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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. PENSIONES / AFILIACI�N / TRASLADO DE R�GIMEN PENSIONAL / DEBER DE INFORMACI�N / INEFICACIA DE LA AFILIACI�N. DEBER DE INFORMACI�N � Su transgresi�n se estudia bajo la instituci�n de la ineficacia. � en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008, CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL452-2019, CSJ SL1688-2019 y SL1689- 2019, esta Sala ha determinado de manera pac�fica que la reacci�n del ordenamiento jur�dico -art�culos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993- a la afiliaci�n desinformada es la ineficacia, o la exclusi�n de todo efecto jur�dico del acto de traslado.�Por este motivo, el examen del acto del cambio de r�gimen pensional, por transgresi�n del deber de informaci�n, tiene que abordarse desde la instituci�n de la ineficacia en sentido estricto�y no desde el r�gimen de las nulidades sustanciales.�� PRECEDENTE CONSTITUCIONAL � Consecuencias de la declaratoria de ineficacia de traslado. � la Sala Plena de la Corte Constitucional adopt� como regla de decisi�n, la concerniente a que �(iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administraci�n y porcentaje del fondo de garant�a de pensi�n m�nima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 298 y ss)�.
INEFICACIA DE TRASLADOS DE LOS AFILIADOS DEL RPM AL RAIS � Reglas de valoraci�n probatoria. � en los procesos en los cuales se pretenda declarar la ineficacia de un traslado de un afiliado del RPM al RAIS deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constituci�n Pol�tica, en el C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el C�digo General del Proceso.
En tal virtud, conforme a ellas, al juez corresponder�, seguir cuando menos las siguientes directrices: (1) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones. (2) Procurar, de manera oficiosa, la obtenci�n de pruebas acudiendo a las enlistadas en el C�digo General del Proceso, tales como �(�) la declaraci�n de parte, la confesi�n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci�n judicial, los documentos, los indicios, los informes�, y las dem�s que considere necesarias, pertinentes y conducentes.
(3) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediaci�n, de manera individual y en su conjunto con las dem�s, luego de lo cual puede determinar el grado de convicci�n que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido. (4) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los t�rminos de los art�culos 176 y 242 del CGP.
(5) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posici�n de las partes, est� ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentra�ar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos. � � TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL� SALA DE DECISI�N LABORAL MAGISTRADO PONENTE: JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ�� PEREIRA, VEINTICUATRO DE/ JULIO/ DE DOS MIL VEINTICINCO Acta de Sala de Discusi�n No 112 de 22 de julio de 2025/ / / / � / / / / � � SENTENCIA ESCRITA� � Se resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 6 de marzo de 2025, as� como el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de COLPENSIONES, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia que promueve la se�ora MAR�A ELENA CORREA G�MEZ y en el que tambi�n conforman la parte pasiva de la acci�n los fondos privados de pensiones PROTECCI�N S.A., PORVENIR S.A y COLFONDOS S.A., cuya radicaci�n corresponde al N�66001310500420240015201.
CUESTI�N PRELIMINAR� � En atenci�n a que la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU107-2024, luego de analizar las acciones de ineficacia de los traslados del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, ratific� la postura de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia consistente en que es esa la acci�n que debe incoarse en ese tipo de asuntos; claro es que en estos eventos se debe dar aplicaci�n estricta a esa l�nea de pensamiento.
ANTECEDENTES Pretende la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez que la justicia laboral acceda a la ineficacia de la afiliaci�n efectuada al r�gimen de ahorro individual con solidaridad y consecuencialmente que se declare v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida. Con base en esas declaraciones aspira que se condene a los fondos privados de pensiones accionados a girar la totalidad de los dineros a que haya lugar a la Administradora Colombiana de Pensiones, lo que resulte probado extra y ultra petita, adem�s de las costas procesales.
Refiere que: Naci� el 19 de noviembre de 1963; luego de estar afiliada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida, se traslad� al r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 27 de septiembre de 1994 a trav�s del fondo privado de pensiones Protecci�n S.A.; ese cambio de r�gimen pensional se ejecut� sin que esa administradora pensional le suministrara la totalidad de la informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba tomar esa decisi�n; al interior del r�gimen de ahorro individual con solidaridad se moviliz� hac�as los fondos privados de pensiones Porvenir S.A. y Colfondos S.A., estando actualmente vinculada a esa �ltima entidad; ante petici�n elevada por ella, la Administradora Colombiana de Pensiones neg� su retorno al RPMPD en comunicaci�n de 30 de mayo de 2024.
La demanda fue admitida en auto de 21 de agosto de 2024 -archivo 7 carpeta primera instancia-. La Administradora Colombiana de Pensiones contest� la acci�n -archivo 9 carpeta primera instancia- manifestando que se opone a la prosperidad de las pretensiones por cuanto la �demandante de manera libre suscribi� la afiliaci�n al fondo privado, por lo que tal actuaci�n es legal y v�lida, y no se ha demostrado ning�n vicio en el consentimiento, adem�s la selecci�n de uno cualquiera de los reg�menes existentes -RAIS Y RPM- es �nica y exclusiva del afiliado de manera libre y voluntaria�.
Formul� como excepciones de m�rito las que denomin� �Ausencia de los requisitos exigidos por la Ley para obtener la ineficacia de traslado de r�gimen y el reconocimiento de la pensi�n�, �Inexistencia de la obligaci�n y cobro de lo no debido�, �Carencia probatoria�, �Prescripci�n gen�rica�, �Buena fe� y �Excepci�n gen�rica�. El fondo privado de pensiones Porvenir S.A. respondi� la demanda -archivo 12 carpeta primera instancia- expresando que esa entidad es ajena a las circunstancias en las que se present� el cambio de r�gimen pensional de la actora a trav�s de la AFP Protecci�n S.A., indicando a rengl�n seguido que se opone a la prosperidad de las pretensiones dirigidas en su contra, en tanto la actuaci�n adelantada por Porvenir S.A. ha estado dentro del marco legal.
Plante� las excepciones de fondo que denomin� como �No existe inversi�n de la carga de la prueba � Exigir a las AFP recrear el momento del traslado resulta desproporcionado e imposible�, �El formulario, como prueba indiscutible del cumplimiento del deber de informaci�n por parte de Porvenir�, �Deber de informaci�n a cargo de las AFP � No hay retroactividad en la norma para exigir obligaciones no existentes en el momento del traslado�, �Efectos de la ineficacia de un acto jur�dico�, �Restituciones mutuas�, �Enriquecimiento sin causa si no se dan las restituciones mutuas�, �Improcedencia de devoluci�n de gastos de administraci�n y prima del seguro previsional�, �Buena fe�, �Ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado�, �Aceptaci�n t�cita de las condiciones del RAIS�, �Prescripci�n�, �Prescripci�n gastos de administraci�n� y �Grave afectaci�n al Sistema General de Pensiones�.
El fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. contest� la demanda -archivo 13 carpeta primera instancia- expresando que �esta entidad se opone a la declaraci�n de nulidad por omisi�n en la informaci�n y/o por inducci�n a error de parte de la Administradora que participara del traslado, teniendo por entendido que dicho suceso jur�dico no debe adolecer de vicios en el consentimiento que deban recaer sobre la voluntad de (de la) actor(a) porque no existieron precisamente las maniobras preterintencionales que se le endilgan.�.
Propuso como excepciones de fondo las que denomin� �Gen�rica o innominada�, �Prescripci�n�, �Buena fe�, �Compensaci�n�, �Exoneraci�n de condena en costas�, �Inexistencia de la obligaci�n�, �Falta de legitimaci�n en la causa y/o ausencia de personer�a sustantiva por pasiva de mi representada�, �Inexistencia de la fuente de la obligaci�n�, �Inexistencia de la causa por inexistencia de la oportunidad�, �Ausencia de perjuicios morales y materiales irrogados por parte de esta entidad llamada a juicio�, �Afectaci�n de la estabilidad financiera del sistema en caso de acceder al traslado�, �Excepci�n de m�rito seguro previsional�, �Excepci�n de m�rito cuotas de administraci�n� y �Improcedencia de traslado de gastos de administraci�n y primas de seguro previsional (SU 107/24)�.
El fondo privado de pensiones Colfondos S.A. contest� el libelo introductorio -archivo 17 carpeta primera instancia- argumentando que el traslado ejecutado por la demandante del RPMPD al RAIS fue v�lido y eficaz, as� como cada uno de los movimientos realizados por ella al interior del r�gimen de ahorro individual con solidaridad, motivos por los que no hay lugar a acceder a las pretensiones elevadas por la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez.
Propuso como excepciones las de �Prescripci�n�, �Buena fe�, �Inexistencia de la obligaci�n�, �Compensaci�n�, �Inexistencia de la obligaci�n de devolver los gastos de administraci�n y prescripci�n de estos�, �Restituciones mutuas�, �Imposici�n de cargas probatorias imposibles de cumplir (Sentencia SU-107 de 2024)�, �Cargas procesales, razonabilidad y proporcionalidad�, �Sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional y el criterio de sostenibilidad fiscal (Sentencia SU-107 de 2024)�, �Con relaci�n a los gastos de administraci�n (Sentencia SU-107 de 2024)� y �Excepci�n gen�rica�.
En sentencia de 6 de marzo de 2025, la funcionaria de primera instancia, aplicando en su integridad la jurisprudencia vigente que sobre el tema ha emitido la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en concordancia con lo determinado por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, concluy�, despu�s de analizar las pruebas allegadas al proceso, que el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. no demostr� haberle brindado a la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez la informaci�n necesaria que deb�a suministrarle antes de que suscribiera el formulario de afiliaci�n con el que se surti� su traslado del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, raz�n por la que accedi� a la ineficacia del traslado al RAIS ejecutado a trav�s de esa administradora pensional el 27 de septiembre de 1994, as� como la ineficacia de los movimientos realizados al interior de ese r�gimen pensional y, en consecuencia, declar� v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida administrado actualmente por Colpensiones.
Como consecuencia de esa declaraci�n y aplicando la regla de decisi�n definida por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, conden� al fondo privado de pensiones Colfondos S.A., al que se encontraba afiliada actualmente, a restituir a la Administradora Colombiana de Pensiones el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, relativo a las cotizaciones o aportes realizados al sistema general de pensiones junto con sus rendimientos e intereses financieros; orden�ndole a continuaci�n que, al momento de cumplir con esa condena, realice una discriminaci�n de los valores y los conceptos que se restituyen, los respectivos ciclos de cotizaci�n, as� como el IBC y en general, toda la informaci�n relevante que los justifique.
A rengl�n seguido sostuvo que con el cambio de r�gimen pensional fallido se gener� un bono pensional en favor de la demandante, raz�n por la que orden� comunicar la decisi�n a la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para que ejecute todas las acciones tendientes a dejar las cosas en el estado en el que se encontraban antes de que se produjera el cambio de r�gimen pensional de la actora, siendo del caso, entre otras cosas, la de anular o dejar sin vigencia ese t�tulo de deuda p�blica.
Finalmente, conden� a la AFP Protecci�n S.A. en costas procesales en un 100%, en favor de la parte actora. Inconforme con la decisi�n, la apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones interpuso recurso de apelaci�n argumentando que para que no se vea afectada la sostenibilidad financiera del sistema, al haberse declarado la ineficacia del cambio de r�gimen pensional ejecutado por la accionante, no solamente se deb�a ordenar el reintegro del capital existente en la cuenta de ahorro individual con sus intereses y rendimientos financieros, sino tambi�n a restituir los valores por concepto de gastos o cuotas de administraci�n, primas de los seguros previsionales y porcentaje destinado a financiar la garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados.
Al haber resultado afectados los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso tambi�n el grado jurisdiccional de consulta a su favor. ALEGATOS DE CONCLUSI�N� � Conforme se dej� plasmado en la constancia emitida por la Secretar�a de la Corporaci�n, la parte actora, la AFP Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones hicieron uso del derecho a remitir los alegatos de conclusi�n en t�rmino en esta sede.
En cuanto a su contenido,/ teniendo en cuenta que el art�culo 279 del CGP dispone que/ No se podr� hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente. ,/ baste decir que los argumentos all� expuestos por Colpensiones coinciden con los narrados en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n; mientras que los efectuados por la AFP Porvenir S.A., reiteran la posici�n defensiva asumida en la contestaci�n de la demanda, para concluir que no resulta viable acceder a las pretensiones y, finalmente, la parte actora considera que la sentencia de la a quo se encuentra ajustada a derecho y, por tanto, pide su confirmaci�n integral.
As� las cosas, atendidas las argumentaciones, a esta Sala de Decisi�n le corresponde resolver los siguientes:�� PROBLEMAS JUR�DICOS�� �Hay lugar a declarar ineficaz la afiliaci�n de la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad a trav�s de la AFP Protecci�n S.A., as� como las de los movimientos realizados al interior de ese r�gimen pensional? �Cu�les son las consecuencias pr�cticas de declarar las ineficacias de los traslados surtidos entre reg�menes pensionales? �Le asiste raz�n a la Administradora Colombiana de Pensiones cuando solicita que se condene a los fondos privados de pensiones accionados a restituir los gastos de administraci�n, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, as� como el porcentaje destinado a financiar la garant�a de pensi�n m�nima? �Con el cambio de r�gimen pensional ejecutado por la demandante se constituy� en su favor un bono pensional conforme con lo dispuesto en el art�culo 115 de la ley 100 de 1993?� �Existe alg�n inconveniente en torno a que la afiliada haya arribado a la edad m�nima de pensi�n prevista en el r�gimen de prima media con prestaci�n definida? Con el prop�sito de dar soluci�n a los interrogantes en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, el siguiente:� �� FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL� �� 1.
An�lisis jur�dico que debe abordar el juez cuando se alega ausencia de informaci�n parcial o total por parte de las administradoras en los traslados entre reg�menes pensionales.� �� En sentencia STL4759 de 22 de julio de 2020, la Sala de Casaci�n Laboral indic�:�� �� �En el caso bajo estudio, se hace necesario precisar, que en reiterada jurisprudencia esta Sala de Casaci�n Laboral ha dejado clara su postura al indicar que la elecci�n a cualquiera de los dos reg�menes pensionales existentes,�debe estar precedida de una decisi�n libre y voluntaria, de suerte que las administradoras de pensiones tienen el deber de brindar a sus afiliados una asesor�a que les permita tener los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisi�n tomada al momento del traslado, sin importar si la persona es o no beneficiaria del r�gimen de transici�n, o si est� pr�ximo a pensionarse.�.�(Negrillas fuera de texto).� �� Y m�s adelante reiter�:� �� �As�, en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008, CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL452-2019, CSJ SL1688-2019 y SL1689- 2019, esta Sala ha determinado de manera pac�fica que la reacci�n del ordenamiento jur�dico -art�culos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993- a la afiliaci�n desinformada es la ineficacia, o la exclusi�n de todo efecto jur�dico del acto de traslado.�Por este motivo, el examen del acto del cambio de r�gimen pensional, por transgresi�n del deber de informaci�n, tiene que abordarse desde la instituci�n de la ineficacia en sentido estricto�y no desde el r�gimen de las nulidades sustanciales.��(Negrillas fuera de texto).� �� 2.
Sobre el deber de informaci�n.�� �� Frente a este �tem, la Corte Suprema de Justicia en providencia SL1452 de 3 de abril de 2019, se�al� que el deber de informaci�n a cargo de las administradoras de fondos de pensiones ha sido exigible desde el momento de su creaci�n, identificando tres etapas en el que el nivel de exigencia en la informaci�n se ha incrementado de acuerdo con la evoluci�n hist�rica de las normas que regulan la materia; lo que expuso en resumen as�:� �� �El anterior recuento sobre la evoluci�n normativa del deber de informaci�n a cargo de las administradoras de pensiones podr�a, a grandes rasgos, sintetizarse as�:� �� Etapa acumulativa�Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar informaci�n�Contenido m�nimo y alcance del deber de informaci�n�Deber de informaci�n��Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993� Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el art�culo 23 de la Ley 797 de 2003� Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la informaci�n, no menoscabo de derechos laborales y autonom�a personal�Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los�reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales�Deber de informaci�n, asesor�a y buen consejo�Art�culo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009� Decreto 2241 de 2010�Implica el an�lisis previo, calificado y�global de�los antecedentes del afiliado y los pormenores de los reg�menes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendaci�n al afiliado acerca de lo que m�s le conviene y, por tanto, lo que podr�a perjudicarle�Deber de informaci�n, asesor�a, buen consejo y doble asesor�a.��Ley 1748 de 2014� Art�culo 3 del Decreto 2071 de 2015� Circular Externa n. 016 de 2016�Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesor�a de los representantes de ambos reg�menes pensionales.��� 3.
Sobre la valoraci�n probatoria� / / � Continuando con su exposici�n argumentativa, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n laboral sent� frente al punto:/ � / / � Seg�n lo expuesto precedentemente, es la demostraci�n de un consentimiento informado en el traslado de r�gimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicci�n de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez./ / � / / � Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a qui�n le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibi� la informaci�n debida cuando se afili�, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca./ / � / / � En consecuencia, si se arguye que a la afiliaci�n, la AFP no suministr� informaci�n veraz y suficiente, pese a que deb�a hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumpli� voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento.
En ese sentido, tal afirmaci�n se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministr� la asesor�a en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibi� informaci�n, corresponde a su contraparte demostrar que s� la brind�, dado que es quien est� en posici�n de hacerlo.�./ � � Ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia SU107-2024 decidi� modular el referido precedente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a la inversi�n de la carga probatoria respecto a los procesos ordinarios en los que se invoca la ineficacia de los traslados entre reg�menes pensionales por la falta de informaci�n, al concluir que dicho precedente resulta �desproporcionado en materia probatoria y con ello viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de informaci�n ocurridos entre 1993 y 2009.�, a�adiendo que �La Corte consider� que de conformidad con la Constituci�n y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), as� como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonom�a judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana cr�tica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.�.� � Bajo ese entendido, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n constitucional dispuso, que:�� � �� en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constituci�n Pol�tica, el C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el C�digo General del Proceso que se refieren al debido proceso.
Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonom�a e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:� � (i) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones.� � (ii) Procurar, de manera oficiosa, la obtenci�n de pruebas acudiendo a las enlistadas en el C�digo General del Proceso, tales como �(�) la declaraci�n de parte, la confesi�n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci�n judicial, los documentos, los indicios, los informes�, y las dem�s que considere necesarias, pertinentes y conducentes.� � (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediaci�n, de manera individual y en su conjunto con las dem�s, luego de lo cual puede determinar el grado de convicci�n que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido.� � (iv) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los t�rminos de los art�culos 176 y 242 del CGP; e� � (v) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posici�n de las partes, est� ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentra�ar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos.�� Definiendo finalmente que esa decisi�n �que supone una modificaci�n al precedente de la Corte Suprema de Justicia, debe ser extendida, con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, a todas las demandas que est�n en curso ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en todos aquellos procesos que siguen su tr�mite actualmente, y en los que se inicien con posterioridad a esta providencia.�. �� As� las cosas, en atenci�n a lo determinado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU107-2024, esta Sala de Decisi�n empez� a dar cumplimiento inmediato al precedente all� definido en materia probatoria en este tipo de asuntos, a partir de la providencia emitida dentro del proceso radicado bajo el N�66001310500320200025501.
No obstante, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL2999-2024, se apart� de la postura adoptada por la Corte Constitucional en materia probatoria, en los siguientes t�rminos: �Pues bien, esta Sala no comparte la lectura que la Corte Constitucional hizo del precedente fijado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia y, por tanto, respetuosa de la postura adoptada por ese �rgano y en atenci�n al principio de transparencia, se aparta del criterio seg�n el cual no es aplicable la inversi�n de la carga de la prueba en los casos en que se demanda la ineficacia de traslado de r�gimen pensional, por las razones que siguen.
Esta Corporaci�n nunca ha desconocido la libertad de los jueces para formar su convencimiento y valorar el caudal probatorio aportado oportunamente, conforme lo establecen los art�culos 60 y 61 del C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. De modo que en el precedente cuestionado jam�s se ha restringido o limitado esa autonom�a, mucho menos al punto de despojar al juzgador de sus facultades como director del proceso, ya que, seg�n lo consagrado en el canon 54 �dem, este puede decretar pruebas de oficio frente a los hechos controvertidos que le generen duda.
Justamente, en este tipo de asuntos, los demandantes suelen acreditar, a trav�s de interrogatorio a los representantes legales de las AFP y testimonios, que no se les brind� la debida informaci�n, sin necesidad de invertir la carga probatoria por parte de la autoridad judicial que analiza el caso; sin embargo, no puede perderse de vista que la afirmaci�n sobre la ausencia de informaci�n es un supuesto negativo indefinido que debe desvirtuar quien se ve afectado por este, con las pruebas que estime necesarias para demostrar que cumpli� con su obligaci�n legal.
Se recuerda que �[ ] las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba�, tal y como lo dispone el inciso 4.� del art�culo 167 del C�digo General del Proceso, aplicable en materia laboral en virtud del principio de integraci�n normativa contenido en el precepto 145 del Estatuto Adjetivo Laboral. Ello cobra sentido, en tanto que no es razonable exigir a quien asegura que algo no aconteci� que lo pruebe.
Ahora, no significa que la referida trasposici�n de roles anule la actividad probatoria de las administradoras de fondos de pensiones convocadas a estos juicios, sino que, como al contestar las demandas en ejercicio del derecho de defensa expresan que su informaci�n fue completa, clara y oportuna, son aquellas las llamadas a acreditar tales manifestaciones, pues estas s� cuentan con el car�cter de afirmaciones definidas susceptibles de acreditaci�n.� Y despu�s de reiterar lo adoctrinado en sentencia CSJ SL1452-2019, refiri�: �As�, la regla de inversi�n probatoria encuentra fundamento en el art�culo 1604 del C�digo Civil para estos casos y, tambi�n, en el precepto 167 del C�digo General del Proceso, que indica que �incumbe a las partes probar el supuesto de las normas que consagran el efecto jur�dico que ellas persiguen�, lo que quiere decir que no solo le compete a la parte demandante.
(�nfasis de la Sala) Aunado a lo anterior, el precedente jurisprudencial defendido por esta Sala de la Corte no es que atribuya una carga imposible de cumplir por parte de las AFP, pues aquellas cuentan con una estructura corporativa especializada, experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los detalles de su servicio, caracter�sticas que les son propias desde su origen y no s�lo a partir de la expedici�n del Decreto 2241 de 2010, como parece entenderlo la Corte Constitucional, pues dicha normativa consagr� como obligaci�n a cargo de las AFP, entre otras, registrar las actuaciones correspondientes al deber de informaci�n y asesor�a, que siempre les estuvo atribuido.
De modo que las AFP se ubican en una posici�n de preeminencia frente a los usuarios. Estos �ltimos, no solo se enfrentan a un asunto complejo, hiperregulado, sometido a m�ltiples variables actuariales, financieras y macroecon�micas, sino que tambi�n se enfrentan a barreras derivadas de sus condiciones econ�micas, sociales, educativas y culturales que profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones.
Por consiguiente, la administradora profesional y el afiliado inexperto se encuentran en un plano desigual, que la legislaci�n intenta reequilibrar mediante la exigencia de un deber de informaci�n y probatorio a cargo de la primera. (CSJ SL1452-2019) Conforme a lo hasta aqu� discurrido, no se ha vulnerado la Constituci�n Pol�tica y los estatutos adjetivos que rigen la materia probatoria y, en consecuencia, se ratifica la regla fijada en la jurisprudencia de esta Corte, pues son los fondos por ley los obligados a brindar y probar la informaci�n que ofrecieron a los afiliados y no estos �ltimos quienes deben acreditar algo que no ocurri�.� Conforme con los argumentos expuestos por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral, al no vulnerarse la Constituci�n Pol�tica ni los estatutos que rigen la actividad probatoria dentro de este tipo de procesos, esta Sala de Decisi�n retoma las reglas probatorias adoctrinadas en este tipo de asuntos por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, se aparta de las disposiciones que fij� en ese aspecto la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024. 4./ Sobre los denominados actos de relacionamiento.� � A pesar de que la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL3752-2020 hizo una ampl�a explicaci�n de la importancia de los actos de relacionamiento para ratificar la voluntad de permanecer y pertenecer al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, pese a que el acto jur�dico con el que se materializaba el traslado entre reg�menes pensionales hubiere sido defectuoso al no hab�rsele suministrado al afiliado la informaci�n que por ley correspond�a; lo cierto es que la Alta Magistratura, en sentencia CSJ SL1055-2022, recogi� dicha postura argumentando que la discusi�n que rodea la validez del cambio de r�gimen pensional de los afiliados se sit�a �nica y exclusivamente en el momento en que se produce el traslado entre reg�menes pensionales, ya que resulta equivocado ubicar esa discusi�n en actuaciones posteriores que no tienen la virtud de validar un acto jur�dico anterior que no cumpli� con el lleno de los requisitos legales torn�ndolo ineficaz; nueva postura que explic� en los siguientes t�rminos:�� � �Pues bien, como se explic� en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta �ndole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones est� en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona cont� con informaci�n suficiente para tomar esa decisi�n. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se traslad� entre fondos privados o no retorn� a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jur�dico del traslado de r�gimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jur�dico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.�� � De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongesti�n de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022.
N�tese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirt�a el incumplimiento del deber de informaci�n y adem�s ubica la discusi�n en actuaciones que estar�an respaldadas en un acto jur�dico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.�� � Justamente lo anterior explica que la acci�n para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como tambi�n lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin m�s agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de r�gimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.��� � Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casaci�n Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.�.
(Negrillas por fuera de texto).�� � Tal postura, entiende la Sala, fue ratificada por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral en las sentencias STL7302-2023 y STL9792-2023 en las que insisti� que la discusi�n en este tipo de casos se centra �nicamente en la validez del acto jur�dico con el que se materializa el cambio de r�gimen pensional de los afiliados, al punto que en la �ltima de ellas �STL9792-2023- la Corte le rest� efectos a un documento que conten�a la reasesor�a de un afiliado.� � En el anterior orden de ideas, esta Sala de Decisi�n continuar� realizando el estudio de este tipo de casos, bajo la senda ordenada por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 5.
Consecuencias pr�cticas de la declaratoria de ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS. Sobre el tema, ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sostener que, al no tener ning�n efecto jur�dico los traslados ejecutados por los afiliados del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad, ante la ausencia del deber legal de informaci�n por parte de los fondos privados de pensiones, la consecuencia pr�ctica de la declaratoria de ineficacia de esos actos jur�dicos consiste en ordenarle a las administradoras pensionales que infringieron la normatividad legal en esa materia, que procedan a restituir a la Administradora Colombiana de Pensiones -como �nica administradora del r�gimen de prima media con prestaci�n definida-, la totalidad de los dineros que se encuentren depositados en la cuenta de ahorro individual del afiliado que correspondan a las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones junto con sus intereses y rendimientos financieros, adem�s del valor del bono pensional en caso de haberse pagado en la cuenta de ahorro individual y, adicionalmente, restituir tambi�n a Colpensiones, con cargo a los propios recursos de los fondos privados de pensiones y debidamente indexados, los gastos de administraci�n, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, as� como los dineros destinados a financiar la garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos; postura que reiter� en la sentencia CSJ SL3179-2023, en los siguientes t�rminos: �Ello significa que en este caso el regreso al statu quo implica que la actora debe ser redirigida al �nico ente que hoy administra las afiliaciones del r�gimen de prima media con prestaci�n definida, esto es, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tal como se advirti� en casaci�n. En consecuencia, como la ineficacia implica que para todos los efectos legales el demandante siempre estuvo afiliado al RPM, adem�s de los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y bonos pensionales, si hay lugar a ellos, Porvenir S.A. deber� devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administraci�n y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues estos conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al RPM administrado por Colpensiones (CSJ SL3465-2022, CSJ SL2229-2022 y CSJ SL3188-2022).
Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deber�n aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y dem�s informaci�n relevante que los justifiquen (CSJ SL3803-2021).� Bajo esas directrices, esta Corporaci�n ha venido aplicando estrictamente lo dispuesto en ese aspecto por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral, sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU107-2024 -que como se advirti� precedentemente, le otorg� a ella efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para todos los procesos que se est�n adelantando actualmente ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en materia de ineficacia de traslado entre reg�menes pensionales-, al analizar la postura adoptada en ese tema por la Corte Suprema de Justicia, concluy� que las condenas econ�micas impuestas a los fondos privados de pensiones tienen un impacto en la sostenibilidad financiera del sistema, expresando en los puntos 298 y 299 de la providencia, lo siguiente: �298.
En el informe anterior, la Procuradur�a Delegada para la Salud, Protecci�n Social y Trabajo Decente alert� sobre otra problem�tica derivada del precedente de la Corte Suprema de Justicia en relaci�n con el cumplimiento de las ordenes que se�alan que la ineficacia supone que tiempo se retrotrae al momento del traslado entre 1993 y el 2009.
Esto es, la imposibilidad material de devolver todo al momento del traslado, pues no todos los recursos pueden devolverse ya sea porque en el proceso ordinario no se vincularon a las aseguradoras, o a todos los fondos donde estuvo afiliado el demandante, o la AFP fue disuelta y liquidada, ordenan a la �ltima administradora la devoluci�n de gastos de administraci�n que nunca ha tenido en su poder.
En suma present� m�s de 25 escenarios creados por los magistrados y jueces para el pago y cumplimiento de sentencias judiciales o v�a tutela, que no pueden ser cumplidos. 299. En relaci�n con estas 25 modalidades de devoluci�n, es menester aclarar que materialmente a pesar de que se declare la ineficacia del traslado no es posible retrotraer al afiliado al d�a previo al traslado.
As�, tan solo es susceptible de traslado el ahorro de la cuenta individual, los rendimientos y si se ha pagado el valor de un bono pensional, pues no toda la cotizaci�n es apta de traslado toda vez que el aporte se desglosa entre otros, en primas de seguros, gastos de administraci�n, el porcentaje para el fondo de garant�a m�nima. Incluso, tampoco ser�a posible devolver los aportes voluntarios realizados por el afiliado mientras estuvo en el RAIS y que implicaron beneficios tributarios a efectos de la declaraci�n de renta, la compra de acciones u otro tipo de inversiones, pues se trata de una serie de situaciones que consolidaron.� De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional adopt� como regla de decisi�n, la concerniente a que �(iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administraci�n y porcentaje del fondo de garant�a de pensi�n m�nima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 298 y ss).�.
Pero, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la referida sentencia CSJ SL2999-2024, se apart� t�citamente de la postura adoptada por la Corte Constitucional en torno a los efectos pr�cticos de la declaratoria de ineficacia del traslado entre reg�menes pensionales, ratificando la posici�n adoptada por esa Corporaci�n consistente en que, al retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban como producto de la ineficacia del acto jur�dico del traslado, les corresponde a los fondos privados de pensiones a los que perteneci� inv�lidamente el afiliado, reintegrarle a Colpensiones �los rubros por primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y lo destinado al fondo de garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues, sin lugar a dudas, fueron porcentajes tomados de los aportes realizadas por la actora, y deber�n discriminarse con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y dem�s informaci�n relevante que los justifiquen.�.
Ahora, siendo consciente de sus deberes como m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral, la Sala de Casaci�n de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SL1048-2025, de manera expresa, decidi� alejarse de la postura adoptada por la Corte Constitucional en la providencia SU107-2024 respecto a la devoluci�n de los gastos de administraci�n, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, as� como el porcentaje correspondiente a la financiaci�n de la garant�a de pensi�n m�nima; adem�s de los efectos inter pares que le otorg� a esa decisi�n, en los siguientes t�rminos: �En el contexto descrito, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter-partes y la�ratio decidendi de la sentencia CC SU-107-2024, en lo que tiene que ver con la devoluci�n o traslado por parte de las AFP a Colpensiones de sumas diferentes al ahorro de la cuenta individual, los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, se aparta de su contenido (deber de transparencia), por las razones que se exponen a continuaci�n (deber de argumentaci�n suficiente).
En efecto, debe tenerse presente que los rubros por primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, la prima de reaseguros de Fogaf�n y lo destinado al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima fueron porcentajes tomados de los aportes realizados para este caso por la actora, es decir, la fuente de financiaci�n primigenia de tales emolumentos no es otra que la cotizaci�n efectuada en raz�n de la relaci�n de afiliaci�n de la demandante con la AFP, seg�n lo dispone el art�culo 20 de la Ley 100 de 1993, con la modificaci�n introducida por el art�culo 7.� de la Ley 797 de 2003: ART�CULO
20. MONTO DE LAS COTIZACIONES. La tasa de cotizaci�n continuar� en el 13.5%* del ingreso base de cotizaci�n. En el r�gimen de prima media con prestaci�n definida el 10.5% del ingreso base de cotizaci�n se destinar� a financiar la pensi�n de vejez y la constituci�n de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotizaci�n se destinar� a financiar los gastos de administraci�n y la pensi�n de invalidez y sobrevivientes.
En el r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotizaci�n se destinar� a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotizaci�n se destinar� al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima del R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinar� a financiar los gastos de administraci�n, la prima de reaseguros de Fogaf�n, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. [�] El incremento de la cotizaci�n se destinar� en el r�gimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalizaci�n de reservas pensionales.
En el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad el incremento que se realice en el a�o 2004 se destinar� al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima del r�gimen de ahorro individual. Los incrementos que se realicen a partir del 2005 se destinar�n a las cuentas individuales de ahorro pensional. Quinquenalmente y con base en los estudios financieros y actuariales que se realicen para tal fin, el gobierno redistribuir� los incrementos de cotizaci�n previstos en este art�culo entre el Fondo de Garant�a de la Pensi�n M�nima del R�gimen de Ahorro Individual y las cuentas de ahorro pensional.
La reducci�n en los costos de administraci�n y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes deber� abonarse como un mayor valor en las cuentas de ahorro pensional de los trabajadores afiliados al r�gimen de ahorro individual o de las reservas en el ISS, seg�n el caso. Los empleadores pagar�n el 75% de la cotizaci�n total y los trabajadores el 25% restante. [�] Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios m�nimos mensuales legales vigentes, tendr�n a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotizaci�n, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los art�culos� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "25" 25�y siguientes de la Ley 100 de 1993.
Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios m�nimos mensuales legales vigentes, tendr�n un aporte adicional sobre su ingreso base de cotizaci�n, as�: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley.
La entidad a la cual est� cotizando el afiliado deber� recaudar y trasladar al fondo de solidaridad pensional los recursos correspondientes en los t�rminos y condiciones que se�ale el Gobierno Nacional. [�] De la lectura atenta de la norma se concluye, sin dificultad alguna, que del 100% de la cotizaci�n (75% aportado por los empleadores y 25% por los trabajadores), unos valores, determinados normativamente, deben ser distribuidos por la AFP recaudadora para destinarlos al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima y para sufragar los gastos de administraci�n, la prima de reaseguros de Fogaf�n y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.
Es a partir de esta reflexi�n que toma sentido la orden de devoluci�n de estos valores a Colpensiones por parte de la AFP cuando se declara la ineficacia de traslado de r�gimen pensional, pues de lo que se trata es de recomponer el valor total de la cotizaci�n que fue depositada y recaudada en su momento en el RAIS, para que en condiciones equivalentes reingrese al fondo p�blico.
En ese escenario, las relaciones jur�dicas relevantes son aquellas que se producen, inicialmente, entre la afiliada y la AFP y, luego, entre la primera de las mencionadas y Colpensiones, pues declarada la ineficacia, la �ltima deber� en su momento, una vez se cumplan los requisitos, reconocer y pagar la prestaci�n pensional bajo el entendido de que las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jur�dicos el acto de vinculaci�n al R�gimen de Ahorro Individual y, por tanto, ello conlleva que las cotizaciones efectuadas al Sistema General de Pensiones, de manera integral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestaci�n Definida administrado por Colpensiones.
Cabe destacar que la cuota que se paga por la seguridad social (cotizaci�n) responde a una naturaleza parafiscal, de car�cter obligatorio, cuya recaudaci�n, uso y destino se encuentran expresamente reguladas en la ley (relaci�n jur�dica de cotizaci�n), como se explic� en la sentencia CSJ SL138-2024: Debe anotarse, preliminarmente, que la cotizaci�n, entendida como uno de los elementos financieros m�s importante del sistema de pensiones, que garantiza la acci�n protectora de la seguridad social a trav�s del reconocimiento de las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, tiene que efectuarse de forma obligatoria durante la vigencia de la relaci�n laboral, del contrato de prestaci�n de servicios, de la actividad desarrollada como trabajador independiente o durante el per�odo que sea elegido para ser beneficiario de los subsidios del fondo de solidaridad pensional, en los t�rminos de los art�culos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, modificados por los art�culos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, respectivamente.
As� las cosas, se puede constatar que el ordenamiento jur�dico ata el nacimiento y la duraci�n de la obligaci�n de cotizar a la realidad de la prestaci�n del servicio o del tiempo de afiliaci�n al sistema, bien como trabajador dependiente, independiente, beneficiario del subsidio o a�n, voluntario. Por eso, la obligaci�n de cotizar se extingue por el fallecimiento del sujeto obligado a cotizar o beneficiario del subsidio, cuando se activa la protecci�n para los beneficiarios supervivientes, si el causante deja acreditados los requisitos para acceder a las prestaciones.
As� mismo, la legislaci�n permite a los beneficiarios de los subsidios del fondo de solidaridad pensional pagar las cotizaciones de manera anticipada, sin embargo, si la afiliaci�n se extingue por el fallecimiento del asegurado, igual consecuencia aplica para la obligaci�n de cotizar, tal y como se desprende del literal d) del art�culo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art�culo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer que �La afiliaci�n implica la obligaci�n de efectuar los aportes que se establecen en esta ley�; [�].
Por manera que, la forma o periodicidad con que hayan sido pagadas las primas de seguros de invalidez y muerte o la de reaseguros, o descontadas las cuotas o valores correspondientes a gastos de administraci�n o Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima, no tienen ninguna incidencia respecto de la condena fulminada contra la AFP para que devuelva esos valores a Colpensiones, porque se trata de relaciones jur�dicas entre terceros que, consolidadas o no, no tienen por qu� afectar la integralidad de la cotizaci�n que debe ser trasladada a la administradora del r�gimen al que se ha declarado como v�lidamente vinculada a la demandante.
Esa es la raz�n por la cual la AFP, cuya actuaci�n omisiva origina la declaratoria de ineficacia de traslado de r�gimen pensional (retorno al statu quo ante), deba reintegrar a Colpensiones dichos valores de sus propios recursos, se insiste, sin que se tengan que ventilar en el proceso las relaciones jur�dicas con terceros (aseguradoras, Fogaf�n, etc.) que reciben unos pagos o cesiones de dinero en virtud de unos contratos o por disposici�n de la ley, que son financiados con un porcentaje de la cotizaci�n que fue recaudada �ntegramente por la AFP, y que �sta debe trasladar de la misma manera a Colpensiones, con independencia de la composici�n o distribuci�n que la ley ordene hacer al interior de cada r�gimen.
Cabe aclarar, por dem�s, que en el caso del porcentaje correspondiente al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima es la misma ley la que ordena, expresamente, devolver ese rubro en caso de traslado, conforme lo dispuesto por el art�culo 7.� del Decreto 3995 de 2008, �por el cual se reglamentan los art�culos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993�, tal cual qued� asentado en la sentencia CSJ SL2877-2020.
Frente a la orden impartida por la Corte Constitucional para, �EXTENDER, con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, las reglas expuestas en esta providencia� a todas las demandas que est�n en curso ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral, ya sea en primera, segunda instancia o en sede de casaci�n, como tambi�n las que se tramiten mediante acci�n de tutela y cuya pretensi�n, principal o subsidiaria, est� dirigida a que se declare la ineficacia del traslado del R�gimen de Prima Media al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, caben las reflexiones que a continuaci�n se explican.
Aunque la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-611-2017 se�al� que, en los fallos de tutela, por regla general, su parte resolutiva tiene efectos�inter partes, tambi�n manifest� la posibilidad de que en la misma providencia se les fije otro efecto, y explic� que esa doctrina constitucional era criterio auxiliar de interpretaci�n judicial, �de la cual s�lo se pueden apartar con la debida motivaci�n� y, en todo caso, en armon�a con los mandatos constitucionales.
Tambi�n memor� cu�ndo y de qu� manera operan los efectos inter pares y para ello cit� la sentencia CC SU-349-2019: [�] en aquellos eventos en los que �sta resuelve un problema jur�dico relacionado con la interpretaci�n y/o aplicaci�n de un marco normativo concreto, en un contexto f�ctico espec�fico. En estos eventos, se dispone que la resoluci�n que ha dado al asunto debe ser asumida en los casos que, sin integrar necesariamente una misma comunidad, son o llegar�n a ser semejantes.
Ese tipo de efectos, seg�n la Corte Constitucional, se justifican para �materializar el principio de la igualdad, establecido en el art�culo 13 de la Constituci�n Pol�tica�, dado que �si un n�mero importante de personas se encuentra en una situaci�n equiparable, no habr�a raz�n para tratarlas de manera diversa�, ya sea en sede ordinaria o de tutela.
En ese contexto, para lo que aqu� se debate, importa recordar que la Constituci�n Pol�tica se�ala en su art�culo 1.�, entre los principios fundamentales �el trabajo�; y que �ste, a su vez, es el elemento generatriz de las relaciones jur�dicas de afiliaci�n y cotizaci�n propias de la Seguridad Social. Por su parte, la Seguridad Social es definida en la Carta Pol�tica como un servicio p�blico de car�cter obligatorio que se prestar� bajo la direcci�n, coordinaci�n y control del Estado, con sujeci�n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los t�rminos que establezca la ley, el cual puede ser prestado por entidades p�blicas o privadas, teniendo en cuenta que �No se podr�n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella� y que el Estado debe garantizar �la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional�, en los t�rminos del art�culo 48 Superior.
Lo dicho traduce el que el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones tenga como objetivo primario proteger a las personas y a sus familias contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte, garantizando un ingreso que permita bienestar y calidad de vida en condiciones dignas, en un contexto de solidaridad. El desarrollo legal de este marco constitucional se encuentra, b�sicamente, en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en la cual se estableci� el r�gimen de cotizaciones, esto es, la fuente principal de recursos financieros con los que cuenta el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Ya se expuso p�rrafos atr�s la forma en que es recaudada y distribuida esa cotizaci�n y las razones por la cuales, si ella es percibida de manera �ntegra por las administradoras de fondos de pensiones en el R�gimen de Ahorro Individual, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de r�gimen pensional, debe ser reintegrada en forma equivalente a la administradora p�blica.
No s�lo se trata de una consecuencia obvia de la vuelta al statu quo ante, sino, adem�s, de un acto de elemental justicia que asegura el equilibrio y la sostenibilidad financiera del Sistema, adecuadamente entendida, tal como lo exige la propia Constituci�n. Pero, adicionalmente, en relaci�n con la mentada orden de dar efectos inter pares a la sentencia de manera inmediata, vale la pena denotarlo, se tensiona innecesariamente el art�culo 29 Constitucional, en tanto la actuaci�n judicial en materia del trabajo y la seguridad social est� reglada, tanto en las instancias como en sede casacional, por el C�digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y, en aplicaci�n del principio de integraci�n que brota del art�culo 145 de esta codificaci�n, por el C�digo General del Proceso, �a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo�.
La sentencia que pronuncian los jueces laborales de primera instancia debe cumplir con el principio de congruencia (interna y externa) (art. 281 del C�digo General del Proceso), atendiendo los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y las excepciones que hubieren sido debidamente alegadas y probadas, agotando, previamente, todas y cada una de las etapas del proceso.
Por su parte, los tribunales surten la apelaci�n aplicando el principio de consonancia (art�culo 66A del C�digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social), lo que se traduce en que s�lo puede conocer y resolver aquello que haya sido apelado y sustentado (art. 57, Ley 2.� de 1984), situaci�n que se refleja, necesariamente, en sede casacional, en tanto no puede ser objeto del recurso extraordinario aquello que no haya sido impugnado.
Desde esta vista, no es factible cumplir la extensi�n de la regla de decisi�n contenida en el num. (iii) del p�rrafo 327 de la sentencia CC SU-107-2024, consistente en no ordenar el traslado de primas, gastos de administraci�n y porcentaje del Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima cuando se declara la ineficacia con efectos inter pares y de manera inmediata para los procesos en curso, sin tener que alterar de manera grave el procedimiento laboral ordinario someramente descrito.
Dicho de otro modo, adem�s de que la Sala ya estableci� que respetuosamente se apartaba de la l�nea de pensamiento de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con el no traslado a Colpensiones de esos rubros, en estricto sentido tampoco ser�a posible para los jueces, de todo orden jer�rquico, cumplir con el efecto inter pares inmediato dado a la sentencia sin violentar el debido proceso, porque tal decisi�n pende, en cada caso concreto, de las pretensiones y hechos de la demanda; las excepciones propuestas; la fijaci�n del litigio; las materias objeto de apelaci�n; la decisi�n de segunda instancia y su fundamentaci�n; la interposici�n y admisi�n del recurso de casaci�n y el cumplimiento de los requisitos para ello, incluyendo, por supuesto, el de la demostraci�n del inter�s econ�mico para recurrir en los t�rminos del art. 86 del CPTSS, teniendo en cuenta, adem�s, el aspecto probatorio, �ntimamente ligado en la sentencia de la Corte Constitucional con la reglas de decisi�n que dise��, raciocinio del cual tambi�n se apart� en su momento esta Sala de Casaci�n (CSJ SL2999-2024).
En cada caso particular, dependiendo de lo pretendido, probado y concedido, de su cuant�a, de la fase o instancia en que se encuentre el proceso, del fundamento de las determinaciones adoptadas en cada instancia y de los planteamientos y sustentaciones que se efect�en en ejercicio de los medios de impugnaci�n ordinarios y extraordinarios, el pronunciamiento judicial podr� variar en un sentido u otro, luego, no hace sentido impartir a �raja tabla� una instrucci�n que s�lo conducir�a a crear desorden en el funcionamiento de la jurisdicci�n ordinaria laboral y afectar los derechos y expectativas, sobre todo, de los afiliados demandantes, quienes guardan una relaci�n asim�trica sustancial y procesal con las administradoras de pensiones.
Por ello, no deja de ser relevante en el debate el hecho de que los intervinientes en los numerosos litigios que sobre ineficacia de traslado del r�gimen pensional se adelantan en la jurisdicci�n ordinaria resulten ser cientos de miles de afiliados y apenas cuatro administradoras de fondos privados y una de car�cter p�blico, teniendo en cuenta, precisamente, que la justificaci�n de la declaratoria de efectos inter pares de la sentencia se afinc� en el principio de igualdad establecido en el art�culo 13 de la Constituci�n, sobre la base de que si un n�mero importante de personas se encuentra en una situaci�n equiparable no habr�a raz�n para tratarlas de manera diversa.
Y resulta que la discusi�n sobre el traslado de gastos de administraci�n, primas de seguros, etc., no es asunto que involucre directamente a los afiliados, sino a las administradoras, en raz�n de que esas sumas hacen parte del flujo de recursos que permiten el adecuado funcionamiento del Sistema Pensional, pero que no se ven reflejadas en las Cuentas de Ahorro Individual de quienes aspiran a que les sea declarada como v�lida su afiliaci�n inicial y permanencia en el R�gimen de Prima Media, con miras a obtener la prestaci�n econ�mica pensional en las condiciones en que la dispensa ese r�gimen.
As�, la hip�tesis contemplada en el numeral (iv) de la sentencia atr�s citada (CSJ SL440-2021), que ser�a la aplicable al caso y permitir�a apartarse del precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia, es decir, una divergencia hermen�utica del Tribunal, no pareciera configurarse, porque la determinaci�n adoptada por el sentenciador plural no significar�a �un desarrollo m�s amplio de los derechos, libertades y garant�as constitucionales�, pues, al contrario, ir�a en desmedro de los afiliados, del fondo p�blico y del mismo Sistema de Seguridad Social en Pensiones.� En el anterior orden de ideas y, como ya se anunci� en el cap�tulo de la valoraci�n probatoria, conforme con los argumentos s�lidamente expuestos por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral, esta Sala de Decisi�n retoma las reglas adoctrinadas por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a los efectos pr�cticos que conlleva la declaratoria de ineficacia del traslado el RPMPD al RAIS y, consecuencialmente, se aparta de las disposiciones que fij� al respecto la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024.
CASO CONCRETO. Conforme se expuso en el primer punto del fundamento jurisprudencial, tanto la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional son del criterio que la acci�n que se debe�estudiar�cuando se reclama la ausencia total o parcial del deber de informaci�n por parte de los fondos privados de pensiones, no es otra que la ineficacia del acto jur�dico/ que permiti� el traslado entre reg�menes pensionales, por lo que�al haber�orientado la actora la demanda en ese sentido,�por imperativo jurisprudencial, lo que corresponde es analizar el caso en la forma determinada por dichas Corporaciones, esto es, si el cambio de r�gimen pensional de la demandante se dio en t�rminos de eficacia, como correctamente lo abord� la funcionaria de primera instancia. Con la solicitud de vinculaci�n N�52319 realizada por la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez el 27 de septiembre de 1994 -p�g.4 archivo 2 carpeta primera instancia- la demandante se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad, sin embargo, la actora inicia la presente acci�n al considerar que el cambio de r�gimen pensional no se cumpli� con el lleno de los requisitos legales, al no�hab�rsele suministrado la informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba tomar esa decisi�n, vici�ndose de esa manera su consentimiento; mientras que el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones, al contestar la acci�n, sostuvieron que el traslado efectuado por la accionante del RPMPD al RAIS, se ejecut� bajo el estricto cumplimiento de la Ley, entre otros aspectos, brind�ndosele la informaci�n b�sica que se exig�a para ese momento hist�rico (primera etapa). � Conforme con la litis que se plantea en este asunto y siguiendo �nica y exclusivamente lo adoctrinado por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proceder� a verificar la Sala s�, de acuerdo con el material probatorio incorporado en el plenario, la AFP Protecci�n S.A. -quien tiene la carga probatoria en este tipo de procesos (como se explic� en el punto tres del fundamento jurisprudencial)-, cumpli� con el deber legal de informaci�n que le correspond�a para el 27 de septiembre de 1994 (primera etapa), brind�ndole a la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez una informaci�n b�sica, que, seg�n lo establecido por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria labora consist�a en: / / � Realizar una Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los/ reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales. ./ � Para tales efectos, fueron incorporadas al plenario las siguientes pruebas documentales: i) Formulario de afiliaci�n; ii) Historial de vinculaciones emitido por el SIAFP de Asofondos, iii) Historia Laboral emitida por la AFP Protecci�n S.A., iv) Comparativo de caracter�sticas de los reg�menes pensionales y v) Comunicado de prensa.
