A- de 2017

Conflicto de competencia suscitado entre las Salas Laboral y Civil-Familia del Tribunal Superior de Pasto, en torno al trámite de la impugnación de la sentencia de primera instancia de la acción de tutela de la referencia.

A la Sala Laboral le correspondió el reparto del asunto y dicha autoridad dispuso devolver el expediente a la oficina judicial para que fuera remitido a la Sala Civil Familia del mismo Tribunal.

Lo anterior, argumentando que en virtud del artículo 32 del Decreto 2591 era su deber enviar el caso a dicha Sala, pues la misma fungía como superior jerárquico y funcional del juez de primera instancia.

Para la Corte no resulta de recibo esta decisión, toda vez que la Corporación ha reiterado que solo las controversias que se originan por la indebida aplicación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 son las que generan un conflicto de competencia.

Respecto a la determinación de la competencia por el factor funcional precisa, que ésta sólo se predica para las acciones de tutela dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, las cuales deben ser repartidas a los jueces del circuito.

Se concluye que, independientemente del superior jerárquico del juez que fungió como primera instancia, la Sala Laboral debió conocer el asunto atendiendo la regla de que todos los jueces de la República integran la jurisdicción constitucional y que, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, la competencia no puede ser alterada en segunda instancia.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, para que de manera inmediata tramite la respectiva impugnación y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.