decreto 1897 de 1948

° El Juez a quien hubiere correspondido el conocimiento de un proceso penal que haya desaparecido con motivo de los acontecimientos del nueve de abril próximo pasado, procederá inmediatamente a ordenar su reconstrucción, por sí o por medio de comisionado, de acuerdo con las prescripciones que se establecen en este Decreto. Si el proceso se encontraba en estado de sumario y no había sido repartido al Juez del conocimiento, corresponde su reconstrucción al mismo instructor que lo hubiere iniciado.

De los Juzgados creados por el Decreto número 1314 de 23 de abril de 1948, el Ministerio de Justicia destinará los que considere necesarios para que colaboren en las labores de reconstrucción. Artículo 2° El funcionario a quien corresponda la reconstrucción de un sumario, dará cumplimiento al artículo 154 del Código de Procedimiento Penal solamente cuando tal reconstrucción no pueda hacerse conforme a lo dispuesto en este Decreto. En tal caso, iniciará la reconstrucción del sumario, allegando copia de la denuncia, del acta de inspección ocular de que trata el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, de la diligencias de autopsia, de los reconocimientos médicos y de otros dictámenes periciales, etc.

° Cuando no exista sino la boleta de detención legalmente expedida y vigente, ella servirá de fundamento para mantener privado de la libertad al procesado, y para iniciar inmediatamente la reconstrucción del proceso. Iniciada dicha reconstrucción, comenzará a contarse los términos del artículo 418 del Código de Procedimiento Penal y del 23 de la Ley 4° de 1943.

° Si la parte civil, en el término de sesenta días contados a partir de la vigencia de este Decreto, no justifica dentro del sumario el sostenimiento del embargo preventivo de los bienes inmuebles o el embargo y secuestro preventivos de los bienes muebles a que hubiere habido lugar, éstos se levantará de plano, a petición del interesado.

° Los procesos que hubieren sido iniciados a virtud de querella de parte, sólo podrán ser reconstruídos mediante nueva petición del interesado.

° Toda persona que hubiere intervenido en un proceso y obtenido copia autorizada de toda la actuación o parte de ella, deberá hacer entrega de tal copia al funcionario a quien corresponda la reconstrucción del respectivo expediente.

° El incumplimiento de la disposición anterior, hará incurrir al responsable en la prohibición de volver a intervenir en el proceso y en la multa de $ 100 a $ 5.000, convertible en arresto, sanciones que impondrá disciplinaria y sumariamente el Juez del conocimiento.

° Las copias formalmente expedidas y autorizadas por los Secretarios, tomadas de los copiadores de que trata el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal, hacen plena prueba con respecto a las providencias correspondientes.

° Las certificaciones que expidan los Secretarios, de acuerdo con los libros o demás constancias de la oficina respectiva, hacen plena prueba con respecto a las notificaciones y al transcurso del tiempo dentro del cual podía recurrirse la providencia.

La copia del auto de proceder presume de derecho la existencia del sumario a que se refiere y la de las pruebas en las cuales se funde.

Con la copia del auto de proceder dictado en primera instancia y no ejecutoriado, se surtirá la apelación del mismo.

Con la copia del auto de proceder ejecutoriado, se tramitará el juicio.

Para la práctica de las pruebas decretadas en el juicio seguido en las condiciones previstas en el artículo anterior, el Juez fijará un término cuya duración máxima será de sesenta días, más el de la distancia, si fuere el caso.

Los autos de proceder dictados en segunda instancia por los Tribunales Superiores o por la Corte Suprema de Justicia, se consideran ejecutoriados siempre que de acuerdo con las certificaciones de que trata el artículo 9°, aparezcan debidamente notificados y haya transcurrido el tiempo dentro del cual podía interponerse algún recurso.

La copia de la sentencia de primera o de segunda instancia, presume de derecho la existencia del sumario y del juicio a que ella se refiere, lo mismo que la de las pruebas en las cuales se funde.

Con la copia de la sentencia de primera instancia no ejecutoriada, se ventilará la segunda instancia. En esta segunda instancia, el término probatorio será hasta de treinta días, más el de la distancia, si fuere el caso.

Con la copia de la sentencia de primera o de segunda instancia ejecutoriada, se ordenará su ejecución.

La copia de la sentencia de segunda instancia es suficiente para ventilar el recurso de casación a que hubiere lugar.

Las copias de las providencias o extractos de las mismas a que se refiere el artículo 687 del Código de Procedimiento Penal, hacen plena prueba respecto a su contenido.

Los procesados o condenados que por fuerza de los hechos acaecidos el nueve de abril próximo pasado, hayan abandonado el establecimiento donde se encontraban recluidos y no hubieren participado en los saqueos, incendios o demás delitos cometidos con posterioridad a tal fecha, si se han presentado o se presentan espontáneamente dentro de los quince días siguientes a la expedición de este Decreto, gozarán de los siguientes beneficios

Los que hayan sido condenados a prisión o arresto, podrán obtener la libertad condicional al cumplir las tres quintas partes de la condena;

Los condenados a presidio, podrán obtener la libertad condicional al cumplir las dos terceras partes de la condena, y

Los detenidos preventivamente, podrán obtener la libertad provisional, mediante caución, al cumplir las cuatro quintas partes del tiempo que como sanción privativa de su libertad haya de imponérseles, por el delito de que se les acusa; Es entendido que para conceder tales beneficios deben reunirse los demás requisitos que exigen las disposiciones legales sobre la materia.

Los que estén cumpliendo condena o en detención preventiva, serán reseñados por el Gabinete Central ele Identificación de la Policía Nacional o por sus dependencias, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Los procesos, tanto civiles como penales, que no hubieren sido destruídos, deberán someterse a nuevo reparto entre los respectivos Jueces. Esta disposición comprende tanto los procesos que se encontraban en los Juzgados, como los que ya habían sido remitidos al Superior en apelación o en consulta.

El presente Decreto rige desde su fecha y suspende o modifica transitoriamente todas las disposiciones legales o reglamentarias que le sean contrarias. Comuníquese y publíquese.