REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN PENAL DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO Magistrado Ponente: PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO Radicado: 110012220000202500093 00 (T-730) Accionantes: Laury Mariana Pérez Carrascal Accionado: Fiscalía 41 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá Asunto: Acción de Tutela de Primera Instancia Decisión: Avoca Conocimiento Fecha: Treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) Procede el Despacho a avocar el conocimiento de la acción constitucional de tutela promovida a través de apoderado judicial por la ciudadana Laury Mariana Pérez Carrascal, en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y la Fiscalía 41 Especializada de Extinción de Dominio por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y propiedad privada.
En lo que tiene que ver con la medida provisional deprecada por la demandante en el sentido que se ordene al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá suspender los efectos jurídicos de las medidas que se impusieron en el proceso extintivo respecto del inmueble identificado con la matrícula número 260-195745, pertinente resulta destacar que en relación con las cautelas que pueden ser ordenadas por el Juez Constitucional, en el decurso de una acción de tutela, para proteger un determinado derecho fundamental, el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 estableció: “Artículo 7o.
Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público.
En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”. Lo previsto en la norma antes citada permite afirmar que la posibilidad de adoptar medidas provisionales en el trámite de esta acción constitucional persigue fundamentalmente dos propósitos: por un lado, la protección efectiva de los derechos fundamentales cuyo amparo se reclama y, de otra parte, la necesidad de evitar que el efecto de un eventual fallo a favor de la solicitante resulte ilusorio.
Tales finalidades explican además, que el legislador haya facultado al Juez de Tutela, para que pueda decretar medidas cautelares de protección como: i) suspender la aplicación de un acto concreto que amenace o vulnere derechos fundamentales, ii) impartir órdenes procedentes y pertinentes para cumplir los objetivos antes señalados, y iii) dictar medidas de conservación o seguridad encaminadas a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados.
En este contexto, es oportuno recordar que, la Corte Constitucional, en varios de sus pronunciamientos, ha supeditado la procedencia de tales medidas de protección a aquellos casos en los que su adopción se requiere para: a) evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación, b) impedir que la violación se agrave, si ya se produjo 1.
Aplicando tales criterios al caso concreto, se observa que, en manera alguna de las premisas fácticas reseñadas en la demanda de tutela, emerge que esté en curso una vulneración de tal magnitud que obligue al Juez Constitucional a adoptar medidas anteriores al fallo de tutela, máxime que se trata de una situación que presuntamente se ha presentado al interior de un trámite procesal, sin que produzca un daño gravoso que haga que la sentencia carezca de eficacia en caso de ser amparable el derecho, y que, en 1 Cfr. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Auto No. 110 del 5 de junio de 2013.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Asimismo, ver: Auto No. 041A de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); Auto No. 166 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda) y Auto No. 133 de 2009 (M.P Mauricio González Cuervo). 2 ese orden resulte excesivo el término de 10 días del que dispone la Colegiatura para fallar. Tampoco emerge la existencia de situación de urgencia que amerite imponer tal suspensión, ya que, aunque se hacen afirmaciones por la accionante en el escrito de tutela que se afectan los derechos adquiridos de una persona que era menor de edad al momento de la adquisición del predio, lo cierto es que no se allegó prueba de las circunstancias que alude en la demanda.
Así las cosas, se impone la negativa a la solicitud de amparo provisional formulada por la accionante. En este orden, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 Superior, 37 del Decreto 2591 de 199, Decreto 1382 de 2000 y Decreto 1983 de 2017 y Decreto 333 de 2021 SE DISPONE: 1. AVOCAR el conocimiento de la presente actuación.
2. CORRER TRASLADO DE LA DEMANDA a la Fiscalía Cuarenta y uno (41) Especializada de Extinción de Dominio y al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, para que, si lo tienen a bien, ejerzan el derecho de contradicción y defensa, en el término perentorio de veinticuatro (24) horas, allegando los soportes probatorios que consideren pertinentes. 3.
VINCULAR a las partes o terceros con interés en el trámite que adelanta el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá en el proceso No. 1100013120002021087-2, para que, si lo tienen a bien, ejerzan los derechos de contradicción y defensa, en el término perentorio de veinticuatro (24) horas, allegando los soportes probatorios que consideren pertinentes.
A efectos de lo anterior, se deberá surtir el trámite de notificación por aviso fijado en la Secretaría de la Sala y a través de la publicación del presente auto en la página web de la rama judicial, con el fin de enterar a las personas que puedan verse afectadas en el desarrollo de la demanda constitucional. 3 4. VINCULAR a la Personería de Cúcuta y a la Procuraduría General de la Nación, para que emita informe, en el término perentorio de veinticuatro (24) horas, para que, si lo tiene a bien, ejerza el derecho de contradicción y defensa, allegando los soportes probatorios que considere pertinentes. 5.
NEGAR la medida provisional de protección a derechos fundamentales solicitada por la accionante en el escrito de tutela. 6. COMUNICAR lo aquí dispuesto, por el medio más expedito, y a través de la Secretaría de la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, a la accionante y la autoridad demandada.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO MAGISTRADO 4