1 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL Hoy 12 de MARZO del 2026, siendo las 4:55PM, la Sala Segunda de Decisión Laboral, integrada por el suscrito quien la preside CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA en compañía de los magistrados Dr. FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO y la Dra. MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, previa discusión y aprobación en sala virtual, se constituye en audiencia pública de juzgamiento No.73, dentro del Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia adelantado por JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS, en contra de ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A. Bajo radicación 760013105-003-2024-00082-01.
En donde se resuelve el recurso de APELACIÓN presentado por el demandante en contra de la sentencia No. 2 del 28 de enero del 2025, proferida por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Cali; en dicha providencia se DECLARÓ PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación respecto de las pretensiones de ineficacia de traslado y sus consecuencias; y PROBADA la de prescripción respecto de la solicitud de indemnización de perjuicios, ABSOLVIÓ a las entidades demandadas y vinculadas de las pretensiones principales y subsidiarias.
CONDENA en costas al demandante por haber sido vencido en juicio Razones del juzgado: i) el traslado del demandante al régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual no podrá ser declarado ineficaz dado su condición de estar pensionado por vejez por cuenta del RAIS. Dando aplicación al precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre el asunto, particularmente la sentencia SL373 del 2021 Que recapituló en la SL 1692 y en la SL 1418 la primera del 2021, la segunda en 2022, así como en la SL 15772 1022.
Lo que conlleva a que las demás pretensiones de la demanda como la de la reconvención deben ser denegadas en su totalidad. Incluida la indemnización de perjuicios como consecuencia del traslado al régimen pensional, considerando que sí es susceptible de prescripción, (SL 1956 del 2023), al ser el actor pensionado en el RAIS desde el 28 de enero del 2019 y haber presentado la reclamación objeto de estudio el 28 de junio del 2023 y la demanda el 12 de febrero del 2024.
Apelación demandante: a) De acuerdo con el precedente de la CSJ - sentencia SL 1689 de 2019-, no se deben aplicar normas civiles para determinar la prescripción en materia laboral, sino la normatividad específica que establece la imprescriptibilidad de acciones relacionadas con el régimen pensional. Así pues, el traslado del régimen tiene carácter de imprescriptible ya que su declaratoria otorga un derecho de carácter permanente.
Señala que la indemnización reclamada corresponde a una obligación de tracto sucesivo, por lo que, aunque algunas diferencias puedan estar prescritas, deben reconocerse las causadas en los 3 años previos a la reclamación administrativa y mientras subsista la obligación de pensión de vejez y sobrevivientes. Situación procesal que ha sido discutida y conocida por las partes, razón por la que la Sala de Decisión procede a dictar la providencia correspondiente.
S E N T E N C I A No.63 La sentencia APELADA debe REVOCARSE, son razones: No encontrarse contrario a la normativa nacional el reconocimiento a título de pretensiones subsidiarias de las sumas pensionales diferenciales advertidas por la vía de la reparación integral, tampoco estar prescritas por ser solo ahora declarada la ineficacia del traslado configurada por los vicios jurídicos detectados con esta sentencia y proceso.
Resulta definitorio para marcar la estrictez del recurso y la total conformidad de las otras partes del proceso, señalar en términos competenciales que el juzgado previo a la declaratoria de prescripción JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. ausculto y determinó la falta de la debida información generadora de la ineficacia del traslado, pero, por seguimiento de la jurisprudencia de la alta Corte vio improcedente declararla al ser el reclamante pensionado, dando seguidamente análisis a las pretensiones subsidiarias encontrándolas procedentes, punto en el que las contrajo a las diferencias pensionales, sin embargo no lo hizo por discurrir su prescripción. En este examen puntual frente a las ineficacias el juzgado indicó la opción jurídica del reclamo de la indemnización plena de perjuicios, los que encontró prescritos por pasar en silencio los tres años siguientes a la data del reconocimiento de la pensión. En efecto, por el art. 66 A CPTSS y la pretensión subsidiaria original, se considera procedente que esta Sala de Decisión se concentre solamente en lo que en últimas se expresa como anhelo, el pago de las consecuencias económicas, pero que ese derecho y sus consecuencias monetarias o dinerarias no se eliminan o desaparecen del mundo del derecho por el mero hecho de continuar el afiliado al RAIS, por no ser pertinente el traslado de régimen pensional, es decir, se acepta el hecho nocivo – incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales “debida información”- pero se aspira a título de reparación integral, al reconocimiento diferencial pensional existente entre lo que el fondo privado le ha venido reconociendo y lo que realmente se le ha impedido recibir por el mero hecho de no darse su retorno al régimen de prima media.
Es el caso, del reconocimiento de los perjuicios morales dentro del sector privado que, a pesar de no ser consagrados en el articulado sustancial propio, han sido considerados procedentes, también se ha precisado no estar limitados solamente a los dispuestos y tarifados por la legislación, cosa diferente es que deben aparecer probados (Radicación Nro. 19871, del 1° de agosto de 20031 SL16367 de 2014) premisas jurisprudenciales, la última, incluso decantada desde el Tribunal Supremo del Trabajo.
