REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder Público SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL Medellín, catorce (14) de junio de dos mil veinticuatro (2024) SENTENCIA Proceso Demandante Demandados Radicado Providencia Temas y Subtemas Decisión Sentencia No: Ordinario de Segunda Instancia: MARTHA CECILIA ÁLVAREZ VALENCIA: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.: 05001 31 05 004 2019 00104 01: Sentencia: Seguridad Social –Ineficacia de traslado al RAIS, traslado seguros Fogafin: Confirma y adiciona Sentencia condenatoria: 90 En la fecha antes anotada el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL, conformada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión1: De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “…Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones…”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral. 1 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones ANTECEDENTES Pretensiones: Se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), siendo válida la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD); se ordene trasladar a COLPENSIONES todos los aportes recibidos y sus rendimientos, sin descuento alguno; se ordene a COLPENSIONES recibir los dineros y aceptar el traslado, costas procesales.
Hechos relevantes de la demanda: Se afirma, en términos generales, que la demandante nació el día 21 de octubre de 1966, se afilió al Sistema de Pensiones en enero de 1988, en el año 1995 se trasladó al RAIS a través de PROTECCIÓN S.A., sin que sus asesores le brindaran la debida asesoría e información clara y suficiente, respecto a las implicaciones del traslado de régimen pensional, ventajas y desventajas, características y condiciones para acceder a la pensión de vejez en ambos regímenes, características que tampoco cumplió la reasesoría brindada el 10 de septiembre de 2013, siendo menos favorable la mesada pensional que recibiría en el RAIS, respecto a la que tendría derecho en el RPMPD.
Respuesta a la demanda: COLPENSIONES a través de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda y 2 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia propuso en su defensa Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones las excepciones que denominó responsabilidad exclusiva de los Fondos Privados de Pensiones, inexistencia de la obligación, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, desconocimiento del precedente judicial, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, compensación, genérica.
Por su parte, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. admitió la afiliación al RAIS, se opuso a las pretensiones de la demanda; en términos generales sostiene que la afiliación es válida al haberse efectuado en forma libre y voluntaria, tal como lo prueba el formulario de vinculación, habiéndose brindado información completa y comprensible; sin que pueda aplicarse exigencias de normas posteriores a la fecha de traslado, la parte actora no hizo uso de la facultad de regresar al Régimen de Prima Media y el desconocimiento de la Ley no excusa de su cumplimiento; aduce que la variación del monto de la pensión no constituye vicio en el consentimiento ni causal de ineficacia. Propuso en su defensa las excepciones que denominó inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y el seguro previsional, innominada.
Sentencia de Primera Instancia: El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 26 de septiembre de 2023, declaró la ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS el día 2 de octubre de 1995, 3 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones administrado por PROTECCIÓN S.A., siendo válida su afiliación en el RPMPD administrado por COLPENSIONES sin solución de continuidad; condenó a PROTECCIÓN S.A. a devolver a COLPENSIONES a su satisfacción y equivalencia, todas las sumas recibidas con ocasión del traslado que integran la cuenta de ahorro individual como aportes y rendimientos financieros; cuotas de administración, primas de seguro previsional, aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, debidamente indexados, estos con cargo a sus propios recursos, por el tiempo de vinculación de la demandante; la AFP entregará la información pertinente y relevante sobre los ciclos y valores a trasladar, concediéndole el término de treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la Sentencia para cumplir con el traslado de los dineros.
Ordenó a COLPENSIONES permitir el traslado al RPMPD brindando todas las garantías de la afiliación, actualizando la historia laboral sin solución de continuidad y recibir los dineros cuyo traslado se ordenó. PROTECCIÓN S.A., agencias en derecho Costas a cargo de en cuantía de $2.500.000 en favor de la demandante; sin costas a cargo de COLPENSIONES.
Recurso de Apelación: La apoderada de PROTECCIÓN S.A. solicita se modifique la decisión de Primera Instancia, respecto a la orden de trasladar los seguros del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín, que maneja un seguro de depósitos, pero el artículo 163 de la Ley 1450 de 2011 dispuso la eliminación de la garantía de Fogafín a las Administradoras de Cesantías y de Pensiones en el RAIS, por tanto, se está ordenando 4 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones trasladar a Colpensiones un concepto derogado y que nunca se descontó de la cotización en pensión de la afiliada.
