66001220500020250003100 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� O ��ubjbjJJ 4�q �eq �eWl � ��>>�& �& P'j�'(��(((8P( \)d(FM��)�)�)�)�)+++�L�L�L�L�L�L�L$"P��R|�L�&�%,*++O, k,�L�&�&�)�)HM / / /{,��&�)�&�)�L /%,�L / /��:�q $ b%: El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvi� de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.

El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. ACCI�N DE TUTELA / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / V�A DE HECHO PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIA � L�mite. � se ha dicho que la procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar a resolver sobre la cuesti�n litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a trav�s de la providencia demandada.

Si la decisi�n no es producto de una actuaci�n arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontaci�n objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuaci�n no puede ser objeto de amparo constitucional a trav�s del mecanismo de la acci�n de tutela. En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a determinar si la actuaci�n de la autoridad efectivamente es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jur�dico, sin que le sea dable inmiscuirse en el tr�mite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que cumple quien, en ejercicio de su funci�n constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonom�a, independencia de los jueces, acceso a la administraci�n de Justicia, seguridad jur�dica y vigencia del Estado Social de Derecho.

Providencia: Sentencia de 16 de junio de 2025 Radicaci�n Nro.: 66001220500020250003100 Accionante: Silvio Arango Betancourt Accionado: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y otra Proceso: Acci�n de Tutela Magistrado Ponente: Julio C�sar Salazar Mu�oz TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA LABORAL ACCI�N DE TUTELA MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MU�OZ Pereira, diecis�is de junio de dos mil veinticinco Acta de Sala de Discusi�n N� 054 de 16 de junio de 2025 Procede la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior de Pereira a decidir la acci�n de tutela iniciada por SILVIO ARANGO BETANCUR. contra el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, tr�mite al que fue vinculado la Sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A.

ANTECEDENTES Cuenta el se�or Silvio Arango Betancur que la Corporaci�n Social Deportiva y Cultural de Pereira inici� proceso de reestructuraci�n bajo los lineamientos de la Ley 550 de 1999; que dicho tr�mite fue admitido por la Superintendencia de Sociedades el d�a 24 de mayo de 2012, quedando suspendidas las obligaciones en su contra y comprometida la Sociedad a cumplir de manera oportuna con las que se originaran con posterioridad a dicho acuerdo.

Refiere que el Acuerdo de Restructuraci�n qued� aprobado el 13 de junio de 2013; sin embargo, la intervenida no cumpli� con los acreedores surgidos despu�s del acuerdo, motivo por el cual se dio por terminado el mismo y se inici� el proceso de liquidaci�n judicial el cual correspondi� por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, siendo admitida por auto de 8 de julio de 2014.

Informa que, para preservar el patrimonio de la Corporaci�n Social, Deportiva y Cultural de Pereira se autoriz� la continuidad del desarrollo de su objeto social, compitiendo en el torneo de ascenso de la liga colombiana, ejecutando contratos con jugadores de f�tbol profesional que ya hab�an sido vinculados, enajenando derechos deportivos de jugadores y celebrando nuevos contratos con estos, entre otras actividades.

Expone que en el proceso de liquidaci�n las obligaciones de la intervenida se dividieron en tres grupos i) obligaciones de la liquidaci�n o gastos de administraci�n (de pago inmediato - art�culo 71 ley 1116 de 2006-); ii) obligaciones post acuerdo (de pago preferente de acuerdo al orden establecido en la ley) y iii) obligaciones post acuerdo (conforme al orden establecido en la ley).

Esa antesala para informar que suscribi� contrato de trabajo con la Corporaci�n Social Deportiva y Cultural de Pereira el d�a 22 de enero de 2014, el cual estuvo vigente desde esa fecha hasta el 20 de diciembre de 2014; que el salario pactado fue del orden de $1.800.000 mensuales y que convino un auxilio de vivienda por la suma de $1.200.000 mensuales; que dicho contrato fue terminado a pesar de encontrarse en condici�n de discapacidad, motivo por el cual inici� el proceso ordinario laboral para que se declarara la ineficacia de la terminaci�n del contrato de trabajo, se ordenara el reintegro y se pagaran los salarios y auxilios dejados de percibir.