Página Resta aducir que nada impide al juez de la seguridad social dar cabida a título de perjuicios económicos, al no goce del importe diferencial de las mesadas pensionales a que tiene derecho la parte demandante, todo a consecuencia del daño antijurídico propiciado, que es lo que se resarce, tal como lo reclama la codificación civil, si se le da brillo a la completitud del pago pensional pretendido, situación que tiene lugar por encima de las razones infra constitucionales con las que se niegan las aspiraciones de los afiliados afectados, estando dibujado en el debate, la cierta competencia del juez de la seguridad para reconocerlos, aunque la ley no los tarife, concurriendo su evidencia como ciertos, y además cuantificados. 2 Es decir, los perjuicios son reconocibles por la judicatura laboral y de seguridad social, en esta, que es la que nos concita, cabe volver a reseñar como amparo venturoso, el conocerse que la legislación regula el diseño y la extensión dineraria del importe pensional, así como la materialización de las mesadas pensionales, si hay tipificación, siendo primordial señalar que la determinación de las sumas realmente no recibidas, conforme al ordenamiento patrio se consideran pasibles de reconocer como daño emergente y lucro cesante; la codificación civil, que es la rectora en el instituto indemnizatorio, se aprecia incluyente, al ser real, tanto el acto dañino - la falta de la debida información- como la presencia consecuencial directa o indirecta de esos agravios económicos, los que sin duda deterioran el patrimonio de la reclamante. 1 “el Tribunal Supremo del Trabajo, conforme lo recordó la Sala en la sentencia 8533 del 12 de diciembre de 1996, la jurisprudencia laboral ha admitido que “Nada se opone, desde luego, a que, además (el trabajador) tenga derecho a reclamar indemnización por los otros perjuicios materiales y morales que la ruptura de su contrato le ocasione; mas estos deberá probarlos y determinarlos conforme al derecho común por cuanto ellos no se derivan necesariamente del vínculo contractual porque no son de su esencia”.” Radicación Nro. 19871, del 1° de agosto de 2003 JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 2 “6.- Carga dinámica de la prueba, deberes de las partes y atribuciones del juez como director del proceso 6.1.- Una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, en general, y a la jurisdicción civil, en particular, es la concerniente a la prueba de los hechos que se alegan.
La carga de la prueba es un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva. Se conoce como principio “onus probandi”, el cual indica que por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo2.
De acuerdo con la doctrina, esta carga procesal se refiere a “la obligación de ‘probar’, de presentar la prueba o de suministrarla, cuando no el deber procesal de una parte, de probar la (existencia o) no existencia de un hecho afirmado, de lo contrario el solo incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesal que el juez del proceso debe considerar el hecho como falso o verdadero”2.” 3 Rad. 31314 de 2008: “La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. “Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. 4 sentencia SL 2817/2019: En efecto, en la sentencia referida, la Corte dijo: Según lo expuesto precedentemente, es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.
Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quién le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca. En consecuencia, si se arguye que, a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento.
En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo. Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión. En torno al punto, el artículo 1604 del Código Civil establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional.
Paralelamente, no puede pasar desapercibido que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada –cuando no imposible- o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar.
En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.
Página Es de señalar cómo la jurisprudencia especializada y constitucional (SU 107 de 2024) ha puntualizado la necesidad de contar en estos actos de traslado con la debida información para poder libremente optar por uno u otro régimen pensional3, cosa diferente es que, las corporaciones se distancien en la manera de lograr tal cometido probatorio, pero decididamente, de forma clara se debe manifestar que tal información no corre en las actuaciones por ningún medio probatorio, como tampoco se ha pretermitido la procesabilidad del artículo 61 de la codificación adjetiva laboral, es decir, se le da espacio a todos los medios de convicción consagrados en la legislación. Siendo de destacar que para esa tarea heurística se ha procedido conforme al celo jurisprudencial riguroso que desde las primeras sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha de entenderse como un deber de la judicatura el escrutar4 la inexistencia de esa debida información, así como de la ausencia de irregularidades en ese acto trascendental, información que debe tener la persona que va a optar por uno u otro régimen pensional lo 3 Fíjese cómo la batería probatoria de la AFP se enfila a dar por cumplida su obligación procesal y sustancial con atención del hecho de haberse firmado el formulario de afiliación libremente (C-086 de 20162), lo que ya se vio no puede equipararse a la obligación sustancial de actuar de buena fe, lo que apareja brindar la necesaria y debida información, pues en toda la contestación de la demanda nada se dice del cómo se dio, en qué momento y de qué manera fueron dados los alcances del acto.
JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. que, decididamente no corre en las actuaciones, lo que distancia a la corporación de la primera instancia cuando puntualiza el revestimiento de irregularidades en el traslado, dado que precede un debate amplio y certero de no brindarse la debida información, señalando que ese cometido informativo no se colma con la mera firma del formulario de afiliación5.
Aceptado lo anterior, resulta importante anotar que tampoco existe la más mínima duda procesal y sustantiva en la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencias anteriores a la citada e incluso en ella misma, que en el mundo de la vida no se pierde o se deja de recibir los valores dinerarios consecuenciales, fíjese se condicionan exclusivamente al hecho de no proceder el reintegro al RPM, pero que esos reconocimientos jurídicos no se pierden, al punto que si se alegan con expresividad y oportunidad hay que reconocerlos por la vía de los perjuicios dentro del mismo proceso.
En otro giro, la pérdida patrimonial pensional es una realidad nacida consecuencialmente de la omisión o incumplimiento de una obligación legal, propia de la seguridad social que, de haberse cumplido, en la realidad pensional de la parte demandante no tendría lugar la lamentable causa presente, pero que no se podría opacar o derruir el hecho concreto, a pesar del no regreso del actor al régimen de la prima media, no se esfuman los perjuicios, perdiéndose así materialmente el abrigo pensional reclamado.
Ahora, en torno al tema exclusivo de su cuantificación, importa reseñar su viabilidad, pues ella emerge una vez se acepte la existencia del hecho generador y su nefasta consecuencia, no recibir el reclamante la completitud de sus valores pensionales, perturbados precisamente por la presencia de ese hecho pensional omisivo. De ahí que se considere procedente para esa comprensión, atender esa realidad insatisfecha, lo que se hace con los valores que ciertamente, y por ley, le corresponden a su situación pensional, es decir, los que son consecuencia o se derivan de los supuestos sustantivos pensionales del demandante, y no podidos materializar, se repite, generados a raíz de esos dos hechos; ahora no discutidos pero si plenamente aceptados doctrinariamente: la falta de información debida y sus consecuencias económicas a título de indemnización de perjuicios arropados en la ineficacia de su traslado al régimen pensional y la pre pensional afiliación siempre en el RPM, realidades que bajo este entendido no se pierden o esfuman, pues son verdades jurídico económicas nada desdeñable para el mundo jurídico sustancial. 5 SL1055 del 2022 Asimismo, también desconoció que el juicio valorativo respecto al cumplimiento del deber de información no se agota con la sola firma del formulario de afiliación. En efecto, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como “la afiliación se hace libre y voluntaria”, “se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones” u otro tipo de leyendas de esta clase, son insuficientes para dar por demostrado dicho deber (CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, reiterada en SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020)».
Página En cuanto a la excepción de prescripción, se tiene que la pensión de vejez se reconoció por comunicación del 28 de enero del año 2019 y se concede desde el 17 de octubre del 2018. El demandante reclamó la indemnización plena de perjuicios el 28 de junio del 2023 y la demanda se formuló el 12 de febrero de 2024, razón por la que, conforme las exigencias del artículo 151 del C.P.T.S.S., si operó el fenómeno prescriptivo de las diferencias pensionales causadas –a título de 4 Así las cosas, antes de proceder a su cuantificación es menester agotar el tema de la prescripción de los derechos indemnizatorios pretendidos o su imprescriptibilidad a título de reparación, a lo cual se contrae para el caso, el recurso de apelación. JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. perjuicios-, en la medida que, si trascurrieron más de tres (3) años entre una y otra fecha, prescribiendo los perjuicios anteriores al 28 de junio del 2020.
No es de recibo para la Sala los argumentos de la A quo para declarar prescrito totalmente el derecho a reclamar la indemnización, en la medida que, si bien corresponden a unos perjuicios, la estimación de estos restituyen al pensionado en la misma forma en que se causó el daño, esto es, que el valor de su mesada pensional se vio menguada en el RAIS, lo cual, se genera mes a mes, desde su reconocimiento, en los mismos términos de una reliquidación pensional.
A ello se agrega que, la indemnización plena de perjuicios reclamada es la especie, siendo el género la reparación in natura o específica y, ante la imposibilidad de volver al estado anterior por el tipo de daño causado -cada modalidad de daño merece una forma de reparación diferente-, así mismo debe resarcirse, por lo que, en tratándose el derecho afectado el de la pensión de vejez en su cuantía, se tiene que, su naturaleza jurídica va ligada al derecho social fundamental de la Seguridad Social y, por tanto imprescriptible, amén de ser un derecho de tracto sucesivo y vitalicio, por lo que, la reparación debe darse en los mismos términos característicos del derecho afectado, valga la redundancia, en forma sucesiva y vitalicia, por ende, resultan prescriptibles solo las diferencias pensionales no reclamadas en forma oportuna.
Y su reparación se encuentra ligada a ese derecho afectado o perjudicado, que lo es la mesada pensional-, por consiguiente, una forma de cuantificar ese valor a reparar equivale a esa suma diferencial a futuro dejada de percibir por el no retorno al RAIS, y el fenómeno extintivo de dicho perjuicio causado mes a mes como diferencia de la mesada, no puede ser contabilizada como una única cifra generada a favor del pensionado, dado que su existencia pervive mes a mes mientras se siga causando el derecho pensional a través de esa mesada deficitaria.
Página 5 En desarrollo del tema, la Sala considera importante poner de presente los términos de la pretensión subsidiaria de reconocimiento y pago de los perjuicios, los cuales se enfilaron de la siguiente manera: JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. Es pues que, el no retorno al RPM y tener el actor una mesada pensional en el RAIS por valor de $2.068.551 desde el año 2018 cuando cumplió los 62 años de edad pensional y alcanzar con su última cotización en septiembre de 2018 un total de 1.826 semanas que le permitirían liquidar la pensión, de estar en el régimen de prima media bajo los preceptos de la ley 797 de 2003 con la tasa de reemplazo del 78,68%; mesada que lo sería de $2.239.858,23 para la misma anualidad, evidenciándose diferencia entre una y otra.
Con estas advertencias se evidencia la afectación económica del actor desde esa data, pero que, conforme la limitación que hiciere en su recurso, tal y como se explicó, se realizará desde el 28 de junio de 2020, diferencia que se precisa hasta el 28 de febrero de 2025 contando con una diferencia pensional a título de perjuicios calculados por la Sala por valor de $20.530.907 dejadas de percibir a la fecha de la presente sentencia. Son las anteriores razones las que dan lugar a revocar parcialmente la sentencia apelada, condenando en costas en primera instancia al demando PROTECCIÓN conforme el art. 365CGP.
