Sentencia C-079/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

SENTENCIA C-079 DE 2026

 

Referencia: expediente RE-388

 

Asunto: control autom�tico de constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025[1]

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cort�s Gonz�lez

 

Bogot�, D. C., quince (15) de abril de dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, cumplidos todos los tr�mites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente

 

SENTENCIA

 

S�ntesis de la decisi�n

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.   El 29 de diciembre de 2025, el presidente de la Rep�blica profiri� el Decreto Legislativo 1474 de 2025 mediante el cual �se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Naci�n necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025[en adelante, DL1390]�. Aquel fue publicado en el Diario Oficial n.� 53.352 del 30 de diciembre de 2025 y, de conformidad con su art�culo 33, ese d�a entr� en vigencia.

 

2.   �El 30 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo previsto por el art�culo 214.6 de la Carta Pol�tica, la Secretar�a Jur�dica de la Presidencia de la Rep�blica remiti� a la Corte Constitucional copia aut�ntica del Decreto Legislativo 1474 de 2025[2]. El citado documento se dio por recibido en esta corporaci�n el 13 de enero de 2026, primer d�a h�bil siguiente a la vacancia judicial que transcurri� entre el 20 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026.

 

3.   �El expediente fue repartido al despacho del magistrado Juan Carlos Cort�s Gonz�lez en Sala Plena del 13 de enero de 2026 y, ese mismo d�a, la Secretar�a General de la Corte Constitucional lo remiti� para tr�mite[3].

 

4.   �Mediante Auto del 15 de enero de 2026 se avoc� conocimiento de la revisi�n de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025 � en adelante, DL1474 �. En esa providencia tambi�n se decretaron pruebas. Dicho auto fue notificado por medio del estado n.� 005 del 19 de enero de 2026, de acuerdo a la constancia expedida por la Secretar�a General de la Corte Constitucional el 20 de enero de 2026[4].

 

5.   Entre el 13 y el 29 de enero de 2026, la Secretar�a General de la Corte Constitucional recibi�, por medio de correo electr�nico, solicitudes de suspensi�n provisional del Decreto Legislativo 1474 de 2025 presentadas individualmente por Juan Alberto Londo�o Mart�nez[5], la Asociaci�n Colombiana de Ciudades Capitales[6], Catalina Hoyos Jim�nez[7], Jos� David Riveros Namen[8] y la Federaci�n Nacional de Productores de Carb�n[9]. Asimismo, el 21 de enero de 2026, se recibieron las solicitudes de suspensi�n provisional de la norma bajo examen presentadas por Luz Mar�a Gonz�lez de Bedout, Juan Alberto Castro Florez y Catalina Lasso Ruales[10] y por Jorge Enrique Robledo y Andr�s Pach�n[11].

 

6.   Adicionalmente, el secretario jur�dico de la Presidencia de la Rep�blica el 23 de enero de 2026 present� recusaci�n en contra del magistrado Jorge Enrique Ib��ez Najar[12] dentro del expediente RE-388. Por su parte, el 23 de enero de 2026, el mencionado magistrado formul� manifestaci�n de impedimento. Mediante Auto 076 del 28 de enero de 2026 la Sala Plena declar� fundado el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ib��ez Najar[13] y rechaz� la recusaci�n presentada por la Presidencia de la Rep�blica por carencia actual de objeto.

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7.   De otro lado, el 28 de enero de 2026, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera manifest� impedimento para conocer y decidir el expediente de la referencia. El mismo fue declarado infundado en sesi�n de Sala Plena del 29 de enero de 2026, de acuerdo a la constancia expedida por la Secretar�a General de la Corte Constitucional el 2 de febrero de 2026[14].

 

8.   Por Auto 084 del 29 de enero de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso que[15]:

 

�Como consecuencia de lo decidido en Auto 082 del 29 de enero de 2026[16], NO PRODUCIR� EFECTOS, a partir de la fecha, el Decreto Legislativo 1474 de 2025 �[p]or el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Naci�n necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025�, hasta que la Sala Plena de esta Corte profiera una decisi�n definitiva respecto de la constitucionalidad del mencionado decreto�[17].

 

9.   En respuesta al Auto del 15 de enero de 2026, se recibieron los informes que se identifican a continuaci�n:

 

Tabla 1. Material probatorio recaudado

 

10.             El 10 de febrero de 2026, luego de recaudar las pruebas decretadas, el despacho ponente, mediante auto, orden� continuar con el tr�mite del proceso de constitucionalidad.

 

11.             A trav�s de Auto 247 del 25 de febrero de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechaz� por falta de pertinencia la recusaci�n presentada dentro del presente expediente por el Secretario Jur�dico de la Presidencia de la Rep�blica en contra de las magistradas Lina Marcela Escobar Mart�nez, Paola Andrea Meneses Mosquera y Natalia �ngel Cabo y los magistrados H�ctor Alfonso Carvajal Londo�o, Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Vladimir Fern�ndez Andrade, por incumplimiento del requisito de oportunidad.

 

12.   Asimismo, por medio de Auto 427 del 9 de abril de 2026, rechaz� por impertinente la recusaci�n presentada por Carlos Augusto Chac�n Monsalve, en representaci�n del Instituto de Ciencia Pol�tica Hern�n Echavarr�a Ol�zaga, contra el magistrado Vladimir Fern�ndez Andrade. Lo anterior, por el incumplimiento del requisito de carga argumentativa.

