Ley 18 De 1970
Amplíense en cuatrocientos cincuenta millones de dólares (US$ 450.000.000.00), las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional por las Leyes 123 de 1959, 9a. de 1962, 12 de 1965 y 26 de 1967 dentro de los términos y finalidades previstos en dichas leyes.
Los contratos de empréstitos que celebre o garantice el Gobierno en desarrollo de esta Ley, sólo requerirán para su validez la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social y la del Presidente de la República, previo concepto favorable del Consejo de Ministros. Parágrafo. Ningún contrato de crédito externo que celebre o garantice el Gobierno será válido si la Comisión Interparlamentaria asesora creada por la Ley 123 de 1959 no ha sido convocada previamente por el Gobierno con el fin de informarla.
El Gobierno no podrá celebrar ni garantizar contratos de crédito externo cuando carezca de los correspondientes recursos internos sanos en moneda colombiana, necesarios para complementar los gastos en dólares. Se entiende por recursos internos sanos aquellos que no sean inflacionarios por sí solos.
La Comisión Interparlamentaria de que habla el artículo segundo, en su condición de asesora del Gobierno, deberá ser reunida por éste, aun estando en receso el Congreso, con el fin de obtener su consejo sobre los empréstitos que el Gobierno esté gestionando.
El Gobierno enviará periódicamente a la Comisión Interparlamentaria informes sobre la deuda pública. Estos serán amplios y precisos, de tal manera que el Congreso esté debidamente informado sobre el uso de las autorizaciones conferidas al Gobierno en materia de deuda pública, y sobre el manejo de la deuda externa en general.
º. La Comisión Interparlamentaria se denominará Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Esta Comisión deberá dar cuenta al Congreso, por intermedio de las Comisiones Tercera de Senado y Cámara, sobre el cumplimiento de las disposiciones anteriores. Asimismo, cuando a su juicio el Gobierno esté comprometiendo la capacidad del país para atender el servicio de la deuda exterior más allá de límites razonables, o cuando las condiciones de los empréstitos resulten gravosas o inaceptables para el país, deberá expresarlo formalmente al Gobierno, e informar al Congreso para que se tomen los correctivos necesarios, salvo el caso del artículo 3o., en el cual el concepto desfavorable de la Comisión Interparlamentaria obliga al Gobierno, y en consecuencia la respectiva operación crediticia no podrá celebrarse mientras subsistan las circunstancias allí contempladas.
El Gobierno queda facultado para hacer las incorporaciones presupuestales que sean necesarias.
Esta Ley rige desde su sanción.