A- de 2023

La Procuradora General de la Nación manifestó su impedimento para rendir concepto sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1273 de 2023, por estar inmersa en la causal consistente en tener interés en la decisión.

Esto, porque cuando se desempeñó como magistrada de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia suscribió la providencia de segunda instancia de la acción de tutela que terminó con la Sentencia T-302/17, por medio de la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con la situación de las niñas y los niños de algunos municipios de la Guajira.

Según la funcionaria, dicho estado es el que se pretende enfrentar a través de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica realizada por medio del Decreto 1085 de 2023 y los decretos legislativos que en virtud de esta declaratoria se expidan.

La Corte reiteró que no se vislumbra de qué manera lo dispuesto en la norma objeto de revisión pueda ocasionar un beneficio o un perjuicio a la Procuradora por las actuaciones que desplegó en su antigua calidad de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ni como la sentencia a la que hace alusión la funcionaria pueda afectar su objetividad e imparcialidad en el ejercicio de su función de conceptuar sobre la constitucionalidad o no del Decreto objeto de estudio.

Con base en lo anterior se declaró INFUNDADO el impedimento formulado por la jefe del Ministerio Público.