 

13.   Finalmente, el Secretario Jur�dico de la Presidencia de la Rep�blica y el ciudadano �dgar Alan Olaya D�az presentaron, el 4 de febrero de 2026 y el 26 de febrero de 2026, respectivamente, solicitudes de nulidad en contra del Auto 084 de 2026. Con posterioridad, el 19 de marzo de 2026, el secretario jur�dico de la Presidencia de la Rep�blica y los jefes de las oficinas jur�dicas de distintos ministerios[31] presentaron solicitud de nulidad en contra del Auto 082 de 2026 y, por consecuencia, solicitaron la nulidad del Auto 084 de 2026. Por �ltimo, el 4 de febrero de 2026, Jhonatan Ferney Colorado Mora formul� solicitud de aclaraci�n respecto del Auto 084 de 2026[32].

 

14.   Mediante Auto 474 de 2026 la Sala Plena de la Corte Constitucional rechaz� las solicitudes de nulidad mencionadas por no cumplirse con la carga argumentativa exigida conforme la jurisprudencia constitucional. Por otro lado, rechaz� la referida solicitud de aclaraci�n por no acreditarse el presupuesto de legitimaci�n.

 

15.   Cumplidos los tr�mites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del procurador general de la Naci�n, la Corte Constitucional procede a decidir sobre el decreto de la referencia.

 

II. LA NORMA BAJO EXAMEN

 

16.   Por la extensi�n de la norma revisada no se transcribir� su contenido. No obstante, el texto completo de la misma puede ser consultado en el siguiente enlace[33]:https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201474%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202025.pdf.

 

 

III. INTERVINIENTES E INVITADOS

 

17.   En el tr�mite constitucional se recibieron conceptos de Luis Fernando Mej�a Alzate[34], de la Academia Colombiana de Jurisprudencia[35], del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero � ICDT[36] y de la Defensor�a del Pueblo[37].

 

18.   De otra parte, previo a la fijaci�n en lista y durante el t�rmino de la misma se recibieron las intervenciones que se identifican en las siguientes tablas[38]. �

 

Tabla 2. Intervenciones ciudadanas

 

Tabla 3. Intervenciones de entidades, organizaciones y universidades

 

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI�N

 

19.   El procurador general de la Naci�n solicit�: (i) declarar la exequibilidad de los art�culos 1�, 2�, 3�, 4�, 5�, 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11, 12, 13, 15 a 31 (parciales), 32 y 33 del DL1474 y (ii) declarar la inexequibilidad del art�culo 14 de la norma bajo revisi�n.

 

20.   En primer lugar, afirm� que la postura propuesta debe analizarse teniendo en cuenta el concepto emitido respecto del Decreto Legislativo 1390 de 2025, en el marco del expediente RE-387. En consecuencia, las solicitudes frente a la constitucionalidad del DL1474 deben leerse de acuerdo al hecho de que, a juicio del procurador general de la Naci�n, ��nicamente el componente relacionado con la financiaci�n del sistema de salud, particularmente en lo concerniente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitaci�n (UPC) y al aseguramiento, cumpl[e] plenamente los presupuestos de sobreviniencia y suficiencia exigidos para la activaci�n del estado de emergencia�. En consecuencia, afirm� que �las medidas tributarias excepcionales solo se sostiene[n] plenamente en la medida en que su destinaci�n est� estrictamente orientada a conjurar [�] la crisis de financiaci�n del sistema de salud�[91].

 

21.   En segundo lugar y teniendo en cuenta lo expuesto, se pronunci� sobre la constitucionalidad de las medidas contenidas en el DL1474. Al respecto, se�al� que la ampliaci�n temporal del IVA, el impuesto al patrimonio, la sobretasa al sector financiero, el impuesto especial para la estabilidad fiscal aplicable al sector extractivo y el impuesto al consumo son mecanismos tributarios extraordinarios, temporales y focalizados en sujetos con mayor capacidad contributiva o en sectores con alta generaci�n de renta, lo que permite obtener un recaudo inmediato sin alterar el sistema tributario ordinario ni afectar el n�cleo esencial de derechos fundamentales. En ese sentido, las aludidas medidas superan los juicios de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad.

 

22.   Adicionalmente, las medidas sobre saneamiento tributario, reducci�n de sanciones y normalizaci�n tributaria tienen car�cter transitorio y buscan incentivar el pago oportuno de obligaciones tributarias, reducir la litigiosidad y generar un recaudo extraordinario en corto plazo. En consecuencia, son compatibles con la finalidad de atender las causas de la emergencia econ�mica y mitigar sus efectos.

 

23.   De otra parte, advirti� el procurador general de la Naci�n que el art�culo 14 del DL1474 referido a la regla de no deducibilidad de las regal�as del impuesto sobre la renta, no supera los juicios de no contradicci�n espec�fica e incompatibilidad. Lo anterior, por cuanto: (i) la norma altera estructuralmente la determinaci�n de la renta l�quida gravable al desconocer un egreso obligatorio de fuente constitucional y (ii) desconoce la capacidad contributiva real y, de esa manera, vulnera los principios de equidad y justicia tributaria.