Manifiesta que el tr�mite correspondi� al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el cual qued� radicado con el n�mero 66001310500220170058101; que el d�a 5 de octubre de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, notific� el auto por medio del cual realiz� la adjudicaci�n de los bienes de la sociedad intervenida, disponiendo la suma de $13.219.077.708 para pagar los gastos de administraci�n; sin embargo no se incluyeron sus reclamaciones como contingencia litigiosa, ni se realiz� la reserva de ley para atender la eventual sentencia y se procedi� a pagar, con dicho rubro, los cr�ditos laborales post acuerdo y con el remanente se dispuso pagar a prorrata hasta donde fuera posible, los cr�ditos laborales del acuerdo.

Se�ala que en el tr�mite de adjudicaci�n no fue graduado su cr�dito a pesar de haberse presentado oportunamente. Relata que al el resto de los acreedores se les adjudicaron, en estado de unidad econ�mica, los activos de la Corporaci�n que ascend�an a la suma de $631.190.547.822 a pesar de que las acreencias sumadas ascend�an a $15.259.342.092, constituy�ndose as� una sociedad que continu� ejecutando el objeto social de la Corporaci�n, sin soluci�n de continuidad, denominada Deportivo Pereira FC S.A, sociedad que se ha lucrado de la ficha deportiva, de la venta de jugadores y de los t�tulos obtenidos por su antecesora.

Es por esa raz�n que, por auto de fecha 31 de octubre de 2024, el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Pereira, a petici�n suya, integr� al proceso laboral, como sucesora procesal, a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A.; pero luego la desvincul� mediante providencia de fecha 27 de noviembre de 2024, al advertir que a) no se acredit� que la nueva sociedad hubiera adquirido los pasivos de Corpereira ni la existencia de una relaci�n jur�dica de sucesi�n procesal, b) el reglamento disciplinario de la FIFA solo tiene efectos en el �mbito deportivo y c) que la adjudicaci�n de activos no implica la transmisi�n autom�tica de obligaciones laborales, al paso que se�al� que la cesi�n del contrato de arrendamiento, la continuaci�n del objeto social y el uso de elementos del club anterior no era prueba para que se decretase la sucesi�n procesal, por lo que desvincul� al Deportivo Pereira F.C. S.A. de dicho litigio.

Estima que esa decisi�n no solo desconoce que el Deportivo Pereira sigue siendo el mismo de toda la vida y as� lo anunci� la Dimayor, sino tambi�n que la legislaci�n laboral tiene prevista la sustituci�n patronal que se dio en el caso. Sostiene que son todas estas omisiones las que lo llevan a solicitar la protecci�n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci�n de justicia de los cuales es titular y, como consecuencia, pide que se ordene al Juzgado accionado dejar sin efecto el auto de fecha 27 de noviembre de 2024 y se tenga como sucesor procesal al Deportivo Pereira F.C. S.A. de Corpereira.

El juzgado accionado pide que se tengan en cuenta los argumentos expuestos al momento de tomar la decisi�n que hoy se cuestiona por la v�a constitucional. TR�MITE IMPARTIDO Admitida la acci�n, se orden� la notificaci�n del juzgado accionado y se dispuso la vinculaci�n de la Sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A.. Para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la demanda se les confiri� a esta y al despacho requerido el t�rmino de dos (2) d�as.

El Deportivo Pereira FC S.A. inform� que fue constituido mediante escritura p�blica No 1803 de 14 de octubre de 2022 y que cuenta con reconocimiento deportivo vigente otorgado por el Ministerio del Deporte mediante Resoluci�n No 000223 de fecha 6 de marzo de 2023. Frente a los reclamos del demandante informa que existe antecedente en esta Sala de Decisi�n, en el proceso ejecutivo Laboral radicado con el n�mero 66001310500320090018101, donde fungi� como demandante el se�or Wilber Javier Hogu�n Paniagua y esa sociedad como ejecutada, en el cual se neg� mandamiento de pago por considerar que las obligaciones que se deriven para el adquiriente sobre los bienes adjudicados, ser�n las que se causen a partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe la enajenaci�n o adjudicaci�n del respectivo bien.

Seguidamente se pronunci� sobre cada uno de los hechos e inform� que esta Sala, mediante auto de fecha 6 de marzo de 2023, decidi� un recurso de apelaci�n en el proceso adelantado por el accionante en contra de la Corporaci�n Social, Deportiva y Culturall de Pereira, en el que fue vinculado oficiosamente el Once Caldas S.A. en reorganizaci�n, club que inform� que el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con funci�n de control de garant�as de Manizales, mediante fallo de tutela 2015-026, le orden� el reintegro del jugador a la sociedad Once Caldas S.A., procediendo a reubicar al accionante a partir del 1� de enero de 2015 y hasta el 26 de septiembre de 2018, fecha en que las partes llegaron a un acuerdo de transacci�n que daba por terminado de muto consenso el contrato de trabajo.

Informa que la Corporaci�n Social Deportiva y Cultural de Pereira �Corpereira� en liquidaci�n, decidi� terminar el contrato con el accionante y por ende poner fin al convenio deportivo, indic�ndole que deb�a reintegrarse al Once Caldas S.A. el d�a 21 de diciembre de 2015. Frente al proceso de liquidaci�n, afirma que este se tramit� ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y que por auto de 14 de julio de 2023 se dio por terminado; que en el grupo 1� de los cr�ditos post acuerdo (Primera Categor�a) aparece el accionante como acreedor reconocido; que fue incluido como acreedor en los pasivos presentados por el liquidador; que cedi� sus derechos al se�or �lvaro de Jes�s L�pez Bedoya y que la constituci�n del Deportivo Pereira F.C. S.A. se dio con los acreedores reconocidos en el proceso de liquidaci�n judicial, para quienes no alcanz� el dinero para pagarles, de all� que se convirtieron en accionistas, hasta el monto de sus acreencias, tal como consta en el certificado de existencia y representaci�n legal de la sociedad.

En lo que ata�e a la acci�n de tutela indica que esta no resulta procedente en la medida en que trascurrieron 6 meses desde que se profiri� la decisi�n que se reprocha por esta v�a, sin que ninguna actuaci�n haya adelantado la parte accionada, motivo por el cual estima que no se cumple con el requisito de inmediatez. Refiere tambi�n que se configura la falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, toda vez que Deportivo Pereira F.C. S.A. naci� a la vida jur�dica el 14 de octubre de 2022, por lo que no puede responder por obligaciones anteriores a la fecha de su constituci�n y as� lo dispuso el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, contando ello con respaldo en lo dispuesto en el art�culo 58 de la Ley 1116 de 2006.

Por lo dem�s hizo referencia a la temeridad y mala fe con la que act�a el demandante; la improcedencia de la protecci�n laboral reforzada y de la aplicaci�n del art�culo 26 de la Ley 361 de 1997. CONSIDERACIONES PROBLEMA JUR�DICO �Se afecta el derecho al debido proceso al negarse a tener como sucesor procesal de la Corporaci�n Social, Deportiva y Cultural de Pereira -Corpereira al Deportivo Pereira FC S.A.? Con el prop�sito de dar soluci�n a los interrogantes la Sala considera necesario precisar los siguientes aspectos:

1. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada en vigencia de la Constituci�n de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia constitucional, respecto a la procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, que �sta resulta viable en todos aquellos casos en los que la actuaci�n de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneraci�n de derechos fundamentales de las personas.

La teor�a de las, inicialmente denominadas "v�as de hecho", que abre el paso a la tutela contra providencias judiciales, las caracteriz� como decisiones contrarias a la Constituci�n y a la Ley, que desconocen la obligaci�n del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos trazados en la ley y defini�ndolo de conformidad con las pruebas oportuna y legalmente allegadas.

Lo anterior por cuanto los servidores p�blicos y, espec�ficamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implicar�a abandonar el �mbito de la legalidad y atentar contra los principios del Estado de Derecho. Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una v�a de hecho, m�s a�n cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protecci�n de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acci�n de tutela tiene un car�cter subsidiario, es decir, que s�lo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial y no puede utilizarse para �provocar la iniciaci�n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos �mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes� De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar a resolver sobre la cuesti�n litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a trav�s de la providencia demandada.

