decreto 2046 de 1950

° Las próximas elecciones para Senadores, Representantes y Diputados se celebrarán el primer domingo del mes de junio de 1951. Las elecciones para Concejales se efectuarán el primer domingo de septiembre del mismo año.

° Para garantizar la pureza del sufragio, antes de que se efectúen las elecciones a que se refiere el artículo anterior, deberán revisarse las cédulas de ciudadanía que se hallan en poder de los electores, y como consecuencia de tal revisión elaborarse nuevos censos electorales de conformidad con las normas contenidas en el presente Decreto.

° La revisión de la cedula de ciudadanía y la formación de los nuevos censos electorales deberán iniciarse, a más tardar, el 1° de Agosto del año en curso, y terminará el plazo útil para tales fines el 31 de marzo de 1951. La Registraduría Nacional del Estado Civil tomará, dentro de sus atribuciones ordinarias y las especiales que le confiere este Decreto, todas las medidas necesarias para que a la mayor brevedad puedan iniciarse las labores de revisión de cédulas y formación de censos, de manera que garanticen un servicio eficaz a la ciudadanía.

° A partir de la fecha que señale la Registraduría Nacional del Estado Civil, si fuere anterior al 1° de agosto del año en curso, y en todo caso dentro del lapso comprendido entre esta última fecha y el 31 de marzo de 1951, los ciudadanos que posean cédulas de ciudadanía podrán solicitar al Registrador del Estado Civil del Municipio donde residan o a su Delegado, que revise sus cédulas e incluya sus nombres en el censo electoral correspondiente al Distrito donde se haga la revisión. En las elecciones para Senadores, Representantes al Congreso Nacional y Diputados, que habrán de efectuarse el primer domingo del mes de junio de 1951, los ciudadanos solo podrán sufragar en el mismo Municipio en donde se haya revisado su cédula e incorporado su nombre en el censo electoral.

° Quien solicite la revisión de su cédula deberá exhibir tal documento original o el duplicado al respectivo Registrador Municipal o a un delegado de éste para que se proceda a tomar las impresiones digitales de los diez dedos de las manos del cedulado en las tarjetas que al efecto suministrará el Departamento de Identificación de la Registraduría Nacional, y de acuerdo con las instrucciones técnicas que imparta el mismo Departamento. Obtenidas las huellas dactilares a que se refiere el inciso anterior, y si a juicio del Registrador Municipal la cédula que exhiba el ciudadano corresponde realmente a la persona que la invoca, y no hubiere ningún motivo legal que la invalide o que haga ilegitima su tenencia, incorporará el nombre del ciudadano que haya solicitado la revisión en el censo electoral y hará constar en la cedula exhibida que ha sido revisada, todo de acuerdo con lo que se dispone a continuación.

Los Registradores Municipales del Estado Civil no podrán privar de la tenencia de la cédula a los ciudadanos que les soliciten la revisión de tales documentos, y cuando considere que el que los exhibe no puede ser revisado, según lo dispuesto en este artículo, deberán expresarlo así por escrito, indicando en forma concreta y breve el motivo por el cual se abstienen de efectuar la revisión. Contra tales decisiones podrá recurrir la persona interesada en la revisión ante el Delegado del Registrador Nacional de la respectiva zona o ante cualquier Visitador Electoral con jurisdicción en el Municipio respectivo.

A fin de evitar la incorporación en los censos electorales de personas menores que posean cédulas de ciudadanía, los Registradores Municipales se abstendrán de revisar las que se les exhiban por quienes notoriamente no aparenten tener la mayor edad, si no se presenta la correspondientes libreta militar o la partida de bautismo para demostrar que el solicitante es mayor de edad, o la prueba supletoria prevista en el Código Civil.

Dentro de las limitaciones que señale la Corte Electoral, los Registradores Municipales designarán, con aprobación del Delegado Departamental de la zona respectiva, Delegados suyos, que deberán reunir las mismas cualidades y tendrán las misma responsabilidad del delegante, para presenciar la recepción o tomar las impresiones dactilares, y para efectuar la revisión de las cédulas y la incorporación en los nuevos censos. En todo caso habrá Delegado del Registrador Municipal en los Corregimientos e Inspecciones de Policía que disten más de cinco kilómetros de la cabecera del Municipio o que tengan más de quinientos sufragantes. La Corte Electoral podrá autorizar el nombramiento de Delegados de Registradores Municipales en Corregimientos e Inspecciones situados a menor distancia de la expresada anteriormente, cuando a su juicio obren razones que justifiquen la medida.