 

24.   Finalmente, se�al� que es necesario que el gobierno nacional, en ejercicio de sus competencias t�cnicas y presupuestales, determine con claridad el monto cierto y verificable respecto de la necesidad de financiaci�n del sector salud. Esto, con el objetivo de asegurar que el recaudo derivado de las medidas tributarias adoptadas en el DL1474 no exceda el monto estrictamente requerido para atender dicha contingencia.

 

V. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

25.   En virtud de lo dispuesto en los art�culos 215 y 241.7 de la Constituci�n, en el art�culo 55 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepci�n � LEEE y en los art�culos 36 a 38 del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control autom�tico de constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, dado que fue adoptado al amparo de la declaratoria previa del estado de emergencia econ�mica y social.

 

2. La Sentencia C-075 de 2026

 

26.   La Sala Plena de la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-075 de 2026, declar� la inexequibilidad pura y simple y con efectos a futuro del Decreto Legislativo 1390 � en adelante DL1390 � del 22 de diciembre de 2025 �[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Econ�mica y Social en todo el territorio nacional�. Adem�s, declar� que el DL1474 de 2025 continuar�a sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena profiera una decision definitiva respecto de su constitucionalidad[92].

 

27.   La Sala Plena concluy� que el decreto no cumpli� con los requisitos exigidos por la Constituci�n, la Ley Estatutaria de los estados de excepci�n y la jurisprudencia constitucional para declarar un estado de excepci�n. Al efecto, consider� que ante el incumplimiento del presupuesto f�ctico no era pertinente continuar con el an�lisis de los presupuestos valorativo y de suficiencia.

 

28.   En relaci�n con el presupuesto f�ctico, expuso lo siguiente:

 

�En relaci�n con el presupuesto f�ctico, la Corte encontr� que (i) siete de los ocho hechos invocados no acreditaron el car�cter sobreviniente, extraordinario e imprevisible que exige la Constituci�n para habilitar el ejercicio de facultades excepcionales. Por el contrario, a juicio de la Corte, la mayor�a de las circunstancias alegadas corresponden a situaciones estructurales, persistentes y previsibles, que deben ser atendidas a trav�s de los mecanismos ordinarios de pol�tica p�blica, fiscal y presupuestal. Adicionalmente, (ii) uno de los hechos no cumpli� el juicio de identidad al estar relacionado con otro estado de excepci�n, como lo es, el estado de conmoci�n interior. [�]

 

Luego de constatar el incumplimiento evidente de las condiciones exigidas por la Constituci�n, las normas estatutarias y la jurisprudencia constitucional para declarar un estado de excepci�n, la Sala Plena declar� que el Decreto 1390 de 2025 es inexequible. El an�lisis integral demuestra que no se acredit� el presupuesto f�ctico requerido para habilitar el ejercicio de facultades excepcionales. [�]�[93].  

 

3. La inconstitucionalidad por consecuencia. Reiteraci�n de jurisprudencia[94]

 

29.   La Corte Constitucional ha establecido que la inconstitucionalidad por consecuencia respecto de los decretos legislativos de desarrollo adoptados en estados de excepci�n se configura cuando se declara la inexequibilidad del decreto legislativo declaratorio.[95] Ello se debe a que en estos casos la incompatibilidad con la Constituci�n no proviene de cada decreto en particular, sino de la ausencia sobrevenida de la competencia para expedirlos[96]. Por ejemplo, en la Sentencia C-521 de 2023 se declar� inexequible por consecuencia el Decreto Legislativo 1272 de 2023 y se precis� lo siguiente: �si el decreto matriz de un estado de excepci�n es declarado pura y simplemente inexequible, los decretos expedidos para su desarrollo pierden sustento normativo y, por ende, necesariamente deben ser declarados integralmente inexequibles por consecuencia�[97].

 

30.   Esta corporaci�n tambi�n ha reconocido que la inconstitucionalidad por consecuencia es aplicable cuando la inexequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepci�n se adopta con una modulaci�n sobre sus efectos[98] o es parcial[99]. Por ejemplo, en la Sentencia C-442 de 2023 se estableci� que en los eventos en los que �se aplique la inconstitucionalidad con efectos diferidos de un decreto declaratorio del estado de excepci�n y respecto de una materia particular, [�] la procedencia del control formal y material de los decretos legislativos de desarrollo depender� de la existencia de un v�nculo tem�tico entre la respectiva disposici�n y la materia objeto de diferimiento, bajo criterios de estricta necesidad y conexidad. En caso de que no se compruebe esa relaci�n se aplicar�a, como ya se dijo, la figura de la inconstitucionalidad por consecuencia, con efectos inmediatos o retroactivos dependiendo del caso concreto� [100].

 

31.   Asimismo, en los eventos en los que el decreto declaratorio del estado de excepci�n no es inconstitucional en su totalidad, puede ocurrir que alguna medida espec�fica adoptada a partir de su habilitaci�n parcial no encuentre sustento en las causas que motivaron la declaratoria parcial de exequibilidad[101]. En ese escenario, si bien la habilitaci�n extraordinaria persiste formalmente, la Corte Constitucional ha se�alado que toda medida que se expida al amparo del estado de excepci�n debe respetar un est�ndar estricto de relaci�n tem�tica directa y estrecha[102] con la situaci�n excepcional que dio lugar al ejercicio de las facultades extraordinarias y a su habilitaci�n por la Corte Constitucional[103].

 

32.   Dicho aspecto se erige como un par�metro de control de competencia[104]. De esta manera, si un decreto legislativo de desarrollo aborda materias ajenas o no cobijadas por las razones que justificaron la modulaci�n de los efectos o la exequibilidad parcial del estado de excepci�n, la consecuencia jur�dica es la inexequibilidad de aquel por exceso en el uso de la atribuci�n habilitante[105], en tanto el Ejecutivo habr�a actuado por fuera del �mbito material autorizado por la Constituci�n[106].

 

4. La inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto Legislativo 1474 de 2025

 

33.   La Sala precisa que el an�lisis que dio lugar a la decision de no producci�n de efectos del DL1474 contenida en el Auto 084 de 2026, no constituy� un examen sobre la validez del decreto legislativo objeto de revisi�n. Por tal raz�n, en esta sentencia se advierte que el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025 resulta inconstitucional por consecuencia. Lo anterior, por las razones que se exponen a continuaci�n.

 

34.   Primera. Mediante Sentencia C-075 de 2026 la Corte Constitucional declar� la inexequibilidad pura y simple y con efectos ex nunc del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declar� el estado de emergencia econ�mica y social en todo el territorio nacional. Lo anterior, por considerar que la norma objeto de control no super� el presupuesto f�ctico conforme la jurisprudencia constitucional.

 

35.   Segunda. El DL1474 fue expedido al amparo del estado de emergencia econ�mica y social declarado por medio del DL1390. Lo anterior, de conformidad con los considerandos 1 a 6 de la norma bajo examen.

 

36.   Tercera. En consecuencia, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el DL1474 debe ser declarado inexequible por cuanto el cuerpo normativo habilitante, en virtud del cual se expidi�, fue expulsado del ordenamiento jur�dico. En ese sentido, se est� ante �la ausencia sobrevenida de la competencia para expedirl[o]�[107].

 

37.   Cuarta. La inexequibilidad del DL1390 fue total y en la Sentencia C-075 de 2026 esta corporaci�n no adopt� ninguna modulaci�n sobre los efectos de la decisi�n.

 

38.   Por lo expuesto, se declarar� la inexequibilidad por consecuencia del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025.

 

5. Efectos de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025[108]

 

39.   Finalmente, se advierte que la Corte Constitucional, de conformidad con los art�culos 241 de la Constituci�n y 45 de la Ley 270 de 1996, puede modular los efectos de sus decisiones[109]. En funci�n de ello, la Sala evidencia que en el presente caso no existe ninguna restricci�n respecto de la modulaci�n de los efectos de la inexequibilidad por consecuencia del DL1474, por cuanto no ha habido pronunciamiento sobre sus medidas particulares y se requiere garantizar la supremac�a de la Constituci�n frente a las consecuencias pr�cticas de la normativa bajo estudio, tal como se resolvi� en la Sentencia C-431 de 2025. En concreto, la Sala recuerda que en dicha decisi�n se estudi� la constitucionalidad de un decreto legislativo de desarrollo por medio del cual se adoptaron medidas tributarias excepcionales de car�cter indirecto[110], en el marco de un estado de conmoci�n interior. Esa sentencia, aunque declar� la exequibilidad condicionada o parcial de algunos de los mecanismos analizados, modul� sus efectos en el sentido de ordenar a la DIAN efectuar las devoluciones o compensaciones de lo pagado por los contribuyentes y que excediera la adici�n presupuestal calculada por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para financiar las partidas declaradas exequibles en la Sentencia C-381 de 2025.

 

40.   En esa linea argumental, respecto del DL1474 la Sala advierte que durante la vigencia del mismo, conforme al Auto 084 de 2026, esto es entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026[111], pudieron haberse materializado medidas establecidas en dicha normativa. Bajo tal supuesto, se advierte necesario modular los efectos de la decisi�n de inexequibilidad adoptada en el presente asunto por las siguientes razones:

 

41.   Primera. Los efectos de los impuestos directos^[112] contenidos en el DL1474. Conforme a lo establecido en el DL1474 esta clase de tributos ten�a previstas fechas de pago para mayo[113] y julio[114] de 2026, conforme al calendario tributario respectivo para el impuesto de renta[115]. La Sala encuentra que frente a estas medidas no se gener�, en principio, ning�n efecto patrimonial o econ�mico, puesto que si bien algunos pudieron haberse causado parcialmente al menos, no fueron objeto de pago, pues el DL1474 no produjo efectos a partir del 29 de enero de 2026, conforme lo ordenado en el Auto 084 de 2026.�

 

42.   No obstante, la Sala advierte que en algunos casos la obligaci�n tributaria se caus� durante el periodo en el que el decreto produjo efectos, como frente a los impuestos al patrimonio y el complementario de normalizaci�n tributaria, cuyos hechos generadores operaban a partir del 1� de enero de 2026. De otro lado, se produjo una modificaci�n del impuesto de renta causado a 31 de diciembre de 2025 y que debe pagarse en 2026, tal y como sucede con el incremento del impuesto sobre la renta para el sector financiero y la no deducibilidad de regal�as en el impuesto de renta.