La Corte Constitucional, en sentencia T-054-15, ratific� los requisitos generales y espec�ficos establecidos en la sentencia C-590 de 2005 para que proceda la acci�n de tutela contra decisiones judiciales, siendo �stos: �Los primeros se acreditan siempre�(i)�que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional;�(ii)�que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela;�(iii)�que la petici�n cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad;�(iv)�en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que �sta tenga incidencia directa en la decisi�n que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales;�(v)�que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violaci�n y, que �sta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; y,�(vi)�que el fallo impugnado no sea de tutela. �� 3.4.

Por su parte, los segundos, conocidos como requisitos espec�ficos�de procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional, son:�defecto org�nico,�defecto sustantivo, defecto procedimental�o f�ctico; error inducido; decisi�n sin motivaci�n; desconocimiento del precedente constitucional; y violaci�n directa a la constituci�n�

2. DEL DEBIDO PROCESO. El art�culo 29 superior, se�ala que "el debido proceso se aplicar� a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas",�lo cual indica que tanto las autoridades judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos dise�ados por el legislador.

Para la Corte Constitucional, el desconocimiento de los t�rminos procesales, previstos por el legislador, se constituye en una afectaci�n del derecho fundamental al debido proceso; no obstante, el funcionario puede justificar su omisi�n en los casos en �los que, a pesar de la diligencia del funcionario, (1) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al t�rmino previsto por el legislador;

(2) existen problemas estructurales que generan congesti�n y excesiva carga laboral; o, (3)�se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeci�n a los t�rminos� T-186-17.

3. DE LA SUCESI�N PROCESAL Dispone el art�culo 68 del C�digo General del Proceso aplicable por integraci�n normativa al procedimiento laboral, que �fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicci�n, el proceso continuar� con el c�nyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador (�) Si en el curso del proceso sobreviene la extinci�n, fusi�n o escisi�n de alguna persona jur�dica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podr�n comparecer para que se les reconozca tal car�cter.

En todo caso la sentencia producir� efectos respecto de ellos aunque no concurran� En sentencia STL6381-2014, la Sala de Casaci�n Laboral describi� la figura sucesi�n procesal como: �una figura netamente procesal que prev� los eventos en que existe una alteraci�n de las partes que integran la litis, tr�tese de una persona natural o jur�dica.

El objeto de la misma, es permitir que otros sujetos procesales sustituyan a la persona fallecida o la entidad jur�dicamente inexistente. En ese sentido, el sucesor procesal queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. De igual forma la norma transcrita, refiere el caso en que el sucesor procesal no concurra al proceso, en cuyo evento se indica que, de todas formas, la sentencia producir� efectos sobre aquel� Ahora, si bien la sucesi�n procesal permite dar continuidad al tr�mite judicial, quien comparezca al proceso acudiendo a esa calidad, en remplazo de la parte extinta, no s�lo obra en su nombre y representaci�n sino tambi�n en el de todas las personas con igual condici�n. 4.

SUSTITUCI�N PATRONAL Se�ala el art�culo 67 del C.S.T que se entiende por sustituci�n patronal, todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto �ste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades. En ese sentido, la Sala de Casaci�n Laboral al estudiar el tema por medio de las sentencias de 24 de julio de 1987, 13 de febrero de 1991 radicaci�n N� 4101, 5 de marzo de 2009 radicaci�n N� 32.529 y m�s recientemente en la SL 850 de 4 de diciembre de 2013 radicaci�n N� 41.449, �sta �ltima con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, expres� que para que se produzca la sustituci�n patronal, tres son las condiciones esenciales que se deben presentar: i) El cambio de un patrono por otro, ii) La continuidad de la empresa o identidad del establecimiento y iii) Continuidad de servicios del trabajador mediante el mismo contrato de trabajo. 5.

