Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001220500020251003700

Sala: SALA LABORAL

Ponente: Germán Darío Góez Vinasco

Fecha: 2025-07-14

Sujetos procesales: JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA VINCULADOS: MUNICIPIO DE PEREIRA TEMA: Derecho al Debido Proceso DECISIÓN: NEGAR

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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. ACCI�N DE TUTELA / M�NIMO VITAL / REQUSIITOS DE PROCEDENCIA / PAGO DE TITULO JUDICIAL ACCI�N DE TUTELA � Improcedencia para obtener el pago de t�tulo judicial. � la acci�n de tutela no constituye un mecanismo destinado a alterar el curso ordinario o el turno natural de los procesos judiciales, salvo que se acredite una mora judicial evidente y manifiesta, atribuible a la falta de diligencia, arbitrariedad u omisi�n en el cumplimiento de las funciones por parte del juez.

Dicha mora debe ser de tal entidad que transgreda de manera grave y directa los derechos fundamentales de alguna de las partes. En el presente caso, se reitera, no se acreditaron tales circunstancias, por lo que no es procedente acudir a la tutela como v�a excepcional para anticipar decisiones que ya fueron adoptadas conforme a los par�metros legales establecidos.

REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER P�BLICO  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA SALA DE DECISI�N LABORAL DR. GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado Ponente Pereira, catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025) PROCESO:Tutela Primera InstanciaRADICADO:66001220500020251003700ACCIONANTES:DIEGO HUMBERTO V�LEZACCIONADO:JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRAVINCULADOS:MUNICIPIO DE PEREIRATEMA:Derecho al Debido ProcesoDECISI�N:NEGAR SENTENCIA No. 28 Acta de Discusi�n No. 67 del 11 de julio de 2025 En la fecha y una vez cumplido el tr�mite de ley, se decide la acci�n de tutela de la referencia en primera instancia, promovida por el se�or DIEGO HUMBERTO V�LEZ actuando a trav�s de su apoderada judicial, en contra del JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y como vinculado el MUNICIPIO DE PEREIRA, conforme el auto de admisi�n proferido el 02 de julio de 2025.

ANTECEDENTES El accionante DIEGO HUMBERTO V�LEZ promovi� la acci�n de tutela al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, tutela judicial efectiva, dignidad humana y m�nimo vital, consagrados en la Constituci�n Pol�tica, basado en los siguientes, HECHOS Se�al� que el Juzgado Tercero Laboral de Pereira conoci� el proceso ordinario laboral y conforme a las sentencias proferidas en su favor, present� cuenta de cobro, el 12 de diciembre de 2023, ante la Alcald�a del Municipio de Pereira que, a su vez, mediante la Resoluci�n No. 9154 del 19 de diciembre de 2024, dio cumplimiento de los fallos judiciales y orden� consignar los valores a �rdenes del mentado juzgado.

Seguidamente, el 13 de enero de 2025, solicit� ante el accionado la entrega del t�tulo que reposa a su favor y ese mismo d�a, solicit� el desistimiento del proceso ejecutivo. En ese mismo mes, asisti� ante el juzgado acompa�ado de su apoderada para solicitar informaci�n del tr�mite, pero les informaron que para ese momento no ten�an un juez a cargo.

Finalmente, asegur� que desde marzo hasta la fecha de interposici�n de la acci�n, ha acudido en varias ocasiones de forma personal a las instalaciones del juzgado, donde �nicamente se le ha manifestado, por parte del secretario, que el proceso �est� pr�ximo a salir�, sin que a la fecha se haya efectuado la entrega del respectivo t�tulo y generando la mora injustificada del proceso.

PRETENSIONES El accionante solicita se protejan sus derechos fundamentales concediendo el amparo y, en consecuencia, 1) se ordene al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira que disponga la entrega del pago del t�tulo judicial en el menor tiempo posible que reposa a nombre del se�or Diego Humberto V�lez; 2) se adopten las medidas o correcciones que se estimen procedentes o necesarias para garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados.

POSICI�N DE LA ACCIONADA Y VINCULADO 1) El JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el 03 de julio, comparti� el enlace del expediente digital del proceso identificado con el n�mero de radicado 66001310500320210013800. Al d�a siguiente, el juzgado alleg� contestaci�n de la acci�n en la que manifest� que el proceso aludido es un ejecutivo a continuaci�n del ordinario laboral, el cual, a la fecha se encuentra en etapa de verificaci�n de los datos aportados por la togada para el pago del t�tulo 457030000927590 por un valor de $158.776.745 y precisamente, debido a esa cuant�a se realiz� la transferencia con abono a la cuenta bancaria de Bancolombia.

Explic� que una vez agotada la verificaci�n, se report� en los Dep�sitos Judiciales del juzgado para la revisi�n y autorizaci�n por parte del juez y del secretario de ese despacho. De ah� que, el t�rmino de verificaci�n no depende del operador judicial porque es un proceso a cargo del Banco Agrario. M�s adelante, resalt� que el 29 de octubre de 2024 se profiri� el auto de seguir adelante con la ejecuci�n, pero la apoderada elev� solicitud de desistimiento del proceso ejecutivo desconociendo las consecuencias adversas contra el demandante, ya que dicha solicitud equivale a renunciar a las pretensiones y hace tr�nsito a cosa juzgada.

Situaci�n que pudo hacer incurrir en un error al juzgado por desconocimiento. Finalmente, el juzgado accionado record� que actualmente tramita m�s de 400 procesos y solicit� que se declare la improcedencia de la acci�n o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la acci�n ante la inexistencia de la vulneraci�n de derechos que reclama el accionante. 2) La vinculada, MUNICIPIO DE PEREIRA se�al� que las pretensiones de la acci�n de tutela no est�n dirigidas en su contra y no existe un nexo causal entre la vulneraci�n o violaci�n de los derechos alegados y el Ente Territorial, m�s cuando la facultad, responsabilidad y obligaci�n de expedir t�tulos judiciales constituye una atribuci�n exclusiva e indelegable del Juzgado accionado que orden� la constituci�n del dep�sito y que recibi� los dineros objeto de la sentencia judicial.

Agreg� que el Banco Agrario act�a �nicamente como depositario sin facultad dispositiva sobre los recursos, pues su funci�n se limita a recibir consignaciones ordenadas, custodiar los fondos y ejecutar las �rdenes de pago debidamente autorizadas por el juzgado competente. Por lo anterior, solicit� su desvinculaci�n del tr�mite constitucional, en raz�n a la falta de legitimaci�n por pasiva.

(09Anexo) CONSIDERACIONES Le corresponde a esta Sala de Decisi�n resolver como problema jur�dico el establecer si el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira vulner� los derechos fundamentales del se�or Diego Humberto V�lez e incurri� en mora dentro del proceso ejecutivo. Sobre la Acci�n de Tutela El art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica consagra la Acci�n de Tutela como un instrumento jur�dico a trav�s del cual los ciudadanos pueden acudir ante los Jueces Constitucionales a reclamar la protecci�n directa e inmediata de los derechos fundamentales que est�n siendo vulnerados, sin mayores requerimientos de �ndole formal y con la certeza de obtener oportuna resoluci�n. As� pues, la Tutela procede frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de dichos derechos fundamentales, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; de esta forma, se propende por cumplir uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente.

Se trata entonces de una categor�a constitucional de protecci�n que consagr� la Constituci�n de 1991, tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneraci�n por parte de una autoridad p�blica y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un procedimiento judicial espec�fico, aut�nomo, directo y sumario, que en ning�n caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido, la Acci�n de Tutela es un instrumento jur�dico de car�cter subsidiario que no puede ser asumida como una instituci�n procesal alternativa, supletiva, ni sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades p�blicas.

Bajo este panorama, el Decreto 2591 de 1991 establece ciertos requisitos de la acci�n de tutela que exige al juzgador analizar juiciosamente los fundamentos de hecho y pretensiones de la acci�n, a fin de determinar si se cumplen de los presupuestos necesarios para la procedencia de la tutela; �stos son: 1) invocaci�n de afectaci�n de un derecho fundamental; 2) legitimaci�n de causa por activa; 3) legitimaci�n de causa por pasiva; 4) inmediatez; 5) subsidiariedad.

La H. Corte Constitucional en sentencia T- 871 de 1999, respecto a la procedencia de la acci�n de tutela, precis� que: �La tutela es un mecanismo residual o subsidiario para la protecci�n de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, s�lo se puede acudir a ella cuando no exista un mecanismo alternativo de defensa judicial id�neo y eficaz para la protecci�n del derecho.

En raz�n de lo anterior la actividad del juez de tutela cuando se pide el amparo de derechos fundamentales debe estar dirigida a determinar: si no hay un medio alternativo de defensa judicial, en cuyo caso debe establecer si existi� o no la violaci�n del derecho y proceder en consecuencia a ampararlo o a desestimar la pretensi�n; si existe el medio alternativo de defensa judicial, debe juzgar si �ste resulta o no id�neo y eficaz para la protecci�n del derecho.

Si acontece lo primero, la tutela es improcedente como instrumento definitivo de protecci�n, pero el juez debe examinar si ella es viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ante la segunda hip�tesis, debe acceder a la tutela impetrada en forma definitiva si encuentra acreditada la violaci�n del derecho.� De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acci�n de tutela tiene car�cter residual y subsidiario, y por lo tanto solo procede en los siguientes casos: (i) cuando la persona no cuenta con otro medio de defensa judicial, (ii) cuando el medio judicial existente es ineficaz, o (iii) cuando se interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo deber� ser transitorio.

Sobre mora judicial En relaci�n con el cumplimiento de t�rminos procesales dentro del desarrollo del proceso, la Corte Constitucional ha precisado: �En la providencia citada se puntualiz� acerca de la existencia de una relaci�n de conexidad necesaria entre las nociones de plazo razonable y dilaciones injustificadas, para constatar si acontece una vulneraci�n al debido proceso, cuya consecuencia es la afectaci�n del acceso a la administraci�n de justicia. As�, no se presenta tal conculcaci�n cuando la mora en el tr�mite de una actuaci�n judicial no tiene su g�nesis en la complejidad del asunto �o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no (sic) en la falta de diligencia y en la omisi�n sistem�tica de sus deberes por parte de los mismos�.

En aquella oportunidad, efectuando un recuento de algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, se reiter� que el mero incumplimiento de los t�rminos procesales no constituye per se violaci�n al debido proceso, justific�ndose el retraso cuando la autoridad censurada, a pesar de obrar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones �imprevisibles e ineludibles�, como el exceso de trabajo, que le impiden cumplir con los plazos fijados en la ley para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de la subsidiariedad que caracteriza la tutela, pues no se puede en esta acci�n inmiscuirse en el tr�mite de un proceso adoptando decisiones o modificando las existentes, lo cual conllevar�a la afectaci�n del principio democr�tico de autonom�a funcional del Juez, reconocido en la Constituci�n Pol�tica. As�, se ha puntualizado que la acci�n de tutela no procede de plano por la inobservancia de los t�rminos dentro de un proceso, pues adem�s de demostrarse que el demandante no cuenta con otro medio de defensa eficaz, debe acreditarse que la demora es consecuencia directa de la falta de diligencia de la autoridad p�blica.� En consonancia con lo anterior, en trat�ndose de controversias vinculadas con hip�tesis de congesti�n o mora judicial, la Corte Constitucional ha sostenido la tesis de improcedencia de la acci�n de tutela cuando �sta se emplea en raz�n de la mera inobservancia de los t�rminos dentro de un proceso, en tanto la dilaci�n no constituye, por s� sola, violaci�n de derechos fundamentales, ya que aquella debe, adem�s, carecer de justa causa.

Bajo las premisas referidas, es preciso advertir que la Corte Constitucional ha reconocido que la mora, la congesti�n y el atraso judicial son algunos de los fen�menos que afectan de manera estructural la administraci�n de justicia en Colombia, por lo que existen casos en que el incumplimiento de los t�rminos procesales no es directamente imputable al actuar de los funcionarios judiciales.

As� tambi�n, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constituci�n para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Incluso, pueden presentarse factores problem�ticos que no solo se encuentran en la gesti�n misma de los despachos judiciales, como sucede cuando existe un sistema jur�dico rezagado, d�ficit presupuestal, mecanismos procesales inadecuados, insuficientes o revestidos de excesivo formalismo o una falta de desarrollo eficiente del proceso.

Por ello, la misma jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es atribuible al actuar del juez o cuando existe una justificaci�n que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci�n de justicia. En virtud de ello, para establecer si la mora en la decisi�n oportuna de las autoridades es violatoria o no de derechos fundamentales, en la jurisprudencia se encuentra establecida la clasificaci�n entre dilaci�n justificada o injustificada, sin perjuicio de desconocer que la admisibilidad en el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un car�cter excepcional, pues la regla general, contenida en el art�culo 228 Superior, es la obligatoriedad de los t�rminos procesales.

Es as� como, el incumplimiento de un t�rmino procesal se entiende justificado cuando (i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administraci�n de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congesti�n judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resoluci�n de la controversia en el plazo previsto en la ley.

En otras palabras, la dilaci�n es justificada cuando, a pesar del cumplimiento cabal de los deberes por parte del juez y su diligencia, resulta imposible objetivamente el cumplimiento del t�rmino judicial en cuesti�n; y adicionalmente debe encontrarse probada la existencia de un perjuicio irremediable al administrado. Por su parte, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema sobre la procedencia de la acci�n de tutela en casos de mora judicial ha se�alado que: �las situaciones de �mora judicial� por cuya virtud se habilita este excepcional mecanismo de protecci�n, son aquellas que carezcan de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento negligente de la autoridad accionada, pues, obviamente, la protecci�n constitucional no opera cuando la morosidad obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas, vale decir, cuando el proceder abusivo de la autoridad judicial censurada, adem�s de ostensible, sea verificable, raz�n por la cual le corresponde al peticionario del mecanismo tutelar la carga de demostrar los hechos en los que se funda para predicar el quebrantamiento de sus derechos constitucionales en tal sentido, pues, se repite, la mora judicial debe tener su g�nesis en una conducta irregular, arbitraria, notoriamente injustificada y por lo tanto reprochable del funcionario judicial accionado� (�) Adem�s de lo dicho, el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el �mbito que la propia Constituci�n Pol�tica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom�a e independencia judicial, contemplados en los art�culos 228 y 230 de la Carta Pol�tica, en tanto el funcionario judicial a cuyo cargo est� el proceso en comento, por fungir como director del mismo, es el encargado de organizar sus labores, dentro de las cuales est� la de emitir las providencias en los procesos que se encuentren a su cargo, de tal suerte que resultar�a extra�o al tr�mite del proceso que el juez de tutela dispusiera la expedici�n de una determinada providencia o realizaci�n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes en ese estado o el orden de entrada de los mismos al despacho con esa finalidad, m�s a�n cuando el juez constitucional no puede alterar los turnos dispuestos para resolver los procesos, en tanto ello implicar�a lesionar los derechos de otras personas que tambi�n se encuentran a la espera de que su asunto sea decidido, pues, al tenor de lo previsto por el art�culo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art�culo 18 de la Ley 446 de 1998, estos se resuelven seg�n el orden de entrada, so pena de incurrir en falta disciplinaria susceptible de sanciones .� (Negrilla fuera de texto) Caso Concreto En primer lugar, de conformidad con el problema jur�dico trazado y los requisitos generales para que proceda la tutela, la Sala se ocupar� de determinar si en el asunto bajo estudio se cumplen dichas exigencias.

En segundo lugar, superados los anteriores, se deber� establecer si el juzgado accionado vulner� los derechos fundamentales de la parte accionante e incurri� en mora dentro del proceso ejecutivo. Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acci�n de tutela. Invocaci�n de afectaci�n de un derecho fundamental: Este requisito se encuentra acreditado dado que la accionante considera que el ente accionado transgredi� su derecho fundamental al debido proceso, dignidad humana y m�nimo vital.

Adem�s, anunci� el principio fundamental de la tutela judicial efectiva que va ligado al derecho fundamental de acceso a la justicia, salvaguardados por la Constituci�n Pol�tica de Colombia. Legitimaci�n de causa por activa: En relaci�n con este aspecto, se observa que el se�or Diego Humberto V�lez, actuando por conducto de su apoderada judicial, es quien promueve la presente acci�n constitucional, en su calidad de demandante dentro del proceso ejecutivo laboral identificado con el radicado No. 66001310500320210013800.

En su favor fue expedido el t�tulo judicial No. 45703000927590, por valor de $158.776.745, circunstancia que lo legitima como titular de los derechos fundamentales cuya presunta vulneraci�n se alega en esta causa. En consecuencia, se satisface el requisito de legitimaci�n por activa previsto en el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica y en el art�culo 10 del Decreto 2591 de 1991.

Legitimaci�n de causa por pasiva: Se encuentra acreditada, dado que la acci�n se dirige en contra del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira que es el llamado a responder por la presunta vulneraci�n de derechos y es el despacho en el cual se tramita el proceso judicial con radicado No. 66001310500320210013800. Adem�s, se orden� la vinculaci�n del Municipio de Pereira, por ser un tercero con inter�s leg�timo y ostentar la calidad de parte demandada dentro del proceso referido.

Inmediatez: La solicitud de amparo fue presentada dentro de un t�rmino prudente, pues la acci�n constitucional se present� el 02 de julio y el �ltimo memorial por medio del cual solicit� el pago del t�tulo judicial, data del 05 de mayo de 2025. Lo que significa que transcurri� menos de 2 meses entre la presunta vulneraci�n y tutela. Subsidiariedad: El art�culo 86 de la Constitucional, dispone que la acci�n de tutela solo es procedente cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Asimismo, la jurisprudencia ha aceptado la tutela en situaciones en las que, existiendo los recursos judiciales, los mismos no son id�neos o eficaces para evitar la vulneraci�n de derechos. Ahora, si bien es cierto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la acci�n de tutela es improcedente para solicitar el pago de acreencias o discutir cuestiones meramente econ�micas, tambi�n ha admitido la posibilidad de tutelar los derechos cuando por negligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus obligaciones, se genera una mora judicial e inobservancia de t�rminos para entregar t�tulos de dep�sitos judiciales dentro de un proceso.

(T-579 de 2011) Por lo anterior, teniendo en cuenta que la accionante solicita el pago de t�tulo judicial dentro del proceso que se adelanta en el Juzgado Tercero Laboral Del Circuito por una presunta mora o negligencia de los funcionarios, se tendr� como superado este requisito para analizar el fondo del asunto y establecer si existi� una vulneraci�n a los derechos fundamentales del actor.

Desenvolvimiento del asunto Se recuerda que el se�or Diego Humberto V�lez, a trav�s de la presente acci�n de tutela, solicita que se ordene el pago del t�tulo judicial tramitado ante el Juzgado Tercero Laboral de Pereira, identificado con el radicado No. 66001310500320210013800, y constituido por su ex empleador, el Municipio de Pereira. Aduce el accionante que la mora judicial injustificada en el tr�mite del proceso ejecutivo ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad humana, el m�nimo vital y al principio de tutela judicial efectiva, �ntimamente ligado al derecho de acceso a la administraci�n de justicia. Para determinar si efectivamente existi� una vulneraci�n de los derechos fundamentales del actor, esta Sala procede a efectuar un an�lisis cronol�gico de las actuaciones procesales desarrolladas: Una vez interpuesta la demanda, el juzgado libr� la orden de pago en favor del se�or V�lez y orden� la notificaci�n y traslado a la entidad demanda Municipio de Pereira, el 27 de agosto de 2024; el 29 de octubre de 2024, se la constancia secretarial que da cuenta del silencio y ausencia de excepciones por parte de la pasiva; el 27 de noviembre, se aprob� la liquidaci�n de costas procesales y reiter� la solicitud a las partes para que presentaran la liquidaci�n del cr�dito actualizada; el 18 de diciembre, la parte actora envi� al juzgado la liquidaci�n de cr�dito; el 30 de diciembre, se constituy� el t�tulo en favor del actor, por la suma de 158.776.745, por parte del Banco Agrario de Colombia; el 13 de enero de 2025, el demandante alleg� memorial solicitando la entrega del t�tulo que reposa en el despacho; el 05 de febrero, present� �el desistimiento del proceso ejecutivo por cumplimiento total por parte del Municipio de Pereira� y reiter� la solicitud de entrega del t�tulo judicial; el 31 de marzo, el juzgado corri� traslado por tres d�as de la liquidaci�n del cr�dito presentada por la parte actora, conforme lo dispuesto en el art�culo 446 numeral 2 del C�digo General del Proceso.

Adem�s, se advirti� que una vez aprobada y en firme la liquidaci�n, se resolver�a la solicitud de orden de pago del t�tulo y la posterior terminaci�n del asunto; el 5 de mayo, la parte actora insisti� en la entrega del t�tulo; 10) finalmente, el 02 de julio, el despacho modific� la liquidaci�n del cr�dito por un valor de $159.717.036, orden� el pago del t�tulo judicial a la cuenta de Bancolombia de la apoderada del actor y dio por terminado el asunto, basado en el art�culo 461 del C.G.P, auto que se notific� por estados del 03 del mismo mes.

Del an�lisis secuencial de las actuaciones procesales adelantadas por el Juzgado Tercero Laboral de Pereira, no se evidencia la existencia de una mora judicial injustificada, toda vez que el proceso ejecutivo laboral fue tramitado conforme a las etapas legalmente establecidas, garantizando el respeto al debido proceso y la salvaguarda de los derechos de contradicci�n y defensa.

Es claro que la entrega del t�tulo judicial no pod�a ordenarse de manera inmediata tras su constituci�n el 30 de diciembre de 2024, en la medida en que previamente era necesario agotar la etapa de liquidaci�n del cr�dito y las costas, su notificaci�n y firmeza, conforme al art�culo 446 numeral 2 del C�digo General del Proceso. Con relaci�n a la mora judicial injustificada, se debe constatar la garant�a del plazo razonable, entendida como la obligaci�n que tienen las autoridades judiciales de tramitar y resolver los procesos sin dilaciones injustificadas, omisiones procesales o actos que desconozcan la celeridad que debe caracterizar toda actuaci�n judicial.

(T-183-2024) Para establecer si en este caso se vulner� la garant�a del plazo razonable, esta Sala aplica los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional, particularmente en la sentencia SU-213 de 2021, que ordena valorar: (i) la complejidad del asunto, (ii) la situaci�n jur�dica del interesado, (iii) la actividad procesal del interesado, y (iv) la conducta de la autoridad competente.

Complejidad del asunto: Se trata de un proceso ejecutivo laboral cuyo objeto era lograr el pago de una obligaci�n clara, expresa y exigible derivada de una sentencia judicial previamente ejecutoriada. El tr�mite, en s� mismo, no reviste una complejidad jur�dica significativa. Sin embargo, la cuant�a involucrada �$158.776.745 inicialmente, y luego ajustada a $159.717.036� implica una mayor rigurosidad por parte del juez, particularmente en el control de legalidad del pago, dado que el deudor es una entidad territorial y se maneja presupuesto p�blico.

Por ello, si bien no es un asunto complejo desde el punto de vista t�cnico, s� exig�a una actuaci�n cuidadosa y garantista. Situaci�n jur�dica del interesado: El accionante no se encuentra acreditado como sujeto de especial protecci�n constitucional (no es persona con discapacidad, adulto mayor, madre o padre cabeza de hogar, v�ctima del conflicto armado, ni paciente con enfermedad grave), ni se aport� prueba alguna sobre afectaci�n actual o inminente de su m�nimo vital.

Tampoco aleg� que el pago del t�tulo judicial fuera indispensable para cubrir necesidades b�sicas urgentes. As�, este criterio no justifica un tratamiento prioritario que habilite la intervenci�n de la jurisdicci�n constitucional. Actividad procesal del interesado: El se�or V�lez, a trav�s de su apoderada, impuls� activamente el tr�mite mediante la presentaci�n oportuna de documentos, liquidaciones y solicitudes.

Sin embargo, incurri� en un error sustancial al presentar el 5 de febrero de 2025 una solicitud de �desistimiento del proceso ejecutivo por cumplimiento total�, lo que pudo generar confusi�n sobre la voluntad procesal del actor. Esta actuaci�n, lejos de agilizar el proceso, introdujo una carga adicional de an�lisis al despacho, que opt� por interpretar dicha solicitud como petici�n de terminaci�n por cumplimiento.

De haberse aceptado el desistimiento en los t�rminos propuestos, se habr�a producido el archivo del proceso, sin la orden de pago solicitada, con los efectos jur�dicos propios de la cosa juzgada. Conducta de la autoridad judicial: El Juzgado Tercero Laboral de Pereira tramit� el proceso dentro de par�metros razonables, teniendo en cuenta que durante parte del tr�mite no contaba con juez titular y enfrentaba una carga laboral considerable (m�s de 400 procesos activos).

No obstante, se cumplieron las diligencias procesales exigidas por la ley: se libr� la orden de pago, se recibi� la liquidaci�n, se corri� traslado, se ajust� el cr�dito y, finalmente, el 2 de julio de 2025, se profiri� auto de pago y terminaci�n del proceso. El pago fue ordenado y ejecutado el 9 de julio de 2025, conforme consta en los anexos del expediente.

(anexo10, segundainstancia). Por lo tanto, no se advierte dilaci�n imputable a desidia, arbitrariedad u omisi�n del juzgador accionado. En suma, al aplicar los criterios jurisprudenciales para determinar la razonabilidad del plazo en este caso concreto, no se evidencia una mora judicial injustificada. El proceso se tramit� conforme al procedimiento legal, dentro de un t�rmino adecuado, y con observancia de las garant�as m�nimas del debido proceso.

