Los recursos provenientes de la financiación estatal se destinarán a financiar las actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades, de conformidad con sus planes, programas y proyectos:
Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales.
Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.
Para el funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación.
Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas.
Para cursos de formación y capacitación política y electoral.
Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas.
Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.
En todo caso, para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político, los partidos y movimientos destinarán en sus presupuestos anuales una suma no inferior al quince por ciento (15%) de los aportes estatales que le correspondieren.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica están obligados a debatir y a aprobar democráticamente sus presupuestos, y a ofrecer completa información pública sobre las decisiones adoptadas en esta materia, de conformidad con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.