ASUNTO: Ley 1116 de 2006. Las Instituciones Prestadoras de Salud, I.P.S., se encuentran excluidas del régimen de insolvencia empresarial.

ASUNTO: Ley 1116 de 2006. Las Instituciones Prestadoras de Salud, I.P.S., se encuentran excluidas del régimen de insolvencia empresarial. Me refiero a su escrito remitido al web master de esta Entidad, radicado con el número 2007-01-163608, mediante el cual consulta ante qué entidad registra una clínica vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, su ingreso a uno de los procesos a que alude la Ley 1116 de 2006. Sobre el particular, me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1116 de 2006, estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluídas de la aplicación del mismo Subrayado y destacado fuera de texto. Adicionalmente, dispone su artículo 6 que los únicos jueces dentro de los citados procesos de insolvencia serán, la Superintendencia de Sociedades en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, de personas naturales comerciantes, así como los jueces civiles del circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos no excluidos del proceso. Así mismo, el numeral 1 del artículo 3 de dicha ley excluye específicamente del régimen de insolvencia de que esta trata a Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Subrayado y destacado fuera de texto. En este orden de ideas, tenemos que si la clínica objeto de su consulta se encuentra constituida como Institución Prestadora de Salud, I.P.S. o se trata de alguno de los entes excluidos del régimen de insolvencia empresarial en el artículo 3 de la citada Ley 1116, a ésta no le resulta aplicable la misma. En los anteriores términos se ha dado respuesta a su consulta, no sin antes observarle que el alcance de las mismas es aquel al que alude el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.