(Archivo 13 carpeta primera instancia) Con el formulario de afiliaci�n y el historial de vinculaciones emitido por el SIAFP de Asofondos se acreditan las fechas en las que la demandante hizo su vinculaci�n inicial al RPMPD y posteriormente su paso al RAIS y, si bien en el formulario de afiliaci�n obra la firma de la demandante y sus datos personales, adem�s de un recuadro preimpreso que se titula como �Voluntad de selecci�n y afiliaci�n� en el que solamente se deja constancia que la selecci�n del r�gimen de ahorro individual con solidaridad se hace en forma libre, espont�nea y sin presiones; agreg�ndose que los datos all� proporcionados son verdaderos; lo cierto es que, como puede verse, en ese documento no reposa la informaci�n b�sica que le permitiera conocer a la actora las consecuencias que conllevaba ejecutar ese acto jur�dico.
En la historia laboral emitida por la AFP Protecci�n S.A., obra informaci�n relativa a los aportes realizados por la demandante al sistema general de pensiones durante el tiempo en el que ella estuvo vinculada en esa administradora pensional, sin embargo, del contenido inmerso en ese documento no se desprende que a la actora se le hubiere suministrado la informaci�n b�sica exigida en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para el 27 de septiembre de 1994.
Ahora, si bien el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. allega el comparativo de las caracter�sticas de los reg�menes pensionales que componen el sistema general de pensiones, con el que se podr�a acreditar el suministro de la informaci�n b�sica exigida para el 27 de septiembre de 1994, la verdad es que a ese documento no se le puede dar el alcance probatorio pretendido por ese fondo privado de pensiones, ya que el mismo carece de la fecha de su elaboraci�n, es decir, se desconoce cu�ndo se emiti�, pero sobre todo, no tiene constancia de haber sido recibido por la demandante, ya que no contiene ning�n signo que permita concluir que �l le fue debidamente entregado a la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez el 27 de septiembre de 1994, lo que permite concluir que la demandante no tuvo acceso a ese documento antes de tomar la decisi�n de trasladarse del RPMPD al RAIS.
En lo atinente al comunicado de prensa, si bien en ese documento no se vislumbra su fecha de emisi�n, la verdad es que de su contenido se extracta que los fondos privados de pensiones pon�an en conocimiento p�blico de sus afiliados el contenido de las normas que permitieron, por una sola vez, el cambio de r�gimen pensional de los afiliados que se encontraran a menos de 10 a�os de cumplir la edad m�nima de pensi�n en el RPMPD para el 28 de enero de 2004, es decir que, se trata de un documento emitido con posterioridad a esa fecha, esto es, que no es una informaci�n que deb�a pon�rsele de presente a la demandante para el 27 de septiembre de 1994 y por tanto no incide en nada en la litis planteada en el presente asunto.
En el interrogatorio de parte, la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez respondi� que en el a�o 1994 ella se encontraba vinculada laboralmente con una empresa privada y afiliada al Instituto de Seguros Sociales, sin embargo, el gerente de la entidad empleadora, luego de reunirse con los asesores comerciales del fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. les inform� a todos los trabajadores, incluida ella que se hab�a tomado la decisi�n de afiliarlos a esa entidad y la totalidad de los trabajadores estuvieron de acuerdo, motivo por el que pasaron a suscribir el correspondiente formulario de afiliaci�n con el que se trasladaron al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, sin recibir informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba tomar esa decisi�n; contest� que esa misma din�mica sucedi� con los movimientos que se presentaron hac�a la AFP Porvenir S.A. y Colfondos S.A., sin recibir informaci�n; finalmente, respondi�, ante pregunta formulada por la directora del proceso, que no ha solicitado la pensi�n de vejez en el RAIS.
As� las cosas, al valorarse integralmente las pruebas allegadas al plenario, cabe concluir que el traslado ejecutado por la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez del RPMPD al RAIS no cumpli� con el lleno de los requisitos exigidos en la Ley, ya que el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. no le hizo a la afiliada una �Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los/ reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales. ; siendo del caso recordar que, independientemente de que la demandante se haya movilizado en dos oportunidades al interior de ese r�gimen pensional y que haya permanecido afiliada en ese r�gimen pensional durante treinta a�os realizando cotizaciones a trav�s de �l, lo cierto es que, como viene de verse, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1055-2022, cambi� su postura frente a los actos de relacionamiento, al determinar que las actuaciones posteriores al acto jur�dico ineficaz no tienen la fuerza jur�dica para validarlo, en otras palabras, que no existen actos de relacionamiento con la capacidad de hacer desaparecer la asimetr�a en la informaci�n que se produjo en el momento que se ejecut� el cambio de r�gimen pensional por parte de los afiliados.� Por lo expuesto, al no quedar probado en el proceso que a la accionante se le brind� la informaci�n que por Ley correspond�a el 27 de septiembre de 1994, indefectiblemente,�conforme con lo sentado por la Corte Suprema de Justicia, no queda otro camino que confirmar la decisi�n emitida por el Juzgado�Cuarto�Laboral del Circuito, consistente en declarar la ineficacia del acto jur�dico por medio del cual�la accionante se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 27 de septiembre de 1994 a trav�s de la AFP Protecci�n S.A., as� como la ineficacia de los movimientos realizados hac�a los fondos privados de pensiones Porvenir S.A. y Colfondos S.A., quedando v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada por la se�ora Correa G�mez al RPMPD administrado actualmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, como correctamente lo defini� la a quo.
Al no tener ning�n efecto jur�dico el cambio de r�gimen pensional efectuado por la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez, ni ninguno de los actos ejecutados al interior del RAIS, aplicando estrictamente lo adoctrinado por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a los efectos pr�cticos que conlleva la declaratoria de ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS, se confirmar� la decisi�n adoptada por la juzgadora de primer grado consistente en condenar al fondo privado de pensiones Colfondos S.A., a la que se encontraba afiliada actualmente la demandante, a reintegrar a la Administradora Colombiana de Pensiones la totalidad de los dineros que se encuentran depositados en la cuenta de ahorro individual de la afiliada que corresponden a las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones junto con sus intereses y rendimientos financieros; pero, se adicionar� dicha providencia en el sentido de condenar a los fondos privados de pensiones accionados a reintegrarle a Colpensiones, por los periodos en los que la actora estuvo vinculada en cada una de esas administradoras pensionales, los gastos de administraci�n, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, adem�s del porcentaje destinado a la garant�a de pensi�n m�nima, con cargo a sus propios recursos y debidamente indexados; sin que con esa decisi�n se est� afectando los intereses de terceros que no asistieron al proceso (aseguradoras y reaseguradoras), pues precisamente la orden dirigida en ese sentido lo que lleva es a que los fondos privados de pensiones respondan con su patrimonio por las deficiencias en que incurrieron al momento de efectuar la vinculaci�n de los afiliados.
De otro lado, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CSJ SL3179-2023, determin� que �Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deber�n aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y dem�s informaci�n relevante que los justifiquen�; directriz que fue debidamente atendida por la funcionaria de primer grado y por tanto habr� de confirmarse en esta sede.
Al haber operado un traslado desde el r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 27 de septiembre de 1994 y, al haber cotizado la accionante m�s de 150 semanas al RPMPD antes de que se produjera el traslado al RAIS, concretamente 238,29 semanas de cotizaci�n, como se constata con la informaci�n inmersa en la historia laboral emitida por Colpensiones -p�gs.670 a 674 archivo 9 carpeta primera instancia-, se gener� en ese momento un bono pensional tipo A en favor de la se�ora Mar�a Elena Correa G�mez al cumplirse con los requisitos previstos en el art�culo 115 de la ley 100 de 1993.
A pesar de que no existe prueba que demuestre el estado actual de ese instrumento de deuda p�blica, lo cierto es que el mismo se redimi� normalmente el pasado 19 de noviembre de 2023, fecha en que la accionante cumpli� los 60 a�os de edad, al haber nacido en la misma calenda del a�o 1963 como se ve en la copia de su c�dula de ciudadan�a -p�g.1 archivo 2 carpeta primera instancia-; por lo que, teniendo en cuenta que el art�culo 17 del Decreto 1748 de 1995 dispone que esta clase de bonos se pagan dentro del mes siguiente a la fecha de redenci�n (sin necesidad de solicitud previa), claro es que el mismo debi� ingresar a la cuenta de ahorro individual de la accionante antes del 19 de diciembre de 2023; raz�n por la que, ante tal situaci�n se debe condenar al fondo privado de pensiones Colfondos S.A. a que, en caso de haber recibido el pago del bono pensional en favor de la cuenta de ahorro individual de la actora, proceda a restituir la suma pagada por ese concepto a favor de la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, suma que deber� estar debidamente indexada, precis�ndose que esa actualizaci�n del valor del bono pensional debe ser cancelada con los recursos propios del fondo privado de pensiones Colfondos S.A., lo que conlleva la adici�n de la sentencia de primera instancia en ese sentido.
Ahora, si bien la falladora de primera instancia orden� comunicar la decisi�n adoptada a la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, lo cierto es que no era con el objeto de anular o dejar sin vigencia ese t�tulo de deuda p�blica, ya que esa orden opera en aquellos casos en los que no se ha redimido el bono pensional, situaci�n que no es la que acontece en este caso, ya que como se pudo ver, ese t�tulo de deuda p�blica se redimi� normalmente el pasado 19 de noviembre de 2023, el cual debi� ser pagado a la cuenta de ahorro individual de la afiliada en la AFP Colfondos S.A.; por lo que siendo as� las cosas, se modificar� el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, para que la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico no solamente tenga conocimiento de la orden impartida frente al bono pensional tipo A redimido y eventualmente pagado por esa entidad a favor de la cuenta de ahorro individual de la accionante, sino tambi�n para que, haciendo uso de tr�mites internos y a trav�s de canales institucionales, ejecute todas las acciones pertinentes a que haya lugar para que el cambio de r�gimen pensional fallido no continue produciendo efectos al interior del sistema general de pensiones.
En torno al hecho consistente en que la accionante arrib� a la edad m�nima de pensi�n en el RPMPD el 19 de noviembre de 2020 cuando cumpli� los 57 a�os, la verdad es que ese suceso no afecta en nada la decisi�n tomada en este proceso, por cuanto, como se ha explicado recurrentemente a lo largo de la presente providencia,�la declaratoria de ineficacia trae como consecuencia jur�dica que los actos emitidos a partir de ese momento no tienen ninguna validez, es decir que, al no haberse consumado legalmente el cambio de r�gimen pensional, el mismo no produjo efecto�� � y 6 l m n o � � � � �ѿ��v�_K:��+� hU&�hqnyOJPJQJ^J hU&�hqnyCJOJQJ^JaJ&hU&�hqny6�CJOJQJ\�^JaJ,hU&�hqnyCJOJPJQJ^JaJnH $tH $8hU&�hqny5�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJnH $tH $2hU&�hqny6�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $#hU&�hqny6�CJOJQJ^JaJ#hU&�hqny5�CJOJQJ^JaJ5hU&�hqny@���B*CJOJQJ^JaJnH ph�tH &h�H�hqny0J%5�OJPJQJ\�^J��Z [ � n o � ��T�������������������#$dh��9D[$\$a$gd�+2 d��gdqny $d��a$gdqny $d��a$gdqny4d��$d%d&d'd-DM� ����N��O��P��Q��gdqny� ( 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m�rito de lo expuesto, la/ Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,/ / � / / � RESUELVE/ PRIMERO. ADICIONAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia recurrida, el cual, para total claridad, quedar� as�: �SEGUNDO. A. CONDENAR al fondo privado de pensiones COLFONDOS S.A, a reintegrar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, los dineros que se encontraban depositados en la cuenta de ahorro individual de la demandante provenientes de los aportes o cotizaciones al sistema general de pensiones, junto con sus intereses y rendimientos financieros B. CONDENAR a los fondos privados de pensiones PROTECCI�N S.A., COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. a reintegrar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, con cargo a sus propios recursos y debidamente indexados, los dineros que fueron cobrados a la afiliada durante su permanencia en cada una de esas entidad y que estuvieron destinados a cancelar los gastos o cuotas de administraci�n, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, as� como los dineros destinados a financiar la garant�a de pensi�n m�nima.
C. CONDENAR al fondo privado de pensiones COLFONDOS S.A. a que, en caso de haber recibido el pago del bono pensional en favor de la cuenta de ahorro individual de la actora, proceda a restituir la suma pagada por ese concepto a favor de la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, suma que deber� estar debidamente indexada, precis�ndose que esa actualizaci�n del valor del bono pensional debe ser cancelada con los recursos propios del fondo privado de pensiones COLFONDOS S.A. D. ORDENARLES a los fondos privados de pensiones PROTECCI�N S.A., COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. que, al momento de cumplir con la orden aqu� impartida, procedan a relacionar cada concepto y el valor que se restituye por cada uno de ellos junto con el detalle pormenorizado de los ciclos cotizados, el IBC, aportes y toda la informaci�n relevante que los justifique�.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025, el cual quedar� as�: �CUARTO. COMUNICAR la decisi�n adoptada en el presente caso a la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para que tenga conocimiento de la orden impartida frente al bono pensional tipo A redimido y eventualmente pagado por esa entidad a favor de la cuenta de ahorro individual del accionante; inst�ndola para que, haciendo uso de tr�mites internos y a trav�s de canales institucionales, ejecute todas las acciones pertinentes a que haya lugar para que el cambio de r�gimen pensional fallido no continue produciendo efectos al interior del sistema general de pensiones.� TERCERO. CONFIRMAR en todo lo dem�s la sentencia recurrida y consultada.
Sin costas en esta sede. Notif�quese por estado y comun�quese a los correos electr�nicos de los apoderados de las partes. Quienes integran la Sala,/ � JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Magistrado Ponente ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N Magistrada GERM�N DAR�O G�EZ VINASCj���#�$�9�������������˿Կz������ϵ��p����WA�A�A*h�)fh�+26�OJPJQJ]�^JnH $tH $0h�)fh�+25�6�OJPJQJ\�]�^JnH $tH $*h�)fhx�6�OJPJQJ]�^JnH $tH $*h�)fhs�6�OJPJQJ]�^JnH $tH $0h�)fhs�5�6�OJPJQJ\�]�^JnH $tH $2h�G#hs�6�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $,h�G#hs�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�G#h�+25�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $�������������� �=�O�g�h���귝�lUl>l!8h�G#h�+25�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJnH $tH $,h�G#h�\�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G#hs�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G#h�+2CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�G#h�+25�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $2h�G#h�+26�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $2h�G#hs�6�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $0h�)fh�\�5�6�OJPJQJ\�]�^JnH $tH $*h�)fh�\�6�OJPJQJ]�^JnH $tH $ ������f�g��������� � ����� � �R�x�����������������$d��*$a$gd�+2$d��*$a$gd ^�$dh�*$a$gd�+2$dh�9Da$gd��$�7�7d��9D]�7^�7a$gd��$dh�9Da$gd�+2$�7�7d��*$]�7^�7a$gd�)fh�n�z������������� ����θ��m�S<!4h�'h��CJOJPJQJ^JaJmH nH $sH tH $,h�G#h�\�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�G#h�\�5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $,h�G#h�+2CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�G#h�+25�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $2h�G#h�+26�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $*h��h�+26�OJPJQJ]�^JnH $tH $0h��h�+25�6�OJPJQJ\�]�^JnH $tH $0h��hs�5�6�OJPJQJ\�]�^JnH $tH $ ���� �R�x�z�~�������� ����ѱ�tV��tTt�;&(h"�h�+20J%CJOJPJQJ^JaJ0h"�h�+20J$CJOJPJQJ^JaJmH sH U;h�G#h�+25�@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�G#h�+25�@���CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 8h�G#h�+2@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�G#h�+25�@���CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 0h�G#h�+2@���CJOJPJQJ^JaJnH tH *h��@���CJOJPJQJ^JaJnH tH x�z�|�~���������������e�f�g�h�i�j�l�������������������� d��gd�G#gd�+2#$dh�9Da$gd�� d��*$gd�+2$d��*$a$gd�+2$d��*$a$gd�):c$d��*$a$gd�+2O Magistrado��� Sin constancias ni firmas secretariales conforme art�culo 9 de la Ley 2213 de 2022 Mar�a Elena Correa G�mez vs Colpensiones y otras.
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