Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001220500020250002800

Sala: SALA LABORAL

Ponente: Julio César Salazar Muñoz

Fecha: 2025-06-09

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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. ACCI�N DE TUTELA / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / V�A DE HECHO PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIA � L�mite. � se ha dicho que la procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar a resolver sobre la cuesti�n litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a trav�s de la providencia demandada.

Si la decisi�n no es producto de una actuaci�n arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontaci�n objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuaci�n no puede ser objeto de amparo constitucional a trav�s del mecanismo de la acci�n de tutela. En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a determinar si la actuaci�n de la autoridad efectivamente es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jur�dico, sin que le sea dable inmiscuirse en el tr�mite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que cumple quien, en ejercicio de su funci�n constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonom�a, independencia de los jueces, acceso a la administraci�n de Justicia, seguridad jur�dica y vigencia del Estado Social de Derecho.

Providencia: Sentencia de 9 de junio de 2025 Radicaci�n Nro.: 66001220500020250002800 Accionante: Industrias Alimenticias FYM S.A. Accionado: Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira y otra Proceso: Acci�n de Tutela Magistrado Ponente: Julio C�sar Salazar Mu�oz TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA LABORAL ACCI�N DE TUTELA MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MU�OZ Pereira, nueve de junio de dos mil veinticinco Acta N� 051 de 9 de junio de 2025 Procede la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior de Pereira a decidir la acci�n de tutela iniciada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FYM S.A.S. contra el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, tr�mite al que fue vinculada la se�ora Diana Vanessa Herrera.

ANTECEDENTES Cuenta el se�or Daniel Stivens Rojas Mar�n, Representante Legal de Industrias Alimenticias FYM S.A.S., que dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia que fue iniciado en contra de esa sociedad, radicado en el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira bajo el n�mero 66001310500520210034300, se profiri� decisi�n de fondo y, por auto de fecha 29 de noviembre se procedi� a fijar y aprobar las costas y agencias en derecho.

Se�ala que contra esta �ltima decisi�n interpuso recurso de apelaci�n, el cual fue concedido en el efecto suspensivo, siendo remitido el expediente a esta Sala de Decisi�n. Indica que, a pesar de encontrarse pendiente de definici�n la segunda instancia, el juzgado, el d�a 19 de mayo de 2025, libr� mandamiento de pago en su contra por las sumas que se encuentran en discusi�n, ordenando incluso el embargo y secuestro de bienes de titularidad de esa sociedad.

Es por lo anterior que considera que la actuaci�n del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira afecta el derecho fundamental al debido proceso del cual es titular, raz�n por la que solicita su protecci�n y, como medida de restablecimiento, pide que se ordene al referido Despacho anular la actuaci�n surtida con posterioridad al 28 de marzo de 2025.

TR�MITE IMPARTIDO Admitida la acci�n, se orden� la notificaci�n del juzgado accionado y se dispuso la vinculaci�n de la se�ora Vanessa Herrera, demandante en el proceso ordinario y posterior ejecutivo cuyo tr�mite se reprocha por esta v�a, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la demanda en el t�rmino de dos (2) d�as.

La se�ora Diana Vanessa Herrera se pronunci� indicando que el tr�mite adelantado por el Despacho accionado en el proceso ordinario laboral y posterior acci�n de cobro no merece reproche alguno, toda vez que la obligaci�n cobrada la integra la sentencia, entre otros conceptos, y que esta se encuentra debidamente ejecutoriada, quedando solo por definirse en esta Sede el valor de las costas y agencias en derecho.

Por otro lado, informa que en dos oportunidades present� ante la sociedad accionante solicitud formal de cumplimiento de la orden judicial, sin obtener respuesta al respecto. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, luego de hacer un recuento procesal de lo acontecido en el tr�mite ordinario, inform� que la sentencia condenatoria impartida a favor de la se�ora Diana Vanessa Herrera y en contra de Industrias Alimenticias FYM S.A.S. y de Tempoeficaz S.A.S. como obligada solidaria, fue modificada por esta Sala de Decisi�n el 13 de julio de 2024 y que por auto de fecha 29 de noviembre de 2024 fueron liquidadas y aprobadas costas y agencias en derecho, decisi�n que fue recurrida por las demandadas y se encuentra pendiente de decisi�n por parte del Superior.