CASO CONCRETO. Previo a cualquier estudio de fondo que pueda realizar la Sala, es necesario determinar si se configuran los requisitos generales de procedibilidad para que por la v�a de tutela se cuestionen decisiones judiciales, encontrando que la parte accionante i) hizo la estimaci�n de la afectaci�n de sus derechos fundamentales, identificando plenamente los supuestos f�cticos constitutivos de la violaci�n que alega, esto es la vulneraci�n del debido proceso que considera se configur� con la negativa del juzgado de tener como sucesora procesal de la Corporaci�n Social, Deportiva y Cultural de Pereira -Corpereira- a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A. ii) la providencia reprochada no fue proferida en el marco de una acci�n de tutela y iii) tambi�n se entiende cumplido el requisito de subsidiariedad en tanto que la providencia que niega la sucesi�n procesal no admite recurso conforme lo establece el art�culo 65 del C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En lo que respecta al requisito de inmediatez, se tiene que la providencia atacada data del 27 de noviembre de 2024, la cual fue notificada el 28 de igual mes y a�o, y la acci�n fue interpuesta el 29 de mayo del corriente a�o, lo que indica que han trascurrido menos de 6 meses entre una y otra actuaci�n -descontando los periodos de vacancia judicial de fin de a�o y Semana Santa-.

Por lo que concluye la Sala que tambi�n este presupuesto se encuentra debidamente acreditado, en tanto que la Corte Constitucional ha considerado este como un t�rmino razonable -T-225-2020. Encontrando entonces que resulta viable la intervenci�n del juez constitucional, se procede a verificar si se configura cualquiera de los requisitos espec�ficos de procedibilidad citados en precedencia. Revisado el expediente que puso a disposici�n de la Sala el Juzgado Segundo Laboral del Circuito en este tr�mite, se observa que por auto de fecha 13 de noviembre de 2024 el juzgado tuvo como sucesor procesal de la Corporaci�n Social, Deportiva y Cultural de Pereira -Corpereira- a la sociedad Deportivo Pereira FC S.A., pero ante el recurso de reposici�n presentado por �sta �ltima, el despacho repuso la decisi�n en consideraci�n a que en el tr�mite judicial de liquidaci�n adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, por auto de fecha 4 de octubre de 2022, se adjudic� la universalidad de bienes a los acreedores, as� como las facultades, derechos y obligaciones al Deportivo Pereira F.C. S.A., en la misma providencia se orden� concretamente que ser�a responsable de las obligaciones que se causen a partir de la entrega real y material de la universalidad de los bienes en bloque o en estado de unidad productiva, lo cual se materializ� el 14 de julio de 2023, encontrando entonces que �sta �ltima sociedad no es sucesora procesal, dado que lo pretendido por el se�or Silvio Arango Betancurt en contra de Corpereira es la declaratoria de un contrato de trabajo cuyos extremos se ubican entre el 22 de enero y el 20 de diciembre de 2014.

Tambi�n encontr� el juzgado que el C�digo de �tica de la Federaci�n Colombiana de F�tbol no aplica en los tr�mites judiciales. De acuerdo con lo analizado en ninguna irregularidad incurri� la juez de la causa en el presente asunto, toda vez que la decisi�n se ci�� a las �rdenes impartidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira en la providencia de adjudicaci�n dictada el 4 de octubre de 2022, en la que se indic� en el numeral D�cimo Sexto: �La sociedad an�nima denominada �DEPORTIVO PEREIRA F.C. S.A., ser� responsable de las obligaciones que se causen a partir de entrega real y material de la universalidad de los bienes en bloque o en estado de unidad productiva�.

En este sentido, conviene recordar que la entrega de los bienes al Deportivo Pereira F.C. S.A. ocurri� con posterioridad a ese 4 de octubre de 2022, mientras que los derechos reclamados por el accionante son anteriores a ese momento. Como puede verse, la providencia reprochada est� fundada en lo decidido por el Juzgado que tramit� la liquidaci�n de la Corporaci�n Social, Deportiva y Cultural de Pereira -Corpereira- y tiene como soporte normativo lo previsto en el art�culo 58 de la Ley 1116 de 2006, que consagra las reglas para la adjudicaci�n, dentro de las que se cuenta la establecida en el numeral 6� que precisa: �Con la adjudicaci�n, los acreedores adquieren el dominio de los bienes, extingui�ndose las obligaciones del deudor frente a cada uno de ellos, hasta concurrencia del valor de los mismos.

