A- de 2019

Conflicto de jurisdicción entre la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva y la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En este asunto la controversia se generó en torno a la determinación de la autoridad judicial que debe pronunciarse de fondo respecto a la impugnación formulada contra un auto que negó la amnistía de iure solicitada por un ciudadano que fue condenado penalmente por los delitos de tentativa de terrorismo y rebelión en concurso, con ocasión de hechos relacionados con la interceptación de un vehículo en el que se encontraron 27 paquetes que contenían explosivos TNT.

Considera la Corte que el juzgado que profirió el auto cuestionado carecía por completo de competencia para pronunciarse sobre el beneficio solicitado, por cuanto a la luz del ordenamiento jurídico vigente, ese tipo de amnistías deben ser tramitadas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y no, como sucedió en este caso, por los jueces penales de conocimiento, quienes carecen por completo de competencia para efectuar pronunciamiento respecto de personas que hayan sido previamente condenadas.

Con base en lo anterior concluye la Corte que, al recibir el recurso de alzada la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva debió declarar la nulidad del proceso por falta de competencia y, ante la imposibilidad de volver a tramitarlo, enviarlo a la Sala de Amnistía o Indulto para que, al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, se resolviera lo solicitado por el recurrente.

Se dirime el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado con la declaratoria directa, por economía procesal, de la cesación de los efectos de las providencias de los despachos judiciales que dieron trámite a la solicitud de amnistía de iure mencionada y con la remisión de ésta a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que resuelva lo de su competencia.