° En toda elección deberán colocarse mesas de votación en la cabecera del Municipio respectivo, y en los Corregimientos e Inspecciones Rurales de Policía que disten más de cinco kilómetros de la cabecera o que tengan un electorado mayor de quinientos sufragantes.

° Si de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores no hubiere ningún impedimento legal para efectuar la revisión, el Registrador Municipal o su Delegado procederá a colocar en la cara principal de la cédula un sello de relieve o perforante, a juicio de la Corte, que pise parte del retrato del ciudadano, y que exprese que el documento ha sido revisado en forma que haga imposible la sustitución del retrato. Al respaldo de la cédula indicará el Registrador o su Delegado, bajo su firma, el nombre del Municipio y la fecha en que se efectúe la revisión, así como el número que corresponda para indicar el orden en que cada ciudadano ha obtenido la correspondiente revisión, de manera que tal numeración se lleve en forma continua.

° Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, el Registrador Municipal incorporará el nombre del correspondiente ciudadano en el nuevo censo electoral, que deberá ir formando a medida que se efectúe la revisión, y que contendrá las siguientes columnas: La primera que indicará el número de orden que corresponda a la cédula revisada, comenzando por la unidad y siguiendo en serie continua; La segunda que contendrá el nombre y apellidos del ciudadano; La tercera que expresará el número de la cédula revisada; La cuarta que indicará el número del registro electoral permanente de la cédula y Municipio donde ésta figure vigente; y La última en blanco para consignar en ella las anotaciones a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto.

En los Municipios donde haya Corregimientos e Inspecciones Rurales de Policía, el censo correspondiente a unos y otras, se llevará en secciones especiales y con numeración propia.

° El día sábado de cada semana, los Registradores Municipales enviarán a la Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo sobre certificado, copia autentica de la parte del censo que se haya elaborado, junto con las correspondientes tarjetas dactilares. Un duplicado de tales copias deberá permanecer fijado en lugar público del respectivo Municipio para conocimiento general, hasta la fecha en que se efectúen las próximas elecciones, para efecto de las oposiciones y reclamos. Además, a los Directorios autorizados de los partidos políticos en cada Municipio, se enviará copia de la parte del censo elaborado en la semana precedente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil clasificará y archivará en un archivo central y único, distinto del que hoy existe, las tarjetas que le envíen los Registradores Municipales con las impresiones digitales de que trata el artículo 5° de este Decreto, y las tarjetas correspondientes a las nuevas cédulas que se expidan, a partir de la fecha en que se inicie la revisión. Las páginas que en copia auténtica de los nuevos censos reciba la Registraduría Nacional serán coleccionadas por Municipios, y sobre ellas hará la revisión correspondiente la oficina respectiva del Departamento de Identificación, teniendo en cuentas las comprobaciones que allí existan, y lo que aparezca del nuevo archivo central dactiloscópico.

Mensualmente la Registraduria Nacional ordenará a los Registradores Municipales, producir las cancelaciones que resulten de la confrontación dactiloscópica y demás elementos de control de que dispone aquella oficina.

En las próximas elecciones solamente tendrá derecho a ejercer la función del sufragio el ciudadano que presente ante los encargados de la respectiva mesa de votación su cédula original y el duplicado, con la constancia de haber sido revisada y que, además, aparezca inscrita en el nuevo censo electoral.

Si por cualquier causa se omitiere el nombre de un ciudadano en la lista parcial correspondiente a un Jurado de Votación, aquel sólo podrá sufragar su acredita, con certificado del Registrador respectivo, o de su delegado, que su nombre aparece en el nuevo censo como poseedor de cédula revisada y vigente. Estos certificados solo podrán expedirse haciendo referencia expresa a la mesa de votación en donde corresponda sufragar al ciudadano omitido en la lista de votación. En consecuencia, los encargados de mesa sólo permitirán el voto con certificado cuando el número del nuevo censo está comprendido dentro de la serie correspondiente a la respectiva mesa.

Después de revisada una cédula no podrá ser revalidada en otro Municipio antes de las próximas elecciones para Senadores, Representantes al Congreso Nacional y Diputados.

