decreto 1391 de 2010

°. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y para quienes optaron por el régimen previsto en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994, y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las Ramas del Poder Público, organismos o instituciones del sector público.

°. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual del Procurador General de la Nación, del Viceprocurador General de la Nación, los Procuradores Delegados y del Defensor del Pueblo será de: ocho millones seiscientos treinta mil ochocientos setenta y seis pesos ($8.630.876) m/cte., discriminados así: asignación básica: tres millones ciento siete mil ciento quince pesos ($3.107.115) m/cte., y gastos de representación: cinco millones quinientos veintitrés mil setecientos sesenta y un pesos ($5.523.761.) m/cte. Adicionalmente, tendrán derecho a percibir la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, que es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. La prima especial de servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentra disfrutando de su período de vacaciones. Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y, de conformidad con la Ley 797 de 2003, para la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Los funcionarios con esta remuneración mensual únicamente tendrán derecho a disfrutar de prima de navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes.

°. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual del Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, del Director Nacional de Investigaciones Especiales, del Procurador Auxiliar de la Procuraduría General de la Nación, del Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, del Secretario General de la Defensoría del Pueblo y el Veedor de la Procuraduría General de la Nación será de trece millones ciento cincuenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos ($13.150.749) m/cte., distribuida así: Asignación Básica 3.852.085 Gastos de Representación 3.852.084 Prima Técnica 3.382.743 Prima Especial 2.063.837

°. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual de los Defensores Delegados grado 22 y los Directores Nacionales grado 22 de la Defensoría del Pueblo será de once millones doscientos treinta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos ($11.237,879) m/cte. distribuida así: Asignación Básica 3.293.239 Gastos de Representación 3.293.238 Prima Técnica 2.888.888 Prima Especial 1.762.514

°. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual del Veedor de la Defensoría del Pueblo será de nueve millones cuatrocientos ochenta mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($9.480.564) m/cte., distribuida así: Asignación Básica 3.066.521 Gastos de Representación 3.066.521 Prima Técnica 1.673.761 Prima Especial 1.673.761

°. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual del Procurador Distrital de la Procuraduría General de la Nación; los Defensores Regionales grado 21 y el Secretario Privado grado 21 de la Defensoría del Pueblo, será de: Ocho millones cuatrocientos veintiún mil quinientos catorce pesos ($8.421.514) m/cte., distribuida así: Asignación Básica 3.304.001 Gastos de Representación 3.304.000 Prima Especial 1.813.513

° . A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual de los Procuradores Regionales creados por el artículo 9° del Decreto 264 de 2000 en la planta de la Procuraduría General de la Nación, será de: Ocho millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos ($8.568.404) m/cte., distribuida así: Asignación Básica 4.231.890 Gastos de Representación 3.303.529 Prima Especial 1.032.985

°. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales II ante los Tribunales: Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Nacional, ante Jurisdicción Agraria, de Menores y Familia, será de: Siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($7.475.948.) m/cte., distribuida así: Asignación Básica 2.933.272 Gastos de Representación 2.933.272 Prima Especial 1.609.404

°. Declarado Nulo.

A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual de los Procuradores Provinciales será de cinco millones setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos ($5.739.421) m/cte., distribuida así: Asignación Básica 2.869.711 Gastos de Representación 2.869.710

Declarado Nulo.

Los gastos de representación establecidos en el presente decreto se tendrán en cuenta únicamente para efectos fiscales.

La prima técnica y la prima especial de que trata el presente decreto no tendrán carácter salarial, para ningún efecto legal.

A partir del 1° de enero de 2010, la asignación mensual de Sustanciador en lo Contencioso Administrativo y Sustanciador en lo Judicial Grado 11 será de dos millones trescientos veintisiete mil quinientos un pesos ($2.327.501) m/cte.

A partir del 1° de enero de 2010, la asignación básica mensual para los empleos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores se regirá por la siguiente escala: Grado Asignación mensual Grado Asignación mensual 1 586.570 14 2.506.520 2 685.360 15 2.555.434 3 816.355 16 2.804.446 4 965.827 17 3.262.440 5 1.094.099 18 3.661.887 6 1.237.847 19 4.048.897 7 1.382.768 20 4.471.003 8 1.546.344 21 4.829.655 9 1.673.519 22 5.199.929 10 1.856.934 23 5.853.137 11 1.976.808 24 6.610.744 12 2.169.958 25 7.573.465 13 2.359.948 26

Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 tendrán derecho, a partir del 1° de enero de 2010, a un reajuste de la remuneración mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación venían percibiendo a 31 de diciembre de 2009, del dos por ciento (2.00%). Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajustarán al peso siguiente.

En ningún caso, la remuneración total mensual de los empleados, funcionarios y agentes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo podrá exceder la que corresponda al Procurador General de la Nación.

A partir del 1° de enero de 2010, los citadores que presten los servicios en la Procuraduría General de la Nación tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así

Para ciudades de más de un millón de habitantes, la suma de cincuenta y cinco mil quinientos noventa y siete pesos ($55.597.) m/cte., mensuales.

Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, la suma de treinta y cinco mil cuarenta y seis pesos ($ 35.046.) m/cte., mensuales.

Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, la suma de veintidós mil doscientos sesenta y dos pesos ($22.262.) m/cte., mensuales.

Los servidores públicos de que trata este decreto tendrán derecho a un auxilio de transporte, en los mismos términos y cuantías que establezca el Gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

No tendrán derecho al auxilio de que tratan los artículos 17 y 18 del presente Decreto, los servidores públicos que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre ese servicio.

A partir del 1° de enero de 2010, el subsidio de alimentación para los servidores públicos que perciban una asignación básica mensual no superior a un millón ciento treinta y dos mil seiscientos tres pesos ($1.132.603) m/cte., será de cuarenta y un mil seiscientos doce pesos ($41.612.) m/cte., pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente. No habrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre la alimentación.

Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente Decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en los mismos términos del artículo 4° del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.

Las pensiones de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se liquidarán sobre los factores que constituyen el ingreso base de cotización dispuesto por el artículo 6° del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, y la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a de 1992 para aquellos servidores que tengan derecho a ella, dentro de los límites dispuestos por el artículo 5 ° de la Ley 797 de 2003.

Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo señalen, además establecerán las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondo.

Los servidores públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que tomaron la opción establecida en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 o quienes se vinculen con posterioridad a la vigencia de este Decreto no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, capacitación y cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad, bonificación por servicios prestados y las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías se regularán por las disposiciones legales vigentes. Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33 de 1985.

Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia fiscal respectiva.

El Procurador General de la Nación, en los casos catalogados como fenómenos especiales de corrupción administrativa o violación de los derechos humanos, podrá asignar una bonificación especial equivalente al 40% de la asignación básica mensual a los funcionarios del nivel profesional, técnico y operativo encargados de la investigación, cuando sean comisionados para prestar sus actividades con carácter transitorio fuera de Bogotá. La bonificación que se autoriza en el presente artículo solo podrá causarse durante el período de la comisión, sin que en ningún caso supere dos meses continuos y proporcional al tiempo de la misma, siempre y cuando esta sea superior a un mes continúo.

La mencionada bonificación no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

En ningún caso podrán gozar concurrentemente de esta bonificación más de veintiocho funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, y cada funcionario a lo sumo podrá percibirla como máximo en dos comisiones al año.

Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 726 de 2009 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2010.