TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA SALA SEGUNDA DECISIÓN LABORAL DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ MAGISTRADO PONENTE RADICACIÓN UNICA RADICACIÓN INTERNA TIPO DE PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO 08001-31-05-009-2021-00316-01 74.792-A ORDINARIO LABORAL GERARDO OLMOS FERNANDEZ ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIRS.A., ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A., LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Barranquilla, once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024).
Visto el informe secretarial que antecede y una vez examinado el expediente de la referencia, se constata que la demandada ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., interpuso el pasado 25 de abril de 2024, a través de correo electrónico, recurso extraordinario de casación contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 2024, proferida por esta Corporación dentro del presente asunto y la cual fue notificada mediante fijación en edicto de fecha 3 de abril de 2024, el cual fue desfijado el 5 del mismo mes y año.
ANTECEDENTES GERARDO OLMOS FERNANDEZ, por conducto de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra la CONTRA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIRS.A., ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y ADMINISTRADORA CESANTIAS PROTECCIÓN COLOMBIANA DE S.A., LA PENSIONES (COLPENSIONES) y MINISTERIO DE HACIENDIA Y CRÉDITO PÚBLICO, a fin que se declarara que la administradora de fondo de pensiones y cesantías PROTECCIÓN S.A. (en adelante PROTECCIÓN S.A.) y la administradora de fondo de pensiones y cesantías PORVENIR S.A (en adelante Porvenir S.A.) incurrieron en omisión en el deber de información que tienen las entidades financieras en relación con la comunicación a los afiliados al régimen de pensión, que se declare la nulidad del traslado y afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad( en adelante RAIS) y como consecuencia se le afilie al Régimen de Prima Media con Prestación Definida(en adelante RPMPD), que se le traslade los aportes realizados a Porvenir S.A, así como los rendimientos generados a Colpensiones, así como las agencias en derecho y costas.
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, que conoció del presente proceso en primera instancia, mediante proveído de fecha 8 de agosto de 2023, resolvió el fondo del asunto, de la siguiente manera: “1° DECLARAR la INEFICACIA del traslado de régimen que efectuó en agosto de 1996, el señor GERARDO OLMOS FERNANDEZ, hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, al RAIS concretamente a la ADMINISTRADORA DE FONDOS D(cic) PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCION S.A., de conformidad con lo expuesto.
Por consiguiente, se restituye al demandante al mismo estado en que se hallaría si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz vale decir, al RPMPD hoy administrado por COLPENSIONES. 2° ORDENAR a PROTECCION S.A., a trasladar a COLPENSIONES, todos los ahorros o aportes que tiene en su cuenta de ahorro individual el señor GERARDO OLMOS FERNANDEZ. tales como cotizaciones bonos pensionales de haberse redimido, frutos e intereses, más rendimientos, la mencionada administradora debe devolver a Colpensiones el porcentaje de gastos de administración, y las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantías de pensión mínima, debidamente indexados con cargo a sus propios recursos, al momento de cumplir la orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, al efecto se le concede el termino improrrogable de 30 días hábiles a PROTECCION S.A., a partir de la ejecutoria de esta providencia para que realice el traslado de estos conceptos., 3° ORDENAR a COLPENSIONES que reciba al señor GERARDO OLMOS FERNANDEZ, en el RPMPD, así mismo se le ordena que reciba de PROTECCION S.A., todos los conceptos que se precisaron en el numeral 2 de esta providencia. 4º CONDENAR a PORVENIRS.A., a devolver a COLPENSIONES, el porcentaje de gastos de administración, y las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantías de pensión mínima, debidamente indexados con cargo a sus propios recursos, al momento de cumplir la orden los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, al efecto se le concede a PORVENIR S.A., el termino improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, se autoriza a COLPENSIONES la recepción de estos dineros 5º ABSOLVER a las demandadas, de las demás pretensiones formuladas en su contra. 6º CONDENAR en costas a PROTECCION S.A.” Contra la mentada decisión las demandadas AFP PROECCIÓN S.A., COLPENSIONES y AFP PORVENIR S.A., interpusieron recurso de apelación y bajo ese contexto, esta Corporación desató los referidos medios de impugnación, y grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES mediante sentencia judicial de fecha 21 de marzo de 2024, en la cual se resolvió lo siguiente: “PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 8 de agosto de 2023, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral promovido por GERARDO OLMOS FERNANDEZ contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR Y ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: COSTAS a cargo de las partes demandadas PROTECCIÓN S.A. COLPENSIONES y PORVENIR S.A. por no prosperar el recurso” Inconforme con la decisión anterior, la demandada ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., a través de apoderado judicial, formuló recurso de casación. CONSIDERACIONES La viabilidad del recurso extraordinario de casación, conforme lo ha establecido por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos formales: (i) que sea interpuesto dentro de un proceso ordinario laboral;
(ii) se instaure contra la sentencia de segunda instancia, a menos que se trate de la excepción “casación per saltum”; (iii) quien lo presente sea abogado y ostente el derecho de postulación respectivo; (iv) se formule dentro de la oportunidad procesal correspondiente, a saber, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia recurrida;
(v) se acredite el interés económico para recurrir, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. (CSJ AL4788-2021) La legitimación procesal ha sido concebida como uno de los presupuestos formales de validez de las acciones judiciales, como lo serían los recursos, de tal suerte que aquél profesional en derecho que promueva alguna impugnación en representación de una de las partes procesales, debe encontrarse debidamente encomendado por su representado para ello, bien sea a través de un poder general, especial o sustitución de éste, que no haya sido revocado de forma expresa o tácita.
Frente al interés económico para recurrir en casación, se tiene que el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en lo relativo, establece que este recurso extraordinario sólo resulta procedente en aquellos procesos cuya cuantía exceda de 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente, advirtiéndose sobre esto último que, dicha estimación debe efectuarse con el monto del salario aplicable al tiempo en que se profirió la decisión acusada.
En cuanto a su determinación, se tiene que el mismo corresponde al agravio que sufre la parte impugnante a través de la sentencia judicial recurrida, que, “tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen, y respecto del demandante, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido denegadas en la sentencia que se intente impugnar.
En ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado” (CSJ AL5316-2022) Así pues, para cuantificar este requisito en aquellos eventos donde la parte demandante sea la recurrente debe tenerse en cuenta el valor de lo pretendido por la misma en su demanda, lo cual correspondería a las pretensiones por ella elevadas y que hayan sido negadas en instancias, toda vez que su interés económico se circunscribiría en sede de casación a aquellos valores económicos solicitados y no reconocidos judicialmente ante las absoluciones impartidas, “siempre y cuando mantenga el interés para recurrir frente a dichas aspiraciones, que como se reitera, al haberse provocado la alzada conserva el interés que corresponde, sin más a las pretensiones de la demanda inicial” (CSJ AL5112-2022).
En aquellos escenarios donde la parte demandada sea la recurrente en casación, se tendría que su interés económico se encontraría encuadrado dentro del valor total de las condenas confirmadas, modificadas o impuestas en su contra, según el caso, a través de la sentencia censurada. Descendiendo lo expuesto al caso que concita la atención de esta Sala de Decisión, donde se discutió la ineficacia de traslado de régimen pensional de la parte demandante, resulta oportuno traer a colación la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, visible en proveído CSJ AL881- 2023, sobre la procedencia de este recurso extraordinario en estos asuntos: “Definido está qué, en oportunidades anteriores la Corporación ha precisado que cuando en esta clase de asuntos la sentencia se restringe a que el fondo privado traslade a Colpensiones los saldos existentes en la cuenta del afiliado, la AFP carece de interés económico para recurrir en casación, por cuanto dichas sumas y los rendimientos financieros que comprende esa medida no hacen parte de su patrimonio, sino que pertenecen a la persona asegurada.
Así, debe entenderse que el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante y que en ese sentido dejaría de percibir a futuro los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que, además, no se evidencian en la sentencia de segunda instancia (CSJ AL, 13 mar. 2012, rad. 53798, CSJ AL38052018, AL2079-2019, AL3657-2020 y AL5530-2022).
Precisamente, en la primera providencia referida la Corporación señaló: […] La carga económica que se impuso a la demandada, con la sentencia proferida por el ad quem se concreta al traslado al I.S.S. del valor de los saldos por concepto de: cotizaciones, rendimientos y bono pensional, que figuren en la cuenta de ahorro individual de la actora.
De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS.
Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la demandante, tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que por tratarse de un traslado no hay lugar a redención, y por tanto, continúa a cargo de la oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a juicio, no incurre en erogación alguna que sirva para determinar el importe de agravio o perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole. […] De acuerdo con lo anterior, y en el entendido de que la recurrente en casación solo trasladará aportes y rendimientos financieros, los cuales no hacen parte de su patrimonio, al pertenecer éstos a saldos que integran la cuenta de ahorro individual de la persona afiliada provenientes del régimen de ahorro individual, pues ello no constituye agravio alguno, por lo cual no resulta forzoso concluir que carece de interés económico para recurrir.
De otro lado, tampoco demostró la recurrente que del fallo se le derive algún perjuicio o erogación, y, como bien lo tiene adoctrinado esta Corporación, la suma gravaminis debe ser determinada o, al menos, determinable en dinero, cosa que acá no se cumple.” En consideración de lo expuesto, se tendría que la demandada AFP PORVENIR S.A., conforme su actitud procesal y pruebas dentro del proceso, no tiene interés económico para recurrir en casación, bajo el entendido que no existe acreditada condena que pecuniariamente le resulte adversa, motivo por el cual no se concederá el recurso extraordinario de casación por ella interpuesto.
En mérito de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral,
RESUELVE
PRIMERO: NO CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida por esta Corporación el día 21 de marzo de 2024, por las razones expuestas en el presente proveído.
SEGUNDO: Ejecutoriada la presente decisión, continúese con su respectivo trámite.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ Magistrado Ponente 74.792-A FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA Magistrado MARÍA OLGA HENAO DELGADO Magistrada