Los registradores Municipales incorporarán en los nuevos censos el nombre de los ciudadanos que a partir de la vigencia de este Decreto vayan obteniendo nueva cédula, y cumplirán respecto de ellas, todas las exigencias y formalidades que se establecen para la revisión.

Durante el término fijado en este Decreto, para efectuar la revisión de cédulas y la formación de nuevos censos, los Directorios políticos autorizados en cada Municipios, o cualquier ciudadano, podrán solicitar la exclusión de cualquier nombre en el nuevo censo electoral, siempre que al hacerlo determinen concretamente la causa legal para formular la impugnación, y acompañen la prueba que acredite el hecho en que aquella se funde, por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en las leyes. En tales casos, el Registrador Municipal, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se formule la objeción, deberá decidir motivadamente si la acepta o la rechaza, y su fallo será apelable para ante el delegado del Registrador Nacional de la zona a que corresponda, quien deberá decidir dentro de los cinco días siguientes al recibo del expediente.

Las impugnaciones a que se refiere este articulo respecto de electores cuyos nombres se incorporen en el censo en la última década del mes de marzo de 1951, podrán formularse hasta el 10 de abril siguiente.

Toda impugnación se hará conocer mediante la fijación de un aviso en el que se indique el nombre o nombres a que se refiere la objeción, y que permanecerá fijado por un termino de tres días en lugar público de la Registraduría que la tramite.

Los Registradores Municipales informarán semanalmente a la Registraduría Nacional de la novedades que ocurran en el censo por causa de muerte, pérdida de derechos políticos, impugnaciones, o por cualquier otro motivo legal.

El 31 de marzo de 1951 se suspenderá en todas las Registradurías Municipales la expedición de cédulas y de duplicados. Esta suspensión sólo durará hasta el día siguiente a la fecha en que se realicen las elecciones para Senadores, Representantes al Congreso Nacional y Diputados.

El 1° de diciembre del año en curso, los Registradores Municipales comenzarán a formar las listas parciales de sufragantes, para las mesas de votación que han de funcionar en las elecciones para Senadores, Representantes al Congreso y Diputados a las Asambleas Departamentales. Al efecto tomarán para cada mesa doscientos cincuenta nombres de los que figuren en el nuevo censo con cédula revisada y vigente, siguiendo el orden en que allí se hallen colocados. A medida que se confeccione cada lista parcial, se fijará un ejemplar de ella en lugar público de la cabecera municipal, del Corregimiento o de la Inspección de Policía Rural que corresponda, y se enviarán sendas copias a los Directorios autorizados de los partidos políticos en el Municipio. Si por cualquier causa legal debiere suprimirse algún nombre del censo, ello se anotará inmediatamente, tanto en el censo mismo como en la copia de éste, que debe permanecer fijado en lugar público, de acuerdo con las disposiciones de este Decreto, y en las listas parciales de sufragantes.

El que mediante violencia física o moral coaccionare o intentare coaccionar a cualquiera de los funcionarios del ramo Electoral, para impedir el cumplimiento de los deberes señalados en el presente Decreto, incurrirá en prisión de seis (6) meses a dos (2) años. En la misma sanción incurrirá el que ejerciere la coacción o la violencia con el objeto de impedir a los ciudadanos el derecho de revisión a que se refiere el presente Decreto. La pena señalada en el inciso anterior, se aumentará hasta el doble cuando el hecho fuere ejecutado por un funcionario público.

Quien presente para su revisión más de una cedula, o sin derecho consigne su voto en una elección, o suplante a otro elector, o vote más de una vez, incurrirá en prisión de seis meses a dos años, y en multa de cincuenta a quinientos pesos. Los sindicados por los hechos de que trata esta disposición o por cualquier delito de los previstos en el Titulo X del Código Penal, cuando tenga señalada pena de prisión, no gozarán del beneficio de libertad provisional. Los encargados de mesa de votación y en general los funcionarios del ramo Electoral que tuvieren conocimiento de la comisión de un delito electoral, deberán dar inmediato aviso a las autoridades competentes. La omisión de este deber, se considerará, para todos los efectos legales correspondientes, causal de mala conducta, que apareja la destitución y multa de cincuenta a quinientos pesos. Del propio modo, los encargados de mesa de votación y en general los funcionarios del ramo Electoral que violaren las disposiciones del presente Decreto, incurrirán en causal de mala conducta, que apareja la destitución, y en multa de cincuenta a quinientos pesos, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que les corresponda conforme a las leyes, por actos u omisiones en el ejercicio de su cargo.