En lo que respecta a la ejecuci�n de la sentencia, estima que en ninguna v�a de hecho incurri�, toda vez que solo libr� mandamiento de pago por las condenas que fueron impuestas en la decisi�n que zanj� la litis, absteni�ndose de imponer orden ejecutiva por las costas procesales. Por lo dem�s, cuenta que en la actualidad el proceso se encuentra pendiente de la elaboraci�n de los oficios por medio de los cuales se pretende comunicar las medidas cautelares decretadas en providencia de fecha 19 de mayo de 2025, decisi�n legalmente ejecutoriada.

CONSIDERACIONES PROBLEMA JUR�DICO �Se afectan el derecho al debido proceso al librarse mandamiento de pago para el cumplimiento de una sentencia judicial, cuando se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelaci�n interpuesto contra el auto que aprob� la liquidaci�n de costas y agencias en derecho? Con el prop�sito de dar soluci�n a los interrogantes la Sala considera necesario precisar los siguientes aspectos: 1.

LEGITIMACI�N EN LA CAUSA POR ACTIVA DE PERSONAS JUR�DICAS PARA PRESENTAR TUTELAS. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que, si bien en principio las personas jur�dicas no son titulares de derechos fundamentales, pues ellos son inherentes al ser humano, lo cierto es que, existen garant�as mayores como la igualdad, debido proceso, libertad de asociaci�n, petici�n, inviolabilidad de domicilio y correspondencia, informaci�n, buen nombre y acceso a la administraci�n de justicia, entre otros, que pueden ser reclamados por aqu�llas haciendo uso de la acci�n de tutela.

En cuanto al debido proceso derecho que se alega conculcado en la presente acci�n ha dicho la Alta Magistratura constitucional: �( ), el debido proceso y el acceso a la justicia se atribuyen a las personas, naturales y jur�dicas, porque son derechos que se basan en la capacidad de obrar de unas y otras, no en la naturaleza de su personalidad.

Prueba de ello es que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y que el art�culo 229 constitucional garantiza a toda persona el acceso a la justicia. � Pretender excluir a las personas jur�dicas de la acci�n de tutela para restablecer su derecho a un juicio justo, conforme a las leyes preexistentes, ante un tribunal competente y con la plenitud de las formas previstas, ser�a tanto como establecer presupuestos diferentes en el desenvolvimiento de la capacidad de obrar de las personas naturales, seg�n su actuaci�n individual u colectiva, desconocimiento la protecci�n que la Carta Pol�tica otorga al substrato humano que comportan todas las actuaciones que proyectan al hombre como ser social�.

2. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada en vigencia de la Constituci�n de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia constitucional, respecto a la procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, que �sta resulta viable en todos aquellos casos en los que la actuaci�n de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneraci�n de derechos fundamentales de las personas.

La teor�a de las, inicialmente denominadas "v�as de hecho", que abre el paso a la tutela contra providencias judiciales, las caracteriz� como decisiones contrarias a la Constituci�n y a la Ley, que desconocen la obligaci�n del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos trazados en la ley y defini�ndolo de conformidad con las pruebas oportuna y legalmente allegadas.

Lo anterior por cuanto los servidores p�blicos y, espec�ficamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implicar�a abandonar el �mbito de la legalidad y atentar contra los principios del Estado de Derecho. Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una v�a de hecho, m�s a�n cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protecci�n de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acci�n de tutela tiene un car�cter subsidiario, es decir, que s�lo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial y no puede utilizarse para �provocar la iniciaci�n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos �mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes� De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar a resolver sobre la cuesti�n litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a trav�s de la providencia demandada.

Si la decisi�n no es producto de una actuaci�n arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontaci�n objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuaci�n no puede ser objeto de amparo constitucional a trav�s del mecanismo de la acci�n de tutela. En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a determinar si la actuaci�n de la autoridad efectivamente es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jur�dico, sin que le sea dable inmiscuirse en el tr�mite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que cumple quien, en ejercicio de su funci�n constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonom�a, independencia de los jueces, acceso a la administraci�n de Justicia, seguridad jur�dica y vigencia del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional, en sentencia T-054-15, ratific� los requisitos generales y espec�ficos establecidos en la sentencia C-590 de 2005 para que proceda la acci�n de tutela contra decisiones judiciales, siendo �stos: �Los primeros se acreditan siempre�(i)�que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional;�(ii)�que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela;�(iii)�que la petici�n cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad;�(iv)�en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que �sta tenga incidencia directa en la decisi�n que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales;�(v)�que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violaci�n y, que �sta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; y,�(vi)�que el fallo impugnado no sea de tutela. ������������������������������������������������������ 3.4.

Por su parte, los segundos, conocidos como requisitos espec�ficos�de procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional, son:�defecto org�nico,�defecto sustantivo, defecto procedimental�o f�ctico; error inducido; decisi�n sin motivaci�n; desconocimiento del precedente constitucional; y violaci�n directa a la constituci�n�

3. DEL DEBIDO PROCESO. El art�culo 29 superior, se�ala que "el debido proceso se aplicar� a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas",�lo cual indica que tanto las autoridades judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos dise�ados por el legislador.

Para la Corte Constitucional, el desconocimiento de los t�rminos procesales, previstos por el legislador, se constituye en una afectaci�n del derecho fundamental al debido proceso; no obstante, el funcionario puede justificar su omisi�n en los casos en �los que, a pesar de la diligencia del funcionario, (1) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al t�rmino previsto por el legislador;

(2) existen problemas estructurales que generan congesti�n y excesiva carga laboral; o, (3)�se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeci�n a los t�rminos� T-186-17. DE LA SENTENCIA COMO T�TULO EJECUTIVO. De conformidad con los art�culos 305 y 306 del C.G.P. aplicables por remisi�n anal�gica del art�culo 145 del C.P.T y de la S.S., una vez la sentencia se encuentre ejecutoriada se podr� adelantar proceso ejecutivo a continuaci�n del ordinario laboral, con el objeto de exigir su cumplimiento.

En ese sentido, prev�n las mencionadas normas que para librarse el mandamiento de pago es preciso que las pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo se�alado en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral. En concreto, el art�culo 306 en su inciso primero dispone: �Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligaci�n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber� solicitar la ejecuci�n con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci�n y dentro del mismo expediente en que fue dictada.

Formulada la solicitud el juez librar� mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo se�alado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecuci�n, esperar a que se surta el tr�mite anterior.� A su vez, el art�culo 422 del C�digo General del Proceso precisa que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicci�n. Frente a tales condiciones, la Sala de Casaci�n Laboral, en la Sentencia SL435-2021 precis� que: �Al respecto, es importante mencionar que para que se considere una obligaci�n como clara, expresa y exigible, debe reunir, justamente, tales atributos.

As�, en lo que respecta a la claridad, implica que no se admita ninguna duda en su existencia e inteligibilidad; en cuanto al Cuarto atributo, debe contener un cr�dito cuyo contenido est� expresamente declarado, en el monto y en la forma de pago y, por �ltimo, en lo que concierne a su exigibilidad, que no est� sujeta a un plazo o condici�n o, en caso de estarlo, que dicho plazo o condici�n ya se haya vencido o acaecido respectivamente�. 5.

CASO CONCRETO. Fuera de cualquier discusi�n se encuentra la legitimaci�n con la que obra la sociedad Industrias Alimenticias FYM S.A.S. en la presente acci�n de tutela, pues como se indic� en las consideraciones antes vertidas, una persona jur�dica est� habilitada para solicitar la protecci�n de derechos fundamentales tales como el debido proceso, pues esta es una garant�a que se pregona de los tr�mites y las actuaciones y no de la naturaleza de qui�n act�a en ellos.

Hecho el anterior an�lisis, debe decir la Sala que previo a cualquier estudio de fondo que pueda realizar, es necesario determinar si se configuran los requisitos generales de procedibilidad para que por la v�a de tutela se cuestionen decisiones judiciales, encontrando que la parte accionante i) hizo la estimaci�n de la afectaci�n de sus derechos fundamentales, identificando plenamente los supuestos f�cticos constitutivos de la violaci�n que alega, esto es la vulneraci�n del debido proceso que considera se configur� al librarse mandamiento de pago cuando el proceso se encuentra al conocimiento de esta Corporaci�n para que se defina el recurso de apelaci�n interpuesto contra el auto que aprob� las costas procesales, mismo que fue concedido en el efecto suspensivo, ii) la providencia reprochada no fue proferida en el marco de una acci�n de tutela y iii) tambi�n se entiende cumplido el requisito de inmediatez dado que la decisi�n que se reprocha fue proferida el 19 de mayo de 2025.

Frente al requisito de subsidiariedad, se observa, luego de revisado el expediente puesto a disposici�n por el juzgado accionado, que el tr�mite ejecutivo solo lo conforman dos actuaciones a saber, la presentaci�n de la demanda y el mandamiento de pago. En esta �ltima providencia se consign� en el ordinal quinto que la notificaci�n a Industrias Alimenticias FYM S.A.S. se har�a de manera personal, la cual no se ha surtido, pues de tal actuaci�n no hay registro en el expediente, situaci�n que en todo caso no impide que el accionante, al enterarse del tr�mite que califica de irregular por la v�a constitucional, presentara a la juez del ejecutivo excepciones que cuestionaran la exigibilidad del t�tulo judicial, notific�ndose de paso por conducta concluyente.

Y es que no puede perderse de vista el car�cter subsidiario de la acci�n de tutela, que exige agotar todos los recursos administrativos y judiciales, y es que, no en vano, la Corte Constitucional ha reiterado en cada una de las providencias en las que aborda este tema, por ejemplo en la Sentencia T-013 de 2025 al tratar un tema como el que ocupa la atenci�n de la Sala, se�al� de manera precisa que �quien presenta una acci�n de tutela debe haber agotado todos los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento para conjurar la situaci�n de amenaza o vulneraci�n de sus derechos fundamentales.

De esta manera, se impide el uso indebido de esta herramienta constitucional, previniendo que se convierta en instancia judicial alterna de protecci�n�. Pero a�n, si la Sala omitiere la exigibilidad de los requisitos generales de procedibilidad, habr�a que decir que, conforme expresamente lo prev� el art�culo 306 del CGP, para iniciar el cobro ejecutivo de las obligaciones impuestas en una sentencia, no es requisito que previamente se hayan liquidado y aprobado las costas, de donde resulta que en ninguna irregularidad incurri� el juzgado, dado que libr� mandamiento de pago en contra de Industrias Alimenticias FYM SAS por la condena impuesta en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario iniciado por la se�ora Diana Vanessa Herrera, las cuales se encuentran ejecutoriadas desde el 27 de agosto de 2024, cumpliendo as� con lo dispuesto en los art�culos 305 y 306 del C�digo General del Proceso.

Conforme lo dicho, la solicitud de protecci�n elevada por Industrias Alimenticias FYM S.A.S., no re�ne la totalidad de los requisitos jurisprudenciales exigidos para controvertir decisiones judiciales por la v�a constitucional, por lo tanto, la misma se declarar� improcedente. En virtud de lo anterior, la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci�n,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo solicitada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FYM S.AS.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisi�n a las partes por el medio m�s expedito.

TERCERO: DISPONER la remisi�n de la presente actuaci�n a la Corte Constitucional para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia no sea apelada. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Quienes integran la Sala, JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Ponente ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N Magistrada GERM�N DARIO GO�Z VINASCO Magistrado  T-924 de 2002.

M.P. �lvaro Tafur G�lvis  T-001-97     Industrias Alimenticias FYM S.A.S. Vs Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira y otra Rad 66001220500020250002800  ��0 2 ] ` f h j 013Z[\]j�̷̷̷̟�seTFT5T hox�h�/�WCJOJQJ^JaJh�OCJOJQJ^JaJ hox�h+\�CJOJQJ^JaJh�M�CJOJQJ^JaJ htxEh�M�CJOJQJ^JaJ4htxEhtxE6�CJOJQJ\�]�^JaJmHnHu.htxEhtxE6�CJOJQJ^JaJmHnHu(htxE5�CJOJQJ^JaJmHnHu.htxEhtxE5�CJOJQJ^JaJmHnHu5htxEhtxE@���B*CJOJQJ^JaJnH ph�tH ��1 2 h � � 123}�g����������������$� ���^� `���a$gd��ZO$a$gd��ZO$a$gd��PZ$����]���`�a$gdtxE $���]���a$gdtxE:$ ��!���$d%d&d'd-DM� ����N��O��P��Q��]���a$gdtxEjtz|�������������)���±��ӏ��p�_��Q�@ hox�hSc4CJOJQJ^JaJh�b:CJOJQJ^JaJ hox�hY�oCJOJQJ^JaJ hox�h�C�CJOJQJ^JaJh�5CJOJQJ^JaJ hox�h�- CJOJQJ^JaJ hox�h�J"CJOJQJ^JaJ hox�h��f2CJOJQJ^JaJ hox�h+\�CJOJQJ^JaJhox�CJOJQJ^JaJ hox�hW lCJOJQJ^JaJhwCJOJQJ^JaJ)*.0_fo��������  WX��Ϳ���͠~͠vo]NA7h+\�OJQJ^Jh+\�5�OJQJ\�^J h+\�5�OJPJQJ\�^J"h��PZh+\�5�OJPJQJ\�^J h+\�5�\�h+\�CJaJ hox�h��s!CJOJQJ^JaJ hox�h��CJOJQJ^JaJ hox�h+\�CJOJQJ^JaJh�OCJOJQJ^JaJh�b:CJOJQJ^JaJ hox�h�J"CJOJQJ^JaJ hox�hSc4CJOJQJ^JaJ hox�h@ 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