220-2618,Ref. Competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte frente a Operadores Portuarios

Ref. Competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte frente a Operadores Portuarios Me refiero a sus comunicaciones vía E-Mail mediante las cuales formula algunos interrogantes relacionados con el tema de la referencia, los que se sintetizan así: -Si una sociedad comercial vigilada por la Superintendencia de Sociedades es propietaria de un terminal fluvial situado a menos de terrina kilómetros de su desembocadura al mar, en los términos que señala el artículo 73 de la Ley 336 de 1996, debe pasar a ser vigilada por la Superintendencia de PUERTOS Y TRANSPORTE -Cuál es el alcance del control y la vigilancia que ejerce la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE -En ese evento perdería competencia la Superintendencia de Sociedades. Cómo se efectuaría la transición, teniendo en cuenta que una entidad no puede ser vigilada por las dos superintendencias al mismo tiempo Como quiera que los aspectos relativos al tema de la competencia que a una y otra Superintendencia le corresponde, ya han sido antes objeto de estudio por parte de este Despacho y particularmente éste ha expuesto su criterio en cuanto se refiere a la situación de las sociedades portuarias, para los fines de las inquietudes planteadas procede citar el oficio 220-009344 del 03-08 de 2002. Al respecto resulta oportuno transcribir los apartes pertinentes del pronunciamiento que ha efectuado esta Entidad por conducto de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control a propósito de la exención de sus funciones, teniendo en cuenta para ello que mediante el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000, se modificó la estructura del Ministerio de Transporte, se delegaron las funciones de inspección, vigilancia y control que el numeral 22 del articulo 189 de la C.P. atribuyen al Presidente de la Republica en la Superintendencia General de Puertos, cuya denominación se modificó por la de Superintendencia de Puertos y Transporte. A ésta se le otorgaron las atribuciones de inspección, vigilancia y control entre otros, sobre las sociedades con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que presten el servicio público de transporte así como sobre los operadores portuarios artículo 42 la disposición referida, dio origen a que la aludida superintendencia suscitara un conflicto de competencias, el cual fue dirimido por el Honorable Consejo de Estado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según providencia de fecha 25 de septiembre de 2001. Dentro del ejercicio de las funciones presidenciales delegadas y de las otorgadas en virtud de la ley, las superintendencias en Colombia pueden, de manera integral, o en la medida que el legislador determine, examinar y comprobar la transparencia en el manejo de las distintas operaciones y actividades que desarrollan en cumplimiento de su objeto social, las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control. Por esta razón, la ley las ha dotado de instrumentos y de las atribuciones necesarias para el mantenimiento no solo del orden jurídico, técnico, contable y económico de la entidad vigilada sino también de aquellos asuntos administrativos o que tengan que ver con la formación y funcionamiento de tal entidad, inherentes ellos al servicio público que presta y que en una u otra forma lleguen a afectarlo... Es claro entonces, que la Superintendencia de Sociedades ejerce vigilancia respecto de las sociedades comerciales, en los términos de la ley 222 de 1995, siempre que tales atribuciones o facultades no hayan sido asignadas de manera expresa a otra superintendencia y siempre que no se trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Valores. Lo relacionado con asignación expresa de funciones a otra superintendencia exige, simplemente, que no pueda hablarse de delegación o asignación táctica. Pero esto no significa reproducción de idénticas funciones en otra norma de derecho positivo o reproducción a la letra de las mismas. Lo importante en estos casos, es que la otra superintendencia ejerza, por supuesto, siempre, de acuerdo con la ley, de manera efectiva e integral esas atribuciones de inspección, control y vigilancia sobre la sociedad respectiva mediante delegación precisa y concreta sin que sea posible deducirlas o situarlas en cabeza de la entidad correspondiente por interpretaciones o hipótesis, por aproximadas que parezcan. Deben haber sido las atribuciones o funciones otorgadas o delegadas, repite la Sala, eso sí, en concreto y de manera expresa. Pero ello no puede llevar a la conclusión de reproducción exacta de las disposiciones, en este caso integralmente y a la letra de los artículos 83, 84 y 85 de la ley 222 de 1995, en otras normas o disposiciones legales. Estima la Sala en