Aqu�, debe recordarse que la acci�n de tutela no constituye un mecanismo destinado a alterar el curso ordinario o el turno natural de los procesos judiciales, salvo que se acredite una mora judicial evidente y manifiesta, atribuible a la falta de diligencia, arbitrariedad u omisi�n en el cumplimiento de las funciones por parte del juez. Dicha mora debe ser de tal entidad que transgreda de manera grave y directa los derechos fundamentales de alguna de las partes.

En el presente caso, se reitera, no se acreditaron tales circunstancias, por lo que no es procedente acudir a la tutela como v�a excepcional para anticipar decisiones que ya fueron adoptadas conforme a los par�metros legales establecidos. Cabe resaltar que, incluso si, en gracia de discusi�n, se llegase a considerar vulnerada la garant�a del plazo razonable, se configurar�a el hecho superado, toda vez que el t�tulo fue pagado el 9 de julio de 2025, como consta en el memorial allegado en sede de segunda instancia el 10 del mismo mes.

En consecuencia, esta Sala concluye que no se encuentra configurada una vulneraci�n de los derechos fundamentales del accionante, raz�n por la cual se negar� el amparo constitucional solicitado. En m�rito de lo expuesto, la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo al derecho de m�nimo vital solicitado por el se�or DIEGO HUMBERTO V�LEZ contra del JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIF�QUESE esta providencia a las partes en la forma y t�rminos consagrados en el art�culo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: EN CASO DE SER IMPUGNADA rem�tase al Superior para lo de su competencia o EN FIRME la presente decisi�n, rem�tase de forma electr�nica y en los t�rminos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acci�n de tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual REVISI�N. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Quienes conforman la Sala, GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado Ponente OLGA LUCIA HOYOS SEP�LVEDA Magistrada Con Ausencia Justificada JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Magistrado  Corte Constitucional.

Sentencia T-527 de 2009.  Sentencia T-1154 de noviembre 18 de 2004 (M. P. Alfredo Beltr�n Sierra) siguiendo lo establecido, entre otras, en la T-604 de diciembre 12 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria D�az).  T-1154 de 2004  Sentencia T-527 de 2009.  Sentencias T-190 de 1995, T-292 de 1999, T-1068 de 2004 y T-803 de 2012.  Sentencias T-1226 de 2001 y T-1227 de 2001.  Sentencia STL1186-2014 reitera en la sentencia STL7335-2021     Tutela Primera Instancia: 66001220500020251003700 Accionante: Diego Humberto V�lez Accionado: Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira PAGE \* MERGEFORMAT15 �@ B S T � � � � - P b � � E 5 8 n o p ������ñ��w�w�w�hV8V;jhrWJhrWJ5�CJOJQJU^JaJmHnHtH $u#h' �hH4�5�CJOJQJ^JaJ hzy�5�CJOJQJ^JaJ)hrWJhrWJ5�6�CJOJQJ\�^JaJ#hrWJhrWJ6�CJOJQJ^JaJ$h�_phzy�OJPJQJ^JnH $tH $#h�/[hzy�6�CJOJQJ^JaJ#h�/[hzy�5�CJOJQJ^JaJ hzy�5�CJOJQJ^JaJ5h�/[hzy�@���B*CJOJQJ^JaJnH ph�tH ��A B � 6 7 8 N n p � � � � � ���������������� $d��a$gd�s� $d��a$gd�s� d��gdrWJ $d��a$gdrWJ d��gdzy�4d��$d%d&d'd-DM� ����N��O��P��Q��gdzy�p � � � � � � � �       ����ɸ���tcRtA0t h���h�6.CJOJQJ^JaJ h���h�CJOJQJ^JaJ h���h�� }CJOJQJ^JaJ h���h&�?CJOJQJ^JaJ h���h/!�CJOJQJ^JaJ h���h/P6CJOJQJ^JaJ h���hd�1ZCJOJQJ^JaJ h���h, �CJOJQJ^JaJ h���hYLCJOJQJ^JaJ h' �hH4�CJOJQJ^JaJ#h' �hH4�5�CJOJQJ^JaJ&h' �hH4�5�CJOJQJ\�^JaJ� �, - 6 O P �����:�kd��$$IfT�l��;�0� �B/ t��0�������� 6������� ��� 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