(�) PAR�GRAFO. Las obligaciones que se deriven para el adquirente sobre los bienes adjudicados ser�n las que se causen a partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe la enajenaci�n o adjudicaci�n del respectivo bien. (�)� Pero adem�s, observa la Sala que era en ese proceso judicial donde deb�a intervenir el accionante para que fuera tenido en cuenta el derecho litigioso, lo que efectivamente hizo, conforme lo confiesa en el hecho 23 del libelo inicial en donde manifiesta que �en el cuadro de adjudicaci�n, el cr�dito del accionante no fue graduado pese a que se present� oportunamente�, por lo que debi� presentar objeci�n a la adjudicaci�n o solicitar su aclaraci�n, dentro del t�rmino de ejecutoria, al advertir que su reclamo no qued� incluido.

De otro lado, tampoco puede acudirse a la figura de la sustituci�n patronal, como lo reclama el accionante en esta acci�n, por la simple raz�n de que el se�or Silvio Arango Betancurt nunca prest� sus servicios a favor del Deportivo Pereira FC S.A En consideraci�n con lo expuesto, ninguna irregularidad se avizora en el actuar de la funcionaria accionada, pues la decisi�n en la que se niega la intervenci�n de la sociedad Deportivo Pereira FC S.A. como sucesora procesal dentro del proceso que adelanta el se�or Silvio Arango Betancurt en contra de la desaparecida Corporaci�n Social, Deportiva y Cultural de Pereira -Corpereira- no fue violatoria del debido proceso, ni en ella se incurri� en v�as de hecho, pues la misma no se manifiesta desatinada, ni se perciben desaciertos ostensibles o contrarios al ordenamiento jur�dico ni al precedente de esta Corporaci�n. En s�ntesis, la decisi�n tomada por el juzgado accionado no puede calificarse como arbitraria, abusiva o caprichosa; por el contrario, evidencian el respeto y protecci�n de las garant�as procesales establecidas para las partes y el marco normativo que regula el asunto �Ley 1116 de 2006, por lo que ning�n eco en la jurisdicci�n constitucional tiene la protecci�n solicitada por el se�or Silvio Arango Betancurt.

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci�n,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo solicitada por SILVIO ARANGO BETANCURT.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisi�n a las partes por el medio m�s expedito.

TERCERO: DISPONER la remisi�n de la presente actuaci�n a la Corte Constitucional para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia no sea apelada. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Quienes integran la Sala, JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Ponente ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N Magistrada GERM�N DARIO GO�Z VINASCO Magistrado T-001-97 Silvio Arango Betancurt.

