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º . El Gobierno Nacional emitirá documentos de deuda pública interna en moneda nacional hasta por la suma de sesenta millones ($ 60.000.000.00), cuyo producto se destinará a cumplir en su orden los siguientes fines:

Saldar el déficit de 1942, empezando por recoger las obligaciones que el Gobierno Nacional haya contraído de acuerdo con el Decreto extraordinario número 1361, y la Ley 35 de 1942 .

Establecer el equilibrio del Presupuesto de rentas y gastos de la próxima vigencia.

Aumentar las apropiaciones presupuestales destinadas a pagar a los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios lo que la Nación les adeude en virtud de contratos de trazado, construcción y pavimentación de carreteras y otras obras nacionales, y participaciones en rentas nacionales.

La construcción de obras públicas, el desarrollo de la higiene, el fomento municipal y el de la agricultura y la industria nacionales.

Los bonos que el Gobierno emita de acuerdo con estas autorizaciones, llevarán el nombre de "Bonos de la Defensa Económica Nacional los cuales podrán ser convertidos en moneda extranjera, a juicio del Gobierno, cuando éste lo considere necesario.

º . Las emisiones a que se refiere el artículo anterior estarán representadas en títulos nominativos o al portador, que vengarán un interés mínimo del cuatro por ciento (4 %) anual, y máximo del seis por ciento (6%) anual, se emitirán por series de vencimiento fijo o de amortización gradual, a plazos que no excedan de treinta años.

Los bonos quedarán exentos del pago de todo impuesto nacional, departamental y municipal establecido o que se establezca en el futuro, con excepción del de la renta, el cual se exigirá a la tarifa señalada por la Ley 81 de 1931, tal como se aplica a los bonos de deuda interna nacional unificada.

º. El servicio de amortización e intereses de los bonos podrá ser garantizado con el producto de rentas y bienes nacionales, en la proporción que sea necesaria a juicio del Gobierno y del Banco de la República, que actuará como fideicomisario de estas emisiones.

En cuanto el Producto de la renta de aduanas exceda de treinta y tres millones ($33.000.000.00) que arroja el promedio de su producido en los tres últimos años, el recaudo excedente de esa cifra se dedicará a amortizaciones extraordinarias, de los bonos autorizados por la presente Ley, y preferencialmente de las series que se emitan de acuerdo con lo establecido en los apartes a, b) y c) de su artículo 12.

º. Los bonos de la Defensa Económica Nacional serán aceptados a la. par en toda clase de cauciones a favor de los Gobiernos Nacional, Departamental, Intendencial, Comisarial o Municipal.

Los bonos sorteados y los cupones vencidos, que por cualquier circunstancia no, hayan sido pagados oportunamente, serán recibidos por el Gobierno, a la par, en pago de impuestos y contribuciones nacionales.

º . El Gobierno podrá celebrar operaciones de crédito interno o externo, con el carácter de avances a corto plazo, renovables, para ser cubiertos con el producto de emisiones de Bonos de la Defensa Económica Nacional.

EL valor de los intereses devengados por los bonos emitidos y no colocados, se destinará en primer término a pagar el servicio de intereses, comisiones y otros gastos de las operaciones de avances que haga el Gobierno, según se determina en este artículo. Y el valor de los bonos sorteados que se encuentren pignorados por el Gobierno o que no estén colocados se aplicará a la amortización del principal de las mismas operaciones.

º. El Gobierno y el Banco de la República podrán celebrar operaciones de crédito con establecimientos bancarios extranjeros, a fin de facilitar a los Bancos comerciales colombianos o a los particulares, la venta o pignoración de los Bonos de la Defensa Económica Nacional.

º. Las restricciones establecidas por las leyes vigentes respecto de la cuantía de los préstamos que los Bancos pueden hacer a una sola persona o entidad, no regirán para las operaciones que celebren con el Gobierno Nacional, para los efectos de la presente Ley.

º. El Banco de la República podrá hacer avances o préstamos a los Bancos afiliados, hasta con seis meses de plazo y con garantía de Bonos de la Defensa Económica Nacional.

º. El Banco de la República podrá descontar a los Bancos afiliados pagarés garantizados con Bonos de la Defensa Económica Nacional, y suscritos a favor de tales establecimientos, sin que estas operaciones afecten el cupo del Gobierno en dicho Banco, así como tampoco las autorizadas en el artículo anterior.

Establécese un recargo del cincuenta por ciento (50%) en las liquidaciones correspondientes a los años de 1942 y 1943 del impuesto sobre la renta y sus complementarios de patrimonio y exceso de utilidades. Este recargo se liquidará sobre la base de las tarifas establecidas en la Ley 78 de 1.935.

Se exceptúan de este recargo los primeros cien pesos ($100.00) de toda liquidación.