El Registrador Nacional del Estado Civil restablecerá a los auxiliares de las Registradurías Municipales del Estado Civil de tercera, cuarta y quinta categorías, y creará en la Registraduría Nacional, en las Delegaciones Departamentales y en las Registradurías Municipales, con la aprobación de la honorable Corte Electoral y del Gobierno Nacional, el personal necesario para el cumplimiento del presente Decreto.

La Registraduría Nacional del Estado Civil tomará las medidas necesarias para obtener que el personal subalterno pertenezca a los dos partidos políticos que tienen mayor representación en el Congreso.

La rotación que de acuerdo con la Ley 89 de 1948, debe efectuarse el 6 de mayo de 1951, tendrá lugar el 16 de julio del mismo año.

Para votar en las elecciones de Concejales es requisito indispensable ser vecino del respectivo Municipio y haber revisado su cédula, de acuerdo con el presente Decreto.

Por conducto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Gobierno dotará dicha Registraduría y a todas sus dependencias de los locales, elementos y útiles necesarios, para que puedan cumplir eficazmente las funciones que les corresponden, y especialmente las que les atribuye el presente Decreto, así como una partida especial para pagar contratos con fotógrafos.

Por conducto de la misma Registraduria Nacional el Gobierno podrá contratar los sercicios de los dactiloscopistas que se requieran para la pronta clasificacion de huellas digitales y la oportuna formacion del archivo central. Los contratos que con este objeto se celebren, sólo requerirán para su perfeccionamiento, la aprobacion del Presidente de la República, previo concepto favorable del Consejo de Ministros.

La Registraduria Nacional organizará inmediatamente los cursos necesarios a fin de preparar personal competente y en número adecuado para la recepción de huellas digitales y su clasificación.

La Registraduria Nacional del Estado Civil podrá adquirir directamente y sin intervención del Departamento Nacional de Provisiones los elementos y útiles que se requieran para el cumplimiento eficaz de sus funciones. Toda adquisición que se haga de acuerdo con lo previsto en este artículo, deberá ser previamente autorizada por un Comité Ejecutivo integrado por el Jefe del Departamento Nacional de Provisiones o un delegado personal del mismo que él designe, y por el Proveedor General del Ministerio de Gobierno. La Contraloría General de la República dictará las medidas necesarias para efectuar la correspondiente fiscalización.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y sus dependencias funcionarán todos los días, inclusive los feriados, y no habrá por consiguiente días inhábiles.

Corresponde a la Sala Plena del Consejo de Estado conocer de todos los asuntos electorales que, de acuerdo con las leyes vigentes, sean de la competencia de éste.

Con el fin de establecer la paridad en el conocimiento de los asuntos electorales, el Consejo de Estado procederá a nombrar un nuevo Magistrado para cada uno de los Tribunales Seccionales de lo Contencioso Administrativo que, con el carácter y la asignación de Conjuez, actuará exclusivamente en el conocimiento y decisión de dichos asuntos. Este nombramiento recaerá invariablemente en persona que, además de reunir los requisitos legales para ser Magistrado, tenga la misma filiación política de la minoría del respectivo Tribunal. En caso de empate, decidirá el Conjuez ordinario del Tribunal, que sea favorecido en el sorteo correspondiente. La elección de los Conjueces Electorales se hará por el Consejo de Estado en Sala Plena.

El Gobierno abrirá los créditos presupuestales necesarios para asegurar la cumplida ejecución de las disposiciones del presente Decreto.

Quedan modificados los artículos undécimo y duodécimo del Decreto 4120 de 1949, y suspendidas las siguientes disposiciones legales: El artículo 17 de la Ley 31 de 1929; el artículo 4º de la Ley 19 de 1935; el artículo 7º de la Ley 187 de 1936; el artículo 16 de la Ley 41 de 1942; el artículo 1º de la Ley 47 de 1946, en cuanto señala fecha para elecciones; el penúltimo inciso del artículo 49 de la Ley 89 de 1948, y las demás contrarias al presente Decreto.

El presente Decreto rige desde la fecha. Comuníquese y publíquese.