República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025) MAGISTRADO PONENTE: RADICACIÓN: PROCESO: DEMANDANTE: DEMANDADO: GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO 11001310302120130027803 VERBAL ANTONIO MATIZ GERENA FRANCISCO ACOSTA NIÑO ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN Procede el Tribunal a resolver frente al recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra la providencia del 2 de octubre último.
ANTECEDENTES 1. Mediante el auto memorado, se declaró desierto el recurso de apelación elevado por el extremo actor, frente a la sentencia dictada el 30 de julio de 2025, por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito Adjunto Transitorio de Bogotá, al interior del proceso de la referencia, comoquiera que la apelante desatendió el deber contenido en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, esto es, sustentar la alzada ante el superior. 2.
Inconforme con esa decisión, la mandataria judicial de la parte convocante interpuso el recurso de reposición, argumentando, en síntesis, que ya se había sustentado la alzada ante el juez de primera instancia, de hecho, fue el mismo fallador quien explicó el procedimiento que seguiría la alzada; luego, al no tener en cuenta ese escrito se estarían vulnerando los derechos a la defensa y debido proceso de la parte.
Seguidamente realizó un relato de la censura que, en su momento, expuso ante el a quo haciendo claridad en que se están desconociendo las Reposición 1100131030212013002780301 de Antonio Matiz Gerena contra Francisco Acosta Niño garantías de adultos mayores, quienes se encuentran en estado de indefensión y cuentan con especial protección constitucional.
CONSIDERACIONES 1. En el ámbito del derecho procesal, es de apreciarse que la reposición se encamina unívocamente a obtener del funcionario que profirió la decisión con categoría de auto, la revocatoria o la modificación, cuando al emitirla ha incurrido en error, tal como se infiere de una diáfana exégesis de lo dispuesto por el artículo 318 del C. G. del P., siendo esta la aspiración de quien acude a tan usado mecanismo de impugnación. 2.
Desde ese breve marco legal, prontamente advierte esta Sala Unitaria que la providencia censurada habrá de confirmarse, por las razones que a continuación se pasa a explicar. 2.1. A tono con el artículo 322 del C.G.P, en su parte pertinente, “[c]uando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.
(…) El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado”. (Negrillas fuera del texto original). A su turno, el canon 12 de la Ley 2213 de 2022 previene que “(…) [e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes.
De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto (…)”. (Se destaca). 2.2. En este caso en particular, luego de dictarse el fallo que definió la primera instancia, el 30 de julio de 2025, por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito Adjunto Transitorio de Bogotá, inmediatamente la mandataria apeló la decisión, instante en el cual, procedió a rendir las 2 Reposición 1100131030212013002780301 de Antonio Matiz Gerena contra Francisco Acosta Niño argumentaciones que hoy califica como la sustentación, desconociendo que esa fase procesal concedida por el legislador no fue para sustentar, sino para proponer sus breves reparos o, incluso, confiere tres días más para ampliar los ya expuestos.
Y es que aun cuando la censora reprochó que fue el juez quien trazó la forma en que se iba a tramitar la alzada, tales afirmaciones no son ciertas, pues aunque sí se le aclaró a los no apelantes que ante el superior es que debían sustentar su oposición, en ningún momento de la sesión se instruyó a la inconforme para que realizara algo diferente a lo ordenado por la ley adjetiva, y, en todo caso, es absolutamente clara la normatividad vigente en cuanto a que la carga sustentatoria se agota ante el superior cognoscente de la segunda instancia. No obstante, durante el plazo otorgado en proveído del 28 de agosto del año en curso (que admitió en el efecto suspensivo la apelación), la opugnadora guardó absoluto silencio, y tal como este Tribunal lo explicó en pretérita oportunidad, “(…) independientemente de que se radique o no algún escrito ante el superior, se advierte que las normas procesales que rigen la apelación contra sentencias en materia civil (Cgp, otrora D.L. 806/20 y actual Ley 2213 de 2022), son claras en señalar que en primera instancia deben expresarse los reparos contra el fallo proferido, que la labor de sustentación de ese recurso se realiza ante el superior, y que la falta de esta última actuación por parte del extremo apelante, impone declarar desierta la alzada.
Nótese, en esa senda, que el art. 12 de la Ley 2213, que reprodujo el artículo 14 del Decreto Legislativo 806, establece de manera precisa y concreta que la falta de la sustentación, o su presentación extemporánea, conlleva la deserción de la alzada (…). Cabe acotar que la citada disposición normativa no es ambigua ni permite interpretación en cuanto al efecto y consecuencia de no presentar sustentación ante el funcionario judicial de segunda instancia, de donde en manera alguna podrían tenerse las manifestaciones expuestas en el curso de la primera instancia (en la audiencia celebrada por el a-quo y durante los tres (3) días siguientes a la audiencia de fallo o la sentencia escrita), como la sustentación que solo es dado presentar ante el superior y en el instante establecido concretamente para ese específico propósito. 3 Reposición 1100131030212013002780301 de Antonio Matiz Gerena contra Francisco Acosta Niño Además, en esa línea, aceptar una postura contraria implicaría que este juzgador desconociera y contrariara por completo la legislación que regula el trámite y resolución de las alzadas contra fallos en la especialidad civil, y además, que los funcionarios judiciales se arrogaran facultades legislativas que evidentemente no le corresponden, con el fin de determinar si una disposición normativa y la carga allí impuesta tiene o no razón de ser, máxime que la Corte Constitucional en su oportunidad efectuó el estudio de constitucionalidad del Decreto 806 y declaró exequible su artículo 14 sin condición alguna.
(…) Así las cosas, el diseño del sistema de apelación, en el CGP, en el temporal D.L. 806/20 y en la nueva Ley 2213, es claro en el sentido de que la sustentación de la alzada se hace ante el superior y previó la consecuencia de omitirse ese desarrollo argumentativo, sin que en ese contexto pueda el juez de segunda instancia estimar si el apelante anduvo más allá del mínimo exigido como brevedad de los reparos en primera instancia, y si desde ese instante existió una completa explicación de las inconformidades frente a la sentencia emitida; tal deber de sustentación, echado de menos en este caso (…) elimina ese tipo de valoraciones, en tanto que resulta imperativo, a la luz de las referidas normatividades, que aquella se haga a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la admisión del recurso.
Es de ver, entonces, i. que el pluricitado artículo 12 establece: ‘Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado.
Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto’; y ii. que por la forma en que se encuentra redactada esa norma y los verbos allí utilizados, es evidente que existe la obligación de sustentar en segunda instancia, y, además, que ello debe realizarse en el término de 5 días siguientes a la ejecutoria del auto admisorio o del proveído en el que se negaron pruebas en segunda instancia. En esa senda, antes de la ejecutoria de dichas decisiones no podría haber empezado a correr término alguno, de donde lo manifestado con anterioridad por la parte apelante no tiene el carácter y naturaleza de sustentación. Todo lo anterior se encuentra en consonancia con el carácter dispositivo del proceso civil, pues la competencia del superior la habilita la sustentación del recurso ante el ad quem, y no solo su interposición ante el a quo y los reparos y manifestaciones que se hicieron ante este último, de modo que si no se presenta tal 4 Reposición 1100131030212013002780301 de Antonio Matiz Gerena contra Francisco Acosta Niño sustentación (por ausencia de radicación o por allegarse de manera extemporánea), no media autorización legal para que a la autoridad respectiva le sea dado resolver la alzada.
Y es que el cumplimiento de la carga procesal a que se ha hecho referencia en manera alguna podría reemplazarse con lo dicho en primera instancia (en audiencia, en escrito allegado ante el juez de primer grado o con actuaciones oficiosas en esta sede). Así es en “oralidad”1 y no podría ser distinto en el actual sistema escrito, pues lo relevante es que la falta de sustentación ante el funcionario que conoce la apelación conlleva su deserción. (…) Debe ponerse de presente, ahora, que lo atrás expuesto se acompasa plenamente con el estado actual de las posturas de la Corte Suprema en el asunto, pues la Sala Laboral (v.gr.
STL2791, STL8304, STL12285, STL12591, STL14274 de 2021, STL10206 de 2022, STL6822-2023 y STL7234-2023), como superior funcional en tutelas, ha determinado que la sustentación de la alzada debe realizarse ante el superior y en el término establecido para ese fin, y ha sentado que la deserción declarada ante la falta de esa actuación por el apelante no constituye vía de hecho, defecto alguno, ni viola el debido proceso”1.
Incluso, en fallo de tutela del 30 de julio de 2024, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, unificó su criterio y, en ese sentido, resolvió conceder la protección deprecada -en un caso de contornos análogos- tras estimar que la “Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha desatendió la normatividad procesal que gobierna el caso y pasó por alto que el extremo apelante, pese a que le fue notificado en debida forma el auto de 11 de diciembre de 2023, por medio del cual se admitió la apelación que formuló contra el fallo de primer grado y se le concedió el término de cinco (5) días para que la sustentara, guardó silencio, omisión que genera, a voces de los cánones 322 y 327 del estatuto procesal, en armonía con el 12 de la Ley 2213 de 2022, la declaratoria de deserción del recurso.
(…) Así las cosas, como la contraparte de la aquí interesada no cumplió la carga procesal exigida por las aludidas normas, debió el ad-quem declarar desierto el remedio vertical tantas veces citado, en vez de proceder a dictar fallo de segunda instancia, pues esa es la consecuencia o sanción que aquellas prevén, de manera que 1 Tribunal Superior de Bogotá-Sala Civil, auto del 6 de septiembre de 2023, rad. 11001310304120170046301. 5 Reposición 1100131030212013002780301 de Antonio Matiz Gerena contra Francisco Acosta Niño se evidencia desacierto en aludido proceder de dicha autoridad, de ahí que corresponda conceder el ruego supralegal”2.
Y en otro pronunciamiento, aún más reciente, la Corte Suprema de Justicia, explicó: …Al respecto, debe señalarse que, aunque con anterioridad la postura mayoritaria de la Sala se orientaba a señalar que en virtud de las reformas introducidas temporalmente por el Decreto 806 de 20203 y la coyuntura que las originó por la pandemia del COVID19 era posible valorar la sustentación de la alzada realizada ante el a quo, sin que, en ese evento, pudiera declararse desierto el recurso por falta de fundamentación en segunda instancia4, lo cierto es que en el contexto actual no puede pasarse por alto que tales modificaciones se establecieron permanente en el ordenamiento jurídico hace más de dos años y, en consecuencia, resulta imposible catalogar de irracional que se exija la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, en cuanto establece que, ‘Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes (…) Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto’5. 3.
En ese orden de ideas, no hay lugar a acceder a la revocatoria del auto impugnado, pues, esta Corporación no incurrió en error fáctico o jurídico en la providencia cuestionada, mucho menos se están desconociendo las garantías de la parte apelante, ya que lo que se evidencia en la actuación es que la parte demandante desatendió la carga procesal impuesta en las normas ut supra citadas, esto es, la de sustentar en segunda instancia su recurso de apelación y a pesar de que se trata de adultos mayores, estos cuentan con una defensa técnica suministrada por su apoderada de confianza, circunstancia que imponía declarar desierto su medio de impugnación. DECISIÓN En mérito de lo esbozado en precedencia el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., en Sala Unitaria de Decisión Civil, CSJ STC9311-2024 Consagrada en forma permanente con la Ley 2213 de 2022. 4 Esto, dando prelación al derecho sustancial sobre las formas y al principio de economía procesal.
Ver, entre otras, las sentencias CSJ, STC5498-2021, STC5790-2021, STC305-2023, STC1365-2024, entre otras. 5 CSJ STC9008-2024. 2 3 6 Reposición 1100131030212013002780301 de Antonio Matiz Gerena contra Francisco Acosta Niño RESUELVE:
PRIMERO: NO REPONER el auto de fecha y origen preanotados, por las razones expuestas en el cuerpo considerativo de esta decisión.
SEGUNDO: Ejecutoriado el presente auto, ofíciese a la oficina judicial de origen informándole sobre la decisión aquí adoptada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO Magistrado 21 2013 00278 00 Firmado Por: Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano Magistrado Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: e89d3d5254a9c27ceb5bfa564fe0351c81c4ade456c043597aeab4b09a62d32e Documento generado en 28/10/2025 11:53:14 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 7