La apoderada de COLPENSIONES solicita se ordene a PROTECCIÓN S.A., entregar la historia laboral de la afiliada debidamente actualizada. Alegatos de conclusión: La apoderada de Protección S.A. solicita se revoque la condena a trasladar los gastos de administración y primas del seguro previsional en favor de Colpensiones. Por su parte, la demandante actuando en nombre propio, allegó memorial manifestando que se ratifica en los hechos y pretensiones de la demanda, reiterando lo allí expuesto; debiéndose indicar al respecto que conforme a lo señalado en el artículo 73 del Código General del Proceso, las actuaciones de las partes en el trámite del proceso deben realizarse por conducto de su apoderada, sin que este proceso corresponda a uno de aquellos casos en que la ley permite la intervención directa.
Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes, 5 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones CONSIDERACIONES La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación y se conocerá en Consulta en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.
Conflicto Jurídico: El asunto a dirimir, radica en verificar si procede modificar la Sentencia de Primera Instancia; revisándose si el Juzgado condenó a Protección S.A. a trasladar descuentos por concepto de seguros del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín y de ser así, si hay lugar a revocar dicha orden; así mismo, si debe ordenarse a la AFP entregar la historia laboral de la demandante actualizada.
Se revisará en Consulta en favor de COLPENSIONES las demás órdenes dadas. Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar y adicionar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones: 1. Ineficacia de traslado de régimen pensional: Se conoce en Consulta en favor de Colpensiones al no haber sido objeto de apelación. 6 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones La Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha sido unánime en indicar que es deber de la Administradora de Fondos de Pensiones, en estos casos, el de informar en debida forma al afiliado; decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales; siendo atribuida al Fondo de Pensiones, no al afiliado, la carga de la prueba, para demostrar que cumplió con dicho deber de información. Es así como desde la Sentencia del 9 de septiembre de 2008 Radicado 31989, reiterada en Sentencia SL 3496 del 22 de agosto de 2018 Radicado 55013, se indicó que la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, ya que la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, la posición anterior ha sido reiterada en las Sentencias SL 731 del 2 de marzo de 2020 Radicado 77535 y SL 1688 del 8 de marzo de 2019 Radicado 68838.
En Sentencia SL5680 de 2021, reiteró que para la procedencia de la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, no se exige que el usuario cuente con un derecho consolidado, un beneficio transicional o que esté próximo a pensionarse, pues la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado; lo genera como consecuencia, que los fondos privados de pensiones deban trasladar a la administradora del régimen de prima media, el capital ahorrado y los rendimientos financieros, así como los 7 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, por lo que no se transgrede el principio de sostenibilidad financiera.
De igual forma, la Alta Corporación en Sentencia SL373 de 2020, en la que se reitera lo indicado en la SL1688 del 8 de mayo de 2019 Radicado 68838, señaló en lo relativo al formulario de afiliación que “…la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado ” (En el mismo sentido se pronunció en SL5595 de 2021 Radicado 87406).
En Sentencia SL 12136 del 3 de septiembre de 2014 Radicado 46292, se indicó que es eficaz cualquier determinación personal sobre consentimiento traslado de informado régimen, cuando existe y dicha información que un comprende no solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, sino además las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión; en la SL 17595 del 18 de octubre de 2017 Radicado 46292, se amplía el concepto hacia la libertad informada, precisando que para que se entienda que la afiliación fue hecha de manera libre y voluntaria, se debe verificar si la respectiva administradora puso en conocimiento del afiliado los riesgos que implicaba el traslado de régimen y a su vez los beneficios que obtendría, es decir, que se demuestre que la correspondiente entidad garantizó una decisión informada, que permita una manifestación de voluntad autónoma y consciente; en concreto indicó “…no es dable argüir que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella 8 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito…” (Criterio reiterado en SL5585 de 2021 Radicado 86917).
Así las cosas, de la normatividad y jurisprudencia referidas, se tiene que las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, tienen la obligación de brindar toda la información requerida a los potenciales afiliados, respecto de las ventajas y desventajas de su traslado, realizando proyecciones de su posible mesada pensional y los requisitos que debía cumplir para acceder a la pensión de vejez, para con ello tomar una decisión debidamente informada en cuanto a su cambio de régimen; siendo carga de la prueba de dichas Administradoras, demostrar la debida información; ver Sentencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia SL10842023, SL4297 de 2022, SL3156 de 2022, entre otras.
Es de anotarse que recientemente se conoció la Sentencia SU-107 del 9 de abril de 2024 proferida por la H. Corte Constitucional, indicando que modula el precedente de la H. Corte Suprema de Justicia en materia probatoria, en procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado régimen pensional por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación: “.
Por ello, en contraste con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, se dispondrá que en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deberán tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el 9 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones Código General del Proceso, que se refieren al debido proceso.
Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonomía e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede: (i) Analizar si el afiliado conocía las consecuencias que tendría al trasladarse al RAIS, en el periodo 1993-2009.
De manera más precisa, el juez debe identificar si, en los términos del artículo 13, literal b, de la Ley 100 de 1993 y del artículo 97 -numeral 1del Decreto 663 de 1993, los asesores de las AFP comunicaron sobre: a) los riesgos que se reconocen en el RAIS; a) las posibilidades de efectuar cotizaciones adicionales; c) las consecuencias que tendría el no reunir el capital mínimo exigido para pensionarse por vejez; d) la garantía de la pensión mínima; o, e) la devolución de saldos, etc.
(ii) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones. En ese propósito, el juez debe procurar la obtención de todas las pruebas que requiera, acudiendo a las enlistadas en el artículo 161 del Código General del Proceso: “(…) la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes”, y a las demás que considere necesarias.
De hecho, el artículo 51 del CPTSS dispone que en el proceso laboral “[s]on admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley”. Estas pruebas pueden ser solicitadas o aportadas por las partes, o pueden ser requeridas de manera oficiosa. La práctica de estas pruebas es importante si se asume que el objeto del proceso ordinario laboral es reconstruir los hechos ocurridos en el pasado para, en caso de comprobarse, acceder a las pretensiones o negarlas.
La prueba, en tal sentido, tiene el propósito de desentrañar la verdad de lo ocurrido. (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediación, de manera individual y en su conjunto con las demás, luego de lo cual puede determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido. (iv) En lo relativo a las pruebas documentales, el juez puede oficiar para que se aporte al expediente ordinario, por ejemplo, el formulario de afiliación. En ese formulario, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 692 de 1994 -artículo 11-, pueden encontrarse leyendas preimpresas en las que normalmente se señala “que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones”.
Esta Corte entiende que esa sola prueba no demuestra, per se, el suministro de información y que, por tanto, no puede ser suficiente para absolver a las demandadas. En ello le halla razón a la Corte Suprema de Justicia. Con todo, en criterio de esta Corte, dicho formulario debe ser una prueba más en el expediente que deberá ser estudiado en su conjunto con las demás que se alleguen.
Igualmente, en materia de documentos, los jueces pueden solicitar de oficio a la AFP la carpeta administrativa del accionante para establecer si de allí pueden extraerse elementos de juicio que permitan identificar si la persona fue informada o no. (v) Ahora, si se asume que, en este tipo de procesos, como se ha dicho, es muy complejo acudir a pruebas directas (v. gr. los documentos), a partir de las cuales pueda sostenerse -más allá de toda duda- que la información realmente se entregó, corresponderá al juez acudir, por ejemplo, a los interrogatorios.
En efecto, en los interrogatorios las partes y el juez pueden formular diversas preguntas sobre las circunstancias en que pudo -o no- prestarse la información que se echa de menos, esto en los términos dispuestos en los artículos 59 y 77 del CPTSS, y 198 del CGP. De conformidad con lo indicado en el artículo 59 del CPTSS, el juez puede “ordenar la comparecencia de las partes a las audiencias a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos”.
En este ejercicio el juez puede, comunicando a las partes sobre las consecuencias de faltar a la verdad, pedirles que informen sobre las circunstancias en que se entregó la información, sobre las razones que los asesores de las AFP suministraron en ese momento y que motivaron el traslado final, sobre la forma en que se prestó asesoría (si se hizo en una reunión o de manera individual), etc.
En este ejercicio podría, inclusive, obtenerse alguna confesión por parte del demandado o del demandante. 10 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones (vi) Igualmente, los testimonios pueden ser fundamentales.
Específicamente cuando se citan personas que pudieron atender la asesoría en un mismo espacio, y que por ello pudieron escuchar los argumentos presentados por los asesores de las AFP cuando conminaron a diversos ciudadanos a trasladarse al RAIS. Como lo dispone el artículo 221 -numeral 3- del CGP, en este supuesto el juez puede exigir “al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento”.
Luego de ello podrá valorar si lo dicho por el testigo puede tener mayor o menor valor probatorio. (vii) A su turno, el juez puede tener en cuenta diversas pruebas indiciarias que, en cualquier caso, también deberán analizarse en conjunto con los demás elementos probatorios aportados, en los términos de los artículos 176 y 242 del CGP. (viii) Finalmente, el juez también podría, excepcionalmente, invertir la carga de la prueba, más no como único recurso.
La inversión de la carga de la prueba no puede ser una regla de obligatorio uso en este tipo de procesos (como lo ordena la Corte Suprema de Justicia), pero, al mismo tiempo, tampoco puede ser prohibida. En efecto, no se debe usar esa posibilidad cuando con las pruebas debidamente aportadas, decretadas, practicadas y valoradas se logra demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones de la demanda.
Pero puede suceder que, en casos excepcionales, el juez esté ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de probar los hechos que le sirven de causa a sus pretensiones o en un proceso en el cual a pesar de los esfuerzos de las partes y de la facultad oficiosa desplegada por el juez no sea posible desentrañar por completo la verdad. 330.
En estos últimos escenarios podría pensarse en invertir la carga de la prueba. Para ello, debe aceptarse que el derecho procesal laboral no puede obviar las diferencias notorias que, en algunos casos, existen entre las partes que se enfrentan. De allí que corresponda al juez implementar medidas, dentro del propio proceso, tendientes a que dicha desigualdad de armas se atempere, y que el afiliado no resulte afectado por la imposibilidad de aportar pruebas al proceso para demostrar los hechos que le sirven de causa a sus pretensiones.
En efecto, la imposición desproporcionada de cargas probatorias al afiliado puede derivar en el desconocimiento de su derecho al debido proceso o en el acceso efectivo a la administración de justicia. 331. En este escenario, la inversión de la carga de la prueba encuentra fundamento no solo en el artículo 167 del Código General del Proceso, sino en que: a) el juez tiene el deber imperioso de fallar y para ello debe resolver previamente las dificultades probatorias; b) el derecho procesal laboral tiene una naturaleza proteccionista o tuitiva con la parte que se considera débil; y, c) el demandado tiene el deber de colaborar en el proceso para reconstruir los hechos de manera adecuada.
Este último deber se desprende de la propia Constitución (artículo 95.7). 332. En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido.
En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP.
En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas.
En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS. 11 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones 333.
Estas reglas probatorias debe usarse en todos aquellos procesos que siguen su curso actualmente, y en todos aquellos que se inicien con posterioridad ” (Negrillas fuera de texto). Obrando en el plenario suficientes elementos de convicción con los cuales se acredita que la AFP accionada faltó al deber del consentimiento informado al momento del traslado de régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, en la forma señalada en la normatividad y jurisprudencia citadas, teniendo la AFP la carga de la prueba; por tanto, se confirmará la Sentencia de Primera Instancia, en cuanto declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional. 2.
Respecto a que se ordene a Protección S.A. entregar la historia laboral de la demandante debidamente actualizada, según solicita la apoderada de Colpensiones, encuentra esta Judicatura que el a quo ordenó a la AFP remitir la información pertinente y relevante sobre los ciclos y valores, orden en la que podría entenderse que está inmerso lo relacionado con la actualización de la historia laboral; no obstante, para mayor claridad, se adicionará la Decisión recurrida, ordenándose a Protección S.A. que al momento de cumplirse lo dispuesto en esta Sentencia, los conceptos deberán discriminarse con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, tal como lo establece el artículo 2.2.2.4.8.
Decreto 1833 de 2016 y lo tiene señalado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de 12 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones Justicia en Sentencias SL1637, SL1565, SL1566, SL1651, SL1618, todas del año 2022, entre otras. 3.
En lo referente a que se revoque la condena a trasladar descuentos por concepto de seguros del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín, debe indicarse que no el recurso presentado por la apoderada de Protección S.A. no tiene vocación de prosperidad, toda vez que entre los conceptos cuya devolución se ordenó en favor de Colpensiones como administradora del Régimen de Prima Media, ninguna mención hizo el Juez a seguros o descuentos destinados a Fogafín. Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, confirmar la Sentencia de Primera Instancia, adicionándose en cuanto se ordenará a Protección S.A. entregar los conceptos en forma discriminada con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.
COSTAS: Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. al no haber prosperado el recurso de Apelación formulado, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente un (1) salario mínimo legal mensual vigente 13 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones ($1.300.000) en favor de la demandante; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
DECISIÓN: En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: Se CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa y en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES; ADICIONÁNDOSE, en cuanto se ordena a Protección S.A. que al momento de cumplirse lo dispuesto en esta Sentencia, los conceptos deberán discriminarse con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, tal como lo establece el artículo 2.2.2.4.8.
Decreto 1833 de 2016; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa. 14 Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral Demandante: Martha Cecilia Alvarez Valencia Radicado: 05001 31 05 004 2019 00104 01 Demandados: Protección S.A, Colpensiones SEGUNDO: Se CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente ($1.300.000) en favor de la demandante MARTHA CECILIA ÁLVAREZ VALENCIA; según lo explicado en la parte motiva de esta Providencia.
TERCERO: Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 15