Por lo expuesto la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. MODIFICAR el numeral 1º de la sentencia apelada y en consecuencia se tienen no probadas las excepciones propuestas por PROTECCIÓN S.A. Confirmar el numeral en todo lo demás, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2.
MODIFICAR el numeral 2º de la sentencia apelada y en consecuencia DECLARAR que la AFP PROTECCIÓN S.A, ocasionó perjuicios al señor JORGE ALVARO ROJAS VARGAS, en virtud de la omisión al deber de información, por lo que se ordenará reparar integralmente, CONDENANDOLE a PROTECCIÓN S.A. en su calidad de administradora del régimen de ahorro individual con prestación definida a pagar perjuicios al Señor JORGE ALVARO ROJAS VARGAS de las diferencias pensionales causadas entre la pensión reconocida en el RAIS y la del RPM, perjuicios que ascienden a la suma de $20.530.907, cifra que debe ser cancelada debidamente indexada al momento del pago, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Confirmar el numeral en todo lo demás, conforme las considerativas de esta providencia. 3.
MODIFICAR el numeral 5º de la sentencia apelada y en consecuencia se condena en costas en primera instancia a PROTECCIÓN S.A. a favor del demandante. Confirmar el numeral con los demás partes en todo lo demás, conforme las considerativas de esta providencia. 4. CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás, conforme las considerativas de esta providencia. 5.
COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. a favor del demandante, se fijan agencias en dos salarios MLMV a esta providencia.
NOTIFÍQUESE EN ESTRADOS Página 1. 6 RESUELVE JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. Los Magistrados, CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA Salvo voto parcial6 FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO IBL TODA LA VIDA PERIODOS (DD/MM/AA) DESDE HASTA SALARIO SBC COTIZADO ÍNDICE ÍNDICE DÍAS DEL SALARIO INICIAL FINAL PERIODO INDEXADO IBL 9.480,00 1 0,720000 100,000000 12 1.316.667 1.236,11 1/04/1980 30/04/1980 9.480,00 1 0,720000 100,000000 30 1.316.667 3.090,28 1/05/1980 31/05/1980 9.480,00 1 0,720000 100,000000 31 1.316.667 3.193,29 1/06/1980 30/06/1980 9.480,00 1 0,720000 100,000000 30 1.316.667 3.090,28 1/07/1980 31/07/1980 9.480,00 1 0,720000 100,000000 31 1.316.667 3.193,29 1/08/1980 31/08/1980 14.610,00 1 0,720000 100,000000 31 2.029.167 4.921,31 1/09/1980 30/09/1980 14.610,00 1 0,720000 100,000000 30 2.029.167 4.762,56 1/10/1980 31/10/1980 14.610,00 1 0,720000 100,000000 31 2.029.167 4.921,31 1/11/1980 30/11/1980 14.610,00 1 0,720000 100,000000 30 2.029.167 4.762,56 6 SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL: En lo referente a la excepción de prescripción, cabe decir que para la Sala mayoritaria corre desde que se obtiene o hay claridad sobre la condición de pensionado (a), prescribiendo mes a mes teniendo en cuenta la reclamación administrativa de los perjuicios, situación no compartida por el suscrito magistrado ponente, ya que solo con esta sentencia viene la claridad para advertir la ineficacia del traslado y sus consecuencias, única condición jurídica permisiva para en estos eventos decantar los perjuicios, pues sin su expresa advertencia del daño, no se generan o es la base de perjuicios.
Complementariamente, es lo cierto que solo ahora ocurre el reconocimiento judicial sobre la causa de tales daños, la omisión de los fondos privados de pensiones de brindar la debida información, lo que complejiza el traslado de régimen pensional, por lo tanto, la declaratoria judicial acerca de las consecuencias jurídicas de esa omisión informativa alumbran no ser posible hablar de prescripción, se repite, de un crédito pensional, que no pierden su naturaleza social, aunque sean discernidos en términos indemnizatorios.
Con estas advertencias se evidencia la afectación económica del (a) actor (a) desde esa data hasta la presente decisión. Página 7 20/03/1980 31/03/1980 JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 14.610,00 1 0,720000 100,000000 31 2.029.167 4.921,31 1/01/1981 31/01/1981 14.610,00 1 0,900000 100,000000 31 1.623.333 3.937,05 1/02/1981 28/02/1981 14.610,00 1 0,900000 100,000000 28 1.623.333 3.556,04 1/03/1981 31/03/1981 14.610,00 1 0,900000 100,000000 31 1.623.333 3.937,05 1/04/1981 30/04/1981 14.610,00 1 0,900000 100,000000 30 1.623.333 3.810,05 1/05/1981 31/05/1981 14.610,00 1 0,900000 100,000000 31 1.623.333 3.937,05 1/06/1981 30/06/1981 14.610,00 1 0,900000 100,000000 30 1.623.333 3.810,05 1/07/1981 31/07/1981 17.790,00 1 0,900000 100,000000 31 1.976.667 4.793,98 1/08/1981 31/08/1981 17.790,00 1 0,900000 100,000000 31 1.976.667 4.793,98 1/09/1981 30/09/1981 17.790,00 1 0,900000 100,000000 30 1.976.667 4.639,34 1/10/1981 31/10/1981 17.790,00 1 0,900000 100,000000 31 1.976.667 4.793,98 1/11/1981 30/11/1981 25.530,00 1 0,900000 100,000000 30 2.836.667 6.657,80 1/12/1981 31/12/1981 25.530,00 1 0,900000 100,000000 31 2.836.667 6.879,73 1/01/1982 31/01/1982 25.530,00 1 1,140000 100,000000 31 2.239.474 5.431,36 1/02/1982 28/02/1982 25.530,00 1 1,140000 100,000000 28 2.239.474 4.905,75 1/03/1982 31/03/1982 25.530,00 1 1,140000 100,000000 31 2.239.474 5.431,36 1/04/1982 30/04/1982 25.530,00 1 1,140000 100,000000 30 2.239.474 5.256,16 1/05/1982 31/05/1982 30.150,00 1 1,140000 100,000000 31 2.644.737 6.414,24 1/06/1982 30/06/1982 30.150,00 1 1,140000 100,000000 30 2.644.737 6.207,33 1/07/1982 31/07/1982 30.150,00 1 1,140000 100,000000 31 2.644.737 6.414,24 1/08/1982 31/08/1982 30.150,00 1 1,140000 100,000000 31 2.644.737 6.414,24 1/09/1982 30/09/1982 29.050,00 1 1,140000 100,000000 30 2.548.246 5.980,86 1/10/1982 31/10/1982 34.600,00 1 1,140000 100,000000 31 3.035.088 7.360,95 1/11/1982 30/11/1982 34.600,00 1 1,140000 100,000000 30 3.035.088 7.123,50 1/12/1982 31/12/1982 30.150,00 1 1,140000 100,000000 31 2.644.737 6.414,24 1/01/1983 31/01/1983 30.150,00 1 1,410000 100,000000 31 2.138.298 5.185,98 1/02/1983 28/02/1983 30.150,00 1 1,410000 100,000000 28 2.138.298 4.684,11 1/03/1983 31/03/1983 30.150,00 1 1,410000 100,000000 31 2.138.298 5.185,98 1/04/1983 30/04/1983 30.150,00 1 1,410000 100,000000 30 2.138.298 5.018,69 1/05/1983 31/05/1983 30.150,00 1 1,410000 100,000000 31 2.138.298 5.185,98 1/06/1983 30/06/1983 30.150,00 1 1,410000 100,000000 30 2.138.298 5.018,69 1/07/1983 31/07/1983 30.150,00 1 1,410000 100,000000 31 2.138.298 5.185,98 1/08/1983 31/08/1983 30.150,00 1 1,410000 100,000000 31 2.138.298 5.185,98 1/09/1983 30/09/1983 47.370,00 1 1,410000 100,000000 30 3.359.574 7.885,09 1/10/1983 31/10/1983 47.370,00 1 1,410000 100,000000 31 3.359.574 8.147,93 1/11/1983 30/11/1983 47.370,00 1 1,410000 100,000000 30 3.359.574 7.885,09 Página 8 1/12/1980 31/12/1980 JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 47.370,00 1 1,410000 100,000000 31 3.359.574 8.147,93 1/01/1985 31/01/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 31 1.546.154 3.749,86 1/02/1985 28/02/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 28 1.546.154 3.386,97 1/03/1985 31/03/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 31 1.546.154 3.749,86 1/04/1985 30/04/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 30 1.546.154 3.628,90 1/05/1985 31/05/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 31 1.546.154 3.749,86 1/06/1985 30/06/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 30 1.546.154 3.628,90 1/07/1985 31/07/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 31 1.546.154 3.749,86 1/08/1985 31/08/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 31 1.546.154 3.749,86 1/09/1985 30/09/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 30 1.546.154 3.628,90 1/10/1985 31/10/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 31 1.546.154 3.749,86 1/11/1985 30/11/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 30 1.546.154 3.628,90 1/12/1985 31/12/1985 30.150,00 1 1,950000 100,000000 31 1.546.154 3.749,86 1/01/1986 31/01/1986 30.150,00 1 2,380000 100,000000 31 1.266.807 3.072,37 1/02/1986 28/02/1986 30.150,00 1 2,380000 100,000000 28 1.266.807 2.775,04 1/03/1986 31/03/1986 30.150,00 1 2,380000 100,000000 31 1.266.807 3.072,37 1/04/1986 30/04/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 30 1.724.370 4.047,18 1/05/1986 31/05/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 31 1.724.370 4.182,09 1/06/1986 30/06/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 30 1.724.370 4.047,18 1/07/1986 31/07/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 31 1.724.370 4.182,09 1/08/1986 31/08/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 31 1.724.370 4.182,09 1/09/1986 30/09/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 30 1.724.370 4.047,18 1/10/1986 31/10/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 31 1.724.370 4.182,09 1/11/1986 30/11/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 30 1.724.370 4.047,18 1/12/1986 31/12/1986 41.040,00 1 2,380000 100,000000 