Los contribuyentes que pagaren el impuesto mencionado con el recargo correspondiente dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha en que la Administración de Hacienda Nacional respectiva les informe o notifique su liquidación, tendrán derecho a recibir Bonos de la Defensa Económica Nacional por una suma igual a la que hayan pagado por concepto del recargo que se establece en este artículo.

Las Cajas de Ahorros deberán invertir no menos del veinte por ciento (20%) de los depósitos recibidos del público en Bonos de la Defensa Económica Nacional.

Las Compañías de Seguros deberán igualmente suscribir y conservar una suma no inferior al diez por ciento (10%) de sus reservas en los mismos Bonos.

. Para garantizar el pago de las prestaciones sociales establecidas por leyes vigentes, las empresas que ocupen habitualmente veinte o más trabajadores industriales, y que tengan un capital de cincuenta mil pesos ($50.000.00) o mayor, deberán invertir, además de los Bonos de que trata el artículo 18 del Decreto número 380 de 1942, no menos de un diez por ciento (10%) de su reserva legal en Bonos de la Defensa Económica Nacional.

Las empresas, que, teniendo las mismas condiciones anteriormente establecidas, no están obligadas a formar el fondo de reserva legal, deberán constituir una reserva especial con el mismo objeto, que se formará con eI de dos por ciento (2%) de sus utilidades anuales, fondo que se invertirá en Bonos de la Defensa Económica Nacional.

Para efectuar las inversiones en Bonos de la Defensa Económica Nacional, de que trata este artículo, dispondrán las entidades obligadas a ellas de un plazo de doce (12) meses, contados desde la promulgación de esta Ley.

El Banco de la República comprará directamente o por conducto de los Bancos, autorizados para celebrar negocios en cambio internacional, todos los giros provenientes de exportación de frutos del país, de importación de nuevos capitales o por cualquier otro concepto, a los tipos que tiene establecidos o que fije en lo futuro de acuerdo con las normas legales, vigentes. El Banco de la República y los autorizados pagarán el valor de estos giros, así:

a). Giros provenientes de las exportaciones distintas del café, 90% en moneda legal y10% en Bonos de la Defensa Económica Nacional.

Giros provenientes de las exportaciones de café, 95% en moneda legal y 5% en Bonos de la Defensa Económica Nacional.

Si el Banco de la República llegare a fijar un tipo de cambio para compra de dólares inferior al que hoy tiene establecido, los giros provenientes de las exportaciones del café, se pagarán entonces íntegramente en moneda legal.

Del Fondo Nacional del Café, la Federación Nacional de Cafeteros invertirá en Bonos de la Defensa Económica Nacional una suma equivalente al veinte por ciento (20% del valor de los ingresos que reciba el Fondo en los años de 1943 y 1944.

El oro, la plata y el platino que de acuerdo con las regulaciones vigentes entreguen a las Casas de Moneda o al Banco de la República, los productores o empresas cuya producción de estos metales durante los primeros seis meses del presente año excedan de un valor en moneda legal de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000.00), se cubrirán por el Banco de la República así: veinte por ciento (20%) en Bonos de la Defensa Económica Nacional, y ochenta por ciento (80%) en moneda legal y giros sobre el Exterior, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 326 de 1938 y demás reglamentaciones vigentes al respecto.

El oro, la plata y el platino que entreguen a las Casas de Moneda o al Banco de la República, los demás productores o empresas con la excepción a que se refiere el inciso siguiente, se cubrirán así: noventa por ciento (90%) en moneda legal y diez por ciento (10%) en Bonos de la Defensa Económica Nacional, de acuerdo con las disposiciones del Decreto número 326 de 1938 y demás reglamentaciones vigentes al respecto.

El oro, la plata y el platino que entreguen a las Casas de Moneda o al Banco de la República, los productores o empresas cuya producción en estos metales durante los primeros seis meses del presente año no exceda de un valor en moneda legal de siete mil quinientos pesos ($7.500.00), se cubrirán íntegramente en moneda legal.

El pago en bonos a que se refieren los incisos anteriores no excederá del sesenta por ciento (60%) de las utilidades líquidas gravables correspondientes a dichas labores de minería en el año inmediatamente anterior. Cuando la cuota parte que ha de entregarse en bonos exceda de dicho sesenta por ciento (60%), el excedente se cubrirá en moneda legal.

Cuando el oro, la plata y el platino provengan de minas cuya explotación se lleve a cabo por persona o personas distintas del propietario de ella, la cuota parte en bonos entregada por el Banco de la República o las Casas de Moneda, afectará proporcionalmente la parte que el propietario y el explotador o arrendatario de la mina perciban del producto bruto de su explotación.

d). Los capitales que de otra manera se importen al país se pagarán así: ochenta por ciento (80%) en moneda legal y veinte por ciento (20%) en Bonos de la Defensa Económica Nacional.

El Banco de la República continuará entregando, en reemplazo de la cuota parte señalada en este artículo para pago en moneda legal, títulos negociables en moneda extranjera en la forma practicada hasta el presente.

El Gobierno podrá autorizar al Banco de la República a reducir la cantidad o proporción de bonos que debe entregar en estos pagos, cuando a juicio del primero así lo aconsejare el estado de la balanza de pagos internacionales o la situación de la respectiva industria.

. Las medidas a que se refiere este artículo regirán hasta que se haya suscrito la emisión que se autoriza por el artículo 1º de esta Ley.

Los suscriptores a que se refieren los artículos 10 y 12 de esta Ley, tendrán derecho a recibir, y a su solicitud el Gobierno les deberá entregar los Bonos de la Defensa Económica Nacional del tipo más alto de interés.

Los impuestos sobre las ventas establecidos por medio del Decreto 1361 de 1942, quedan suprimidos a partir del 1º de enero de 1943.

Establécese un impuesto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de las ventas que realicen las Fábricas de Cervezas, cuyo producido se cede a los Fiscos Departamentales, Intendenciales y Comisariales, a prorrata de los respectivos consumos.

Facúltase al Presidente de la República para poner en vigencia este impuesto, desde el 1º de enero de 1943, y se le inviste para el efecto de facultades extraordinarias.

Desde el 1º de enero de 1943 en adelante, en los Presupuestos Nacionales no se incluirá en los estimativos de las rentas la parte de ellas que en virtud de leyes vigentes corresponda a los Departamentos, Intendencias, Comisarías o Municipios del país. Dicha parte de las rentas será entregada por la Nación a tales entidades, mes por mes, o a medida que vaya ingresando, cuando éstos se producen por períodos trimestrales, semestrales o anuales, y con la sola formalidad de la certificación del Contralor General de la República sobre el monto del ingreso.

Al entrar en vigencia esta Ley dejarán de regir los artículos 18, y 51 del Decreto extraordinario número 554 de 1942.

Con el fin exclusivo de servir el empréstito de que trata el artículo 1º de esta Ley, elévanse las tarifas de los siguientes tributos:

La del impuesto sobre la renta, patrimonio y exceso de utilidades en un treinta y cinco por ciento (35%) sobre las liquidaciones correspondientes, sin perjuicio del recargo establecido en el artículo 10 de esta Ley.

Se exceptúan de este aumento los primeros cien pesos de toda liquidación.

La del impuesto de asignaciones y donaciones, artículo 13 de la Ley 63 de 1936 , en un veinte por ciento (20%) sobre el valor de cada liquidación.

Los contribuyentes que por causas claramente originadas en la situación anormal provocada por la guerra no tuvieren utilidades gravables, no estarán obligados a cubrir el recargo del impuesto al patrimonio de que trata el ordinal a) de este artículo, pero únicamente sobre aquella parte de sus bienes que debido a la crisis no haya producido utilidad.

Los aumentos de tarifas que se establecen en este artículo, regirán únicamente hasta la redención definitiva de los Bonos de la Defensa Económica Nacional; pero el Gobierno queda autorizado para reducir dichos aumentos en cuanto la disminución en el servicio de las emisiones lo permita, en virtud de las amortizaciones extraordinarias previstas en el parágrafo del artículo 3º de esta Ley.

Es entendido que para la liquidación del impuesto adicional sobre el exceso de utilidades, las operaciones aritméticas se harán teniendo en cuenta el recargo del treinta y cinco por ciento (35%) del impuesto sobre la renta, y su complementario sobre el patrimonio. Asímismo, la inversión en bonos de que trata el artículo lo de esta Ley, será igual al recargo liquidado de acuerdo con lo dicho en esta disposición.

El Gobierno determinará las características de las emisiones de los Bonos de la Defensa Económica Nacional, destinados a cumplir los fines que establece esta Ley, y en cuanto se refieran a la tasa del interés, plazo, forma de amortización, garantía, etc., las consultará con la junta Nacional de Empréstitos.

El Gobierno determinará dichas características procurando que ellas aseguren al Bono de la Defensa Económica Nacional una cotización no inferior a la de los demás bonos del Estado, y que garanticen a la vez la estabilidad de estos últimos.

El Gobierno y el Banco de la República quedan autorizados para celebrar operaciones de crédito destinadas a obtener cambio internacional suficiente para las necesidades del país, en caso de que llegue a ocurrir un desequilibrio en la balanza de pagos que amenace la estabilidad actual de la moneda, o comprometa seriamente las reservas metálicas del Banco.