este punto que conviene advertir que precisamente la norma del artículo 228 de la ley 222, así como las que más adelante se señalan y se transcriben, relacionadas con las atribuciones de la Supersociedades y la Supertransporte, son las que permiten afirmar que la voluntad del legislador es la de evitar fraccionamientos o duplicidad en el ejercicio de esas atribuciones por las diferentes superintendencias, así como impedir que entre estas se presenten casos de vigilancia concurrente sobre determinadas situaciones fácticas o jurídicas que presenten las sociedades sometidas a los controles estatales. Y la intención del legislador se observa con claridad cuando con las normas citadas se asignan o delegan expresamente funciones a una u otra superintendencia o se atribuye a cada una de ellas responsabilidad en relación con determinadas sociedades o personas o con los diferentes aspectos de la prestación de los servicios públicos cuya función de vigilancia corresponde al Presidente de la República. Cree la sala que estos son sanos criterios de interpretación cuando se estudian casos de definición de competencias administrativas. No puede suponerse y menos en el caso que se examina que las herramientas puestas en manos de una u otra superintendencia llevan a duplicidad de funciones o a decisiones contrarias entre las superintendencias o a estudio o tratamientos diferentes de las situaciones de los entes prestadores del servicio público. Si bien el legislador puede atribuir a una superintendencia algunas funciones de inspección, vigilancia y control y otras, a otra superintendencia, así como el Presidente de la República delegarlas así, respecto de sociedades o personas que prestan un mismo servicio público, es lo importante y lo que debe examinarse al definir competencias administrativas que la asignación expresa de funciones y la claridad de cualquier delegación de las mismas, permita un preciso deslinde de las labores que a los organismos de control y vigilancia corresponden sobre los servicios públicos y las personas que los prestan. Esto es lo que observa la Sala que se presenta, en el caso del control integral que le ha sido atribuido a la Superintendencia de Puertos y Transporte en relación con el servicio público de transporte y con las personas o sociedades que lo prestan, ... Después de una interpretación sistemática y armónica de las normas citadas en los párrafos que anteceden, se advierte en este caso que la Superintendencia de Puertos y Transporte, que tiene atribuciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que presten el servicio público de transporte, tiene tales atribuciones ..., de manera general e integral, es decir, tanto en el ámbito objetivo que se relaciona con la prestación del servicio público, como en el subjetivo, relacionado con aspectos societarios o exclusivamente relacionados con la persona encargada de prestar el servicio En este orden de ideas se ha concluido que según los términos del fallo que acaba de mencionarse, la inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Puertos y Transporte es integral y por tanto a ella le compete el ejercicio de todas las funciones previstas en la Ley 222 de 1995, respecto de los sujetos que determina el artículo 42 del Decreto 101 de 2000, entre ellos los operadores portuarios. En relación con éstos ha de precisarse que de conformidad con el artículo 1 de la Ley 01 de 1991, en armonía con el artículo 5.9 del Estatuto de Puertos, tiene el carácter de operador portuario la empresa que presta servicios en los puertos, directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y usería. De ahí que no tienen esa condición, ni por tanto son sujetos de la vigilancia que ejerce la Superintendencia de Puertos y Transporte, las compañías que enmarcadas en el ejercicio de sus propias y privadas actividades y en desarrollo de su objeto social operan un puerto sin que sea su actividad esencial Of. 100-27201 de jun 27 de 2001, las cuales serán vigiladas por esta Superintendencia, en la medida en que de ellas se predique alguna de las causales de vigilancia contempladas en el Decreto 3100 de 1997. Por tal razón, al efectuar el traslado de las compañías anteriormente sujetas a la vigilancia de esta Superintendencia que pasaron a la supervisión de la Superintendencia de Puertos y Transportes con motivo de las normas legales invocadas, según la relación en su oportunidad efectuada, no se tuvieron en cuenta las sociedades comerciales que incluyen en su objeto social la operación de puerto, sin que tal actividad conlleve la prestación de servicios a terceros, es decir por no ejercer la actividad pública de operadores portuarios, en consideración a los argumentos que ampliamente se sustentan el oficio 100-27201 del 27 de junio de 2001 antes citado, cuya copia me permito adjuntar para mejor ilustración.