci� de manera expresa un t�rmino de prescripci�n y plazo razonable de tr�mite, dichos vac�os se suplen a partir de la remisi�n, por analog�a, a los contenidos de las normas civiles�[50].

 

   II.       CONSIDERACIONES

 

1.            Competencia

 

31.            La Corte Constitucional es competente para adelantar el control de constitucionalidad de la presente demanda, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4� del art�culo 241 de la Constituci�n.

 

2.     Cuesti�n previa: aptitud sustantiva de la demanda

 

32.            En la fase de admisi�n de la demanda, corresponde al magistrado ponente llevar a cabo el examen de aptitud de la demanda. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la Sala Plena est� facultada para realizar un nuevo estudio de aptitud en la sentencia de constitucionalidad[51]. Esto es as�, porque la Constituci�n Pol�tica asign� a la Sala Plena la competencia de dictar sentencia de m�rito en los procesos de constitucionalidad, lo que implica que el examen del magistrado sustanciador es apenas preliminar y no compromete la competencia del pleno de la Corte. En tales t�rminos, la admisi�n de la demanda por parte del magistrado sustanciador no implica que la Corte deba dictar necesariamente una sentencia de fondo. La Sala Plena conserva su competencia para dictar un fallo inhibitorio total o parcial si encuentra que la demanda o alguno de los cargos no son aptos.

 

33.            Con todo, este tribunal ha precisado que la Corte no est� obligada a llevar a cabo un nuevo estudio de aptitud en todos los casos. A partir de la sentencia C-100 de 2022, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el estudio de aptitud por el pleno de la Corte s�lo ser� procedente en aquellos casos en los que, durante el t�rmino de fijaci�n en lista, los intervinientes formulan �un an�lisis m�nimo que permita colegir las razones del incumplimiento de cada uno de los requisitos de la carga argumentativa�[52]. En contraste, si los intervinientes presentan �solicitudes gen�ricas de aptitud�[53], la Corte debe proceder al examen de fondo de la demanda.

 

34.            Con base en estas reglas, la Corte considera que, en esta oportunidad, debe llevar a cabo un nuevo examen de aptitud de la demanda D-16867. Esto se debe a que la Universidad Externado de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad Pontificia Bolivariana solicitaron expresamente la inhibici�n con fundamento en argumentos concretos que cuestionan la claridad, la certeza y la especificidad de la demanda (secci�n I.4(1) supra). En un sentido similar, el Procurador General de la Naci�n consider� que el cargo se fundaba en una interpretaci�n descontextualizada del r�gimen del incidente de reparaci�n integral.

 

35.            En consecuencia, a continuaci�n, la Sala Plena reiterar� la jurisprudencia constitucional sobre los requisitos generales de las demandas de inconstitucionalidad y las exigencias argumentativas espec�ficas de los cargos por omisi�n legislativa relativa. Luego, determinar� si la demanda D-16867 cumple con estas exigencias.�

 

2.1.     Requisitos generales de las demandas de inconstitucionalidad y exigencias argumentativas espec�ficas de los cargos por omisi�n legislativa relativa

 

36.            El art�culo 2� del Decreto 2067 de 1991 prev� que uno de los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad es la formulaci�n del concepto de la violaci�n. Esto implica que el demandante debe (i) identificar las normas constitucionales vulneradas, (ii) exponer el contenido normativo de las disposiciones acusadas^[54] y (iii) expresar las razones por las que los textos demandados vulneran la Constituci�n. A partir de la sentencia C-1052 de 2001, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que las razones que fundamentan el concepto de la violaci�n deben satisfacer cinco exigencias m�nimas de argumentaci�n: certeza, claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia^[55].

 

 

37.            De otro lado, esta Corte ha precisado que si la demanda invoca la existencia de una omisi�n legislativa relativa, el actor debe cumplir con una �carga argumentativa m�s rigurosa�[66], que le exige formular un �razonamiento espec�fico que demuestre la existencia de una carencia parcial de regulaci�n que vulnere el ordenamiento superior�[67]. A dichos efectos, el demandante debe: (i) requisito 1: se�alar la norma jur�dica sobre la cual se predica la omisi�n, vac�o de regulaci�n o precepto normativo incompleto; (ii) requisito 2: identificar el deber espec�fico previsto en la Constituci�n presuntamente desconocido; y (iii) requisito 3: explicar las razones por las cuales considera que el legislador desconoci� tal deber[68].