Vs Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y otra Rad 66001220500020250003100 APROBADO. REVISADO ACOMPA�O ��0 2 ] ` f h j 013>?[\]�̷̷̷̟�seTLT;T h��rh�OCJOJQJ^JaJjh+\�U h��rh+\�CJOJQJ^JaJh��CJOJQJ^JaJ htxEh��CJOJQJ^JaJ4htxEh��6�CJOJQJ\�]�^JaJmHnHu.htxEh��6�CJOJQJ^JaJmHnHu(h��5�CJOJQJ^JaJmHnHu.htxEh��5�CJOJQJ^JaJmHnHu5htxEh��@��B*CJOJQJ^JaJnH ph�tH ��1 2 h � � 123��$� ��d^� `��a$gḍ?P$a$gd��ZO$a$gd��PZ$��]��`�a$gd�� $��]��a$gd��:$ ��!��$d%d&d'd-DM� ��N��O��P��Q��]��a$gd�� ]^klmnv|~��ͼͫ��xgVE7E)h�,[CJOJQJ^JaJhox�CJOJQJ^JaJ hox�h�- CJOJQJ^JaJ hox�h�J"CJOJQJ^JaJ hox�h��f2CJOJQJ^JaJ hox�h+\�CJOJQJ^JaJ h��rhox�CJOJQJ^JaJ h��rhW lCJOJQJ^JaJ h��rhwCJOJQJ^JaJ h��rh�UL0CJOJQJ^JaJ h��rh;�CJOJQJ^JaJ h��rh+\�CJOJQJ^JaJ h��rh�/�WCJOJQJ^JaJ�� #$(*3:Zaj��ͼ��{j{YK=K/�h�OCJOJQJ^JaJh;�CJOJQJ^JaJh�b:CJOJQJ^JaJ hox�h�J"CJOJQJ^JaJ hox�h@ �ZCJOJQJ^JaJ hox�hSc4CJOJQJ^JaJh+\�CJOJQJ^JaJ ḥ?PhR�CJOJQJ^JaJ ḥ?Ph�J"CJOJQJ^JaJ ḥ?PhY�oCJOJQJ^JaJ ḥ?Ph+\�CJOJQJ^JaJ hox�h�C�CJOJQJ^JaJ hox�h+\�CJOJQJ^JaJb��$RS�� $ �� a$gd+\� gd+\� $dha$gd+\� $dha$gd+\�$a$gd��PZ �3� ��d�]�3^� `��gd+\�$a$gd��ZO$� ��^� `��a$gd��ZOj��RS[\fnz��ͼ�ʹ��uh[NA4[uhh��rh�b:OJQJ^Jh��rh;�OJQJ^Jh��rh�!cOJQJ^Jh��rhox�OJQJ^Jh��rh+\�OJQJ^Jh+\�OJQJ^Jh+\�5�OJQJ\�^J h+\�5�OJPJQJ\�^J"h��PZh+\�5�OJPJQJ\�^J h+\�5�\�h+\�CJaJ hox�h��s!CJOJQJ^JaJ hox�h+\�CJOJQJ^JaJ hox�h�J"CJOJQJ^JaJ hox�h��CJOJQJ^JaJ��/0FGHOQ��̿沥��tjt�_TJt@h�b:OJQJ^Jhox�OJQJ^Jh�b:5�OJQJ^Jh;�5�OJQJ^Jh*)�OJQJ^Jh��h+\�OJQJ^Jh+\�OJQJ^Jh��rhox�OJQJ^Jh��rh�b:OJQJ^Jh��rh�w�|OJQJ^Jh��rh;�OJQJ^Jh��rhGq�OJQJ^Jh��rh�^�&OJQJ^Jh��rh�`�kOJQJ^Jh��rh+\�OJQJ^Jh��rh�,[OJQJ^JQRZa��$,68?R[��8M�� z�m�m�m��cYcYcYcYc�ch�,[OJQJ^Jh�=�OJQJ^Jh��*h�,[OJQJ^Jh��*h� �OJQJ^Jh��*h;�OJQJ^Jh+\�mH sH h��h+\�5�CJaJh+\�CJaJ hi@�h+\�OJQJ^JmH sH h;�OJQJ^Jhi@�OJQJ^Jhi@�5�OJQJ^Jh;�5�OJQJ^Jh�b:5�OJQJ^Jh�5OJQJ^J �� FG�� 7 8:; �#�#�$T&U&�&�&'''��gd+\�$a$gd��PZ $dha$gd��? &*`anvAB��+-PQSTz|�� GIJf��󵫵��x�xkh��*h�h�OJQJ^Jh��*h� bOJQJ^Jh�,[h� b6�OJQJ^Jh� bOJQJ^Jh�,[h�=�6�OJQJ^Jh�,[OJQJ^Jh�=�OJQJ^Jh��*h�,[OJQJ^Jh��*h� �OJQJ^Jh��*h�DOJQJ^Jh��*h�y%rOJQJ^Jh��*h�=�OJQJ^J'��#'be��bwz��E F � � � � 0 1 L N x y � � � � � � 5 7 8 D E o ��˾پ��پپپپپپپپپپ��y�h��*h��OJQJ^Jh��*hD�OJQJ^JhD�OJQJ^Jh�,[OJQJ^Jh ^�OJQJ^Jh��*hx� 3OJQJ^Jh��*h ^�OJQJ^Jh�h�h�h�OJQJ^Jh��*h�,[OJQJ^Jh��*h�h�OJQJ^Jh��*h,ozOJQJ^J.o t � � � 8 9:;

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