31 1.724.370 4.182,09 1/01/1987 31/01/1987 41.040,00 1 2,880000 100,000000 31 1.425.000 3.456,03 1/02/1987 28/02/1987 41.040,00 1 2,880000 100,000000 28 1.425.000 3.121,58 1/03/1987 31/03/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 31 1.644.792 3.989,09 1/04/1987 30/04/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 30 1.644.792 3.860,41 1/05/1987 31/05/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 31 1.644.792 3.989,09 1/06/1987 30/06/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 30 1.644.792 3.860,41 1/07/1987 31/07/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 31 1.644.792 3.989,09 1/08/1987 31/08/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 31 1.644.792 3.989,09 1/09/1987 30/09/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 30 1.644.792 3.860,41 1/10/1987 31/10/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 31 1.644.792 3.989,09 1/11/1987 30/11/1987 47.370,00 1 2,880000 100,000000 30 1.644.792 3.860,41 Página 9 1/12/1983 31/12/1983 JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 47.370,00 1 2,880000 100,000000 31 1.644.792 3.989,09 1/01/1988 31/01/1988 54.630,00 1 3,580000 100,000000 31 1.525.978 3.700,93 1/02/1988 29/02/1988 54.630,00 1 3,580000 100,000000 29 1.525.978 3.462,16 1/03/1988 31/03/1988 70.260,00 1 3,580000 100,000000 31 1.962.570 4.759,79 1/04/1988 30/04/1988 70.260,00 1 3,580000 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53,070000 100,000000 30 2.019.974 4.740,98 157,30 716,62 Página 14 1.291,83 JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 1/05/2004 31/05/2004 1.072.000,00 1 53,070000 100,000000 31 2.019.974 4.899,01 1/06/2004 30/06/2004 1.072.000,00 1 53,070000 100,000000 30 2.019.974 4.740,98 1/07/2004 31/07/2004 1.072.000,00 1 53,070000 100,000000 31 2.019.974 4.899,01 1/08/2004 31/08/2004 1.072.000,00 1 53,070000 100,000000 31 2.019.974 4.899,01 14/09/2004 30/09/2004 1.894.000,00 1 53,070000 100,000000 17 3.568.871 4.746,58 1/10/2004 31/10/2004 1.072.000,00 1 53,070000 100,000000 31 2.019.974 4.899,01 1/11/2004 30/11/2004 1.072.000,00 1 53,070000 100,000000 30 2.019.974 4.740,98 1/12/2004 31/12/2004 1.072.000,00 1 53,070000 100,000000 31 2.019.974 4.899,01 1/01/2005 31/01/2005 1.072.000,00 1 55,990000 100,000000 31 1.914.628 4.643,52 1/02/2005 28/02/2005 1.072.000,00 1 55,990000 100,000000 28 1.914.628 4.194,15 1/03/2005 31/03/2005 1.249.000,00 1 55,990000 100,000000 31 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1.329,46 JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 1/08/2007 31/08/2007 1.855.000,00 1 61,330000 100,000000 31 3.024.621 7.335,57 1/09/2007 30/09/2007 1.855.000,00 1 61,330000 100,000000 30 3.024.621 7.098,94 1/10/2007 31/10/2007 1.855.000,00 1 61,330000 100,000000 31 3.024.621 7.335,57 1/11/2007 30/11/2007 1.855.000,00 1 61,330000 100,000000 30 3.024.621 7.098,94 1/12/2007 31/12/2007 1.855.000,00 1 61,330000 100,000000 31 3.024.621 7.335,57 1/01/2008 31/01/2008 1.855.000 1 64,820000 100,000000 31 2.861.771 6.940,61 1/02/2008 29/02/2008 1.608.000 1 64,820000 100,000000 29 2.480.716 5.628,29 1/03/2008 31/03/2008 461.500 1 64,820000 100,000000 31 711.972 1.726,73 1/04/2008 30/04/2008 31.000 1 64,820000 100,000000 30 47.825 112,25 1/06/2008 30/06/2008 1.400.000 1 64,820000 100,000000 30 2.159.827 5.069,22 1/07/2008 31/07/2008 1.483.000 1 64,820000 100,000000 31 2.287.874 5.548,75 1/08/2008 31/08/2008 1.500.000 1 64,820000 100,000000 31 2.314.101 5.612,35 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3.889,22 1/08/2015 31/08/2015 2.342.500 1 82,470000 100,000000 31 2.840.427 6.888,85 1/09/2015 30/09/2015 2.351.875 1 82,470000 100,000000 30 2.851.795 6.693,31 1/10/2015 31/10/2015 2.356.250 1 82,470000 100,000000 31 2.857.100 6.929,28 1/11/2015 30/11/2015 2.345.625 1 82,470000 100,000000 30 2.844.216 6.675,52 1/12/2015 31/12/2015 839.250 1 82,470000 100,000000 31 1.017.643 2.468,07 1/01/2016 31/01/2016 648.750 1 88,050000 100,000000 31 736.797 1/02/2016 29/02/2016 3.383.625 1 88,050000 100,000000 29 3.842.845 8.718,71 1/03/2016 31/03/2016 3.568.000 1 88,050000 100,000000 31 4.052.243 9.827,85 1/04/2016 30/04/2016 3.563.625 1 88,050000 100,000000 30 4.047.274 9.499,16 1/05/2016 31/05/2016 3.558.625 1 88,050000 100,000000 31 4.041.596 9.802,02 1/06/2016 30/06/2016 2.238.250 1 88,050000 100,000000 30 2.542.022 5.966,25 1/07/2016 31/07/2016 1.350.000 1 88,050000 100,000000 31 1.533.220 3.718,50 1/08/2016 31/08/2016 1.351.250 1 88,050000 100,000000 31 1.534.639 3.721,94 1/09/2016 30/09/2016 1.350.000 1 88,050000 100,000000 30 1.533.220 3.598,54 1/10/2016 31/10/2016 1.350.000 1 88,050000 100,000000 31 1.533.220 3.718,50 1/11/2016 30/11/2016 1.350.000 1 88,050000 100,000000 30 1.533.220 3.598,54 1/12/2016 31/12/2016 $ 763.750 1 88,050000 100,000000 31 867.405 1/01/2017 31/01/2017 1.512.125 1 93,110000 100,000000 31 1.624.020 3.938,71 2.311,84 18 1.786,94 Página 2.103,70 JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 1/02/2017 28/02/2017 4.429.125 1 93,110000 100,000000 28 4.756.874 10.420,31 1/03/2017 31/03/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 31 4.687.144 11.367,66 1/04/2017 30/04/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 30 4.687.144 11.000,96 1/05/2017 31/05/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 31 4.687.144 11.367,66 1/06/2017 30/06/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 30 4.687.144 11.000,96 1/07/2017 31/07/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 31 4.687.144 11.367,66 1/08/2017 31/08/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 31 4.687.144 11.367,66 1/09/2017 30/09/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 30 4.687.144 11.000,96 1/10/2017 31/10/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 31 4.687.144 11.367,66 1/11/2017 30/11/2017 4.364.200 1 93,110000 100,000000 30 4.687.144 11.000,96 1/12/2017 31/12/2017 1.528.578 1 93,110000 100,000000 31 1.641.690 3.981,57 1/01/2018 31/01/2018 738.125 1 96,920000 100,000000 31 761.582 1/02/2018 28/02/2018 1.562.500 1 96,920000 100,000000 28 1.612.154 3.531,55 1/03/2018 31/03/2018 1.562.500 1 96,920000 100,000000 31 1.612.154 3.909,93 1/04/2018 30/04/2018 1.562.500 1 96,920000 100,000000 30 1.612.154 3.783,81 1/05/2018 31/05/2018 1.562.500 1 96,920000 100,000000 31 1.612.154 3.909,93 1/06/2018 30/06/2018 1.562.500 1 96,920000 100,000000 30 1.612.154 3.783,81 1/07/2018 31/07/2018 1.562.500 1 96,920000 100,000000 31 1.612.154 3.909,93 1/08/2018 31/08/2018 1.562.500 1 96,920000 100,000000 31 1.612.154 3.909,93 1/09/2018 30/09/2018 1.562.500 1 96,920000 100,000000 30 1.612.154 3.783,81 TOTALES 12.782 TOTAL SEMANAS COTIZADAS 1.826,00 1.847,05 2.846.794,90 TASA DE REEMPLAZO 78,68% PENSION 2.239.858,23 SALARIO MÍNIMO 2018 781.242 PENSIÓN MÍNIMA 781.242,00 EVOLUCIÓN DE MESADAS PENSIONALES.
IPC Variación DIFERENCIA MESADA AÑO IPC MESADA Adeudada 2.018 0,0409 2.068.551 2.018 0,0409 $ 2.239.858,23 $ 171.307,23 2.019 0,0318 2.153.155 2.019 0,0318 $ 2.331.468,43 $ 178.313,70 2.020 0,0380 2.221.625 2.020 0,0380 $ 2.405.609,13 $ 183.984,07 2.021 0,0161 2.306.047 2.021 0,0161 $ 2.497.022,28 $ 190.975,47 2.022 0,0562 2.343.174 2.022 0,0562 $ 2.537.224,33 $ 194.050,17 2.023 0,1312 2.474.861 2.023 0,1312 $ 2.679.816,34 $ 204.955,79 2.024 0,0928 2.799.562 2.024 0,0928 $ 3.031.408,25 $ 231.845,99 2.025 0,0520 3.059.362 2.025 0,0520 $ 3.312.722,93 $ 253.361,30 19 AÑO RELIQUIDADA Página OTORGADA JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. DIFERENCIAS DE MESADAS ADEUDADAS # Deuda total IPC IPC Deuda adeudada mesadas diferencias Inicial final Indexada 1/01/2018 31/01/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 97,5300 143,3800 251.840,77 1/02/2018 28/02/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 98,2200 143,3800 250.071,58 1/03/2018 31/03/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 98,4500 143,3800 249.487,36 1/04/2018 30/04/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 98,9100 143,3800 248.327,07 1/05/2018 31/05/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 99,1600 143,3800 247.701,00 1/06/2018 30/06/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 99,3100 143,3800 247.326,86 1/07/2018 31/07/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 99,1800 143,3800 247.651,05 1/08/2018 31/08/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 99,3000 143,3800 247.351,77 1/09/2018 30/09/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 99,4700 143,3800 246.929,03 1/10/2018 31/10/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 99,5900 143,3800 246.631,50 1/11/2018 30/11/2018 171.307,23 2,00 342.614,46 99,7000 143,3800 492.718,77 1/12/2018 31/12/2018 171.307,23 1,00 171.307,23 100,0000 143,3800 245.620,31 1/01/2019 31/01/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 100,6000 143,3800 254.141,33 1/02/2019 28/02/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 101,1800 143,3800 252.684,50 1/03/2019 31/03/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 101,6200 143,3800 251.590,41 1/04/2019 30/04/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 102,1200 143,3800 250.358,58 1/05/2019 31/05/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 102,4400 143,3800 249.576,51 1/06/2019 30/06/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 102,7100 143,3800 248.920,43 1/07/2019 31/07/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 102,9400 143,3800 248.364,27 1/08/2019 31/08/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 103,0300 143,3800 248.147,31 1/09/2019 30/09/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 103,2600 143,3800 247.594,59 1/10/2019 31/10/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 103,4300 143,3800 247.187,64 1/11/2019 30/11/2019 178.313,70 2,00 356.627,39 103,5400 143,3800 493.850,06 1/12/2019 31/12/2019 178.313,70 1,00 178.313,70 103,8000 143,3800 246.306,53 1/01/2020 31/01/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 104,2400 143,3800 253.066,35 1/02/2020 29/02/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 104,9400 143,3800 251.378,28 1/03/2020 31/03/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 105,5300 143,3800 249.972,86 1/04/2020 30/04/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 105,7000 143,3800 249.570,82 1/05/2020 31/05/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 105,3600 143,3800 250.376,20 1/06/2020 30/06/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 104,9700 143,3800 251.306,43 1/07/2020 31/07/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 104,9700 143,3800 251.306,43 1/08/2020 31/08/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 104,9600 143,3800 251.330,38 Inicio Final 20 Diferencia Página PERIODO JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 30/09/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 105,2900 143,3800 250.542,66 1/10/2020 31/10/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 105,2300 143,3800 250.685,51 1/11/2020 30/11/2020 183.984,07 2,00 367.968,14 105,0800 143,3800 502.086,72 1/12/2020 31/12/2020 183.984,07 1,00 183.984,07 105,4800 143,3800 250.091,36 1/01/2021 31/01/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 105,9100 143,3800 258.540,86 1/02/2021 28/02/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 106,5800 143,3800 256.915,58 1/03/2021 31/03/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 107,1200 143,3800 255.620,45 1/04/2021 30/04/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 107,7600 143,3800 254.102,29 1/05/2021 31/05/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 108,8400 143,3800 251.580,87 1/06/2021 30/06/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 108,7800 143,3800 251.719,64 1/07/2021 31/07/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 109,1400 143,3800 250.889,34 1/08/2021 31/08/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 109,6200 143,3800 249.790,75 1/09/2021 30/09/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 110,0400 143,3800 248.837,35 1/10/2021 31/10/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 110,0600 143,3800 248.792,13 1/11/2021 30/11/2021 190.975,47 2,00 381.950,93 110,6000 143,3800 495.154,84 1/12/2021 31/12/2021 190.975,47 1,00 190.975,47 111,4100 143,3800 245.777,42 1/01/2022 31/01/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 113,2600 143,3800 241.762,87 1/02/2022 28/02/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 115,1100 143,3800 237.877,36 1/03/2022 31/03/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 116,2600 143,3800 235.524,36 1/04/2022 30/04/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 117,7100 143,3800 232.623,08 1/05/2022 31/05/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 118,7000 143,3800 230.682,92 1/06/2022 30/06/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 119,3100 143,3800 229.503,50 1/07/2022 31/07/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 120,2700 143,3800 227.671,59 1/08/2022 31/08/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 121,5000 143,3800 225.366,77 1/09/2022 30/09/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 122,6300 143,3800 223.290,08 1/10/2022 31/10/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 123,5100 143,3800 221.699,15 1/11/2022 30/11/2022 190.975,47 2,00 381.950,93 124,4600 143,3800 440.013,86 1/12/2022 31/12/2022 190.975,47 1,00 190.975,47 126,0300 143,3800 217.266,23 1/01/2023 31/01/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 128,2700 143,3800 213.472,07 1/02/2023 28/02/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 130,4000 143,3800 209.985,14 1/03/2023 31/03/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 131,7700 143,3800 207.801,95 1/04/2023 30/04/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 132,8000 143,3800 206.190,23 1/05/2023 31/05/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 133,3800 143,3800 205.293,62 1/06/2023 30/06/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 133,7800 143,3800 204.679,79 1/07/2023 31/07/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 134,4500 143,3800 203.659,82 Página 21 1/09/2020 JORGE ÁLVARO ROJAS VARGAS en contra de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 1/08/2023 31/08/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 135,3900 143,3800 202.245,83 1/09/2023 30/09/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 136,1100 143,3800 201.175,98 1/10/2023 31/10/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 136,4500 143,3800 200.674,70 1/11/2023 30/11/2023 190.975,47 2,00 381.950,93 137,0900 143,3800 399.475,71 1/12/2023 31/12/2023 190.975,47 1,00 190.975,47 137,7200 143,3800 198.824,15 1/01/2024 31/01/2024 190.975,47 1,00 190.975,47 138,9800 143,3800 197.021,60 1/02/2024 29/02/2024 190.975,47 1,00 190.975,47 140,4900 143,3800 194.904,00 1/03/2024 31/03/2024 190.975,47 1,00 190.975,47 141,4800 143,3800 193.540,16 1/04/2024 30/04/2024 190.975,47 1,00 190.975,47 142,3200 143,3800 192.397,85 1/05/2024 31/05/2024 190.975,47 1,00 190.975,47 142,9200 143,3800 191.590,14 1/06/2024 30/06/2024 190.975,47 2,00 381.950,93 143,3800 143,3800 381.950,93 1/07/2024 31/07/2024 190.975,47 1,00 190.975,47 143,3800 143,3800 190.975,47 1/08/2024 31/08/2024 190.975,47 1,00 190.975,47 143,3800 143,3800 190.975,47 1/09/2024 30/09/2024 190.975,47 1,00 190.975,47 143,3800 143,3800 190.975,47 20.530.907 22 INDEXACIÓN DIFERENCIAS Página Totales