TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO Sala Civil – Familia – Laboral Magistrada ponente CLAUDIA PATRICIA PIZARRO TOLEDO Sincelejo, quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia Demandante Demandado Consecutivo: Ordinario Laboral: Isabel Deogracia López Novoa: PAR Caprecom – EICE: 70001310500120170011601 Aprobado en sesión del quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Acta N° 028 De conformidad con el artículo 13 numeral 1º, de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala a decidir los sendos recursos de apelación interpuestos por las partes y, simultáneamente surtir el grado jurisdiccional de consulta respecto del fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, en la audiencia pública celebrada el día 12 de junio de 2019, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por ISABEL DEOGRACIA LÓPEZ NOVOA contra PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES (PAR- CAPRECOM) ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., radicado bajo el No. 2017-00116-01.
I.
ANTECEDENTES La señora ISABEL DEOGRACIA LÓPEZ NOVOA, actuando a través de apoderado judicial, promueve demanda ordinaria laboral contra la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM EICE LIQUIDADA- con miras a que, mediante sentencia judicial, se declare que entre ella y la demandada existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1° de diciembre de 2006 al 31 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la demandada y SINTRACAPRECOM, de la cual es beneficiario.
Consecuencialmente, se condene a la demandada a pagar a su favor: i) Diferencias salariales; ii) Incrementos por antigüedad; iii) Prima Técnica; iv) Auxilio de Transporte; v) Auxilio de Alimentación; vi) Prima Semestral Legal- Reconocida por Acuerdo; vii) Bonificación por Servicios Prestados; viii) Prima de Vacaciones; ix) Prima de Navidad; x) Bonificación especial de diciembre; xi) Auxilio de Cesantías; xii) Aumento Salarial Convencional; xii) Subsidio de Alimentación Convencional; xiv) Auxilio de Transporte Convencional; xv) Prima de Junio Convencional; xvi) Prima de Navidad Convencional; xvii) Prima de Vacaciones Convencional; xviii) Bonificación por Servicios Prestados Convencional; xix) Prima de Antigüedad Convencional; xx) Prima de Retiro Convencional; xxi) Bonificación de Recreación Convencional; xxii) Quinquenio Convencional; xxiii) Dotaciones; xxiv) Bono pensional o Cálculo actuarial; xxv) Pago del 12.5% y 16% mensual correspondiente a los aportes de salud y pensiones respectivamente, a cargo del empleador, como aportes al sistema de seguridad social durante el tiempo laborado; xxvi) indemnización por despido injusto; xxvii) sanción moratoria por la no consignación de las cesantías e, xxviii) indemnización por falta de pago de las prestaciones sociales.
Indexación y costas del proceso. Pretensiones que fundamentó en los hechos aducidos en la demanda, que a continuación se compendian: Que, se vinculó laboralmente con la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM” TERRITORIAL SUCRE -hoy en liquidación- mediante contratos escritos a partir del 1° de diciembre de 2006 al 31 de enero de 2016.
Que, la actora se desempeñó el siguiente cargo: • Gestor de Vida Sana, a través de la EST A TIEMPO S.A.S., desde el 1° de diciembre de 2006 al 28 de febrero de 2010, con la CTA COOPSERVICIOS del 1° de marzo de 2010 al 30 de mayo de 2012 y, mediante contratos de prestación de servicios celebrados directamente con CAPREC0OM desde el 1° de junio de 2012 al 31 de enero de 2016.
Que, la labor desempeñada fue dispensada de manera personal, obligada asistir todos los días a la empresa, obedeciendo instrucciones, órdenes y el cumplimiento de un horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p.m., y que en varias ocasiones le tocó laborar los días sábados. Que, la labor fue ejecutada en las instalaciones de la demandada, con elementos de trabajo dotados por la entidad, portando carnet que la identificaba como empleada de la misma y beneficiándose de los planes de salud ocupacional de aquella.
Que, el cargo desempeñado es el mismo que desarrollan auxiliares administrativos de planta de la entidad accionada, como de carácter permanente. Que, las funciones encomendadas por el jefe inmediato de la demandante, quien era el Gerente de “CAPRECOM” EPS Territorial Sucre, se traducían en: Que el último salario devengado por la actora fue de $1.271.000 pagaderos de forma mensual.
Que, para gozar de un descanso en la temporada navideña y de semana santa, se veía obligada a laborar compensando tiempos o periodos establecidos por “CAPRECOM". Que, en la entidad accionada existe y funciona el sindicato de trabajadores llamado “Sindicato de Servidores Públicos de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones” - SINTRACAPRECOM-, que es mayoritario porque agrupa a más de la tercera parte de los trabajadores de esa entidad, por lo tanto, las cláusulas convencionales se les aplican al personal sindicalizado y no sindicalizado en consonancia con lo establecido en el artículo 471 del C.S.T. Que, durante la vigencia de los contratos la entidad demandada actuó de mala fe por cuanto desconoció todos los derechos laborales a que tenía derecho la accionante, como el disfrute de vacaciones, consignación de cesantías e intereses de las mismas, primas, incrementos salariales.
Que no fue afiliado a la Seguridad Social Integral y tuvo que pagar de su peculio la totalidad del valor correspondiente a las cotizaciones por concepto de salud y pensiones y, pólizas de seguro que amparaban los contratos suscritos. Que, la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre CAPRECOM y el Sindicato de Servidores, se encuentra vigente a la fecha de presentación de esta demanda, en virtud de las prórrogas automáticas que dispone el Código Sustantivo del Trabajo.
Que, en la referida Convención Colectiva de Trabajo se estableció que ningún contrato de trabajo podrá ser terminado sin justa causa, sino por aquellas causas consideradas como justas debidamente comprobadas. Que, el día 21 de octubre de 2016, elevó reclamación administrativa ante la demandada a efectos de obtener el reconocimiento y pago de sus derechos legales y convencionales; siendo resuelta su solicitud de forma desfavorable a sus intereses a través del Oficio No. 201670000005361 del 04 de noviembre de 2016.
II. Admitida como TRÁMITE DEL PROCESO fue la demanda y corrido el traslado correspondiente, la demandada CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES – CAPRECOM (HOY LIQUIDADA), contestó1 la demanda oponiéndose al total de las pretensiones formuladas en su contra. Señaló que el demandante en forma libre, sin subordinación alguna, ni jefes inmediatos, prestó sus servicios a dicha entidad, a través de diversos contratos de prestación de servicios profesionales.
Propuso como excepciones de fondo, las que denominó: 1) cobro de lo no debido y falta de causa y título para pedir; 2) inexistencia de las obligaciones; 3) prescripción y, 4) presunción de legalidad, firmeza de los actos administrativos y carencia del derecho reclamado. III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En audiencia pública de juzgamiento celebrada el 12 de junio de 2019, la Juez de conocimiento puso fin a la instancia, en los términos que a seguir se reproducen: “PRIMERO: DECLARAR que la demandante ISABEL DEOGRACIA LÓPEZ NOVOA y la demandada CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPECOM EIC LIQUIDACIÓN, representada legalmente por la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, ésta por el señor Felipe Negrett Mosquera o por quien haga sus veces, existió contrato de trabajo, el cual tuvo vigencia desde el 1° de diciembre de 2006 hasta el 31 de enero de 2016.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción y no probadas las restantes propuestas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO en su condición de administrador de los 1 Ver “12ContestacionDemanda” recursos y activos fideicomitidos, de la demandada CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM EIC EN LIQUIDACIÓN.
TERCERO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO, representado legalmente en la forma anteriormente mencionada, en la condición indicada en el numeral anterior, y con quién se integró el contradictorio en este proceso, a pagar a la demandante ISABEL DEOGRACIA LÓPEZ NOVOA, la cantidad de $29.029.600 por concepto de auxilio de transporte convencional, prima de junio convencional, bonificación por servicios prestados convencional, prima de vacaciones legal y convencional, prima de navidad legal y convencional, auxilio de cesantías, prima de retiro convencional, bonificación por recreación convencional, quinquenio convencional, e indexación de estos conceptos, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de ésta sentencia.
CUARTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO a efectuar el pago de los aportes en Pensión - bono pensional - calculo actuarial correspondiente al tiempo servido por la demandante ISABEL DEOGRACIA LÓPEZ NOVOA, comprendido entre el 29 de enero y el 28 de octubre de 2010 y, entre el 1 de junio de 2012 al 31 de enero de 2016, conforme al cálculo que efectúe la entidad de seguridad social en pensiones libremente escogida por ésta, en el porcentaje legalmente establecido, que en estos eventos, corresponde a la totalidad del aporte correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
QUINTO: ABSOLVER al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO, en la condición antes mencionada, de las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: CONDENAR en costas al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO. Como agencias en derecho se señala la suma de $2.771.220, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PSAA16 - 10554 del 05 de agosto de 2016, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, que se incluirán en la liquidación de costas que en forma concentrada practique la Secretaría, conforme a lo establecido en el artículo 366 del CGP”.
Conclusión a la que arribó la a quo al determinar que en el informativo quedó acreditado que la demandante se desempeñó como Auxiliar Administrativo “Gestor de Vida Sana” durante el interregno que va del 1° de diciembre de 2006 hasta el 31 de enero de 2016, primero a través de contratos de prestación de servicio, seguidamente, mediante intermediación laboral por la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES A TIEMPO S.A.S. y después la CTA COOPSERVICIOS (GRUPO COOPERAMOS), desnaturalizando el carácter cooperativo de ésta; para finalmente retomar la contratación directa de los servicios personales del actor, a través de Contratos de Prestación de Servicios u OPS.
De tal manera, pues, que como quedó comprobado fehacientemente en el proceso, que CAPRECOM EICE fue la persona jurídica que se benefició del servicio prestado por el actor, propietaria además de los elementos de trabajo por él utilizados en el ejercicio de su labor, por disposición legal, ha de considerarse a este como trabajador dependiente de aquélla, y a la señalada demandada como su real empleadora.
En torno a la Convención Colectiva celebrada entre la accionada y Sintracaprecom, señaló que teniendo en cuenta que el sindicato conforma más de las dos terceras partes de los trabajadores, las disposiciones de tal instrumento se extienden a los trabajadores no sindicalizados, por lo que el actor es beneficiario de la misma. Refirió que, la pretensión relativa a la declaratoria de despido sin justa causa no ha de prosperar, y consecuencialmente tampoco, las restantes que en ella cimentó el actor en su demanda, esto es, la declaratoria de ineficacia del despido, el reintegro, y consecuencial pago salarios y prestaciones sociales legales y convencionales dejados de percibir entre uno y otro, pretensiones todas de las cuales será entonces absuelta la demandada.
Respecto al pago de diferencias salariales entre lo percibido durante la vigencia del contrato, y la asignación salarial establecida legal y/o convencionalmente, según la denominación, grado y nivel del cargo establecido en la planta de personal para los trabajadores oficiales, como lo es el de Auxiliar Administrativo - Gestor de Vida Sana de CAPRECOM EICE, absolvió porque no se glosó por el demandante probanza alguna que informe acerca de la Planta de Personal de trabajadores oficiales de dicha empresa, mucho menos acerca de las asignaciones salariales de cada uno de los cargos que en ella aparecieren, entre ellos, los anotados.
En cuanto a la reclamación de pago de incrementos por antigüedad convencional, tampoco sale avante ya que no se cuenta con la escala salarial de los trabajadores de la demandada, amén de que en la CCT no se avizora tal derecho. Asimismo absolvió a la demandada de las pretensiones de auxilio de transporte convencional, prima técnica convencional, auxilio de alimentación legal, auxilio de alimentación convencional, bonificación especial de diciembre, aumento salarial convencional, prima de antigüedad convencional, dotaciones, devolución de lo pagado por retención en la fuente y por concepto de pólizas, indemnización por despido injusto, sanción moratoria del artículo 1° Decreto 797 de 1949 (por encontrarse la demandada en liquidación), e intereses legales o moratorios.
En yuxtaposición, al encontrar causado el derecho y no existir evidencia de pago, elevó condena por concepto auxilio de transporte legal y convencional, primas semestral legales, y convencionales, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones legal y convencional, primas de navidad legal, auxilio de cesantías legal, prima de retiro convencional, bonificación de recreación convencional, quinquenio convencional, cálculo actuarial de aportes en pensión e indexación, por los siguientes montos: Auxilio de transporte legal = $1.996.550 Primas semestral legales, y convencionales = $4.353.470,83.
Bonificación por servicios prestados =$1.441.801,51. Prima de vacaciones legal y convencional =$2.088.323,61. Primas de navidad legal = $4.358.470,83. Auxilio de cesantías legal = $7.520.083 (excluyendo el periodo anterior al 1° de marzo de 2010, pues ese tiempo fue asumido por la EST A TIEMPO) Prima de retiro convencional = $2.542.000 Bonificación de recreación convencional = $417.664,72.
Quinquenio convencional = $635.500 Indexación = $3.675.736. En lo que atañe a la excepción de imposibilidad de proferir sentencia de fondo contra el PAR CAPRECOM LIQUIDADO, señaló que esta carece de sustento, habida cuenta que es precisamente esa entidad la llamada a responder, y en caso de aceptar dicha tesis, los derechos de los trabajadores quedarían desprotegidos.
De la excepción de prescripción propuesta por la demandada, indicó que esta fue interrumpida por la actora el 18 de octubre de 2016, cuando presentó la reclamación administrativa, luego tal medio exceptivo ha de prosperar parcialmente en relación con las prebendas causadas con anterioridad al 18 de octubre de 2013, de conformidad con lo establecido en el los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN Inconformes con la decisión adoptada, los apoderados judiciales de ambos bandos procesales la impugnaron, en los siguientes términos: PARTE DEMANDANTE El vocero judicial del extremo accionante se duele de la negativa de elevar condena por concepto de sanción moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones a su cliente, pues ha sido posición reiterada de la CSJ SC Laboral y del Consejo de Estado, en el sentido de condenar a las entidades públicas a pagar la sanción moratoria descrita, toda vez que ha considerado que al suscribir el contrato de prestación de servicios de forma reiterada, se deduce que han actuado de mala fe, tal como se extrae de la sentencia del 23 de enero del 2013, Rad.
No.40067. Por consiguiente, solicita se acceda a la sanción moratoria deprecada. De otro lado, adujo no estar de acuerdo con lo expuesto por la señora juez en cuanto a la liquidación efectuada, en vista que el aplicar las fórmulas aritméticas o los días laborados entre salarios y dividirlos entre 360 días, arroja una cantidad de $16.800.00, debidamente indexada, por concepto de cesantías; igual ocurre con el valor para las primas de servicio y los intereses de cesantía que deben ser de calculados bajo la premisa del nuevo valor establecido y debatido en el recurso de alzada, al igual que las vacaciones.
Finalmente aduce que en vista de que la demandante trabajó desde el año 2006 hasta el año 2016, tiene derecho a los incrementos por antigüedad y prima de antigüedad convencional por tener 10 años laborados. PARTE DEMANDADA Señaló que no comparte la decisión de declarar la existencia del contrato de trabajo, por cuanto la prueba documental que milita al interior del proceso da cuenta que lo que existió entre las partes fueron diversos contratos civiles de prestación de servicios profesionales, los cuales se desarrollaron en forma libre, sin subordinación alguna ni jefe inmediato.
También está acreditado que, durante la ejecución del contrato civil de prestación de servicios profesionales, la actora estuvo sometida al cumplimiento del objeto contractual, el cual implicaba que debía realizar determinadas tareas y actividades, y por ello no quiere decir que haya intención de disfrazar el contrato de trabajo, porque al fin y al cabo implica obligaciones para los contratantes y de las responsabilidades que adquirió el actor no se avizora que se tratara de un contrato laboral, pues los contratos deben ejecutarse de buena fe el hecho de tener que cumplir con los compromisos adquiridos no significa necesariamente que el contrato civil se convierta en laboral, así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en sentencia 30195 del 27 de febrero del 2007 y, en fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 2003.
V. GRADO DE CONSULTA La sentencia de primer nivel debe revisarse simultáneamente en consulta a favor de PAR CAPRECOM LIQUIDADO, por virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 1149 de 2007, que modificó el art. 69 del CPTSS y, lo enseñado por la H. CSJ SC Laboral en proveído AL50232018, iterado en auto AL3140-2021, en donde se dispuso que las sentencias judiciales en contra de dicha entidad son consultables, por cuanto las obligaciones derivadas de acreencias laborales, serán asumidas por la Nación con cargo a los recursos del presupuesto general, en el caso en que los de la entidad no sean suficientes.
VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Este Colegiado, a través de proveído calendado 17 de junio de 2019, se admitió los reseñados recursos de apelación. Posteriormente, mediante auto adiado 23 de septiembre de 2021, corrió traslado a las partes para alegar dentro del término de cinco (5) días. En atención a ello, el vocero judicial de la activa arrimó sus alegatos, reiterando, en resumen, los argumentos vertidos en su apelación y, ratificando que entre las partes existió un verdadero contrato de trabajo y que debe condenarse a la demandada al pago de la sanción moratoria deprecada.
VII. CONSIDERACIONES 1. Presupuestos Procesales Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo. 2.
De la legitimación de la Fiduprevisora S.A. como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM. Preliminarmente, cabe hacer mención especial al argumento planteado por la parte demandada FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su calidad de VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES (PAR- CAPRECOM), quien durante el curso del proceso (y en sus alegatos de segunda instancia) adujo no ser la llamada a responder por las prestaciones que se deriven del contrato de trabajo que llegare a existir entre la actora y la entidad liquidada CAPRECOM.
Para dar al traste con tal manifestación, la Sala echará mano a las directrices vertidas por la H. CSJ SC Laboral en sentencia SL378-2022, en donde la Corte hizo un recuento normativo respecto a la obligación a cargo de la FIDUPREVISORA S.A., en esta clase de procesos, concluyéndose que: “… la responsabilidad del PAR Caprecom Liquidado donde actualmente actúa única y exclusivamente como administrador y vocera del patrimonio autónomo de remanentes la Fiduciaria La Previsora S.A, no está limitada a las obligaciones ya reconocidas al momento de la liquidación de la extinta empresa, sino que también se extiende a aquellas obligaciones que se encontraban en discusión para dicho momento, así la respectiva demanda judicial se haya instaurado una vez concluido el proceso liquidatorio (…).
Acorde con el precedente jurisprudencial transcrito, es palmario que las obligaciones que emerjan de los negocios jurídicos celebrados por el extinto CAPRECOM, declaradas en procesos judiciales como el sub lite, deberán ser asumidas por el PAR – CAPRECOM, administrado por FIDUPREVISORA S.A., conforme quedó fijado en el contrato de fiducia mercantil que reposa en el expediente. 3.
Problemas Jurídicos Sentado lo anterior y, a tono con lo planteado en los recursos de alzada de ambos extremos litigiosos, lo decidido en sede de primera instancia y el grado jurisdiccional de consulta que se surte coetáneamente en favor de la demandada, son múltiples los problemas jurídicos a dilucidar por esta Colegiatura, los cuales se contraen en establecer: i) si entre la demandante ISABEL LÓPEZ NOVOA y CAPRECOM - EICE LIQUIDADA existió un contrato de trabajo de estirpe oficial durante los extremos temporales declarados en primera instancia y, ii) si la demandante exhibió la calidad de trabajadora oficial de CAPRECOM y la CCT regente en dicha entidad, allegada en copia simple, dimana efectos probatorios, se encuentra vigente y aquella es beneficiario de la misma.
Solo en caso afirmativo, determinar en grado de consulta (y en algunos casos verificar, conforme a la apelación del demandante): iii) si, las condenas impuestas por la a quo a CAPRECOM LIQUIDADO por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales resultaban viables, y si los montos liquidados se acompasan a los ingresos de la actora; iv) si deviene dable impartir condena en contra de la demandada a título de incrementos y prima de antigüedad, así como de sanción moratoria del art. 1° del Decreto 797 de 1949 y, v) si debe mantenerse la condena en costas en primera instancia a cargo de la pasiva.
Delineado lo anterior y, con el propósito de absolver los cuestionamientos que subyacen al presente caso, la Sala abordará las temáticas que se relacionan a continuación: i) De la existencia del contrato de trabajo oficial y sus extremos temporales En lo que respecta a la demostración de la existencia de un contrato de trabajo, en tratándose de trabajadores oficiales, debe señalarse que el art. 2° del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª del mismo año, aplicable al caso concreto dada la naturaleza de empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional que ostentó CAPRECOM, estableció que para que haya contrato de trabajo deberán concurrir tres elementos constitutivos del mismo, a saber, i) la prestación personal del servicio; ii) la dependencia o subordinación de quien presta el servicio respecto de su contratante; y iii) la remuneración. No obstante lo anterior, la existencia de un contrato de trabajo en sus tres elementos, no está sometida al rigor probatorio establecido en el artículo 167 del CGP, habida cuenta que el art. 20 del Decreto en cita, incorporó al ordenamiento jurídico una presunción legal que alivió la carga para los trabajadores oficiales, puesto que solo basta con demostrar la prestación personal del servicio para que se presuma la existencia de un contrato de trabajo, quedando en cabeza del contratante la carga probatoria consistente en demostrar que el servicio personal prestado en su beneficio, se circunscribió a un contrato ajeno a una relación laboral En todo caso, conviene advertir que, para poder dar aplicación a tal presunción, es imperativo que la prestación del servicio sea exclusivamente personal, de tal suerte que, no es cualquier prestación de servicio que permite presumir un vínculo laboral.
Lo dicho, guarda armonía con el criterio ampliamente decantado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL16528-2016, M.P: GERARDO BOTERO ZULUAGA. En torno a la presunción legal del precitado art. 20 del Decreto 2127 de 1945, el referido Alto Tribunal, al igual que en el caso de los trabajadores del sector privado, ha dicho que, los trabajadores oficiales también están aliviados del rigor probatorio para demostrar la existencia del contrato de trabajo (CSJ SCL, fallo SL781-2018).
Descendiendo al sub judice, se advierte que la prestación personal del servicio de la accionante en beneficio de la demandada quedó debidamente acreditada con las siguientes documentales anexadas con el libelo: - Certificación expedida por la empresa A TIEMPO S.A.S.2, cuyo tenor reza: - Acuerdo Cooperativo firmado por el accionante y la CTA COOPERAMOS en fecha 1° de marzo de 2010 (págs. 3 y 4 “02Anexos”), en el que se indica que el demandante se desempeñaría como trabajador asociado ejerciendo funciones de gestor de vida (cláusula 6ª), con relación a los requerimientos de los interventores del “contrato celebrado entre la COOPERATIVA Y CAPRECOM” (Pág. 4). - Carta de terminación de acuerdo asociativo adiada 27 de mayo de 2012 (pág. 6) - Certificación emanada de CAPRECOM (TERRITORIAL SUCRE)3, en la que se lee: 2 Ver pág. 2 “02Anexos” 3 Ver pág. 58 “01Demanda” - Contratos de prestación de servicios celebrados entre el accionante y CAPRECOM (TERRITORIAL SUCRE), para la ejecución de servicios como gestor de vida sana durante la vigencia: 8 de junio de 2012 al 30 de junio de 2012 (págs. 11 a 15, remuneración: $1.271.000); 1° de julio de 2012 al 31 de agosto de 2012 (págs. 16 a 20, remuneración: $1.271.000), 1° de septiembre al 30 de septiembre de 2012 (págs. 21 a 25, remuneración: $1.271.000), 1° de octubre de 2012 al 31 octubre de 2012 (págs. 26 a30, remuneración: $1.271.000), del 1° de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012 (págs. 31 a 35, remuneración: $1.271.000), del 10 de enero al 31 de marzo de 2013 (págs. 36 a 39, remuneración: $1.271.000), del 1° de abril al 31 de diciembre de 2013 (págs. 46 a 50, remuneración: $1.271.000), del 2 de enero al 26 de junio de 2014 (págs. 51 a 55, remuneración: $1.271.000), del 1° de julio al 31 de diciembre de 2014 (págs. 56 a 58, remuneración: $1.271.000), del 13 de enero al 30 de junio de 2015 (págs. 59 a 67, remuneración: $1.321.840), del 1° de julio al 31 de enero de 2016 (págs. 71 a 77, remuneración: $1.271.000).
En contraposición, se avizora que la llamada a juicio no aportó elementos suasorios que condujeran a colegir que la prestación personal del servicio por parte de la actora en su beneficio, era ajena a un contrato de trabajo, contrario sensu, se otea que, en los contratos de prestación de servicios, se fijó un amplio catálogo de funciones (más de 20 tareas, entre generales y específicas)4, debiendo presentar de forma mensual informes de ejecución de actividades (que debían cumplir con los parámetros previstos por la demandada), quedando comprometida “… al cuidado y custodia de los elementos dispuestos por la Entidad para la ejecución de las obligaciones contractuales, debiendo devolverlos al momento de finalizado el plazo de ejecución en las mismas condiciones en las cuales los recibió…”.
Sobre este tópico, llama la atención que, en la cláusula 3ª de los contratos suscritos entre las partes, se pactó que la contratista era quien suministraba los elementos necesarios para que la actora cumpliera sus actividades, lo que pone de manifiesto la dependencia de éste respecto de su contratante. Lo informado por las documentales en cita, guarda concordancia con la testifical recabada al interior del proceso, esto es, la del señor JOSÉ CARLOS OCHOA GARCÍA, quien expuso haber laborado al servicio de CAPRECOM durante 8 años, 8 meses y 8 días, como analista financiero, y por tal motivo, conocer a la demandante como compañera de trabajo desde mayo de 2007 -anualidad en que ingresó a la entidad y para la cual la demandante se encontraba vinculado a través de una cooperativa, lo que le consta porque él se encargaba de tramitar cuentas de cobro ante 4 Ver cláusula 2ª de los contratos. el área financiera de la demandada-.
Indicó que vio laborando a la demandante en favor de la demandada, de forma continua hasta el 31 de enero de 2016, tiempo en el que fue vinculada a través de la empresa A Tiempo y la CTA Cooperamos, pasando posteriormente directamente a CAPRECOM en el mes de junio de 2012 hasta su liquidación en enero de 2016, ejerciendo el cargo de Gestor de Vida en el municipio de Morroa, en virtud del que, prestaba servicios en la mañana en la sede de Sincelejo y en las tardes en trabajos de campo, en horario previsto de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. Relató que, los servicios de la actora eran prestados en una oficina contratada por Caprecom para brindarle los servicios de salud a los diferentes usuarios pertenecientes al régimen subsidiado que hacían parte de la EPS Caprecom, esta era una empresa contratada por Caprecom, me consta eso porque los arrendatarios, pues me presentaban las cuentas de cobro por el servicio del mes de arriendo, y no solamente eso, sino que Caprecom también le suministraba todos los elementos básicos para la reparación de servicios, también computadores, armarios, papelería, todo lo que es inherente al normal desarrollo de una oficina.
Manifestó que la accionante no tenía ningún tipo de autonomía para el desempeño de su función, era subordinada directamente por los directores de turno de Caprecom, lo que le consta porque en su condición de analista financiero asistía a todas las reuniones de fin de mes, donde el Director era enfático, principalmente con los gestores, en darle todas y cada una de las directrices del cumplimiento de las obligaciones del respectivo mes, ya que se seguía como pauta los lineamientos a nivel central en el sentido de que los usuarios eran la razón de ser de Caprecom y por lo tanto había que prestarle total atención e interés en la prestación de su respectivo servicio, esta orden que daban directamente en la reunión de fin de mes, también le consta que cada promotora tenía su tablet, su correo institucional, por medio de los cuales el director le transmitía las respectivas órdenes pertinentes.
Añadió que inicialmente cuando la actora fue contratada por la “cooperativa” A Tiempo y coopservicio, el supervisor del contrato era el mismo Director, pero posteriormente cuando el Director de Sucre, de junio de 2012 a enero de 2016 suscribió a los contratos directamente con los trabajadores de OPS, éste designó al Dr. Rafael Eduardo García Salgado, quien era jefe personal jefe de Recursos Humanos, y cuando no era don Rafael Eduardo García, lo hacía a través del líder financiero.
Sobre la eficacia probatoria de tal testimonio, cumple indicar que el mismo resulta válido, pues además de provenir de una persona que laboró en la entidad demandada, es complementaria con la realidad que dimana de los presuntos contratos de prestación de servicios, esto es, que la actora estuvo sometida a la dependencia jurídica de la demandada, que además –como los restantes trabajadores de CAPRECOM- debía cumplir un horario de trabajo de jornada completa, siendo las herramientas y elementos de trabajo suministrados por la demandada, y recibiendo órdenes del Director de la entidad.
En suma, se avizora de manera diáfana que conforme a las probanzas recopiladas, la demandante, no solo prestaba sus servicios personales en favor de la entidad convocada a juicio, sino que además estuvo subordinada respecto de la contratante, por lo que no existe hesitación alguna (en virtud del art. 53 constitucional) que las partes estuvieron atadas por un verdadero contrato de trabajo, al margen de la figura que hubiere utilizado la accionada para aprovecharse de los servicios dispensados por la activa, pues los mismos tuvieron como único fin disfrazar una relación genuinamente laboral.
En ese orden de ideas y con venero en la realidad probatoria que emana del plenario, se CONFIRMARÁ la declaratoria de existencia de contrato de trabajo dispuesta por la primera instancia durante el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 hasta el 31 de enero de 2016, pues el testigo fue categórico en exponer que los servicios dispensados por la demandante fueron ejecutados de forma continua ora ininterrumpida, lo cual en cierta medida se engrana con lo consignado en los documentos arriba relacionados que reflejan una unicidad temporal que no se vio interrumpida por los cambios de modalidad contractual utilizados por la accionada, ni tampoco por los cortos espacios de tiempo (días) que pudieron transcurrir entre la celebración de uno y otro de los presuntos contratos. ii) De la calidad de trabajadora oficial y beneficiario de la CCT del demandante, la eficacia de la CCT y su vigencia. Conviene señalar que, por regla general los trabajadores de la extinta CAPRECOM son oficiales, pues siendo la naturaleza jurídica de la demandada, desde la expedición de la Ley 314 de 1996, la de una Empresa Industrial y Comercial Del Estado, es preciso acudir al inciso 3° del art. 5° del Decreto 3135 de 1968, que dispone que: “Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”; norma que se armoniza con el contenido de los Acuerdos 024 de 1996 y 002 de 1997 aprobados mediante Decreto 456 de 1997, contentivo del estatuto interno de funcionamiento de Caprecom, y en cuyo artículo 36, se dispuso: “Artículo 36.
Clasificación de los servidores públicos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 314 de 1996, quienes desempeñen los siguientes cargos, serán empleados públicos: 1. Director General 2. Secretario General 3. Subdirector 4. Director Regional 5. Jefe de División Con base en las facultades conferidas en el inciso 2 del artículo 5º, del Decretoley 3135 de 1968, quienes desempeñen los cargos de Jefe de oficina, serán también empleados públicos.
Los demás servidores públicos de Caprecom son trabajadores oficiales”. En el presente caso, tenemos que la accionante ejerció el cargo de Auxiliar Administrativo “Gestor de Vida Sana”, cuyas funciones no estaban relacionadas con la adopción de directrices generales de la organización, de manera que para su desempeño le exigieran que gozara de una especial confianza; por tanto, emerge claro que aquél exhibió la condición de trabajadora oficial por no haber desempeñado uno de los cargos arriba reseñados.
Ante dicha circunstancia y dado que, no constituye motivo de controversia que entre CAPRECOM y el sindicato de trabajadores SINTRACAPRECOM se suscribió Convención Colectiva de Trabajo (2012 – 2013)5, que era aplicable a todos los trabajadores oficiales de la entidad (incluida la demandante), por cuanto la organización sindical agrupaba a más de la tercera parte de los trabajadores de la entidad, con arreglo al artículo 20 Ibídem y tal como lo entendió la CSJ SC Laboral, por ejemplo, en la sentencia SL4439-2021.
En este punto, importa indicar que, pese a que, el ejemplar de la CCT incorporada corresponde a una copia simple, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del art. 54A del CPTSS “… se reputarán auténticas las reproducciones simples de los siguientes documentos: (…) “3. Las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, pactos colectivos, reglamentos de trabajo y estatutos sindicales”.
Siendo que incluso, dicha solemnidad (original del documento o copia auténtica) tampoco se requiere para acreditar la constancia de depósito ante el Ministerio del Trabajo de que trata el art. 469 del CST, en la medida en que, como se dijo, esto no se predica siquiera del texto de la propia convención, sino que la norma lo que exige es que se aporte la constancia de depósito o el sello que permita colegir que se hizo dentro de los 15 días siguientes al acuerdo (lo que vale decir, aquí ocurre)6, como lo adoctrinó la H. CSJ SC Laboral en providencia SL21982-2017, en donde se lee: “De esta suerte, en obedecimiento a lo consagrado actualmente por el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, si la convención colectiva agregada en copia o fotocopia simple contiene el sello que de fe del depósito oportuno o una certificación en tal sentido, tiene pleno valor probatorio lo contenido en ella.
De la misma manera se 5 Obrante entre las págs. 187 a 213 “02Anexos” 6 Ver pág. 187 “02Anexos” tendrán por cumplidos los ritos de solemnidad a saber: que se celebró por escrito, que se extendió en un número de ejemplares igual al de las partes y que una copia más se depositó dentro del término legal en la oficina del Ministerio de Trabajo”.
Adicionalmente, cumple señalar sobre la vigencia de la convención, que el solo vencimiento del plazo de duración no conduce inexorablemente a que se extingan sus efectos jurídicos, en tanto que debe presumirse su prórroga automática, conforme a los artículos 478 y 479 del CST, mientras no se demuestre, por parte de la empresa llamada a cumplir sus normativas, que ella fue sustituida por una nueva convención, o por un laudo arbitral que hubiese abolido lo que en aquella se estipuló. En efecto, al tenor de lo explicado en las sentencias expedida por la CSJ SC Laboral (SL2052–2014 y SL3088-2014), en armonía con esos preceptos, quienes están comprometidos en un conflicto colectivo, por razón de su libertad contractual, tienen la facultad de precisar un período dentro del cual regirá ese estatuto, que contenga las condiciones futuras que han de regular los contratos de trabajo y así limitar la eficacia de sus cláusulas, pero no en todos los casos la vigencia de la convención se entiende finiquitada por el cumplimiento del término inicial consagrado en su texto.
Así las cosas, por virtud de las prórrogas y de la omisión de las partes negociantes en manifestar su intención de cambiarla o modificarla, su prórroga es la consecuencia automática que dispone la legislación laboral. En ese sentido, surge evidente que la litigante tiene derecho a las prerrogativas convencionales pese a que no las adquirió durante la vigencia del comentado marco prestacional y a que no canceló aportes sindicales, pues como lo ha enseñado la H. CSJ SC Laboral: “[b]asta que el servidor demuestre su condición de trabajador oficial -contrato realidad-, así formalmente no haya hecho parte de la planta de personal de la entidad, para que le sea aplicable la convención colectiva de trabajo”, en tanto “[l]a declaración judicial del vínculo subordinado lleva involucrada la concerniente al legal que en verdad debió ostentar la persona al servicio de la entidad empleadora; vale decir, si es servidor del Estado, su condición de trabajador oficial o empleado público, lo cual determina la existencia de las garantías y derechos de los que ha debido ser beneficiario […] sin que importe, como se referenció en la sentencia CSJ SL3841-2015, relacionado con el artículo 122 de la CP, «[…] que los servicios prestados por quien fue vinculado por un aparente contrato de prestación de servicios u otro de naturaleza distinta, […] no estén previstos como actividades propias de un cargo establecido en la planta de personal de la entidad», pues, […] no es el trabajador quien debe asumir las consecuencias de la imprevisión o el ilegal manejo de las relaciones laborales, en contra de las leyes sociales, que se presenten en el interior de las entidades del Estado, dado que, se insiste, ante el hecho cierto del surgimiento de una relación de trabajo, nace para ese trabajador subordinado el derecho a beneficiarse del régimen laboral aplicable a la calidad que tenga de trabajador oficial o empleado público, por virtud del principio señalado y el de la igualdad que rige nuestro ordenamiento constitucional y legal”.
(CSJ SCL, fallo SL4439-2021) En conclusión, la promotora del litigio acreditó su condición de beneficiario de la CCT regente en la entidad demandada. Consecuentemente, se mantendrá incólume lo analizado por el a quo. iii) De las condenas y liquidación de las prestaciones a las que fue obligada la pasiva en primera instancia (revisión de condenas en grado de consulta y por virtud de la alzada de la activa) Atendiendo la alzada promovida por la parte actora, en sincronía con el grado jurisdiccional de consulta activado coetáneamente en pro de la pasiva, procede la Sala a revisar la viabilidad de las siguientes prebendas legales y extralegales: auxilio de transporte legal; prima semestral legales y convencionales; bonificación por servicios prestados; prima de vacaciones legal y convencional; primas de navidad legal; auxilio de cesantías legal; prima de retiro convencional; bonificación de recreación convencional; quinquenio convencional; pago de aportes a pensión, incrementos legales por antigüedad, prima convencional de antigüedad, sanción moratoria del art. 1° del Decreto 797 de 1948 e indexación. • Auxilio de transporte legal Sea del caso remembrar que, los arts. 2 y 5 de la Ley 15 de 1959, consagra como asistencia económica de destinación específica, el llamado auxilio de transporte, el cual procede siempre que el trabajador devengue hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, salvo: i) si el trabajador vive en el mismo lugar de trabajo, y ii) si la empresa suministra gratuitamente y de manera completa el servicio de transporte.
Al respecto, cumple destacar que, el auxilio de transporte legal, a la luz de lo contemplado en el canon 14 de la cita norma “se concede en las mismas condiciones y limitaciones a los trabajadores oficiales”. Previo a ello, conviene señalar que, la juez de primer nivel determinó que la excepción de prescripción propuesta por la demanda operó parcialmente con relación a las prebendas generadas antes del 18 de octubre de 2013, esto es, supuestamente 3 años previos a la presentación de la reclamación administrativa, pasando por alto que, la referida reclamación en realidad fue recibida el 20 de octubre de 2016, según consta en el sello de CAPRECOM plasmado en la documental visible en la pág. 86 “02Anexos”.
Por consiguiente, se MODIFICARÁ el fallo de primer nivel en el sentido de precisar que la excepción de prescripción opera parcialmente en relación con las prebendas con vencimiento trienal generadas con antelación al 20 de octubre de 2013. Decantado lo anterior, debe indicarse que, a la accionante le asiste derecho al auxilio de transporte de manera parcial pues en algún tiempo superó los 2 SMLMV, monto límite establecido por la citada ley y, en otros no. Lo anterior se afirma, por cuanto la suma devengada por la actora durante el año 2013 (meses de octubre a diciembre) ascendió a $1.271.000; cantidad que, resulta mayor a los 2 SMLM vigentes para esa anualidad ($589.500 x 2 = $1.179.000).
Asimismo, durante los meses de enero a diciembre de 2014, la actora volvió a percibir la suma mensual de $1.271.000, es decir, un monto superior a dos veces el SMLM vigente para tal año ($616.000 x 2 = $1.232.000). Por su parte, en el año 2015 (enero a junio) la demandante devengó la suma de $1.321.840, de donde emerge diáfano que la misma devenía superior a dos veces el SMLM vigente para tal anualidad ($644.350 x 2= $1.288.700), empero durante los meses de julio de 2015 y enero de 2016, lo percibido por la demandante fue de $1.271.000, esto es, un monto inferior a dos veces el SMLM vigente para el 2015 y 2016, esto es, $1.288.700 y $1.378.910, respectivamente.
En ese orden de ideas y, al no encontrarse demostrado que la actora recibía de la demandada el servicio de transporte, o que por la distancia entre su residencia y el lugar de trabajo no fuera necesaria la percepción de dicho emolumento, se condenará a la demandada a reconocer y pagar el referido beneficio, pero específicamente por los meses de julio a diciembre de 2015 y, el mes de enero de 2016, por un valor de $595.700.
Consecuentemente, se MODIFICARÁ este rubro del fallo de primera instancia en el sentido de precisar el monto a pagar por concepto de auxilio de transporte legal. • Prima semestral legal y convencional El Decreto 1042 de 1978 consagró el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos del orden nacional, estableciendo en su art. 58 el reconocimiento de la prima de servicios para los empleados públicos del orden nacional, quedando excluidos de esta prestación los trabajadores oficiales de cualquier orden.
Posteriormente, esta prestación fue extendida a los trabajadores oficiales del orden territorial mediante Decreto 1919 de 2002, que al tenor del art. 4° reza: “El régimen de prestaciones mínimas aplicable a los trabajadores oficiales vinculados a las entidades de que trata este Decreto será, igualmente, el consagrado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional” De suerte que, al no estar señalada en el ordenamiento jurídico la prima de servicios en favor de los trabajadores oficiales del orden nacional, quedan excluidos del derecho a esta prestación. Sin embargo, ello no es óbice para que un trabajador oficial no pueda ser beneficiario de este emolumento, por cuanto se puede establecer su reconocimiento en los contratos de trabajo, el reglamento interno o Convenciones Colectivas de Trabajo.
En el sub lite, quedó comprobado que el actor ostentó la calidad de trabajador oficial en una empresa industrial y comercial del Estado como lo fue CAPRECOM, por lo que en principio no tendría derecho a esta prerrogativa. Empero, el juez de primer nivel no elevó condena por este concepto, como lo sugiere el título empleado en la condena de tal rubro, pues a lo que se obligó a la accionada fue al pago de la “ prima de junio” instituida en la cláusula 49 de la CCT 2012-2013, que estableció: “CAPRECOM reconocerá a sus trabajadores quince (15) días adicionales a los pagados actualmente por concepto de prima de junio, los cuales no constituirán factor salarial”.
Bajo ese horizonte, y una vez efectuadas las respectivas operaciones aritméticas, se obtiene que, por dicho concepto causado entre 20 de octubre de 2013 al 31 de enero de 2016, la actora le asiste derecho a percibir la suma de $1.354.745, esto es, una cantidad inferior a la liquidada por el a quo ($4.353.470,83). De ahí que, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, y pese al recurso promovido por la activa, se imponga MODIFICAR la sentencia de primer nivel en el sentido de precisar el monto a pagar por dicho concepto. • Bonificación por servicios prestados Los artículos 1 y 45 del Decreto 1042 de 1978, en concordancia con los Decretos 3135 de 1968, prevén la integración de la seguridad social entre el sector público y privado y, regulan el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
No obstante, en dicha normativa, no se contempla esta prestación a favor de los trabajadores oficiales, tal como lo sostuvo la H. CSJ SCL en fallo SL2405-2022, en un proceso seguido en contra de la aquí demandada CAPRECOM LIQUIDADO. Sin embargo, tal prerrogativa sí aparece regulada en la CCT en su cláusula 55, que remite a la reglamentación legal.
Así las cosas, se procede a liquidar la referida garantía, encontrando que sobre la misma durante el lapso comprendido del 20 de octubre de 2013 al 31 de enero de 2016, genera un monto total de $ 1.131.847; cantidad que deviene inferior al fijado por el juez de primer rango $1.441.801,51-, por lo que se impone su modificación en virtud del grado de consulta. • Prima de vacaciones legal y convencional La prima de vacaciones equivale a 15 días de salario por cada año de servicios (artículo 25 del Decreto 1045 de 1978), prebenda que resulta dable a favor del demandante por disposición expresa del art. 52 de la CCT.
Hechas las operaciones del caso, el valor que debe sufragarse a favor del demandante desde el 20 de octubre de 20127 al 31 de enero de 2016 asciende a $2.142.104. En consecuencia, al haber elevado condena el a quo en la suma de $2.088.323,61, se MODIFICARÁ este ítem de la sentencia en el sentido de precisar el verdadero monto a pagar por la pasiva, dado que dicho punto fue recurrido por el extremo demandante. • Prima de navidad legal El precepto 51 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, dispone:
ARTÍCULO 51. - Derecho a la prima de navidad. Teniendo en cuenta que tal prerrogativa, por ministerio legal, tiene un término especial de prescripción de 4 años. 7 1. Todos los empleados públicos y los trabajadores oficiales tienen derecho a una prima de navidad equivalente a un (1) mes del salario que corresponda al cargo desempeñado en treinta (30) de noviembre de cada año, prima que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. [….]
PARÁGRAFO 1 º.- Quedan excluidos del derecho a la prima de navidad a que se refiere este artículo, los empleados públicos y trabajadores oficiales que prestan sus servicios en establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, que por virtud de pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales y reglamentos internos de trabajo, tengan derecho a primas anuales de cuantía igual o superior, cualquiera sea su denominación, conforme a lo dispuesto al efecto en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, subrogado por el artículo 1 del Decreto 3148 del mismo año citado.
Si el valor de la prima mencionado fuere inferior al de la prima de navidad, la respectiva entidad o empresa empleadora pagará al empleado oficial, en la primera quincena de diciembre, la diferencia que resulte entre la cuantía anual de aquella prima y esta”. No obstante lo dicho en el parágrafo 1° de la aludida norma, de conformidad con la posición jurisprudencial actual de la H. CSJ SC Laboral (ver sentencias CSJ SL593-2021 y CSJ SL1901-2021, recordadas recientemente en CSJ SL1018-2022 y SL314-2023), es procedente otorgar la prima de navidad, pues no es dable equipararla a la de servicios extralegales, dado que la primera se genera anualmente y la segunda de manera semestral.
De acuerdo con ello, el demandante tiene derecho durante el periodo 20 de octubre de 2013 al 31 de enero de 2016 a un valor de $3.142.334. Empero, en vista de que el juez primario tasó esta prestación en monto de $4.358.470,83, por lo que se impone su modificación en virtud del grado de consulta. • Auxilio de Cesantías Esta prestación encuentra fundamento legal en los art. 27 del Decreto 3118 de 1968, 6º del Decreto 1160 de 1947, 13 de la ley 344 de 1996 y el 17, literal a) de la ley 6ª de 1945; de manera que, al estar debidamente probada la prestación de servicios de parte del demandante, fluye incontrastable que había lugar a fulminar condena por este rubro.
Pues bien, efectuadas las operaciones aritméticas, teniendo como factores salariales los enlistados en el art. 45 del Decreto 1045 de 1978, se obtuvo durante todo el tiempo laborado 1° de marzo de 20108 hasta el 31 de enero de 2016 (dado que frente a tal prerrogativa, como lo estableció la juzgadora de primer nivel no operó la excepción de prescripción) un valor de $6.277.042; monto que resulta superior al cuantificado por la a quo -$7.520.083 -.
De ahí que, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, y pese al recurso promovido por la activa, se imponga MODIFICAR la sentencia de primer nivel en el sentido de precisar el monto a pagar por dicho concepto. • Prima de retiro convencional El art. 58 de la CCT celebrada entre la entidad demandada y el Sindicato de Trabajadores SINTRACAPRECOM, estableció el reconocimiento de esta prestación equivalente a dos (2) meses de salario.
Se procede entonces a verificar la liquidación de esta prestación extralegal efectuada por el Juez de instancia, avistándose que fue tasada en cuantía de $2.542.000, que corresponde a dos (2) meses de salarios devengados por la accionante ($1.271.000), por lo que no se avizora yerro del fallador en lo que respecta a esta parte de la sentencia. 8 Pues recuérdese que la juez de primer nivel excluyó de dicha condena lo generado con antelación al 1° de marzo de 2010, por encontrar probado su pago por parte de la EST A TIEMPO, sin que dicha decisión hubiese sido recurrida por la parte demandante. • Bonificación por recreación convencional De acuerdo con el art. 64 de la CCT 2011 – 2012, los trabajadores oficiales de CAPRECOM tenían derecho a 3 días de salario como bonificación especial de recreación, con ocasión del disfrute de vacaciones.
Al respecto, cumple señalar que en reciente pronunciamiento SL774-2023, seguido contra la aquí demandada PAR CAPRECOM LIQUIDADO, la CSJ SC Laboral al centrar su estudio “… en determinar si el Tribunal incurrió en la transgresión normativa denunciada, al no restarles eficacia a los acuerdos extraconvencionales celebrados entre Caprecom y Sintracaprecom para los años 2003 y 2013, que suspendieron derechos regulados en la convención colectiva”, entre los que, se encontraba la bonificación por recreación, consideró que tales acuerdos extralegales “carecen de eficacia”, pues “… el único camino válido para introducir esas modificaciones a la luz del principio de progresividad y de los artículos 4° del Convenio 98 de la OIT, aprobado por la Ley 27 de 1976 y 2° del Convenio 154 de la OIT, aprobado por la Ley 424 de 1999, es la concertación de una nueva convención o la revisión de la existente, pues directa o indirectamente se están retrotrayendo conquistas en los derechos de los trabajadores”, concluyendo que el ad quem de esa causa, se había equivocado “… al dejar de advertir que no era válido que las partes variaran, como lo hicieron, la vigencia de una convención colectiva al disponer su suspensión, sin acudir, en aras de modificar el término de duración de la misma (i) a la denuncia formal de dicho contrato colectivo, porque la falta de ese requisito implicaba su prórroga automática y, por tanto, su aplicación respecto de los contratos de trabajo vigentes; o, (ii) a la revisión de la convención”.
Así las cosas, al liquidar este concepto respecto de los contratos laborales declarados, tenemos que la demandada adeuda por el tiempo comprendido del 20 de octubre de 2013 al 31 de enero de 2016, la suma total de $369.983. En consecuencia, al haber liquidado el juez por este concepto la suma de $417.664,72, se MODIFICARÁ el fallo para precisar el verdadero valor a pagar por dicho rubro. • Quinquenio convencional En lo referente al quinquenio, debe indicarse que, el referido beneficio se encuentra consagrado en el art. 67 de la CCT y se causa cuando el trabajador, como mínimo, ha estado vinculado a la demandada 5 años, dándole como retribución 15 días de salario y, en caso de haber permanecido 10 años, se le otorga 30 días de remuneración. Así, y como quiera que el actor permaneció por un espacio mayor a 5 años, pero menor a 10, concretamente 9 años y 2 meses, hay lugar al pago de tal rubro en razón a 15 días de salario, lo cual corresponde a la suma de $635.5009, tal como con atino lo determinó la falladora de primer rango, por lo que se confirmará este aspecto del fallo. • Pago de aportes a la seguridad social en pensión Al declararse la existencia del contrato realidad, para la Sala resulta procedente esta pretensión, por lo que ha de CONFIRMARSE la condena impuesta por la a quo que ordenó a la entidad encausada a que pague los respectivos aportes al fondo al que se encuentre afiliado el accionante.
Recuérdese que, la obligación de cotizar y el monto sobre el cual se aporta, está establecida por la Ley 100 de 1993 (arts. 15, 18, 157 y 204). Además, existe la obligación de realizar el aporte por parte del empleador (arts. 22 y 161 ibídem), donde no hacerlo trae consigo la posibilidad de ser sancionado, de que eventualmente deba asumir las prestaciones que hubiere cubierto el sistema, o que deba cubrir el 100% de la cotización. Asimismo, cabe señalar que frente a dicha reclamación no opera la excepción de prescripción, pues bien se sabe que tales aportes tienen la naturaleza de imprescriptibles.
Así las cosas, se CONFIRMARÁ la condena elevada por la primera instancia por concepto de pago de aportes a pensión (ordinal 4° parte resolutiva fallo de primer nivel). 9 Teniendo en cuenta que el último salario percibido por el actor ascendió a $1.271.000 • Incrementos por antigüedad legal y prima convencional de antigüedad. El vocero judicial de la activa recurre el fallo de primer nivel por considerar que su cliente, dado el tiempo que permaneció vinculada a la entidad demandada, se hace acreedor de los incrementos por antigüedad y prima que por el mismo motivo confiere la CCT.
Pues bien, analizado el texto del referido instrumento extralegal, advierte la Sala que en su cláusula 5610, quedó establecido que: “CAPRECOM continuará reconociendo la prima de antigüedad establecida por el decreto 1042/78 a todos los trabajadores oficiales que la vienen devengando…”. Dada la remisión normativa consagrada en tal clausulado, es necesario conocer el contenido de los arts. 49 y 97 del citado D. 1042 de 1978: “ARTÍCULO 49.
De los incrementos de salario por antigüedad. Las personas que a la fecha de expedición de este decreto estén recibiendo asignaciones correspondientes a la 3a o 4a columna salarial del Decreto 540 de 1977, por razón de los incrementos de antigüedad establecidos en disposiciones legales anteriores, continuarán recibiendo, hasta la fecha en la cual se produzca su retiro del respectivo organismo, la diferencia entre sueldo básico fijado para su empleo en la segunda columna de dicho decreto y el de la tercera o cuarta columna, según el caso.
Los incrementos salariales de que trata este artículo no se perderán cuando los funcionarios cambien de empleo dentro del mismo organismo, trátese de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo. El retiro de un organismo oficial no implicará la pérdida de los incrementos salariales por antigüedad cuando el respectivo funcionario se vincule, sin solución de continuidad, a cualquiera de los organismos que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. 10 Ver pág. 114 “02Anexos” Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
Los funcionarios que perciban incrementos de remuneración por concepto de antigüedad deberán manifestar esta circunstancia al hacer su solicitud de empleo en otra entidad oficial. (…)
ARTÍCULO 97. De los incrementos por antigüedad. De acuerdo con el artículo 49 de este Decreto, los empleados que estuvieran percibiendo remuneraciones de la tercera o cuarta columna de la escala salarial fijada en el Decreto 540 de 1977, por efecto de los incrementos establecidos en disposiciones anteriores, continuarán recibiendo la diferencia entre tales remuneraciones y el salario fijado para su cargo en la segunda columna de dicha escala hasta la fecha en que se retiren del servicio, aunque cambien de empleo ya sea por razón de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo.
En caso de cambio de entidad se aplicará lo dispuesto en el artículo 49”. La lectura armónica de los preceptos reproducidos, deja al descubierto que lo acordado en la CCT fue la obligación de CAPRECOM de mantener el disfrute de la prima o incremento por antigüedad que venían percibiendo aquellos empleados que, a la fecha de expedición del Decreto 1042 de 1978, estaban recibiendo asignaciones correspondientes a la 3ª o 4ª columna salarial del Decreto 540 de 1977.
De manera que, al haber ingresado la demandante en el año 2006, es decir, con posterioridad a la referida anualidad -1978-, no es dable conservar unos incrementos de los que nunca fue titular o devengó. En consecuencia, se CONFIRMARÁ la absolución impartida, pero por las razones esgrimidas en esta providencia. • Sanción moratoria contemplada en el art. 1° del Decreto 797 de 1949 Se duele el extremo activo de que la juez de primer rango no hubiere accedido a dicho concepto, pese a que en múltiples ocasiones la H. CSJ SC Laboral ha condenado a la demandada al pago de la misma.
Pues bien, la Sala considera que le asiste razón al recurrente, en tanto en el sub-lite, si bien las partes se unieron a través de sendos contratos de prestación de servicios y otras figuras de intermediación laboral, estos comportaban el desarrollo de laborales propias y constantes en el acontecer de la entidad demandada, puesto que las tareas o funciones asignadas y ejecutadas por el actor guardaban relación directa con el objeto de la pasiva, de suerte que la aludida contratación administrativa y externalizada se utilizó con la finalidad de encubrir una verdadera relación de trabajo subordinada.
Sobre el tema, la H. CSJ SC Laboral en sentencia CSJ SL8542021, en un caso análogo seguido también contra CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN, sostuvo: “[…] Con tal objeto, es importante recordar que la sanción moratoria prevista en el artículo 1° del Decreto 797 de 1949, no opera automáticamente porque, en cada caso en particular, es necesario determinar si la conducta del empleador estuvo revestida de razones atendibles que justifiquen la omisión en el pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo.
Por ello, se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso y de la globalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables.
De igual modo, la Sala ha estimado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificación de «otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CSJ SL9641-2014) (…) Precisamente, del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, emerge la prohibición de ocultar relaciones laborales a través de figuras jurídicas empleadas con el único fin de defraudar los derechos laborales de los trabajadores.
Así, es la ruptura deliberada de dicho principio por parte de la demandada, la que ofrece la respuesta sobre el campo en el que debía enmarcar la conducta de Caprecom, que resulta ser injustificada […].” Adicionalmente, cumple indicar que como tuvo la oportunidad de expresarlo la H. CSJ SC Laboral en sentencias SL2549-2023 y SL1536-2023, proferidas en procesos adelantados contra CAPRECOM, el estado de liquidación en que se encontraba dicha entidad para el momento del finiquito del contrato laboral de la activa no es un motivo válido para el desconocimiento y falta de pago de los créditos de los que es titular el accionante, de ahí que, el argumento esbozado por la primera instancia no resulte de recibo.
En consecuencia, como no obra justificación válida del proceder de CAPRECOM, se REVOCARÁ la absolución impartida en primera instancia, y en su lugar, se CONDENARÁ a la entidad demandada a reconocer y pagar al actor indemnización moratoria estatuida en el art. 1° del Decreto 797 de 1949. En cuanto a los extremos en correrá dicha condenación, tenemos que, debido a que el vínculo terminó el 31 de enero de 2016, la mencionada penalidad debe surtir efectos al finalizar el plazo de 90 días [comunes]11 de gracia de que trata el canon 1° del Decreto 797 de 1949, es decir, a partir del 1° mayo de 2016. 11 En la sentencia SL981-2019, la H. C.S.J. S.C.L., se hizo el siguiente interrogante: El plazo de gracia de 90 días de las entidades oficiales para reconocer los créditos laborales ¿Hábiles o comunes? Y la respuesta fue la siguiente: De otra parte, habrá de tenerse en cuenta que esta consecuencia legal solo corre hasta la liquidación definitiva de la entidad demandada – que tratándose de CAPRECOM aconteció el 27 de enero de 2017-.
Así lo explicó la H. CSJ SC Laboral en sentencia SL 3620-2020, en donde se lee: “… Mediante el Decreto número 2519 de 2015 se dispuso la supresión y liquidación de la caja y a través del Decreto 2192 del 28 de diciembre de 2016, se prorrogó el plazo para culminar la liquidación hasta el 27 de enero de 2017. Asimismo, en esta última fecha, el ministro de Salud y Protección Social y la Previsora suscribieron el acta final de liquidación de Caprecom, la cual fue publicada en el Diario Oficial 50.129 de la misma calenda, por lo que dicha caja existió hasta la data indicada, razón por la cual, la indemnización moratoria no puede extenderse con posterioridad a ella, dado que perdió toda posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo.
En esa dirección, con la extinción definitiva de la entidad las obligaciones a su cargo como empleador se tornan de imposible ejecución, configurándose el fenómeno de la inimputabilidad de la mora, razón por la cual solo era posible imponer la indemnización analizada hasta el momento en que la entidad se liquidara totalmente…” (Negrillas adrede) Consecuencialmente y una vez hechas las correspondientes operaciones aritméticas, se tiene que la pasiva debe cancelar a la activa por concepto de sanción moratoria, un día de salario ($42.366,67) por cada día de retardo, causada entre el 1° mayo de 2016 al 27 de enero de 2017, el monto de $11.269.533.
“En consecuencia, hoy carece de justificación que la entidad pública, so pretexto de una lectura amplísima del artículo 1.º del referido decreto, tarde más de 90 días comunes en liquidar los contratos de trabajo, en detrimento de los derechos de los trabajadores a percibir sus créditos laborales oportunamente para satisfacer sus necesidades de subsistencia…” • Indexación Respecto a la indexación, de entrada, la Sala advierte que cuando se ha proferido condena por indemnización moratoria, debido a la falta de pago de salarios y/o prestaciones sociales, se cierra la posibilidad de disponer la actualización monetaria de tales emolumentos (ver CSJ SCL, fallos SL807-2013, SL9641-2014 y SL1705-2016).
Sin embargo, como lo ha enseñado igualmente la jurisprudencia –ver CSJ SCL, SL4736-2020- hay lugar a la indexación de las vacaciones, pues estás no están comprendidas dentro de la noción de salario, ni de prestación social, por lo que resulta dable su actualización al momento de su pago. Asimismo, tal como lo ha sostenido la H. CSJ SCL -fallos SL194-2019 y, SL593-2021-, como la deuda por concepto de sanción moratoria es susceptible de sufrir un deterioro económico por el transcurso del tiempo, se hace necesario indexarla para traerla a valor actual y así preservar su valor real-, por ende, dicho monto deberá actualizarse desde el 27 de enero de 2017 hasta cuando se efectúe el pago, para lo cual se deberá emplear la siguiente fórmula: VI = VH x IPCFINAL/IPCINICIAL Donde: VI es el valor indexado.
VH es el valor histórico IPC FINAL equivale al índice de precios al consumidor del mes en el que se efectuará el pago. IPC INICIAL corresponde al índice de precios al consumidor del mes anterior a marzo de 2015. En consecuencia, se MODIFICARÁ el fallo de primer nivel, en el sentido de ORDENAR a la entidad demandada a indexar al momento de su pago efectivo, únicamente el valor adeudado al accionante por concepto de vacaciones y, por sanción moratoria. iv) De la condena de costas en primera instancia En lo que atañe a la condena por costas procesales de primera instancia, se advierte que la misma al tenor de lo previsto en el art. 365 del CGP, aplicable al rito laboral por remisión del art. 145 del CPTSS, resultaba procedente, dado que la actora obtuvo respuesta favorable a sus intereses y en desmedro de la demandada, entidad que a no dudarlo, fue parte vencida en el proceso y que durante el mismo se mostró reacia al éxito de las pretensiones, edificada en una defensa que fue derrumbada en sede judicial; por lo que refulge nítido que existían motivos objetivos suficientes para que el funcionario de primer grado impusiera condena en costas a cargo de dicha entidad –extremo vencido.
Consecuentemente se RATIFICARÁ este rubro del fallo de primer grado. Finalmente, no se condenará en costas en esta sede, dada la prosperidad parcial de la alzada promovida por la accionada. En mérito de lo expuesto, LA SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 12 de junio de 2019, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, el cual quedará de la siguiente forma: “TERCERO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES (PAR CAPRECOM) ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a reconocer y pagar a favor de ISABEL DEOGRACIA LÓPEZ NOVOA lo siguiente: a) Auxilio de transporte legal, la suma de $595.700. b) Prima semestral convencional, la suma de $1.354.745. c) Bonificación por servicios prestados, la suma de $1.131.847. d) Prima de vacaciones legal y convencional, la suma de $2.142.104. e) Prima de navidad legal, la suma de $3.142.334. f) Auxilio de Cesantías, la suma de $6.277.042. g) Prima de retiro convencional, la suma de $2.542.000. h) Bonificación por recreación convencional, la suma de $369.983. i) Quinquenio convencional, la suma de $635.500. j) ORDENAR a la entidad demandada a indexar al momento de su pago efectivo, el valor adeudado al accionante por concepto de vacaciones y sanción moratoria.
SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se dispone: “QUINTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES (PAR CAPRECOM) ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a pagar en favor de la demandante ISABEL DEOGRACIA LÓPEZ NOVOA la suma de $42.367 diarios a partir del 1° de mayo de 2016 hasta el 27 de enero de 2017, lo que equivale a un monto total de $11.269.533, por concepto de sanción moratoria de que trata el art. 1° del Decreto 797 de 1949.
En las demás pretensiones se mantiene la absolución impartida en primera instancia”.
TERCERO: CONFIRMAR el fallo de primera instancia en todo lo demás.
CUARTO: SIN COSTAS en esta sede.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen en su debida oportunidad.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado electrónicamente por las Magistradas CLAUDIA PATRICIA PIZARRO TOLEDO ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO Firmado Por: Claudia Patricia Pizarro Toledo Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala Civil Familia Laboral Tribunal Superior De Sincelejo - Sucre Alejandra Maria Henao Palacio Magistrada Sala 02 De Familia Tribunal Superior De Sincelejo - Sucre Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 080cfbf0fe447f263d420d4e97f03375a1713a5098141f591075924f15b05b59 Documento generado en 17/05/2024 11:39:50 a. m. Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica