República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil veinticinco. Proceso: Demandante: Demandado: Radicación: Procedencia: Asunto: Verbal – Protección al consumidor. Giovanny Alberto Giraldo Yepes y otra.
Arquitectura y Construcciones S.A.S. 110013199001202339057 01. Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Apelación sentencia Revisado el plenario, en los términos del artículo 325 de la ley 1564 de 2012, se advierte que este Tribunal carece de competencia para definir sobre el recurso de apelación remitido, como pasa a explicarse. 1.
Efectuado el examen preliminar de la actuación, se observa que la pretensión principal de la demanda consiste en que se haga efectiva la garantía legal y se repare los daños de las losas de los parqueaderos y las grietas y el desprendimiento de un líquido blanco del cuarto útil 323 y 326, respectivamente, del Conjunto Residencial Nogales Apartamentos, ubicados en Envigado, Antioquia1.
El valor de las reparaciones reclamadas asciende2 a $61.000.000. 2. Mediante auto 105897 del 30 de julio de 2024 se admitió la demanda indicando que se trataba de un asunto de menor cuantía3. 2. El artículo 24 ídem establece que: Folio 3, 23539057--0000000001.pdf. 01DemandaAnexos. CuadernoSuperintendencia. Principal. Primera instancia. 11001319900120233905700. 2 Folio 2, 23539057--0000400002.pdf. 05SubsanaDemanda.
CuadernoSuperintendencia. Principal. Primera instancia. 11001319900120233905700. 3 2024105897AU0000000001.pdf. 07AutoAdmiteDem. CuadernoSuperintendencia. Principal. Primera instancia. 11001319900120233905700. 1 110013199001202339057 01. 1 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil «Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 1.
La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal». Más adelante, el inciso 3° del parágrafo 3° del precitado artículo señala: “Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable” (subraya añadida).
El numeral 2° del artículo 31 eiúsdem, asigna a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, en Sala Civil: «(…) la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito. En estos casos, conocerá el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según fuere el caso».
A su turno, el artículo 33 ídem, numeral 2°, asignó a los jueces de segunda instancia el conocimiento “De los procesos atribuidos en primera a las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil municipal”. Adicionalmente, la Ley 1480 de 2011 al otorgar funciones jurisdiccionales a las Superintendencias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política en su artículo 58 advirtió: “La Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia en todo el territorio nacional y reemplaza al juez de primera o única instancia competente por razón de la cuantía y el territorio”. 3.
Una sistemática interpretación de las normas reproducidas en precedencia, permite concluir que la 110013199001202339057 01. 2 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil competencia en segunda instancia depende del juez que resultó desplazado por la autoridad administrativa. Por su parte, la competencia de la primera instancia se fijará tomando en cuenta el factor objetivo económico; es decir, la cuantía del asunto, lo que permitirá determinar si es de mínima cuantía: en cuyo caso será de única instancia; menor o mayor cuantía y, optándose por acudir a la autoridad administrativa, ese factor indicará cuál es el juez desplazado: el civil municipal o el del circuito.
La decisión del Consejo de Estado, con la cual se revivió la versión original del numeral 9° del artículo 20 de la Ley 1564 de 2012 que indica que el Juez del Circuito conoce en primera instancia de los procesos “relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor”, no afecta la conclusión antedicha, comoquiera que este último precepto no puede aplicarse de manera insular, sino que debe hacerse un engranaje sistemático y armónico con las normas en precedencia evaluadas, hermenéutica de la que se colige que en esta clase de acciones para la determinación de la competencia debe considerarse el factor objetivo económico.
En este caso, revisadas las pretensiones de la demanda, resulta que las aspiraciones del actor no superan los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivalía4 en el año 2023, cuando se radicó la demanda, a $174’000.000, para calificar el asunto de mayor cuantía; por el contrario, los $61’000.000 están en el rango de 40 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, se trata de un asunto de menor cuantía, como en efecto fue calificado por la Superintendencia. Significa lo anterior, que la autoridad judicial desplazada por la Superintendencia de Industria y Comercio fue el Juez Civil Municipal, por lo que la segunda instancia debe ser asumida y decidida por los Jueces Civiles del Circuito y no por este Tribunal, como lo dispuso la Superintendencia al remitir el asunto para desatar un recurso de apelación. Corolario de lo dicho en precedencia, se declarará inadmisible el recurso y se dispondrá su remisión a la Oficina de Apoyo Judicial, para que sea repartido entre los Jueces Civiles del Circuito de la ciudad. 4 De atender que mediante Decreto 2613 de 2022 se fijó el salario mínimo para el 2023 en $1’160.000. 110013199001202339057 01. 3 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Decisión: En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil de Decisión,
RESUELVE
1. DECLARAR inadmisible el recurso de apelación el que, en atención a la cuantía del asunto, no compete resolver a esta Colegiatura. 2. DISPONER el envío de las presentes diligencias a la Oficina de Apoyo Judicial para reparto entre los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá. 3. INFORMAR de esta determinación a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Notifíquese, RUTH ELENA GALVIS VERGARA Magistrada Firmado Por: Ruth Elena Galvis Vergara Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., 110013199001202339057 01. 4 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: d93a3147087dc036f83853bdd715d9f286128659481affe34937cd0c65641278 Documento generado en 09/09/2025 08:47:09 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica