RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORA ROJAS Montería, ocho (8) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CLASE DE ACCIÓN DE TUTELA PROCESO EXPEDIENTE Nro. 23001221400020251035000 FOLIO 594-25 DEMANDANTE BEATRIZ ESTHER VIEIRA ORDOÑEZ DEMANDADO JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA BEATRIZ ESTHER VIEIRA ORDOÑEZ, actuando en causa propia, presentó acción de tutela contra el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva. 1 Atendiendo que la presente acción constitucional cumple con los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Constitución política; los decretos 2591/91 y 1392/02, se procederá a su admisión. Ahora bien, dado que se presentó medida provisional en esta acción constitucional, procederá el Despacho a determinar si es necesaria su aplicación. Al efecto, el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, contempla que: “Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.
(…)” En el presente asunto, la actora solicita como medida provisional conminar al juzgado accionado la suspensión inmediata de la diligencia de secuestro programada para los días 9 y 10 de octubre de 2025. Sin embargo, no se advierte una aparente viabilidad de dicha solicitud, toda vez que no se expusieron argumentos jurídicos razonables que permitieran establecer, al menos, un estándar mínimo de veracidad.
La peticionaria se limitó a formular la petición sin justificar someramente la urgencia o necesidad de la medida, la cual, además, guarda estrecha relación con los efectos que se derivan de lo pretendido en la acción constitucional. A ello se suma que la accionante cuenta con 2 mecanismos legales ordinarios para oponerse a la diligencia de secuestro, en caso de que esta llegue a practicarse.1 En consecuencia, se negará la misma.
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral, actuando como juez constitucional,
RESUELVE
PRIMERO: ADMÍTASE la acción de tutela interpuesta por BEATRIZ ESTHER VIEIRA ORDOÑEZ, actuando en causa propia contra el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
SEGUNDO: ORDENAR NOTIFICAR a la parte accionada, a través de su representante legal o quien haga sus veces o el funcionario judicial para tales fines, el presente proveído y el escrito tutelar, para que, en garantía del derecho 1 Corte Constitucional Auto 259/21 21. Recientemente, la Sala Plena reinterpretó estos requisitos y los sintetizó en tres exigencias básicas.
De acuerdo con esta reformulación, la procedencia de la adopción de medidas provisionales está supeditada al cumplimiento de los siguientes presupuestos: (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris).
(ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo trascurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora). (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente. 3 de defensa, dentro del término de un (1) día se pronuncien sobre los hechos de la acción constitucional y aporten las pruebas que pretendan hacer valer.
TERCERO: NEGAR la medida provisional solicitada, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: ORDENAR como prueba oficiosa requerir al JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA, a fin de que, en el término de dos (01) día, remita con destino a la presente acción constitucional el expediente digital del proceso identificado con el radicado Nro. 23-001-31-03-004-2022-00151-00.
QUINTO: VINCÚLESE a los intervinientes dentro del proceso identificado con el radicado 23-001-31-03-004-2022-00151-00 que cursa en el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA, para que puedan ejercer su derecho de defensa y presenten sus alegatos ante los hechos objeto de reclamación. Por lo anterior, se ORDENA NOTIFICAR de la vinculación al mencionado juzgado, debiendo acreditar dentro de la presente acción las gestiones efectuadas para dicho fin, concediendo para ello un término de un (01) día. Alléguense las constancias pertinentes.
SEXTO
NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA vía correo electrónico o por el medio más ágil y expedito; y córrasele traslado a las partes intervinientes mencionadas en los numerales anteriores por el término de un (01) día para 4 que se pronuncien sobre la tutela y aporten las pruebas que pretendan hacer valer, para ejercer su defensa.
SÉPTIMO: PREVÉNGASE a la parte accionada que, si la manifestación en concreto sobre los hechos de la demanda de tutela no se realizare dentro del plazo fijado, se tendrán por ciertos los hechos aducidos por el solicitante y se procederá a resolver de plano (Art. 20 del Decreto 2591 de 1991 y Sentencia T092, feb. 2/2000).
OCTAVO: Ante la eventual imposibilidad de enterar del inicio de esta acción constitucional a las partes o terceros interesados que puedan verse afectados con sus resultas, súrtase este trámite por edicto y, además, su emplazamiento a través del Registro Nacional de Personas 4 Emplazadas, dejando la constancia de ese acto en el expediente y en el aplicativo TYBA.
NOVENO: Por Secretaria,
COMUNÍQUESE a las partes que la respuesta al pronunciamiento en concreto sobre los hechos de la demanda de tutela deberá ser allegada a través del correo electrónico institucional de la Secretaría de esta Corporación, el cual es secscflmon@cendoj.ramajudicial.gov.co Además, infórmese que las providencias dictadas serán remitidas a través de correo electrónico y podrán ser consultadas en la página web https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-monteria/98 y https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/justicia21/administracion/ciudadan os/frmConsulta. 5 DÉCIMO: La secretaría de esta Corporación deberá certificar si sobre el asunto de la referencia se surtió o se surte algún trámite ante esta Sala.
UNDÉCIMO: Realizado lo anterior vuelva al despacho para proveer.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE RAFAEL MORA ROJAS Magistrado 6