 

43.   Frente a tales escenarios y teniendo en cuenta que en todo caso la inexequibilidad que se declarar� deja sin sustento jur�dico la efectividad de tales medidas, la Sala considera que resulta necesario garantizar el principio de seguridad jur�dica de los contribuyentes, por lo que procede adoptar los remedios constitucionales que se identifican a continuaci�n: (i) establecer que no podr� exigirse declaraci�n, liquidaci�n o pretenderse cobro alguno por parte de la DIAN, con base en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, respecto del cual se orden� la no producci�n de efectos mediante el Auto 084 de 2026 y que se declara inexequible en esta sentencia y (ii) ordenar la devoluci�n de aquellas sumas que por dichos conceptos se hubieren pagado de forma anticipada. Para estos efectos, los contribuyentes deber�n acudir a los mecanismos previstos en el Estatuto Tributario para tal fin.

 

44.   Segunda. Los impuestos indirectos[116] produjeron efectos durante el tiempo en que el DL1474 tuvo vigencia. La Sala Plena evidencia que estas medidas del DL1474 desplegaron sus efectos entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026 y fueron objeto de pago por parte de los sujetos pasivos o responsables de facto.

 

45.   Sobre el denominado Impuesto Especial para la Estabilizaci�n Fiscal � IEF, la Sala advierte que aquel coincide en� algunos elementos con el Impuesto Especial para el Catatumbo � IEC. En ambos casos se trata de tributos de car�cter temporal, de destinaci�n espec�fica y de causaci�n inmediata, estructurados a partir de hechos generadores similares, lo cual permite el traslado de la carga tributaria al adquirente final mediante el mecanismo de los precios. En la Sentencia C‑431 de 2025, al ejercer el control autom�tico del Decreto Legislativo 175 de 2025, la Corte Constitucional calific� de manera expresa al IEC como un impuesto indirecto, al destacar que la carga econ�mica derivada de la imposici�n pod�a ser trasladada a terceros compradores[117]. Tales consideraciones resultan plenamente trasladables al impuesto para la estabilizaci�n fiscal, cuya estructura reproduce algunos de los elementos definitorios del IEC[118].

 

46.   En este escenario, la DIAN en el presente tr�mite indic� lo siguiente:

 

�En los impuestos indirectos, el sujeto pasivo se subdivide en dos categor�as: el sujeto pasivo econ�mico y el sujeto pasivo de derecho (o jur�dico). El primero corresponde a la persona que adquiere bienes y/o servicios gravados, quien soporta o asume el impuesto. Mientras que el segundo es el responsable del recaudo del impuesto, act�a como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el Estado, entre ellas la de declarar y pagar en los plazos previstos en la norma.

 

Frente a dichos casos, desde la �ptica de las consecuencias f�cticas, se debe analizar la posibilidad de que el responsable que obtenga la devoluci�n por parte de la Administraci�n traslade las sumas que le sean devueltas al sujeto pasivo econ�mico. Esto en principio es posible, por raz�n de la informaci�n que reposa en las facturas electr�nicas emitidas, siempre que el adquirente se hubiere identificado8 . Sin embargo, en aquellos casos en que el adquirente no haya suministrado los datos, la devoluci�n al sujeto pasivo econ�mico tendr�a dificultades para su realizaci�n. Es decir, en el caso de los impuestos indirectos la orden de devoluci�n, aunque recaiga en la administraci�n, requiere que quien la presente sea el responsable del tributo y los recursos no necesariamente van a llegar al sujeto pasivo econ�mico. Por lo tanto, en caso de una declaratoria de inexequibilidad con efectos retroactivos que se refiera a los tributos indirectos, la orden podr�a ser de imposible cumplimiento para la administraci�n�[119]

 

47.   Al respecto, la Sala observa que, si bien la identificaci�n del contribuyente que paga el impuesto puede resultar un proceso complejo, contrario a lo expuesto por la DIAN, tal aspecto no torna imposible la devoluci�n de lo pagado.� En un escenario similar, la Sentencia C-431 de 2025 estudi� la constitucionalidad del Decreto Legislativo 175 de 2025 y orden� a la DIAN efectuar la devoluci�n o compensaci�n de lo pagado por los contribuyentes y que excediera la adici�n presupuestal calculada por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para financiar las partidas declaradas exequibles en la Sentencia C-381 de 2025. Lo anterior, implic� la devoluci�n de los recursos pagados por concepto de impuestos indirectos contenidos en el Decreto Legislativo 175 de 2025, es decir el IVA sobre los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, el impuesto de timbre y el Impuesto Especial para el Catatumbo. En concreto, en dicha decisi�n, esta corporaci�n estableci� que:

 

�[�] Por otra parte, la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales^[397] (DIAN) deber� determinar el monto de los recursos recaudados con fundamento en el Decreto 175 de 2025 y, en caso de que el recaudo exceda el valor de la adici�n presupuestal calculada por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico (tercer escenario), es necesario que proceda a efectuar las devoluciones o compensaciones que correspondan, a prorrata, a favor de todos los contribuyentes que hubieren pagado los tributos a que refiere la norma examinada.

 

Para lo primero, la DIAN tendr� hasta el �ltimo d�a del mes siguiente en que se deba declarar y pagar el �ltimo de los impuestos de que trata el decreto y, para lo segundo, los contribuyentes tendr�n un t�rmino de cinco (5) a�os contados a partir de la fecha de expedici�n del informe dictado por la DIAN [�]�[120].

 

48.   Con fundamento en lo expuesto, se advierte que si bien la DIAN refiri� la dificultad de efectuar la devoluci�n de esta clase de tributos, dicha operaci�n no es de imposible cumplimiento si se tiene en cuenta que es factible que quien materialmente hizo el pago acredite dicha condici�n, por ejemplo, a trav�s del sistema de facturaci�n electr�nica, lo mismo que mediante los documentos que acreditan las respectivas operaciones. Asimismo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-431 de 2025 orden� la devoluci�n o compensaci�n de los recursos recaudados incluso por las medidas tributarias indirectas contenidas en el Decreto Legislativo 175 de 2025. Por lo anterior, la Sala encuentra que, en el presente caso, resulta procedente adoptar un remedio constitucional dirigido a asegurar la devoluci�n por la DIAN de los pagos efectuados con ocasi�n de las medidas tributarias indirectas contenidas en el DL1474, en relaci�n con los sujetos pasivos o responsables de hecho que acrediten el pago ante dicha entidad.

 

49.   Tercera. Las medidas de reducci�n de sanciones e intereses moratorios y las conciliaciones en materia tributaria, previstas en los art�culos 20 a 23 del DL1474, configuran situaciones jur�dicas consolidadas en favor de los contribuyentes. En efecto, la Sala Plena advierte que la concreci�n de los instrumentos previstos en los art�culos 20 a 23 del DL1474 entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026 responde a medidas favorables para los contribuyentes que acreditaron las condiciones dentro de esas fechas para acceder efectivamente a tales beneficios. Dichas situaciones deben ser protegidas por la Corte Constitucional con fundamento en los principios de seguridad jur�dica, irretroactividad de la ley tributaria y favorabilidad, los cuales est�n intr�nsecamente relacionados como se expone a continuaci�n.

 

50.   La Sala observa que, de acuerdo con la Sentencia C-878 de 2011, la irretroactividad de la ley tributaria se fundamenta en el principio de seguridad jur�dica y tiene el fin de garantizar los derechos de los contribuyentes. En consecuencia, no puede oponerse a la consolidaci�n de situaciones jur�dicas favorables a los mismos. Al respecto, se reitera que de conformidad con la Sentencia C-952 de 2007, �[e]n materia tributaria, el concepto de derechos adquiridos est� intr�nsecamente vinculado con la garant�a de protecci�n de situaciones jur�dicas consolidadas, lo cual a su vez est� relacionado con el principio de irretroactividad de la ley, seg�n el cual los efectos retroactivos [�] no pueden afectar situaciones ya reconocidas y cuyos efectos se hayan dado bajo una legislaci�n anterior�[121].

 

51.   Adicionalmente, respecto del principio de favorabilidad en materia tributaria, la Corte Constitucional ha reconocido que es un componente esencial del derecho al debido proceso, especialmente en las actuaciones administrativas sancionatorias en materia tributaria. De esta manera, en la Sentencia C-514 de 2019 se declar� la exequibilidad de una medida dirigida a la reducci�n de sanciones y, sobre este postulado, se se�al� que: �el principio de favorabilidad no puede tener un car�cter relativo, sino que por el contrario, su contenido es absoluto, es decir, no admite restricciones en su aplicabilidad, como elemento fundamental del debido proceso�[122].

 

52.   Con fundamento en lo anterior, se deben garantizar los principios de seguridad jur�dica, irretroactividad y favorabilidad tributaria, por lo que, la Sala Plena estima necesario adoptar un remedio constitucional dirigido a mantener la validez de las situaciones jur�dicas consolidadas en favor de los contribuyentes que acreditaron las condiciones exigidas para acceder a los beneficios tributarios contenidos en los art�culos 20 a 23 del DL1474, mientras aquel produjo efectos.

 

VI. DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLE, por consecuencia, el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, �Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Naci�n necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025�.

 

SEGUNDO. Modular los efectos de esta decisi�n en el sentido de ORDENAR que: i) los impuestos directos que fueron modificados o se hayan causado mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos no sean objeto de declaraci�n, liquidaci�n o cobro por parte de la DIAN, y que se devuelvan los que se hayan pagado anticipadamente; ii) los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado el pago y as� lo acrediten, para lo cual la DIAN aplicar�, dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondr� la adopci�n de uno espec�fico para ese efecto, si fuere necesario; y iii) se mantienen inc�lumes las situaciones jur�dicas consolidadas respecto de los contribuyentes que acreditaron las condiciones exigidas para acceder a los beneficios tributarios previstos en el Decreto Legislativo 1474 de 2025 mientras este produjo efectos, todo ello en los t�rminos de esta sentencia.

 

Notif�quese, comun�quese, publ�quese y c�mplase

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

Con aclaraci�n de voto

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

Aclaraci�n de voto

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

Con impedimento aceptado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

ACLARACI�N DE VOTO DEL MAGISTRADO

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

A LA SENTENCIA C-079/26

 

 

Expediente: RE-388

 

Control autom�tico de constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025.

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cort�s Gonz�lez.

 

 

1.            Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena, me permito exponer las razones que me llevan a aclarar mi voto en el presente asunto. Debo decir, en primer t�rmino, que la decisi�n de declarar inexequible por consecuencia el Decreto Legislativo 1474 de 2025 se atiene a la jurisprudencia constitucional y es consistente y l�gica con la decisi�n adoptada en la Sentencia C-075 de 2026. Ante la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025, por el cual se declar� el estado de emergencia econ�mica y social en todo el territorio nacional, resultaba forzoso que la Sala Plena declarara la inconstitucionalidad del cuerpo normativo sub examine. Con fundamento en tales premisas, en esta oportunidad acompa�� la posici�n mayoritaria, sin perjuicio del salvamento parcial de voto que suscrib� a la citada Sentencia C-075 de 2026.

 

2.            Dicho lo anterior, pese a que reconozco que se daban las condiciones normativas para la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto objeto de examen, no comparto algunos planteamientos realizados por la Sala a prop�sito de los efectos de la inexequibilidad aqu� declarada. Me refiero, en concreto, a lo expuesto a partir del � 44 de la sentencia respecto de los impuestos indirectos que fueron recaudados durante el tiempo en el que el Decreto Legislativo 1474 tuvo vigencia. La mayor�a de la Sala consider� que, con fundamento en el remedio adoptado en la Sentencia C-431 de 2025, era procedente ordenar a la DIAN devolver a los �sujetos pasivos o responsables de hecho� los pagos efectuados con ocasi�n de las medidas tributarias indirectas contenidas en el Decreto Legislativo 1474 de 2025.

 

3.            Sobre este particular, quisiera plantear dos discrepancias puntuales:

 

4.            En primer lugar, encuentro conveniente recordar que en su d�a suscrib� una aclaraci�n de voto a la Sentencia C-431 de 2025, en la que efectivamente se adopt� el remedio que hoy se invoca. Aquella vez hice dos planteamientos que quisiera reiterar. Por una parte, considero oportuno insistir en que las decisiones adoptadas por esta Corporaci�n deben tener por regla general efectos hacia futuro (ex nunc), y solo excepcionalmente tener efectos retroactivos (ex tunc). Esto �ltimo se explica a partir de la necesidad de salvaguardar principios y valores capitales del ordenamiento, como lo son la seguridad jur�dica, la confianza leg�tima y la estabilidad de las relaciones jur�dicas. Por otra parte, es imperioso que la modulaci�n de los efectos de los fallos est� precedida de un riguroso an�lisis de proporcionalidad, y no solo de una justificaci�n simplemente jurisprudencial, como si la modulaci�n fuese procedente bajo un mero argumento de autoridad. En este caso, por ejemplo, ten�a que valorarse el contexto del recaudo y sus prop�sitos, la intensidad en la violaci�n de los derechos fundamentales y la carga y las consecuencias que la decisi�n comportar� para el erario. De igual manera, el an�lisis debi� estar mediado por una circunstancia particular, a saber, que mediante el Auto 084 del 29 de enero de 2026 la Corte suspendi� los efectos del Decreto Legislativo 1474 de 2025. En mi concepto, tal determinaci�n rest� impacto a la medida; al tiempo que torn� menos necesaria la modulaci�n de los efectos de este fallo.

 

5.            En segundo lugar, y al hilo de lo que previamente he se�alado, la Sala estaba llamada a valorar los impactos de la decisi�n y las cargas que esto supon�a para el Estado, en particular para la DIAN. Esto �ltimo cobra mayor trascendencia a partir de lo expuesto por esta entidad en el curso del proceso. En efecto, la DIAN precis� que en los impuestos indirectos el sujeto pasivo se subdivide en dos categor�as: el econ�mico y el de derecho (o jur�dico). Luego expuso que:

 

�El primero corresponde a la persona que adquiere bienes y/o servicios gravados, quien soporta o asume el impuesto. Mientras que el segundo es el responsable del recaudo del impuesto, act�a como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el Estado, entre ellas la de declarar y pagar en los plazos previstos en la norma�[123].

 

6.            Visto as� el panorama, en mi concepto, la postura mayoritariamente acogida por la Sala Plena dej� de lado que la devoluci�n s� comporta una carga en la identificaci�n del sujeto pasivo econ�mico. Por m�s que el sistema de facturaci�n electr�nica pueda ser un mecanismo para identificar qui�n fue la persona que, materialmente, hizo el pago del tributo, no hay duda de que el desdoblamiento del sujeto pasivo (econ�mico y de derecho) impone un obst�culo a la efectividad de la medida. Seg�n aclar� la DIAN, son dos las dificultades que se advierten en este �mbito. De un lado, que no hay certeza de que el sujeto pasivo econ�mico haya suministrado de manera fidedigna los datos para su identificaci�n[124]. De otro lado, que puede darse el caso de que el responsable del tributo �quien es el sujeto pasivo de derecho� presente una solicitud de devoluci�n de recursos que no sea destinada al sujeto pasivo econ�mico[125], y quien en principio tendr�a que ser el beneficiario de la medida. Ambos supuestos, consustanciales a la naturaleza del tributo examinado, podr�an hacer infructuosa la orden dictada a la administraci�n y generar afectaciones proporcionalmente m�s gravosas al erario.

 

7.            En s�ntesis, considero que la orden dictada a la DIAN para que devuelva a los sujetos pasivos econ�micos los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos, no fue suficientemente motivada y desatendi� el car�cter excepcional de la modulaci�n de los efectos de las decisiones de la Corte. No hubo en este caso un an�lisis de necesidad ni proporcionalidad, al paso que no se ponderaron las dificultades �nsitas a la orden con las cargas y posibles afectaciones al erario. En sentido complementario, debi� tenerse en cuenta que una determinaci�n de esta naturaleza se hace a�n m�s excepcional en los eventos en que la Corte ha suspendido los efectos de la medida que a la postre juzga inexequible.

 

8.            En estos t�rminos, dejo expuestas las razones por las que aclar� mi voto en el presente asunto.

 

Fecha ut supra.

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

ACLARACI�N DE VOTO DEL MAGISTRADO

H�CTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

A LA SENTENCIA C-079/26

 

 

Referencia: expediente RE-388

 

 

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, suscribo esta aclaraci�n de voto en relaci�n con la providencia de la referencia, en los mismos t�rminos del salvamento que present� en la sentencia C-075 de 2026.

 

En primer lugar, en el presente asunto lo procedente era declarar la inexequibilidad por consecuencia del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, en atenci�n a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-075 de 2026, mediante la cual se declar� la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, que hab�a declarado el estado de emergencia econ�mica y social al amparo del cual fue expedido el decreto objeto de control constitucional.

 

En efecto, conforme a la jurisprudencia constitucional reiterada, la declaratoria de inexequibilidad del decreto que dispone el estado de excepci�n conlleva, como consecuencia necesaria, la inexequibilidad de los decretos legislativos dictados en desarrollo del mismo, por decaimiento de su fundamento jur�dico.

 

Sin embargo, me apart� parcialmente de la decisi�n adoptada por la mayor�a de la Sala en la decisi�n que declar� la inexequibilidad total del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, al considerar que, de los ocho hechos concurrentes que invoc� el Gobierno Nacional para declarar la emergencia, el relacionado con el cumplimiento del Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional, proferido en el marco de la Sentencia T-760 de 2008 -que orden� superar las fallas estructurales del sistema de salud- si cumpl�a con los presupuestos para la declaratoria de un estado de emergencia por agravamiento de una situaci�n estructural.

 

En mi criterio, aunque la crisis del sistema de salud se trata de un problema estructural que debe ser atendido con los mecanismos ordinarios, la jurisprudencia Constitucional ha admitido tambi�n la procedencia de medidas extraordinarias en aquellos casos en donde se evidencia:

 

1). La existencia de un hecho sobreviniente que agudiza m�s all� de la progresi�n esperada el fen�meno o situaci�n estructural generando una crisis que supere la capacidad de respuesta de las instituciones ordinarias.

 

2). Una amenaza comprobada que agrave una situaci�n que, de forma regular y habitual, acarrea una grave y masiva violaci�n de los derechos fundamentales.

 

Se�al� que el art�culo 215 de la Constituci�n Pol�tica no exige la novedad absoluta del fen�meno que motiva la declaratoria, sino que las circunstancias invocadas se aparten de lo ordinario, esto es, de lo com�n o natural. Por tanto, tambi�n la agravaci�n de un fen�meno existente tiene el car�cter de sobreviniente y extraordinario, por ocurrir de manera inopinada y anormal.

 

En este sentido la jurisprudencia ha reconocido que la emergencia econ�mica adquiere dos modalidades diferenciadas: (i) aquella originada en la perturbaci�n del orden econ�mico por situaciones sobrevinientes e impredecibles en su origen; y (ii) aquella originada en los efectos impredecibles de situaciones preexistentes o inclusive predecibles. En esta segunda modalidad, lo que resulta sobreviniente no es el fen�meno en s� mismo, sino la magnitud y la velocidad de su agravaci�n, que rebasa lo ordinario y lo predecible.

 

Por tanto, cuando los efectos de una crisis estructural superan lo predecible y ordinario, tambi�n hay lugar a la configuraci�n del estado de excepci�n, y la Sentencia C-075 de 2026, al analizar los presupuestos materiales del decreto circunscribi� su an�lisis a los propios de la emergencia por grave calamidad, verificando con estricto rigor lo impredecible de los hechos (presupuesto propio de la calamidad) sin extender ese examen a la gravedad e impredecibilidad de los efectos econ�micos de los hechos que motivan la declaratoria, cuando la Defensor�a y la Procuradur�a en su intervenci�n hab�an advertido la gravedad de la crisis del sistema de salud y la necesidad de conjurarla.��

 

As�, considero que en este caso se encontraba demostrado que la equiparaci�n de la prima pura de la UPC-S al 95% de la prima pura de la UPC-C a partir de la vigencia 2026 gener� una necesidad adicional de recursos para el Sistema por $3.3 billones de pesos para la vigencia 2026, monto que no se encuentra cubierto por los ingresos corrientes de la Naci�n proyectados en el Presupuesto General de la Naci�n (PGN), cuya desatenci�n podr�a dar lugar al empeoramiento de la crisis estructural, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de todo un pa�s.

 

Por lo tanto, en aquella ocasi�n, la Corte deb�a declarar la exequibilidad parcial, �nicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con el cumplimiento del Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional que orden� un ajuste UPC de salud.

 

En los anteriores t�rminos expreso las razones de mi aclaraci�n.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

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