 

38.            La Corte Constitucional ha reiterado que los cargos por omisi�n legislativa relativa no pueden fundarse en una lectura aislada o descontextualizada de las normas demandadas, que ignore el r�gimen y el contexto normativo en los que se insertan[69]. Esto implica que, para el cumplimiento del requisito 1 supra, el demandante debe demostrar no solo que la norma o normas demandadas no establecen la regulaci�n presuntamente omitida, sino tambi�n que el precepto omitido no figura en ninguna otra norma ni puede encontrarse mediante una interpretaci�n sistem�tica o anal�gica del r�gimen normativo del que forma parte. En tales t�rminos, la jurisprudencia ha enfatizado que la Corte debe declararse inhibida �cuando la exclusi�n normativa que se alega a t�tulo de omisi�n legislativa obedece a una lectura aislada, subjetiva, restringida o parcial de la disposici�n acusada, bien porque el ingrediente, condici�n normativa, grupo social o consecuencia jur�dica que se echa de menos, se encuentra contenido en otra norma del ordenamiento jur�dico o porque, previamente, por v�a de interpretaci�n, fue incorporado�[70].

 

39.            Con base en esta regla de decisi�n, en la sentencia C-122 de 2020, la Corte declar� la ineptitud sustantiva de una demanda que denunciaba la existencia de una omisi�n legislativa relativa, derivada de la presunta inexistencia de un t�rmino para que la Superintendencia Nacional de Salud adelantara la segunda instancia de los procesos jurisdiccionales a su cargo. La Sala Plena record� que:

 

�La jurisprudencia constitucional ha reconocido las dificultades que se pueden presentar en la formulaci�n de los cargos por omisiones legislativas relativas, entre las que ha destacado la lectura parcial de las normas acusadas. En ese sentido, la Sentencia C-091 de 2014 que examin� una demanda que cuestionaba la falta de fijaci�n de un t�rmino para que la Corte Suprema de Justicia emitiera su concepto en el tr�mite de extradici�n, se�al�:

 

�(�) puede acontecer que el precepto considerado incompleto, realmente no contenga la regulaci�n exigida, pero que esta se encuentre en otra disposici�n o que la lectura aislada de un texto legislativo tenga por resultado la verificaci�n de una omisi�n que, sin embargo, resulte superada por una interpretaci�n sistem�tica de la legislaci�n que, al incorporar otros preceptos en el an�lisis, permita concluir que no hay omisi�n relativa y que el legislador ha prove�do respecto del pretendido faltante, salvo que lo ha hecho de manera tal que le corresponde al int�rprete o al aplicador del derecho efectuar el ejercicio interpretativo que conduzca a evidenciar la regulaci�n completa de una materia��.

 

40.            En la sentencia C-122 de 2020, la Corte concluy� que el cargo por omisi�n legislativa relativa carec�a de certeza porque �el alcance de la norma acusada no pod�a establecerse �nicamente a partir de su tenor literal, sino que era necesario que el actor presentara argumentos suficientes que descartaran la aplicabilidad de las reglas generales de procedimiento y demostraran la inviabilidad de una interpretaci�n sistem�tica�. La Corte agreg� que los problemas de certeza se reforzaban �por la naturaleza de la disposici�n cuestionada, esto es, la regulaci�n de elementos en un procedimiento judicial�. En efecto, dijo este tribunal, �en el ordenamiento jur�dico existen reglas generales en materia procesal, previstas con la finalidad de regular la actividad de los procesos en los aspectos que no est�n expresamente definidos en otras leyes. Por lo tanto, el alcance de la norma acusada no pod�a establecerse �nicamente a partir de su tenor literal, sino que era necesario que el actor presentara argumentos suficientes que descartaran la aplicabilidad de las reglas generales de procedimiento y demostraran la inviabilidad de una interpretaci�n sistem�tica�. En s�ntesis, �el ciudadano no present� los elementos m�nimos que permitan a la Sala establecer que, a partir de la norma acusada, es cierto que se deriva la omisi�n cuestionada�. Por �ltimo, concluy� que:

 

�La falencia identificada se confirma con las intervenciones presentadas en este tr�mite constitucional. En ese sentido, se destaca que el Ministerio de Salud y Protecci�n Social adujo que el cargo no es cierto porque existen otras disposiciones del ordenamiento que, por remisi�n, prev�n el t�rmino para decidir la segunda instancia, en particular los art�culos 1� y 121 del C�digo General del Proceso. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Superintendencia Nacional de Salud se�alaron que la norma es exequible porque el Legislador no incurri� en la omisi�n cuestionada, ya que el t�rmino para decidir la segunda instancia est� previsto en otras disposiciones legales� (�nfasis a�adido)

 

41.            En s�ntesis, conforme a la jurisprudencia constitucional, son ineptos los cargos por omisi�n legislativa relativa que fundan la existencia de un vac�o normativo o la presunta omisi�n, en una lectura aislada de las normas demandadas, que ignora el sistema normativo en el que se insertan.�

 

2.2.     Caso concreto

 

42.            La Sala Plena considera que el cargo por omisi�n legislativa relativa formulado en la demanda D-16867 no es apto. Esto, porque no satisface las cargas argumentativas m�nimas de claridad y certeza: ��

 

(i)          Claridad

 

43.            La Corte advierte que el cargo carece de claridad, pues la demanda no identifica con precisi�n el ingrediente normativo que el legislador habr�a presuntamente omitido al regular el incidente de reparaci�n integral en los art�culos 102 a 106 de la Ley 906 de 2004.

 

44.            En la demanda, los actores denuncian, indistintamente, (i) la presunta inexistencia de un t�rmino de prescripci�n para interponer la acci�n resarcitoria y (ii) la ausencia de un t�rmino de duraci�n m�xima del incidente de reparaci�n integral. En efecto, al describir el alcance del cargo, los demandantes se�alan que las disposiciones acusadas no incluyeron �dentro de la regulaci�n del IRI un plazo m�ximo para su resoluci�n o un t�rmino concreto de prescripci�n�^[71]. Asimismo, afirman que �como se observa del articulado transcrito, el legislador dispuso los elementos procesales del Incidente de Reparaci�n Integral (IRI), pero omiti� por completo la fijaci�n de un t�rmino m�ximo para su tr�mite o, en otras palabras, su prescripci�n�. Como puede verse, los demandantes parecen equiparar ambas instituciones.

 

45.            Esta aparente confusi�n entre el t�rmino de prescripci�n para interponer la acci�n resarcitoria y el t�rmino m�ximo de duraci�n del incidente no es aislada. Por el contrario, como se muestra en la siguiente tabla, se presenta a lo largo de todo el escrito de demanda y al desarrollar cada uno de los requisitos del cargo por omisi�n legislativa relativa:�

 

 

46.            Esta inconsistencia en el ingrediente normativo presuntamente omitido tambi�n se refleja en las pretensiones de la demanda. En efecto, los actores solicitaron, como pretensiones principales, que la Corte (i) profiera una sentencia integradora que fije �el t�rmino de prescripci�n para iniciar el Incidente de Reparaci�n Integral�^[72] y (ii) que, al mismo tiempo, exhorte al Congreso a regular la duraci�n m�xima del proceso. Como puede verse, la primera pretensi�n busca que la Corte fije un t�rmino de prescripci�n de la acci�n. En contraste, la segunda pretensi�n principal parece estar encaminada a fijar un plazo m�ximo para el incidente de reparaci�n integral.

 

47.            �Ahora bien, la Sala Plena reconoce que, en un aparte de la demanda, los actores se�alan que �es imperativo no confundir la figura de la prescripci�n con lo dispuesto en el art�culo 121 del CGP que regula la duraci�n m�xima de los procesos�[73]. No obstante, este aparte no aclara el alcance del cargo. Por el contrario, acent�a la confusi�n advertida, dado que resulta incomprensible que, en la mayor parte de la demanda, los actores traten la prescripci�n de la acci�n resarcitoria y el t�rmino m�ximo del IRI como instituciones an�logas, mientras que en otros casos sugieren que son diferentes.

 

48.            Esta oscilaci�n entre dos ingredientes normativos, de naturaleza y consecuencias jur�dicas distintas, impide identificar con claridad cu�l es el vac�o que los actores atribuyen al legislador en las normas acusadas. Esta falta insuperable de claridad se comprueba en las intervenciones presentadas durante el tr�mite de fijaci�n en lista del presente proceso. En efecto, algunos intervinientes presentaron consideraciones sobre la presunta ausencia de un t�rmino de prescripci�n. Otros interpretaron que la omisi�n denunciada consist�a en la inexistencia de un t�rmino m�ximo de duraci�n del incidente de reparaci�n integral. Por �ltimo, los intervinientes que solicitaron a la Corte que dictara un fallo inhibitorio fundaron su solicitud, justamente, en las imprecisiones dogm�ticas y t�cnicas que conducen a concluir que la demanda carece de claridad.

 

49.            La Corte reitera que el requisito argumentativo de claridad desarrollado por la jurisprudencia constitucional exige que los argumentos de la demanda sean �determinados y comprensibles� y permitan captar de manera inequ�voca en qu� sentido el texto demandado infringe la Constituci�n[74]. Cuando la Corte examina un cargo por omisi�n legislativa relativa y el ingrediente normativo presuntamente omitido no puede identificarse con precisi�n e inequ�vocamente, no procede a efectuar un examen de fondo. En criterio de la Sala Plena, esto es lo que ocurre en este caso.

 

(ii)             Certeza

 

50.            La Corte constata que el cargo tampoco satisface el requisito de certeza. Como se expuso supra (p�rrs. 37 a 40), cuando se formulan cargos por omisi�n legislativa relativa que denuncian la ausencia de un t�rmino procesal, la argumentaci�n no puede fundarse en una lectura aislada o descontextualizada de las normas demandadas, que ignore el r�gimen y el contexto normativo en los que se insertan^[75]. La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que el demandante debe demostrar no solo que la norma o normas demandadas no establecen la regulaci�n presuntamente omitida, sino tambi�n que el precepto omitido no se encuentra en ninguna otra norma ni puede hallarse mediante una interpretaci�n sistem�tica o anal�gica del r�gimen normativo del que forma parte.

 

51.            La Corte considera que esta regla de decisi�n es plenamente aplicable en el presente caso. En efecto, el cargo por omisi�n legislativa relativa que los demandantes formulan en la demanda D-16867 se funda principalmente en que los art�culos 102 a 106 de la Ley 906 de 2004 no prev�n de forma expresa un t�rmino de prescripci�n para iniciar el IRI ni ning�n plazo de duraci�n m�xima para su tramitaci�n. Los demandantes, sin embargo, no consideraron que, conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal, este vac�o puede llenarse por medio de la cl�usula de remisi�n prevista en el art�culo 25 del C�digo de Procedimiento Penal.

 

52.            El art�culo 25 del C�digo de Procedimiento Penal establece que �[e]n materias que no est�n expresamente reguladas en este c�digo o dem�s disposiciones complementarias, son aplicables las del C�digo de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal�. Esta regla de integraci�n normativa forma parte del mismo estatuto procesal que contiene las normas demandadas y constituye un mandato de interpretaci�n sistem�tica aplicable al r�gimen del IRI. Con base en esta norma, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha se�alado que el IRI, como actuaci�n de naturaleza materialmente civil, se rige por la normativa procesal civil, en virtud del principio de integraci�n[76].

 

53.            En atenci�n a la existencia de esta regla general de remisi�n, los demandantes deb�an acreditar de manera suficiente que el art�culo 121 del C�digo General del Proceso, que regula el l�mite temporal de los procedimientos judiciales, no resultaba aplicable al incidente de reparaci�n integral por v�a de dicha remisi�n. En criterio de la Corte, sin embargo, los demandantes no cumplieron con dicha carga. La Sala Plena reconoce que, en un aparte del escrito, los demandantes se�alaron que la aplicaci�n del art�culo 121 del CGP no proced�a �por cuanto regula la duraci�n m�xima de los procesos y no resuelve el problema jur�dico que es la ausencia del t�rmino para resolver el incidente�[77]. A juicio de la Corte, sin embargo, este argumento no descarta la falta de certeza de la demanda. Por el contrario, refuerza la incertidumbre sobre la norma demandada y el alcance del cargo, dado que parecer�a sugerir que la demanda realmente no denuncia una presunta omisi�n legislativa relativa, sino que est� dirigida a cuestionar la aplicabilidad de la cl�usula de remisi�n del C�digo de Procedimiento Penal o el alcance que a dicha cl�usula le ha dado la Sala de Casaci�n Penal al momento de integrar el r�gimen del incidente de reparaci�n integral, mediante una interpretaci�n sistem�tica y anal�gica. Ambos asuntos parecen exceder el alcance del cargo formulado por los demandantes.

 

54.            La Corte advierte que el examen de la certeza del cargo no est� fundado en un entendimiento estricto de las cargas argumentativas y no puede superarse en virtud del principio pro actione. A juicio de la Sala Plena, el hecho de que un n�mero significativo de los intervinientes haya advertido esta falencia, demuestra que la demanda est� basada en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas y aisladas de los textos demandados. Al respecto, la Corte resalta que el Procurador General de la Naci�n sostuvo que, con base en los argumentos de la demanda, no puede constatarse que el legislador haya incurrido en una omisi�n legislativa relativa porque �la pretendida ausencia normativa se puede superar a partir de una interpretaci�n sistem�tica del ordenamiento jur�dico�, destacando que el art�culo 121 del CGP aplica como l�mite temporal por v�a de analog�a con los procesos declarativos de responsabilidad civil extracontractual[78]. En el mismo sentido, el Ministerio de Justicia y del Derecho se�al� que la omisi�n denunciada por los demandantes era implausible, pues �el art�culo 25 del CPP hace una remisi�n expresa al hoy vigente CGP, para suplir vac�os que no est�n expresamente regulados en el estatuto procesal penal�, por lo que, por esa v�a, resultaba aplicable el t�rmino del art�culo 121 del CGP[79]. En la misma direcci�n, la Universidad Pontificia Bolivariana cuestion� la certeza del cargo, al considerar que se basaba en una lectura incompleta del ordenamiento procesal[80]. Por �ltimo, la Universidad Externado se�al� que la demanda �no fundamenta adecuadamente su punto de partida, pues afirma la existencia de una laguna sin considerar las opciones interpretativas existentes�[81]. La Corte considera que todas estas intervenciones refuerzan la conclusi�n sobre la certeza del cargo.

 

55.            Conclusi�n. Por las razones expuestas, la Sala Plena concluye que el cargo formulado por los actores no satisface los requisitos m�nimos de claridad y certeza exigibles para pronunciarse sobre el fondo. En efecto, la demanda no identifica con precisi�n el ingrediente normativo presuntamente omitido en los art�culos 102 a 106 de la Ley 906 de 2004 y, adem�s, fundamenta la presunta omisi�n en una lectura aislada y descontextualizada de las normas demandadas, que no consulta la cl�usula de remisi�n prevista en el C�digo de Procedimiento Penal ni los principios de interpretaci�n sistem�tica y anal�gica. Estas falencias argumentativas no pueden suplirse en virtud del principio pro actione, pues, de hacerlo, la Corte tendr�a que reformular el cargo, lo que exceder�a el �mbito de sus competencias y desconocer�a la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, la Corte se inhibir� de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

III.            DECISI�N

 

La Corte Constitucional de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE:

 

�NICO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los art�culos 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley 906 de 2004, �[p]or la cual se expide el C�digo de Procedimiento Penal�, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase,

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

Con salvamento de voto

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

ANEXO I

 

 

 

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