La Superintendencia Bancaria con autorización del Ministro de Hacienda y Crédito Público, queda facultada para reglamentar la forma de importación de dineros destinados al aumento de capital de los Bancos extranjeros.

En desarrollo de lo dispuesto en el ordinal a) del artículo 1º de esta Ley, se faculta al Gobierno para abrir los créditos adicionales al Presupuesto vigente, con la sola certificación del Contralor General de la República sobre la existencia del recurso.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 65 de 1916 , el Gobierno procederá a celebrar un contrato con el Banco de la República y con el Departamento de Antioquia, para equipar y ensanchar la Casa de Moneda del Departamento citado, de suerte que su instalación quede en condiciones para prestar todos los servicios que el Gobierno y la economía pública exijan en lo relativo a acuñación de monedas, fundición, afinación y laminado de metales preciosos y operaciones de laboratorio de fundición y ensayes en general, así como lo dispone el artículo 8º del Decreto 1466 de 1942, para la instalación de la Casa de Moneda de Bogotá. Para atender al gasto que demanda este artículo se tomará lo necesario de las utilidades de la acuñación y reacuñación de monedas de que habla el artículo 9º del Decreto 1466, ya citado, y en las mismas condiciones establecidas por dicha disposición con respecto a la Casa de Moneda de Bogotá. La nueva instalación de los dos establecimientos mencionados se hará de suerte que ellos puedan atender a las exigencias del Gobierno y la economía pública, distribuyendo el trabajo de manera equitativa.

Los Departamentos, Intendencias y Comisarías que tienen participación en rentas que recauda la Nación, como las de hidrocarburos, salinas, oro, etc., que hayan sufrido merma con motivo de la actual situación internacional, podrán comprometer dichas participaciones de acuerdo con el Gobierno Nacional, y por su conducto, como garantía específica de empréstitos o préstamos que se negocien con el objeto de compensar por este medio los descensos de sus ingresos por razón de aquellas mermas.

El producido de las operaciones de crédito que se celebren conforme a este artículo, se destinará preferentemente al fomento de la educación pública, de la economía departamental, a obras públicas y a la asistencia social. Los Gobernadores e Intendentes quedan autorizados para celebrar tales operaciones de crédito, sujetas a la aprobación de las respectivas Asambleas.

Para la vigencia fiscal de 1º de enero a 31 de diciembre de 1943, regirá el Presupuesto Nacional de rentas y Ley de Apropiaciones, tal como fue originalmente expedido por el Congreso Nacional para la vigencia fiscal de 1942, por medio de la Ley 150 de 1941, y en consecuencia, el 1º de enero de 1943 quedan derogados los Decretos números 274, 1164, 1180, 1197 y 1734, de 3 de febrero, 8, 9 y 11 de mayo y 17 de julio de 1942, respectivamente, dictados por el Gobierno en uso de las facultades extraordinarias de que fue investido por medio del artículo 16 de la Ley 128 de 1941 . El Gobierno, al dictar el Decreto de liquidación del nuevo Presupuesto, podrá eliminar las partidas de la Ley de Apropiaciones, o aquella parte de ellas que por haber cumplido ya el objeto para el cual se votaron, sean innecesarias en la nueva vigencia fiscal, y su valor se destinará a completar el costo del servicio de la deuda pública nacional en primer término, y a complementar las apropiaciones deficientes de los servicios públicos e incremento de las obras públicas.

El Presidente de la República queda facultado hasta el 31 de diciembre de 1943, para reformar las disposiciones vigentes que establecen gastos públicos de carácter permanente, y para efectuar traslados entre las distintas secciones de la Ley de Apropiaciones, a fin de evitar el desequilibrio del Presupuesto y ajustar el costo de los servicios públicos. Es entendido que en el ejercicio de esta facultad no se podrán afectar los servicios correspondientes a los Organos Legislativo y Judicial, ni las apropiaciones destinadas al pago de toda clase de auxilios para sostenimiento y dotación de establecimientos de enseñanza, beneficencia y asistencia pública, para administración o fomento de las Intendencias y Comisarías, y otros auxilios, ni las demás apropiaciones para obras públicas que no tuvieron cumplimiento en el año fiscal de 1942; dichos auxilios se pagarán por duodécimas partes, y necesariamente se incluirán en los acuerdos mensuales a partir del mes de enero. Además, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 150 de 1941, las partidas destinadas para obras o servicios de un Departamento, Intendencia o Comisaría, y que aún no hayan cumplido su finalidad, no podrán trasladarse para obras o servicio de otra sección distinta, ni verificarse, sin sujeción a lo dispuesto en el artículo 9º de la citada Ley 150 de 1941.

Deróganse los artículos 6º y 22 de la Ley 150 de 1941.

Esta Ley regirá desde su sanción.