Financiación. Para la financiación de la Política Pública de Trabajo Digno y Decente concurrirán recursos de las entidades del orden nacional y territorial, en el marco de sus competencias y su misionalidad.
Se promoverá la gestión de recursos de alianza público-privadas, así como de la cooperación internacional.
Los sectores y entidades, de acuerdo con sus competencias, podrán definir la inversión destinada a la implementación de la Política Pública de Trabajo Digno y Decente, en las políticas, planes, programas y proyectos, según sus planes operativos anuales de inversión.
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